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El Gobierno oficializó la suspensión del contrato a la empresa que controla el SUBE

A través de una resolución de la Secretaría de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial, se dispuso también suspender los pagos por 30 días; LA NACION había revelado irregularidades en una investigación exclusiva.

Hace dos semanas, el Gobierno decidió suspender el contrato con la empresa encargada de controlar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para el transporte. La firma estaba formada por una polémica Unión Transitoria de Empresas, encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) y ex funcionarios de la Secretaría de Transporte, y había sido beneficiada con una licitación de 65 millones de pesos.

La Secretaría de Transporte , a través de la resolución 98/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial , dispuso oficialmente «la suspensión de los términos y plazos de contrato y pagos» e instruyó a la Unidad Ejecutora del Proyecto «para que proceda a la revisión y análisis de la documentación respaldatoria».

Textual. «Artículo 1º – Dispónese la suspensión de los términos y plazos del contrato «Supervisión de la puesta en marcha y de la operación continua del Sistema Unico De Boleto Electrónico – S.U.B.E.» suscripto con fecha 11 de marzo del año 2011 entre la Unidad Ejecutora de Proyectos de Transporte y la Unión Transitoria de Empresas – UTE conformada por las firmas Global Infraestructure LLP; Ingeniería en Relevamienos Viales S.A. – IRV S.A.; Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina – I.A.T.A. S.A.; y González Fischer & Asociados S.A. y de los pagos asociados al mismo, por el término de treinta (30) días contados a partir de la publicación de la presente resolución, con el objeto de instrumentar en dicho plazo acciones tendientes a esclarecer las situaciones enunciadas en los considerandos precedentes».

En los considerandos de la resolución, que está firmada por el titular de Transporte, Alejandro Ramos, se menciona «información periodística» vinculada al contrato, en referencia a la investigación exclusiva de LA NACION que mostró irregularidades en torno al proceso de contratación de la UTE encabezada por GI y sus socios argentinos.

«Ha circulado públicamente información periodística vinculada a eventuales irregularidades en la contratación referida».

La resolución 98/2012 también explica que el 13 de junio de este año, la Secretaría de Transporte recibió un oficio judicial caratulado: «NN s/Delito de Acción Pública»: se solicitó la remisión del expediente original de licitación y contratación para el control de la tarjeta SUBE.

«Sin perjuicio del citado proceso penal en marcha, la divulgación que han tenido las eventuales irregularidades que habrían acaecido en el marco de ejecución del contrato de marras, adiciona fundamentos a la necesidad de proceder de acuerdo con las instrucciones impartidas por el señor Ministro del Interior y Transporte, en nota de fecha 13 de julio de 2012, correspondiendo adoptar las medidas preventivas pertinentes y oportunas en resguardo del interés público comprometido».

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/

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