El abogado antes de resolver el convenio y reclamar honorarios, debió consultar si los títulos públicos habían sido canjeados

Partes: V. L. F. R. c/ Lynix Sociedad de Bolsa S.A. y otros s/ cobro de sumas de dinero 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

Sala/Juzgado: Fecha: 7-may-2012 

Cita: MJ-JU-M-73011-AR | MJJ73011 | MJJ73011 

Rechazo del reclamo iniciado por el abogado quien reclamaba la totalidad de sus honorarios por haber considerado resuelto un convenio que unía ambas partes en la incorrecta creencia que su cliente había canjeado los títulos públicos objeto del juicio a su cargo en el canje de deuda pública, pues una conducta diligente hubiera sido consultar a su cliente.

Sumario:  

1.-Corresponde rechazar el reclamo por la totalidad de los honorarios profesionales en virtud de la resolución del convenio de honorarios impetrada por el letrado aquí actor, pues se probó que su cliente no había canjeado los títulos públicos que eran objeto del juicio que le había encomendado a aquel, como erróneamente se lo consignó al actor el Ministerio de Economía, por lo que el actor, en lugar de resolver el convenio de honorarios y reclamar la totalidad de los mismos según una cláusula lo indicaba, tenía que haber solicitado instrucciones y explicaciones a su mandante.2.-El vínculo abogado-cliente tiene carácter contractual, sea que se trate de asesoramiento legal, intervención directa en alguna gestión o arreglo extrajudicial o el patrocinio letrado o defensa del mismo; en esta hipótesis el contrato tiene el carácter de una locación de servicios o de obra, empero, el contrato tendrá el carácter de mandato cuando el cliente confiere representación al abogado o procurador para cumplir determinados actos o representarlo en un proceso judicial.

3.-En virtud de los documentos obrantes en autos (convenio de honorarios), el vínculo que ha unido a ambas partes debe analizarse a la luz de las normas que regulan el contrato de mandato, y la obligación especial impuesta al mandatario es la de cumplir los actos que le fueron encargados, debe ejecutarlos exactamente, en lugar y tiempo propios, y circunscribirse a los límites del encargo, no haciendo más ni menos (art. 1905 ), en caso de duda sobre los límites del mandato, la naturaleza del negocio indicará la extensión de los poderes (art. 1905, segundo ap.) sin olvidar, empero, que las atribuciones del mandatario deben interpretarse restrictivamente.

4.-Las instrucciones o indicaciones que da el mandante al mandatario constituyen directrices o líneas de orientación sobre el cumplimiento de la actividad gestora que le imponen al agente un deber de obediencia, se encuentran dentro de los límites del mandato y actúan como regla interpretativa en la relación interna.

5.-Ante lo informado de manera primigenia por el Ministerio de Economía en el sentido de que el demandado había canjeado los títulos objeto del juicio a su cargo, el actor pudo sentirse involucrado en una situación contradictoria pues, mientras él instaba reclamos en sede judicial y administrativa tendiente a que el codemandado pudiera cobrar su acreencia en la moneda y modalidad pactada, el ente ministerial le informaba que su cliente había ingresado en el canje propuesto por el Estado Nacional mediante dec. 1735/04 , debiendo haber el abogado, en lugar de resolver el convenio de honorarios, solicitado instrucciones y explicaciones a su mandante.

6.-Ante la divergencia que nació en cabeza del demandado por la información que le brindó el Ministerio de Economía en virtud de la cual los bonos objeto del juicio habían sido canjeados, el mandatario debió haber solicitado instrucciones a su mandante, recabando mayor información y, eventualmente, haberle requerido las explicaciones del caso, ante lo informado en sede administrativa.

7.-No puede perderse de vista que la información que llevó al actor a considerar revocado el mandato fue suministrada por un tercero -en el caso la Coordinación de la Unidad de Registro de la Deuda Pública-Oficina de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción- sin solicitar a su mandante las debidas aclaraciones.

8.-El actor debió haber corroborado con el mandante la incorrecta información brindada en sede administrativa; sin embargo, el actor adoptó otra postura cual fue la de abandonar los trámites iniciados, denunciando lo informado por el Ministerio de Economía sin la debida verificación con su cliente, y promover una causa penal.

9.-De haber adoptado una diligente conducta, el actor hubiera podido certificar que la información brindada en sede administrativa no era correcta (cuestión que a la postre quedó dilucidada en esta sede judicial a partir de la rectificación efectuada por el Ministerio de Economía) y que los bonos en cuestión habían sido tan sólo transferidos, de esta manera, el abogado -aquí accionante- hubiera podido continuar con los reclamos iniciados.

10.-El actor no se ha comportado en forma diligente, pues ante la información incorrecta brindada por el Ministerio de Economía debió haber requerido instrucciones y, eventualmente, explicaciones a su cliente a fin de analizar los pasos a seguir, de haber seguido esta conducta, hubiera corroborado que los bonos de titularidad del codemandado no habían ingresado al canje propuesto por el Estado Nacional, sino simplemente habían sido transferidos para su custodia en la cuenta que tiene en una sociedad de bolsa en Uruguay.

   Fallo:  

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil doce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «V.L.F.R. c/ LYNIX SOCIEDAD DE BOLSA S.A. y otros s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO», respecto de la sentencia de fs. 858/865, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia de fs. 858/865 rechazó la demanda de cobro de sumas de dinero entablada por F. R. V. L. contra Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Francisco Nieva, Jorge Cordero y León Ricardo Abal Ellauri. En cuanto a las costas, la Juez de grado dispuso que sean soportadas en el orden causado.-

Contra dicha sentencia se alzan las quejas del codemandado Ricardo León Abal Ellauri, quien expresó agravios a fs. 890/892, los que fueron contestados a fs. 918/919.-

Por su parte, los codemandados Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Francisco José Nieva y Jorge Cordero, hicieron lo propio a fs. 893/896, cuya réplica luce a fs. 916/917.-

El actor expresó agravios a fs. 899/904, obrando réplicas a fs. 909/910 y fs. 911/913.-

II.- De modo preliminar al análisis de las críticas de los apelantes a la resolución recurrida, creo oportuno efectuar una breve síntesis de los hechos que motivaron el presente conflicto.-

Relata el actor que resulta ser de profesión de abogado y, entre las tareas profesionales realizadas, defendió a los inversores de títulos públicos que fueran «pesificados y defaulteados» con la emergencia económica que sacudió al país.Refiere que, a raíz del dictado de normas de emergencia, patrocinó a clientes en acciones de petición de declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02 .-

Indica que en tales circunstancias fue conectado con los directores de Lynx Sociedad de Bolsa S.A. -los codemandados Cordero y Nieva- quienes le informaron que manejaban cuentas de muchos clientes que vieron atrapados sus títulos por la emergencia. Señala que le ofrecieron presentarle a estos clientes para que los patrocinara en demandas de inconstitucionalidad, expresando su interés en obtener una comisión de cada cliente que contratara el encargo profesional del actor, sugiriendo que la misma se incorporara al porcentaje de honorarios que pactara como cuota litis al iniciar cada una de las demandas.-

Afirma que le fueron presentados clientes, habiendo aceptado la encomienda profesional con varios de ellos y que, como nexo entre el estudio y los codemandados, actuó la Sra. Nora Scherma, dependiente de Lynx, quien era operadora del Sr. Cordero. En todos los casos inició demandas judiciales, firmándose los pertinentes convenios de honorarios y reconociéndose a los codemandados una comisión del mismo.-

Relata que entre los clientes presentados se encontraba Abal Ellauri, quien era titular de Bonos del Tesoro en dólares estadounidenses por un valor nominal de U$S1.500.000. Manifiesta que el cliente le otorgó poder especial judicial para iniciar la acción y poder especial para el cobro de las acreencias a los Sres. Casarotti y Nieva.-

También en este caso Abal Ellauri suscribió el convenio de honorarios mencionado, fijándose un estipendio del 22% de las sumas rescatadas. Sostiene que, a su vez, el actor firmó un reconocimiento de comisión a Francisco J. Nieva, condicionado al cobro de los honorarios.-

Destaca que la demanda fue presentada y quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°2, Secretaría N° 3 (expediente N° 42230/2004), donde presentó un certificado emitido por la Caja de Valores con fecha 26/01/05, con el N°34521, a nombre de Lynx Sociedad de Bolsa S.A.como peticionante, donde constaba que a nombre de Abal Ellauri se encontraban registrados Bonos del Tesoro por la suma de U$S 1.500.000.-

Manifiesta que el expediente siguió sus alternativas procesales, corriéndose traslado al Estado Nacional, rechazándose la medida cautelar requerida y apelada por su parte.-

Refiere que estas situaciones eran informadas al codemandado Nieva, como administrador de las inversiones de Abal Ellauri y apoderado especial para el trámite del recupero de bonos.-

Agrega que, paralelamente, inició un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, con fundamento en la edad del beneficiario, entendiendo que se encontraba exceptuado del diferimiento de pagos establecido en las diversas leyes de emergencia, dejando expresa constancia que ante la resolución favorable por parte de la Administración se desistiría de la acción judicial entablada. En el marco de dicho trámite, con fecha 19/07/06 recibió la nota 1759/06 emitida por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, donde se le comunicó que no se daría curso a la solicitud en razón de que los títulos en cuestión había ingresado en el canje de la Deuda Pública dispuesto por el decreto 1735/04 .-

Sostiene que el tenor de la nota es suficientemente explícito como para demostrar que el titular de los bonos desarrolló una conducta que frustró el objeto del mandato, dado que canceló vía canje (voluntario) los bonos cuyo pago se reclamaba tanto judicialmente como por vía administrativa.-

Considera que esta dolosa ocultación, lo colocó en situación de defender derechos que ya se habían satisfecho a sus espaldas por otra vía.-

Describe la existencia de un intercambio epistolar con los demandados, mediante el cual los intima al pago de sus honorarios.-

Agrega que hizo la denuncia del hecho en el expediente en trámite en el fuero contencioso administrativo y realizó denuncia penal ante la justicia federal a los fines de deslindar su responsabilidad frente a la posible comisión de una tentativa de estafa procesal y pordesbaratamiento de sus derechos.-

Los codemandados Lynx Sociendad de Bolsa S.A. y Jorge Cordero interponen excepción de falta de legitimación pasiva por considerar que no han contratado con el actor. En tal sentido, afirman que la empresa Lynx Sociedad de Bolsa S.A. jamás participó de la negociación con el accionante, prueba de ello es la inexistencia de convenio suscripto entre el accionante y la firma que amerite lo expuesto. Sostienen que el actor nunca tuvo contacto con el Sr.Cordero, presidente de Lynx Sociedad de Bolsa S.A., y que el único contacto que mantuvo el demandante fue con Sergio Oscar Andrés, directivo de la firma y socio del Sr. Cordero, encuentro que se formalizó a mediados del año 2006 en las oficinas de la empresa.-

Agrega que Nieva se desempeñaba como gestor de la empresa en forma independiente, resultando los codemandados ajenos a los convenios que se denuncian en la demanda. Aclaran que las eventuales negociaciones que el accionante dice haber efectuado con el codemandado Nieva se habrían producido durante el año 2004, cuando éste no era director de la firma y que nunca Lynx Sociedad de Bolsa S.A. otorgó mandato ni autorizó a Nieva o a sus directores para que representen a la firma en las negociaciones objeto de autos.-

Manifiestan que todas las convenciones que el actor dice haber realizado con las personas mencionadas en el escrito de inicio fue a instancias de gestores y de los propios interesados con quienes el accionante seguramente pactó directamente, desconociendo su parte no sólo si se suscribieron los pactos de cuota litis y acuerdo de reconocimiento de comisiones adjuntos, sino también si se iniciaron juicios o reclamos administrativos en tal carácter, al ser partes totalmente ajenas del mentado negocio.-

Señalan que conforme lo expuesto por Nieva en la causa penal N° 12275/06 que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Secretaría N°3, a mediados del 2004 se contactó con Nora Scherma, gestora de negocios de Lynx Sociedad de Bolsa S.A.quien le propuso el recupero de las acreencias de bonos pesificados a través de un estudio jurídico en el que el actor desarrollaba sus labores, por las que se le abonaría, contra la presentación de personas titulares de títulos públicos bajo tales condiciones, una comisión a convenir. Así Nieva consultó a distintas empresas consultoras, entre ellas Carlos Casarotti Sociedad de Bolsa S.A., quien contactó al codemandado Abal Ellauri con Nieva.-

Reiteran que nunca mantuvieron conversaciones con el codemandado Abal Ellauri y menos aún fueron autorizados para obtener la recuperación de sus acreencias.-

Finalmente, relatan que Abal Ellauri encomendó a Lynx Sociedad de Bolsa S.A., la transferencia de 1.500.000 Bonos del Tesoro (BONTES) de su titularidad por un valor nominal de U$S1.500.000 a la cuenta N° 1004 que Carlos Casarotti Sociedad de Bolsa S.A. posee en Lynx Sociedad de Bolsa S.A., cumpliendo la firma el requerimiento del comitente en tiempo y forma.-

Por su lado, Francisco José Nieva expresa que a fines del año 2003 el socio de la codemandada Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Sergio Oscar Andrés, le ofreció participar como gestor de negocios de la firma, de manera totalmente independiente, lugar al que concurría dos veces por semana, realizando también otros negocios de carácter estrictamente personal y por cuenta propia, como los planteados en la demanda. Por ello, sostiene que la sociedad y los integrantes del organo administrador desconocían el tenor del negocio relatado por el demandante y que jamás le otorgaron mandato o autorización en tal sentido.-

Reconoce haber suscripto diversos acuerdos, a excepción del referido al codemandado Abal Ellauri, que no fue firmado por él.-

Relata que a mediados del 2004 se vinculó con la Sra.Scherma, gestora de negocios de la firma Lynx, quien tenía estrecha relación con el estudio jurídico del actor, y le of reció reconocerle un porcentaje de los honorarios profesionales del estudio jurídico del actor contra la presentación de personas con títulos bajo tales condiciones, en concepto de comisión. Detalla diversos acuerdos firmados con el accionante.-

Dice que posteriormente se contactó con Carlos Manuel Casarotti, presidente de la consultora del Uruguay Carlos Casarotti Sociedad de Bolsa S.A., quien los vinculó con el codemandado Abal Ellauri -cliente de su empresa- con el fin de promover acciones judiciales. Indica que Casarotti acordó abonarle una comisión contra el recupero de las acreencias de Abal Ellauri, lo cual -según sostiene- prueba que nunca se firmó entre V. L. y Nieva documento alguno instrumentando un reconocimiento de honorarios.-

Por último, adhiere a la contestación de demanda formulada por Lynx Sociedad de Bolsa S.A. y por Cordero.-

A su turno, Ricardo León Abal Ellauri relata que es cliente de Lynx Sociedad de Bolsa S.A., cuenta N°1736 en la cual tenía depositados 1.500.000 de Bonos del Tesoro (Bontes) por valor nominal de U$S1.500.000, títulos que fueron «defaulteados» por el Estado Nacional. Sostiene que, siendo su intención recuperar las acreencias de sus títulos, consultó con el Sr. Casarotti, titular de la firma Carlos Casarotti Sociedad de Bolsa S.A., empresa uruguaya de la cual también era cliente, operando con dicha firma en el exterior. Así fue que Casarotti lo vinculó con el Sr. Francisco José Nieva y éste a su vez con la Sra.Scherma, ambos gestores de negocios de Lynx Sociedad de Bolsa S.A., debido a que esta última trabajaba en el estudio jurídico del actor, que se ocupaba del recupero de títulos bajo tales condiciones.-

Sostiene que a instancias de Nora Scherma concurrió al estudio del actor y suscribió el poder especial judicial y el pacto de cuota litis, desconociendo acuerdo de honorarios destinado al pago de comisiones a terceros por parte del letrado.-

Considera que es totalmente falso que la contratación con el actor se produjese por intermedio de Lynx Sociedad de Bolsa S.A. o Jorge Cordero como que se les otorgase a dichas personas mandato alguno para su representación.-

Afirma que el actor en forma intempestiva e injustificada abandonó el pleito iniciado en el fuero en lo contencioso administrativo, sobre la base de argumentos falsos, toda vez que no es cierto que sus títulos hayan ingresado en el canje propuesto por el Estado Nacional y que en la actualidad son de su libre disponibilidad.-

Manifiesta que el pedido que el actor formulara mediante el expediente administrativo N° S01-0209587/06, jamás podría haber prosperado, pues los bonos no se encontraban depositados en la Caja de Valores al 31/12/01, condición para que pudiera estar incluido en la excepción de la ley 25.967.-

Indica que con fecha 28/01/05 ordenó por escrito a Lynx Sociedad de Bolsa S.A. la transferencia de sus bonos de su cuenta N°1736 a la cuenta 1004 de Carlos Casarotti Sociedad de Bolsa S.A., ordenando a su vez es ésta última firma que sus títulos permanecieran en el exterior bajo su custodia-

Dice que los bonos nunca fueron al canje y están a su disposición, no impidiendo de ninguna manera el desarrollo del proceso judicial iniciado, por lo que no existió impedimento legal alguno que obstruyera la continuidad del juicio de recupero de las acreencias.Sostiene que la renuncia al mandato en dichas actuaciones por parte del actor, da lugar a su responsabilidad por los daños y perjuicios que le ha ocasionado y por los cuales expresa reserva de accionar.-

III.- Liminarmente, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).-

IV.- Establecido ello, por motivos de orden lógico, corresponde adentrarme en primer término al tratamiento de las quejas vertidas por el accionante.-

A tales fines, habré de analizar, en primer lugar, la relación existente entre el accionante y el codemandado Ricardo León Abal Ellauri.-

Se encuentra fuera de discusión que el codemandado Abal Ellauri encomendó un trabajo profesional al Dr. V. L. a fin de perseguir el recupero de las acreencias de los títulos de su titularidad y que fueran «defaulteados» y pesificados por el Estado Nacional. Se configura, entonces, entre ambas partes, una relación abogado-cliente.-

En términos generales, debo señalar que este vínculo tiene carácter contractual, sea que se trate de asesoramiento legal, intervención directa en alguna gestión o arreglo extrajudicial o el patroci­nio le­trado o defensa del mismo. En esta hipótesis el contrato tiene el carácter de una locación de servicios o de obra. Empero, el contrato tendrá el carácter de man­dato cuando el cliente confiere representación al abo­gado o procurador para cumplir determinados actos o representarlo en un proce­so judicial (conf.Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsa­bilidad Civil», pág. 440/441, núm. 1332).-

En tal sentido, se ha dicho que la tesis de la locación de servicio se configura en los casos en que el profesional presta un servicio de asistencia profesional generalmente continuado y recibe por ello los honorarios que corresponden, pudiendo el cliente poner fin a la re­lación mencionada en cualquier momento si no se hubie­re convenido lo contrario. La que ve una locación de obra expone como fundamento que el abogado se obliga a la eje­cución de un trabajo y el beneficiario a pagar los hono­rarios de acuerdo con la importancia de él, pero sin que medie una relación de dependencia. La que señala la existen­cia de un mandato se circunscribe generalmente al caso en que por este acto jurídico el abogado ejerce la representa­ción del cliente en juicio (conf. Boffi Bogge­ro, Luis María «Tratado de las obligaciones», Tº 6, pág. 329/330, núm. 2301).-

La doctrina hoy mayori­taria, interpreta que la prestación de servicios profesio­nales asume a veces el carácter de locación de servicios, otras la de locación de obra, o, en fin, la de mandato, según las circunstancias de cada caso; por lo que se ha dado en sostener que se trata de un contrato multiforme, variable o proteiforme (conf. Trigo Represas, Félix A. «Responsabilidad civil del abogado», pág. 119, núm. 20, ap. e).-

En el caso de marras, el codemandado Abal Ellauri reconoce -al contestar demanda- haber suscripto dos instrumentos que resultan claves para determinar los alcances del vínculo existente con el Dr. V. L.-

En primer lugar, Ricardo León Abal Ellauri otorga poder especial judicial a favor del Dr. F. R. V. L.»…para que actúe en su nombre y representación, e inicie frente a la justicia federal acción de declaración de inconstitucionalidad de las normas contenidas en el Decreto PEN 471/02, resolución ME 73/02, y de toda otra norma referida a la pesificación y suspensión de los títulos de deuda pública del Estado Argentino». En el mismo documento, el mandante faculta al mandatario «…para presentarse ante los jueces y tribunales u organismos administrativos, Comisiones de Conciliación o cualquier otra autoridad que corresponda…» (cfr. fs. 758).-

En segundo término, Abal Ellauri admite haber firmado un convenio de honorarios, mediante el cual le reconoce a V. L., en remuneración de su tarea y en concepto de honorarios profesionales, una suma equivalente al 22% del monto efectivamente recuperado mediante las acciones tendientes al cobro de los bonos. En el mismo instrumento se deja constancia que si el cliente rescindiera el convenio sin justa causa, el profesional seguirá gozando de los derechos convenidos en el mismo, acordando el derecho a solicitar su contraprestación en forma total (cfr. documento obrante en copia fs. 755).-

En virtud de estos incontrovertidos documentos, me encuentro en condiciones de afirmar que el vínculo que ha unido a ambas partes debe analizarse a la luz de las normas que regulan el contrato de mandato.-

A partir de lo expuesto, corresponde recordar que la obligación especial impuesta al mandatario es la de cumplir los actos que le fueron encargados. Debe ejecutarlos exactamente, en lugar y tiempo propios, y circunscribirse a los límites del encargo, no haciendo más ni menos (art. 1905). En caso de duda sobre los límites del mandato, la naturaleza del negocio indicará la extensión de los poderes (art. 1905, segundo apartado) sin olvidar, empero, que las atribuciones del mandatario deben interpretarse restrictivamente.-

Así, esta obligado a cumplir con diligencia y a preservar el interés del mandante lo mejor que sepa y pueda.Debe ajustarse no solo a los límites apartentes del mandato originario, sino también a las instrucciones reservadas y a las posteriores que las modifiquen (conf. Borda, Guillero, «Tratado de Derecho Civil», t° II, «Contratos», ed. La Ley, 4a. edición, pág. 503/504).-

Las instrucciones o indicaciones que da el mandante al mandatario constituyen, según Díez-Picazo, directrices o líneas de orientación sobre el cumplimiento de la actividad gestora que le imponen al agente un deber de obediencia.-

Se encuentran dentro de los límites del mandato y actúan como regla interpretativa en la relación interna. En este sentido, José M. Garrido aclara que las instrucciones, en definitiva, constituyen la función de especificar una obligación contractual establecida en términos más o menos genéricos (conf. Belluscio – Zannoni, «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado», tomo 9, ed. Astrea, pág. 265; Díez-Picazo, «La representación», págs. 188/189; Garrido, José M., «Las instrucciones en el contrato de comisión», pág. 10).-

V.- Sobre la base de estos principios, habré de describir los actos cumplidos por el mandatario luego de haber contratado con el codemandado Abal Ellauri.-

En primer lugar, corresponde señalar que el Dr. V. L. promovió el expediente judicial «Ellauri, Ricardo Leon Abal c/ PEN-Ley 25561-Dto 471/02 (BONTES) s/ proceso de conocimiento-Ley 25561», el cual tramitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 y en el que se planteó la inconstitucionalidad del Decreto 471/02, Resolución M.E. 73/02 y de toda otra norma referida a la pesificación y suspensión de pagos de los títulos de deuda pública.En esa causa se solicitó una medida cautelar tendiente a que el Estado abone los valores nominales de los bonos en dólares o en pesos que permita adquirir dicha moneda en el mercado, aunque la misma fue desestimada.-

Por otro lado, el mandatario efectuó un reclamo en sede administrativa, más precisamente en el Ministerio de Economía, solicitando se le otorgue a Abal Ellauri el trámite excepcional contenido en el art. 47, inciso d, apartado 1, de la ley 25.967 (cfr. expediente administrativo N° S01:0209587/2006 agregado a fs. 802/815).-

En este segundo expediente, en fecha 19 de julio de 2006 y mediante Nota N° 1759/06, la Coordinación de la Unidad de Registro de la Deuda Pública-Oficina de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción informa lo siguiente: «.no se dará curso a la solicitud de inclusión del Sr. Ricardo León Abal Ellauri en la excepción dispuesta por el art. 47 inciso d) apartado I) de la ley 25.967 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2005, en razón de que los títulos cuyos servicios se reclaman, han ingresado en el canje de Deuda Pública dispuesto por el Decreto N° 1735/04» (cfr. fs. 815).-

La circunstancia informada en esta nota, es decir el canje de los bonos de titularidad de Abal Ellauri, es la que -a entender del accionante- ha ocasionado la frustración de la tarea encomendada por el mandatario y la que lo ha llevado a considerar revocado el mandato.-

Luego de haber tomado conocimiento de esta información, el mandatario toma diversas medidas.-

En primer lugar, inicia un intercambio epistolar con los demandados, de los cuales dan cuenta las cartas documento agregadas a fs. 739/749. Las primeras cartas documento cursadas fueron firmadas el 27 de julio de 2006 y en ellas el Dr. V. L.informa a los accionados acerca de que se habían tornado abstractas las acciones iniciadas ante el canje de los bonos, como así también los intima a hacer efectivo el monto de $ 924.000 en concepto de honorarios. En la misiva dirigida a Abal Ellauri, considera resuelto por su exclusiva culpa y responsabilidad el convenio de honorarios, exigiendo los honorarios pactados (cfr. fs.743/749).-

Luego de ello, en fecha 7 de agosto de 2006, el actor radica una denuncia en sede penal tendiente a que se investiguen los hechos relatados en atención a la posibilidad de haber podido perjudicar a la administración pública y que han ocasionado un perjuicio económico y profesional a su parte (cfr. fs. 1/4 de las copias certificadas de la causa penal N° 12.275/2006 sobre estafa-defraudación contra la administración pública).-

El mismo 7 de agosto de 2006, el Dr. V. L. se presenta en la causa iniciada en el Fuero Contencioso Administrativo Federal y denuncia los hechos informados por el Ministerio de Economía. En virtud de ello, considera revocado de hecho y/o cesado el mandato otorgado por Abal Ellauri. A esta última petición, el Juzgado interviniente interpretó que se trataba de una renuncia al mandato y se ordenó la notificación al poderdante (cfr. fs. 51/52 y fs. 58 del citado expediente).-

Idéntico temperamento adopta el accionante en el expediente administrativo iniciado ante el Ministerio de Economía, al acompañar la denuncia presentada ante el Fuero Criminal y Correccional (cfr. fs. 817 del 8 de agosto de 2006).-

Sobre la base de la secuencia fáctica expuesta y sumado a las consideraciones volcadas en el escrito inaugural de esta litis, es evidente que el motivo por el cual el Dr. V. L.consideró extinguido el contrato de mandato no fue otro que lo informado en el expediente administrativo tramitado en el Ministerio de Economía respecto al canje de los bonos de titularidad del codemandado Abal Ellauri.-

Ahora bien, no puedo perder de vista que en estas actuaciones quedó debidamente probado que los bonos de titularidad de Ricardo León Abal Ellauri no ingresaron a la operatoria de canje dispuesta por el Decreto 1735/04. En tal sentido, se expresa la Caja de Valores S. A. a fs. 503, al informar que los bonos en cuestión fueron transferidos de la subcuenta a nombre del codemandado a la subcuenta 1004 que se encuentra a nombre de Carlos Casarotti (cfr. fs. 503 y fs. 507). Sobre la base de lo actuado por la Caja de Valores S.A., el Ministerio de Economía informa lo siguiente: «De acuerdo a la aclaración realizada por Caja de Valores S.A., se rectifica la nota N° 1759/06 de esta Dirección y se informa que el Sr. Ricardo León Abal Ellauri no ha ingresado sus títulos públicos en la operatoria de canje dispuesta por el Decreto N° 1735/04 y demás normas reglamentarias» (cfr. fs. 497).-

Asimismo, debo agregar que mediante informativa de fs. 343, Carlos Casarotti ha señalado que mantiene en custodia, en la Sociedad de Bolsa que representa, 1.500.000 bonos (BONTES) valor nominal U$S 1.500.000, cuya titularidad pertenece a León Ricardo Abal Ellauri, quien tiene la libre disponibilidad de los mencionados títulos públicos (cfr. fs.343).-

En virtud de lo señalado, habré de coincidir con la Juez de grado en punto a que se encuentra acreditado que Abal Ellauri no adhirió a la operatoria de canje de títulos públicos, por lo que la razón que llevó al actor a considerar revocado el mandato no existió.-

Considero que, ante lo informado de manera primigenia por el Ministerio de Economía mediante Nota N° 1759/06, el actor pudo sentirse involucrado en una situación contradictoria pues, mientras él instaba reclamos en sede judicial y administrativa tendiente a que el codemandado Abal Ellauri pudiera cobrar su acreencia en la moneda y modalidad pactada, el ente ministerial le informaba que su cliente había ingresado en el canje propuesto por el Estado Nacional mediante Decreto 1735/04.-

Es decir, el demandante pudo sentirse imposibilitado de continuar con los actos encomendados por su mandante, ante la información contradictoria con la que contaba.-

Ante la apuntada divergencia, sostengo que el mandatario debió haber solicitado instrucciones a su mandante, recabando mayor información y, eventualmente, haberle requerido las explicaciones del caso, ante lo informado en sede administrativa.-

Es que, no puedo perder de vista que la información que llevó al actor a considerar revocado el mandato fue suministrada por un tercero -en el caso la Coordinación de la Unidad de Registro de la Deuda Pública-Oficina de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción- sin solicitar a su mandante las debidas aclaraciones.-

Tampoco puedo considerar válida a tales fines la carta documento que luce a fs. 749 dado que, más allá del desconocimiento formulado por el codemandado Abal Ellauri al contestar la acción, lo cierto es que en esa misiva el accionante consideraba resuelto el contrato celebrado e intimaba al aquí codemandado al cobro de los honorarios.-

Sintetizando conceptos, el actor debió haber corroborado con el mandante la incorrecta información brindada en sede adminisitrativa. Sin embargo, el Dr. V. L.adoptó otra postura cual fue la de abandonar los trámites iniciados, denunciando lo informado por el Ministerio de Economía sin la debida verificación con su cliente, y promover una causa penal.-

De haber adoptado esta diligente conducta, el Dr. V. L. hubiera podido certificar que la información brindada en sede administrativa no era correcta (cuestión que a la postre quedó dilucidada en esta sede judicial a partir de la rectificación efectuada por el Ministerio de Economía a fs. 497) y que los bonos en cuestión habían sido tan sólo transferidos. De esta manera, el abogado -aquí accionante- hubiera podido continuar con los reclamos iniciados.-

En nada empece lo hasta aquí expuesto el hecho que el codemandado Abal Ellauri haya decidido transferir los bonos a la cuenta que Carlos Casarotti posee en Lynx Sociedad de Bolsa S.A. para luego transferirlo a la Sociedad de Bolsa que Casarotti posee en Uruguay, pues dicha operación no importa una modificación al dominio de los bonos tal como lo sostiene el accionante al expresar agravios. La apuntada transferencia se limita a la guarda material de los bonos y no a la modificación de la titularidad.-

A fin de ilustrar lo expuesto precedentemente, habré de acudir a las manifestaciones vertidas por Efraín Diego Carvajal, subgerente de legales de la Caja de Valores S.A., quien al prestar declaración testimonial en sede penal señala que «.el titular de cada subcuenta comitente se presume el propietario de los títulos en ella registrados conforme ello surga de las constancias que expida la Caja de Valores (art. 30  de la ley 20.643)» (cfr. fs. 237 de las copias certificadas de los obrados penales). En el presente caso, la reseñada presunción debe caer ante lo informado por Carlos Casarotti en el sentido que los bonos en cuestión siguen en cabeza del codemandado Abal Ellauri y libres de disponibilidad.-

En lo referente a que lo informado a fs.343 por Carlos Casarotti resulta una simulación, sólo debo señalar que dicha afirmación se encuentra huérfana de todo sustento probatorio. Por el contrario, según lo informado en estas actuaciones y en sede penal por la Caja de Valores S.A., los títulos existentes en la subcuenta a nombre de Abal Ellauri fueron transferidas a la subcuenta de Casarotti -ambas en Lynx Sociedad de Bolsa S.A.-, para luego transferirse hacia centrales depositarias en el exterior (cfr fs. 507 y fs. 249 de la causa penal). Esto resulta coincidene con lo informado por Carlos Casarotti, al expresar que la Sociedad de Bolsa que representa y tiene sede en Uruguay, se encuentra custodiando los BONTES a nombre de Abal Ellauri.-

Asimismo, si el demandante considera que la información brindada por Carlos Casarotti resulta falsa, pues entonces debió haber recorrido el camino que regula el art. 403  del Código Procesal, impugnando así el contenido de dicha informativa y requiriendo la exhibición de los asientos en que se fundó la respuesta. Claro está, el accionante no ha seguido ese camino y se limita a cuestionar su idoneidad al expresar agravios.-

Finalmente, debo expresar que no paso por alto las manifestaciones vertidas por Carlos Casarotti en sede penal, en tanto señala que Abal Ellauri no estaba convencido de iniciar el reclamo judicial y que finalmente decidió disponer de los bonos, posiblemente para ingresar al canje (cfr. fs. 225/226). Sin embargo, esos dichos deben ser contextualizados en el estado de incertidumbre generado a partir de la situación de emergencia económica y las distintas normas dictadas en consecuencia, las que pudieron en algún momento haber generado alguna duda en Abal Ellauri respecto a los caminos a seguir para recuperar su acreencia. Por otro lado, la declaración prestada por Casarotti en sede penal no se ve reflejada en ninguna acción concreta, pues lo cierto es que ha quedado corroborado que los títulos de Abal Ellauri se mantienen bajo su custodia.-

En síntesis, considero que el Dr. V. L.no se ha comportado en forma diligente, pues ante la información incorrecta brindada por el Ministerio de Economía debió haber requerido instrucciones y, eventualmente, explicaciones a su cliente a fin de analizar los pasos a seguir. De haber seguido esta conducta, hubiera corroborado que los bonos de titularidad de Abal Ellauri no habían ingresado al canje propuesto por el Estado Nacional, sino simplemente habían sido transferidos para su custodia en la cuenta que tiene en la sociedad de bolsa que Carlos Casarotti posee en Uruguay.-

En base a lo señalado, concluyo que el actor no ha logrado acreditar la revocación injustificada del mandato que tornaría operatoria la cláusula contractual que le permite al mandatario reclamar la totalidad del honorario pactado.-

Lo expuesto en este pronunciamiento no es óbice a las peticiones regulatorias que el demandante considere menester instar por los trabajos realizados en sede judicial y administrativa, como así tampoco obsta a las reclamaciones que pudieran derivarse a partir de la incorrecta información brindada por el Ministerio de Economía mediante Nota N° 1759/06.-

En definitiva, si mi criterio fuera compartido, debería confirmarse la sentencia en tanto rechaza la demanda instaurada.-

VI.- El hecho de que haya considerado que no ha mediado revocación injustificada del mandato, resultaría un argumento suficiente para extender el rechazo de la demanda a los restantes accionados. Sin embargo, en virtud de las quejas expresadas por el actor, habré de formular una serie de consideraciones respecto a la situación de los codemandados Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Francisco Nieva y Jorge Cordero.-

En forma preliminar, debo afirmar que la demanda que instaura el Dr. V. L. no importa un reclamo de daños y perjuicios derivados de la frustración del contrato celebrado con Abal Ellauri, sino que pretende el cumplimiento del contrato celebrado con este último mediante el cual se pactaron los honorarios correspondientes a los trabajos profesionales que el mandante le encomendara. Dicho de otro modo, en este expediente el Dr. V. L.pretende hacer cumplir la cláusula V del convenio de honorarios, mediante la cual se establece que tiene derecho a solicitar el cobro de su honorario en forma total para el supuesto en que el cliente rescindiera el acuerdo sin justa causa (cfr. fs. 755).-

En la medida en que los restantes codemandados no han sido parte del contrato cuyo cumplimiento exige el actor, no advierto que exista legitimación pasiva para ser traídos a este juicio.-

Si la acción instaurada hubiese apuntado a reclamar los daños y perjuicios por la frustración del contrato, podría haberse analizado la conducta de Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Francisco Nieva y Jorge Cordero. Sin embargo, ante esa situación hipotética, lo cierto es que de las constancias de la causa no se ha logrado probar conducta alguna que haya perjudicado al accionante que sea imputable a los restantes emplazados.-

Por otra parte, el actor no ha logrado probar la existencia de un mandato oculto. En tal sentido, advierto que el vínculo contractual se ha desarrollado entre el abogado -V. L.- y el titular de los bonos objeto de la acción -Abal Ellauri-, sin que los integrantes de la Sociedad de Bolsa donde estaban despositados los títulos hayan tenido participación alguna.-

En definitiva, con los elementos aportados a la causa, puedo tener por acreditado que los miembros de la Sociedad de Bolsa han participado en el rol de intermediarios entre el abogado y el tenedor de los títulos «defaulteados» y pesificados. En consecuencia, aún cuando de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa se desprende que Nieva y Cordero participaron en reuniones, tomaban decisiones y seguían los casos de los clientes de la Sociedad de Bolsa (cfr. fs. 361/362, fs. 364/365, fs. 455/456, fs. 457/458), ello no implica considerar que hayan sido parte del contrato sino que se limitaron a participar como intermediarios entre V. L.y Abal Ellauri.-

Es decir, todas las tareas que según los testigos habrían realizado Nieva, Cordero y otras personas que trabajaban en la Sociedad de Bolsa, son propias del rol de intermediarios que les cupo, sin que se les pueda asignar el rol de parte en el contrato celebrado entre el cliente y su abogado, ni mucho menos alcanzan para justificar la existencia de un mandato oculto.-

Por otro lado, tampoco resulta reprochable la conducta de los restantes codemandados al efectuar la transferencia de los títulos de marras de la subcuenta de Abal Ellauri a la que tenía Carlos Casarotti en la Lynx Sociedad de Bolsa S.A., pues el traspaso de los bonos fue ordenado por el titular de los mismos (cfr. fs. 140 de las copias certificadas de la causa penal). Ante esa decisión, sólo le quedaba a la Sociedad de Bolsa acatar la misma y cumplir con la petición formulada por su cliente. A mayor abundamiento, ya he señalado que la mencionada transferencia no importó el desapoderamiento de los títulos y no impedía la continuación de las acciones instauradas por V. L.-

Finalmente, resta señalar que el actor ha pretendido involucrar en esta causa a Francisco José Nieva en base a un instrumento mediante el cual el Dr. V. L. reconoce a favor de aquél el 4% del monto del capital a percibir por Abal Ellauri (cfr. fs. 752). Empero, mediante la prueba pericial caligráfica queda determinado que la firma atribuida al codemandado Nieva no le pertenece (cfr. fs. 639/641).-

En base a ello, más allá de la modalidad que se haya utilizado en situaciones análogas, resulta claro que en el caso sometido a decisión no existió pacto alguno entre el Dr. V. L.y Jorge Nieva, a fin de que este último percibiera un porcentaje de los honorarios que el letrado pactara con su cliente.-

Tampoco resulta suficiente para considerar involucrado a Nieva en el contrato celebrado entre el cliente y el abogado, el hecho de que Abal Ellauri le haya otorgado un poder especial para percibir los montos que pudieran derivarse de los reclamos iniciados contra el Estado Nacional (cfr. instrumento obrante a fs. 757). En definitiva, la facultad otorgada encuadra perfectamente dentro de la función de intermediario que le tocó cumplir a Francisco José Nieva, pero en modo alguno importa convertirlo en parte del contrato celebrado entre Abal Ellauri y V. L.-

Sintetizando conceptos, considero que no se ha probado que los codemandados Lynx Sociedad de Bolsa S.A., Nieva y Cordero se hayan visto involucrados en el contrato celebrado entre el actor y el codemandado Abal Ellauri, siendo que el rol que a ellos les cupo ha sido el de intermediarios entre el tenedor de los títulos y el abogado.-

En consecuencia, de compartirse mi criterio, debería confirmarse el rechazo de la demanda en relación a los restantes codemandados.-

VII.- Sólo resta que me expida respecto a las quejas que formulan la totalidad de los demandados respecto a la imposición de costas establecida en la sentencia dictada en la instancia de grado.-

Consideran los apelantes que la imposición de costas efectuada en el pronunciamiento recurrido no ha sido debidamente fundada y que existen elementos suficientes en la causa para atribuir al vencido el pago de los gastos causídicos.Sostienen, asimismo, que la distribución de las costas les genera un perjuicio patrimonial.-

Ahora bien, cabe recordar, que el ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas.-

Sin embargo, el referido principio no es absoluto, ya que el propio Código Procesal contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el artículo 68 en su segundo párrafo. Esa norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada tal exención (conf. CNCiv., esta Sala, R. 44.344 del 17-4-89 y sus citas; id., R. 72.781 del 14-8-90; id., R. 136.124 del 16-11-93; R. 150.684 del 4/7/94).-

En tal sentido, esta Sala tiene decidido que la sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar, no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indu dable que -salvo hipótesis de actitudes maliciosas- todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado no le es favorable. Sólo es admisible esta causal de eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto, pero en tales supuestos, la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar a dudas (conf. CNCiv., esta Sala, L.112.907 del 11-8-92 y sus citas).-

En la especie, si bien la demanda ha sido desestimada, lo cierto es que las particularidades del caso bien pudieron llevar al actor a creerse con derecho a plantear esta acción.-

En tal sentido, considero que la errónea información suministrada por el Ministerio de Economía mediante Nota N° 1759/06, pudo hacer pensar al demandante que había existido un acto que impedía la continuación del mandato.-

Si bien ya he dicho que la conducta del Dr. V. L. no fue diligente pues debió haber solicitado instrucciones al mandante al conocer el tenor de la incorrecta información aportada por el Ministerio de Economía, ello no quita que ese informe fue recién rectificado en el marco de estas actuaciones y que en base a ese instrumento el actor pudo creerse con derecho a promover esta acción judicial.-

De allí que entiendo que se ha configurado el supuesto excepcional que justifica apartarse del principio general, motivo por el cual, si mi voto fuera compartido debería confirmarse la sentencia apelada en tanto establece las costas en el orden causado.-

Por las mismas razones, considero que las costas de Alzada deberían seguir la misma suerte y distribuirse en el orden causado (art. 68, párrafo segundo , del Código Procesal).-

VIII.- Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.-

Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado (art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal).-

Los Dres. Sebastián Picasso y Hugo Molteni, votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de esta Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, mayo 7 de 2012

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.-

Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado (art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal).-

Los honorarios serán regulados cuando se haga lo propio en la instancia de grado.-

Notifíquese y devuélvase.-

RICARDO LI ROSI

SEBASTIÁN PICASSO

HUGO MOLTENI

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