La concesionaria vial no puede adoptar medidas de previsibilidad para evitar que un perro sea embestido en el carril de circulación.

Partes: Fager Gazzan, Jorge c/ Grupo Concesionario del Oeste S.A. s/ 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

Sala/Juzgado:

Fecha: 28-feb-2012 

Cita: MJ-JU-M-71616-AR | MJJ71616

 Las características del animal -perro atropellado en la autopista- dificultan la posibilidad de atraparlo o detenerlo, excediendo las medidas de previsibilidad que pudiera adoptar la concesionaria vial.

Sumario: 

1.-Corresponde revocar el decisorio apelado, rechazándose la demanda incoada contra el concesionario de la autopista, con la cual el actor perseguía la indemnización de los daños y perjuicios sufridos al circular por la autopista y embestir un can, pues la circunstancia de que un perro se aventure por la vía de circulación vehicular es algo que podría pasar hasta en las calles de la ciudad, y pretender que un hecho como el de autos sea objeto de prevención implicaría la colocación de un alambrado a lo largo de la totalidad de la traza perimetral de la autopista, y esto a la luz de la sana crítica resulta prácticamente imposible, por lo que se llega a la conclusión que, la existencia del animal doméstico en la trama concesionada revistió los caracteres de la imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito, con la consecuente ruptura del nexo causal invocado.

2.-Las características del animal -perro- en cuestión, implican que el hecho bajo estudio -reclamo de indemnización por los perjuicios sufridos al circular por una autopista y embestir un perro que se entrometió en el carril de circulación -no pueda asimilarse a los casos en los que se trata de ganado vacuno y equino, es que tratándose de un perro su agilidad, la mayor movilidad con la que cuenta, su capacidad de desplazamiento y las consiguientes dificultades de atraparlo, ahuyentarlo o detenerlo, exceden cabalmente las medidas de previsibilidad que en su caso pudiera adoptar la concesionaria vial, resultando prácticamente imposible evitar situaciones como las de autos.

3.-El vínculo que se sostiene entre el concesionario de las rutas y los usuarios es calificado como una relación de consumo y de carácter contractual, asumiendo el concesionario la obligación de prestar un servicio, ejercer el mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales como tomar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto éstos resulten previsibles.

4.-El deber de seguridad que debe cumplir las concesionarias viales, se encuentra asociado a la previsibilidad de los riesgos con epicentro en el art. 902 que establece la regla de la causalidad adecuada y que lleva a considerar la contingencia y variabilidad de este deber dependiendo de las características de la traza vial concesionada.

5.-Respecto a las imposición de costas de ambas instancias, se considera que es justo apartarse del principio objetivo de la derrota, en función de que si bien existen ocasionalmente situaciones de riesgo en la ruta concesionada como el hecho de autos, lo cierto es que son inevitables y justifican que el actor hubiera emprendido esta causa judicial al tener una expectativa razonable de resultar vencedor, por lo que se imponen las costas por su orden y las comunes por mitades.

   Fallo:    En Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2012, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados «Fager Gazzan, Jorge c/ Grupo Concesionario del Oeste S.A. s/ Daños y Perjuicios» y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Mayo dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 297/312), que hizo lugar parcialmente a la demanda por la cual el actor perseguía la indemnización de los daños y perjuicios sufridos al circular por una autopista y embestir un can, expresan agravios el actor (fs. 6347/348) y la demandada Grupo Concesionario del Oeste S.A. (fs. 351/356). Únicamente el actor contestó el traslado a fs. 361/366.

La parte actora se agravia en esta instancia por el rechazo de la partida reclamada en concepto de pérdida del valor venal.

La parte demandada objeta la atribución de responsabilidad que establece el fallo apelado. Argumenta, entre otras consideraciones, que, por un lado el sentenciante efectuó una errónea valoración del deber de seguridad, y por otro, estima que no se consideró el hecho de que el Grupo Concesionario del Oeste no detenta el poder de policía sobre la ruta en cuestión, toda vez que el Estado Nacional no lo ha delegado.

II.- El sentenciante de grado, luego de haber ponderado la prueba producida en autos, tuvo por probado el accidente de la manera en que fue narrado por el actor. Dejó asentado que la aparición de un perro en el carril de circulación repentina, súbita e injustificadamente, fue determinante para la producción del accidente.

Agrega que la vigilancia permanente se encuentra dentro de los deberes del concesionario y que, de encontrar animales sueltos, aunque no los pueda detener, puede en cambio detener a los automovilistas, de conformidad con lo dispuesto por la ley de tránsito.

Determinó que, ya sea que se subsuma al hecho dentro de un vínculo contractual o extracontractual, el concesionario debe garantizar al usuario el traslado a cubierto de los riesgos que en sentido amplio pudieran hacer peligrar la integridad de la persona o sus bienes.

En base a ello, advirtió que en el caso se infringió el deber de seguridad por parte de la empresa concesionaria, quien se abstuvo de ejercer toda acción dirigida a prevenir la entrada de animales sueltos a la ruta, entre otras consideraciones.

III.- Avocándonos al tratamiento de la responsabilidad atribuida en el fallo, cabe considerar que no se encuentra controvertido en esta instancia el hecho de que el día 18 de mayo de 2007, aproximadamente a las 08 hs., el actor circulara al mando del vehículo marca Chevrolet Astra DAR 856, por la ruta del oeste, con destino a la ciudad de Mercedes, y que a la altura del km 45 se cruzara un can, el cual resultara embestido.

La empresa demandada expone en el escrito que funda su queja, que la responsabilidad del Grupo Concesionario del Oeste S.A. no es contractual, por lo cual, afirma que no existe deber de seguridad alguno a su cargo, por lo que su responsabilidad debe ser analizada a la luz de lo preceptuado por el art. 1109  del Código Civil. Argumenta que la sentencia apelada omitió efectuar toda consideración acerca de lo expuesto por su parte en este sentido. Funda en doctrina y jurisprudencia su postura.

Entre otras consideraciones, argumenta que la obligación de seguridad no es general, sino que implica trabajos de conservación de rutina, que detalla. Por lo cual, sostiene que su mandante efectivamente garantizó el traslado por la vía a cubierto de los riesgos que en sentido amplio pudieran hacer peligrar la vida de las personas o sus bienes.

A su vez, expone que de su parte se dio cumplimiento a las obligaciones de conservación de la autopista, prevención de accidentes, como también, destacó que no asumió a su cargo la tarea de alambrar los costados de la autovía.

Finalmente destaca que no resulta de su competencia el poder de policía que detenta el Estado Nacional, dado que su mandante solo puede ejercer control y/o custodia únicamente sobre la vía, mas no sobre las personas o semovientes que transitan por ella, entre otros argumentos.

Ahora bien, advierto que el supuesto bajo examen guarda similitud con el resuelto por este Tribunal en los autos «Las Lanzas Sociedad Civil c/ Autopistas del Sol y otros y acumulados» , con fecha 22/09/2008, a la luz de lo cual, considero que los agravios deben ser admitidos, por las razones que expondré a continuación.

En dicha oportunidad, habiendo emitido mi voto en primer término, dejé asentado que tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha discutido con distinto alcance la imputabilidad de los concesionarios viales.

Una corriente de opinión ha considerado que la responsabilidad del concesionario frente al usuario es de naturaleza extracontractual por entender básicamente que el peaje que abona este último tiene el carácter de tributario. En tal sentido la relación concesionario-usuario es indirecta y se rige por el contrato administrativo celebrado entre el Estado y la empresa, la que sólo es una delegación específica de la gestión encomendada. La concesionaria no es dueña del camino y la red vial no es -en principio- una cosa de riesgo, de modo que responde en caso de incumplimiento por acción u omisión de las obligaciones impuestas por el marco regulatorio vigente.- (cfr. Patricia Pilar Venegas y María Fabiana Compiani «Responsabilidad por los daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales» LL 1992-E-1209; Gonzalo López del Carril «Animales sueltos en ruta y responsabilidad civil» LL 1996-A-1329; Manuel Sarmiento Güemes «Concesiones Viales. Relaciones Jurídicas» LL 1995-E-1164; CNCiv. Sala I «Steven Alberto Raúl c/Caminos del Río Uruguay SA de Const. Conces. Viales s/daños y perjuicios»  del 26/4/2001, publicado en revista jurídica «Tener Presente» N? 34, junio 2001 y en revista La Ley del 8/11/01; «Ferradas Marín c/Autopistas del Sol s/daños y perjuicios» sumario N? 14.732 de la base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, boletín 15/2002, «Bravo Daniel c/Autopistas del Sol» idem sumario 14.797; boletín 18/2002, Sala G «Carnelli c/Nuevas Rutas SA» junio 7-995 LL. 1995-D-336).-

Otra corriente la enmarca dentro del ámbito contractual. Diferencia las relaciones jurídicas «Estado-concesionario» (que se rige por el derecho administrativo) y «concesionario-usuario» (regida por el derecho común). Considera que el peaje tipifica el precio (por cuanto incluye IVA) que abona el consumidor como contraprestación de las obligaciones asumidas por aquél. La mayoría de quienes postulan esta tesis catalogan la relación como «de consumo» (ley 24.440). Es de señalar que mas allá de los distintos fundamentos que apoyan esta tesitura, (quienes entienden que entre las partes se celebra un «contrato de peaje» o que se aplica la responsabilidad contractual por cuanto se halla precedida por una relación jurídica preexistente de la que emanan obligaciones expresas y tácitas), lo cierto es que todos consideran que la empresa, de acuerdo al principio de buena fe contemplado en el art. 1198  del Código Civil, asume una clara obligación de seguridad -de resultado- consistente en que el usuario pueda llegar sano y salvo al lugar de destino (cfr. Carlos A. Ghersi «Responsabilidad concurrente del Estado, de las empresas de peaje y de los dueños de animales sueltos en ruta por accidentes con automotores» JA 1999-II-139; Juan C. Boragina y Jorge A. Meza «Responsabilidad Civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por el usuario» JA 1997-IV-858; Vázquez Ferreyra Roberto «La demanda contra los concesionarios de autopistas» Revista de Derecho de Daños N?1, Accidentes de Tránsito, I, 1998, Ed. Rubinzal-Culzoni; Jorge Bustamante Alsina «Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al vehículo al circular por ella» LL 1992-D-194; CNCiv. Sala F «Greco Marcelo c/Camino del Atlántico» JA 2000-IV-197; idem Sala M «Caja de Seguros SA c/Caminos del Atlántico» sumario 14.252 Base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; idem Sala D «Di Gregorio Roque Vitale c/De Godos Julio s/daños y perjuicios» Sec. de Jurisp. sum. 13.432; CSJN «Colavita c/Pcia. de Bs. As.»  voto del Dr. Vázquez).-

Ahora bien, este Tribunal en autos «Brun Oscar Omar c/AEC SA s/Daños y perjuicios» (voto del Dr. Kiper de mayo de 2008) adhirió al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/Provincia de Buenos Aires y/u otros» (del 07/11/2006, publicado en D.J. 29/11/2006, 950), en donde se sostuvo (voto mayoritario) que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente y que la protección de la relación de consumo tuvo sustento en el artículo 33  de la Norma Fundamental que aun cuando no fuera posible la aplicación de la ley 24.240  (en razón de la fecha de sanción), resulta que el vínculo existente entre el concesionario y el usuario es de carácter contractual. Que por ello cabe sostener que el primero asume la obligación de prestar un servicio. Que esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.

También se señaló en el fallo del Máximo Tribunal que la apuntada previsibilidad de los riesgos que adjetiva a la obligación de seguridad a cargo del concesionario, puede variar de un supuesto a otro, pues no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad conocidos y ponderados, etc. En muchos casos, podrá establecerse un deber de previsión en atención al art. 902  del Código Civil que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de una autopista urbana, que la del concesionario de una ruta interurbana, ni la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica.- Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas.-

Cabe destacar -conforme al voto de la mayoría- que el deber de seguridad se encuentra asociado a la previsibilidad de los riesgos con epicentro en el art. 902 que establece la regla de la causalidad adecuada y que lleva a considerar la contingencia y variabilidad de este deber dependiendo de las características de la traza vial concesionada (cfr. Galdos Jorge Mario «Sobre peaje, animales sueltos y relación de consumo.- El fallo «Bianchi».- La clausura definitiva del debate» La Ley 2007-B-282).-

En base a tales consideraciones, tal como se expusiera en el precedente citado, corresponde determinar si la presencia de un perro suelto proveniente de la banquina y que se entrometiera en el carril de circulación por el que transitaba el actor, era un hecho previsible para la empresa demandada.

Las características del animal en cuestión implican que el hecho bajo estudio no pueda asimilarse a los casos en los que se trata de ganado vacuno y equino. Es que, tratándose de un perro, su agilidad, la mayor movilidad con la que cuenta, su capacidad de desplazamiento y las consiguientes dificultades de atraparlo, ahuyentarlo o detenerlo, exceden cabalmente las medidas de previsibilidad que en su caso se pudieren adoptar. Circunstancia ésta que implica que resulte prácticamente imposible evitar situaciones como la que aquí se ventila.

Por otra parte, tampoco se probó que la presencia del animal fuese prolongada, supuesto que bien pudo haber comprometido el deber de vigilancia de la demandada, sino que dadas las características del animal y el intenso flujo vehicular de la zona, cabe suponer la presencia efímera del perro.

Tampoco fue objeto de prueba la demostración de la habitualidad en la ocurrencia de accidentes como el que se analiza.

Por otra parte, en el caso bajo examen, la autopista en la que se produjo el accidente también se trata de una vía multicarril, con calzadas separadas físicamente.

No obstante, no desconoce el suscripto que en el precedente citado el accidente había ocurrido en la Panamericana, en la cual existen divisiones confeccionadas por bloques de cemento armado. En el caso que nos ocupa, si bien no existe protección que obstruya el acceso desde la banquina (lo que efectivamente ocurre en el km 46, según lo expuso el testigo Horacio Javier Martínez que depuso a fs.186, repregunta tercera), lo cierto es que de haber existido en el supuesto el bloque de cemento aludido, un can de gran porte, como el de autos -según lo denuncia la propia actora- podría aun haberlo traspasado.

Por otra parte, considero que no puede soslayarse la circunstancia que el propio sentenciante de grado dejó asentada. Esto es, que el Órgano de Control de Concesiones informara que «la tarea de alambrar los costados de la autopista no está consignada como una obligación contractual, estableciéndose aquella necesidad de manera sectorizada luego de ser evaluada su implementación como medida adicional de seguridad». Ello me lleva a discrepar con el criterio asumido por el anterior sentenciante al ponderar que medió responsabilidad de la accionada por omisión de las obligaciones a su cargo, puesto que en definitiva, no fue demostrado incumplimiento alguno por parte de la demandada.

Pretender que un hecho como el de autos sea objeto de prevención implicaría la colocación de un alambrado a lo largo de la totalidad de la traza perimetral de la autopista, circunstancia que aun no evitaría el ingreso del animal por el lugar por el que acceden los vehículos. Es que, a la luz de la sana crítica (conf. art. 386  C.P.C.C.) resulta prácticamente imposible cubrir cada centímetro cuadrado de la autovía, máxime en los cruces y zonas de peaje, lugares por donde sin problemas podría inmiscuirse un animal doméstico.

En definitiva, la circunstancia de que un perro se aventure por la vía de circulación vehicular es algo que podría pasar hasta en las calles de la ciudad, con la única diferencia que la velocidad en las autopistas es significativamente superior, y mayor el peligro, como los daños consecuentes.

Así, la existencia del can en la trama concesionada revistió los caracteres de la imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito, con la consecuente ruptura del nexo causal invocado.

IV.- En síntesis, por la totalidad de las razones expuestas, considero que la acción promovida contra Grupo Concesionario del Oeste S.A. debe ser rechazada y en tal sentido propongo revocar el decisorio apelado.

Respecto de la imposición de costas de ambas instancias, considero justo apartarme del principio objetivo de la derrota, en función de que si bien existen ocasionalmente situaciones de riesgo en la ruta concesionada como la que aquí se debatió, lo cierto es que son inevitables, y justifican que el actor hubiera emprendido esta causa judicial al tener una expectativa razonable de resultar vencedor, por lo que propongo que se imponen por su orden y las comunes por mitades (Conf. art. 68  CPCC).

Los Dres. Claudio M. Kiper y Liliana E. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Mayo, adhieren al voto que antecede con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mi de lo que doy fe-. Fdo. Jorge A. Mayo, Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.-

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.-

I.- Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Revocar el decisorio apelado, rechazándose la demanda incoada contra Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima. Respecto de la imposición de costas de ambas instancias, por las consideraciones ya expuestas, se imponen por su orden y las comunes por mitades (Conf. art. 68 CPCC).-

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279  del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de fs. 311 vta., y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.-

Es criterio que ha sostenido reiteradamente esta Sala que en los supuestos de rechazo de demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión (conf. Fallo Plenario «Multiflex S.A. c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre CNCiv. (en pleno)  30-09-1975 La Ley Colección Plenarios pág. 509 ).-

A estos efectos debe atenderse al capital reclamado en la demanda que ha sido desestimada no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los honorarios, pues para que esto ocurra se requiere que hayan sido objeto de reconocimiento en el fallo definitivo (confrontar en este último aspecto art. 19  del Arancel y voto de los Dres. Abreut y Kiper en autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11 de esta Sala, con disidencia del Dr. Mayo, a cuya lectura nos remitimos por razones de brevedad). .-

Además de lo expuesto, se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, resultado obtenido, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, mérito de su labor apreciada por su calidad, eficacia y extensión, la relación de esta labor con el principio de celeridad procesal, considerando además lo dispuesto por los artículos 1 , 6, 7 , 9, 10 , 19 , 37, 38  y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432 .-

En consecuencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Gustavo Raúl Meilij y Horacio Javier Martínez letrados apoderados de la parte actora en la suma de PESOS ($…) en conjunto, por su actuación en las tres etapas del proceso.

Los de los Dres. Francisco María Astolfi, Lorena Liliana Gil,GeraldineVerónica Gori y María Eugenia Camino letrados apoderados de la parte demandada en la suma de PESOS ($…), en conjunto por su actuación en las tres etapas del proceso

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su respectivos dictamenes, mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478  del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito ingeniero mecánico José Adolfo Zumstein por su informe de fs. 225/226 y escrito de fs. 233 en la suma de PESOS (…), los del perito médico Dr. Oscar Marcelo Bases por su informe de fs. 246/249 y escritos de fs. 262 y fs. 264/265 en la suma de PESOS ($…).

IV. Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Horacio Javier Martínez y Gustavo Raúl Meilij a la suma de PESOS ($…) en carácter de letrados apoderados de la parte actora. Los del Dr. Francisco María Astolfi a la suma de PESOS ($…) en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima. (art. 14 del Arancel). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

 JORGE A. MAYO – LILIANA E. ABREUT DE BEGHER – CLAUDIO M. KIPER

 

  1. CUAL ES EL DOMICILIO LEGAL EN CABA DE LA EMPRESA GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA EN LA ACTUALIDAD 2014
    FAVOR A QUIEN SEPA RESPONDER AL MAIL MARCELARRE@YAHOO.COM.AR

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