Si la propiedad se encuentra dentro de una reserva provincial, no puede destinarse a un emprendimiento turístico.

Partes: Lacustre del Sud S.A. c/ Consejo Agrario Provincial – Provincia de Santa Cruz s/ demanda contencioso administrativa

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz

Fecha: 15-may-2012

Cita: MJ-JU-M-72797-AR | MJJ72797 | MJJ72797

Se impide a la actora realizar un emprendimiento turístico en tierras de su propiedad, por encontrarse dentro de una Reserva Provincial destinada a conservar el ecosistema del lugar.

Sumario:

1.-Cabe confirmar los actos administrativos que denegaron a la actora la autorización para construir dos hosterías, un country club y un emprendimiento turístico en tierras de su propiedad ubicadas en la Península de Magallanes, en el Lago Argentino, y tampoco se le permitió registrar en la Dirección de Catastro los planos de mensura y subdivisión de las fracciones de su propiedad sitas en el área indicada; ello, pues la zona donde se encuentran las tierras propiedad de la reclamante constituye, sin dudas, un ecosistema que va mucho más allá de su mera observación paisajística, por lo que se ha establecido un área protegida con el fin de preservar incólume no sólo su indiscutible belleza natural, sino también el ecosistema del lugar.

2.-La creación de la Reserva Provincial Península de Magallanes ha significado la imposición de un cúmulo de restricciones al ejercicio pleno del derecho de propiedad por parte de los titulares de dominio allí existentes, siendo que los objetivos impuestos al instaurar la reserva conllevan limitaciones a los derechos de los titulares dominiales, hasta donde lo requiera el interés general que las mentadas normas pretenden satisfacer; así, resulta evidente que en esta restricción impuesta por la Administración aparece una colisión entre el interés privado del propietario y el interés colectivo, conflicto en el que ha de prevalecer el segundo.

3.-En el caso es claro que las actividades pretendidas por la actora en un lugar ambientalmente sensible generan dudas, aunque sean mínimas, sobre la posible producción de un daño irreversible al ecosistema de la Península de Magallanes, por lo que ante este panorama no puede considerarse arbitrario que el Poder Ejecutivo Provincial haya hecho aplicación del principio precautorio, en cumplimiento de la manda constitucional que le obliga tomar las medidas protectorias ambientales que el caso requiera, en resguardo del bien colectivo ambiental.

4.-El principio precautorio indica que no es necesario que se tenga prueba científica de que ocurrirá un daño ambiental, bastando el riesgo de que el daño pueda ser grave e irreversible para que se dispongan medidas efectivas de protección ambiental, en tanto apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles; por ello, su aplicación se impone especialmente a los poderes públicos que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre particulares y entre Estados.

5.-El compromiso de preservar el ambiente no sólo debe merituarse con una visión contemporánea sino que -por estricta manda constitucional- se extiende al derecho de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano; así, la visualización de este principio de equidad intergeneracional exige del juzgador un especial y mayúsculo esfuerzo que conlleve a que su decisorio actual resulte atemporalmente convincente, y contenga en su esencia el soporte lógico jurídico suficiente que permita no sólo responder los planteos de las partes del proceso, ni aún de los actuales miembros de la comunidad referenciada en el caso a resolver, sino además resistir los embates que eventualmente puedan formular las generaciones venideras.-

6.-La protección del medio ambiente, constitucionalmente receptada tanto a nivel nacional como provincial, constituye un supuesto de interés público prevaleciente que resulta determinante a la hora de ordenar la suspensión o el mantenimiento de la eficacia de los actos administrativos que incidan positiva o negativamente sobre el ambiente, a la vez que impone prudencia en el conocimiento y decisión de la controversia, a fin de no vulnerar dicho interés.

7.-El transcurso del plazo de prohibición previsto en el art. 1 de la ley 2492 -cualquiera sea la interpretación que se considere en cuanto a su duración- no puede conllevar a que la administración renuncie a su deber de discernir la inconveniencia o no de aprobar un proyecto de urbanización, que puede traer aparejado graves e irreversibles consecuencias ambientales; por ello, la circunstancia de que pueda considerarse vencido el término de dicha prohibición no exime a la Administración del deber de dirigir su actuación en virtud de las expresas mandas constitucionales que así se lo exigen.

 

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