El letrado que retuvo injustificadamente el expediente retirado en préstamo debe pagar $6000 de multa.

Partes: G. R. c/ B. I. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Fecha: 4-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72740-AR | MJJ72740 | MJJ72740

Aplicación al letrado de la multa prevista en el art. 74 CPCC, por haber retenido el expediente oportunamente retirado en préstamo.

Sumario:

1.- Corresponde aplicar la multa prevista en el art. 74 CPCC al letrado interviniente por demora en la restitución del expediente. La multa por retención del expediente prevista por el art. 74 CPCC constituye una medida disciplinaria que tiene por objeto castigar la mora de quien retiene injustificadamente el expediente, desobedeciendo una orden judicial expresa que impone su restitución, por lo que no es posible interpretar que el emplazamiento restitutorio deba contener una conminación específica de aplicación de la sanción en cuestión.

2.-Conforme los claros términos del art. 74 CPCC, la única sanción aplicable en caso de contumacia a la orden judicial de restituir el expediente es la imposición de la multa prevista en la norma citada, consecuencia que no resulta modificada por el hecho de que el art. 73 del mencionado cuerpo legal prevea el retiro del expediente por apremio, pues tal medida no es disciplinaria y sólo tiene por objeto recuperar coactivamente el expediente retenido para regularizar el procedimiento; por ello, no resulta aceptable que pudiera invocarse la falta de explicitación de una consecuencia que ha sido expresamente prevista por la norma.

3.-Dada la naturaleza esencialmente punitivita de la figura del art. 74 CPCC, y el sentido de la norma que coloca a la parte directamente perjudicada por la retención del expediente como beneficiaria de la multa, pierde relevancia la envergadura del perjuicio ocasionado al interés privado, como parámetro cuantificador de la sanción pecuniaria.

4.-Toda vez que la causa fue restituida con anterioridad a la aplicación de la multa, cabe acotar entonces el ámbito de la penalidad al castigo de la mora de quien ilegítima, indebida, injustificada o deliberadamente conserva el expediente, desobedeciendo la orden del Tribunal de devolverlo, corresponde tener en cuenta que con la sanción se procura tanto moralizar como agilizar el proceso, por lo que no cabe prescindir de la conducta que observe la parte beneficiaria de la multa.

5.-Es necesario mantener este instituto dentro de los carriles legales, pues la retención ilegítima del expediente no puede transformarse en una fuente de lucro parangonable con una operación financiera, de modo que incumplido el requerimiento por el emplazado, su contendiente tiene el deber de urgir la recuperación del expediente por vía de apremio, puesto que de lo contrario incurre lisa y llanamente en el ejercicio abusivo del derecho legalmente acordado, que reprime el art. 1071, 2do. párr del CCiv.

6.-Resulta ajustado a derecho fijar en quince días hábiles el plazo a computar para la cuantificación de la multa en los términos prescriptos por el art. 74 del CPCC, el cual surge de considerar: cinco días como demora aceptable desde el vencimiento del plazo acordado al letrado para la restitución del expediente, para efectuar el requerimiento de la sanción; otro similar para verificar si su pretensión fue favorablemente acogida y remitir a la jornada siguiente la notificación al Colegio de Abogados de esta ciudad; y por último cinco días hábiles para el retiro de la notificación, la confección del oficio disponiendo la efectivización del apremio, el respectivo libramiento por el Tribunal y su presentación ante quien habría de llevar a cabo el retiro compulsivo.

Fallo:

Río Cuarto, cuatro de abril de dos mil doce.-

Y VISTOS:

Los autos caratulados “G., R. c/ B., I. Y OTRO – Ordinario (Expte. SAC N° 498123)”, traídos a despacho para resolver acerca de la solicitud de aplicación al Dr. M.R.M. de la multa que prevé el art. 74 del Código de Procedimientos, formulada por el Dr. R.F.G., apoderado del actor, en los términos que da cuenta el escrito obrante a fojas 91.-

Y CONSIDERANDO:

Como se desprende de sendos informes de la actuaria obrantes a fojas 87 y 90, el Dr. M. retiró los autos del rubro el diez de junio de dos mil once (10/06/2011). Que emplazado el nombrado letrado para su restitución, el requerimiento no fue obedecido a pesar de encontrarse debidamente notificado, según lo muestra la cédula incorporada a fojas 88, diligenciada el doce de agosto de ese año (12/08/2011). Por tal motivo, a solicitud del Dr. G., el día veinticuatro de ese mes (24/08/2011) se manda a retirar por apremio la presente causa del estudio del profesional requerido, para lo que debía librarse oficio al señor Oficial de Justicia. Con posterioridad (fs.91), el peticionante, expresando en el escrito presentado el pasado veintidós de setiembre (22/09/2011) que ha anoticiado al Colegio de Abogados de esta ciudad, solicita que se libre el mencionado oficio y se aplique la multa en cuestión, pretensión que no mereció proveimiento en esa oportunidad, pues la cédula que allí refiere no fue acompañada, hecho que recién tuvo lugar en la anterior instancia, una vez remitidos los autos, conforme lo manifiesta a fojas 96 y se desprende de dicho medio de comunicación glosado a fojas 95, con fecha de diligenciamiento del seis de setiembre de dos mil once (06/09/2011).- De otro lado, del certificado obrante a fojas 83 surge que estas actuaciones fueron devueltas al Tribunal el trece de octubre de ese año (13/10/2011).-

Puestos en la tarea que nos ocupa, vale recordar, ante lo manifestado por el Dr. M. sobre el punto en oportunidad de ser escuchado por el Tribunal (fs. 102/103), lo resuelto por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia (A.I. N° 200 del 20/07/2009 en “Héctor Messio y cía. S.R.L. c/ De Franceschi Antonio y otro”, Semanario Jurídico N° 1726 del 01/10/2009, pág. 479; Diario Jurídico N° 1682 del 28/07/2009) acerca de que en tanto “la denominada “multa por retención del expediente” prevista por el art. 74, CPC, constituye una medida disciplinaria que tiene por objeto castigar la mora de quien retiene injustificadamente el expediente, desobedeciendo una orden judicial expresa que impone su restitución . no es posible interpretar que el emplazamiento restitutorio deba contener una conminación específica de aplicación de la sanción en cuestión”.- Reiteró que “para que el requerimiento de restitución”, que obviamente debía ser comunicado por medio fehaciente a quien retiene los autos, “cumpla su objetivo no es necesario que el emplazamiento contenga de modo expreso la advertencia de que en caso de inobservancia, se hará efectiva la multa prevista por la norma.- Ello así por las siguientes razones:en primer lugar -conforme los claros términos del precepto en cuestión- la única sanción aplicable en caso de contumacia a la orden judicial de restituir el expediente es la imposición de la multa prevista en la norma citada”, consecuencia que no resulta modificada por el hecho de que el art. 73 del mencionado cuerpo legal prevea el retiro del expediente por apremio, pues tal medida no es disciplinaria y sólo tiene por objeto recuperar coactivamente el expediente retenido para regularizar el procedimiento.- “Por ello, no resulta aceptable que pudiera invocarse la falta de explicitación de una consecuencia que ha sido expresamente prevista por la norma”, recordando que “la ignorancia de la ley no puede servir de excusa (art. 20 . CC) y, en principio, el error de derecho perjudica”. Continúa expresando el Cimero Tribunal provincial que “Por otro lado, no es dable exigir mayores recaudos que los que el propio texto de la norma contempla y lo cierto es que el art. 74 no impone como formalidad inherente al emplazamiento a restituir, la explicitación del apercibimiento contenido en su texto”, poniéndose de resalto en el decisorio que “en las oportunidades en las que el legislador ha creído conveniente que el apercibimiento sea específico, lo ha previsto expresamente, tal como sucede en los supuestos contemplados en los arts. 222 y 286 , CPCC”, para finalmente remarcar que “aparece en la norma una característica de fuerte impronta moralizadora que no puede ser soslayada bajo un ropaje de purismo legalista gramatical”.-

Así también, el letrado conminado a restituir dijo en el momento de contestar el traslado ordenado a fojas 101, que no hubo de su parte una retención injustificada, ni una conducta dilatoria o temeraria, obedeciendo la no oportuna devolución del expediente a un error involuntario de su parte.Sostuvo además, que la retención requiere por parte del solicitante, la expresión y la existencia de gravamen a la otra parte, que en el caso de autos no existe, puesto que no hubo obstaculización del proceso, ni se ha privado a la contraria de la instancia del mismo, ni los escasos días de retención produjeron daño alguno. Sobre el particular también se ha referido el Tribunal Superior de Justicia, haciendo propias las acertadas consideraciones de los Dres. Rodolfo González Zavala y Matilde Zavala de González (“Multa por retención injustificada de expedientes judiciales. Su vinculación con multas procesales y astreintes”, Semanario Jurídico N° 1148 del 03/07/1997, pág. 4), sosteniendo que “la prescripción legal que establece el destino de la multa al patrimonio de la contraparte perjudicada, no desnaturaliza el carácter punitivo de la figura, ni la convierte en indemnización, según tampoco sucede en otras instituciones sancionatorias del Código Civil: cláusula penal (art. 652 )) e intereses que sancionan al deudor que incurre en dilaciones procesales maliciosas (art.622, segundo párrafo ) . por lo que resulta un equívoco asimilar la institución sancionatoria que se analiza a una indemnización propiamiente dicha”, recordando que “en realidad, la norma implica una suerte de renuncia del interés público a la cuota parte que le correspondería, en pos de la eficacia del régimen sancionatorio, en base a una política legislativa que tiene en cuenta la experiencia local, la cual indica que, si el destino de las multas es para las arcas del Fisco o de otras instituciones, como la Caja de Jubilaciones de Abogados y Procuradores, generalmente no se persigue su cobro y en definitiva la falta queda impune . Aclarada entonces la naturaleza esencialmente punitivita de la figura que se analiza, y el sentido de la norma que coloca a la parte directamente perjudicada por la retención del expediente como beneficiaria de la multa, pierde relevancia la envergadura del perjuicio ocasionado al interés privado, como parámetro cuantificador de la sanción pecuniaria” (T.S.J., en pleno, Sent. N° 15 del 07/03/2005 en “Cuerpo de tramitación del recurso de apelación de la multa prevista por el art. 74 del C.P.C.C. en autos: Rodríguez, Ernesto c/ Marcelo Rocconi” , Foro de Córdoba N° 98, pág. 108).-

Ello así, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Dr. R.F.G. y por tanto imponer al Dr. M.R.M. la multa que prevé el art. 74 del ordenamiento ritual.- No obstante y sin mengua de lo expuesto en los considerandos anteriores, cabe traer a cuento en lo que al quantum se refiere, que el derecho a exigir el cumplimiento estricto de una obligación debe ajustarse a un ejercicio regular, adecuado a los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlo y con sujeción a los principios de buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 1071 del Código Civil), por lo que, como lo tiene dicho esta Excma.Cámara, con distinta integración, el ejercicio antifuncional del derecho “no puede ser cohonestado por los jueces, quienes tienen la potestad y el deber de disponer este remedio aún de oficio (Ponencia del Dr. Lisardo Novillo Saravia en las IV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina celebradas en Mar del Plata en setiembre de 1980)” (Sent. N° 5 del 21/02/2005 en “Zonni Horacio c/ Víctor Martinant y Teresa Magnoli – Demanda Ejecutiva”). Vale recordar que la multa que contempla la citada norma del art. 74 del Código de Procedimientos es esencialmente punitiva, sancionatoria, cumpliendo asimismo, en determinados supuestos, función conminatoria o compulsiva, perspectiva esta que no procede abordar en la oportunidad pues la causa fue restituida con anterioridad a la aplicación de aquella. Acotado entonces el ámbito de la penalidad, en el caso al castigo de la mora de quien ilegítima, indebida, injustificada o deliberadamente conserva el expediente, desobedeciendo la orden del Tribunal de devolverlo, corresponde tener en cuenta que con la sanción se procura tanto moralizar como agilizar el proceso, por lo que no cabe prescindir de la conducta que observe la parte beneficiaria de la multa.-

Al respecto hemos sostenido, también con otra integración, que “es necesario mantener este instituto dentro de los carriles legales pues la retención ilegítima del expediente no puede transformarse en una fuente de lucro parangonable con una operación financiera, de modo que incumplido el requerimiento por el emplazado, su contendiente tiene el deber de urgir la recuperación del expediente por vía de apremio, puesto que de lo contrario incurre lisa y llanamente en el ejercicio abusivo del derecho legalmente acordado, que reprime el art. 1071, 2do. párrafo del Código Civil” (A.I. N° 86 del 21/04/2004) en “Soria Luis Alejandro c/ Víctor Hugo D’Amario”). En ese rumbo, entendemos ajustado a derecho fijar en quince días hábiles el plazo a computar para la cuantificación de la multa en los términos prescriptos por el ar t. 74 del CPCC. Dicho lapso surge de considerar:cinco (5) días como demora aceptable desde el vencimiento del plazo acordado al Dr. M. para la restitución del expediente, para efectuar el requerimiento de la sanción. Otro similar para verificar si su pretensión fue favorablemente acogida y remitir a la jornada siguiente la notificación al Colegio de Abogados de esta ciudad y por último cinco (5) días hábiles para el retiro de la notificación, la confección del oficio disponiendo la efectivización del apremio, el respectivo libramiento por el Tribunal y su presentación ante quien habría de llevar a cabo el retiro compulsivo.-

Atento el principio objetivo de imposición que sienta el art. 130 del CPCC (conf. art. 133 ib. ), las costas serán soportadas por el vencido, difiriendo la regulación de honorarios definitivos del Dr. R.F.G. para cuando exista base cierta para efectuarla, sin perjuicio de lo cual se fijan provisoriamente en la suma de pesos . ($.), equivalentes, en números redondos a los cuatro jus que prevé el art. 36 de la ley 9459 (Valor jus: $ .).-

Por todo ello;

SE RESUELVE:

1) Imponer al Dr. M.R. M. y a favor del actor una multa equivalente a tres (3) jus diarios por demora en la restitución del expediente, siendo el plazo para su cuantificación de quince días hábiles por lo que el importe de la sanción asciende en números redondos a seis mil pesos ($ 6.000).- 2) Imponer las costas de la incidencia al vencido.- 3) Regular provisoriamente los honorarios del Dr. R.F.F. o en la suma de pesos . ($.). 4) Comunicar la aplicación de la sanción al Colegio de Abogados y al Tribunal de Disciplina de Abogados y Procuradores. Protocolíces y hágase saber.-

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