A los efectos de disolver la sociedad de hecho, debe existir el trámite liquidatorio aunque no haya bienes sociales.

Partes: Fernández Jorge Federico c/ García Susana Mónica y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 27-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-72422-AR | MJJ72422 | MJJ72422

Manifestada la voluntad de disolver la sociedad de hecho, debe necesariamente existir el trámite liquidatorio ya que, aun frente a la inexistencia de bienes sociales no se puede prescindir del procedimiento, debiendo los socios efectuar una recíproca rendición de cuentas en la medida de la administración efectivamente ejercida por cada uno de ellos.

Sumario:

1.-El derecho reconoce virtualidad a la sociedad de hecho por la necesidad de dar una forma societaria precaria y limitada a esa realidad fáctica, la que no constituye, propiamente, un tipo legal. Es precaria, por cuanto la sociedad puede ser disuelta cuando cualquiera de los socios así lo solicita y limitada, tal como la denomina la propia exposición de motivos de la LSC. , porque dicha personalidad no producirá la plenitud de sus efectos normales.

2.-La sociedad de hecho es una forma societaria (técnicamente resultaría impropio referir a tipo societario, ya que no se compadece con ninguno de los supuestos típicos previstos por la ley) precaria y limitada, adoptada usualmente -conforme enseña la experiencia-, para llevar adelante pequeños emprendimientos familiares.

3.-La personalidad jurídica de las sociedades irregulares ya era admitida antes de la vigencia de la ley de sociedades comerciales (LSC.), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros respecto a terceros con motivo de los negocios celebrados por aquella, sin perjuicio de considerársela también una persona distinta de los socios que la componen, con un patrimonio independiente al de éstos y con legitimación para demandar y ser demandada.

4.-El art. 25 de la ley 19550 dispone que la existencia de la sociedad de hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, solución que es extensible también a la demostración del carácter de socio de una sociedad de este tipo, ámbito en el que también resultan admisibles toda índole de elementos de convicción. Además, cabe destacar que, conforme lo aclara la exposición de motivos de la referida ley, dicha prueba se halla sujeta a las normas generales de derecho común en esta materia, por lo que a tal normativa corresponde remitirse.

5.-Para demostrar la existencia de una sociedad irregular o de hecho, o para acreditar el carácter de socio o integrante de ésta, hay que remitirse a las disposiciones del CCom. (arts. 207 , 208 , 209 , 211 y 214 ), a las del CCiv. (arts. 1190 a 1194 ) y a las de los Códigos procesales locales, pudiendo acreditarse ambos extremos por todos los medios de prueba disponibles, incluso testigos.

6.-La circunstancia de que una persona era socio oculto de la sociedad de hecho, no obsta a tener por acreditado el carácter de integrante de dicho ente ni que existieran únicamente dos partes o centros de interés social.

7.-El art. 22 de laley 19550 señala, en su párrafo tercero, que cualquiera de los socios de una sociedad no constituida regularmente -como es la de hecho- puede exigir su disolución, la que se produce desde la fecha en que dicho socio notifica fehacientemente tal decisión a todos los consocios, siempre que antes no se hubiese optado por la regularización del ente. Se trata de una posibilidad adicional prevista por la ley ejercitable por cualquiera de los socios de la sociedad de hecho, sin necesidad de invocar causal alguna y que apareja, inevitablemente, la liquidación del ente, conforme a las pautas brindadas por el art. 99 y ss. de la LSC., debiendo siempre observarse las reglas particulares establecidas entre los arts. 21 a 26 del mismo cuerpo legal.

8.-En tanto el art. 97 de la ley 19550 dispone que cuando la disolución sea declarada judicialmente, la sentencia tendrá efecto retroactivo al día en que tuvo lugar su causa generadora , por consiguiente, toda vez que la disolución de una sociedad es una contingencia jurídica que tiene por causa la configuración de determinados supuestos a los que se les asigna ese efecto, lo importante a la hora de fijar la fecha de ocurrencia de esa disolución, es determinar cuándo se encontraron configurados los supuestos que la generaron.

9.-Una vez ejercida la facultad de disolver la sociedad, la consecuencia inmediata de ese accionar es la necesidad de transitar la siguiente etapa contemplada en la ley societaria, cual es la de su liquidación.

10.-Si bien no existió una notificación fehaciente de parte de alguno de los socios, en el sentido de disolver la sociedad, debe tenerse por sucedida la disolución cuando las partes resultan contestes en que habían acordado la disolución de la sociedad y que habían iniciado los trámites ante la Dirección General de Rentas para dar de baja a dicho ente por cesación de sus actividades.

11.-Si bien el inicio del trámite para dar de baja la sociedad de hecho por cesación de sus actividades, constituyó un hecho expresivo de la voluntad disolutoria de ambos socios, tal accionar no puede ser entendido como una declaración expresa en el sentido de tener por disuelta la sociedad de marras, ni tampoco se realizó ninguna probanza tendiente a demostrar que hubiese existido esa declaración en alguna otra oportunidad, circunstancia que torna imperativo que esa declaración se produzca judicialmente en el sentido de que sea un juez quien declare que esa disolución se ha operado por voluntad de los socios.

12.-La inexistencia de bienes sociales no autoriza a prescindir del procedimiento liquidatorio establecido en la sección XIII de la ley 19550.

13.-Si de las probanzas colectadas a lo largo del litigio autorizan razonablemente a concluir en la existencia de bienes sociales al momento de la disolución que debían integrar el proceso liquidatorio y el hecho de que los propios demandados indicasen que en el inmueble de la sociedad se encontraban aún una serie de bienes propios del actor resulta un indicio a favor de la versión sostenida por este último en torno a que le impidieron el ingreso a la sociedad reteniendo la totalidad de los bienes sociales. Todo lo cual autoriza a concluir que no fue llevada a cabo la liquidación de la referida sociedad de hecho en cuestión

14.-Todo aquel que administra bienes total o parcialmente ajenos está obligado a rendir cuentas (arts. 68 a 74 , CCom.). A tal fin, basta que existan negociaciones de gestión, de intermediación, administración o mandato, siendo indiferente la naturaleza jurídica de la relación que liga a las partes o su ubicación en alguno de los contratos típicamente preceptuados por la ley.

15.-En materia de sociedades irregulares, la LSC. 24 , establece que en las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad : esa terminología alude a una manifestación externa -ante terceros- de la actividad societaria, es decir, que todos los socios resultan administradores de la sociedad (LSC.24) y por ello deben rendirse cuentas de los negocios efectuados (LSC. 22). Es clara, pues, la ley cuando reconoce la existencia de la facultad de administración en cabeza de cualquier socio, aún a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera contener el contrato social si lo hubiese (LSC. 23 ).

16.-En una sociedad de hecho, los socios, en su calidad de administradores, deben rendirse recíprocas cuentas de los negocios realizados, para lo cual el proceso de liquidación y eventual partición se torna indispensable.

17.-Los socios administradores de las sociedades irregulares o de hecho se encuentran obligados a rendir cuentas de su gestión. Tal afirmación no se basa en la administración ejercida como tal, sino porque cualquiera de los socios, al representar a la sociedad, no actúa en sentido orgánico, sino por cuenta y en interés ajeno. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de dos mil doce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados “FERNANDEZ JORGE FEDERICO C/ GARCIA SUSANA MONICA Y OTRO S/ ORDINARIO” (Expte. n° 087413, Registro de Cámara n° 054677/2006), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 12, Secretaría Nro. 24, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers (2), Doctora Isabel Míguez (1) y Doctora María Elsa Uzal (3). La Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Miguez no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers dijo:

I.- LOS HECHOS DEL PLEITO.

(1.) El accionante Jorge Federico Fernández promovió demanda contra Susana Mónica García y Roberto Olmedo, reclamando: (a.) la disolución de la sociedad de hecho “Audiocity sociedad de hecho de Fernández Jorge Federico y García de Olmedo Susana” con efecto al 04.05.2004; (b.) el cobro de la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000.-) correspondiente al importe atribuible a su participación social por la liquidación de la sociedad y; (c.) la rendición de cuentas de los emolumentos pertenecientes a la sociedad que los demandados cobraran indebidamente.Relató que en el mes de enero de 1998 su parte, conjuntamente con el codemandado Roberto Olmedo, decidieron conformar una sociedad de hecho con el objeto de llevar a cabo la explotación de un negocio consistente en la fabricación de parlantes, bobinas y ensambles móviles para parlantes, divisores de frecuencia, baffles y amplificadores, venta de accesorios y reparaciones de todo tipo de parlantes.

Narró que, con anterioridad a la formación de la sociedad de hecho en cuestión, tanto su parte como el mencionado codemandado, se habían desempeñado laboralmente en la fabricación de parlantes para la sociedad “Leea S.A.” hasta la quiebra de esta última acaecida el día 18.01.1998, momento en el cual formaron la nueva sociedad continuando con la fabricación de los modelos más importantes de “Leea S.A.”, aunque bajo la nueva marca “Audiocity”.

Indicó que, si bien ambos habían convenido prestar su trabajo personal a la futura explotación comercial, por expreso pedido del codemandado Olmedo, debía ser la esposa de este último quien formara parte de la denominación de la sociedad de hecho al tiempo de su inscripción ante las diferentes reparticiones.Expresó que en el mes de octubre de 1998 adquirió, en carácter de representante de “Audiocity”, instrumental, máquinas, instalaciones y mercaderías en el remate judicial de “Leea S.A.” por un importe que ascendió a pesos cuatro mil cuatrocientos veintisiete con 80/100 ($ 4.427,80.-).

Aseveró que durante los últimos meses de la relación comercial se produjeron diversas discrepancias y desavenencias entre los socios, motivadas, principalmente, en una supuesta diferencia entre los aportes y los retiros de dinero efectuados por cada uno de ellos, indicando que el codemandado Olmedo sostenía haber realizado aportes superiores a los de su parte.

Manifestó que, en virtud de ello, el mencionado coaccionado fijó un alquiler a la sociedad por el uso del inmueble en el que se desarrollaban las actividades comerciales de ésta -inmueble que era propiedad de Olmedo-, lo cual no había sido originariamente convenido, imposición que pese a ello terminó aceptando debido a que deseaba continuar con la vinculación.

Expresó que, a fin de equiparar los aportes realizados a la sociedad por ambos socios, tomó préstamos bancarios, utilizó adelantos en efectivo de su tarjeta de crédito y aportó la indemnización que le había sido abonada por su relación laboral con “Leea S.A.”, importes con los cuales efectuó importaciones de materias primas para la sociedad por la suma de dólares estadounidenses doce mil quinientos cincuenta y tres con 90/100 (u$s 12.553,90.-).

Aseveró que, posteriormente, al tornarse insostenible la situación entre ambos socios, acordaron disolver la sociedad de manera tal que cada uno conservara una parte de la actividad, manteniendo la relación comercial, mas no la societaria, trabajando ambos como sucursales de un único negocio a fin de no perder clientes y complementar los trabajos.

Afirmó que la sociedad dejó de funcionar como tal y comenzó su etapa de disolución con fecha 04.05.2004, momento en el cual se inició el trámite respectivo de cese de actividades ante la Dirección General de Rentas, habiéndose convenido que su parte procedería a efectuar la mudanza de los bienessocietarios que le correspondían entre el 21.05.2004 y el 25.05.2004.

Adujo que el día 17.05.2004 los accionados, mediante el cambio de las cerraduras de acceso al inmueble donde funcionaba “Audiocity”, no le permitieron el ingreso a las instalaciones, impidiéndole retirar no solo los bienes que le pertenecían en copropiedad con el coaccionado Olmedo, sino infinidad de bienes personales.

Detalló el intercambio epistolar habido entre las partes, señalando, además, que ante el fracaso de la posibilidad de un arreglo amistoso, efectuó una denuncia penal por apropiación indebida, habiéndose constatado en la diligencia de allanamiento efectuada en el marco de dicha causa, la existencia de diversos bienes propios y sociales en el inmueble donde funcionaba la sociedad, no obstante lo cual varios de los bienes que fueran aportados por su parte ya habían desaparecido.

En síntesis, por todas las circunstancias relatadas, solicitó se declare la disolución de la sociedad de hecho “Audiocity sociedad de hecho de Fernández Jorge Federico y García de Olmedo Susana” con efecto al 04.05.2004, reclamando un importe estimado de pesos sesenta mil ($ 60.000.-) correspondiente a la liquidación que debió efectuarse al momento de la disolución de la sociedad y pretendiendo, además, se condenase a los demandados a practicar rendición de cuentas de los honorarios que éstos habrían cobrado indebidamente.

(2.) Corrido el pertinente traslado de ley, la codemandada Susana Mónica García compareció primero al juicio y contestó la acción mediante la presentación de fs. 412/21, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

Efectuó, en primer lugar, una pormenorizada negativa de los extremos invocados por su contrario y desconoció la autenticidad de la documentación por éste acompañada, no obstante lo cual reconoció la existencia de la sociedad de hecho, aunque sostuvo que el codemandado Olmedo no formaba parte de ésta.Relató que desde el año 1964 funcionaba en el inmueble sito en la calle Pedro Moran 2990 de esta ciudad un taller de fabricación de artículos de caucho que producía piezas para los parlantes que vendía la sociedad “Leea S.A.”, el cual había sido explotado hasta el año 1992 por el Sr. Nicolás Alejo Belizzi -tío del codemandado Olmedo- , momento en el cual el mencionado se retiró de la actividad, continuando con la explotación del taller su parte.

Refirió que en septiembre de 1998 tras haberse producido la quiebra de “Leea S.A.” el actor, que había sido compañero de trabajo de Olmedo, le propuso formar una sociedad que integrarían el acccionante y su parte para fabricar los productos que anteriormente producía la firma “Leea S.A.” en el taller mencionado.

Indicó que las máquinas y herramientas de trabajo que fueran utilizadas en la nueva sociedad, habían sido adquiridas por su parte antes de la formación del ente.

Expresó que en el año 2004 la sociedad se disolvió de común acuerdo, dándose de baja en la AFIP el 4 de mayo de ese año, cuando ya no existía ningún bien de la sociedad para repartir, quedando en el taller únicamente algunos efectos personales del actor, los cuales siempre estuvieron a su disposición.

Aseveró que la adquisición de los bienes y las herramientas realizadas en el remate de “Leea S.A.” había sido efectuada con dinero de sus padres y que la materia prima importada referida por el actor, había sido adquirida con dinero social, habiéndose integrado a la producción y luego vendido.

Agregó que tampoco asistía derecho alguno a demandar por rendición de cuentas cuando la administración de la sociedad de hecho y el manejo de los fondos de ésta era realizado en forma exclusiva por el propio accionante.(3.) Con posterioridad, notificado también el codemandado Roberto Olmedo del traslado de la demanda, este último compareció también al juicio y contestó la acción mediante la presentación de fs. 446/55, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

Realizó, en primer lugar, al igual que García, una pormenorizada negativa de los extremos invocados por su contrario y desconoció la autenticidad de la documentación por éste acompañada, no obstante lo cual reconoció la existencia de la sociedad de hecho, aunque sostuvo que no formaba parte del ente, sino que únicamente le brindaba asesoramiento técnico, motivo por el cual planteó su falta de legitimación pasiva.

Relató la misma versión de los hechos argüida por la codemandada García, manifestando, por un lado, que al momento de la disolución del ente no existía ningún bien para repartir entre los socios y, por el otro, que no correspondía la rendición de cuentas pretendida toda vez que la administración de la sociedad la había detentado en forma exclusiva el accionante.

(4.) Abierta la causa a prueba y producida aquella que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 806 y de fs. 817, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho únicamente la parte actora a fs. 827/8, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 832/44.

II. LA SENTENCIA APELADA.

El fallo de primera instancia -dictado como se dijo, a fs.832/44- declaró, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva del codemandado Roberto Olmedo, no obstante lo cual, acogió parcialmente a la acción deducida por Jorge Federico Fernández contra la restante codemandada -Susana Mónica García- declarando la disolución de la sociedad “Audiocity Sociedad de Hecho de Fernández y García de Olmedo” -al 04.05.2004-, disponiendo la liquidación de ésta y condenando a la referida codemandada a rendir las pertinentes cuentas, imponiéndole -además- las costas del litigio.

Con respecto a la acción entablada contra el codemandado Olmedo, juzgó el a quo que de las probanzas colectadas a lo largo del pleito se desprendía que la sociedad de hecho únicamente había estado conformada por el actor y la codemandada García, motivo por el que se verificaba un supuesto de la falta de legitimación pasiva respecto de Roberto Olmedo que hacía menester el acogimiento de le respectiva defensa opuesta por este último accionado.

Para así decidir, sostuvo que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la AFIP habían informado que los integrantes del ente societario eran únicamente los mencionados, agregando que las declaraciones testimoniales en las que sustentaba sus afirmaciones el actor únicamente referían que habían visto al coaccionado Olmedo trabajando en el taller de la sociedad y que Fernández lo había presentado como socio, mas ninguno había afirmado con certeza que aquél fuera efectivamente socio del actor.Con relación al fondo de la cuestión, afirmó que las partes resultaban contestes en el hecho de que en el año 2004 habían decidido dar por terminada la sociedad de hecho, mas de las constancias acompañadas a la causa se desprendía que no había existido una declaración expresa en tal sentido y que tampoco se había llevado a cabo la liquidación de la sociedad, conforme se encontraba previsto normativamente.

Sobre la base de ello, consideró que correspondía hacer lugar a la demanda contra García y declarar disuelta la sociedad de hecho al 04.05.2004 -fecha en la cual las partes reconocieron que la sociedad había sido dada de baja en la AFIP-, disponiéndose la liquidación de ésta, debiendo a tal fin la demandada rendir las cuentas pertinentes respecto de la actividad comercial de la sociedad.

III.- LOS AGRAVIOS.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto el accionante como la codemandada Susana Mónica García, haciéndolo, en primer lugar, esta última mediante la apelación interpuesta a fs. 845, recurso que fue fundado con la expresión de agravios obrante a fs. 863/5, cuyo traslado fue contestado por el actor mediante el escrito glosado a fs. 872/3.

De su lado, el demandante también interpuso apelación a fs. 850, recurso que fue fundado con la expresión de agravios glosada a fs. 860/1, presentación que fuera contestada por ambos demandados en forma conjunta mediante el libelo obrante a fs.867/9.

(i.) El recurso del accionante.

Comenzando por el recurso de esta última parte, criticó el apelante exclusivamente la declaración de la existencia de un supuesto de falta de legitimación pasiva en cabeza del codemandado Olmedo, argumentando que, en realidad, las probanzas colectadas a lo largo del litigio, lejos de autorizar dicha solución, acreditaban fehacientemente que este último había formado parte de la sociedad de hecho en cuestión.

Destacó, en ese sentido, que todas las declaraciones testimoniales obrantes en autos resultaban coincidentes en cuanto a que en la sede donde funcionaba el taller de la sociedad los únicos que trabajaban permanentemente allí eran el actor y Olmedo, como así también en cuanto a que ambos se presentaban frente a terceros como “socios”.

Agregó que las restantes probanzas habidas en el expediente corroboraban el carácter de “socio” de Olmedo, así se desprendía de la planilla suscripta de puño y letra de este último, en la cual había dejado constancia cuál era el importe que había sido aportado por dicha parte a la sociedad y también de la “carta de presentación” que era entregada a potenciales clientes, la cual también había sido suscripta por el mencionado Olmedo.

Solicitó por ello que fuera revocada la sentencia en este aspecto, rechazándose la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por este coaccionado, haciéndosele extensiva también a él la sentencia pronunciada contra su litisconsorte, con expresa imposición de costas.

(ii.) Los reproches de la codemandada Susana Mónica García.

Cuestionó esta codemandada, en definitiva, la procedencia misma de la acción, es decir, que el sentenciante hubiese acogido la demanda y la condenase a rendir cuentas y a efectuar la liquidación de la sociedad. Y en ese sentido:a.) Criticó que el a quo hubiese sostenido que no había mediado una declaración expresa de dar por terminada la sociedad de hecho, cuando ambos socios habían realizado el 04.05.2004 los trámites ante la AFIP para dar de baja a ésta, indicando que la voluntad disolutoria se había manifestado en meses anteriores cuando el actor se había retirado del espacio físico de la sociedad llevándose consigo lo que le pertenecía.

b.) Controvirtió, en segundo lugar, que el magistrado hubiese entendido que no se había llevado a cabo la liquidación de la sociedad, señalando, en ese sentido, que la sociedad no había contraído deudas y se habían finalizado los negocios pendientes, no habiendo remanente para repartir entre los socios según sus porcentajes de participación en el capital social.

c.) Se agravió, para finalizar, de que el a quo la hubiese condenado a rendir cuentas respecto de la actividad comercial de la sociedad cuando era el actor quien se encargaba de la administración del ente. Adujo, en esa dirección, que las probanzas habidas en la causa acreditaban fehacientemente que era Fernández quien llevaba en forma exclusiva la administración de la sociedad de hecho, careciendo su parte de participación en dicha tarea.

IV. LA SOLUCION PROPUESTA.

(1.) El thema decidendi.

Ahora bien, descriptos del modo precedentemente expuesto los agravios vertidos por los recurrentes en esta instancia, el thema decidendi ha quedado centrado, en primer lugar, en determinar, si resultó acertada la decisión del Sr. Juez de grado de considerar que el codemandado Olmedo carecía de legitimación pasiva para ser demandado en el proceso, debiendo para ello dilucidarse quiénes integraban, en definitiva, el ente societario de marras y, particularmente, si entre ellos se encontraba el mencionado Olmedo.En segundo lugar, y una vez esclarecido el aspecto precedentemente mencionado, la cuestión a decidir pasaría a la necesidad de determinar el acierto o no de la procedencia misma de la acción, debiendo analizarse para ello si la sociedad de hecho se encontraba ya disuelta y liquidada al momento de promoverse la demanda, como lo adujo la coaccionada García, o si, por el contrario, ello no era así y entonces resultó correcto declarar judicialmente esa disolución y disponer la liquidación de la sociedad de marras. Por último, cabrá analizar también los cuestionamientos de esa misma parte relativos a la procedencia de la acción de rendición de cuentas incoada por el actor y/o en su defecto la extensión subjetiva de esa obligación en el sentido de si no debería alcanzar también al propio demandante.

Veamos.

(2.) La composición de la sociedad de hecho “Audiocity”, el rol social del codemandado Olmedo y la procedencia de la excepción de “falta de legitimación pasiva” opuesta por éste.

(a.) Antecedentes fácticos conducentes.

Liminarmente, cabe comenzar por señalar que no se encuentra discutido en autos por la totalidad de las partes intervinientes que en el mes de enero de 1998 y como consecuencia de la falencia de la sociedad “Leea S.A.”, se constituyó a instancia de ellas la sociedad “Audiocity sociedad de hecho de Fernández Jorge Federico y García de Olmedo Susana”, la cual se dedicaba a la fabricación y reparación de todo tipo de parlantes así como piezas y accesorios para parlantes.

Asimismo, resultan contestes las partes en que la actividad de la sociedad fue desarrollada en un inmueble ubicado en la calle Pedro Moran 2990 de esta Ciudad, el cual era propiedad del coaccionado Roberto Olmedo.

Por otro lado, tampoco existe controversia en torno a que con el paso del tiempo los socios habrían terminado acordando disolver esa sociedad debido a las diferencias nacidas entre ellos, habiendo iniciado los trámites de baja del ente ante los organismos fiscales por cese de actividades el día 04.05.2004.En realidad, en lo único que discrepan las partes es en punto a la composición de la sociedad y el rol que en ella le cupo al codemandado Olmedo ya que mientras para el accionante la sociedad la integraba, por un lado, su parte y por el otro los accionados Olmedo y García, en cambio para éstos últimos, los únicos socios del ente eran Fernández y Garcia.

Sobre ese punto el juez de grado entendió que el accionante no había logrado acreditar fehacientemente que el referido Olmedo formara parte del ente societario y que, por el contrario, las probanzas colectadas a lo largo del litigio permitían concluir que la sociedad en cuestión estaba conformada únicamente por Jorge Federico Fernández -el actor- y la codemandada Susana Mónica García, razón por la cual consideró pertinente declarar la falta de legitimación pasiva del coaccionado Roberto Olmedo, conclusión que es resistida por el primero quien insiste en esta instancia en que el verdadero socio de la porción que formalmente ostentaba García era el mencionado Olmedo.

(b.) Los presupuestos necesarios para la acreditación de la existencia misma de la sociedad de hecho, así como la de su elenco societario.

Efectuada la reseña precedente y a los fines de determinar quiénes integraban la sociedad de hecho “Audiocity” se aprecia conducente efectuar ciertas precisiones en torno a esta forma societaria, sus características principales y cuáles son los medios probatorios conducentes para acreditar su existencia y composición.

En esa dirección, cabe señalar, en primer término, que el derecho reconoce virtualidad a la sociedad de hecho por la necesidad de dar una forma societaria precaria y limitada a esa realidad fáctica, la que no constituye, propiamente, un “tipo” legal (conf. CNCom., esta Sala A, 22.07.2008, in re:”Vázquez Viuda de Pontoni, Sara y Otro c/ Boyé, Diana Elsa s/ Ordinario” ). Es precaria, por cuanto la sociedad puede ser disuelta cuando cualquiera de los socios así lo solicita y limitada, tal como la denomina la propia exposición de motivos de la LSC, porque dicha personalidad no producirá la plenitud de sus efectos normales (conf. CNCom., esta Sala A, 28.09.2010, in re: “Núñez Miguel Ángel c/ Lorenzo Juan Manuel y otro s/ Ordinario”; idem, Sala B, 19.04.1989, in re: “Escrich Maneror c/ Banco Social de Córdoba”).

Asimismo, también ha sido sostenido que es una “forma” societaria (técnicamente resultaría impropio referir a “tipo” societario, ya que no se compadece con ninguno de los supuestos típicos previstos por la ley) precaria y limitada, adoptada usualmente -conforme enseña la experiencia-, para llevar adelante pequeños emprendimientos familiares (conf. CNCom., esta Sala A, 22.07.2008, in re: “Vázquez…”, citado supra).

Cabe recordar que la personalidad jurídica de las sociedades irregulares ya era admitida antes de la vigencia de la ley de sociedades comerciales (LSC ), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros respecto a terceros con motivo de los negocios celebrados por aquella, sin perjuicio de considerársela también una persona distinta de los socios que la componen, con un patrimonio independiente al de éstos y con legitimación para demandar y ser demandada (véase una reseña en Verón, Alberto, “Sociedades Comerciales”, T° I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, pág. 162; conf. CNCom., esta Sala A, 28.09.2010, , in re: “Núñez…”, citado supra).

Pues bien, en ese marco, resulta oportuno señalar que la LSC: 25 dispone que la existencia de la sociedad de hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, solución que es extensible también a la demostración del carácter de socio de una sociedad de este tipo, ámbito en el que también resultan admisibles toda índole de elementos de convicción.Además, cabe destacar que, conforme lo aclara la exposición de motivos de la referida ley, dicha prueba se halla sujeta a las normas generales de derecho común en esta materia, por lo que a tal normativa corresponde remitirse.

En consecuencia, para demostrar la existencia de una sociedad irregular o de hecho, o para acreditar el carácter de socio o integrante de ésta, hay que remitirse a las disposiciones del Código de Comercio (arts. 207, 208, 209 , 211 y 214 ), a las del Código Civil (arts. 1190 a 1194 ) y a las de los Códigos procesales locales, pudiendo acreditarse ambos extremos por todos los medios de prueba disponibles, incluso testigos.

(c.)El rol del codemandado Olmedo en “Audiocity” y su condición de socio de esa sociedad.

Efectuadas las precisiones que anteceden, cabe recordar que en la especie, las partes sostienen posiciones encontradas en torno a la composición societaria del ente, en tanto el actor manifiesta que la sociedad estaba conformada por tres (3) personas, aunque, en definitiva, de su relato se desprende que en realidad serían dos (2) las partes o centros de interés social bien diferenciados (léase “socios”), uno constituido por su parte y, el otro, por el matrimonio conformado por Olmedo y García, entendiéndose que dentro de esta última parte, el primero aportaba su trabajo personal al ente y la última representaba a la sociedad a los fines fiscales. De su lado, los codemandados aseveran que los únicos integrantes de la sociedad de hecho eran Fernández y García, siendo que Olmedo solo prestaba asesoramiento técnico sin revestir la calidad de socio.Ahora bien, no se encuentra controvertido por ninguno de los intervinientes en autos que tanto el actor como la codemandada García formaban parte de la sociedad “Audiocity” y, además, dicha circunstancia se encuentra acreditada con las constancias emanadas de la AFIP y de la Dirección General de Rentas, organismos en los cuales ambos figuraban inscriptos como socios de la citada sociedad (véase fs. 526 y fs. 695/6), razón por la cual solo cabe determinar cuál era la participación del codemandado Olmedo dentro de este esquema societario.

En esa dirección, es de menester adelantar que las probanzas colectadas a lo largo del litigio autorizan a sostener que, contrariamente a lo concluido por el magistrado de la anterior instancia, Olmedo sí formó parte de la sociedad de hecho en cuestión.

En efecto, en primer lugar, las declaraciones testimoniales obrantes en la causa resultan coincidentes en el sentido de que Olmedo siempre se había presentado ante terceros como “socio” del ente. En esa línea, véase que el testigo Luís Norberto Lucchini -cliente de “Audiocity”- manifestó que era atendido en forma indistinta por Fernández y Olmedo y que este último se había presentado ante él como socio (véase fs. 595, respuestas 2ª, 5ª y 6ª). De su lado, Horacio Telesoff -cliente de “Audiocity”- aseveró que Fernández y Olmedo “tenían una empresa de fabricación y armado de parlantes, divisores de frecuencia, juntos en la calle Moran”, agregando que suponía que ambos eran socios ya que había sido atendido en forma indistinta por ambos (véase fs. 597, respuesta 5ª, 10ª y 17ª).

Asimismo, el testigo Roberto Alfredo Rebello -también cliente de “Audiocity”- expresó que Fernández le había presentado a Olmedo como socio, agregando que los había visto a ambos trabajando en la fabrica de la sociedad (véase fs. 630 vta. respuesta 5ª). De la misma forma, Daniel Alcides Méndez -proveedor de “Audiocity”- también indicó que Olmedo había sido presentado por Fernández como socio suyo (véase fs.588, generales de la ley y respuesta 5ª).

Más allá de las declaraciones testimoniales precedentemente referidas, el carácter de socio de Olmedo resulta también corroborado por la documentación adjuntada al sub lite por el accionante, documentos que fueran suscriptos por el propio Olmedo y cuya autenticidad fuera establecida por el experto calígrafo a fs. 798/801. En efecto, en la carta de presentación de “Audiocity” que era enviada a potenciales clientes -suscripta por el propio codemandado- tanto Fernández como Olmedo aparecen como integrantes de la sociedad (véase fs. 71). Asimismo, en el comprobante de aportes y retiros de fs. 76, también confeccionado por el propio Olmedo, este último dejó constancia respecto de cuáles habían sido -a su juicio- los aportes y retiros en efectivo realizados por los socios a julio del año 2000, indicándose que Roberto -nombre de pila del mencionado codemandado- había efectuado un aporte de la suma de pesos diecinueve mil ciento noventa y nueve con 04/100 ($ 19.199,04.-) y que los aportes de Jorge -nombre de pila del demandante- habían ascendido únicamente a la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.) (véase fs. 76).

En ese marco, no puede sino entenderse que Olmedo era efectivamente socio del ente -un virtual socio “oculto” de este último-, sin que ello obstara a que existieran únicamente dos (2) partes o centros de interés social, uno constituido por el matrimonio conformado por Olmedo y García y el otro por el actor.

En efecto, las constancias obrantes en la causa evidencian que ambos codemandados actuaban como una sola parte de interés, asumiendo la codemandada García el rol formal de “socia” -junto con el actor- en las relaciones del ente frente a terceros, especialmente a los fines fiscales (véase fs. 526 y 695/6), mientras que el codemandado Olmedo, por la misma porción social, era quien aportaba su trabajo personal a la sociedad y se presentaba como socio ante clientes y proveedores (véase declaraciones de fs.588, 595, 597 y 630).

En consecuencia, corresponde concluir que el codemandado Roberto Olmedo -conjuntamente con su esposa Susana Mónica García- era uno de los dos (2) socios -partes de interés social- que conformaban la sociedad de hecho “Audiocity”.

(d.) Incidencia del análisis precedente sobre la suerte de la excepción de “falta de legitimación pasiva” opuesta por el codemandado Olmedo.

Habiéndose determinado cuál resultó la participación de Olmedo en la sociedad de hecho de marras -concluyéndose en que detentaba la calidad de socio de esta última-, corresponde expedirse acerca de la incidencia que esa conclusión acarrea en el plano de la procedencia o no de la defensa de “falta de legitimación pasiva” opuesta por aquél.

En ese marco, se advierte que la excepción articulada por el citado coaccionado fue fundada, exclusivamente, en la supuesta ajenidad de Olmedo en relación al elenco societario de integrantes del ente -pues, según sostuvo, su papel en la entidad se habría limitado únicamente a brindar asesoramiento técnico-. Sin embargo, puesto que dicha versión ha quedado desvirtuada por toda la prueba producida a lo largo de estas actuaciones, de la que resulta con total diafanidad que aquél cumplió el rol de un verdadero socio del accionante conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, la solución no puede ser otra que la de decidir el rechazo de dicha defensa, con la consiguiente extensión a dicho demandado de la condena pronunciada contra la codemandada García.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, entonces, corresponde receptar el recurso deducido por la parte actora en este aspecto, debiendo revocarse la sentencia apelada en lo que a la cuestión tratada se refiere, en el sentido de disponerse la desestimación de la excepción de “falta de legitimación pasiva” planteada por el codemandado Olmedo y la consecuente extensión de la condena respecto de este último.(3.) La di solución y liquidación de la sociedad de hecho “Audiocity”.

Encontrándose esclarecida la participación del coaccionado Olmedo en la sociedad en cuestión, así como la existencia de dos (2) partes de interés social, cabe ingresar en el tratamiento de los reproches de la codemandada García, relativos a la procedencia misma de la acción.

En ese marco, cuadra recordar que el magistrado de grado decidió hacer lugar a la pretensión del actor declarando disuelta la sociedad de hecho al 04.05.2004, disponiendo la liquidación de ésta y condenando a la codemandada García a efectuar la pertinente rendición de cuentas de la sociedad (condena hoy extendida también al codemandado Olmedo).

Ahora bien, se agravió la referida codemandada García -en primer lugar- con respecto a que el juez de grado hubiese considerado que no había existido una declaración expresa relativa a dar por terminada la sociedad de hecho, sosteniendo que ambos socios habían realizado los trámites para dar de baja la sociedad ante la AFIP, lo cual constituía un hecho expresivo de la voluntad disolutoria. Asimismo, cuestionó que se hubiese juzgado que no se había llevado a cabo la liquidación de la sociedad, cuando al momento de la disolución no había remanente para repartir entre los socios.

Así las cosas, antes de ingresar en el tratamiento concreto de tales agravios cabe efectuar ciertas precisiones en torno a la disolución y liquidación de las sociedades de hecho.

En ese marco, cuadra destacar que la LSC:22 señala, en su párrafo tercero, que cualquiera de los socios de una sociedad no constituida regularmente -como es la de hecho- puede exigir su disolución, la que se produce desde la fecha en que dicho socio notifica fehacientemente tal decisión a todos los consocios, siempre que antes no se hubiese optado por la regularización del ente.

Se trata de una posibilidad adicional prevista por la ley ejercitable por cualquiera de los socios de la sociedad de hecho, sin necesidad de invocar causal alguna y que apareja, inevitablemente, la liquidación del ente, conforme a las pautas brindadas por el art. 99 y ss. de la LSC, debiendo siempre observarse las reglas particulares establecidas entre los arts. 21 a 26 del mismo cuerpo legal (conf. Zaldivar, Enrique y otros, “Cuadernos de Derecho Societario”, Ed. Abeledo Perrot, T III, volumen IV, Buenos Aires, 1976, pág 294).

Por otro lado, cuadra recordar que la LSC: 97 dispone que “cuando la disolución sea declarada judicialmente, la sentencia tendrá efecto retroactivo al día en que tuvo lugar su causa generadora”.

Por consiguiente, toda vez que la disolución de una sociedad es una contingencia jurídica que tiene por causa la configuración de determinados supuestos a los que se les asigna ese efecto (conf. Verón, Alberto Víctor, “Sociedades comerciales”, T. 2, Ed. Astrea, Buenos Aires 1983, pág. 190), lo importante a la hora de fijar la fecha de ocurrencia de esa disolución, es determinar cuándo se encontraron configurados los supuestos que la generaron.

Asimismo, cabe destacar que una vez ejercida la facultad de disolver la sociedad, la consecuencia inmediata de ese accionar es la necesidad de transitar la siguiente etapa contemplada en la ley societaria, cual es la de su liquidación.En la especie, si bien no existió una notificación fehaciente de parte de alguno de los socios, en el sentido de disolver la sociedad, lo cierto es que las partes resultan contestes en que habían acordado la disolución de la sociedad y que en fecha 04.05.2004 iniciaron los trámites ante la Dirección General de Rentas para dar de baja a dicho ente por cesación de sus actividades.

Así las cosas, conforme las probanzas colectadas a lo largo del litigio se aprecia que la disolución del ente societario operó, efectivamente, en la fecha indicada por el a quo, esto es, el 04.05.2004, resultando indiferente a los fines perseguidos la existencia, o no, de una declaración expresa en tal sentido.

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento cabe señalar que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, no medió en la especie ninguna declaración de los socios para tener por disuelta a la sociedad.En efecto, el inicio del trámite para dar de baja la sociedad de hecho por cesación de sus actividades, constituyó un hecho expresivo de la voluntad disolutoria de ambos socios, tal como adujo la recurrente, no obstante lo cual, lo cierto es que tal accionar no puede ser entendido como una declaración expresa en el sentido de tener por disuelta la sociedad de marras, ni tampoco se realizó ninguna probanza tendiente a demostrar que hubiese existido esa declaración en alguna otra oportunidad, circunstancia que torna imperativo que esa declaración se produzca judicialmente en el sentido de que sea un juez quien declare que esa disolución se ha operado por voluntad de los socios.

Sobre la base de lo hasta aquí expresado, no cabe sino desestimar el reproche de la recurrente en lo que al aspecto tratado se refiere.

No obstante lo precedentemente expuesto, lo cierto es que más allá de la existencia o no de declaración expresa en el sentido de dar por disuelta la sociedad, otros de los aspectos centrales de la cuestión a decidir radica en determinar si se transitó, o no, por la siguiente etapa contemplada en la ley de sociedades, cual es la liquidación del ente.

En ese sentido, cabe recordar que el actor sostuvo que la liquidación no fue llevada a cabo toda vez que los demandados le impidieron el ingreso al inmueble en que se desarrollaba la actividad de la sociedad reteniendo la totalidad de los bienes sociales, así como diversos bienes propios del accionante.De su lado, los demandados manifestaron que al momento de la disolución ya no existía ningún bien social para repartir quedando en la sede de la sociedad sólo algunos bienes personales del actor, los cuales se encontraban a su disposición.

Ahora bien, es de menester destacar, en primer lugar, que de las propias manifestaciones de los demandados se desprende claramente que no existió un trámite liquidatorio conforme lo normado por la ley societaria, toda vez que la inexistencia de bienes sociales no autoriza a prescindir del procedimiento establecido en la sección XIII de la LSC, lo cual resulta suficiente para desestimar el presente reproche.

Más allá de lo expresado, a mayor abundamiento se aprecia conducente referir que las probanzas colectadas a lo largo del litigio autorizan razonablemente a concluir en la existencia de bienes sociales al momento de la disolución que debían integrar el proceso liquidatorio.

En esa línea, cabe señalar que el hecho de que los propios demandados indicasen que en el inmueble de la sociedad se encontraban aún una serie de bienes propios del actor (véase fs. 418/9 y fs. 451/2) resulta un indicio a favor de la versión sostenida por este último en torno a que le impidieron el ingreso a la sociedad reteniendo la totalidad de los bienes sociales.

Asimismo, las afirmaciones de los accionados relativas a que al momento de la disolución del ente no había quedado ningún bien material o dinero en efectivo para repartir y que todas las herramientas que se encontraban en el taller eran de su propiedad con anterioridad a la creación de la sociedad de hecho (véase fs. 418/9 y fs. 451/2) no fueron acreditadas en forma alguna.

En este punto, bueno es recordar que reiteradamente ha sostenido esta Sala que el art.377 del CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque en el proceso. Así pues, la obligación de afirmar y de probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas hacer valer los hechos que quieren que sean considerados por el Juez y que tienen interés que sean tenidos por él como verdaderos (conf. CNCom. esta Sala A, 14.06.2007, in re: “Delpech, Fernando Francisco c/ Vitama S.A. s/ ordinario”, íd. id, 29.12.2000, in re: “Conforti, Carlos Ignacio y otros c/ B. G. B. Viajes y Turismo S.A. s/ ordinario”; entre muchos otros; Chiovenda, Giuseppe, “Principios de Derecho Procesal Civil”, T. II, pág. 253).

La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (conf. CNCiv., Sala A, 01.10.1981, in re: “Alberto de Río, Gloria c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario”, íd., Sala D, 11.12.1981, in re: “Galizzi, Armando B. c/ Omicron S.A.”; id. íd., in re: “Greco José c/ Coloiera, Salvador y otro”; en igual sentido, CNCom., esta Sala A, 12.11.1999, in re: “Citibank NA c/ Otarola, Jorge s/ ordinario”; íd. íd., 06.10.1989, in re: “Filan SAIC c/ Musante Esteban s/ ordinario”; íd. Sala B, 16.09.1992, in re: “Larocca, Salvador c/ Pesquera Salvador”; íd. íd., 15.12.1989, in re: “Barbara Alfredo y otra c/ Mariland SA y otros”; íd. Sala E, 29.09.1995, in re: “Banco Roca Coop. Ltdo. C/ Coop.de Tabacaleros Tucumán Limitada s/ ordinario”, entre muchos otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar corre el riesgo de perder el pleito, asumiendo así las consecuencias de que la prueba se produzca o no, que en principio debe ser cumplida por quien quiera innovar la situación de su adversario (conf. CNCom., esta Sala A, 30.08.2007, in re: “Dato Robinson, Oscar Eduardo c/ Casino Buenos Aires S.A. y otros s/ ordinario”, entre muchos otros).

Y, en ese sentido, era en este caso en los demandados en quien recaía la carga de probar que no existía ningún bien social para liquidar, ni dinero en efectivo para repartir, así como tampoco trabajos pendientes de cobro al momento de operada la disolución. Asimismo, también era carga de estos últimos acreditar que los bienes existentes en el inmueble en que desarrollaba la actividad la sociedad eran de su propiedad, lo cual, no fue logrado.

En efecto, ninguna probanza idónea realizaron los demandados en tal dirección y, por el contrario, las pruebas colectadas a lo largo del litigio contradicen tales afirmaciones. Véase, en ese sentido, que en la diligencia de allanamiento efectuada en el marco de la causa penal -que en este acto se tiene a la vista- se constató la existencia de diversos bienes que habían sido denunciados por el actor, tanto como propios como de la sociedad y que aún se encontraban en el inmueble de los demandados (véase fs.62/8, autos “Olmedo Roberto, García de Olmedo Susana Mónica s/ usurpación”).

Por otro lado, resultó reconocido por los propios accionados al contestar demanda que se habían adquirido variados bienes a nombre de la sociedad de hecho, respecto de los cuales los demandados no informaron su destino, más allá de sostener en forma genérica que todo lo adquirido se había integrado a la producción y luego vendido.

Asimismo, de la declaración del testigo Luis Norberto Lucchini se desprende que al momento de operada la disolución del ente aún quedaban operaciones pendientes de la sociedad, toda vez que dicho testigo relató que la última vez que había concurrido a la sede de la sociedad fue en oportunidad de retirar un parlante que había encargado a “Audiocity”, siendo atendido por Olmedo quien le informó que Fernández ya no se encontraba más en ese lugar, no obstante lo cual el parlante le fue entregado (véase fs. 595/6, respuestas 4ª y 23ª).

Todo lo hasta aquí expuesto, autoriza a concluir que no fue llevada a cabo la liquidación de la sociedad de hecho en cuestión, debiendo, en consecuencia, desestimarse los agravios de la recurrente también en lo que al aspecto de la cuestión se refiere.

(4.) La rendición de cuentas.Encontrándose establecida la procedencia de la pretensión de disolución y liquidación de la sociedad de que se trata, cabe ingresar en el examen del último de los reproches de la quejosa relativo a la condena en su contra de rendir cuentas de la gestión de la sociedad “Audiocity”, el cual se encuentra sustentado básicamente en que -según la recurrente- las probanzas habidas en la causa acreditaban fehacientemente que era Fernández quien llevaba en forma exclusiva la administración de la sociedad de hecho, por lo que, o bien no había que condenarla a ella o bien debía incluirse en esa condena al accionante.

Ahora bien, se muestra conveniente recordar que todo aquel que administra bienes total o parcialmente ajenos está obligado a rendir cuentas (arts. 68 a 74 , Cód. de Comercio). A tal fin, basta que existan negociaciones de gestión, de intermediación, administración o mandato, siendo indiferente la naturaleza jurídica de la relación que liga a las partes o su ubicación en alguno de los contratos típicamente preceptuados por la ley (conf. CNCom. esta Sala A, 19.10.2006, in re: “Vilariño, Jorge c/ Rodríguez, Angel Hugo” ; id. Sala E, 25.10.2002, in re: “Bogart Producciones S.R.L. c/ Jusid, Juan J.”, JA, 2003-III-801, con nota de Federico Highton; CNCiv., Sala C, 14.04.1992, in re: “Denegri, Antonio c/ Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos de Buenos Aires”, JA, 1992-III, síntesis; Rubín, Miguel, “Rendición de cuentas. El resurgimiento de un instituto clásico”, LA LEY, 2006-B, 1228).

En materia de sociedades irregulares, la LSC: 24, establece que “en las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad”,: esa terminología alude a una manifestación externa -ante terceros- de la actividad societaria, es decir, que todos los socios resultan administradores de la sociedad (LSC: 24) y por ello deben rendirse cuentas de los negocios efectuados (LSC:22). Es clara, pues, la ley cuando reconoce la existencia de la facultad de administración en cabeza de cualquier socio, aún a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera contener el contrato social si lo hubiese (LSC: 23).

En esa línea, ha sido sostenido que en una sociedad de hecho, los socios, en su calidad de administradores, deben rendirse recíprocas cuentas de los negocios realizados, para lo cual el proceso de liquidación y eventual partición se torna indispensable (conf. CNCom. Sala B, 29.12.1981, in re: “Fugardo Juan c/ Sterla Ricardo”). Asimismo, ha sido dicho que los socios administradores de las sociedades irregulares o de hecho se encuentran obligados a rendir cuentas de su gestión. Tal afirmación no se basa en la administración ejercida como tal, sino porque cualquiera de los socios, al representar a la sociedad, no actúa en sentido orgánico, sino por cuenta y en interés ajeno (conf. CNCom. esta Sala A, 19.12.1986, in re: “Resnizki Héctor c/ Elda Resnizki de Resnizki”; id. Sala D, 30.10.2006, in re: “Siciliano Leandro A. c/ Luchelli Marisa S.”).

Por otra parte, cabe destacar que, de todos modos, las probanzas rendidas en autos permiten concluir que, en la realidad, ambas partes de interés social detentaban conjuntamente la administración de la sociedad de hecho. En efecto, el testigo Luis Norberto Lucchini declaró que los pagos de las mercaderías por él adquiridas eran efectuados “en algunas oportunidades al Sr. Fernández y en otras al Sr. Olmedo” (véase fs. 595, respuesta 2ª) y, en el mismo sentido, el testigo Horacio Telesoff manifestó que, en forma indistinta tanto Fernández como Olmedo le emitían las facturas o le entregaban las mercaderías adquiridas (véase fs. 597 vta. respuesta 17ª). En esa misma dirección, nótese que al momento de iniciar el trámite de cese de actividades se presentaron los socios Jorge Fernández y García de Olmedo Susana (véase fs.78), circunstancia que corrobora el hecho de que ambas partes societarias administraban la sociedad.

Síguese de ello que, en tanto se halla acreditado que todos los socios administraban la sociedad de hecho, no puede sino entenderse que ambas partes sociales habían realizado negocios ajenos y por cuenta de otro, razón por la cual, correspondía que todas ellas se rindieran cuentas en forma recíproca, sobre todo teniendo en cuenta que, al contestar los agravios, el accionante no solo no se opuso a rendir cuentas de los negocios comunes sino que incluso consideró haber demostrado a lo largo del proceso cuáles mercaderías habían sido compradas, que maquinarias habían quedado en la sede social y cuáles eran los bienes que todavía permanecían en ese local (véase fs. 872).

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, cabe receptar parcialmente el agravio de la demandada, correspondiendo -dentro del proceso liquidatorio de la sociedad de hecho en cuestión- que ambas partes de interés social -el actor, por un lado, y los demandados, por otro- efectúen una rendición de cuentas recíproca, en la medida de la administración efectivamente ejercida por cada uno de ellos, para lo cual las partes deberán aportar la totalidad de los documentos y comprobantes obrantes en su poder.

(5.) Síntesis.En base a todos los argumentos desarrollados en los acápites precedentes, corresponde, por un lado, receptar el recurso de apelación deducido por el actor, revocar la sentencia apelada en ese aspecto, rechazándose -en consecuencia- la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el codemandado Roberto Olmedo extendiéndose la condena a este último en la misma medida que la pronunciada contra la codemandada Susana Mónica García.

A su vez y, paralelamente, corresponderá también acoger parcialmente el recurso deducido por la codemandada Susana Mónica Garcia en torno a que la rendición de cuentas no solo sea efectuada por los codemandados sino también por el accionante, disponiéndose que ambas partes del interés social efectúen -en el marco del proceso de liquidación del ente- una recíproca rendición de cuentas, desestimándose en lo demás la apelación interpuesta.

(6.) El régimen de costas.

Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la revocación parcial del pronunciamiento apelado, tal circunstancia hace que deba revisarse la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, en razón de que incumbe a este Tribunal expedirse sobre ese particular en orden a lo previsto por el artículo 279 CPCC.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf.CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).

Ahora bien, analizados los antecedentes del litigio, no pareciera darse e n el caso ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de la regla general ut supra mencionada. Véase que en el sub lite ha sido rechazada la excepción interpuesta por el codemandado Olmedo y por otro lado, ambos codemandados han resultado vencidos en la cuestión de fondo ventilada en la contienda por el hecho de haberse receptado las pretensiones de disolución y liquidación del ente societario, así como la solicitud de rendición de cuentas de su gestión a cargo de éste, por lo que no se advierte la existencia de ninguna circunstancia que permita apartarse del principio general de la derrota.

En tales condiciones, entiendo que las costas derivadas de la actuación ante la anterior instancia deberán ser impuestas a los demandados en su carácter de sustancialmente vencidos en el proceso (CPCC:279 y 68).

En punto a las costas derivadas de la actuación ante esta Alzada, en tanto ha progresado en forma íntegra el recurso de apelación deducido por el actor y sólo parcialmente el interpuesto por la codemandada García, entiendo que los respectivos gastos causídicos deben ser distribuidos en la medida del éxito obtenido por cada recurrente.

En ese marco, propicio que las costas de esta instancia sean cargadas en un 25% al accionante y en un 75% a los demandados (CPCC: 279, 68 y 71 ).

V.-LA CONCLUSIÓN.

Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo -pues- al Acuerdo:

(1.) Estimar el recurso de apelación deducido por el demandante y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en el sentido de rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el coaccionado Roberto Olmedo, extendiéndose a éste último la condena pronunciada contra la codemandada García;

(2.) Receptar parcialmente y en la medida indicada en el considerando “IV.(4.)” el recurso de apelación deducido por la codemandada Susana Mónica García y modificar también el fallo apelado en el sentido de que la rendición de cuentas a practicarse deberá abarcar además la actuación del accionante durante la vigencia de la sociedad de hecho “Audiocity”;

(3.) Confirmar dicho pronunciamiento en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;

(4.) Imponer las costas de primera instancia a los demandados en su condición de sustancialmente vencidos en esa instancia y distribuir las de esta Alzada en un 75% a cargo de estos últimos y en el 25% restante a cargo del actor, en virtud de las razones explicitadas en el considerando “IV. (6.)” (CPCC: 279, 68 y 71).

Así voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Alfredo Arturo Kölliker Frers

María Elsa Uzal

Valeria C.Pereyra – Prosecretaria de Cámara –

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(1.) Estimar el recurso de apelación deducido por el demandante y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en el sentido de rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el coaccionado Roberto Olmedo, extendiéndose a éste último la condena pronunciada contra la codemandada García;

(2.) Receptar parcialmente y en la medida indicada en el considerando “IV.(4.)” el recurso de apelación deducido por la codemandada Susana Mónica García y modificar también el fallo apelado en el sentido de que la rendición de cuentas a practicarse deberá abarcar además la actuación del accionante durante la vigencia de la sociedad de hecho “Audiocity”;

(3.) Confirmar dicho pronunciamiento en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;

(4.) Imponer las costas de primera instancia a los demandados en su condición de sustancialmente vencidos en esa instancia y distribuir las de esta Alzada en un 75% a cargo de estos últimos y en el 25% restante a cargo del actor, en virtud de las razones explicitadas en el considerando “IV. (6.)” (CPCC: 279, 68 y 71). La Doctora Isabel Míguez no interviene en la presente Resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN). Alfredo Arturo Kölliker Frers y María Elsa Uzal. Ante mí,Valeria C. Pereyra. Es copia del original que corre a fs. 893/910 de los autos de la materia.

Valeria C. Pereyra – Prosecretaria de Cámara –

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