El consumidor puede optar por rescindir el contrato frente a los defectos estructurales del rodado 0 km. adquirido.

Partes: Silvestri Pedro Carlos Alberto c/ Renault Argentina S.A. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala/Juzgado: F

Fecha: 29-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-72424-AR | MJJ72424 | MJJ72424

Comprobada la existencia de defectos estructurales en el rodado cero kilómetro adquirido, en virtud de lo dispuesto en el art. 10 bis, inc. c) de la ley 24.240, se hace lugar al reclamo del consumidor que optó por rescindir el contrato y solicitar la restitución de lo pagado, más los daños y perjuicios.

Sumario:

1.-Ciertamente, la normativa específica de la ley 24.240 resulta para el consumidor o usuario más conveniente que la ley mercantil.

2.-A diferencia de lo que ocurre en la legislación mercantil, ni el CCiv. ni la ley 24.240 establecen como único medio de prueba idóneo de acreditación de los vicios la prueba pericial.

3.-Tratándose de una comprobación de hechos y no existiendo en el CCiv. ninguna disposición que imponga la necesidad de una determinada prueba -como sucede en el art. 476 del CCom. – debe aceptarse cualquier medio justificativo, inclusive el de presunciones para provocar la certeza de que los vicios que presenta la cosa vendida se encuentran comprendidos en el supuesto del art. 2164 del CCiv..

4.-Sin perder de vista que los jueces no tienen el deber de expresar en sus sentencias la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquéllas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras. Es que la ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada magistrado.

5.-Como pauta de interpretación general que rige esta materia, si los datos brindados por la perito no son compartidos por los litigantes, deben estos probar la inexactitud de lo informado, resultando insuficientes las meras objeciones, pues es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados

6.-Aunque el experto desarrolle conclusiones personales, si sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta y se apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos, quedará satisfecha su labor como auxiliar de la justicia a la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia. Por tal motivo, no corresponde desechar el asesoramiento pericial cuando éste carece de deficiencias, no siendo razonable descartar la idoneidad probatoria del informe.

7.-Para ser atendible, la impugnación de la pericia debe tener suficientes fundamentos para evidenciar la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen.

8.-A lo largo de la ley 24240 se halla previsto un sistema de garantías para las relaciones de consumo, que encuentra consagración definitiva en el art. 40 de la misma al establecer si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio…La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena . Es decir, establece una responsabilidad solidaria y objetiva.

9.-Mas allá de la enumeración legal del art. 40 de la LDC., que es simplemente enunciativa, debe interpretarse que la ley quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa

10.-La obligación tácita de garantía que pesa sobre el fabricante vendedor, con fundamento en el principio de buena fe, también recae sobre el vendedor no fabricante. Es que es el fabricante quien introduce en el medio social la cosa viciada y por lo tanto debe responder plenamente por todos los daños que ella cause y que en virtud de la relación contractual con el cliente, la concesionaria tiene frente al comprador el deber jurídico de realizar por su cuenta el acondicionamiento, esto es efectuar todas las reparaciones conducentes a asegurar el buen funcionamiento de la cosa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 29 días del mes de marzo de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “SILVESTRI PEDRO CARLOS ALBERTO C/ RENAULT ARGENTINA SA Y OTRO, S/ ORDINARIO” (Expediente N° 094054, del Juzgado Comercial N° 13, Secretaría N° 25 y N° 64.674/2007 del Registro de ésta Cámara) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Tevez y Ojea Quintana.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente por hallarse excusada en fs. 369.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 317/335?

El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

I. Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

a) Pedro Carlos Alberto Silvestre promovió demanda contra Renault Argentina SA y Clama SA para resarcirse de los daños y perjuicios que estimó en la suma de $ 105.969,11 -o lo que en más o en menos resulte del mecanismo instituido por el art. 10 bis, inc.c) de la ley 24.240-, con más los intereses y las costas.

Explicó que como consecuencia de los desperfectos que se manifestaron -pese a tratarse de un vehículo cero kilómetro- en la camioneta Nissan Frontier, dominio ECR 757, que adquirió en la concesionaria Clama SA en mayo del año 2003, acordó en diciembre de 2004 con las ahora requeridas, el cambio por una Nissan Terra SE, dominio ESL 626, previo pago de u$s 4.000.

Dijo que al poco tiempo de uso el nuevo rodado presentó los mismos desperfectos que el anterior en el sistema de embrague y, que en septiembre de 2006 tomó conocimiento -al realizar la verificación técnica vehicular-, de que tenía defectos estructurales.

Refirió a las reparaciones que se efectuaron en el concesionario el mes de septiembre de 2006 y afirmó que allí le fue informado que los daños tenían origen de fábrica.

En virtud de todo ello, sostuvo que la camioneta pese a que fue diseñada para circular a campo traviesa y sortear grandes dificultades en condiciones severas, se ha tornado impropia para tal destino.

Solicitó con base en lo establecido por el art. 10 bis, inc. c) de la ley 24.240, se declare resuelto el contrato con restitución de lo abonado y, los demás daños que correspondan.

Además pidió: a) en concepto de gastos la suma de $ 14.794,42, a cuyo fin acompañó la respectivas facturas y, b) por la privación de uso la cantidad de $ 14.808.88 -o el mayor valor que resulte de la prueba a rendirse-.

Finalmente, ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

b) Renault Argentina SA contestó la demanda incoada en su contra con la presentación de fs. 89/94.

Con carácter liminar se explayó sobre el acuerdo transaccional al que arribaron las partes, en virtud del cual el actor adquirió la camioneta Nissan X Terra.Afirmó, por tanto, que la mentada convención puso fin a las cuestiones suscitadas con relación al anterior rodado; esto es, la Nissan Frontier, dominio ECR 757.

Luego de negar pormenorizadamente los hechos invocados en el escrito inaugural, explicó que en la fecha en que el rodado ingresó a Clama SA para ser reparado había recorrido 154.402 kilómetros en tan solo 21 meses.

Negó que la camioneta presentara defectos de fábrica y sostuvo enfáticamente que los que se manifestaron lo fueron en razón del trato anormal, descuidado y negligente que dio el actor al vehículo. Citó en sustento de esa posición, el art. 5 de la ley 24.240.

Cuestionó los rubros indemnizatorios y consideró descabellada la pretensión enderezada a rescindir el vínculo. Ello pues, el actor utilizó en forma continua y con manifiesta negligencia el rodado.

Finalmente dijo que el señor Silvestri omitió cumplir con el ccom: 476 .

c) Clama SA contestó la demanda en fs. 128/132.

Tal como lo hizo Renault Argentina SA en su responde, se expidió sobre el acuerdo celebrado con el actor que tuvo por objeto la compra de la Nissan X Terra SE e insistió en que las cuestiones suscitadas respecto del anterior modelo, habían quedado zanjadas con la suscripción del convenio en cuestión.

Negó cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio y, fundamentalmente, la existencia de vicios de fabricación.

Se explayó sobre el servicio técnico que hubo prestado al actor y recordó que por el lapso que insumieron las reparaciones le otorgó al Sr. Silvestre un vehículo sustituto.

Sostuvo enfáticamente que los defectos que aparecieron después de transitar 154.000 kilómetros tienen su causa en el mal uso y las condiciones extremas a las que fue sometido el vehículo.

Adujo que el actor incumplió con el ccom: 476 y que, en el caso, la prueba pericial es insustituible.

Ofreció prueba de sus dichos.

II. La sentencia recurrida.

En el decisorio de fs.317/335 el juez a quo admitió parcialmente la demanda incoada por Pedro Carlos Alberto Silvestri contra Renault Argentina SA y Clama SA. Así: a) condenó a las demandadas a abonar al Sr. Silvestri la suma de $ 74.028 -calculados a la fecha de la sentencia- en concepto de reintegro del valor del automotor, b) consecuente con ello, ordenó al actor restituir el rodado a sus contrarias, c) condenó a las accionadas a pagar la suma de $ 14.400 -fijados también a la fecha del decisorio- en concepto de privación de uso y, d) impuso las costas del proceso a las demandadas perdidosas.

Con carácter liminar el magistrado juzgó -a tenor de los términos vertidos en el escrito inaugural- que el caso debía dilucidarse a la luz de lo preceptuado en el art. 10 bis, inc. c) de la ley 24.240 (v.gr. resolución del contrato de compraventa). Ello, con independencia de lo que pudiera resolverse en punto a los daños padecidos por el actor por la imposibilidad de utilizar el rodado y los gastos en que hubo incurrido.

Luego, sobre la base de las explicaciones que brindó el perito mecánico en fs. 220/229 y fs. 250/252 concluyó que el rodado cero kilómetro adquirido por el Sr. Silvestri registró graves problemas en su funcionamiento (v.gr. desgaste prematuro del embrague -que puede ser atribuido a un defecto o debilidad o falta de resistencia de los materiales en contacto placa y disco- y la rajadura de la carrocería) que no pudieron ser solucionados en la concesionaria a pesar de los reiterados intentos.

Además, señaló que de conformidad con las constancias documentales arrimadas a la causa, el actor cumplió con el plan de mantenimiento establecido en la póliza de garantía del vehículo y, por otra parte, que las requeridas no lograron acreditar el “mal uso” del rodado que invocaron para repeler la responsabilidad que les fue atribuida. Ergo, en virtud de lo establecido en los arts.12, 13 y 40 de la ley 24.240 ambas codemandadas debían responder frente al actor con el alcance antes señalado.

El rubro “gastos” resultó desestimado. Ello pues, si bien las erogaciones se realizaron, lo fueron en concepto de services obligatorios y habituales.

Finalmente, las costas se impusieron a las demandas perdidosas.

III. Los recursos.

Renault Argentina SA apeló la sentencia en fs. 342. Concedido libremente el recurso de apelación en fs. 343, el escrito de expresión de agravios fue glosado en fs. 386/ 388.

La parte actora apeló en fs. 344 mas, a la postre, desistió de su recurso en fs. 392 (v. proveído de esta Sala de fs. 393).

Clama SA recurrió el decisorio en fs. 346. En fs. 347 se proveyó la mentada presentación que resultó fundada en fs. 373/376.

a) Dos fueron las críticas que plasmó Clama SA en el escrito de expresión de agravios. La primera, gira en torno de la condena solidaria impuesta en los términos del art. 40 de la ley 24.240. Recordó que de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para Concesionarios su intervención, ante posibles desperfectos del rodado, se circunscribe en el período de garantía a un protocolo prefijado por el fabricante. Sostuvo que si se juzgó la existencia de vicios redhibitorios estos son únicamente imputables al fabricante pero nunca a su parte cuyo definido rol ha sido el de prestar un servicio técnico al usuario.

En segundo lugar, se queja del modo en que han sido valorados por el a quo la pericia mecánica y los testimonios rendidos en la causa. Es que, esos elementos dan cuenta del uso inapropiado que el Sr. Silvestre dio al rodado.

b) Los agravios vertidos por Renault Argentina SA en fs. 386/388 pueden sintetizarse del modo siguiente: (i) se queja de que el anterior sentenciante concluyera que el vehículo no cumplía el fin para el cual fue fabricado.Es que, no fue ponderado que al momento en que se efectuó la pericia el rodado en cuestión había recorrido prácticamente doscientos mil kilómetros. Señaló que la pieza de embrague está sujeta a desgaste y que pese a no estar comprendida en la garantía, Renault cubrió su reparación. Aduce que no es cierta ni fue técnicamente demostrada la existencia de la rajadura del chasis del rodado, (ii) critica por improcedente la reparación otorgada en concepto de privación de uso. Ello pues, no existen constancias que demuestren algún tipo de inmovilización y mucho menos una inmovilización continua y constante del vehículo desde el mes de septiembre de 2006 a la fecha y, (iii) se queja de que el anterior sentenciante soslayara lo dispuesto en el ccom: 476 en punto a la prueba previa arbitral.

IV. La solución.

Dado el tenor de las quejas transcriptas en el apartado precedente, el orden lógico aconseja atender con carácter prioritario las vertidas por Renault Argentina SA.

a). Comenzaré con aquella referida en tercer término, esto es: la concerniente a la omisión de atender -en el caso- a lo preceptuad o por el cpr: 476.

No hay dudas que en la especie se configuró una relación de consumo que justifica la aplicación de las disposiciones de la LDC -y su reforma que aunque posterior a los hechos debatidos en el presente proceso, en definitiva y en lo que aquí concierne, no introdujo modificaciones sustanciales- para dirimir el conflicto que aquí se ventiló. La apreciación que en tal sentido expuso el anterior magistrado no devino cuestionada.

En efecto, el vínculo que existió entre los litigantes y que fue expresamente reconocido por ellos consistió en la adquisición de un automotor nuevo marca Nissan, distribuido por Renault SA a través de sus concesionarios oficiales.

Además, no existen constancias en la causa de que la adquisición de la unidad tuviera por objeto su integración a un proceso de producción de bienes o prestación de servicios.En otros términos, no puede válidamente afirmarse que la adquisición hubiera tenido un fin distinto que “el consumo final”.

Pues bien, partiendo de tales premisas resulta de toda obviedad que la tesis sostenida por la recurrente no puede ser acogida en este estadio. Es que, es la propia ley mercantil la que mediante el art. 452, inc. 2 , atribuye carácter civil a la compraventa de objetos para el consumo. De tal forma, es dable afirmar que la compraventa de objetos destinados para el consumo únicamente tiene el carácter de mercantil para el vendedor. En cambio, para el comprador, debido a que éste carece de la finalidad de lucro exigida por la ley mercantil, la compraventa será civil y quedará regida por -como se dijo- la ley 24.240.

A lo expuesto, cabe agregar que el art. 3 de la ley 24.240 establece que sus disposiciones se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas y que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor.

Ciertamente, la normativa específica de la ley 24.240 resulta para el consumidor o usuario más conveniente que la ley mercantil. Y si antes de la sanción de la mentada ley la cuestión no había sido resuelta, era porque faltaba justamente una como la del art. 3 antes mencionado.

A diferencia de lo que ocurre en la legislación mercantil, ni el Código Civil ni la ley 24.240 establecen como único medio de prueba idóneo de acreditación de los vicios la prueba pericial. En este sentido ha sido juzgado por la colega Sala B que “.tratándose de una comprobación de hechos y no existiendo en el Código Civil ninguna disposición que imponga la necesidad de una determinada prueba -como sucede en el art.476 del ccom- debe aceptarse cualquier medio justificativo, inclusive el de presunciones para provocar la certeza de que los vicios que presenta la cosa vendida se encuentran comprendidos en el supuesto del art. 2164 del cciv” ( CNCom, Sala B, 1990/03/20, “Home Work SRL, c/ Rotring Argentina SA”, LL 1990-D, 395; Rouillon, Adolfo A., Código de Comercio comentado y anotado, t I., pág. 527 y ss., editorial La Ley, 2005).

En virtud de todo ello, reitero, la crítica será desestimada.

b). Las fallas y daños del rodado que lo tornan impropio para cumplir su destino.

Sobre el punto aclaro que, en tanto ambas codemandadas cuestionaron el modo en que el anterior sentenciante valoró las pruebas rendidas en la causa, las críticas serán atendidas en forma conjunta.

Ello, claro está sin perder de vista que los jueces no tienen el deber de expresar en sus sentencias la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquéllas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras (CSJN, Fallos 308:2172, 310:1835, 2012; 325:350; SC Buenos Aires, 1996/06/14, “Ugarte y Compañía SA c/ Valente SRL”, DJBA, 151-5577). Es que la ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada magistrado (ST San Luis, 1996/09/03, L.R. y otro, DJ, 1997-2-617).

Recuérdese que, en sustancia, las ahora recurrentes sostuvieron en sus escritos de responde la inexistencia de desperfectos de fábrica y atribuyeron los que se manifestaron con posterioridad al mal uso, trato descuidado, negligente e imprudente que dio el actor al rodado.

Ciertamente comparto la valoración que de la prueba pericial mecánica ha efectuado el anterior sentenciante y adelanto que no existen en la causa elementos que me permitan concluir en sentido diverso del plasmado en la sentencia.En efecto, el perito se explayó con harta suficiencia en su dictamen respecto del desgaste prematuro del sistema de embrague y la rajadura -por cierto atípica en atención a la antigüedad del rodado- que exhibe la carrocería de la camioneta (v. fs. 224/229 y fs. 250/252).

Este último desperfecto -que puede calificarse como el más gravoso- ha venido a limitar o a restringir las aptitudes de circulación de la Nissan X Terra adquirida por el Sr. Silvestre. En efecto, el experto indicó que “en la actualidad el vehículo es apto para circular sobre calzada lisa y en buen estado, porque ciertas vibraciones o golpes, pueden volver a desoldar las partes rajadas de la carrocería” (v. 226 vta., primer párr.).

En este punto no puedo soslayar las especiales características del rodado de que aquí se trata. Este ha sido diseñado para conducir bajo condiciones severas, tal como se desprende de la sección denominada “Mantenimiento periódico” que puede verse en la página M-3 del “Manual de garantía y mantenimiento” (v. original reservado en sobre, específicamente las condiciones descriptas en las letras A a J). Y, ciertamente, esas cualidades no se ven disminuidas por las recomendaciones y advertencias que figuran en la página 5-4 del manual que en copia acompañó Renault Argentina (v. fs. 84/86) destinadas, principalmente, a preservar la integridad física del conductor.

Agrego que, como pauta de interpretación general que rige esta materia, si los datos brindados por la perito no son compartidos por los litigantes, deben estos probar la inexactitud de lo informado, resultando insuficientes las meras objeciones, pues es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados.” (CCiv. y Com.Mar del Plata, sala II, 07.06.05, Esso SAPA c/ Norpetrol SA”, LLBA 2005-1260). En este trámite, más allá de las explicaciones pedidas por Renault, que no significaron ningún aporte relevante, nada se comprobó en punto a la exactitud de la conclusión a que llegó el perito.

Y aunque el experto desarrolle conclusiones personales, si sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta y se apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos, quedará satisfecha su labor como auxiliar de la justicia a la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia (CSJN, 01.12.92, “Pose, José Daniel c/ Chubut, Provincia del y otra s/ daños y perjuicios” , Fallos 315:2834, cons. 5°; esta Sala, 2.09.2010, “Vecor Internacional SA c/ Shell Compañía Argentina de Petróleo SA, s/ ordinario” ). Por tal motivo, no corresponde desechar el asesoramiento pericial cuando éste carece de deficiencias, no siendo razonable descartar la idoneidad probatoria del informe. Para ser atendible, la impugnación de la pericia debe tener suficientes fundamentos para evidenciar la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen (CNCom, Sala B, 10.10.06, “Peñaflor S.A. c/ Del Virrey SRL”, LL 2006-F-743).

Además, hay otros elementos que corroboran las conclusiones plasmadas por el experto en su dictamen. En efecto, el 19.9.06 en oportunidad de realizarse la verificación técnica vehicular (VTV) en la planta sita en la localidad de Ramos Mejía -Provincia de Buenos Aires-, el personal interviniente observó: “rajaduras en estructura portante de radiadores, rajaduras en parte interior de guardabarro delantero derecho, estructura de filtro de aire partida, amortiguador del der -verificación a voluntad-“.

El formulario original de la inspección que lleva el número 14332 se encuentra reservado en el sobre y, la autenticidad de ese instrumento quedó acreditada con las explicaciones que brindara el ingeniero Carlos A. Ghioldi -Jefe de Centro Verificador- en la presentación de fs.204.

Importa recordar que el informe en cuestión fue incorporado a la causa sin que mediara impugnación de las requeridas. De modo, que la falta de todo cuestionamiento en punto a su veracidad, importó el consentimiento de su contenido. Por tanto, no cabe prescindir de su valoración en juicio y debe estarse a dichas constancias, en cuanto no existan -tal como ocurre en el caso-, elementos que lo desvirtúen (Morello “Código procesal.”, T V-A, pág. 510 y jurisprudencia allí citada).

Por otra parte, esos desperfectos estructurales -cuya durabilidad no se compatibiliza con las vibraciones propias que el rodado debería soportar- resultaron advertidos el 21.09.06 por el ingeniero Angel R. Alessio al inspeccionar el vehículo y confeccionar el informe pertinente (v. documento glosado en fs. 35 del sobre), cuyo contenido fue reconocido en esta sede en la audiencia llevada a cabo el 27.08.08 (v. fs. 173/175).

Añádese a ello que conforme surge del acta notarial de fecha 13.10.2006 -cuyo original fue reservado en el sobre nro. 094.054- en oportunidad de retirar el vehículo de la concesionaria Clama, donde -recuérdase- había sido depositado a fin de efectuar las reparaciones que fueran pertinentes, el señor Javier Sayar -de profesión mecánico, dependiente de la nombrada- le informó al actor y al notario que “se ha procedido al cambio del travesaño superior en la carrocería del motor, la pieza del frente del radiador, y todos los pasaruedas, ya que los anteriores estaban rajados”.

No ignoro que Renault desconoció y negó el contenido del acta notarial (v. 91, séptimo párr.). Sin embargo, esa posición debe desestimarse sin más pues, en primer lugar la escritura constituye un instrumento público en los términos del cciv:979, por lo que hace plena fe hasta que sea redargüido de falso por acción civil o criminal (cciv 993), o incidental dentro de lo preceptuado por el cpr 395 (CNCom, Sala B, “Cettinas Andrea, c/ Banco Español del Río de La Plata”, 24/11/1986; ; íd., esta Sala, 2.09.2010, “Vecor Internacional SA c/ SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, s/ ordinario”) y, no hay pruebas que permitan inferir que Renault acudió a esas vías de impugnación.

En virtud de todo lo hasta aquí apuntado, las quejas en examen no serán acogidas. Es que, mientras el Sr. Silvestri logró acreditar mediante la actividad que hubo desplegado la existencia de defectos estructurales en el rodado cero kilómetro que hubo adquirido -y con ello claro está, encontrarse en condiciones de acudir a la solución que trae el art. 10 bis, inc. c) de la ley 24.240 en virtud del cual “el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: .c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan-, las requeridas no probaron el “mal uso” del rodado que esgrimieron para resistir la pretensión material incoada a su respecto.

En síntesis, deberá confirmarse el decisorio en cuanto declara resuelto el vínculo, ordena reintegrar al actor el valor del rodado contra la entrega del mismo a las demandadas.

c). La indemnización otorgada en concepto de privación de uso.

Como se dijo más arriba, este aspecto del decisorio fue cuestionado por Renault Argentina SA por considerar que no había sido efectivamente acreditado el perjuicio.

Con carácter liminar creo útil transcribir los términos en que fue solicitado por el actor el reconocimiento del rubro en examen.

En el apartado 3.3. titulado Privación de uso, el Sr. Silvestri expuso:”Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el que seguirá transcurriendo hasta que la contraria cumpla con sus obligaciones, estimo este daño en un 20% de los rubros 3.1. (v.gr.el importe que hubo abonado por la camioneta) y 3.2 (esto es; los desembolsos que realizó para repararla), o sea, aproximadamente $ 14.808,88, o el mayor valor que surja del precio del vehículo al momento de cumplir la sentencia” (v. fs. 46).

Pues bien, de la lectura de la pieza inaugural surge patente que ninguna explicación brindó el actor respecto de los trastornos o perjuicios que supuestamente padeció por no poder utilizar el rodado adquirido.

Es mas, hubo afirmado que cuando dejó la camioneta el 20.09.06 en el taller de Clama SA le entregaron un vehículo sustituto (una camioneta Nissan Frontier, dominio FDH 722) e incluso acompañó en apoyo de tal versión los documentos nros. 18, 19 y 20 (v.gr. actas de entrega, de recepción y ficha de control del rodado en cuestión).

Ciertamente no ignoro -y también comparto- la jurisprudencia citada por el a quo que sirvió de base para acoger la indemnización pretendida. Empero, dadas las especiales circunstancias que exhibe la causa tales principios no pueden aplicarse derechamente aquí. Ello pues: (i) la petición introducida en términos escuetos y genéricos, (ii) la ausencia de prueba o elementos que permitan siquiera de modo indiciario estimar el perjuicio, (iii) el hecho de que le fue otorgado un vehículo sustituto y, (iv) que para cuando la camioneta ingresó al taller había rodado 153.451 kilómetros.

Por otra parte, la restitución del rodado ordenada en el decisorio en crisis -como lógica consecuencia de la resolución del vínculo-, aún no ha tenido lugar. De modo que, es dable presumir que la camioneta aún con limitaciones, continúa siendo utilizada por el Sr.Silvestri.

Por todo ello, cabe hacer lugar a la queja y revocar el decisorio en cuanto acogió el rubro privación de uso.

d) La responsabilidad de Clama SA por el reclamo de autos.

Se ha dicho al inicio que se configuró en el caso una relación de consumo que justifica la aplicación de las disposiciones de la ley 24.240.

Pues bien, a lo largo de la LDC se halla previsto un sistema de garantías para las relaciones de consumo, que encuentra consagración definitiva en el art. 40 de la misma al establecer “si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Es decir, establece una responsabilidad solidaria y objetiva.

Se ha señalado que, mas allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, debe interpretarse que la ley quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa (cfr. Lorenzetti, R – Schötz, Gustavo, Defensa del consumidor, Cap. X “Contrato de ahorro previo”, por Wajntraub, J, P. 6, Pág. 268, Ed. 2003; CNCom, Sala D, 18.6.08, “Rusconi María, c/ Peugeot Citroen SA, s/ sumario” ; esta Sala, 6.12.2011, “Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro, s/ ordinario” ).

Creo conveniente a esta altura de la exposición transcribir las soluciones que han sido provistas por distintas Salas de esta Cámara en casos que guardan cierta similitud con el presente, pues resultan plenamente aplicables al sub lite.Fue dicho que “cabe confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda incoada por el adquirente de un vehículo automotor contra una concesionaria y el fabricante del rodado, toda vez que los actores compraron el automóvil a un tercero por intermedio de la concesionaria, y éste nunca funcionó correctamente debido a problemas en la bomba inyectora, pese a las infructuosas reparaciones efectuadas por la codemandada. En ese contexto, resulta configurada la responsabilidad de los codemandados; en primer lugar, pues la ley de defensa del consumidor al proteger la garantía de las cosas muebles no consumibles incluye también la adquisición y el servicio técnico adecuado de dichos productos. No basta con la prestación de un servicio técnico simplemente, éste debe ser brindado correctamente a fin de satisfacer al consumidor; puesto que si es deficiente, refleja el mismo perjuicio de no haberlo brindado.

Asimismo, la obligación tácita de garantía que pesa sobre el fabricante vendedor, con fundamento en el principio de buena fe, también recae sobre el vendedor no fabricante (Stiglitz, “Responsabilidad contractual del vendedor por incumplimiento del deber de seguridad”, JA, 1989-iii-606). Es que es el fabricante quien introduce en el medio social la cosa viciada y por lo tanto debe responder plenamente por todos los daños que ella cause y que en virtud de la relación contractual con el cliente, la concesionaria tiene frente al comprador el deber jurídico de realizar por su cuenta el acondicionamiento, esto es efectuar todas las reparaciones conducentes a asegurar el buen funcionamiento de la cosa” (CNCom, Sala C, “Helbling, Carlos c. Sevitar S.A. y otros”, 28/09/02; íd., Sala B, “Roberto Ariel c/ D’ ARC LIBERTADOR S.A. s/ ordinario” 09/11/2009; ).

En virtud de todo ello, no cabe exonerar de la condena dictada a la concesionaria Clama SA quien, en su caso, podrá acudir a la vía prevista en el segundo párrafo del art. 40 de la ley 24.240.

V.Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega propongo al acuerdo: a) desestimar las quejas introducidas por Clama SA, b) admitir -bien que parcialmente- los agravios de Renault Argentina SA y revocar la sentencia de grado en cuanto acogió el rubro privación de uso y, c) sin costas de alzada por no mediar actuación de la contraparte de las apelantes.

Así voto.

Por análogas razones el señor Juez de Cámara doctor Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara doctores:

Juan Manuel Ojea Quintana – Rafael F. Barreiro –

María Florencia Estevarena – Secretaria –

Buenos Aires, marzo 29 de 2012.

Y VISTOS:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: a) desestimar las quejas introducidas por Clama SA, b) admitir -bien que parcialmente- los agravios de Renault Argentina SA y revocar la sentencia de grado en cuanto acogió el rubro privación de uso y, c) sin costas de alzada por no mediar actuación de la contraparte de las apelantes.

II. Los honorarios.

1. En los casos en los cuales la demanda progresa parcialmente, tal como aquí ocurre, este Tribunal se ha expedido siguiendo el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el cual la base regulatoria está constituida por el monto de la condena (conf. art. 6° incisos. a y c de la ley 21.839; esta Sala, 7/10/2010, in re: “Malvinas Satelital SA c/Compañia de Teléfonos del Interior SA s/ordinario”; CSJN, “Hacendados de La Pampa S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, del 22/09/92, Fallos 315:2127; ratificado en: “H.E.M.A.R. S. A. c/Dirección Nacional de Vialidad” del 27/01/94, LL T. 1995-E, p.95).

2.Sobre tales bases, atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso -computándose los intereses como integrantes de la base regulatoria (C.N. Com., en pleno, in re: “Banco del Buen Ayre S.A.”, del 29/12/94)-, se confirman en diez mil pesos ($ 10.000) los honorarios regulados a fs. 334/5 a favor del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Ricardo Arturo Foglia (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 38).

De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, atento el sentido del recurso, se confirman en cinco mil pesos ($ 5.000) los estipendios del perito ingeniero Héctor Maximiliano Payba.

En cuanto a los estipendios regulados a la mediadora, tradicionalmente este Tribunal ha sostenido que estos debían establecerse en función de las pautas previstas por la norma que regía en el momento de celebrarse la audiencia de mediación (cfr. esta Sala, “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/Siad S.R.L. Clysa S.A. U.T.E. y otros s/Ordinario” del 15/12/09).

Mas la evolución legislativa en la materia, obliga a adoptar un temperamento diverso.

En un primer momento, frente al silencio normativo, se recurrió a la doctrina que emanaba del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires Provincia de s/ daños y perjuicios” del 12/9/96 . Allí se exponía que los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso debían ser regulados de acuerdo a la ley vigente en la época en que se cumplen los trabajos objeto de la regulación y no a la que rige al momento de practicarse esta última. Ello, con el fin de aventar una afectación de los derechos adquiridos, incorporados al patrimonio de los beneficiarios (consid.4°).

Ahora bien, en lo concerniente a los honorarios del mediador y de los profesionales asistentes, la Ley Nº 26.589 reenvía a los montos y condiciones de pago que establecerá la reglamentación del P.E.N.

Viene así el Decreto Nº 1467/11 a resolver la problemática.

Nótese que expresamente deroga los alcances de sus antecedentes Dec. 91/98 (exceptuando los arts. 3, 4 y 5 del Anexo I) y Dec. 1465/07 (v. art. 8). Y en el art. 28 de su Anexo I, establece que: “El juez deberá tomar como base el monto de honorario básico vigente al momento de dictar sentencia u homologación de la transacción” -el destacado es propio de este Tribunal-.

Así pues, la Ley Nº 26.589 (publicada en el Boletín Oficial el día 06/05/10) entró en vigencia el día 04/08/10 (cfr. cit. ley: 63). De modo que su aplicación es inmediata y alcanza a los procesos en trámite, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que no han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior (Conf. Lino E. Palacio “Derecho Procesal Civil, T° I pág. 50, Bs. As. Edit. Abeledo Perrot, 2° Edic. 1990; Fallos 249:256; 288:407; 302:263).

Consecuentemente, cabe aplicar en la especie las pautas del anexo III del Decreto 1467/11 (B.O. 28/9/11) ya que era la norma vigente al momento del dictado de la sentencia de fs. 317/335 (26/10/10).

En atención a lo expuesto, teniendo en cuenta la trascendencia económica de la materia, lo establecido en el art. 1, inc. f) del Anexo III del decreto citado supra, se elevan a . ($.) los emolumentos de la mediadora, doctora Sonia Ruth María Medina.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por hallarse excusada en fs. 369.

Notifíquese.

Juan Manuel Ojea Quintana. Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Florencia Estevarena.

Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.

María Florencia Estevarena – Secretaria –

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