Si por la actitud del acreedor, el deudor moroso no pudo pagar, se rechaza la acción de desalojo.

Partes: Z. M. c/ G. R. s/ desalojo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72597-AR | MJJ72597 | MJJ72597

El solo vencimiento de los plazos no es suficiente para considerar moroso al deudor que no ha podido cumplir con su obligación de pagar por la actitud del acreedor, rechazándose en consecuencia la acción de desalojo.

Sumario:

 

1.-Corresponde declarar desierto el recurso de apelación incoado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia -la cual declaró abstracta la acción de desalojo por falta de pago iniciada por el actor contra los locatarios- y firme la sentencia, pues en autos ha quedado acreditado la falta de colaboración por parte del actor en la recepción del pago, entendiendo esta Sala que sólo cabe tener por acreditada la mora del acreedor ya que el mero vencimiento del plazo no autoriza a considerar moroso al deudor que se ha visto impedido de pagar por la actitud injustificada del acreedor.

 

2.-El recurso interpuesto por la actora no cumple la carga que al apelante impone el art. 265 del CPCCN., pues es sabido que el planteo de simples apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el a quo respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción que le permitieron decidir, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.

 

3.-El memorial, para poder ser considerado como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo puede considerarse cumplida cuando se indican puntualmente deficiencias de la sentencia apelada, actividad que no corresponde considerar suplida con la mera postulación de afirmaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con lo resuelto -art. 265 y 266 del CPCCN.- , dicho esto el recurso debe declararse desierto.

 

4.-Se confirma la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por consignación impetrada por la parte demandada, puesto que ha quedado acreditado en autos la negativa de la acreedora a recibir el pago, en concepto de locación del inmueble, probado por medio de requerimiento notarial, negativa que era injustificada, ya que el pago fue inicialmente recibido bajo protesto pero sin aludir a la razón en que se fundaba tal protesto ni cuestionar su integridad -art. 742 del CCiv.-, por lo que se considera que ello es suficientemente demostrativo de la falta de colaboración del acreedor en la recepción del pago no obstante la voluntad de pago demostrada por la locataria -lo que resulta del instrumento público que no fue redargüido de falso y del intercambio epistolar que le precedió-, entendiéndose entonces que, está demostrada la falta de colaboración que impedía que pudiera considerarse al deudor incurso en mora, por lo que se admite por tanto la demanda de consignación.

 

 

Fallo:

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de abril del año dos mil doce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: respecto de la sentencia corriente a fs., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. CASTRO, OJEA QUINTANA Y UBIEDO.

 

Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:

 

I. La sentencia única dictada a fs. 315/329 declaró abstracta la cuestión vinculada al desalojo perseguido en autos y otorgó la tenencia definitiva del inmueble a Marcelo Sandro Zaccagnini; hizo lugar a la demanda de consignación por lo que asignó fuerza cancelatoria al pago intentado en la causa por Estancia La Federala S.A. e impuso las costas de ambos procesos al nombrado Zaccagnini. Sólo apeló este último quien expresó agravios a fs. 442/448. El correspondiente traslado fue contestado con la presentación de fs. 458/460.

 

II. El padre de Zaccagnini dio en locación a Roberto Gómez y Delma Beatriz Capobiano la fracción de campo que se identifica en la demanda; ello de acuerdo al contrato celebrado el 6/8/2002, por el plazo de 69 meses a partir del 1/9/2002, con vencimiento el 31/5/2008. Los locatarios cedieron el contrato a La Federala S.A.

 

El conflicto entre las partes se suscitó con motivo del pago del canon que debía abonarse el 1/9/2007, correspondiente a los meses de enero a mayo de 2009. Tras la prórroga otorgada por el locador, el 5 de septiembre de 2005, La Federala S.A.-según invoca- habría entregado dos cheques a la locadora por la suma de $ 38.035,20 y 47.544, correspondientes a los períodos septiembre-diciembre de 2007 y enero-mayo de 2008, los que habrían sido recibidos «bajo protesto» por aquel, pero sin expresar las razones que fundaban tal actitud por lo que -según invocó La Federala S.A.- solicitó y obtuvo la restitución de los cheques destruyendo el correspondiente recibo. Estos extremos resultan del acta de requerimiento instrumentada en la escritura pública cuya copia obra a fs. 41/42 de los autos sobre consignación.

 

El Sr. Juez de la anterior instancia entendió que en el caso, la negativa de la acreedora a recibir el pago -cuestión que resultaba acreditada con el requerimiento notarial al que recién me referí- era injustificada desde que el pago fue inicialmente recibido «bajo protesto» pero sin aludir a la razón en que se fundaba tal «protesto» ni cuestionar su integridad (art. 742 del Código Civil). Consideró que ello era suficientemente demostrativo de la falta de colaboración del acreedor en la recepción del pago no obstante la voluntad de pago demostrada por la cesionaria de la locataria que resulta del instrumento público que no fue redargüido de falso y del intercambio epistolar que le precedió. Entendió entonces que esa demostrada falta de colaboración impedía que pudiera considerarse al deudor incurso en mora. Admitió por tanto la demanda de consignación.

 

III. No obstante su extensión, la pieza de fs. 442/448 no cumple la carga que al apelante impone el art. 265 del Código Procesal.

 

En efecto, es sabido que el planteo de simples apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el a quo respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción que le permitieron decidir, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.El memorial, para poder ser considerado como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo puede considerarse cumplida cuando se indican puntualmente deficiencias de la sentencia apelada, actividad que no corresponde considerar suplida con la mera postulación de afirmaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con lo resuelto. Tales extremos -como lo ha decidido reiterada y pacífica doctrina de todas las salas de esta Cámara- no pueden considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dichos recaudos no pueden considerarse cumplidos por la pieza en estudio, por lo que el recurso debe declararse desierto.

 

El apelante no cuestiona los argumentos esenciales en que se basa el razonamiento del a quo. Por un lado, que los ofrecimientos de pago, su negativa a recibirlos y la falta de cuestionamiento de su contenido o integridad resultan del instrumento público al que antes me referí, que no ha sido redargüido de falso. Su contenido, en cuanto se refiere a la existencia material de los hechos que el oficial anunció como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia, hace plena fe en los términos del art. 993 del Código Civil.

 

Obviamente, esta última solución no se modifica por el hecho de que -según se sostiene en el memorial- ese instrumento «no nos es oponible» (sic.), o que se «desconoció esta instrumental» (sic.), ni aun si el apelante pretendiera considerarse un tercero (arts. 994 y 995 del citado código).

 

Las manifestaciones que el oficial público indica que los interesados formularon en ese acto resultan alcanzadas por las previsiones del citado art.993 del Código civil y son suficientemente demostrativas de la cerrada e injustificada negativa del acreedor a recibir el pago, mucho más si se tiene en cuenta -como lo afirma el magistrado de la anterior instancia en párrafo que no ha merecido cuestionamiento alguno- el tenor del intercambio epistolar previo (cfr. fs. 325vta.).

 

Comprobada entonces la falta de colaboración en la recepción del pago sólo cabe tener por acreditada la mora del acreedor; el mero vencimiento del plazo no autoriza -como parece insinuarse en los agravios- a considerar moroso al deudor que se ha visto impedido de pagar por la actitud injustificada del acreedor (art. 510 del Código Civil).

 

IV. A idéntica solución corresponde arribar en lo que a las costas se refiere. El carácter de vencido del acreedor moroso sólo autoriza a hacer aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal). En el caso no se presenta situación dudosa alguna que autorice a hacer excepción a la citada disposición legal.

 

Por estas consideraciones voto para que se declare desierto el recurso interpuesto a fs. 406 y firme en consecuencia la sentencia de fs. 315/329, con costas de la alzada al apelante vencido.

 

Por razones análogas, los doctores OJEA QUINTANA y UBIEDO adhieren al voto que antecede.

 

Con lo que terminó el acto.

 

JULIO M. OJEA QUINTANA

 

CARMEN N. UBIEDO

 

PATRICIA E. CASTRO

 

MARÍA LAURA RAGONI

 

SECRETARIA INTERINA

 

Buenos Aires, 29 de abril de 2012.

 

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 406 y firme en consecuencia la sentencia de fs. 315/329, con costas de alzada al apelante.

 

Los honorarios serán regulados una vez fijados los de la instancia de grado.

 

Regístrese y notifíquese.-

 

MARÍA LAURA RAGONI

 

SECRETARIA INTERINA

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