El banco debe responder frente al hurto del contenido de la caja de seguridad, salvo caso fortuito, pues es una obligación de resultado.

Partes: Arévalo José Alberto y otro c/ Banco de la Nación Argentina – Sucursal Balvanera s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial   Sala/Juzgado: B

Fecha: 30-mar-2012  

Cita: MJ-JU-M-72336-AR | MJJ72336 | MJJ72336

La custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es una obligación de resultado, disipar el riesgo, y debe responder por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del hurto del contenido de la caja de seguridad, pudiendo exonerarse solo demostrando caso fortuito o fuerza mayor notoriamente ajeno al servicio prestado.

Sumario:

1.-El banco debe responder por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del hurto del contenido de la caja de seguridad de la cual es titular el reclamante, pues el contrato de servicio de caja de seguridad impone al banco prestador un deber de ‘defensa’ contra ‘toda’ intromisión del exterior y el incumplimiento de tal obligación genera responsabilidad contractual.

2.-La custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad supone disipar el riesgo, es decir, no basta con ‘hacer lo posible’ para obtener su resguardo, sino que se impone obtenerlo; y para excluir su responsabilidad debe demostrar que el resultado al que se obligó ha sido impedido por una causa a él no imputable, una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva.

3.-Toda vez que la obligación asumida por el banco, al alquilar una caja de seguridad es de resultado, la carga de la prueba corresponde al deudor, mientras que el acreedor nada tiene que probar para exigir responsabilidad en caso de incumplimiento. Es que en la contratación bajo examen el banco no se compromete a prestar una determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado consistente en la conservación del statu quo de la caja al ser cedida al cliente.

4.-El incumplimiento del servicio de custodia de una caja de seguridad, genera una responsabilidad objetiva, y en consecuencia es irrelevante que el banco pretenda acreditar que obró sin culpa, desde que no es tal la conducta que califica el reproche, sino la ausencia del resultado previsto.

5.-El profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 , CCom.) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios.

6.-La calidad de banquero es un antecedente jurídico necesario que lo somete a la doctrina del riesgo profesional y a los principios generales de la culpa civil y de los arts. 512 , 901 y 902 del CCiv. y en tanto el defendido es un colector de fondos públicos, el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, y los particulares que contratan con él descuentan su profesionalidad.

7.-No obsta a la responsabilidad del banco, ante el robo de los efectos que se encontraban en una caja de seguridad, el hecho de que los objetos hayan sido sustraídos mediante delito de hurto, ya que en el servicio de contratos como el que nos ocupa, los clientes buscan de la entidad bancaria la garantía de máxima seguridad no sólo contra el riesgo de robo, sino también por el extravío o pérdida de sus bienes guardados en la caja de seguridad; por lo que resulta factible sostener que en las dos últimas circunstancias aludidas, pueda caber la noción de hurto.

8.-Admitir la validez de la clausula del contrato de alquiler de caja de seguridad, conforme a la cual …El Banco garantiza únicamente la integridad externa de la caja y no responde por el contenido, corriendo por cuenta y riesgo de los locatarios su conservación, cuidado y retiro… , implica desnaturalizar dicho contrato y lo dejaría prácticamente sin objeto, toda vez que el banco asume una obligación de resultado y si se admitiera la validez de dicha cláusula se configuraría de hecho una negación de dicho resultado, lo que resulta incongruente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no acarrearía para el banco consecuencias jurídicas. Es decir, que constituiría una verdadera ‘invitación al incumplimiento’ y un indeseable estímulo al desinterés y la desidia en la conservación de los bienes comprometidos y a ello se agrega que se frustraría la finalidad perseguida por el cliente que no es la del mero uso de la caja de seguridad y de disuadir o prevenir el riesgo de robo, sino proveer una custodia efectiva en orden a obtener el resguardo de los bienes contenidos en el cofre.

9.-La excusa admisible como eximente de responsabilidad debe provenir de un caso fortuito o fuerza mayor notoriamente ajeno al servicio prestado, tales como un cataclismo -sea por obra de la naturaleza o un hecho del hombre-; mas no un acto de criminalidad, porque son justamente éstos los que motivan a contratar una caja de seguridad. El deber de custodia por parte del banco forma la ‘esencia’ de estos contratos y el cliente busca en la entidad bancaria la garantía de máxima seguridad contra el riesgo de robo o pérdida de las cosas.

10.-La circunstancia de que no haya existido forcejeo sobre los cofres a lo sumo demuestra que no existió violación en sus mecanismos de cerradura, pero de ninguna manera acredita que no se haya producido un acceso ilegal a éstos.

11.-Sin desconocer la existencia del daño moral ante el robo de una caja de seguridad, en tanto lo no recuperado es solamente dinero, ese daño encuentra parcial satisfacción mediante la condena a entregar una suma que restablezca el equilibrio patrimonial alterado con sus intereses. Distinto sería -en principio- si los accionantes se hubiesen visto privados de bienes distintos del dinero, tales como documentos de importancia, objetos de arte, joyas, recuerdos familiares, o pertenencias no monetarias de distinta índole pero valiosas, no solo desde el punto de vista material sino también desde el plano puramente afectivo o emocional, en cuyo caso y bajo la condición de la correspondiente prueba cabría acceder al resarcimiento del daño moral tal como fue pretendido.

12.-El resarcimiento del daño psicológico es muy difícil de justipreciar, pues no sólo se trata de un daño ‘invisible’, sino que también pudo haber existido con antelación al hecho ilícito y haberse exteriorizado o recrudecido a raíz de él, con lo cual no sería un daño sobreviniente sino el agravamiento de uno preexistente. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de dos mil doce, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “AREVALO JOSE ALBERTO Y OTRO” contra “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL BALVANERA” sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde E. Ballerini y Ana I. Piaggi.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:

I. La causa.

(a) A fs. 166/80 ‘José Alberto Arévalo’ y ‘Evangelina Lamónica’ promovieron la presente demanda contra ‘Banco de la Nación Argentina – Sucursal Balvanera’ en procura del cobro de dólares estadounidenses ciento cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho (u$s 143.948) y pesos doscientos mil ($ 200.000) o lo que en más o en menos surgiera de prueba a producirse, con más intereses y costas.

Explicaron que oportunamente contrataron con la defendida el servicio de cajas de seguridad que identificaron como nro. 23-1 y 24-2 y que el día 16-01-02 al apersonarse en la referida sucursal, comprobaron que los cofres pertinentes se encontraban vacíos.

Agregaron que aquel día, no obstante haber ingresado ambos actores al sector de cajas de seguridad, únicamente fue requerido que la Sra. Lamónica suscribiera el formulario de ingreso; que al haber comprobado el vaciamiento de los cofres solicitaron la presencia del gerente de la sucursal y que por nota dirigida a la institución, pidieron la formación de una investigación administrativa.

Sostuvieron que todos los antecedentes relatados se encontraban incorporados en la causa penal que debieron promover ante la justicia del crimen, de los cuales -en sustancia- se pueden extraer los siguientes:(i) el experto cerrajero que presentó su informe pericial en aquel pleito concluyó que las cerraduras de ambas cajas funcionaban con normalidad y no presentaban daños ni signos de violencia; (ii) la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina determinó que no pudieron ser individualizadas las personas ni los cofres en cuestión en las cintas de grabación tomadas por el sistema de seguridad de la entidad bancaria y, (iii) que los mentados videos presentaban cortes en su grabación.

Con los precedentes descriptos y mediante la transcripción de numerosa jurisprudencia que consideran aplicable al caso, concluyeron que el banco demandado no cumplió con sus obligaciones de custodia.

En punto al origen de los fondos siniestrados, aseguraron que éste podía corroborarse por las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes a los períodos 1996-2001 que en copia aportaron.

Hicieron alusión al contrato de caja de seguridad, a las obligaciones asumidas por el banco que reputaron incumplidas, practicaron liquidación de la suma reclamada destacando que dentro del daño moral estaba incluido el psicológico, reprodujeron copiosa jurisprudencia en sustento de su posición, fundaron su pretensión en derecho y ofrecieron prueba.

(b) A fs. 241/67 la representación letrada de la defendida se presentó en el proceso, contestó la demanda instaurada en su contra y solicitó su rechazo.

Luego de la negativa pormenorizada de los extremos invocados en el escrito inaugural del pleito, brindó su versión de lo acontecido.

Reconoció la existencia del contrato de locación de las dos cajas de seguridad celebrado con los demandantes bajo la modalidad de orden recíproca.Agregó que el día 16 de enero de 2002, ‘Arévalo’ y ‘Lamónica’ se hicieron presentes en la sucursal Balvanera en dos ocasiones -aproximadamente a las 10.20 horas en la primera oportunidad y a las 12.40 horas la restante-, manifestándole a las autoridades de la entidad que al abrir sus cofres, éstos se encontraban totalmente vacíos salvo por unos gemelos y ciertos papeles sin importancia que quedaron sin sustraer.

Destacó que resulta ‘llamativo’ que el mentado doble ingreso no haya sido mencionado tanto en la denuncia policial que realizara ‘Lamónica’, cuanto en la ratificación prestada por ‘Arévalo’; y que tampoco haya sido referido en la presentación de demanda.

Luego de subrayar los antecedentes obrantes en la causa penal, tales como diversas declaraciones realizadas por sus dependientes y el informe pericial de cerrajero cuya conclusión refirió que no existió violencia en ninguna de las dos cerraduras, expuso que la Fiscalía a cargo de la investigación resolvió el archivo de las actuaciones al no restar diligencias que disponer “.habiéndose descartado que se haya ejercido violencia sobre las cajas de seguridad en cuestión, surgiendo de las constancias arrimadas al legajo que Lamónica y Arévalo habrían recibido las dos únicas llaves gemelas que permiten la apertura de las cajas junto con la llave maestra que se encuentra en poder de la entidad bancaria . entiende el Suscripto que no existen elementos que permitan continuar con esta pesquisa a efectos de comprobar la materialidad del suceso investigado .”.

Prosiguió explicando que el espacio donde se encuentran los cofres -más de dos mil- es una bóveda especial, totalmente blindada, sin ningún tipo de aberturas salvo las correspondientes al acceso de los clientes; que se encuentra protegida por una puerta dotada de cerradura triplecronométrica con un mecanismo de cuatro relojes programables; que ésta se abre con la intervención del tesorero y del gerente de la sucursal, previa liberación de las claves que únicamente aquéllos conocen a las diez de la mañana y se cierra a las tres y media o cuatro de latarde; que las paredes que la rodean son de un amplio grosor y que posee un sistema de alarma tipo láser que suena ante cualquier movimiento que se realice una vez cerrado el banco.

Añadió la modalidad con la que los clientes ingresan al sector de las cajas, que puede sintetizarse en: (i) previo al ingreso al recinto donde se encuentra el cofre, el cliente debe constituirse en un mostrador y completar una boleta de acceso con su firma y el número de caja; (ii) el empleado del sector verifica la signatura inserta en el comprobante coincida con la consignada en el contrato; (iii) si las verificaciones realizadas no merecen observaciones, se coloca una inicial en el comprobante y se hace constar un cargo en el mismo que refiere la fecha y la hora de ingreso; (iv) el cliente debe trasponer una reja donde se encuentra apostado personal de vigilancia que le requiere la boleta de ingreso y se asienta dicha circunstancia en un libro; (v) ya dentro del recinto un empleado que trabaja exclusivamente en ese sector solicita el comprobante y acompaña al cliente hasta el lugar donde se encuentra la caja de seguridad con la llave maestra en su poder; (vi) con la llave que únicamente posee el cliente y la llave maestra proporcionada por el banco, se procede a la apertura del cofre y; (vii) no se permite el ingreso simultáneo de diversos locatarios de cajas de seguridad para lograr una mayor seguridad.

Finalizó su exposición destacando que jamás tuvo reclamo alguno realizado en base a bienes desaparecidos en cajas de seguridad de su Sucursal Balvanera y reprodujo jurisprudencia que resultaría aplicable al supuesto de autos.

(c) Las restantes consideraciones fácticas que rodean la causa se encuentran debidamente reseñadas en la sentencia de la anterior instancia, por lo que a ella me remito en orden a evitar innecesarias repeticiones.

II. La sentencia de primera instancia.

La prueba se produjo conforme la certificación de fs. 746/9, posteriormente ampliada a fs. 771. La demandante alegó a fs. 789/94, mientras que la defendida hizo lo propio a fs.780/7.

A fs. 801/18 el primer sentenciante acogió parcialmente la demanda y en consecuencia condenó a la defendida al pago de: (i) dólares estadounidenses ciento cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho (u$s 143.948) con más los intereses que mandó calcular mediante la aplicación de una tasa de ocho por ciento (8 %) anual desde la notificación de la demanda y, (ii) pesos ciento treinta mil ($ 130.000) en concepto de daño moral y psicológico, con más los réditos correspondientes a computarse por la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa activa-, también desde la notificación de la demanda.

III. Los recursos.

Ambos contendientes quedaron disconformes con el acto jurisdiccional y lo apelaron a fs. 819 (accionante) y fs. 822 (defendida). Sostuvieron los recursos que originaron la intervención de este Tribunal con las expresiones de agravios de fs. 899/902 y fs. 905/14 que merecieron las réplicas de fs. 918/24 y fs. 926/8, respectivamente.

Recibidos los autos caratulados “NN s. hurto con uso de ganzúas (Damnificada: Lamónica Evangelina), tal como da cuenta la nota de fs. 932, fue dictado el llamamiento de autos para sentencia por lo que esta Sala se encuentra habilitada para decidir.

IV. La decisión.

(a) Recurso de los accionantes.

La crítica desarrollada por los quejosos, transita por el dies a quo fijado para el devengamiento de los réditos reconocidos, fijado para el día de notificación de la demanda.Postulan -según su perspectiva- que el punto de partida del cálculo de intereses sea establecido en la fecha en que los cofres fueron encontrados vacíos (16-01-02), que coincide con la remisión de la nota mediante la cual se puso en conocimiento de la entidad bancaria la cantidad exacta de los valores que habían sido sustraídos.

(b) Recurso de la defendida.

La queja esencial de la entidad bancaria es ciñe en torno a que el juez a quo concluyó equivocadamente que las medidas de seguridad por ella adoptadas no fueron las adecuadas para la obligación asumida y que tampoco fue considerado que los cofres pertenecientes a los accionantes no habían sido violentados.

Refiere que la sentencia involucrada no explicó el modo en que pudieron desaparecer los bienes reclamados sin que haya existido forzamiento alguno de sus mecanismos de apertura, hecho que efectivamente fue tenido en cuenta en la causa penal pertinente para proceder a su archivo.

Concluye entonces manifestando que resulta errado endilgarle responsabilidad ante la desaparición de las pertenencias de los accionantes.

En segundo lugar, cuestionan la extensión económica de la indemnización otorgada.

(c) Cotejadas las posturas asumidas por los contendientes y las pruebas colectadas, advierto que no existe controversia en punto a que los accionantes y la defendida se encontraron vinculados mediante un contrato de caja de seguridad en relación a los cofres identificados como 23-1 y 24-2; que cada cliente que contrata dicho servicio posee un juego de llaves que es suministrado por el banco para abrir la caja; que el mecanismo para acceder al cofre se compone de la apertura conjunta con la llave del cliente y la llave ‘maestra’ que se encuentra en poder de la entidad y; que el día 16 de enero de 2002 fue denunciado los demandantes el faltante de la suma reclamada.Dichas circunstancias servirán de plataforma fáctica sobre la que estructuraré la decisión que debo propiciar, destacando que la cuestión medular a resolver transita por la atribución o no de responsabilidad a la defendida por el alegado incumplimiento contractual.

Asimismo, agrego que un orden lógico de prelación impone la necesidad de tratar en primer término los agravios formulados por la defensa puesto que la solución a la que arribe en tal materia recursiva proyectará consecuencias para el estudio de la protesta de los accionantes y que por haberse reclamado la revocación total de la decisión, nos encontramos habilitados para examinar la litis en su integridad.

(d) Aún cuando -reitero- no se encuentra controvertida la existencia del contrato de caja de seguridad celebrado por las partes, no resulta ocioso recordar que tiene reiteradamente decidido esta Sala que la entidad demandada debe responder por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del hurto del contenido de la caja de seguridad de la cual es titular el reclamante, pues el contrato de servicio de caja de seguridad impone al banco prestador un deber de ‘defensa’ contra ‘toda’ intromisión del exterior y el incumplimiento de tal obligación genera responsabilidad contractual.

Asimismo, que la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad supone disipar el riesgo, es decir, no basta con ‘hacer lo posible’ para obtener su resguardo, sino que se impone obtenerlo; y para excluir su responsabilidad debe demostrar que el resultado al que se obligó ha sido impedido por una causa a él no imputable, una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva.

Por ello, toda vez que la obligación asumida es de resultado, la carga de la prueba corresponde al deudor, mientras que el acreedor nada tiene que probar para exigir responsabilidad en caso de incumplimiento.Es que en la contratación bajo examen el banco no se compromete a prestar una determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado consistente en la conservación del statu quo de la caja al ser cedida al cliente (Garrigues, Joaquín, “Contratos Bancarios”, Madrid, 1958, pág. 467).

Así, el incumplimiento del servicio comprometido -reitero- genera una responsabilidad objetiva, y en consecuencia es irrelevante que el banco pretenda acreditar que obró sin culpa, desde que no es tal la conducta que califica el reproche, sino la ausencia del resultado previsto (CNCom., esta Sala, in re, “Sucarrat, Gustavo Adolfo c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, del 26-03-93).

Por otra parte, el profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 , CCom.) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios (CNCom., esta Sala, in re, “Maquieira, Héctor y otro c. Banco de Quilmes S.A.”, 14-8-96). La calidad de banquero es un antecedente jurídico necesario que lo somete a la doctrina del riesgo profesional y a los principios generales de la culpa civil y de los arts. 512 , 901 y 902 del Cód. Civil y en tanto el defendido es un colector de fondos públicos, el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, y los particulares que contratan con él descuentan su profesionalidad (CNCom, esta Sala, in re, “González Mario Daniel c.Banco Popular Argentino” ; del 31-10-97).

Participo también de la corriente jurisprudencial que sostiene que no obsta a la aplicación de las conclusiones establecidas en los precedentes mencionados el hecho de que los objetos hayan sido sustraídos mediante delito de hurto, ya que en el servicio de contratos como el que nos ocupa, los clientes buscan de la entidad bancaria la garantía de máxima seguridad no sólo contra el riesgo de robo, sino también por el extravío o pérdida de sus bienes guardados en la caja de seguridad; por lo que resulta factible sostener que en las dos últimas circunstancias aludidas, pueda caber la noción de hurto (CNCom, esta Sala, in re, “Feldman, Néstor y otro c. Banco de Crédito Argentino S.A.” , del 07-12-07).

(e) Adentrándome en la materia sometida a estudio, reitero que la defendida sustenta su postura esencialmente en que las obligaciones contractuales asumidas fueron debidamente cumplimentadas y que la causa penal indicó que toda vez que las cerraduras de los cofres no fueron forzadas, no existían elementos como para continuar con la pesquisa referida a la identificación de los autores del delito.

Asimismo, al tiempo de contestar demanda fue argüido como eximente de responsabilidad que la cláusula octava de los contratos en cuestión establecía que “.El Banco garantiza únicamente la integridad externa de la caja y no responde por el contenido, corriendo por cuenta y riesgo de los locatarios su conservación, cuidado y retiro.” (fs. 256).

En punto a la exoneración de responsabilidad emergente la cláusula supra transcripta, juzgo que admitir sus previsiones, sin duda alguna, desnaturalizaría el contrato y lo dejaría prácticamente sin objeto.Es que el banco asume una obligación de resultado y si se admitiera la validez de dicha cláusula se configuraría de hecho una negación de dicho resultado, lo que resulta incongruente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no acarrearía para el banco consecuencias jurídicas. Es decir, que constituiría una verdadera ‘invitación al incumplimiento’ y un indeseable estímulo al desinterés y la desidia en la conservación de los bienes comprometidos. A ello se agrega que se frustraría la finalidad perseguida por el cliente que no es la del mero uso de la caja de seguridad y de disuadir o prevenir el riesgo de robo, sino proveer una custodia efectiva en orden a obtener el resguardo de los bienes contenidos en el cofre.

Para más, agrego que desde la perspectiva de las previsiones de la ley de defensa del consumidor , dichas cláusulas deben considerarse como no escritas a tenor de lo dispuesto por el art. 37 que establece, que “Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño, b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor”.

En lo atinente a que la causa tramitada en sede del crimen se mandó reservar a la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido hasta que surgieran -en su caso- nuevos elementos como para continuar la investigación realizada, en tanto fue descartada la existencia de violencia sobre las cajas de seguridad (fs.108/10 del mentado proceso), subrayo que la queja pierde andamiaje teniendo en consideración que en la causa penal se intentó dilucidar la imputación de cierto hecho ilícito, y en el caso sub examine se debe determinar la responsabilidad de la entidad bancaria accionada como consecuencia de aquél. Así, resulta claro que una cuestión es la responsabilidad penal del autor del hecho y otra muy distinta, la responsabilidad de la entidad bancaria respecto al cumplimiento -o no- de sus obligaciones contractuales.

Recuerdo que la excusa admisible como eximente de responsabilidad debe provenir de un caso fortuito o fuerza mayor notoriamente ajeno al servicio prestado, tales como un cataclismo -sea por obra de la naturaleza o un hecho del hombre-; mas no un acto de criminalidad, porque son justamente éstos los que motivan a contratar una caja de seguridad. El deber de custodia por parte del banco forma la ‘esencia’ de estos contratos y el cliente busca en la entidad bancaria la garantía de máxima seguridad contra el riesgo de robo o pérdida de las cosas.

Agrego a lo expuesto que en todo caso, la circunstancia de que no haya existido forcejeo sobre los cofres a lo sumo demuestra que no existió violación en sus mecanismos de cerradura, pero de ninguna manera acredita que no se haya producido un acceso ilegal a éstos.

Finalmente, tampoco se advierte cierta la versión referida a que el banco “. ha dado cabal cumplimiento con el deber de custodia y garantía .” (fs. 256) en tanto: (i) tal como surge de la contestación de oficio proveniente del Banco Central de la República Argentina la sucursal involucrada presentaba “.tres incumplimientos con las medidas mínimas de seguridad establecidas en la normativa vigente (Comunicación “A” 3390/01), a saber: no presenta autorización de reemplazo del Tesoro Blindado por Caja de Tesoro Móvil, no posee cerradura bicornométrica y/o combinación y retardo en el módulo interior de la Caja Tesoro Móvil y carece de certificados de fabricación de las Cajas de Atesoramiento Transitorio .” (fs.439) y; (ii) el informe pericial referido a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad demandada (corroborado por las conclusiones expuestas por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina -fs. 94/105, de la causa penal) da cuenta que las grabaciones de las cámaras de seguridad presentaban cortes de filmación y que no permitían la debida identificación tanto de las personas que ingresaban al recinto, cuanto del interior del mismo, incumpliendo de esa manera la normativa aplicable (Circular Runor 1-487).

Sobre este último punto, destaco que no soslayo que el aludido informe pericial resultó observado por la defendida, mas advierto que para que proceda el apartamiento del dictamen pericial, sería necesaria la existencia de otros elementos en la causa, que permitan concluir en el error o el inadecuado uso de los conocimientos aplicados por el experto; circunstancias que no concurren cuando -como en el caso- obran meras apreciaciones subjetivas del recurrente (CNCom., esta Sala, in re, “Urbano Raúl c/ García Omar s/ ejecución”, del 25-06-87). Por tanto, como no observo deficiencias técnicas en el peritaje, éste conserva plena eficacia probatoria (arts. 386 y 477 C.P.C.C.).

(f) Establecida entonces la responsabilidad del banco, pasaré a renglón seguido a analizar la extensión económica de los rubros que componen la indemnización correspondiente.

f.1. Los datos que surgen de las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias y a los bienes personales de fs. 3/13 presentadas por ‘Arévalo’ ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, se han visto corroborados por el informe pericial contable obrante a fs. 459/60, los que dan cuenta acerca de la existencia de dólares estadounidenses ciento siete mil setecientos cuarenta y ocho (u$s 107.748) como ‘dinero en efectivo’ para el DDJJ del año 2000 (v. fs.459 vta.); destacándose que con motivo de la denuncia por sustracción de los valores en las cajas de seguridad, el demandante no incluyó dichas sumas en la DDJJ posterior.

Así, surge que ‘Arévalo’ declaraba ante el órgano recaudador estatal la suma indicada y tributaba por ella, por lo que limitaré el quantum del rubro al monto referido, toda vez que por el resto de lo reclamado no existe constancia alguna de su existencia (u$s 36.200 = u$s 143.948 – u$s 107.748).

Asimismo, tengo por acreditado que los accionantes contaban con divisa extranjera en las cajas de seguridad involucradas, a través de las declaraciones testimoniales producidas por Gabriela Valverde (fs. 330bis/1); Rosa Sender (fs. 332/4); Guillermo Peña Casares (fs. 339/41); Alberto Barros (fs. 342/4) y; Juan Matarrese (fs. 348/50), quienes aseveraron en sustancia que ‘Lamónica’ y ‘Arévalo’ contaban con un buen pasar económico, que el sueldo del accionante alcanzaba aproximadamente los siete mil quinientos u ocho mil dólares estadounidenses mensuales, que tenían capacidad de ahorro y que contaban con caja fuerte en el banco demandado.

Sobre el particular, concedo particular trascendencia al hecho de que no hayan sido cuestionados tales testimonios al tiempo de su concreción, ya que nadie permite que los testigos mientan cuando perjudican sus intereses. Frente a tal circunstancia, considero que el silencio de la demandada es relevante a los fines de formar mi convicción. He dicho en anteriores oportunidades que nadie que sea afectado con la declaración de un testigo que se aparta de la verdad, permanece indiferente ante tal declaración.Nótese que la defendida pese a haber comparecido a las audiencias por medio de representante letrado, no sólo no atacó los testimonios en esta sede, sino que tampoco recurrió a la justicia penal para dilucidar la existencia de falso testimonio (CNCom., esta Sala, mi voto, in re, “Torreiro, Oscar c/ Vilas, Jorge”, del 27.8.91).

En punto a los intereses, esta Sala -bien que con diferente composición- ha aplicado, en supuestos de moneda extranjera, la tasa activa de interés involucrada en operaciones de descuento en dicha moneda (CNCom., esta Sala, in re “Tutelar Cia. Financiera S.A. c. Conforti de Muñoz”, del 20-04-95; íd. in re “Assisa, Eduardo c. Roselli, Gustavo”, del 10-11-95; íd. in re, “Banco de la Ciudad de Bs. As. c. Textil Integrada del Norte S.A.” del 29-12-95).

Luego, y como es de público conocimiento a partir de enero de 2002 el Banco de la Nación Argentina y en general las entidades financieras no otorgaron préstamos en dólares estadounidenses y por ende, no se publicó tasa activa en dicha moneda.

En ese contexto este Tribunal decidió fijarla teniendo en cuenta que la tasa aplicable debe reconocer un rédito puro, pues el valor de los dólares cuenta con cierta estabilidad por tratarse de una moneda ‘fuerte’ que no se encuentra, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia.

Y si bien esta Sala -también con anterior composición- consideró adecuado fijarla en un 8% anual, un nuevo examen de la cuestión conduce a concluir que actualmente resulta más equitativa la aplicación de un 6 % (seis por ciento).

Esta alícuota guarda congruencia con las aplicadas en negocios actuales que involucran operaciones concertadas en moneda extranjera (vgr.tasa de interés del último bono en dólares estadounidenses emitido recientemente por el Estado Nacional que fue del 7% anual (ver Bonar X y emisión de Bonar 2013); tasas promedio cobradas por entidades financieras privadas por préstamos al sector privado no financiero en dólares estadounidenses publicadas en el boletín estadístico del B.C.R.A. que rondan similar porcentaje según se trate de préstamos a personas físicas o jurídicas y a operaciones con garantías prendarias o hipotecarias; préstamos a ciertos sectores económicos que en el marco de “Financiamiento de Inversiones Productivas” el BNA otorga y cobra, para operaciones en dólares estadounidenses la tasa “Libor” (ver página oficial: http://www.bcra.gov.arhttp://www.bcra.gov.ar ).

Con tales alcances deberán ser liquidados los intereses correspondientes.

f.2. En relación al daño moral -comprensivo del daño psicológico- padecido por los accionantes, juzgo también que su cuantificación debe ser morigerada.

Ello, desde que sin desconocer su existencia, lo no recuperado es solamente dinero, y ese daño encuentra parcial satisfacción mediante la condena a entregar una suma que restablezca el equilibrio patrimonial alterado con sus intereses.

Distinto sería -en principio- si los accionantes se hubiesen visto privados de bienes distintos del dinero, tales como documentos de importancia, objetos de arte, joyas, recuerdos familiares, o pertenencias no monetarias de distinta índole pero valiosas, no solo desde el punto de vista material sino también desde el plano puramente afectivo o emocional, en cuyo caso y bajo la condición de la correspondiente prueba cabría acceder al resarcimiento del daño moral tal como fue pretendido.

Respecto del daño psicológico propiamente dicho, tengo dicho que su resarcimiento es muy difícil de justipreciar, pues no sólo se trata de un daño ‘invisible’, sino que también pudo haber existido con antelación al hecho ilícito y haberse exteriorizado o recrudecido a raíz de él, con lo cual no sería un daño sobreviniente sino el agravamiento de uno preexistente.(CNCom., esta Sala, mi voto, in re “Muglia, Carlos Gustavo c/ Transporte 27 de Junio S.A. s/ Sumario. 04-10-04).

En el sub examine surge evidente que ello así ocurrió a partir de las conclusiones que fluyen del informe pericial obrante a fs. 577/84, del que surge la necesidad de efectuar tratamientos; y sin desconocer que dicha presentación resultó impugnada por la defendida, la contestación realizada por la experta (fs. 613/6) se fundó en principios técnicos inobjetables. Ergo, ante la ausencia de prueba que lo desvirtúe e imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, la sana crítica conduce a aceptar sus conclusiones (arts. 386 y 477 CPr.).

Como ya expuse, evaluaré el daño psicológico dentro del moral, en tanto el hecho ilícito fue idóneo para sumir a los accionantes en el estado psíquico descripto por la perito y se tornaron necesarios tratamientos para su superación. Así, corresponde acceder a la indemnización para atender esos gastos, habida cuenta que el daño psicológico tiende a reparar las efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteren la personalidad integral de la víctima.

La perito concluye que ‘Lamónica’ a raíz de los inconvenientes suscitados en autos presenta un “. trastorno depresivo mayor grave, sin síntimas psicótcos .” (fs. 582), debiendo recibir tratamiento psicológico con una duración aproximada de dos años y medio,

Respecto de ‘Arévalo’ la perito concluyó que resulta conveniente un tratamiento psicológico durante un año con una frecuencia de dos veces por semana, y un costo de $ 70 (pesos setenta) por sesión.

Juzgo que cualquier persona normal debe haber experimentado alteración en su estado anímico, profunda preocupación por la situación en que injustamente se lo colocó ante la desaparición de sus ahorros o estados de irritación que afectaron su equilibrio.El siniestro acaecido ante el obrar negligente del banco seguramente repercutió en las legítimas expectativas de los actores importando mortificaciones de resultados disvaliosos para su espíritu, un sufrimiento y también un estado de impotencia.

Por las consideraciones vertidas, a partir de las características de la lesión padecida, sus secuelas y tratamientos aconsejados; por aplicación de la facultad contenida en el art. 165 CPr., consider o que corresponde reconocer a los actores en concepto daño moral y daño psicológico, las sumas de $ 12.000 (pesos doce mil); y $ 24.000 (pesos veinticuatro mil) a favor de ‘Arévalo’ y ‘Lamónica’, respectivamente, más los intereses que se mandan calcular mediante la aplicación de la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa activa-.

Respecto al dies a quo para el cálculo de los réditos correspondientes a ambos rubros, no comparto el punto de partida temporal establecido por el juez a quo en tanto -en mi parecer- éstos siempre deben liquidarse desde la fecha de producción del daño. Es que considero que ellos comienzan a devengarse -en principio- desde la génesis del perjuicio y no desde otro momento (vgr. fecha de notificación de demanda o del reconocimiento judicial del reclamo). En conclusión, propiciaré que en el caso la aplicación de intereses sea reconocida desde el 16-01-02 (esto es la fecha en que ‘Arévalo’ y ‘Lamónica’ encontraron los cofres de seguridad vacíos y anoticiaron al banco de ello), ya que desde ese momento los pretensores se vieron impedidos de acceder a su dinero.

Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (CNCom, esta Sala, in re “Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s. ordinario”, del 27-8-89; CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13/11/1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm.Nacional de Aduanas” , del 12/2/1987; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros). Es que según doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez no tiene el deber de analizar todos y cada uno de los argumentos propuestos, sino tan sólo aquellos que a su criterio sean conducentes y posean relevancia para la decisión del caso (Fallos 258:304; 262:222; 272:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otros).

V. Honorarios.

(a) Toda vez que las audiencias de mediación se produjeron con fecha 14 de abril de 2004 (v. fs. 99) corresponde valorar las tareas efectuadas por el mediador con observancia de las pautas del art. 21 de decreto 91/98. Por tanto, se reducen a seiscientos pesos ($ 600) los estipendios del mediador Alejandro Pablo Monteleone.

(b) Se deja constancia de que se ha considerado como base regulatoria el monto del juicio integrado por el capital y los intereses (conf. doctrina plenaria recaída “in re”: “Banco del Buen Ayre c/ J. Texeira Méndez S.A. s/ inc. de honorarios por Bindi, Gustavo Alberto” , del 29-12-94) devengados hasta la fecha de la presente.

En atención a la índole, extensión de los trabajos realizados y las características e importancia del pleito de que se trata, se elevan a cinto ochenta mil trescientos pesos ($ 180.300) los honorarios del Dr. Alberto Spota -letrado apoderado de la actora en las tres etapas del proceso-; a . pesos ($.) los del Dr. Sebastián Serrano Solveyra -letrado apoderado de la actora en la segunda etapa del proceso-. Por otro lado, se confirman por el sentido del recurso -apelación por altos- en . pesos ($.) los emolumentos de la Dra. Beatriz Bezina -patrocinante de la demandada en las tres etapas del proceso- y en . pesos ($. los del Dr. Claudio Fabián Tinganelli -apoderado de la demandada en las tres etapas del proceso- (arts.6, 7 , 9 , 19 , 37 y 38 de la ley 21.839).

Asimismo, se reducen a . pesos ($.) los honorarios del perito ingeniero con especialidad en seguridad bancaria y/o sistemas informáticos, Fernando Javier Liserre; a . pesos ($.) los del perito contador Hugo Carlos Borello; y a . pesos ($.) los de la perito psicóloga María Alicia Costa.

Se hace saber que la decisión adoptada con relación a los auxiliares encuentra fundamento en lo establecido por el art. 13 de la ley 24.432 (B.O. del 10.01.95), el cual faculta al juez a prescindir de la estricta utilización de los porcentajes establecidos por los regímenes arancelarios nacionales o locales que fijan la actividad, meritando la naturaleza y complejidad de las cuestiones ventiladas y la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional (conf. CNCom., esta Sala, in re: “Atma s/ quiebra s/ inc. de verificación por D.G.I.”, del 29.08.94; ídem, esta Sala, in re: “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/Renzi Marcelo Victor y otro s/ejecutivo” del 19.06.08 ).

Véase que la estricta, lisa y llana aplicación de los mínimos arancelarios dispuestos en las legislaciones correspondientes (arts. 80 y 82 del D/L 7887/55 -perito ingeniero-; art. 3 del D/L 16.638/57 -perito contador-; analog. perito médico L. 6742, L. 9348, D/L 1521/81 -perito psicóloga-) con relación al monto reclamado en el presente proceso, conduciría a una desproporción entre la labor realizada por los auxiliares y la retribución correspondiente.

Asimismo, se hace saber que se ha tenido en cuenta la proporcionalidad que debe existir con los honorarios fijados al resto de los profesionales intervinientes.Por ello, este Tribunal ha considerado para la fijación de los estipendios las pautas antes mencionadas, conformando así una remuneración mesurada, justa y equitativa.

(c) Por los trabajos realizados ante esta Alzada, que originaron la presente resolución, se fijan en . pesos ($ .) los estipendios del Dr. Alberto Spota; en . pesos ($.) los del Dr. Sebastián Serrano Solveyra; en . pesos ($.) los de la Dra. Beatríz Bezina y en . pesos ($.) los del Dr. Claudio Fabián Tinganelli (art. 14 de la ley 21.839).

(d) Los honorarios revisados fueron regulados a fs. 818 y fs. 839.

VI. Conclusión.

Por la estructura expuesta sugiero al Acuerdo acoger parcialmente los recursos de apelación introducidos y en consecuencia modificar la sentencia con el alcance de condenar a la defendida al pago de: (i) dólares estadounidenses ciento siete mil setecientos cuarenta y ocho (u$s 107.748) con más intereses que se mandan calcular mediante la aplicación de una tasa del . por ciento (.%) anual y, (ii) pesos . ($.) en concepto de daño moral y psicológico con más los réditos pertinentes que se liquidarán con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa activa-. Ello, desde el 16-01-02 y hasta su efectivo pago. Las costas, se imponen a la defendida vencida (art. 68 CPr.). Asimismo, fíjanse las modificaciones y regulaciones introducidas en materia de honorarios tal como surge del punto V.

He concluido. Por análogas razones las Dras. Ana I. Piaggi y Matilde E. Ballerini adhirieron al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara.

MARIA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

ANA I. PIAGGI

MATILDE E. BALLERINI

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012.

Y Vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve acoger parcialmente los recursos de apelación introducidos y en consecuencia modificar la sentencia con el alcance de condenar a la defendida al pago de:(i) dólares estadounidenses ciento siete mil setecientos cuarenta y ocho (u$s 107.748) con más intereses que se mandan calcular mediante la aplicación de una tasa del . ciento (.%) anual y, (ii) pesos . ($.) en concepto de daño moral y psicológico con más los réditos pertinentes que se liquidarán con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa activa-. Ello, desde el 16-01-02 y hasta su efectivo pago. Las costas, se imponen a la defendida vencida (art. 68 CPr.). Asimismo, fíjanse las modificaciones y regulaciones introducidas en materia de honorarios tal como surge del punto V.

Regístrese por Secretaría, notifíquese y devuélvase. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi y Matilde E. Ballerini. Es copia fiel del original que corre a fs. de los autos de la materia.

JORGE DJIVARIS – SECRETARIO

 

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