El correo electrónico como nuevo medio de notificación en la provincia de Buenos Aires

Autor: Pruzzo, Eugenia

Fecha: 11-jun-2012

Cita: MJ-DOC-5826-AR | MJD5826

Doctrina:

Por Eugenia Pruzzo (*)

Si bien es una realidad incontrastable que el correo electrónico (e-mail) emergió como un nuevo medio de comunicación que permite transmitir datos, información y mensajes a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras, dicho avance no tuvo el mismo correlato dentro del ámbito judicial; al menos, en lo que hace, a la tramitación de expedientes judiciales.

Dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia, aunque poco admitida, existe de antaño una gran resistencia a la incorporación de los medios informáticos.

A modo anecdótico, vale citar un fallo emitido en noviembre del año 2007, donde se dispuso que: «El sistema informatizado de consulta de causas no reemplaza al régimen de notificaciones del Código Procesal, por lo que la fecha para determinar si el recurso fue presentado extemporáneamente es la que obra en el expediente, y no en el soporte informático» (1). Lo resuelto es ajustado a derecho, pero no deja de ser llamativo que se informaticen los proveídos judiciales, se pueda hacer una consulta diaria de los mismos y sin embargo ello no implique notificación alguna.

La sobrecarga judicial es sin duda uno de los mayores motivos por los cuales la Justicia no puede llegar a dictar sentencia en tiempo adecuado. Es decir, que el cúmulo de tareas que pesan hoy sobre los juzgados, conlleva y produce una clara demora en la resolución de los conflictos.

Esta falta de celeridad procesal encuentra como uno de sus grandes factores a las notificaciones judiciales.

Ahora bien, en noviembre de 2008, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha una prueba piloto de notificaciones electrónicas, a efectos de avanzar en la implementación de estos modernos sistemas de comunicación procesal.Claramente, el Máximo Tribunal Provincial ha hecho un esfuerzo constante en intentar lograr un avance en este sentido.

Se produce entonces, la suscripción del Acuerdo Nº 3399, pretendiendo con ello lograr una directa repercusión en la eficiencia del servicio de justicia, reduciendo los tiempos del proceso (arts. 15 , Constitución provincial; 18 CN; 8 Convención Americana de Derechos Humanos ) y procurando una paulatina disminución en la utilización del soporte papel en los expedientes judiciales (conf. aspiración de «progresiva despapelización» reconocida con carácter general por el art. 48 de la Ley 25.506, a la que la provincia prestara adhesión por Ley 13.666 y en la que por otra parte se encuentra interesada la protección del medio ambiente -conf. arts. 41 CN, 28 CP).

No obstante, es recién, con la sanción de la Ley 14.142 , en el año 2010, que se introduce una reforma significativa al sistema provincial de notificaciones judiciales.

Con la mencionada ley, se propendió y logró la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se amplían, por medios más agiles y operativos, la forma de practicar las notificaciones y, en algunos supuestos, la carga de practicar las mismas, incorporándose -entre otras variantes- la notificación por correo electrónico.

Dicha reforma se introdujo para los procesos civiles y comerciales, con expresa aclaración de que la norma se aplicaría también en los procedimientos de concursos y quiebras.

Asimismo y en idéntico sentido, ha quedado incluido dicho soporte tecnológico para las notificaciones relativas al procedimiento laboral, a través de la modificación del artículo 16 de la Ley 11.653 . Sin bien no existe diferencia sustancial con la reforma efectuada al proceso civil y comercial, aclara la norma laboral que se requiere previa disposición judicial para la utilización de los medios alternativos de notificación.Ahora bien, a mi entender y tal como expondré, el texto de la ley resulta poco ejecutivo, pero la reglamentación efectuada en fecha 28/4/2011 por la Suprema Corte Provincial, en cumplimiento de la encomienda del artículo 143 bis del CPCC y que dio lugar a la suscripción del Acuerdo SCBA 3540/2011 Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos, le dará agilidad a este nuevo sistema.

La mencionada reglamentación establece las modalidades de tiempo y forma para utilizar el correo electrónico oficial, y tal como quedó redactado, permitirá una mayor eficiencia del servicio de justicia al menos en los aspectos instrumentales, reconociendo así las posibilidades actuales de comunicación.

La mencionada ley, en sustancial sintonía, modificó los artículos 40 y 143 del CPCC e incorporó a dicho cuerpo legal el precitado artículo 143 bis.

La nueva redacción del artículo 40 obliga a informar una casilla de correo electrónico como parte del domicilio de toda persona que litigue, aclarando que si es asistida o representada por varios profesionales, debe precisar cuál de los casilleros virtuales asignados a estos será su domicilio electrónico.

La importancia de ello radica en que el correo denunciado será considerado como la casilla asignada oficialmente, quedándose allí notificado de las todas disposiciones que reciba. Esto trajo aparejada la necesidad de otorgarle seguridad y confiabilidad a este nuevo medio de notificación.

Ante ello, se estableció que la Subsecretaría de Información de la Suprema Corte de Justicia es la encargada de implementar los recursos técnicos para contar con un sitio seguro (web) que sirva como soporte del sistema de notificaciones electrónicas.

Se crea así una base de datos en la que se depositan las comunicaciones a notificar, suscriptas con tecnología de firma digital, para garantizar la seguridad del acto de anoticiamiento.

El uso de la firma digital abarca no solo a funcionarios y auxiliares de Justicia, sino también a las partes y abogados intervinientes, los que podrán aportar un certificado digital propio.A estos efectos los colegios profesionales podrán brindar a sus matriculados el servicio de firma digital, obteniendo de las autoridades pertinentes la habilitación respectiva para actuar como certificadores licenciados (artículo 18, Ley 25.506 ).

De este modo, una vez constituido el domicilio electrónico le será asignado al letrado un casillero virtual en la base de datos del sitio web de notificaciones, contando con certificado de firma digital que avalará la autenticidad e intangibilidad de la operatoria.

Así, en el mencionado sitio web, se encontrarán los textos de los proveídos a notificar que estarán firmados digitalmente, quedando en condiciones de ser accedidos por las partes.

En esta línea de ideas y para mayor seguridad de la operatoria, se dispuso que la oficina de notificaciones encargada de la base de datos del sistema de comunicaciones electrónicas del Poder Judicial, entre otros datos, emitirá avisos de fecha de envío y de recepción de las notificaciones y por otra parte, al emitirse una comunicación, se contará con un certificado digital que será otorgado por la autoridad certificante del Poder Judicial, de conformidad con las reglamentaciones vigentes.

Sumado a lo expuesto, cuando el abogado confeccione una notificación la misma quedará por 24 horas a disposición del órgano jurisdiccional para ser supervisada, luego de lo cual será remitida al servidor del Poder Judicial.

Sentado lo anterior, vale destacar que este nuevo recaudo legal -denunciar un domicilio electrónico- debe ser cumplido en el primer escrito que se presente o bien en la primera audiencia a la que se concurra, si es esta la primera diligencia en la que se interviene.

En forma imperativa, el artículo 41 del CPCC, que no sufrió reforma alguna, dispone que si no se cumpliere con lo dispuesto en el artículo 40, es decir, ante la falta de constitución del domicilio, el domicilio legal quedará constituido en los estrados del juzgado o tribunal.La norma no aclara si esto mismo sucede, aun cuando se hubiera constituido un domicilio en el radio del juzgado, omitiendo denunciar un domicilio electrónico.

Por otra parte y tal como se expresó, también fue reformado el artículo 143 CPCC, el que en consonancia con la modificación del artículo 40, en su actual redacción, establece ciertos recaudos para la notificación por medio de correo electrónico.

Es decir que más allá de la forma en que se hará ejecutiva la notificación vía correo oficial, el mencionado artículo 143 dispone ante qué casos y bajo qué modalidad se podrá utilizar este medio de comunicación.

En este sentido, como principio general, establece que en los casos en que el Código prevé la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por otros medios, entre estos, en el inciso 1, menciona el correo electrónico oficial.

Los otros medios alternativos incorporados por esta reforma son el acta notarial, el telegrama colacionado con copia certificada y con aviso de entrega y la carta documento con aviso de entrega.

Sin embargo, el legislador no dio el mismo tratamiento al correo electrónico que a los otros medios mencionados, ya que hizo una clara distinción entre ellos.

Nótese, que los letrados pueden elegir alguno de estos nuevos medios de notificación sin necesidad de manifestación alguna, salvo que se trate del correo electrónico. Esta salvedad la realiza el propio código, pero nada dice sobre qué sucede o como actuar, en este caso. Entonces, la pregunta es si los letrados van a tener que manifestar, en cada oportunidad, que usarán dicho medio o si por el contrario podrán utilizarlo directamente respetando el procedimiento establecido en la ley y reglamentación.

Ante ello, no es ocioso destacar que el artículo 40 dispuso que en la casilla electrónica se cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte papel y la intervención del Oficial Notificador.Y el artículo 1 del Anexo Único del Reglamento implementa en forma imperativa que siempre que est é disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario. Es decir, que de tener que manifestar la utilización de ese medio, dichas manifestaciones serán sistemáticas y constantes.

Por su parte, en cuanto a la fecha de notificación la ley dispone que será el día de labrada el acta o entrega del telegrama o carta documento. En esos casos, la única aclaración que hace el Código es que cuando la notificación requiere que se adjunten copias de traslado, si no fuera posible la transcripción de su contenido las copias quedarán a disposición del notificado en el juzgado, lo que así se le hará saber quedando, la parte destinataria, notificada el día de nota inmediato posterior a su recepción o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa -correo electrónico- la salvedad mencionada se vuelve la regla, es decir, que en todos los casos se transcriba o no el contenido de las copias en traslado, se tendrá por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior a aquel en el que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sitio web o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado. Visiblemente el legislador no le otorgó la misma confiabilidad o seguridad jurídica que a los restantes medios incorporados, ya que la notificación no se produce por la sola recepción de la comunicación.

Lo sorprendente es que la reglamentación incorpora una excepción a lo expresado en el párrafo anterior y prevé que: «En casos excepcionales de urgencia, debidamente justificada en el auto que ordena la notificación, esta se tendrá por cumplida el día en el que la cédula quede disponible para su destinatario en el sitio web.En este último supuesto, será necesario que las copias respectivas sean acompañadas a la cédula en un archivo en formato digital». El tema será si efectivamente por vía reglamentaria se puede establecer esta excepción al texto de la ley.

Párrafo aparte merece la referencia a las copias que deben adjuntarse a una notificación realizada al domicilio electrónico. En el mismo sentido que el ya expuesto para los otros medios de notificación incorporados por la reforma, la ley dispone que, cuando la confección de las copias en formato digital resulte imposible o manifiestamente inconveniente, las mismas quedarán a disposición del notificado en el juzgado o tribunal, lo que así se le hará saber en el cuerpo de la cédula enviada al correo oficial.

Por su parte, la reglamentación dejó asentado que la entrega de copias se tendrá por cumplida si se transcribe su contenido en el propio cuerpo de la cédula o si son adjuntadas en un archivo en formato digital, quedando disponible su descarga para el destinatario. Las copias en formato digital aludidas deberán cumplir con los requerimientos que establezca la Subsecretaría de Información, permitiendo su concentración en un único archivo.

Como dato no menor, el notificado, su abogado o quien ellos autoricen podrán retirar personalmente las copias desde el momento en que la notificación quede disponible para el destinatario en el sitio web de notificaciones, sin que ello importe adelantar el momento en que se tiene por perfeccionada la notificación, de conformidad con lo explicitado anteriormente.

En contrapartida, quien envía el correo electrónico queda notificado en el mismo momento en que lo emite.

Vale entonces hacer la siguiente observación: sabido es que el principio general que rige en materia de notificación es que las partes quedan notificadas ministerio legis y los supuestos de excepción nacen para los casos en que se encuentra más comprometida la defensa en juicio.Ante ello, podría decirse que la habilitación de los nuevos medios de notificación como alternativos al envío de la cédula judicial naturalmente abarcará el anoticiacimiento de cuestiones consideradas de mayor importancia. Visto de ese modo, no solo por el aprovechamiento de la tecnología disponible en el Poder Judicial, sino por las cuestiones que se han habilitado a notificar, la incorporación del correo electrónico como modo de notificación podría ser considerada un gran avance.

No obstante, lo curioso es que este trato diferencial respecto del acta notarial, el telegrama o la carta documento hace pensar que no se lo consideró con el mismo grado de confiabilidad y seguridad que al resto de los medios. Los fundamentos de esta excepción no están enunciados ni en la expresión de motivos de la norma propuesta al Congreso ni en los artículos reformados, pero no es difícil imaginar, que no se le está adjudicando la misma seguridad jurídica.

En contraste, la reglamentación que intentó darle mayores atribuciones, en el acuerdo por el que se aprueba la reglamentación, expuso los motivos del dictado del reglamento y entre estos, se recalca la aspiración de avanzar paulatinamente hasta la consagración de un sistema de uso general y obligatorio para todos los operadores del sistema de justicia, lo que -a su entender- redundará en beneficio de la celeridad y economía de los procesos, agilizando el trámite, reduciendo los costos que produce el diligenciamiento de estos actos de comunicación y potenciando su seguridad.

Estimo que con el tiempo y su paulatina incorporación podrán verse sus resultados, los que a mi entender serán plenamente satisfactorios, pues verificada la seguridad, la eficacia y la eficiencia del sistema de notificaciones electrónicas resulta indudable que implica un avance absolutamente necesario en los tiempos que corren.

Finalmente debo destacar que, sin perjuicio del notable avance hacia la modernización del sistema de justicia, no existen dudas de que el correo electrónico no podrá utilizarse para notificar el traslado de la demanda, de la reconvención y delos documentos que se acompañen con sus contestaciones; la citación de personas extrañas al proceso; y las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba, lo que denota un escollo a sortear para lograr un real cambio y agilidad del sistema.

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(1) “Lamuño Osvaldo C. c/ Podestá Carlos A. y ot. s/ cobro ejecutivo de alquileres”, 22/11/2007 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal de Necochea, MJJ17780 .

(*) Profesora de Patrocinio Jurídico, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Profesora invitada en cursos de posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Profesora Auxiliar en la Cátedra Régimen Jurídico de la Información, UP. Disertante en congresos y jornadas de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) y de APDIF (Asociación para la Protección de Derechos Intelectuales de Fonogramas) sobre Derecho Procesal, Derecho Marcario y Derechos Intelectuales. Participación en los trabajos Recursos ordinarios y extraordinarios del Dr. Roland Arazi y Código Procesal Civil y Comercial comentado de los Dres. Roland Arazi y Jorge Rojas.

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