Un trabajador puede tener más de un empleo y estar inscripto como monotributista y no por ello deja de ser dependiente

Partes: Rodriguez Julia Graciela c/ Mec System S.R.L. s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 3-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72115-AR | MJJ72115 | MJJ72115

 

Se hace lugar al reclamo laboral de una trabajadora contra la empresa para la cual prestaba servicios vía teletrabajo en virtud de que se ha logrado acreditar el vínculo laboral que unía a las partes a pesar de encontrarse la trabajadora inscripta ante la AFIP como monotributista.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo laboral impetrado por la actora condenando a la demandada en virtud de que existió una relación laboral entre las partes y no una mera vinculación de carácter civil con base en los contratos de locación de servicios que ambas partes reconocen suscriptos como pretende hacer valer la actora.

2.-Si bien, el hecho de estar registrada ante la AFIP como trabajadora independiente le permitía a la actora desarrollar tareas inherentes a su título habilitante como analista de sistemas en forma independiente, en autos tal posibilidad no fue materia de prueba.

3.-Resulta trascendente el reconocimiento de la recurrente, de abonar a la actora no sólo los honorarios por el trabajo que le fuera proporcionado en su beneficio, sino además, también admite contribuir con los gastos de teléfono, energía eléctrica y la banda ancha de Internet para poder comunicarse con su prestadora , de ello resulta que no es posible equiparar el tipo -y respectivo encuadre- de vinculación entre la actora y la demandada, con aquella/s otra/s relación/es -comercial/es- existente/s entre recurrente y demás proveedores.

4.-La prestación de servicios profesionales de la actora a otros clientes, tampoco puede ser considerada como indicio de que la misma era, en relación con la demandada, una trabajadora autónoma o independiente, así, de los talonarios antes referenciados, sólo surgen escasas facturas emitidas a muy pocos supuestos clientes más.

5.-Un trabajador puede tener más de un empleo y no por ello deja de ser dependiente y subordinado de uno o más empleadores, en el caso, la recurrente no probó que esas otras relaciones de prestación de servicios laborales con alguna otra persona o empresa, hubiesen tenido solución de continuidad, es decir hubiesen sido suficientemente perdurables en el tiempo o que constituyeran retribución sustancial en la vida de la trabajadora, lo cual, eventualmente, pudo cambiar el giro de la cuestión debatida.

6.-Emana del informe pericial técnico una inmensa cantidad de mails de los cuales surgen las instrucciones precisas recibidas por la actora de la empleadora que la contratara, todo lo cual prueba la existencia de dependencia jurídica, y consecuentemente, de una verdadera relación laboral, si bien debo admitir, con caracteres particulares tal cual lo admite de antemano la propia empleadora.

7.-Uno de los principios generales del derecho del trabajo es el de la continuidad del vínculo con base legislativa en el contenido del art. 58 de la LCT, que ordena la inadmisibilidad de presunciones en contra del trabajador trayendo aparejado el principio de conservación del empleo

8.-Es obvio que la actora se mantuvo siempre en una actitud tendiente a la subsistencia del vínculo laboral, por lo que, hasta que tuvo conocimiento de la decisión de la demandada en el sentido de resolver el contrato que los unía, se mantuvo en tal postura, actitud que resulta obvia teniendo en cuenta su necesidad de supervivencia mediante el desarrollo de su trabajo, y lo esencial de la retribución en cuanto su cuantía.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 03 días del mes de abril de dos mil doce, se reunieron en Acuerdo los señores Vocales de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, Dres. A. Ana Anzulovich, Ángel Félix Angelides y Eduardo Enrique Pastorino, con el objetivo de dictar sentencia en los autos caratulados “RODRIGUEZ JULIA GRACIELA C/MEC SYSTEM SRL S/COBRO DE PESOS” Expte. N° 168 Año 2010, venidos para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por las partes contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nº 7 de esta ciudad.

Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1.-¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?

2- ¿ES JUSTA LA RESOLUCIÓN APELADA?

3.-¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debe realizarse en el siguiente orden: Dres. Anzulovich, Angelides y Pastorino.

1.- A la primera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo:

La actora interpuso recurso de nulidad (cfr. fs. 251). No siendo fundados en forma autónoma, conforme expresa disposición del art. 113 del C.P.L.S.F., corresponde su desestimación, en virtud de que la recurrente no cumplimenta con la carga respectiva (cfr. fs. 291).

Igualmente, examinadas las actuaciones a los fines establecidos por el art. 112 del CPLSF -control de oficio de hipótesis nulificantes o anulabilidades- no se advierte violación u omisión de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de sustanciales, ni en el procedimiento ni en el pronunciamiento.

Al primer interrogante, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Angelides dijo: Por las razones manifestadas, voto en igual sentido.

A la misma cuestión el Dr. Pastorino dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de votos totalmente coincidentes, que hacen válida la sentencia, me abstengo de emitir opinión (art.26 , ley 10.160).

2.- A la segunda cuestión. La Dra. Anzulovich dijo:

I.- La Sentencia.

La resolución de primera instancia N° 620 del 18/05/2009, obrante a fs. 243/250: 1) rechazó la excepción de incompetencia material y territorial interpuesta por la demandada, con costas; 2) rechazó el planteo de nulidad de pericial informática efectuado por la demandada, con costas; 3) Hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Mec System S.R.L. a abonar a Julia Gabriela Rodriguez los rubros admitidos de conformidad con los considerandos, con más los intereses allí fijados; 4) ordenó la entrega de la certificación de servicios; 5) impuso las costas a la demandada; y 6) difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

Contra la sentencia, apelaron en forma parcial la actora (fs. 251) y la demandada (fs. 275 y vta.). Concedidos los recursos y elevadas las actuaciones, la actora desistió de la expresión de agravios, mientras que la demandada expresó los suyos (cfr. fs. 291 y 294/298, respectivamente), los que fueron contestados en debida forma (cfr. fs. 301/308).

II.- AGRAVIOS.

Se agravia la demandada de los que detalla como tres quejas diferenciadas:1.- El considerando identificado como 3.1 de la sentencia y sus correspondientes detallados desde a) hasta j) e inclusive, y, asimismo el referenciado como 3.2, todos -dice- por que en los mismos el a quo reconoció la existencia de una relación laboral habida entre las partes y, por ende, los rubros derivados de la misma;

2.- El identificado por el juez como tema 4 y el punto 6.1, 6.2 y 6.3 en razón que los mismos son derivación de los puntos antes considerados y,

3.- El punto 8 en razón de haber impuesto las costas a esa parte (que resulta como consecuencia del fracaso de la tesis sustentada por la misma).

III.- TRATAMIENTO.

Como claramente surge de los puntos de la resolución que fueron apelados por la demandada, todos tienen un origen o partida común para razonar, siendo la base de la protesta o agravio, esencialmente, el reconocimiento en la sentencia de la configuración de una relación laboral habida entre las partes y no una locación de servicios, como la recurrente sustenta y mantiene desde su responde.

Adelanto que, cotejada la sentencia de grado con la normativa de aplicación al caso en examen, las pruebas rendidas y las quejas vertidas, estas últimas carecen de entidad suficiente, como para modificar la sentencia impugnada, como seguidamente expondré.

1.- En efecto, procede considerar en primer lugar que pese haber interpuesto el recurso de apelación parcial y enumerado los puntos por los que se agravia -cumpliendo aparentemente con los requisitos legales para estos casos-, el planteo se basa fundamentalmente en el tema sustancial -de fondo- que se ventiló en los obrados: el tipo de vínculo que unió a las partes: civil o laboral. Controversia examinada, y saldada con la sentencia que se recurre cuya crítica no cumplimenta la pauta procesal del CPL.

Por lo tanto, y en principio, una mirada estrictamente formal, habilitaría aplicar el apercibimiento contenido en el art. 109 del CPL. Esto es:”deberá tenerse por no interpuesto el recurso”.

Sin perjuicio de ello, y plasmando en concreto, el derecho a la tutela efectiva de todos los justiciables, y conforme los límites que impone la vía recursiva que se intenta, habré de redundar en el examen probatorio, para determinar cuál de las tesis -ambas vinculares- entre las partes, tiene basamento -fáctico y jurídico-, esto es: si se probó o no el contrato de prestación de servicios sostenido por la demandada, o bien, si su actividad probatoria no alcanzó tal objetivo, pese los denodados esfuerzos realizados por la recurrente, atento los términos de la traba de la litis.

Por todo ello y por razones metodológicas, los cinco agravios que se pretenden por la recurrente, no pueden ser examinados de forma separada y/o independiente, dado su manifiesta relación, siendo prácticamente imposible mantener el orden de los mismos.

2.- Así, la parte demandada ahora recurrente, a lo largo de todo este proceso -incluso desde intercambio postal- mantiene, aún ante esta instancia que, la relación habida entre las partes fue una vinculación de carácter civil con base en los contratos de locación de servicios que ambas partes reconocen suscriptos (30.08.02 y 30.08.03), más allá de las diferencias en sus efectos que obviamente propugna una y otra contratante (cfr. fs. 12 y sgtes. y 50 y sgtes).

Pese ello, al argumentar su cuarto agravio asevera que “la actora tenía a su cargo una obligación de las denominadas “de resultado” consistente en la entrega a mi mandante, en tiempo y forma convenidos, de la aplicaciones (programas de computación) en perfecto estado de funcionamiento”, con lo cual evidencia, claramente, un cambio en la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes. Se habla, entonces de una locación de obra y no de servicios, como inicialmente sostuvo. Cambio operado en los términos en que quedara trabada la litis.Y que, obviamente, no puede ser introducido en esta sede.

Igualmente, y examinados los que se rotulan “contratos de locación de servicios”, ya aludidos, surge que la actora debía realizar su tarea profesional “.siguiendo las instrucciones del locador.”, contenido que, de por sí implica la existencia de una subordinación de la accionante a las directivas provenientes de la demandada, (cfr. 7ma. cláusula).

Las características, fueron detalladas por la actora al accionar (cfr. fs. 22/24) y negadas a fs. 70/73 vta. por la empresa demandada, con lo cual la prueba quedó a cargo de la primera y en tal sentido pondero como hábil a su tesis, el razonamiento del a quo de fs. 246 (punto 3), al cual me remito no encontrando otro medio probatorio que se oponga al detalle realizado. Siendo por lo demás, diferente la situación que revestía respecto de MEC System el testigo Cerezal. Todo lo cual surge del relato efectuado por el propio compareciente y más allá de que quieran identificarse los vínculos.

Asimismo, respecto de la facturación -salario para la tesis actoral y honorarios para la demandada- de uno de los e-mails remitidos por la demandada a la actora -del 13-08-2004, cfr. fs. 18-, surge que la remitente le manifiesta “.acordate de tener en cuenta el tema de las facturas con fecha Julio y Agosto y la no correlatividad.”, demostrativo de la razón por la cual el sentenciante desestimó como prueba de locación la existencia de facturas que, por “honorarios” remitía la actora. Y que no fue remontada -en beneficio de la demandada- por ningún otro medio de prueba (por ejemplo prueba de informes de donde surgiera que lo facturado a MEC es ínfimo con respecto a otros usuarios de tal servicio).

Tal como lo expresa el a quo, el talonario (en el número de dos) exhibe una buena parte como “anulados”, lo cual coloca en un total cono de sombras el mandato de “la no correlatividad” requerida por la demandada.Lo contrario haría suponer que Rodríguez facturaba trabajos que luego no cobraba, razón por la que procedía a anular sus recibos “C”, y, al respecto no existe ni siquiera indiciariamente, prueba sobre la ocurrencia de esta situación.

Respecto de la descalificación de la existencia del contrato de prestación de servicios -y que la recurrente estima probado en forma fehaciente- aparece razonable lo decidido por el sentenciante de grado basándose en el material probatorio que aquí se re examina. En particular:

a.- Las respuestas emanadas del diligenciamiento de las informativas producidas por la demandada; de ellas emerge que el sistema de contratos civiles era el modus operandi de la recurrente. La mayoría de esos informes proviene de empresas (S. A. y SRL), en cuyo caso, resulta diferente la situación de las mismas en relación con el vínculo existente entre la demandada y la actora: no hay dato certero ni siquiera sospecha que pudiera asegurar que Rodríguez era empresaria, y aún, cuando como profesional estuviera registrada en la AFIP como monotributista. Si bien ese hecho le permitía desarrollar tareas inherentes a su título habilitante como analista de sistemas en forma independiente, en autos tal posibilidad no fue materia de prueba, lo cual, eventualmente, pudo girar el sentido del discurso.

b.- El informe proveniente de “Loizau Compte y Asociados”: en este caso se trata de un estudio profesional que presta servicios de asesoría contable y tributaria a la demandada. De la información brindada por estos profesionales, quienes tienen como “cliente” a la demandada, surge el argumento sostenido por la recurrente para justificar su tesis de relación civil con sus proveedores -la actora entre ellos-. Una hipótesis de trabajo podría ser el indicio de que la existencia de los contratos de locación proviene del asesoramiento de ese estudio contable. Y en ese sentido, también indiciariamente, permite inferir la aplicación de estos contratos a todo servidor de trabajos a favor de la recurrente, que se encuentran realizados de manera tal como para tratar de evadir las responsabilidades legales de origen laboral.Pero aún cuando admita posición más beneficiosa para la recurrente, tampoco ella logra persuadir sobre la total procedencia civil de esta contratación, ya que este informe proviene de una vinculación que descarta la total objetividad requerida como medio de prueba para avalar la tesis de la locación referenciada. En síntesis, la recurrente no puede ampararse en el desconocimiento de la ley.

c.- Resulta trascendente el reconocimiento de la recurrente, de abonar a la actora no sólo los honorarios por el trabajo que le fuera proporcionado en su beneficio, sino además, también admite contribuir con los gastos de teléfono, energía eléctrica y la banda ancha de Internet para poder comunicarse con “su prestadora”. De ello resulta que no es posible equiparar el tipo -y respectivo encuadre- de vinculación entre la actora y la demandada, con aquella/s otra/s relación/es -comercial/es- existente/s entre recurrente y demás proveedores.

d.- La prestación de servicios profesionales de la actora a otros clientes, tampoco puede ser considerada como indicio de que la misma era, en relación con la demandada, una trabajadora autónoma o independiente. Así, de los talonarios antes referenciados, sólo surgen escasas facturas emitidas a muy pocos supuestos clientes más. Además de que la exclusividad no es una característica que tipifique una relación laboral, tampoco existe medio de prueba tendiente a sostener esta defensa.

Un trabajador puede tener más de un empleo y no por ello deja de ser dependiente y subordinado de uno o más empleadores. En el caso, la recurrente no probó que esas otras relaciones de prestación de servicios laborales con alguna otra persona o empresa, hubiesen tenido solución de continuidad, es decir hubiesen sido suficientemente perdurables en el tiempo o que constituyeran retribución sustancial en la vida de la trabajadora, lo cual, eventualmente, pudo cambiar el giro de la cuestión debatida.

e.- En cuanto a la testifical brindada por el único testigo ofrecido por la recurrente -actuaciones de fs. 166/172 y 204/205 y ccs.en la ciudad de Bs. As., atento el domicilio real del mismo- se aprecia que si bien él declara haber realizado trabajos para la demandada durante el 2004 en las mismas condiciones de contratación que resulta ser el “estilo” de la demandada para con sus proveedores de trabajo, no aporta ningún dato nuevo o relevante para la causa. Como dije antes, no se trata de idénticas prestaciones. Y además, respecto de la actora, sólo refiere que no la conoce personalmente habiéndose comunicado con ella vía e-mails y, agregando que, Rodríguez le “contó” cuáles eran sus condiciones de trabajo para la demandada, de manera que los dichos del Sr. Marcelo Eduardo Cerezal lo convierten en un testigo “de oídas”, razón por la que asiste razón al juez de grado, en cuanto desestima como procedimiento probatorio dicha testifical.

Y aún en la mejor de las hipótesis para la recurrente, esto es otorgar valor a sus dichos, igualmente no se lo exime de ser evaluado en forma conglobante con el resto probatorio, lo cual arroja igual resultado para el proceso.

f.- El sostenimiento del argumento en cuanto al carácter “intuito personae” -su contracara: la fungibilidad- de las tareas realizadas por la actora al servicio de la demandada, tampoco puede tener favorable recepción, atento encontrarse sustentado simple y únicamente en las declaraciones testimoniales del Sr. Cerezal, razón por la que nuevamente coincido con la desestimación efectuada por el sentenciante con referencia a dicho argumento y reiterando lo dicho en sub e). Igualmente y siendo meritoria la jurisprudencia citada, corresponde agregar que tal cual ella expresa, puede verificarse que en todos los casos el fáctico refería a relaciones temporalmente muy distantes de un año y once meses que tuvo el vínculo aquí examinado.g.- También haré referencia a la pericial técnica producida en estos obrados, cuyo contenido fue tomado en cuenta por el sentenciante de grado y cuya conclusión fue tildada de nula por la ahora recurrente (pedido de nulidad parcial al cual no se hizo lugar, según surge del considerando 2do. de la sentencia). Advierto que tal sostenimiento no se hizo, ni en la pieza apelatoria en anterior sede, ni en esta instancia (cfr. fs. 178, 214, 241, 245 y concs.-).

Igualmente y en la mejor de las hipótesis para la apelante, asiste razón a ella en cuanto a que la perito actuante se excedió en sus funciones al opinar sobre un tema que no le competía. Pero más allá de ese detalle, su informe luce coherente y consistente para demostrar la relación que unió a las partes.

Emana del mismo una inmensa cantidad de mails de los cuales surgen las instrucciones precisas recibidas por la actora de la empleadora que la contratara, todo lo cual prueba la existencia de dependencia jurídica, y consecuentemente, de una verdadera relación laboral, si bien debo admitir, con caracteres particulares tal cual lo admite de antemano la propia empleadora (cfr. fs. 69 vta. in fine).

h.- Por último, resta considerar el argumento vertido por la recurrente como 5to. agravio en cuanto manifiesta que: “.La sentencia apelada omite considerar el claro y fundado planteo de mi parte en el sentido de que la pauta de la absoluta inexistencia de un vínculo laboral subordinado entre las partes, lo dan los comportamientos recíprocamente observados por las mismas durante la época de la prestación, destacándose la total y absoluta ausencia de reclamación por parte de la accionante, debiéndose interpretar dicha silente actitud, proveniente de una profesional del medio”.

El a quo en sus considerandos no le dio valor a este hecho con fundamento en el principio de irrenunciabilidad contemplado por el art.12 de la LCT.

Coincido con la opinión del sentenciante en cuanto a que, uno de los principios generales del derecho del trabajo es el de la continuidad del vínculo con base legislativa en el contenido del art. 58 de la LCT, que ordena la inadmisibilidad de presunciones en contra del trabajador trayendo aparejado el principio de conservación del empleo. Todo ello tiende a regular e interpretar los efectos de la conducta del trabajador, donde el problema que resulta más destacado es el de su silencio y la interpretación judicial del mismo, en el contexto en el que transcurre, y valorar algunos elementos constitutivos de ese abstencionismo en el tiempo.

En el caso, es obvio que la actora se mantuvo siempre en una actitud tendiente a la subsistencia del vínculo laboral, por lo que, hasta que tuvo conocimiento de la decisión de la demandada en el sentido de resolver el contrato que los unía, se mantuvo en tal postura, actitud que resulta obvia teniendo en cuenta su necesidad de supervivencia mediante el desarrollo de su trabajo, y lo esencial de la retribución en cuanto su cuantía.

Razonó bien el juez aplicando el principio de la primacía de la realidad donde prevalece la verdad de los hechos (no de su formas), sobre la apariencia, lo cual resulta importante para resolver los casos -como el de autos- donde la línea de definición se torna muy delgada lo cual implica agudizar el examen de la causa ( art. 14 , LCT). Todo ello, tomando en cuenta la realidad de los hechos que surge de la actividad probatoria por sobre lo pactado originalmente por las partes, máxime al haberse demostrado que la existencia de contratos de naturaleza civil constituye el modus operandi característico de la demandada, pudiendo presumirse que se hace con el propósito de opacar el vínculo y sus pretendidas responsabilidades.Todo lo expuesto, me habilita para desestimar los agravios expresados por la demandada recurrente.

A la segunda cuestión, voto por la afirmativa.

A similar cuestión el Dr. Angelides dijo: Coincido con las razones manifestadas por lo cual voto en similar sentido.

A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: Por análogas razones a las expresadas respecto de la primera cuestión, me abstengo de votar.

3.- A la Tercera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo: Corresponde: 1.- Desestimar la nulidad interpuesta por al actora. 2.- Rechazar la apelación de la demandada, con costas a su cargo (art. 101 , C.P.L.). Confirmar la sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios. 3.- Los honorarios profesionales en la Alzada deberán regularse en el 50% de aquellos que resulten regulados en la primera instancia (art. 19 , Ley 6767).

A idéntica cuestión el Dr. Angelides dijo: Adhiero a la decisión propuesta por la Dra. Anzulovich, por lo cual voto en igual sentido.

A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: Que como dijera precedentemente y de conformidad al art. 26 de la ley 10.160, me abstengo de emitir opinión.

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo La boral;

RESUELVE: 1.- Desestimar la nulidad interpuesta por al actora. 2.- Rechazar la apelación de la demandada, con costas a su cargo (art. 101, C.P.L.). Confirmar la sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios. 3.- Los honorarios profesionales en la Alzada deberán regularse en el 50% de aquellos que resulten regulados en la primera instancia (art. 19, Ley 6767). Insértese, hágase saber y oportunamente, bajen. (Autos “RODRIGUEZ JULIA GRACIELA C/MEC SYSTEM SRL S/COBRO DE PESOS” Expte. N° 168 Año 2010).-

ANZULOVICH

ANGELIDES

PASTORINO

(art. 26, ley 10.160)

CESARIN

Secretaria

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