fbpx

Si por problemas con la tarjeta de crédito entra en mora en el pago de la obra social, ésta no puede negarle la reincorporación.

Voces: OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS – COBERTURA MÉDICA – AFILIACIÓN A EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA – MORA – SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO – TARJETA DE CRÉDITO – CUOTA DE PLANES MÉDICOS – ACTAS NOTARIALES – REDARGUCIÓN DE FALSEDAD – ACEPTACIÓN SIN RESERVA

Partes: W. R. A. c/ UAI Salud y/o Adminstrar Salud S.A. s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 14-feb-2012

Cita: MJ-JU-M-71958-AR | MJJ71958 | MJJ71958

Los pagos que debía efectuar el actor por débito automático en su tarjeta de crédito no pueden ser obstáculo para la reincorporación cuando el interesado ha abonado los meses adeudados con los correspondientes intereses y gastos administrativos, además del mes en curso en que efectuó la regularización, pues la baja en la prestación resulta demasiado severa.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admite la acción de amparo y ordena a la empresa de medicina prepaga demandada reincorporar definitivamente al amparista y a su grupo familiar al plan de salud por él contratado -en el caso, el actor y su grupo familiar fueron dados de baja tras haber entrado en mora por falta de pago de dos meses, debido a un problema en su tarjeta de crédito-, toda vez que los pagos que debía efectuar el actor por débito automático en su tarjeta de crédito no pueden ser obstáculo para la reincorporación cuando el interesado ha abonado los dos meses adeudados con los correspondientes intereses y gastos administrativos, además del mes en curso en que efectuó la regularización, siendo que la baja en la prestación por parte de la demandada resulta demasiado severa y grave, frente al pago efectuado por el actor sin reserva alguna de la accionada y ante la situación de dejarlo sin cobertura en salud.

2.-Cabe desestimar la queja de la demandada relativa al acta notarial -cuya fecha pretende desvirtuar-, pues, tratándose de un instrumento público, sus dichos carecen de asidero desde que no la redarguyó de falsedad dentro de los días siguientes al de la impugnación, según establece el art. 395 del CPCCN.

Fallo:

Buenos Aires, Febrero 14 de 2012

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones vienen aconocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto afs. 132 por la demandada, contra la sentencia de fs. 114/124,concedido a fs. 133 ap. II. Presenta memorial a fs. 139/148, contestado a fs.161/163. También, a los efectos de avocarnos a los recursos incoados a fs. 129y 213 contra la regulación de honorarios de fs. 114/124, cuestionados por altosy bajos, respectivamente, los que fueron concedidos a fs. 133 ap. I y 214. Elprimero fue fundado a fs. 129/131 y refutado a fs. 150/151.-

El decisorio recurrido admite la acción de amparo interpuesta por R. A. W. y dispone que corresponde a la demandada Administrar Salud S.A. reincorporar definitivamente al amparista y a su grupo familiar al plan de salud por él contratado. Con costas a la demandada. Para su cumplimiento ordena librar oficio al Ministerio de Salud dela Nación en su condición de autoridad de aplicación de la ley 26.682 acompañando copia de la presente sentencia, a los efectos que la entidad oficiada considere pertinentes. Finalmente regula los honorarios de lo sletrados de ambas partes.

Preliminarmente señálase que el Tribunal, como juez del recurso, no está obligado a seguir a los apelantes en todo el curso de sus argumentaciones sino en el análisis de aquéllas que resultan esenciales para la consideración de los recursos. (Conf. Fassi-Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y concordado?, t. 1, pág. 825;Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado yAnotado, T. 1, pág. 620; CSJN, fallos 258:304; 262:222;265:301;272:225; 278:271 y 291:390), pudiendo preferir también algunas delas pruebas producidas a otras u omitir referencia a las que estimare inconducentes o no esenciales (conf. Sala K, 2000-05-30, V.D.A. c. D.S.,M.T.,La ley 2000-D-603 y Concha Pardo, Juan A. c.La Primera de Martínez S.A. La Ley2000-F-491, CNCiv. Sala B, 1999-04-26, Fernández, Antonio c.Consorcio de Propietarios Santiago del Estero 690, La Ley 1999-E-571; CNCiv.Sala F, feb.7-996, Asociación Mutual de la Industria y el Comercio de laRepública Argentina c. Videla, Lucía, La Ley 1996-D-868, entreotros).

El Sr. R. A. W. promueve la presente acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional contra la prepaga UAI Salud (nombre de fantasía)y/o Administrar Salud S.A. (nombre legal) a los efectos de que judicialmente se disponga su inmediata reincorporación al Plan Platino con los derechos y coberturas que tuviere al momento de adherirse a la misma junto a su esposaHilda Beatriz Martínez y a su hijo E. A. W. , en octubrede 2004 (afiliado n° 10-017802-01/02 y 03), atento a que la demandada, segúnrefiere a fs. 56 ap. I, lo dio de baja.

Arguye que siempre cumplió con los pagos en tiempo y forma. Manifiesta que optó por poner el pago de la cuota mensual por débito automático en su tarjeta de crédito MasterCard emitida por Banco Nación.Argumenta que frente a la falta de pago de cuotas, que según dice se debió a un aumento del importe de las mismas al cumplir 65 años de edad ?en el mes de agosto de 2010- que no le fue notificado por la empresa demandada y que superó el límite disponible de su tarjeta, en forma sorpresiva una empleada de la accionada le comunicó el viernes 12 de noviembre de 2010 a las 18 hs., que se adeudaban dos cuotas que no se habían podido debitar de su tarjeta.

Ello motivó que el lunes 15 de noviembre de 2010 el actor se presentar aen las oficinas de la empresa UAI SALUD y canceló las cuotas adeudas del mes de septiembre de 2010 y octubre de 2010, pagando en el mismo acto la del mes en curso, o sea noviembre de 2010, más los intereses y gastos administrativos.

Expresa que las credenciales, agregadas a fs. 1/2, vencían el 30 de noviembre de 2010y que ante la falta de envío a su domicilio de las nuevas, se presenta en la empresa de la demandada a pedirlas y es allí donde le informan que había sidodado de baja, todo lo cual motivó el inicio de la presente acción deamparo.

Como prueba, agrega a fs.1/54 documentación y a fs. 88 pide que se cite a la escriba que labró el acta notarial de fs. 3/5 a prestar declaración testimonial o en su defecto, se lelibre oficio.

Por su parte, la demandada en su responde de fs. 81/86, manifiesta que al encontrarse el actor en mora por no haber pagado los meses de septiembre y octubre en cumplimiento del reglamento de la empresa, que también citó el actor en su demanda, es quefue dado de baja en las prestaciones de salud que se le brindaban, tal como expresa a fs. 81 vta. párrafo 1ro.; 82 párrafo 2do; ap. IV y V.

Niega en forma genérica la autenticidadde los hechos, de la documentación acompañada por la contraria y lacorrespondencia epistolar que invocara el Sr.W. y que adjuntó a fs.35/40.

Ofrece prueba confesional para que el actor absuelva posiciones.

A fs. 69 vta. el Sr. Juez a quo imprimió al presente el trámite sumarísimo e hizo lugar a la cautelar peticionada a fs. 63/64, en los términos del art. 232 y conc. del Código Procesal, disponiendo la inmediata reincorporación del amparista y de su grupo familiar al plan de salud por él contratado, y ordenando la medida por veinte días hábiles a contar a partir de la fecha de ese pronunciamiento o hasta el momento de contestarse la demanda ,lo que ocurriese primero, previa caución real que se fijó en lasuma de $ 5.000.

A fs. 89/90 vta., se fijó la audiencia del art. 360 del Código Procesal .

Las actas de fs. 99 y 100 dan cuenta de la falta de avenimiento de las partes, por lo que a fs. 101 se abrió la causa a prueba, proveyéndose las ofrecidas oportunamente a fs. 64 vta./65 ap.IX y a fs. 88 ap. I por la actora y a fs. 86 ap. VIII por la demandada.

Obsérvase que en el memorial, la demandada introduce cuestiones que no fueron planteadas en la anterior instancia, por lo cual quedan subsumidas dentro de lo previsto por el art. 277 del Código Procesal.

No amerita mayores consideraciones, los argumentos que expresa acerca de que por la forma del proceso y la falta de tiempo para contestar la demanda ya que el traslado fue por cinco días, no pudo extenderse todo lo conveniente para ejercer la defensa de sus intereses en la presentación que efectuara oportunamente a fs.81/86, ni tampoco puede aceptarse sus planteos al respecto.

Por ello, todo lo manifestado acerca del pago y sus ataques a la teoría de los propios actos, resulta insuficiente para desvirtuar que el pago fue aceptado por la empresa sin objeción alguna, con lo cual evidentemente purga la mora.

A poco que se avance en la lectura del sub lite, se advierte que con relación al acta notarial de fs. 3/5, acerca de la cual pretende desvirtuar la fecha en que fueefectuó la misma, no obstante el interlineado obrante a fs. 5 y la presentación de fs. 102/106, tratándose de un instrumento público, sus dichos carecen de asidero desde que no la redarguyó de falsedad.

Cuadra recordar que, se denomina redargución de falsedad a la impugnación que se concreta sobre un instrumento público, trámite previsto por el art. 395 del Código Procesal.

La falsedad que se plantea puede tener distintos motivos: que se impugne la autoría delinstrumento, las fechas y/o lugares que indica, en cuyo caso se trata defalsedad instrumental o que se fundamente en el contenido del mismo, siendo éste el supuesto de falsedad ideológica. Mientras la primera se representa por la adulteración del documento, el segundo se relaciona con la falsedad absoluta al no tratarse de un instrumento auténtico.

El art. 395 citado, establece que dentro de los diez días siguientes al de laimpugnación, quien plantea la redargución debe promover el incidente que tramitará en forma separada (art. 176 del CPCC). Si no se planteare el incidente dentro de dicho término, se tendrá por desistido al impugnante y el documento se considerará válido.

Por lo tanto, toda vez que la interesada no ha deducido dentro del término de diez días a partir de su presentación de fs.81/86 el incidente correspondiente, su queja habrá de ser desestimada.

En autos, no se discute los valores de las cuotas por haber alcanzado el actor la edad de 65años, como pareciera pretender enrollar la cuestión la demandada en su memorial ni tampoco se discute la vigencia del reglamento ?que fue adjuntado por el propio interesado a fs. 41/54, sino la baja en la prestación a pesar de que el actor, habiendo entrado en mora por falta de pago de dos meses ?septiembre de 2010 y octubre de 2010- debido a un problema en su tarjeta de crédito y cancelado las mismas en efectivo el 15 de noviembre de 2010, junto con el pago de la cuota de noviembre de 2010, pago que fue recibido sin reserva alguna por la demandada -ver recibo de fs. 33 y acta notarial de fs. 3/5.-

Entendemos que encontrándose en serio riesgo el derecho a la salud de una persona, de su esposa y de su hijo, como ocurre en la especie, corresponde un abordaje no estrictamente contractual del tema sino que se tome en cuenta las características concretas del caso y las particularidades del sistema en el que la relación se inserta, por sobre un riguroso encuadramiento de la vinculación en el marco forma de los negocioscomerciales (conf. punto IV, segundo párrafo del dictamen del ProcuradorGeneral de la Nación en la causa ?Etcheverry, Roberto E. c/Omint SociedadAnónima y Servicios?, al que la Corte Suprema remitió, Fallos 324:677; CNCiv yCom Fed., Sala 2, en autos: ?Ohanessian Arturo Martín y otros c/ConsolidarSalud S.A. s/Amparo? , del 12/08/2008).

De modo que lo que clara, concreta y precisamente se discute en autos esel derecho del actor y su grupo familiar, a ?ser reincorporados? a la empresa demedicina prepaga demandada.En otras palabreas, no se discute aquí la resolución del contrato consistente en la baja del servicio médico por mora en dos cuotas mensuales, sino la razonabilidad de la posterior negativa de la demandada a reincorporar al actor, a su esposa y a su hijo al Plan Platino con los mismos derechos que tenían al momento de suscribir el mismo en el año2004.

Al respecto sostenemos, que los pagos que debía efectuar el actor por débito automático en su tarjeta de crédito, más allá de cuál fuese el Banco emisor de la misma, no pueden ser obstáculo para la reincorporación cuando el interesado ha abonado los dos meses adeudados,(septiembre y octubre de 2010) con los correspondientes intereses y gastos administrativos, además del mes en curso en que efectuó la regularización que fue el 15 de noviembre de 2010.

La baja en la prestación que la demanda pretende en sus agravios, resulta demasiado severa y grave, frente al pago efectuado por el actor sin reserva alguna de la accionada y antela situación de dejarlo sin cobertura en salud.

Al respecto, cabe señalar que el derecho a la salud, si bien no se encuentra expresamente mencionado en nuestra Constitución Nacional, se interpretaincluido en el art. 42 que brinda protección al derecho de consumidores yusuarios.(conf. esta Sala in re Hill Fedrico Alejandro y otros c/CEMICCentro de Educación Médica e Investigaciones y otro s/amparo?; expte n° 18.964/2007 caratulado ?Montagano Marcela y otros c/SwissMedical S.A. s/art. 250 C.P.C. Incidente Civil, del 31/5/2007)

En efecto, la defensa del consumidor se abre en dos campos:el de los derechos patrimoniales la seguridad de no sufrir daño; los intereses económicos; la libertad de elección; el trato equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de consumo se constituya en la parte más débil – y el de los derechos personales, plasmado en la protección de la salud y la seguridad de no sufrir menoscabo enaquella o en la vida. (Conf. esta Sala en Expte n° 5010/2007 Amandola José María c/Swiss MedicalS.A. s/art. 250 C.P.C- Incidente Civil?, del 12/06/2007, entre otros)

Tampoco puede soslayarse que nuestra Constitución se refiere en su art. 41 al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, el inc. 19 del art.75 se refiere a políticas conducentes al desarrollo humano y el inc. 23 amedidas que garanticen la igualdad de trato y pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos, en especial respecto de aquellas personas que padecen alguna discapacidad.

El convenio queregula una prestación de servicios asistenciales médicos se encuentracomprendido en el ámbito de aplicación de la ley 24.240 por lo que la entidadque presta el servicio de medicina prepaga tiene el deber de mantener laprestación de sus servicios conforme lo convenido inicialmente (art. 19 de aquella ley) y una obligación específica de información (art. 4 ), queconstituye el presupuesto lógico de la conformidad que se requiere del afiliadoante la alteración de las condiciones establecidas inicialmente. En caso de duda?se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor? (art. 3ºin fine), tesitura que resulta acorde con la tutela impuesta expresamente porel art. 42 de la Constitución Nacional.(CNCiv. Sala F, expte 567951, ‘M., F. A.c/Accord Salud Plan Privado de Unión Personal s/Daños y Perjuicios’, del27/04/2011)

Por consiguiente,consideramos que los agravios vertidos carecen de entidad suficiente para desvirtuar la sentencia de fs.114/124, debiendo serrechazados.

En cuanto a laregulación de honorarios, apelada a fs. 129 por altos, fundado a fs. 129/131 ycontestado a fs. 150/151 y recurrida a fs. 213 por bajos, cuadra referir que la ley 21839 ubica en el art. 36 , al amparo que es un instituto jurídico carente de contenido económico por cuantoes el remedio para restaurar un derecho o garantía constitucionalpresuntivamente transgredido. (esta Sala en expte N° 81109/2000 caratulado:»Olivera Miguel Angel c/Medicus S.A. s/Amparo», del 4/ 7/2005)

Sin embargo, no puede desconocerse, comoocurre en la especie, que en muchos amparos subyacen valores económicos, ya queignorar la trascendencia económica del asunto beneficiosa para el interesado,resultaría lesiva del derecho a una justa retribución de los profesionales. (conf. esta Sala en Expte n° 90.665/2003 «Macadar Eduardo c/VALMED S.A.s/Amparo», del 29/09/2010)

Es oportuno mencionar que las regulaciones de honorarios, deben ajustarse al mérito,naturaleza e importancia de la labor así como a la calidad, eficacia yextensión del trabajo realizado. En el mismo sentido, los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, razón por la cual la validez constitucional de las regulaciones de honorarios no depende exclusivamente del monto del proceso, del interés comprometido o de las escalas pertinentes. (conf. esta Sala; autos: Asociación Educacionista Argentina C/Drago María Cristina S/cobro de sumas de dinero Expte n°73643/2000-, del 16/6/2004;Citibank N.A. c/Quinteros Néstor s/EjecuciónHipotecaria expte n° 101943/2000, del 12/04/2005, entre muchos otros).

De modo que, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad, complejidad y extensión de los trabajos efectuados, la trascendencia del asunto vinculado al tema salud y el resultado obtenido, de conformidad con las pautas previstas por los art. 1 ; 6; 7 ; 9; 10 ; 36; 37; 39 conc. y corr.de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432 , los honorarios regulados a fs.114/124, resultan ajustados a derecho, debiendo ser confirmados.

En orden a lo manifestado, elTribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de fs. 114/124 en todo cuanto decide y ha sido materia recursiva. 2) Imponer las costas generadas por el recurso de fs. 132, a la demandada vencida (conf. art. 68; 69 y 161 inc. 3 del Código Procesal). 3) Confirmar la regulación de honorarios obrante a fs.114/124.

Regístrese y devuélvase al Juzgado de trámite, donde deberán cursarse las notificaciones previstas por el art. 135 inc. 7 del Código Procesal, sirviendo la presente de atenta nota deenvío.-

Fdo:

Dra. Zulema Wilde.

Dra. Beatriz A. Verón.

Dra. Marta del Rosario Mattera.-

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: