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Derecho de Huelga:se ordena abstener al Poder Ejecutivo Provincial de realizar tareas de inteligencia

POLICÍA PROVINCIAL – APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO – PELIGRO EN LA DEMORA – MEDIDA AUTOSATISFACTIVA – DERECHO DE HUELGA – EMPLEADOS JUDICIALES – LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Partes: Asociación Judicial Bonaerense c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ medida autosatisfactiva

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 15-may-2012

Cita: MJ-JU-M-72249-AR | MJJ72249 | MJJ72249

Se ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de realizar, a través de la policía, tareas de inteligencia o de investigación criminal como consecuencia de las medidas de acción directa que lleva a cabo la Asociación Judicial Bonaerense, pues dichas tareas amenazan el derecho a huelga, el derecho de reunión pacífica, el derecho de petición a las autoridades, las libertades sindicales y el derecho a expresarse libremente de los trabajadores judiciales.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar autosatisfactiva solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que, como consecuencia de las medidas de fuerza que lleva a cabo la Asociación Judicial Bonaerense, impliquen tareas de inteligencia o de investigación criminal al margen de órdenes judiciales; ello, pues dichas medidas amenazan el derecho a huelga, el derecho de reunión pacífica, el derecho de petición a las autoridades, las libertades sindicales y el derecho a expresarse libremente de los trabajadores judiciales.

2.-La actora ha acompañado una serie de fotografías y de grabaciones fílmicas en soporte digital, en los cuales se exhiben agentes de la policía, así como sujetos ubicados detrás de cordones policiales, con dispositivos tecnológicos capturando fotografías y realizando video filmaciones de los manifestantes que participan del reclamo salarial que lleva adelante la asociación reclamante; así, un abordaje meramente policial sobre la protesta trasluce una lectura de desorden social o de transgresión, toda vez que las tareas de inteligencia de la policía, y en general cualquier actividad represiva, suponen una herramienta de disuasión y/o de investigación criminal, pero no de control de la manifestación.

3.-Los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tienen el derecho a congregarse y manifestarse pacíficamente, de modo público o privado, a fin de realizar los reclamos salariales que crean correspondientes, sin intervenciones arbitrarias de las autoridades estatales, de allí que también se encuentre comprometido el derecho a expresarse libremente reconocido en diversos tratados internacionales, que tiene tanto una dimensión individual como colectiva.

4.-Los manifestantes deben poder expresarse públicamente sin temor a sufrir algún tipo de represalia o violencia por parte de ningún actor social, y muy especialmente de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cuya función no es la de aplastar las diferencias mediante el temor, sino la prevención en materia criminal, toda vez que dicho temor podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones controvertidas que atañan a la comunidad en su conjunto.

5.-Dado que las protestas y las movilizaciones sociales constituyen una herramienta básica mediante la cual la Asociación Judicial Bonaerense tiene la posibilidad de que sus demandas sean escuchadas por las autoridades, la contienda comprende un haz de derechos constitucionales que se ejercen simultáneamente, entre los que se destacan el derecho de reunión pacífica en manifestaciones públicas.

6.-En el caso, el ejercicio de los derechos citados aparecen legítimos, en tanto la movilización ha sido decidida por la entidad gremial con personería reconocida por la autoridad de aplicación, obedece a reclamos de naturaleza laboral, su duración ha sido limitada en el tiempo, no fue dispuesto su cese, ni se ha cursado intimación alguna para la reanudación de las tareas en el marco de una negociación colectiva de trabajo.

7.-A los efectos del mandato cautelar preventivo, resulta irrelevante que exista efectivamente una política de espionaje vinculada a la investigación de ciertos manifestantes en virtud de sus expresiones políticas; tal circunstancia, imposible de aseverar dada la etapa inicial en la que se encuentra el proceso, y la consecuente ausencia de elementos probatorios que permitan su afirmación, será en todo caso objeto de discusión al momento de dictarse la sentencia definitiva, asumiendo la presente medida apenas una forma de control de la actuación de las autoridades públicas, al abrigo de los estándares internaciones y constitucionales que las mismas han asumido.

8.-El peligro en la demora se aprecia de modo manifiesto, por la entidad de los derechos involucrados, el tiempo que es previsible insumir hasta el dictado de una sentencia judicial firme y la actualidad con la que los derechos resultan amenazados, situación que indudablemente requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales, de una acción positiva que le asegure la vigencia de los derechos que congrega la actora, dentro de la garantía constitucional a una tutela judicial continua y efectiva.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

La Plata, 15 de Mayo de 2012.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver la medida cautelar peticionada, y- CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), con patrocinio letrado, promueve un proceso autosatisfactivo contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se ordene el cese de los actos ilegítimos que el personal policial o dependientes del Ministerio de Seguridad provincial, emprenden contra todos los empleados judiciales bonaerenses que participan activamente de las medidas de fuerza dispuesta por la citada entidad gremial.

Señala que, tal como es de público conocimiento, la AJB lleva adelante el reclamo por el reconocimiento de su derecho a la negociación colectiva de sus salarios, incluyendo el sistema de porcentualidad salarial, así como de otros reclamos vinculados con las condiciones de trabajo.

Reprocha la actitud de las autoridades al adoptar medidas unilaterales, cerrar las puertas al diálogo, y avanzar en una escalada de actos represivos, tales como la numerosa presencia de efectivos policiales, el cierre del acceso a pasillos y escaleras de los tribunales y la orden de descontar los días de huelga.

En ese marco, denuncia que en los últimos días, efectivos de la policía bonaerense fueron vistos filmando y fotografiando a los trabajadores judiciales en plena protesta, exhibiendo tales fotografías a los comerciantes de la zona y formulando preguntas sobre dichos trabajadores.

Sostiene que ese tipo de prácticas tienen como finalidad, infundir temor a los manifestantes, para que dejen de ejercer sus libertades sindicales, por el miedo a sufrir procesos judiciales, privaciones de la libertad u otro tipo de represalias, de las cuales, las tareas de inteligencia denunciadas podrían ser actos preparatorios.

En virtud de ello, y dada la urgencia del caso, solicita como medida cautelar se ordene a la demandada a que se abstenga de realizar cualquier acto o hecho que -como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas por la entidad actora- afecte el pleno ejercicio de las libertades sindicales de los trabajadores judiciales de la Provincia.

2.Conforme lo expuesto precedentemente, corresponde analizar los recaudos de procedencia de la medida cautelar solicitada (art. 230 y 232 del CPCC), teniendo presente que, en virtud del principio «iura novit curia», es tarea propia de los jueces calificar jurídicamente el caso que se les presenta, aunque las partes no lo hubieran hecho, siempre en el marco de los hechos de la causa y las pretensiones de los interesados (conf. SCBA, causas Ac. 90.993, sent. del 5-IV-2006; Ac. 79.290, sent. del 26-VIII-2009; B. 61944, sent. del 5-V-2010; C. 85692, sent. del 9-VI-2010, entre otras).

3. La verosimilitud en el derecho.

3.1. Que en el análisis de las medidas cautelares el juez debe valorar provisoriamente los derechos alegados, sin que ello implique un examen de certeza acerca de su existencia (conf. doctr. Fallos 306:2060 y 320:1633 , entre otros), añadiendo el Máximo Tribunal, que: «. el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.».

Que en función de ello, y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de este tipo de procesos, advierto que la petición cautelar de autos se sustenta sobre bases «prima facie» verosímiles, en virtud de los derechos involucrados en la contienda, de acuerdo con los fundamentos que seguidamente se exponen.

3.2. En primer término, corresponde recordar que el derecho a huelga, constitucionalmente reconocido, constituye una de las herramientas centrales de protección de los intereses profesionales del trabajador (arts. 14 bis de la CN, y 39 inc.2 de la CPBA).

Asimismo, dado que las protestas y las movilizaciones sociales constituyen una herramienta básica mediante la cual la Asociación Judicial Bonaerense tiene la posibilidad de que sus demandas sean escuchadas por las autoridades, la contienda comprende un haz de derechos constitucionales que se ejercen simultáneamente, entre los que se destacan el derecho de reunión pacífica en manifestaciones públicas (arts. 14 CPBA, 20.1 de la DUDH, XXI de la DADDH, 15 de la CADH y 21 del PIDCP), el derecho de petición a las autoridades (arts. 14 de la CN, 14 de la CPBA y XXIV de la DADDH), la libertad de asociación (arts. 14 de la CN, 20 de la DUDH, XXII DADDH, 16.1. CADH, 22 del PIDCP y 8 del PIDESC), y en particular los derechos sindicales (arts. 14 bis de la CN, 39 incs. 2 y 4 de la CPBA, 23.4 de la DUDH, 8.1. del PIDESC, y art. 8 del Protocolo de San Salvador, éste último de jerarquía supralegal, conf. art. 75 inc. 22 de la CN).

Del juego de las normas citadas, se desprende que los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tienen el derecho a congregarse y manifestarse pacíficamente, de modo público o privado, a fin de realizar los reclamos salariales que crean correspondientes, sin intervenciones arbitrarias de las autoridades estatales. –

De allí que también se encuentre comprometido el derecho a expresarse libremente reconocido en diversos tratados internacionales (arts. 19 de la DUDH, IV de la DADDH, 13 CADH y 19 del PIDCPC), que tiene tanto una dimensión individual como colectiva.En cuanto al primer aspecto, ha dicho la Corte Interamericana que «no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios»; y respecto de la segunda dimensión, la social, apuntó que «.la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia» (CorteIDH. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13-XI-1985, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, serie A, N° 5, párr. 31/32; Caso «La Última Tentación de Cristo» [Olmedo Bustos y otros], sent. del 5-II-2001, serie C, N° 73, párr. 65/66; y Caso Ivcher Bronstein, sent. del 6-II-2001, serie C, N° 74, párr. 147/148). Recordó luego que la libertad de expresión constituye una piedra angular de los sistemas democráticos, siendo una condición indispensable para que los sindicatos puedan desarrollarse plenamente (CorteIDH. Opinión Consultiva OC-5/85, cit., párr. 70), y que «Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad» (Corte IDH. Caso Herrera Ulloa, sent. del 2-VII- 2004, serie C, Nº 107, párr.116).

Esta perspectiva, que implica un abordaje conjunto de la libertad de expresión, el derecho de reunión y petición a las autoridades y las libertades sindicales, resulta necesaria para los grupos que se expresan a través de protestas sociales, toda vez que muchas veces no cuentan con otros mecanismos que den fuerza a sus demandas, frente a quienes definen las políticas públicas y ejecutan las decisiones salariales.

De tal modo, y sin abrir juicio alguno sobre la justicia del reclamo, es preciso poner de relieve que las libertades a las que se refieren las normas de más alta jerarquía citadas, presuponen que los manifestantes deben poder expresarse públicamente sin temor a sufrir algún tipo de represalia o violencia por parte de ningún actor social, y muy especialmente, de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cuya función no es la de aplastar las diferencias mediante el temor, sino la prevención en materia criminal, toda vez que dicho temor podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones controvertidas que atañan a la comunidad en su conjunto.

Ello no implica sostener que el Estado no pueda ejercer el control sobre las movilizaciones sociales, a fin de que estas se desarrollen ordenadamente. Sabido es que los derechos reconocidos en la Constitución no son absolutos, sino que están sujetos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el orden y la convivencia social (Fallos 188:105; 199:149; 200:450; 249:252; 262:205, entre muchos otros). Sin embargo, sabido es también que tanto la Constitución como los instrumentos internacionales antes citados, no se limitan a admitir la relatividad de los derechos, sino que a su vez hacen referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades, sin violarlos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las restricciones deben ajustarse a una serie de requisitos, a saber:que la medida restrictiva esté previamente dispuesta por una ley -en sentido formal-, que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos en una sociedad democrática, es decir, que obedezcan a «razones de interés general» o de «bien común», y que los medios utilizados sean proporcionales al interés legítimo que los justifican (CorteIDH. Opinión Consultiva OC-5/85, cit., párr. 46; Opinión consultiva OC-6/86, «La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», serie A, N° 6, párr. 18; «Caso Kimel vs. Argentina», se nt. del 2-V-2008, serie C, N° 177, párr. 52, entre muchos otros). A ello se ajusta la doctrina tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculada con las condiciones de ejercicio del poder de policía estatal (Fallos 136:161; 172:21 y 291; 199:483; 200:450; 201:71; 204:195; 243:449 y 467; 263:83; 269:416; 297:201, citados en Fallos 312:496, cons. 7°).

3.3. En el supuesto de autos, el ejercicio de los derechos citados, aparecen -en principio- legítimos, en tanto la movilización ha sido decidida por la entidad gremial con personería reconocida por la autoridad de aplicación, obedece a reclamos de naturaleza laboral, su duración ha sido limitada en el tiempo, no fue dispuesto su cese, ni se ha cursado intimación alguna para la reanudación de las tareas en el marco de una negociación colectiva de trabajo (SCBA, L. 44.923, sent. del 30-IV-1991, y L. 52.588, sent. del 26-VII-1994; CNLB VI, sent. del 28-IV-1994, JA, 1996 I, 230, entre otros). –

No obstante ello, la actora ha acompañado una serie de fotografías (conf. fs. 2, 3, 4 y 5) y de grabaciones fílmicas en soporte digital (DVD de fs.1), en los cuales se exhiben agentes de la policía, así como sujetos ubicados detrás de cordones policiales, con dispositivos tecnológicos capturando fotografías y realizando video filmaciones de los manifestantes que participan del reclamo salarial que lleva adelante la Asociación Judicial Bonaerense.

Ante tales elementos, advierto que un abordaje meramente policial sobre la protesta trasluce una lectura de desorden social o de transgresión, toda vez que las tareas de inteligencia de la policía, y en general cualquier actividad represiva, suponen una herramienta de disuasión y/o de investigación criminal, pero no de control de la manifestación.

Ello pone en evidencia la incapacidad estatal de dar respuestas adecuadas a ciertas demandas sociales, recurriendo a mecanismos de dudosa legitimidad, que constituyen injerencias en el ejercicio de derechos de singular importancia para los sistemas democráticos. Por tal motivo, el Estado no puede invocar cualquier razón para justificar las restricciones a estos derechos, resultando inadmisible la asimilación inmediata entre protesta y desorden, puesto que en tal caso se estarían censurando ciertas expresiones de disenso, críticas de la actuación estatal.

Así, a fin de evitar que el ejercicio de las libertades públicas implicadas en la contienda queden a merced de la autoridad administrativa, la demandada deberá justificar rigurosamente la actuación policial que ha desarrollado en las referidas movilizaciones, y éste es el debate que se encuentra todavía ausente, y es el que precisamente debe darse en el marco de la presente contienda.

3.4.Por lo expuesto, la pretensión cautelar solicitada tendiente a impedir tareas de inteligencia sobre los trabajadores judiciales que participan de las medidas de fuerza que lleva adelante la Asociación Judicial Bonaerense, hasta tanto se dicte sentencia en autos, resulta una medida adecuada para la protección de los derechos implicados, toda vez que la misma solo tiende a evitar que el ejercicio de tales derechos queden librados al arbitrio del poder público, asegurando de ese modo la eficacia práctica de la sentencia definitiva que debe recaer en el proceso.

Por las razones expuestas, juzgo que la verosimilitud en el derecho invocado, se encuentra «prima facie» acreditada (art. 230 inc. 1 del CPCC), por hallarse amenazados el derecho a huelga, el derecho de reunión pacífica, el derecho de petición a las autoridades, las libertades sindicales y el derecho a expresarse libremente de los trabajadores judiciales, al recurrir el Poder Ejecutivo Provincial a prácticas represivas frente al ejercicio de derechos constitucionales, sin sustento jurídico aparente.

4. El peligro en la demora.

4.1. Que el dictado de esta clase de medidas sólo exige la existencia de un temor fundado en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional. El requisito sub-exámine se vincula con el daño, pero atento al carácter preventivo de las medidas cautelares, el art. 232 del CPCC no requiere su producción sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia, en un contexto donde los derechos constitucionales de huelga y de petición, por parte de la actora, se encuentran en pleno ejercicio. –

En efecto, cabe recordar que la obligación estatal de garantía de los derechos humanos que dimana del art. 1 de la Convención Americana, no se agota en la investigación y sanción de los responsables de las violaciones, sino que pone especial énfasis en la prevención a posibles violaciones.Según tiene dicho la Corte Interamericana, «El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa.» (Corte IDH. «Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras», sent. del 29-VII-1988, serie C, N° 4, párr. 175). –

De ese modo, a los efectos del mandato cautelar preventivo, resulta irrelevante que exista efectivamente una política de espionaje vinculada a la investigación de ciertos manifestantes en virtud de sus expresiones políticas. Tal circunstancia, imposible de aseverar dada la etapa inicial en la que se encuentra el proceso, y la consecuente ausencia de elementos probatorios que permitan su afirmación, será en todo caso objeto de discusión al momento de dictarse la sentencia definitiva, asumiendo la presente medida apenas una forma de control de la actuación de las autoridades públicas, al abrigo de los estándares internaciones y constitucionales que las mismas han asumido. –

4.2. Que, en atención a ello, el peligro en la demora se aprecia de modo manifiesto, por la entidad de los derechos involucrados, el tiempo que es previsible insumir hasta el dictado de una sentencia judicial firme y la actualidad con la que los derechos resultan amenazados, situación que indudablemente requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales, de una «acción positiva» que le asegure la vigencia de los derechos que congrega la actora, dentro de la garantía constitucional a una «tutela judicial continua y efectiva» (art. 15 de la CPBA).

En función de ello, corresponde tener por acreditado el requisito bajo examen.

5. La afectación del interés público.

No se advierte «prima facie» que la medida cautelar peticionada pueda producir una grave afectación al interés público.-

Como he señalado desde hace tiempo en diversas oportunidades, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la administración, vulnera el interés público determinado por el pleno sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156, «MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.», res. del 8-VII-2005; N° 2873, «CLUB NAUTICO HACOAJ», res del 25-X-2006; N° 11004, «SAVAFAMA S.A.», res. del 8-V-2006; N° 12443, «ABDALA», res. del 7-V-2007, entre muchas otras).

6. La contracautela.

Con relación a la contracautela, teniendo especial ponderación por la naturaleza de los intereses y derechos involucrados, carentes de relevancia económica, deberá la peticionante prestar caución juratoria para responder por las costas, y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 199 del CPCC).

Por los fundamentos expuestos,

RESUELVO:

1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que -como consecuencia de las medidas de fuerza que llevan a cabo la Asociación Judicial Bonaerense- impliquen tareas de inteligencia o de investigación criminal al margen de órdenes judiciales, ello de manera inmediata a la notificación de la presente, y hasta tanto se dicte sentencia en autos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la CPBA. A tales fines, y previa caución juratoria, líbrense los oficios de estilo, con copias para mejor ilustración de la demandada.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría mediante cédula con copias y con habilitación de días y horas inhábiles. –

LUIS FEDERICO ARIAS – Juez –

Juz.Cont.Adm.Nº1 – Dto.Jud.La Plata –

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