El espectador que pretende que la AFA lo indemnice, debe acompañar al menos la entrada que acredite su ingreso al estadio.

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD – NEXO CAUSAL – FÚTBOL – ACCIDENTE EN ESPECTÁCULO DEPORTIVO, PÚBLICO O DE ESPARCIMIENTO – RECHAZO DE LA DEMANDA – PRUEBA – VALORACIÓN DE LA PRUEBA – PRUEBA DE TESTIGOS

Partes: Ledesma Andrea Verónica y otro c/ A. F. A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 6-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-71991-AR | MJJ71991 | MJJ71991

Improcedencia de la demanda de daños y perjuicios incoada contra la AFA y un club de fútbol, mediante la cual los actores pretenden obtener el resarcimiento por los daños que habría sufrido la actora con motivo de los incidentes que se produjeron durante un partido de fútbol en el Club codemando, en tanto no se probó que sufrió lesiones en las circunstancias relatadas en la demanda.

 

Sumario:

1.-Debe rechazarse la demanda por daños y perjuicios incoada contra la AFA y un club de fútbol, con motivo de las lesiones que habrían sufrido los actores, como resultado de los incidentes ocurridos en la cancha del club de fútbol -codemandado-, afirmando que la actora – quien se encontraba embarazada-, fue atropellada y pisoteada por otros espectadores, lo que determinó la frustración de su embarazo, pues los actores no probaron ninguno de los hechos, tal como los relataron en la demanda, por lo que ésta no puede prosperar y debe confirmarse la sentencia apelada en todas sus partes.

 

2.-La ley 24192, modificatoria de la ley 23184 , en su art. 51 dispone que las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios, en materia de responsabilidad civil por daños sufridos por concurrentes, organizadores y protagonistas de espectáculos deportivos, se consagra la existencia de una obligación de seguridad, de resultado, que gravita solidariamente sobre las entidades o asociaciones participantes en el espectáculo deportivo; siendo limitadas los eximentes de esta responsabilidad: hecho o culpa de la víctima, hecho o culpa de un tercero extraño y el caso fortuito o fuerza mayor.

 

3.-La normativa vigente en materia de espectáculos públicos debe ser complementada con las disposiciones de la ley 24240 de defensa del consumidor, cuya normativa es aplicable al espectáculo público – arts. 1° , 2° , 3° y concs.-.

 

4.-Para que los actores puedan invocar el mecanismo organizado por la ley 23184 y su modificatoria, deben demostrar, en principio, los siguientes extremos: a) Que, al sufrir el daño, se hallaba en el estadio. b) Que, en el estadio, tenía lugar un espectáculo deportivo. c) Que el hecho dañoso se produjo durante el desarrollo del espectáculo deportivo, en el caso de autos – donde los actores pretenden un resarcimiento por parte de los demandados con motivo de las lesiones que sufriera la actora las cuales determinaron la frustración de su embarazo- , precisamente el primer extremo es el que aquí no fue comprobado – los peticionarios acompañaron una sola entrada, con lo que en el mejor de las hipótesis para los actores estaría probado el ingreso de uno de ellos al partido de fútbol y no de los dos-.

 

 

Fallo:

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 6 días del mes de Marzo de Dos Mil Doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:» LEDESMA, ANDREA VERÓNICA Y OTRO C/ ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (A.F.A.) Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 600/603, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES –

 

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:

 

I. La sentencia de fs. 600/603 rechazó la demanda incoada, con costas. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

 

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los actores a fs. 610, siendo concedido el recurso a fs. 624.

 

Expresaron agravios a fs. 653/656, los que fueron respondidos a fs. 658/659. Se quejan porque la juez de grado no consideró acreditado el nexo de causalidad entre las lesiones sufridas y la pérdida del embarazo que cursaba la Sra. Ledesma. Sin embargo, existen pruebas que demuestran que los problemas médicos sufridos se desencadenaron a partir de los daños padecidos durante el partido de fútbol, aunque este hecho traumático no haya sido la única causa del aborto. Asimismo, cuestionan que la sentenciante no hiciera mérito del renglón psicológico y del moral ocasionado por esos daños a raíz del incidente vivido.

 

II. Frente a la exigencia impuesta por el art. 265 del Código Procesal, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante el deber de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que le atribuye al fallo.No basta con disentir, sino que la crítica debe ser concreta, precisa, determinada, sin vaguedades. Además, tiene que ser razonada, lo que implica que debe estar fundamentada.

 

«Ante todo, la ley habla de «crítica». Al hacer una coordinación de las acepciones académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso, «crítica» es el juicio impugnativo u opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. Luego, la ley la tipifica: «concreta y razonada». Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio)» (Conf. CNCiv., sala H, 04/12/2004, Lexis Nº 30011227).

 

Sin embargo, a la hora de decidir la declaración de deserción del recurso de apelación, la gravedad de las consecuencias que ello apareja impone una aplicación restrictiva. En caso de duda en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse a la apertura de la instancia, apreciando con tolerancia las deficiencias, con el fin de no conculcar el derecho de defensa en juicio (Conf. Fenochietto-Arazi, «Código…», Astrea, 1983, Tomo 1, p. 840).

 

Tradicionalmente esta Sala sostiene que aun cuando el escrito presentado bajo la denominación de tal no constituya la expresión de agravios en los términos del art. 265 del Cód. Procesal, debe aplicarse al respecto el criterio amplio, en orden al respecto del principio constitucional de la defensa en juicio de los derechos y con la finalidad de brindar acabada satisfacción al recurrente, permitiendo la apreciación de las razones alegadas para la modificación de la sentencia (Conf. esta Sala, 03/08/1981, LL, 1983-B, 768; id. id. 10/02/1987, LL, 1987-B, 288, entre muchos otros).

 

Precisamente es por ello y sólo por ello que no propiciaré la aplicación de la consecuencia que impone el art.266 del aludido Código, ante una expresión de agravios como la presentada por los actores, que se han limitado a suministrar algunos argumentos imprecisos y endebles acerca de interpretaciones erróneas u omisiones atribuidas a la sentenciante, abundando tan solo en la mera y extensa transcripción de fallos.

 

III. Esta causa se origina en las lesiones que habrían sufrido los actores, como resultado de los incidentes ocurridos el 25 de junio de 2007 en la cancha del Club Atlético Nueva Chicago en la que se jugaba un partido de fútbol con el Club Atlético Tigre y de resultas del cual se definiría cuál de esos equipos militaría al año siguiente en la Primera División A del Fútbol Argentino. Se produjeron graves incidentes, generando tumultos y corridas.

 

Afirman que la Sra. Ledesma, a la sazón embarazada de tres meses, fue atropellada y pisoteada por otros espectadores, lo que determinó la frustración de su embarazo.

 

El hecho ha sido firmemente negado por las demandadas y la aseguradora, por lo que se impone examinar las pruebas producidas a los fines de determinar si realmente a consecuencia del incidente deportivo ocurrido, existieron lesiones que provocaron en la coactora la pérdida del feto.

 

Ante todo corresponde destacar que a fs. 493 vta. sostiene el perito médico que el traumatismo como causa de aborto en el primer trimestre es un evento extremadamente raro, pues el útero en las primeras semanas de gestación permanece oculto en medio de la pelvis ósea. No se puede palpar por abdomen hasta después de las semanas 12ª o 14ª.

 

Para que un traumatismo en esta etapa del embarazo genere un aborto deberá tener una magnitud tal que provoque con seguridad fractura de huesos de la pelvis (acción traumática directa) o lesiones maternas con hemorragia y shock capaz de interrumpir el embarazo por falla en el aporte de oxígeno. Aclara el experto que este tipo de situaciones se presenta en caídas desde gran altura (defenestraciones), graves accidentes automovilísticos, lesiones por armas de fuego o arma blanca.En todos los casos, la vida de la madre está en riesgo.

 

Además, cuando un traumatismo es el responsable de un aborto en etapas tempranas de gestación, la interrupción del embarazo se produce de manera inmediata.

 

El tiempo de un embarazo se mide de modo universal contabilizando los días o semanas desde la fecha de la última menstruación. Así el parto normal ocurre al cumplirse 280 días o 40 semanas. Aclara el perito que no se trata de un dato fiable porque presupone que la mujer ovula 14 días después de la FUM, lo que no siempre ocurre. En realidad, el diagnóstico ecográfico permite estimar la edad gestacional con una precisión mayor si el estudio se realiza durante la primera mitad del embarazo.

 

A fs. 494 vta. reseña el perito que las dos primeras ecografías practicadas a la coactora son coincidentes y contundentes en señalar seis semanas de embarazo, de modo que al 25 de junio de 2007, estaba cursando un embarazo de 3 semanas y cinco días, o sea un embarazo que llevaba 5 días de implantado en el útero.

 

El 11 de julio, es decir, 16 días después del hecho, presentaba una ecografía normal con latidos fetales presentes. El resultado fue coincidente al día siguiente. Dos días después recién se insinúan los problemas embrionarios, con detención de crecimiento que es confirmada el 18 de julio, ahora sin actividad cardíaca.

 

A fs. 495 expresa el experto que la Sra. Ledesma presenta una cicatriz en la muñeca y otra lineal de 1 cm. sobre el dorso de la rodilla izquierda que podría corresponderse con el evento denunciado.

 

Estas claras conclusiones periciales no merecieron observación alguna de parte de la actora.

 

Tal como lo sostiene la demandada y su citada en garantía, los peticionarios acompañaron una sola entrada, que se encuentra reservada en el sobre de fs.15, con lo que en el mejor de las hipótesis para los actores estaría probado el ingreso de uno de ellos y no de los dos.

 

En la demanda faltaron a la verdad cuando dijeron que cursaba un embarazo de tres meses cuando está debidamente acreditado que tan sólo llevaba cinco días de implantación del producto el útero.

 

Ello demuestra que seguramente ni sospechaba que se encontraba preñada cuando concurrió al evento deportivo.

 

Sin embargo, a la perito psicóloga le dijo que al ocurrir el incidente de la cancha estaba embarazada, ya no de tres sino de cuatro meses, que perdió el conocimiento y que se despertó cuando estaba en camino al consultorio de Virreyes.

 

Va de suyo que de haberse desmayado, debería haber sido atendida en el mismo estadio o en un establecimiento asistencial próximo.

 

Sin embargo, nada de ello se ha acreditado y mucho menos que haya sido asistida el mismo día por un doctor Della Vecchia ni que la ginecóloga Macagno haya alertado el peligro de aborto a consecuencia del accidente, mejor dicho incidente, el 1º de julio. Más aún, no hay elemento probatorio alguno de que concurriera a un consultorio de Virreyes.

 

La ambulancia recién aparece requerida el día 12 de ese mes, aunque en la Hoja de Ingreso al Sanatorio Itoiz, sito en Avellaneda, se consigna la internación por guardia el día anterior a las 17,10 horas. Se diagnostica la amenaza de aborto que culmina con la pérdida del producto una semana después, practicándosele un legrado el 18 de julio, o sea veintidós días después de la supuesta presencia de la Sra. Ledesma en la cancha.

 

Los testigos que sustentan esa afirmación carecen de toda precisión sobre el particular, al extremo que Walter Chávez llega a afirmar a fs. 444 vta.que «ya se le notaba la panza». Por el contrario, Lorena Senguer sostiene que estaba embarazada como de tres meses, por eso no se le notaba.

 

No puedo dejar de poner de resalto la enorme casualidad que implica que los tres testigos se domicilien en un radio de pocas cuadras: Aguaysol en Avda. Avellaneda 5869, Chávez en Avda. Avellaneda 5402 y Senguer en Payró 2035, todos de la localidad de San Fernando. A su vez, los actores tienen su domicilio en Cordero 5457.

 

Cordero es la primera calle paralela a Avda. Avellaneda y Payró al 2000 se encuentra justo a la altura de la intersección c on Cordero al 5400.

 

O sea que los actores viven en Cordero y Payró, Senguer en Payró y Cordero, Chavez en Avellaneda y Payró, a una cuadra de los anteriores y sólo Aguaysol en la avenida a cuatro cuadras.

 

Los tres testigos concurrieron a la audiencia sin haber sido citados por cédula, aunque al responder por las generales de la ley minimizaron la relación con Zarza y Ledesma, afirmando Aguaysol y Chávez que los conocen de la cancha de Tigre, cuando en realidad son vecinos.

 

En cuanto a Senguer también ha faltado a la verdad cuando a fs. 446 declara que conoce al marido del barrio, de chiquito, después ella se mudó y a Ledesma sólo la veía en la cancha. Se habrá mudado a la casa de al lado porque, reitero, a la fecha de la demanda y de la audiencia se domicilian en Payró y Cordero y en Cordero y Payró, respectivamente.

 

Por otra parte, es realmente llamativo que habiéndose instruido una causa penal que ha insumido 1903 fojas y que terminó con siete personas condenadas por la Justicia Contravencional de esta Ciudad, nunca se hayan presentado ni los actores ni los testigos.

 

IV. Como requisito de admisibilidad la demanda debe contener «los hechos en que se funde, explicados claramente» (art. 330, inciso 4º del CPCC).

 

El fundamento del art. 330 incs., 3º, 4º y 6º del Cód.Procesal radica en el principio de lealtad y buena fe procesal que obliga a las partes a ser claros en su exposición, evitando ocultamientos. Así, debe saberse qué es lo que se demanda y los hechos y circunstancias, para que la contraparte conozca las cuestiones planteadas y pueda prepara sus defensas y probanzas (Conf. CNCiv., Sala F, 28/08/1997, DJ 1998-2, 484).

 

La exposición de los hechos tiene por finalidad la determinación de la causa petendi o sea la razón o fundamento en cuya virtud la pretensión se deduce. A diferencia de lo que ocurre en las legislaciones que siguen el principio de individualización, para el que es suficiente que el demandante mencione la relación jurídica de la que deriva la pretensión que hace valer; nuestro ordenamiento procesal se enrola en el principio de sustanciación, que exige la exposición circunstanciada de los hechos que definen esa relación (Conf. Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial» T. III, pág. 34).

 

Tiene fundamental importancia que los hechos sean expuestos con «claridad», ya que al demandado incumbe la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente (art. 356, inc. 1º ) y, por lo tanto, aquella exigencia resulta de decisiva trascendencia a fin de valorar su silencio o sus respuestas evasivas. Además, los hechos articulados en la demanda y luego en la contestación del demandado, determinan la pertinencia y admisibilidad de la prueba a producirse en el proceso, ya que sólo puede versar sobre esos hechos (art. 364 ). Finalmente, la sentencia sólo puede hacer mérito de los hechos alegados por las partes (art. 163, inc. 3º ), con riesgo, en caso contrario, de adolecer de incongruencia (Conf. Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, pág. 295).

 

En virtud del principio dispositivo que domina nuestro ordenamiento procesal, el juez se encuentra impedido de extraer las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos relatados en forma simple, incompleta y confusa.Puede por el contrario suplir el derecho, pero no las consecuencias de un relato defectuoso de los hechos.

 

La relación procesal, salvo situaciones especiales, se integra con los actos fundamentales de la demanda y su contestación. Dada la importancia de ambos actos, el Código de forma les impone el cumplimiento de requisitos tendientes a dotarlos de claridad y exactitud, despejando ambigüedades o respuestas evasivas o silencios que están lejos de contribuir al fin de todo proceso: la prevalencia de la verdad jurídica objetiva. De allí que tanto el art. 330 como el art. 356 insistan en la exposición clara, sucinta y exacta y en el pronunciamiento categórico, contrario al silencio y a las respuestas evasivas (Conf. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª,19/02/2002, Lexis Nº 7/12622).

 

«Es deber de la parte que deduce una pretensión fundamentarla mediante una prolija y circunstanciada relación de los antecedentes fácticos a los que se imputa el efecto jurídico que se persigue y demostrar que se ha verificado la situación de hecho descripta por la norma invocada como fundamento de su petición» (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30/5/1995, JA 1999-I-síntesis).

 

Ahora bien, el art. 51 de la ley 24.192, modificatoria de la ley 23.184 dispone que las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios.

 

En materia de responsabilidad civil por daños sufridos por concurrentes, organizadores y protagonistas de espectáculos deportivos, se consagra en forma inequívoca la existencia de una obligación de seguridad, de resultado, que gravita solidariamente sobre «las entidades o asociaciones participantes» en el espectáculo deportivo. Es una responsabilidad objetiva, basada en la idea de riesgo de empresa, por lo que las eximentes son limitadas: hecho o culpa de la víctima, hecho o culpa de un tercero extraño y el caso fortuito o fuerza mayor.La normativa vigente en materia de espectáculos públicos debe ser complementada con las disposiciones de la ley 24.240 de defensa del consumidor, cuya normativa es aplicable al espectáculo público, a tenor de los arts. 1°, 2°, 3° y concs. (Conf. Pizarro, Ramón D, «El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco», RCyS 2007, 448).

 

Para invocar el mecanismo organizado por la ley 23.184 y su modificatoria, la víctima debe demostrar, en principio, los siguientes extremos: a) Que, al sufrir el daño, se hallaba en el estadio. b) Que, en el estadio, tenía lugar un espectáculo deportivo. c) Que el hecho dañoso se produjo durante el desarrollo del espectáculo deportivo (Conf. Mazzinghi (h.), Jorge Adolfo, «La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo», LA LEY 1995-B, 969).

 

Precisamente el primer extremo es el que aquí no fue comprobado.

 

Por ello, no resulta aplicable al caso la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros» del 06/03/2007, publicado en Fallos Corte:330:563, como se pretende en los agravios, por la muy sencilla razón que allí estaba fuera de toda duda la presencia del actor el 30 de noviembre de 1996 en el Club Atlético Lanús, cuando se generó un gran altercado, los simpatizantes de Lanús comenzaron a arrojar todo tipo de objetos hacia el campo de juego, como así también contra la hinchada del equipo visitante que intentaba abandonar precipitadamente el estadio.

 

Cuando está en juego una responsabilidad objetiva, fundada en el riesgo creado, sólo es posible la exoneración si se prueba que el nexo causal entre el daño y el riesgo fue interrumpido por una causa ajena.

 

Ahora bien, aunque el accionante se vea favorecido por la existencia de presunciones de responsabilidad, lo que hace que los hechos presumidos queden al margen del objeto de la prueba, no ocurre lo mismo con los que configuran la base de la presunción, los que deben probarse si no han sido admitidos (Conf. Palacio, Lino, «Derecho Procesal Civil», Tomo IV, pág. 343).

 

Las presunciones de responsabilidad creadas por la ley tienden a favorecer a las víctimas, relevándolas de la prueba de la culpa, pero ello no implica que concurra idéntica dispensa en cuanto a la acreditación de los hechos que le dan nacimiento.

 

El art. 377 del Código Procesal se relaciona con la carga de la prueba, si bien no debe perderse de vista que ella juega sólo en la formación lógica de la sentencia cuando falta prueba, por insuficiente, incompleta o por frustración de la actividad procesal de las partes. Únicamente entonces se debe acudir a los principios sobre la carga de la prueba, al verse el juzgador en la necesidad de fijar quién deberá soportar las consecuencias que se producen cuando quien debía probar, no lo ha conseguido (Conf. Fenochietto-Arazi, ob. cit., Tomo 2, págs.322 y sigs).

 

La noción de la carga de la prueba ha sido diseñada como una regla de juicio dirigida al juez, que le indica cómo resolver frente a hechos insuficientemente probados, a fin de evitar el «non liquet». Indirectamente indica a cuál de las partes le interesa la demostración y por lo tanto, asume, el riesgo de la falta de evidencia (Conf. Lorenzetti, Ricardo, «Carga de la prueba en los procesos de daños», LL 1991-A-998).

 

Por ello, el citado art. 377 comienza diciendo que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido.

 

Se considera como tal aquel hecho conducente, pertinente, útil, que incide con suficiente importancia en el curso de la litis, siendo su prueba necesaria porque dependiza la verificación y convicción que el juez puede alcanzar (Conf. Gozaíni, Osvaldo, «El acceso a la justicia y el derecho de daños», en Revista de Derecho de Daños-II, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 192).

 

Pues bien, en el caso, los actores no probaron ninguno de los hechos, tal como los relataron en la demanda, por lo que ésta no puede prosperar y debe confirmarse la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de alzada a los vencidos (art. 68 del Código Procesal).

 

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.

 

Es copia fiel que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «G» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.

 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2012.-

 

Y VISTOS:

 

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo qu e antecede, se resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada, rechazando la demanda en todas sus partes, con costas de alzada a cargo de los actores vencidos. II.En atención al resultado del proceso el monto del juicio, a los fines regulatorios, sería la suma reclamada en la demanda conforme la doctrina del fallo plenario recaído en autos «Multiflex S. A. c/ Consorcio» (L.L. 1975-D, pág. 297). Pero en sentido contrario ya esta sala ha decidido (L. 450.797, del 13/3/07, entre otros), en concordancia con lo dicho por la Corte Suprema en autos «Martín, Jorge Alberto c/ Shin, Dong Sik» (Fallos 318:558) -allí el cimero Tribunal señaló que «la circunstancia de haber obtenido la actora el beneficio de litigar sin gastos exige efectuar una interpretación adecuada de la ley 21839 , ya que al amparo de dicho beneficio pudo incluir en su demanda un monto arbitrario»- que a efectos de regular los honorarios de los letrados y los de los peritos, respecto de los cuales la carga puede repercutir sobre los demandados vencedores, es necesario apartarse de tal monto.

 

Valorando la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, etapas cumplidas y resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6, 7 , 9 , 14 , 37, 38 y conc. de la ley 21839 y la ley 24432 , se confirman por considerarlos ajustados a derecho los honorarios regulados a los letrados apoderados de la parte actora, DRES. OSVALDO POSCA, MATÍAS OSVALDO POSCA y ADRIÁN FEDERICO POSCA. Por los trabajos de alzada se fija la remuneración del DR. OSVALDO POSCA en ($.) y la del letrado apoderado de la citada en garantía, DR. ENRIQUE JOSÉ QUINTANA, en ($.).-

 

En atención a la calidad, mérito y eficacia de la labor pericial e informes técnicos presentados en autos; a lo normado por los arts. 10 , 13 y conc. de la ley 24432 y a la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes (Fallos: 314:1873; 320:2349 ; 325:2119 , entre otros) se confirman el honorario del contador JUAN CARLOS BERTONE y el del médico DAMIÁN GUILLERMO BRANCA. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese, regístrese y devuélvase.-

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