Ante falta de estipulacion sobre los intereses, se presuponen los cobrados por los bancos publicos.

Voces: CUENTA CORRIENTE BANCARIA – SALDO DE CUENTA CORRIENTE – REVISIÓN DE CUENTA CORRIENTE – RECTIFICACIÓN DE SALDO – INTERESES – TASA DE INTERÉS – PRESCRIPCIÓN – RESPONSABILIDAD BANCARIA

Partes: Eternit Argentina S.A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial  Sala/Juzgado: C

Fecha: 14-feb-2012

Cita: MJ-JU-M-71795-AR | MJJ71795 | MJJ71795

Corresponde la rectificación de los saldos de las cuentas corrientes, adecuando las tasas aplicadas que al no haberse acreditado estipulación respecto a los intereses, se presupone que las partes se sujetaron a los cobrados por los bancos públicos.

Sumario:

1.-Los principios de la justicia conmutativa exigen que la libertad de una de las partes encuentre su límite en la libertad de la otra y que el control judicial se sujete a normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres como límite de las facultades contractuales de carácter privado (art. 953 CCiv.; CNCom. ).

 

2.-La aprobación del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria se efectúa mediante el envío del extracto o liquidación de la cuenta, remitida al domicilio que el cuentacorrentista registró en la entidad en el plazo convenido, solicitando su conformidad o en su caso, las observaciones o impugnaciones que estime menester efectuar (art. 793, párr. 1° y 2° del CCom. y normas reglamentarias emitidas por el B.C.R.A.). Ante la ausencia de observaciones en término, las cuentas se tienen por reconocidas y por conformado el saldo.

 

3.-La liquidación del banco del saldo de cuenta corriente bancaria opera como rendición de cuentas, por medio de la cual -como cualquier sujeto que actúa en interés ajeno y custodia fondos que no son propios- informa al cliente: (a) los pagos y cobranzas efectuados en su nombre y por su cuenta, (b) los débitos efectuados en la cuenta (vgr. intereses, cargos, comisiones y gastos de mantenimiento); (c) los intereses cobrados por ‘anticipos transitorios’ efectuados por giros en descubierto y, (d) los demás débitos, y -en su caso- la capitalización de intereses.

 

4.-Como la entidad bancaria es la que realiza las registraciones en la cuenta corriente, asume en consecuencia la responsabilidad de hacerlo con veracidad y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el caso; debe dar al cliente una información oportuna, veraz, exacta, clara, comprensible y completa sobre la totalidad de los movimientos contables reflejados en la cuenta. Es que la información suficiente, es la etapa previa y necesaria para que pueda existir conocimiento sobre determinado tema, por cuanto sin éste, mal puede existir consentimiento.

 

5.-No puede soslayarse la realidad cotidiana en la que con excesiva frecuencia todo cuentacorrentista se enfrenta con un cúmulo de débitos por comisiones y gastos de dudosa procedencia e imposible determinación. Por ello, la aprobación del saldo deudor no puede impedir obtener su rectificación al incoarse un proceso de pleno conocimiento, cuando existen errores de cálculo, omisiones, ítems extraños o indebidamente debitados o acreditados en la cuenta (art. 790 del CCom.), pues sólo representa un pronunciamiento sobre la realidad aritmética de los asientos y su reflejo en el saldo, que se apoya en el presupuesto fáctico de que tales hechos se hayan verificado efectivamente. Sus efectos, quedan consecuentemente subordinados a la verdad de los hechos reconocidos.

 

6.-La aprobación tácita de la cuenta no precluye la posibilidad de impugnarla por errores, omisiones o duplicaciones; entre otras razones porque el banco al insertar un débito en la cuenta de su cliente efectúa una registración que no tiene valor negocial sino declarativo

 

7.-La aprobación del saldo de la cuenta corriente no implica una declaración de voluntad en sentido técnico; tampoco tiene significación normativa o dispositiva, ni dispone de derechos y deberes para el futuro.

 

8.-El Código de Comercio no deroga la posibilidad de revisar fundadamente las partes viciadas de la cuenta bancaria; en ese caso quien pide la rectificación del saldo soporta la carga de probar los hechos en que se funda y por ello, conviene no sobredimensionar el carácter de ‘definitivo’ de los resúmenes de cuenta no impugnados en término.

 

9.-Resulta necesario distinguir entre el pedido de revisión de una cuenta corriente aprobada y la solicitud de rectificación; ésta no reabre la cuenta a una rendición general, persigue la discusión de determinados aspectos cuya impugnación se hace específica y determinada.

 

10.-Si bien el banco debe atenerse al régimen de comunicación y aprobación ficta de los extractos mensuales de cuenta corriente, cuando ello se ejerce disfuncionalmente la hipótesis es desmedida, desleal y abusiva.

 

11.-El silencio del cuentacorrentista no cubre las irregularidades, la falta de buena fe, ni la negligencia del banco; la presunta conformidad del cliente resulta inexistente cuanto existió error, dolo o fraude.

 

12.-Resulta indubitable la viabilidad de formular las observaciones contempladas por el CCom: 790, aún en la hipótesis de no haber mediado impugnación de los resúmenes de cuenta en los términos y plazos del CCom: 793, ya que la ausencia de impugnación no es causa del enriquecimiento a costa de otros.

 

13.-El solicitante, al ingresar al sistema, debe saber que se incorpora a una operatoria de sofisticada programación que presupone un interesado en el servicio con capacidad suficiente como para comprender su funcionamiento, ergo, al no recibir el resumen de cuenta debió reclamarlo personalmente dentro de los plazos debidos como una derivación del deber de cooperación implícito en el sistema

 

14.-En una acción deducida contra un banco por la cual se persigue el arreglo y rectificación de una cuenta corriente bancaria, por la incorporación de intereses excesivos sobre saldos deudores girados en descubierto ante la inexistencia de pacto expreso, con base en los cuales se solicita la repetición de dichos importes, resulta aplicable por el período de cinco años el CCom. 565 , toda vez que al no haberse acreditado la estipulación respecto de la cantidad a la cual debían ascender los intereses, se presupone que las partes se han sujetado a los intereses que cobran los bancos públicos, debiendo los jueces graduar en la sentencia lo correspondiente al caso. A tal fin, procede establecer como parámetro la tasa que aplicó el Banco Nación para las mismas operaciones, máxime cuando la defensa no demostró que eran los vigentes en plaza los liquidados por ella.

 

15.-La facultad de liquidar intereses no otorga al banco demandado potestad unilateral y discrecional de fijarlas a su arbitrio.

 

16.-La entidad bancaria es un comerciante profesional con alto grado de especialización y también es un colector de fondos públicos; ello le otorga superioridad técnica sobre el actor y lo obliga a obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 512 , 902 y 909 CCiv.). Su condición lo responsabiliza de manera especial y le exige una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal, para poder desarrollar idóneamente su actividad negocial.

 

17.-La conducta del banco no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada en tanto profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización (arts. 512, 902 y 909 CCiv.).

 

18.-En los contratos en que una parte detenta tal superioridad técnica, la otra soporta una situación de inferioridad jurídica.

 

19.-El banco es un colector de fondos públicos y el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores descuentan su profesionalidad.

 

20.-Tanto la normativa de fondo (arts. 796 y 793 del CCom.) como las reglamentaciones del B.C.R.A. exigen la conformidad del cuentacorrentista para autorizar el débito de comisiones y cargos por los servicios prestados por la entidad; se trata de un requisito insoslayable que apunta a garantizar equilibrio y transparencia en la relación negocial. Consecuentemente, el banco queda obligado a proporcionar a su cliente información veraz e idónea que posibilite a éste el adecuado control de sus estados de cuenta, debiendo indicar con precisión el origen de los importes y porcentajes deducidos.

 

21.-La información es un bien preciado, que tiene valor económico y consecuentemente debe contar con protección jurídica, máxime considerando que según la conocida y aceptada teoría de las cargas dinámicas, la prueba debe producirla quien estuvo en mejores condiciones profesionales y técnicas de aportarla, prescindiendo de su condición de actora o demandada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 

 

Fallo:

 

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de dos mil doce, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por «ETERNIT ARGENTINA S.A.» contra «BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.» sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi. La Dra. Matilde E. Ballerini no interviene por hallarse recusada tal como surge de fs. 5613.

 

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

 

La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:

 

I. La causa.

 

(a) A fs. 1297/310 ‘FADEMAC Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A.’ promovió la presente demanda contra ‘Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.’ en procura del «. arreglo y la rectificación de las cuentas corrientes números 1698-6-124-0 y 7471-9-042-3 . «, como asimismo «. el reintegro por parte de la entidad financiera de todos aquellos importes indebidamente debitados y retenidos . con más sus intereses debidamente capitalizados, hasta el momento de su efectivo pago y costas.».

 

Expuso que pese a que en un comienzo ambas cuentas operaron alternativamente con fondos propios; ante necesidades operativas que fueron apareciendo y por un ofrecimiento que le realizó la defendida, comenzó a hacer uso de un descubierto que nunca fue regularmente pactado conforme las normas vigentes, que en consecuencia los intereses pertinentes fueron aplicados en la cuenta en forma unilateral e inconsulta; y que por ello nunca pudo ser determinada la real contraprestación recibida o los servicios prestados.

 

Agregó que dicha circunstancia se vio agravada por cuanto el banco no le hacía entrega de los resúmenes de cuenta con regularidad, por lo que eran permanentes sus reclamos al efecto; hasta verse obligada a destacar personal enla sucursal, al sólo efecto de obtener los datos necesarios que le permitieran seguir los distintos movimientos financieros.

 

Con profusa cita doctrinaria y jurisprudencial, dedicó el capítulo II. del escrito que dio formación al presente aludiendo a los menoscabos patrimoniales que habría sufrido, para lo cual -en sustancia- destacó que: (i) los intereses desproporcionados aplicados alteraban el equilibrio económico de las prestaciones, provocándole una grave lesión al aprovecharse de su estado de necesidad; (ii) la tasa de interés aplicada jamás fue explicitada y; (iii) se incorporaban numerosos débitos en los movimientos de las cuentas identificados solamente con siglas sin indicación ni descripción precisa que nunca fueron autorizados por el cuentacorrentista.

 

De seguido puntualizó los diferentes rubros de cada cuenta que impugnó:

 

1.- Para la cuenta 1698-6-124-0: «Com. Chef. Dep. Rech.», «Com. Rech. Cheq. Bol.», «Com. Sobreg. Val. Conf.», «Com. Sobreg. Val no conf.», «Com. M. Cuenta», «Com. Cargos Mov.», «Com. Entrega Chequeras», «Comp./Ces. Chef. Bol.», «Com./int. Compr./Ces.», «IIBBDatanet», «Comp. Dep. e/ Casas», «Finan. Cta. Chef. Pag.», «Com. Transf. Fdos. Bcos.», «Com. Transf. MEP», «Com. Transf. Cash», «Comext. Transf.», «Transf. e/ctas.», «Transf. Exterior», «Transf. Meo», «Transf. Cash», «Transf. Fdos.», «Val. Al cobro Cheq. Bol.», «Com. Val al cobro», «Com. Val negoc.», «Valores negociados Cheq. Bol.», «Débitos Varios», «Com. Certif. firmas/cheq.», «Certif. firmas/chq», «C. cobranzas cash» y «Pago Serv. Buzón».

 

2.- Para la cuenta 7471-9-042-3: «Com. Chef. Rech.», «Com. Rech. Chef. Bol.», «Com. Sobreg. Val. no cub.», «Com. Sobreg. Val. Conform.», «Com. Sobreg. Val. No Conf.», «Com. Mant. Cuenta», «Com. Cargos Mov.», «Com. Extrac. Fonobanco», «Com. Entrega chequera», «Comp./ces Chq. Bol.», «Com./Int. Compr./Ces.», Com. Dep. e/ casas», «Cred. Doc. Importación», Finan. Imp. Transf. Ext.», «Com. Transf. Env. BCRA», «Com. Transf. Cash», «Comext. Transf.», «Transf. Entre cuentas», «Transf. Exterior», Transf. MEP», «Transf. Cash», «V. al cobro Chq. Bol.», «Com. Val. Al cobro», «Com. Certif. Firmas», «C. Cobranzas Cash» y «Exportación Varios».

 

Fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba de sus dichos.

 

(b) A fs.2698/725 ‘Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.’ se presentó al proceso, opuso como defensa la excepción de prescripción, la de defecto legal y subsidiariamente contestó la demanda en su contra solicitando su rechazo.

 

Para fundamentar la primera alegó -en sustancia- que a la fecha de interposición de la demanda había transcurrido el plazo quinquenal de prescripción conforme lo establecido en el art. 790 CCom., y que éste debía contarse a partir del anoticiamiento de cada uno de los extractos que acompañó a la pieza inaugural del pleito. Para su segunda defensa, argumentó que la demandante solicitó una rectificación ‘genérica’ de la totalidad de los extractos de las cuentas involucradas, situación que no se compadecía con la finalidad de dicho instituto.

 

De seguido, pasó a contestar la demanda impetrada, desconociendo pormenorizadamente los hechos invocados por la accionante.

 

Su versión sostuvo que la situación de indefensión, inferioridad y desconocimiento alegada por la accionante no se condice con su actividad comercial, con su patrimonio, con su profesionalismo en el ejercicio de sus negocios y tampoco con su expansión internacional.

 

Agregó que mediante la promoción de la presente, la demandante no sólo intentó desconocer la existencia de varios contratos debidamente suscriptos (vgr. cuenta corriente, compraventa de valores y gestión de cheques y de comercio exterior), sino que además ocultó que operaba diariamente a través del sistema ‘interbanking’ desde su oficina, por lo cual tuvo un cabal manejo y control permanente de sus cuentas. Así, excluyó la posibilidad de que haya ‘creado’ arbitrariamente los asientos impugnados.

 

En punto a los extractos bancarios, enfatizó que la versión de la accionante referida a su falta de recepción fue absolutamente falsa, en tanto éstos no sólo fueron recibidos, sino que además fueron acompañados al tiempo de demandar por la propia ‘Eternit’.

 

El capítulo V.de su presentación fue dedicado a controvertir la lesión invocada por la demandante, la reducción de los intereses solicitada, la inexistencia de acuerdos argüida, la falta de información de su parte y la violación a la moral y buenas costumbres.

 

Finalizó su presentación, indicando que los extractos habrían sido conformados ante la falta de observación por un tiempo prolongado, explicando el significado de cada uno de los rubros impugnados y, subrayando que no fue individualizado el presunto error de las partidas observadas -tornándose así la pretensión global, en maliciosa-.

 

Fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba.

 

(c) Las restantes consideraciones fácticas que rodean la causa se encuentran debidamente reseñadas en la sentencia de la anterior instancia, por lo que a ella me remito en orden a evitar innecesarias repeticiones.

 

II. La sentencia de primera instancia.

 

La prueba se produjo conforme la certificación de fs. 2834 y 2834 vta., posteriormente ampliada a fs. 2836. La demandante alegó a fs. 5541/5, mientras que la defendida hizo lo propio a fs. 5547/74.

 

A fs. 5583/98 el primer sentenciante rechazó la demanda instaurada e impuso las costas a ‘Eternit Argentina S.A.’ por resultar vencida (art. 68 Cpr.).

 

III. El recurso.

 

La accionante quedó disconforme con el acto jurisdiccional y lo apeló a fs. 5601. Sostuvo el recurso que originó la intervención de este Tribunal con la expresión de agravios de fs. 5614/26 que mereció la réplica de fs. 5628/46.

 

Dictado el llamado de autos para sentencia (fs. 5648), esta Sala se encuentra habilitada para decidir.

 

IV. La decisión.

 

a.La crítica desarrollada por la quejosa transita -según la perspectiva desarrollada y sustancialmente- por la errónea interpretación otorgada a la falta de observación en tiempo y forma de los resúmenes de cuenta correspondientes y por haber considerado que no quedó acreditada una lesión al titular de la misma.

 

En primer término, luego de transcribir partes del fallo que considera erradas, manifiesta que el hecho de considerar que «.la vía adecuada para impugnar el saldo de la cuenta corriente bancaria sería extrajudicial y la oportunidad surge ante la comunicación de los extractos que la conforman .» implica una ‘negación de acceso a la justicia’, habida cuenta que fue resuelto que la parte debe recurrir a una vía ajena a la judicial para cuestionar los errores sin explicar en que consiste, ante quien se desarrolla y sin tener en cuenta el derecho de la parte débil de la relación. Cita numerosos precedentes jurisprudenciales los cuales resultan -a tenor de la tesis mantenida- de aplicación al caso.

 

Seguidamente, alude a que el hecho de haber considerado el anterior sentenciante que la falta de observación de los resúmenes en tiempo y forma generó la aprobación de los saldos y que con ello, la caducidad de la acción de revisión quedó configurada resulta errada, toda vez que el referido instituto no está establecido en el art. 793 CCom.y que existe numerosa jurisprudencia en torno a que ni el silencio, ni el pago del saldo deudor, ni el transcurso del tiempo impiden el ejercicio de la acción instaurada mediante la promoción del presente.

 

En tercer término, arguye que haber sido apreciado en el pronunciamiento que su propuesta de arreglo y rectificación del saldo de la cuenta corriente, importó «. una revisión de aquello pretérita y aparentemente aprobado de acuerdo a las pautas usuales de la plaza bancaria .», implicó negarle el ejercicio de una acción en resguardo de sus derechos, en tanto de la prueba pericial contable producida surgía que los intereses aplicados carecían de pacto expreso y que los débitos por comisiones, cargos y gastos no co ntaban con expresa conformidad y tampoco con respaldo documental.

 

Prosigue con su queja, destacando que el pronunciamiento desconoce la modalidad con que operan los bancos y que parece olvidar la situación real del cliente, quien muchas veces se ve obligado a continuar operando ‘contra viento y marea’ (sic) ante la imperiosa necesidad de disponer de un flujo de fondos y debiendo soportar en consecuencia altas tasas de interés no pactadas.

 

En quinto lugar, refiere que ha sido desconocida la prueba pericial desarrollada en autos, toda vez que de ella surge la inexistencia de acuerdos para fijar las tasas de interés, los débitos por comisiones, cargos y gastos aplicados, la ausencia de documentación respaldatoria y, el incumplimiento del deber de informar. Asimismo, arguye que la responsabilidad del banco es agravada por ser la parte ‘profesional’ de la contratación y cita diversos precedentes de este tribunal.

 

Finalmente, reprocha la conclusión referida a que la operatoria desarrollada con la entidad bancaria fue consentida por el cuentacorrentista, para lo cual reproduce antecedentes jurisprudenciales que considera de aplicación al sub examine.

 

b.Liminarmente considero que resulta necesario atender la presunta negación de acceso a la justicia que representa para la quejosa el pronunciamiento apelado.

 

Discrepo con la apreciación de la recurrente; no media en autos violación alguna de garantías constitucionales, ni del debido proceso -sustantivo o adjetivo- y tampoco, vicios procesales que le impidieran articular defensas, ofrecer y producir las pruebas que estimó pertinentes.

 

Resulta difícil concebir que en un proceso promovido en el año 2007 (v. cargo del escrito inicial de fs. 1310), con cuatro años de sustanciación, la formación de catorce cuerpos y la incorporación de más de 5600 fojas se postule que ha quedado patentizada una ‘negación de acceso a la justicia’. Compruebo así, que la queja no supera una mera retórica y discorformidad carente de todo andamiaje jurídico y fáctico. Si se pretendió una interpretación distinta, debió la recurrente probar los extremos que fundamentaron su posición, pero no lo hizo (arts. 377 y 386 CPr.).

 

c. Adentrándome en el examen de la cuestión materia de alzamiento, destaco que los principios de la justicia conmutativa exigen que la libertad de una de las partes encuentre su límite en la libertad de la otra y que el control judicial se sujete a normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres como límite de las facultades contractuales de carácter privado (art. 953 CCiv.; CNCom., esta Sala, in re «Fernández Drago, Rosario H. c. Bank Boston N.A. s. ordinario», del 21-12-05; Williams Jorge, «Contratos de Crédito», ed. Ábaco, Bs. As., 1986, T. 2, pág. 186).

 

Sabido es que la aprobación del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria se efectúa mediante el envío del extracto o liquidación de la cuenta, remitida al domicilio que el cuentacorrentista registró en la entidad en el plazo convenido, solicitando su conformidad o en su caso, las observaciones o impugnaciones que estime menester efectuar (art. 793, párr. 1° y 2° del CCom.y normas reglamentarias emitidas por el B.C.R.A.). Ante la ausencia de observaciones en término, las cuentas se tienen por reconocidas y por conformado el saldo.

 

Así, la liquidación del banco opera como rendición de cuentas, por medio de la cual -como cualquier sujeto que actúa en interés ajeno y custodia fondos que no son propios- informa al cliente: (a) los pagos y cobranzas efectuados en su nombre y por su cuenta, (b) los débitos efectuados en la cuenta (vgr. intereses, cargos, comisiones y gastos de mantenimiento); (c) los intereses cobrados por ‘anticipos transitorios’ efectuados por giros en descubierto y, (d) los demás débitos, y -en su caso- la capitalización de intereses.

 

Juzgo que como la entidad bancaria es la que realiza las registraciones en la cuenta pertinente, asume en consecuencia la responsabilidad de hacerlo con veracidad y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el caso; debe dar al cliente una información oportuna, veraz, exacta, clara, comprensible y completa sobre la totalidad de los movimientos contables reflejados en la cuenta. Es que la información suficiente, es la etapa previa y necesaria para que pueda existir ‘conocimiento’ sobre determinado tema, por cuanto sin éste, mal puede existir ‘consentimiento’.

 

No puedo soslayar la realidad cotidiana en la que con excesiva frecuencia todo cuentacorrentista se enfrenta con un cúmulo de débitos por comisiones y gastos de dudosa procedencia e imposible determinación. Por ello, la aprobación del saldo por el mecanismo descripto supra no puede impedir obtener su rectificación al incoarse un proceso de pleno conocimiento, cuando existen errores de cálculo, omisiones, ítems extraños o indebidamente debitados o acreditados en la cuenta (art. 790 del CCom.), pues sólo representa un pronunciamiento sobre la realidad aritmética de los asientos y su reflejo en el saldo, que se apoya en el presupuesto fáctico de que tales hechos se hayan verificado efectivamente. Sus efectos, quedan consecuentemente subordinados a la verdad de los hechos reconocidos (CNCom., Sala C, in re, «Garrido, Juan Carlos c. Banco de la Pampa s.ord.», del 13-03-95; Fernández R. L. y Gómez Leo, Osvaldo R., «Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial», t. III-D, pág. 110, Buenos Aires, 1991 y sus citas).

 

La aprobación tácita de la cuenta no precluye la posibilidad de impugnarla por errores, omisiones o duplicaciones; entre otras razones porque el banco al insertar un débito en la cuenta de su cliente efectúa una registración que no tiene valor negocial sino declarativo (Nougués, Rodolfo A., «Impugnación de una cuenta corriente bancaria por errores cometidos por el Banco», R.D.C.O. 1970, Año 3, Ed. Depalma, pág. 231 y ss.); y por ello, se ha dicho que la aprobación del saldo no implica una declaración de voluntad en sentido técnico; tampoco tiene significación normativa o dispositiva, ni dispone de derechos y deberes para el futuro (Garriguez, Joaquín, «Contratos bancarios», Madrid, 1958, p. 174 y ss).

 

Asimismo, el Código de Comercio no deroga la posibilidad de revisar fundadamente las partes viciadas de la cuenta bancaria; en ese caso quien pide la rectificación del saldo soporta la carga de probar los hechos en que se funda. Por ello, conviene no sobredimensionar el carácter de ‘definitivo’ de los resúmenes de cuenta no impugnados en término. Además, resulta necesario distinguir entre el pedido de revisión de una cuenta corriente aprobada y la solicitud de rectificación; ésta no reabre la cuenta a una rendición general, persigue la discusión de determinados aspectos cuya impugnación se hace específica y determinada.

 

Sentado lo expuesto, juzgo que si bien el banco debe atenerse al régimen de comunicación y aprobación ficta de los extractos mensuales de cuenta corriente, cuando ello se ejerce disfuncionalmente la hipótesis es desmedida, desleal y abusiva (CNCom., esta Sala, in re, «Renzi, Eduardo Pedro c. Banco Río de la Plata S.A.s/ ordinario», del 21-12-06). Es que el silencio del cuentacorrentista no cubre las irregularidades, la falta de buena fe, ni la negligencia del banco; la presunta conformidad del cliente resulta inexistente cuanto existió error, dolo o fraude (Zavala Rodríguez, Juan Carlos, «Código de Comercio y Leyes Complementarias», ed. Depalma, Bs.As., 1972, pág. 166/7).

 

Resulta entonces indubitable en mi parecer, la viabilidad de formular las observaciones contempladas por el CCom: 790, aún en la hipótesis de no haber mediado impugnación de los resúmenes de cuenta en los términos y plazos del CCom: 793, ya que la ausencia de impugnación no es causa del enriquecimiento a costa de otros (CNCom., esta Sala, in re, «Derli S.A. c. Lloyds TSB Bank s. ordinario», del 25-04-05).

 

d. Realizadas las consideraciones generales que preceden en torno a la procedencia de la acción, pasaré a analizar los hechos invocados por los contendientes y la prueba producida en autos.

 

e. En punto al envío y posterior recepción de los extractos de cuenta, destaco que la demandante fundamentó su postura en el hecho de que la defendida -incumpliendo sus obligaciones-, no los remitía debidamente. Véase que a fs. 1297 y fs. 1298 expresó: «. Lo anterior se agrava con el hecho que la entidad demandada no hacía entrega con la regularidad convenida, de los resúmenes de cuenta.», como asimismo que «. la omisión en la entrega correlativa de los resúmenes, obsta al inicio del cómputo del plazo previsto por el art. 793 CCom., ya que éstas son obligaciones específicas a cargo del banco .».

 

Empero, se advierte que dichas manifestaciones se encuentran reñidas con la verdad. Basta para ello corroborar lo siguiente: (i) fue la propia accionante quien puso de manifiesto a fs. 1297 vta.que «. el envío de los extractos no se compadecía con el movimiento de la cuenta, por lo que era permanente el reclamo en las oficinas de la entidad, viéndose la empresa obligada a destacar personal al sólo efecto de obtener los resúmenes que le permitieran seguir los movimientos de la cuenta corriente.»; (ii) el oficio proveniente de ‘KPMG’ (fs. 3153/4) da cuenta que: «.de las constancias de nuestros papeles de trabajo correspondientes al proceso de auditoría de los estados contables . surge que se tuvo a la vista el correspondiente extracto de las cuentas corrientes .»; (iii) no ha sido acompañada al proceso ninguna constancia referida a haber realizado algún reclamo ante la entidad por la falta de entrega de los resúmenes y; (iv) han sido arrimados por la propia demandante los resúmenes en cuestión al tiempo de promover la presente acción en seiscientas cuarenta y cinco fojas (fs. 16/ 660).

 

Por lo expuesto, ante las manifestaciones referidas a que por el incumplimiento del banco se veía obligada a mandar a ciertos empleados suyos para reclamar y co nseguir los extractos pertinentes, por lo que surge del referido informe de la consultora que auditó a la accionante, ante la ausencia de prueba en relación a haber emplazado a la defendida para que cumpliera con sus obligaciones y porque pese a que se adujo en el devenir del pleito en forma reiterada que la entidad bancaria no enviaba los resúmenes, éstos fueron agregados al proceso por la propia ‘Eternit’ sin haber explicado el modo en que se obtuvieron, nada más cabe concluir que contaba con acceso a los resúmenes por lo que sólo cabe desestimar la queja.

 

Para más, destaco que el solicitante, al ingresar al sistema, debe saber que se incorpora a una operatoria de sofisticada programación que presupone un interesado en el servicio con capacidad suficiente como para comprender su funcionamiento, ergo, al no recibir el resumen de cuenta debió reclamarlo personalmente dentro de los plazos debidos como una derivación del deber de cooperación implícito en elsistema (en similar sentido, CNCom., Sala C, «Diners Club Argentina .A. c/ Barraca Cristina s/ ordinario», del 31.10.89);

 

f. Sin mengua de lo expuesto, advierto ciertas cuestiones que juzgo de importancia para resolver el conflicto suscitado, si bien con un alcance menor al pretendido.

 

f.1. En los contratos correspondientes a las solicitudes de línea de crédito para compra de cheques de pago diferido obrantes a fs. 2357/438 se aprecian plasmadas las siguientes condiciones:

 

(a) Cláusula cuarta. Procedimiento. «.En cada oportunidad en que hagamos utilización de los línea que se solicita, procederemos a presentar el detalle de los cheques de pago diferido que se vendan, detalle que constará en Anexo que integrará la presente. Asimismo se procederá en dicho momento a determinar la tasa de descuento anual . dejando constancia en el Anexo mencionado.».

 

(b) El precio de compra de los documentos provendría de: «.la suma que resulte de substraer, del valor nominal del CPD, los siguientes conceptos: (i) interés de descuento; (ii) retenciones por impuestos y/o conceptos de índole impositiva y/o legal; (iii) comisiones y gastos que correspondan a la operación.» (v. cláusula 7.1 de las contrataciones).

 

(c) De su lado, la cláusula 7.3. establecía que el interés de descuento se calcularía «. tomando la tasa de descuento anual aplicable sobre el valor nominal del CPD, por el plazo que corre desde el día en que se efectivice la compra hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los cheques que constituirán el objeto al que se aplicará la presente propuesta. El interés de descuento será determinado de común acuerdo entre las partes al momento de formalizarse cada operación .todo lo cual determinará el costo financiero total que será informado por el Banco . mediante la correspondiente liquidación».

 

No obstante lo convenido por las partes, fácil es de corroborar que en muchas de las planillas correspondientes aparece solamente el listado de cartulares entregados y la sumatoria de éstos, sin que figure la tasa a aplicarse (v. entre otras planillas de fs. 2352, fs. 2356, fs.2360, fs. 2364, fs. 2368, fs. 2373). Ergo, tampoco que ésta fue determinada de común acuerdo, y menos aún que fuera informada por la entidad defendida.

 

f.2. El voluminoso informe pericial contable presentado por el consultor técnico de la propia defendida (fs. 3472/4140) refiere acerca de la existencia de débitos realizados sin respaldo alguno. Véase que el Anexo confeccionado sobre la cuenta nro. 0016986-124-0 arroja como resultado la suma de sesenta y cinco mil seiscientos nueve con setenta y dos centavos ($ 65.609,72), que actualizada a junio de 2008 mediante la aplicación de la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días (fs. 3862/3), alcanza a pesos ochenta y siete mil novecientos ochenta y tres con veintiún centavos ($ 87.983,21; ver específicamente la columna tres de fs. 3803 y la columna 4 de fs. 3863) mientras que el realizado sobre los movimientos de la cuenta 0074719042-3 arriba a un monto de pesos dos mil cuatrocientos nueve con noventa y ocho centavos ($ 2.409,98, fs. 4061).

 

g. Con los antecedentes descriptos, ante la ausencia de constancias referidas a tasas de interés a aplicarse o conformidad prestada por la demandante, propiciaré en consecuencia la admisión parcial de sus agravios y la revisión de la cuenta, con los alcances que se explicarán a renglón seguido, recordando que ante el contundente desconocimiento formulado por la accionante respecto a ciertos cargos cobrados e intereses aplicados, correspondía a la defendida producir prueba tendiente a acreditar sus dichos.Estaba a su alcance producir la prueba pertinente y sin embargo no lo hizo; ergo, carece de virtualidad jurídica su posición desde que no se acreditó su versión de los hechos, la que no pasa de constituir una simple manifestación que no es susceptible de ser considerada como medio de convicción adecuado como para fundar una sentencia.

 

Llevo dicho que en una acción deducida contra un banco por la cual se persigue el arreglo y rectificación de una cuenta corriente bancaria, por la incorporación de intereses excesivos sobre saldos deudores girados en descubierto ante la inexistencia de pacto expreso, con base en los cuales se solicita la repetición de dichos importes, resulta aplicable por el período de cinco años el CCom. 565 , toda vez que al no haberse acreditado la estipulación respecto de la cantidad a la cual debían ascender los intereses, se presupone que las partes se han sujetado a los intereses que cobran los bancos públicos, debiendo los jueces graduar en la sentencia lo correspondiente al caso. A tal fin, procede establecer como parámetro la tasa que aplicó el Banco Nación para las mismas operaciones, máxime cuando -reitero- la defensa no demostró que eran los vigentes en plaza los liquidados por ella.

 

Véase que la facultad de liquidar intereses no otorga al banco demandado potestad unilateral y discrecional de fijarlas a su arbitrio. Sabido es que la entidad bancaria es un comerciante profesional con alto grado de especialización y también es un colector de fondos públicos; ello le otorga superioridad técnica sobre el actor y lo obliga a obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 512, 902 y 909 Código Civil; CNCom., esta Sala, in re, «Banesto Banco Shaw S.A. c. Dominutti, Cristina», del 20-09-99, ídem, in re, «Caimez, Oscar Rene c. Banco Francés S.A.» , del 29-06-00; Benélbaz, Héctor A. «Responsabilidad de los bancos comerciales.», RDCO, 16-503; Garrigues, Joaquin, «Contratos bancarios», 1958, pág.519 y ss.).

 

Asimismo, su condición lo responsabiliza de manera especial y le exige una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal, para poder desarrollar idóneamente su actividad negocial. Es que la conducta del banco no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada en tanto profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización (arts. 512, 902 y 909 Código Civil; CNCom., esta Sala, in re «Giacchino, Jorge c. Machine & Man», del 23-11-95; ídem in re, «Maqueira, Néstor y o. c. Banco de Quilmes SA», del 14-08-97; ídem in re, «Molinari, Antonio Felipe c. Tarraubella Cía. Financiera SA», del 24-11-99, Doctrina Societaria, ed. Errepar, tomo XI, pág. 905).

 

De otro lado, en los contratos en que una parte detenta tal superioridad técnica, la otra soporta una situación de inferioridad jurídica (arts. 902 y 909 Cód. Civil; CNCom., esta Sala, in re, «Rodriguez, Jorge Aquilino c. Barberis Constructora SA», del 10-08-98″; Ripert, «Tratado Elemental de Derecho Comercial», 1954, t. III, pág. 309).

 

La defendida es un colector de fondos públicos y el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores descuentan su profesionalidad (CNCom., esta Sala, in re, «González, Mario Daniel c. Banco Popular Argentino», del 31-10-97).

 

Conclusivamente, desconociéndose o habiéndose impugnado ciertas tasas aplicadas, es aplicable -como se adelantara- el artículo 565 del Código de Comercio, pues al no haberse acreditado la estipulación respecto de la cantidad a la cual debían ascender los intereses, se presupone que las partes se sujetaron a los cobrados por los bancos públicos (CNCom., Sala E, in re, «Cosentino Electricidad S.A. c. Banco Roberts» , del 23-05-00; ídem, esta Sala, in re, «Magri, Silvana y otro c.Banco Itaú Buen Ayre S.A.», del 24-06-02).

 

Así, deberá ajustarse la cuenta -en su caso- a las diferencias entre las sumas debitadas por la defensa y las que resulten de la liquidación a practicarse adecuando las tasas aplicadas por el banco y estableciendo como parámetro la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para idénticas operaciones.

 

A cada una de las sumas resultantes deberán agregarse intereses desde la fecha de cada débito y el cómputo se realizará respetando la tasa activa empleada por el Banco Nación en sus operaciones de descuento a treinta días (CNCom, en pleno, in re, «SA La Razón s. quiebra s. inc. de pago de los profesionales», del 27-10-94).

 

h. En relación a los cargos y comisiones que no se encuentren respaldados, aún cuando la accionante hubiera autorizado en forma genérica a practicar determinados débitos en la cuenta, resulta dirimente que la demandada acredite la efectiva realización del servicio cobrado, el monto del débito y su conformación.

 

Al carecer en autos de elementos idóneos para determinar si el saldo percibido fue ajustado a derecho; colijo que ciertos débitos resultan de imposible determinación.Tan así que el informe pericial presentado por el consultor técnico del banco no pudo reconstruir históricamente la realidad.

 

De lo expuesto se infiere que el saldo no pudo recomponerse en detalle ni desagregarse, y tampoco se ha aportado ningún dato que facilite la comprensión de la metodologí a precisa de los cálculos efectuados, a fin de establecer la corrección de las liquidaciones.

 

Agrego que sabido es que la referencia a la materialidad de estos hechos no importa actividad ritual, ni interpretación mecanicista de las pruebas, no apunta a la exigencia de respaldo documental de cada asiento; extremo que desnaturalizaría el régimen de prueba de libros reemplazándola por la documental o instrumental, sino a la necesidad de un nexo general entre asientos contables y documentos, habida cuenta que de otra forma no puede comprenderse porqué se arribó al saldo reclamado (CNCom., esta Sala, in re ,»Massuh S.A. c. Industrias Alimenticias Dulcinea S.A. s. ordinario», del 09-12-97).

 

Tanto la normativa de fondo (arts. 796 y 793 del Cód. de Com.) como las reglamentaciones del B.C.R.A. exigen la conformidad del cuentacorrentista para autorizar el débito de comisiones y cargos por los servicios prestados por la entidad; se trata de un requisito insoslayable que apunta a garantizar equilibrio y transparencia en la relación negocial. Consecuentemente, el banco queda obligado a proporcionar a su cliente información veraz e idónea que posibilite a éste el adecuado control de sus estados de cuenta, debiendo indicar con precisión el origen de los importes y porcentajes deducidos.

 

Es que este tribunal ya ha expresado con anterioridad en el sentido de que la información es un bien preciado, que tiene valor económico y consecuentemente debe contar con protección jurídica (CNCom., esta Sala, in re «Baskir Mauricio y otro c/ Zanella e hijos S.A.C.I.F.y otros», del 27/11/95, E.D., diario del 08/04/96).

 

Máxime considerando que según la conocida y aceptada teoría de las cargas dinámicas, la prueba debe producirla quien estuvo en mejores condiciones profesionales y técnicas de aportarla (CSJN, in re, «Rudaz Bisson, Juan Carlos c. Editorial Chaco S.A.» , del 02-04-98; CNCom., esta Sala, in re, «Samblu S.A. c, Banco del Buen Ayre S.A.», del 14-03-00); prescindiendo de su condición de actora o demandada y según las circunstancias del caso (CNCom., esta Sala, in re «Rey, Félix c. Banco Bansud S.A.», del 24-05-99) y el carácter profesional con alto grado de especialización que reviste el banco accionado, implica superioridad técnica y una mejor posición para acceder a los elementos de prueba que debieron haberse traducido en un mayor grado de colaboración para la elucidación del pleito.

 

En dicho marco, aconsejaré encomendar al primer sentenciante la dirección de una liquidación atinente a la rectificación de las cuentas corrientes involucradas. Deberá en consecuencia ajustarse el saldo correspondiente de acuerdo a las diferencias entre las sumas debitadas por la defensa y las que resulten de la liquidación a practicarse respecto a cada cuenta y por los últimos cinco años de cada una de ellas de acuerdo a los débitos, tasas, gastos, cargos y comisiones cuya efectiva prestación pueda acreditarse, adecuando las tasas aplicadas por el banco y estableciendo como parámetro la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina. A cada una de las sumas resultantes deberán agregarse intereses desde la fecha de cada débito y el cómputo se realizará respetando la tasa activa empleada por el Banco Nación en sus operaciones de descuento a treinta días.

 

i. Por último, señalaré que se ha producido en autos una contingencia común a numerosos procesos, en el que ninguno de los contendientes ha obtenido la satisfacción íntegra de sus respectivas pretensiones o defensas, resultando ambas partes parcialmente vencidas.En la hipótesis se torna entonces aplicable la disposición contenida en el art. 71 del Código Procesal que expresamente prescribe que las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes. Tal distribución sin embargo, no implica un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones deducidas para que se considere cumplido el mandato normativo aludido.

 

La ratio legis impone una exégesis racional de la norma implicada lo cual conlleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, no en el aspecto exclusivamente cuantitativo, sino en su conjunto, de modo de apreciar prudencialmente cuál será a juicio del juzgador, el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión del rubro (confr., esta Sala, in re, «Owsiany c/ A. F. González s/ ord.», 2.6.89; Sala A, «Wattman S.A. c/ Kanatu S.A. s/ cobro 14.8.87).

 

Por ello, auspicio que las costas sean soportadas en un sesenta por ciento (60 %) por el banco demandado y en el cuarenta por ciento (40 %) restante por la demandante, en ambas instancias (arts. 71 y 279 CPr.).

 

Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (CNCom, esta Sala, in re «Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s. ordinario», del 27-8-89; CSJN, in re: «Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica», del 13/11/1986; ídem in re: «Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas», del 12/2/1987; v.Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros). Es que según doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez no tiene el deber de analizar todos y cada uno de los argumentos propuestos, sino tan sólo aquellos que a su criterio sean conducentes y posean relevancia para la decisión del caso (Fallos 258:304; 262:222; 272:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otros).

 

V. Conclusión.

 

Por la estructura expuesta sugiero al Acuerdo estimar parcialmente el recurso de apelación deducido y en consecuencia modificar la sentencia recurrida con el alcance de encomendar al primer sentenciante la dirección de una liquidación atinente a la rectificación de las cuentas corrientes involucradas, debiendo ajustarse el saldo correspondiente de acuerdo a las diferencias entre las sumas debitadas por la defensa y las que resulten de la liquidación a practicarse respecto a cada cuenta y por los últimos cinco años de cada una de ellas de acuerdo a los débitos, tasas, gastos, cargos y comisiones cuya efectiva prestación pueda acreditarse, adecuando las tasas aplicadas por el banco y estableciendo como parámetro la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina. A cada una de las sumas resultantes deberán agregarse intereses desde la fecha de cada débito y el cómputo se realizará respetando la tasa activa empleada por el Banco Nación en sus operaciones de descuento a treinta días. Las costas serán soportadas en un sesenta por ciento por el banco demandado y en un cuarenta por ciento restante por la demandante, en ambas instancias (arts. 71 y 279 CPr.).

 

He concluido.

 

Por análogas razones la Dra. Ana I. Piaggi adhirió al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. La Dra. Matilde E. Ballerini no interviene por hallarse recusada tal como surge de fs. 5613.

 

MARIA L. GOMEZ ALONSO DE DIAZ CORDERO

 

ANA I.PIAGGI

 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.

 

Y Vistos:

 

Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve estimar parcialmente el recurso de apelación deducido y en consecuencia modificar la sentencia recurrida con el alcance de encomendar al primer sentenciante la dirección de una liquidación atinente a la rectificación de las cuentas corrientes involucradas, debiendo ajustarse el saldo correspondiente de acuerdo a las diferencias entre las sumas debitadas por la defensa y las que resulten de la liquidación a practicarse respecto a cada cuenta y por los últimos cinco años de cada una de ellas de acuerdo a los débitos, tasas, gastos, cargos y comisiones cuya efectiva prestación pueda acreditarse, adecuando las tasas aplicadas por el banco y estableciendo como parámetro la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina. A cada una de las sumas resultantes deberán agregarse intereses desde la fecha de cada débito y el cómputo se realizará respetando la tasa activa empleada por el Banco Nación en sus operaciones de descuento a treinta días. Las costas serán soportadas en un sesenta por ciento por el banco demandado y en un cuarenta por ciento restante por la demandante, en ambas instancias (arts. 71 y 279 CPr.).

 

Regístrese por Secretaría, notifíquese y devuélvase. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi. La Dra. Matilde E. Ballerini no interviene por hallarse recusada tal como surge de fs. 5613. Es copia fiel del original que corre a fs. de los autos de la materia.

 

JORGE DJIVARIS

 

SECRETARIO

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