El GCBA debe responder por los daños originados como consecuencia de las inundaciones originadas por fuertes lluvias.

Partes: Mejias Angela Mirta c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 30-ago-2007

Cita: MJ-JU-M-15919-AR | MJJ15919 | MJJ15919

El GCBA debe responder por los daños originados como consecuencia de las inundaciones originadas por fuertes lluvias. Las permanentes inundaciones por falta de obras de infraestructura de manera periódica y repetida, quitan al fenómeno natural el carácter de imprevisible e imponen la responsabilidad del Estado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de los daños sufridos en el domicilio de la actora, a raíz de la inundación ocurrida como consecuencia de intensas lluvias que provocaron inundaciones en diversas partes de la ciudad y del conurbano bonaerense.

2.-Debe determinarse que, en el sub lite, existe un supuesto de responsabilidad del Estado por omisión de las obligaciones a su cargo. Al no haber realizado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obras de infraestructura, ni tampoco haber conservado en debida forma las instalaciones que tenía bajo su órbita, creó las condiciones necesarias que operaron como causa fuente de los perjuicios cuya reparación aquí se reclama. Su responsabilidad luce patente al no haber observado la obligación que le incumbía de controlar que los sumideros se desempeñaran como óptimos conductores de la red pluvial, ya que se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y conducción.

3.-A fin de imputar responsabilidad a la Ciudad de Buenos Aires por las inundaciones ocurridas, debe tenerse en cuenta la repetición de situaciones como las de marras, ante las cuales ninguna medida ha tomado la encartada tendiente a evitar – o al menos disminuir- que gran parte del territorio que se encuentra bajo su órbita sucumba bajo el agua, con los efectos nocivos que provocan tales fenómenos. Ello así, en el sub exámine no se configura una situación aisladas sino, por el contrario, se configuran hechos que se vienen sucediendo -como mínimo- desde el año 1985, lo que sin duda da cuenta de la entidad del incumplimiento del Estado, siendo esa repetición, precisamente, lo que quita al fenómeno natural ocurrido el carácter de imprevisible.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de Agosto de dos mil siete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Mejias Angela Mirta c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios», respecto de la sentencia de fs.260/264, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- GERONIMO SANSO – CLAUDIO RAMOS FEIJOO .-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 260/264, rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Angela Mirta Mejías contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de los daños que aquélla alegó haber sufrido en su domicilio, y en muebles que se encontraban en él, a raíz de la inundación ocurrida como consecuencia de las intensas lluvias caídas en esta Capital durante el día 24 de enero de 2001. No obstante el rechazo de la acción, las costas fueron impuestas en el orden causado, en razón de las particulares características del caso.

Contra el referido pronunciamiento se alzó la vencida, expresando agravios a fs.272/274 vta., pieza ésta que mereció la réplica que luce a fs. 277/281.

II. Los agravios

Las quejas de la recurrente, naturalmente, se centran en la desestimación de su reclamo indemnizatorio.En tal sentido sostiene -en lo medular- que quedó acreditado en debida forma que los daños cuya reparación reclama tuvieron como única y exclusiva causa la mentada inundación; que en los presentes actuados concurren todos y cada uno de los presupuestos necesarios para hacer lugar a su acción; y, en fin, que la responsabilidad del GCBA encuentra su fundamento en la demostrada omisión de llevar a cabo las tareas necesarias para evitar que fenómenos meteorológicos como el de autos desembocaran en hechos que dan motivo al presente proceso.

III. Alcance del análisis de los agravios

Para el estudio del presente he de seguir el rumbo de la Corte Federal, que ha sentenciado que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272 225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine , del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611). Ello sentado, abordaré las cuestiones que considero sustanciales.

IV. La responsabilidad del G.C.B.A.

IV.a. Como se desprende claramente del contenido de las piezas introductorias de las partes (ver fs. 33/37 y fs.41/57 vta.), en el caso de marras nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad del Estado por omisión de las obligaciones a su cargo; vale decir que el fundamento de la responsabilidad que la pretensora le imputa a la encartada reside en la circunstancia de que ésta, al no haber realizado obras de infraestructura ni tampoco conservar en debida forma las instalaciones que tenía bajo su órbita, creó las condiciones necesarias que operaron como causa fuente de los perjuicios cuya reparación aquí se reclama.

En tal orden de ideas, comenzaré por señalar que desde hace ya varios años acontece en la especie una notable evolución; pues de un planteo que apuntaba a desligar al Estado de su obligación de responder, se transitó por un camino que derivó en asignarle una responsabilidad cierta y definida en casos como el de autos (cfr. Sagarna, Fernando A., su comentario al art. 1112 del Código Civil en «Código Civil y Normas Complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial», Bueres, Alberto (dir), Highton, Elena (coord.), t. 3 A, p. 444). En efecto, el mentado corrimiento de las fronteras conllevó a consagrar tanto la responsabilidad estatal por omisión, como también la nacida de su accionar lícito (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, «Visión jusprivatista de la responsabilidad del Estado», Revista de Derecho de Daños, n 9, «Responsabilidad del Estado», Rubinzal Culzoni Ed., Bs. As., 2000, Secc. Doctrina, pág. 7 y ss.)

Conforme a los lineamientos precitados, se estima que para que proceda la responsabilidad del Estado por omisión se exige que éste se enfrente ante una situación en la cual se entienda que oportunamente estaba obligado a actuar para prevenir las consecuencias perjudiciales que ahora se producen (cfr. S.C.Mendoza, in re «Norton, María c/ Municipalidad de Godoy Cruz», del 18/10/1996, LL 1997-B-92); de manera pues que para que tal omisión pueda ser catalogada de antijurídica el quid ha de ser dilucidar si en el caso concreto resultaba o no razonable esperar que el ente haya actuado en su momento en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares, por lo que aquél -de responderse en sentido afirmativo- incumpliría en el supuesto con una obligación legal (ver Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. La Ley, Bs. As., 2005, t. IV, p. 120 y ss.). Sin embargo, para atribuir al Estado un específico deber reparatorio, no se requiere que esa obligación legal de cumplir el hecho omitido se encuentre expresamente impuesta, de forma tal que la configuración de la responsabilidad estatal puede surgir de un deber jurídico implícitamente establecido, en cuyo caso jugará la prudente apreciación judicial en cada caso concreto (ver Marienhoff, Miguel S., «Tratado de Derecho Administrativo», Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1997, t. IV, p. 749; Cassagne, Juan Carlos, «Derecho Administrativo», 6 ed., Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, t. I, p. 301).

Bajo el precedente encuadre jurídico, entonces, he de analizar las quejas traídas a consideración de esta Alzada.

IV.b. En el específico caso bajo estudio, no se discute que el día 24 de enero de 2001 la ciudad de Buenos Aires y ciertas zonas del conurbano bonaerense se vieron azotadas por fuertes precipitaciones que -en lo que aquí interesa- provocaron la anegación de amplias zonas de esta ciudad (ver piezas liminares de fs. 33/37 y fs.41/57 vta.). Del mismo modo, existe acuerdo en que el inmueble que moraba la aquí actora por esa época, ubicado en la calle Gabriela Mistral n 4176, resultó perjudicado por dichas inundaciones, lo que trajo aparejado la causación de diversos daños en distintas partes del fundo citado y en algunas cosas muebles que se encontraban dentro de él; daños que fueron parcialmente sufragados por la hoy encartada (ver fs. 50 vta., fs. 182, fs. 183, fs. 184, fs. 185 y fs. 186). Por lo demás, los deterioros a los que acabo de hacer referencia se certifican no sólo teniendo en cuenta las posiciones adoptadas por las partes en la etapa constitutiva de estos autos, sino también con el acta de constatación notarial de fs. 31 y vta. y la pericial de ingeniería obrante a fs. 206/233.

Ahora bien, en un todo de acuerdo con la construcción doctrinaria antes explicitada, entiendo que el G.C.B.A. resulta responsable de los daños generados por las anegaciones ocurridas en el ámbito de la Capital Federal el 24 de enero de 2001 en el inmueble de la actora. Esta conclusión me conduce a discrepar con lo resuelto en la instancia de grado, en razón que son cuantiosas las probanzas que demuestran que -ante la repetición de situaciones como las de marras- ninguna medida ha tomado la encartada tendiente a evitar – o al menos disminuir- que gran parte del territorio que se encuentra bajo su órbita sucumba bajo el agua, con los efectos nocivos que provocan tales fenómenos.

Ratifica el precedente aserto la circunstancia de que en el sub exámine no nos hallamos ante situaciones aisladas sino, por el contrario, frente a hechos que se vienen sucediendo -como mínimo- desde el año 1985, lo que sin duda da cuenta de la entidad del incumplimiento incurrido por esa repartición estatal (ver en tal sentido las consideraciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de fs. 126 vta. y fs. 127 y vta.Ver también CNCiv., Sala H, in re «Boada c/ Cons. Av. Cramer 1754 y ots.» , del 12/12/2006, voto del Dr. Kiper); y es esa repetición, precisamente, lo que quita al fenómeno natural que me ocupa el carácter de imprevisible e inhabilita el argumento defensivo de la emplazada. Por lo demás, a ello cabe agregar que tampoco resultaba difícil de prever el hecho de autos cuando -según una dependencia del propio GCBA- la zona en cuestión reviste el carácter de inundable y se encuentra comprendida en la cuenca de uno de los arroyos que cruzan la ciudad (ver fs. 120). Sobre el punto pongo de relieve que, al dictaminar en favor del reclamo de la aquí actora (ver fs. 135), la Dra. Alicia Olivera (quien revistiera por esa época el cargo de Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires) destacó con especial énfasis la deficiente actividad estatal en todo lo referido a la planificación hídrica de la Capital Federal, y de qué manera se colocó en «estado de indefensión a los grandes grupos humanos damnificados» (sic) (ver fs. 137 vta.). Asimismo, la prueba más cabal de que la Sra. Defensora del Pueblo de la Ciudad había acertado en su conclusión, es la circunstancia de que aún existiendo un sumidero de aguas en el propio frente de la casa de la aquí actora (ver fs. 118), tal instalación fue claramente impotente para neutralizar o reducir los efectos de las intensas lluvias; conclusión ésta que se refuer za ni bien se observe que el inmueble de la accionante se encuentra, además, por encima del nivel de la vereda (ver fs. 232).

En resumidas cuentas, la responsabilidad del G.C.B.A. luce patente al no haber observado la obligación que le incumbía de controlar que los sumideros se desempeñaran como óptimos conductores de la red pluvial, ya que se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y conducción (cfr. Cam. Cont. Adm. y Trib. C.A.B.A., in re «Cons. Prop.Olazábal 2546/50 c/ GCBA» , del 4/5/2006). Por otra parte, resulta evidente que la demandada no procedió a la realización de obras de infraestructura adecuadas para evitar el desborde de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra (cfr. CNCiv., Sala H, in re «Boada c/ Cons. Av. Cramer 1754 y ots.», del 12/12/2006). Tales asertos sellan sin remedio la suerte de esta causa.

En función de lo narrado, propongo a mis colegas que se admita la queja de la recurrente, revocando la decisión apelada y condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reparar los daños causados en el patrimonio de la Sra. Angela Mirta Mejías, con el alcance que infra se verá.

V. La indemnización

Como se desprende del punto III del escrito de postulación (ver fs. 35 y vta.), reclama en la especie la Sra. Mejías la suma total de $ 28.000, con más sus intereses y las costas del proceso, especificando que la mayor parte de dicha suma ($ 22.000) corresponde a la reparación de los daños experimentados por el inmueble de su propiedad, imputando la suma restante ($ 6.000) al costo de reparación y/o reposición de distintas cosas muebles que enumera pormenorizadamente en el segundo párrafo de fs. 35 vta. Así las cosas, habré de ocuparme separadamente de uno y otro reclamo, adelantando desde ya que propiciaré la parcial acogida de ambos.

V.a. En efecto, partiendo de la noción de que daño es todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, la lógica y experiencia más elementales indican que una cosa dañada o deteriorada vale menos que la que no hubiera sufrido esos desperfectos.Por lo tanto, una vez acaecidos los daños derivados de las inundaciones, la persona damnificada tiene diferentes opciones; tales como reclamar la reparación en especie, o el costo de los arreglos ya hechos si los hubiere efectuado, o el dinero para llevarlos a cabo o, en fin, pedir la indemnización correspondiente a la disminución o pérdida sufrida en su patrimonio a consecuencia del menor valor experimentado por el bien. De todos modos, una vez compensada la pérdida en su patrimonio, la afectada es libre de dar a la indemnización recibida el destino que juzgue conveniente, dado que la reparación por el equivalente supone la entrega al damnificado de una suma de dinero que éste puede destinar a restaurar los valores afectados, o bien no acometer tal emprendimiento (cfr. CNCiv., Sala I en autos «Fryszberg de Kerdman, Elsa c/ Cons. de Prop. Río de Janeiro 909», del 24/10/95). En otras palabras, la sola circunstancia de que un inmueble hubiese experimentado deterioros provenientes de la acción del agua, configura un menoscabo patrimonial que debe ser reparado, siendo irrelevante a tal fin que las pertinentes reparaciones no hayan sido llevadas a cabo por su dueño (ver CNCiv. Sala A en autos «Orloff, Hernán Alejandro c/ Cons. de Prop. Arenales 1167/71 s/ ds. y ps.» del 6 5 96).

Sentado lo expuesto, se verá que del acta de constatación notarial labrada por la escribana Patricia María Formica (ver fs. 31 y vta.), surge claramente que los anegamientos de agua que comportan la causa de los presentes actuados afectaron -con distinta intensidad- gran parte de los ambientes del inmueble de la calle Gabriela Mistral 4176, planta baja, departamento «1». En igual sentido, el Ing. Moisés Dolinko señaló en su peritaje antes citado (el cual valoro en los términos del art. 477 del CPCCN) que «a la fecha de constatación subsisten marcas de presencia de agua en partes inferiores de paredes en el exterior (patio de unidad actora)» (sic) (ver fs.229), así como también en el frente del inmueble (ver fs. cit.), especificando -a la par- que «dentro de la unidad se observan signos similares en partes muy inferiores de los paramentos (.) existencia de humedad en partes inferiores de hall, dormitorio (1) y lavadero» (sic) (ver fs. 229/230) y «signos de deterioros que pueden ser atribuidos a los hechos que originan este proceso, en patio y garage» (sic) (ver fs. cit.).

Ahora bien, en lo atinente a la cuantía de los daños, a pesar que la actora funda su reclamo en un presupuesto que aneja a su presentación, lo cierto es que -con las constancias de autos- en modo alguno puede hacerse lugar a la cantidad pretendida. Ello es así en la medida en que entre los valores informados por el idóneo ($ 5.426) y el presupuesto antes aludido, existe una diferencia ($ 16.754) que no tiene justificación alguna. Vale decir, en atención a que el presupuesto antes referido fue elaborado por el propio primo de la pretensora (ver fs. 13 y fs. 177), que entre el valor allí informado y el suministrado por el experto existe la discordancia recién mencionada, que la prueba pericial es la más idónea cuando la cuantificación de los daños requiere conocimientos técnicos específicos (cfr. mi anterior voto in re «Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.», del 15/12/2005) y, en fin, que el valor de reparación que se desprende de la mentada experticia se encuentra ratificado por el experto (ver fs. 236), entiendo que sólo cabe hacer lugar al presente reclamo en la extensión indicada por el perito de autos ($ 5.426).

Al respecto, si bien no se me escapa que algunos de los materiales que el experto incluyó en su estimación de costos han sido proporcionados oportunamente a la actora por la hoy encartada (ver fs. 186), considero que no cabe proceder a la deducción del costo de ellos ya que es dable presumir que han sido aplicados a la realización de las reparaciones informadas por el experto (ver fs.230, párr. 1 y 3 , y fs. 236).

En síntesis, a tenor de los argumentos precedentemente expuestos, voto para que se indemnicen los daños antes referidos en la suma de $ 5.426, lo que así propongo a mis colegas.

V.b. En lo relativo a los bienes muebles cuyo valor de reparación y/o reposición reclama la Sra. Mejías, lo cierto es que son pocos los elementos convictivos que permiten cuantificar el real perjuicio experimentado. Ellos son el acta de constatación notarial antes aludida y los dichos del testigo Giusepucci de fs. 177/178; mas ambos elementos de prueba resultan sin duda insuficientes para acceder al reclamo de la actora con la extensión peticionada. Véase sobre la cuestión que no obstante que en la constatación realizada por la escribana Formica se menciona la existencia de muebles dañados, tal indicación se hace de una manera sumamente genérica, sin la debida individualización de las cosas afectadas (ver fs. 31 vta.). A su vez, en la declaración del citado deponente, además de apreciarse análoga generalidad a la recién apuntada, no puede perderse de vista que se trata de un primo de la actora involucrado en las generales de la ley, lo cual -sin duda- morigera el valor probatorio de sus dichos.

A pesar de lo expuesto, al haberse verificado de todas maneras el ingreso de agua en la mayor parte de los ambientes de la vivienda de la actora, deviene lógico y razonable que también fueran afectados por el anegamiento los muebles que allí se encontraban; a lo que se suma que ha sido la propia accionada quien reconoció la ruina de algunos enseres de la Sra. Mejías (ver fs. 50 vta.).

En concreto, propongo a mis colegas que -en orden a lo normado por el art. 165 del CPCCN- se otorgue por este concepto la suma de $ 1.500.

VI.Los intereses

En torno a los intereses sobre el capital de condena, es criterio de esta Sala que se devenguen atento el principio de la reparación integral desde el momento del hecho (en el caso, desde el 24 de enero de 2001), y hasta la fecha de efectivo pago; de acuerdo a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A (CNCiv., en pleno, en autos «Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ ds. y ps.» , del 2 8 93; íd., en pleno in re «Alaniz, Ramona Evelia c/ Tptes. 123 SACI interno 200 s/ ds. y ps.» del 23/3/04); lo que así se propone al Acuerdo.

VII. Las costas

Como es sabido, el Código Procesal ha adoptado en su art. 68 la doctrina del hecho objetivo de la derrota. «La justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar», naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (cfr. Chiovenda citado por Fenochietto Arazi «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T. 1, pág. 280 y ss.).

A la luz de lo manifestado, y teniendo en cuenta que se admitirá la demanda, no corresponde sino revocar también este aspecto de la decisión recurrida y disponer en consecuencia que las erogaciones causídicas de ambas instancias sean soportadas in totum por la demandada vencida.

VIII. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas hasta aquí desplegadas, propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar a Angela Mirta Mejías en el plazo de diez días, y en los términos del art. 22 de la ley 23.982 y arts.395, 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires la suma de $ 6.926, con más sus intereses (cfr. cons. VI). Las costas de ambas instancias se imponen a la emplazada vencida (art. 68 del CPCCN).

Los Dres. Sansó y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI

GERONIMO SANS O

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Agosto de 2007.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio y se condena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar a Angela Mirta Mejías en el plazo de diez días, y en los términos del art. 22 de la ley 23.982 y arts. 395, 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS ($ 6.926), con más sus intereses (cfr. cons. VI). Las costas de ambas instancias se imponen a la emplazada vencida.

Notifíquese y devuélvase.-

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