Responsabilidad profesional de los enfermeros y enfermedad preexistente: Fractura patológica de cadera de un paciente en recuperación postoperatoria al ser manipulado en un hospital.

enfermeroVoces: DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACIÓN – DAÑO MATERIAL – DAÑO FÍSICO – RESPONSABILIDAD CIVIL – RESPONSABILIDAD PROFESIONAL – PROFESIONALES DE LA MEDICINA – AUXILIARES DE LA MEDICINA – ENFERMEROS – MALA PRAXIS – RESPONSABILIDAD MÉDICA – OBLIGACIONES DE MEDIO – OBLIGACIONES DE RESULTADO – ENFERMEDAD PREEXISTENTE – INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA – HISTORIA CLÍNICA – HOSPITALES Y SANATORIOS – PRUEBA – CARGA DE LA PRUEBA – VALORACIÓN DE LA PRUEBA – PRUEBA DE PERITOS – PERICIA MÉDICA – PRUEBA DOCUMENTAL – PRUEBA DE TESTIGOS – IDONEIDAD DE LOS TESTIGOS
Partes: B. G. A. c/ Hospital de Clínicas José de San Martín y otro s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Sala/Juzgado: II
Fecha: 19-abr-2007
Cita: MJ-JU-M-12568-AR | MJJ12568 | MJJ12568
Sumario:

Consultar en la Sección Jurisprudencia Agrupada nuestra recopilación sobre Mala Praxis Médica

 

1.-Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda deducida por el accionante contra Hospital de Clínicas José de San Martín, la Universidad de Buenos Aires y dos enfermeras pertenecientes a dicho centro asistencial por resarcimiento de los daños y perjuicios que le habrían causado las enfermeras codemandadas que al trasladarlo al baño procedieron a levantarlo y apoyarlo en el inodoro en forma incorrecta y brusca provocando tres fracturas, dos en la cabeza del fémur y la tercera en el mismo hueso, cuando se encontraba internado en recuperación postoperatoria en el hospital codemandado por padecer un cuadro de hiperparatiroidismo por el cual había sido intervenido quirúrgicamente, si -como estimó el sentenciante- el accionante no cumplió con la carga procesal de acreditar de algún modo los hechos que sustentan su reclamo (art. 377 del CPCCN.), y al que se le atribuyen las consecuencias dañosas.

 

2.-No corresponde hacer lugar al agravio planteado por el accionante respecto a que el juez de grado no valoró adecuadamente la pericia médica en la cual, según el apelante, consta que el perito consideró verosímil el mecanismo productor de las fracturas patológicas sufridas por el accionante, pues la palabra verosímil fue utilizada por el experto para describir una circunstancia y no para atribuir una responsabilidad causal al personal de enfermería codemandado, ya que lo que el profesional sostiene es que aún con el máximo cuidado brindado por parte del personal de enfermería, podría ocurrir algún imponderable (mínima torsión de miembro inferior o superior, traumatismo leve, brusca contractura muscular, etc.) que provocase una fractura, por lo tanto no es posible afirmar que un correcto manipuleo del paciente evitaría en un porcentaje del 100% la producción de una fractura patológica en el caso del accionante. Ello así, está probado en autos que el manejo y movilización del paciente se realizó por dos personas (enfermeras) y en sillas de ruedas, en concordancia con lo manifestado por el perito, pero el accionante no logró acreditar el inadecuado proceder del personal de enfermería que le provocó los daños que invocó en la demanda (art. 377 del CPCCN.).

 

3.-Resulta improcedente analizar por el Tribunal de Alzada cuál habría sido la responsabilidad que le cabría a la Universidad de Buenos Aires -de quien depende el Hospital de Clínicas codemandado-, por el accionar de los médicos en cuanto a que si era una obligación o no dejar las indicaciones médicas dirigidas al personal de enfermería, incluyendo el traslado y movilización de los pacientes con el tipo de afecciones como las que padecía el accionante -hiperpara-tiroidismo primario-, pues dicha cuestión no fue sometida a la decisión del juez de primera instancia.

 

4.-Es insuficiente la prueba ofrecida y producida por el accionante en lo atinente al planteamiento de su agravio respecto a que el juez de la anterior instancia estimó, erróneamente, que en el caso resultan aplicables las consideraciones relativas a la mala praxis médica y que la obligación es de medio y no de resultado, pues es conveniente señalar que, más allá del encuadre jurídico que corresponda otorgar al hecho motivo de autos -daños y perjuicios que le habrían causado las enfermeras codemandadas que al trasladarlo al baño procedieron a levantarlo y apoyarlo en el inodoro en forma incorrecta y brusca provocando tres fracturas de cadera-, el accionante no acreditó, en el transcurso del proceso, ni la culpa ni el incumplimiento de alguna obligación por parte de las enfermeras que logren convencer al juez de sus pretensiones (art. 377 del CPCCN.).

 

5.-El buen o mal manejo del personal de enfermería en el manipuleo del paciente y la prohibición médica o no de su movilización no son cuestiones demostrables a través de la historia clínica, si los médicos expusieron en dicho documento lo relatado por el accionante y su familia y no lo observado por ellos mismos, y surge de la causa la inexistencia en la hoja clínica de la prohibición de movilizar al enfermo y la ausencia de prueba de que fuera arrojado desde su propia altura.

 

6.-No está acreditado en la especie el incumplimiento de las enfermeras a lo dispuesto por el art. 512 del CCiv., antes bien por la característica de la afección que sufría el paciente accionante -hiperpara-tiroidismo primario-, si aún el asentamiento normal de éste pudo haberle causado la lesión, pues tal como lo refiere el perito es posible la producción de fracturas patológicas por los movimientos osteoarticulares de la vida diaria que requieran esfuerzos considerados normales para pacientes sin patología ósea. Ello así, la ayuda por parte de las enfermeras demandadas para sentarse en el inodoro, puede haber causado las fracturas de cadera en el accionante, como haber ocurrido ello en otras circunstancias.

 

7.-Debe desestimarse el agravio del accionante contra la sentencia que desestimó la demanda por resarcimiento por daños y perjuicios que le habrían causado las enfermeras codemandadas que al trasladarlo al baño procedieron a levantarlo y apoyarlo en el inodoro en forma incorrecta y brusca provocando tres fracturas, dos en la cabeza del fémur y la tercera en el mismo hueso, si en la generación de las fracturas de ambas caderas que sufrió el accionante no hubo un mal manejo del paciente por las demandadas y confluyeron dos factores: una estructura ósea debilitada por el hiperparatiroidismo y un leve traumatismo.

 

8.-Carece de validez la prueba testimonial que se llevó a cabo si los testigos declararon que tomaron conocimiento del incidente por intermedio del accionante, de su hermano y de sus padres, pero no por ellos mismos.

 

9.-Las fracturas patológicas son aquellas que se producen en un hueso que ha sufrido un proceso preexistente como el padecido por el accionante (hiperpara-tiroidismo primario).

 

10.-Para que se produzca una fractura patológica es necesario un mecanismo productor tal como: leves torsiones de miembros, descarga sostenida del peso corporal sobre un solo pié, traumatismos mínimos, levantamiento de elementos pesados, bruscas contracciones musculares, estornudos que pueden provocar fracturas costales, caídas desde mínima altura, etcétera; vale decir traumatismos leves a levísimos , que en una persona con una estructura ósea normal no provocarían fracturas. Ello así, en un individuo con un cuadro de hiperpara-tiroidismo primario como el que presentaba el accionante, se convierten en factor desencadenante o causal.

 

11.-El dilema de la carga de la prueba se presenta en oportunidad de dictar sentencia cuando ésta es insuficiente e incompleta, pues frente a los hechos inciertos, dudosos o no probados por los litigantes, aún así, el juez debe llegar a una conclusión y dictará sentencia responsabilizando a la parte que, según su posición en el pleito, debió justificar sus afirmaciones y no llegó a formar la convicción judicial acerca de los hechos controvertidos, pues es jurisprudencialmente admitido que lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes (art. 377 del CPCCN.). Si las partes han producido sus distintos medios de prueba justificando sus afirmaciones -o negaciones que encierren en sí afirmaciones-, le es indiferente al juez establecer a cual de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden acreditados.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de dos mil siete reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “B., G. A. C/ HOSPITAL DE CLÍNICAS’JOSÉ DE SAN MARTÍN’ Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 1221/1223 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Santiago Bernardo Kiernan, Eduardo Vocos Conesa y Hernán Marcó.

 

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN dijo:

 

1.- La sentencia de fs. 1221/1223 vta. rechazó -con costas- la demanda que intentó G. A. B. contra Hospital de Clínicas José de San Martín, contra la Universidad de Buenos Aires y contra Mary Delgadillo -declarada rebelde a fs. 416- y Lidia Cortez (conf. ampliación de fs. 13/14 vta.), procurando el cobro de la suma de $ 71.000 o lo que en más o en menos se determine judicialmente, con más intereses y las costas del juicio, con motivo de los daños y perjuicios que, sostuvo, le habrían causado dos enfermeras que al trasladarlo al baño procedieron a levantarlo y apoyarlo en el inodoro en forma incorrecta y brusca provocando tres fracturas, dos en la cabeza del fémur y la tercera en el mismo hueso, cuando se encontraba internado en recuperación postoperatoria en el Hospital de Clínicas por padecer un cuadro de hiperparatiroidismo por el cual había sido intervenido quirúrgicamente el 18.5.98.

 

Para así decidir, el señor juez a cargo del Juzgado N 1 de este fuero estimó que la parte actora no cumplió con la carga procesal de acreditar de algún modo los hechos que sustentan su reclamo (art.377 del CPCCN).

 

2.- Este fallo motivó la apelación articulada a fs. 1225 por la actora, quien expresó agravios a fs. 1252/1254 vta., los que fueron contestados a fs. 1264/1265 vta. y a fs. 1266/ 1268. Median también recursos por los honorarios regulados (fs. 1227, 1232 y 1234), los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

 

3.- El apelante se queja porque el “a quo” le dio un sentido que no tiene a la pericial médica, pues el experto si bien señaló que tanto el tratamiento practicado del hiperpara-tiroidismo primario como el de las fracturas de caderas fueron adecuados, no puede inferirse que no hubo mala praxis médica.

 

Sostiene que el sentenciante no ha tenido en cuenta otras afirmaciones del perito, como por ejemplo en las respuestas 3.3.9 -punto 9-, de las cuales se comprueba que el actor sufrió lesiones a raíz del traslado indebido (nexo causal).

 

El segundo agravio del accionante, se refiere a que el juez sostuvo, erróneamente, que en el caso son de aplicación las consideraciones relativas a la mala praxis médica.

 

Destaca que la obligación del enfermero es de resultado, es decir obrar con prudencia y cuidado.

 

Relata que a pesar de que la codemandada Delgadillo -cuando en realidad fue Lidia Cortez- declaró en su contestación de la demanda de fs. 738/743 que tenía conocimiento del estado de fragilidad del actor, actuó con negligencia profesional y le causó un daño.

 

Por último, se queja porque considera que el “a quo” invirtió arbitrariamente la carga de la prueba respecto de la historia clínica, pues al encontrarse deficientemente confeccionada, provoca una presunción en contra del demandado.

 

Sostiene que cada litigante debe acreditar sus afirmaciones, es decir, tanto los hechos negativos como los expresados en forma afirmativa son objeto de prueba.

 

4.- Con referencia al primer agravio, estimo que el juez apelado valoró adecuadamente la pericia médica.

 

Podemos observar que aún teniendo en cuenta la respuesta 3.3.9 -punto 9- del informe de fs.1087 vta., donde el perito expone: “considero verosímil el mecanismo productor de fracturas patológicas, tal como se relata en el escrito inicial”; esta afirmación mereció el pedido de aclaraciones de fs. 1090/ 1091 vta. solicitado por la codemandada Lidia Cortez y que en el punto 8 dice: “En relación a la respuesta al punto 3.3.9. punto 9; aclare si la palabra verosímil, la utiliza el perito, para describir una circunstancia, o para atribuir una responsabilidad causal -en el origen de las fracturas patológicas- al personal de enfermería, que de acuerdo a los dichos de la parte actora habría ayudado al paciente a sentarse en el inodoro” y, al que el experto -a fs. 1183/87, e) punto 8- contestó: “La palabra verosímil fue utilizada por el perito para describir una circunstancia según versión de la parte actora; y no para atribuir una responsabilidad causal al personal de enfermería”.

 

A mayor abundamiento, en el punto f.9.2 del escrito señalado en último lugar, el profesional sostiene: “No obstante aún con el máximo cuidado brindado por parte del personal, podría ocurrir algún imponderable (mínima torsión de miembro inferior o superior, traumatismo leve, brusca contractura muscular, etc.) que provocase una fractura, por lo tanto no es posible afirmar que un correcto manipuleo evitaría en un porcentaje del 100% la producción de una fractura patológica en el caso del actor”.

 

Es más, está probado en autos que el manejo y movilización del paciente se realizó por dos personas (enfermeras) y en sillas de ruedas, en concordancia con lo manifestado por el experto a fs. 1184, punto f.9.1; pero el actor no logró acreditar el inadecuado proceder del personal de enfermería que le provocó los daños que invocó en la demanda (art.377 del CPCCN).

 

Cosa distinta sería la responsabilidad que le cabría a la Universidad de Buenos Aires por el accionar de los médicos en cuanto a que si era una obligación o no dejar las indicaciones médicas dirigidas al personal de enfermería, incluyendo el traslado y movilización de los pacientes con el tipo de afecciones como las que padecía el actor, cuestión que no fue sometida a la decisión del juez de primera instancia.

 

Por tanto, no corresponde hacer lugar a este agravio.

 

5.- En lo atinente al planteamiento formulado por la actora en el segundo agravio respecto a que el juez de la anterior instancia estimó, erróneamente, que en el caso resulta aplicable las consideraciones relativas a la mala praxis médica y que la obligación es de medio y no de resultado, es conveniente señalar que, más allá del encuadre jurídico que corresponda otorgar al hecho motivo de autos, la actora no acreditó, en el transcurso del proceso, ni la culpa ni el incumplimiento de alguna obligación por parte de las enfermeras que logren convencer al juez de sus pretensiones (art. 377 del CPCCN).

 

Teniendo en cuenta la prueba ofrecida y producida por la actora, se confirma lo expresado precedentemente.

 

Vemos que en la causa penal n 44.016 del Juzgado Criminal y Correccional n 9, que inició B. contra María A. Delgadillo Arias y Lidia Cortez, se declaró extinguida por prescripción, sobreseyendo a ambas acusadas y sin derivar de la misma ningún indicio que indique que hubiesen obrado con imprudencia.

 

El sumario administrativo n 23.995/02, labrado por la Universidad de Buenos Aires a las enfermeras demandadas por los hechos acaecidos, a fs. 32 determina:”Del análisis realizado a estas actuaciones, esta Instrucción concluye que no se puede hablar de negligencia o impericia como tampoco de falta de responsabilidad en el accionar de las enfermeras Mary Delgadillo y Lidia Cortez, toda vez que no hubo una transgresión de indicación médica alguna, al movilizar al paciente al baño, siendo ese traslado, realizado en silla de ruedas, medio habitual que se utiliza en caso de pacientes de cuidado. Digo que no hubo transgresión de indicaciones médicas, pues no existía ese tipo de indicaciones en la carpeta que se utiliza para tal fin, según constancias que corren agregadas a fs. 17/18 de este expediente”.

 

En cuanto a la historia clínica, lo manifestado por los médicos sobre el accidente (conf. fs. 169, 248, 245, 295/297), no constituye una prueba valedera, pues al no estar presente el profesional al momento del infortunio, éste apuntó lo expresado por el actor y su familia.

 

Con relación a la prueba testimonial que se llevó a cabo a fs. 1057/1058, los testigos María Soledad Winer, Juan Esteban Hartmann y Sebastián Ernesto Bence declararon que tomaron conocimiento del incidente por intermedio del actor, de su hermano y de sus padres, pero no por ellos mismos.

 

De la pericia médica de fs. 1084/1089, del informe complementario de fs. 1123/1125vta. y de la aclaración de fs. 1183/ 1187, se infiere que las “fracturas patológicas” son aquellas que se producen en un hueso en el cual un proceso preexistente ha debilitado su estructura; existen múltiples procesos entre los cuales se encuentra la patología que padecía el actor (hiperpara-tiroidismo primario).

 

Para que se produzca una “fractura patológica” es necesario un mecanismo productor tal como:leves torsiones de miembros, descarga sostenida del peso corporal sobre un solo pié, traumatismos mínimos, levantamiento de elementos pesados, bruscas contracciones musculares, estornudos que pueden provocar fracturas costales, caídas desde mínima altura, etc.; vale decir “traumatismos leves a levísimos”, que en una persona con una estructura ósea normal no provocarían fracturas, pero que en un individuo con un cuadro como el que presentaba el actor se convierten en factor desencadenante o causal.

 

Por lo tanto en la generación de las fracturas de ambas caderas que sufrió el actor confluyeron dos factores: una estructura ósea debilitada por el hiperparatiroidismo y un leve traumatismo.

 

No existe prueba obrante en autos que mencione un mal manejo del personal de enfermería.

 

Por todo ello, se desestima también este agravio.

 

6.- En relación a la última queja, es oportuno señalar que, si las partes han producido sus distintos medios de prueba justificando sus afirmaciones -o ne gaciones que encierren en sí afirmaciones-, le es indiferente al juez establecer a cual de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden acreditados.

 

El dilema de la carga de la prueba se presenta en oportunidad de dictar sentencia cuando ésta es insuficiente e incompleta, pues frente a los hechos inciertos, dudosos o no probados por los litigantes, aún así, el juez debe llegar a una conclusión. Si éste fuera el caso -que lo es-, el juzgador dictará sentencia responsabilizando a la parte que, según su posición en el pleito, debió justificar sus afirmaciones y no llegó a formar la convicción judicial acerca de los hechos controvertidos, pues es jurisprudencialmente admitido que “lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes” (art.377 del Código de Forma).

 

Con referencia a que la Historia Clínica es deficiente, no es un argumento que pueda revertir lo decidido por el juez apelado, toda vez que -en este caso- el buen o mal manejo del personal de enfermería no es una cuestión demostrable a través de este documento, pues como expuse “ut supra” los médicos expusieron en él lo relatado por el actor y su familia y no lo observado por ellos mismos.

 

En función de lo expuesto, juzgo que este agravio también debe ser rechazado.

 

7.- En resumen, surge de la causa la inexistencia en la hoja clínica de la prohibición de movilizar al enfermo y la ausencia de prueba de que fuera arrojado desde su propia altura.

 

Por tanto, el hecho al que se le atribuyen las consecuencias dañosas no ha sido demostrado.

 

Por lo demás, como señala el perito “es posible la producción de fracturas patológicas por los movimientos osteoarticulares de la vida diaria que requieran esfuerzos considerados normales para pacientes sin patología ósea”.

 

Un hecho de esa especie, como la ayuda para sentarse en el inodoro, puede haber causado las fracturas, como haber ocurrido en otras circunstancias.

 

Así entonces, no está acreditado en la especie el incumplimiento de las enfermeras a lo dispuesto por el art. 512 del C.C., antes bien por la característica de la afección que sufría B., aún el asentamiento normal de éste pudo haberle causado la lesión, tal como lo refiere el perito.

 

Por tales fundamentos, propicio se confirme la sentencia recurrida.

 

8.- Las costas de la instancia, deben ser soportadas por el actor perdidoso por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).

 

9.- En mérito a lo expuesto voto por: I) La confirmación de la sentencia de fs. 1221/1223 vta. en cuanto fue materia de apelación; II) Costas de la alzada a la actora vencida (art.68 del CPCCN).

 

El doctor Eduardo Vocos Conesa dijo:

 

Sólo el criterio de generosa amplitud que el Tribunal observa en materia de valoración de la suficiencia de una expresión de agravios -por estimarlo concorde con un escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio-, puede inclinarnos en el sentido de que el escrito de fs. 1252/1254 satisface los requisitos que exige el art. 265 CPCC, para habilitar la instancia de revisión. Y es la aplicación de dicho criterio, obviamente, el que ha llevado a mi estimado colega doctor Santiago Bernardo Kiernan a examinar los planteamientos de la actora, pese a la pobreza de sus críticas con relación al fundado fallo de primera instancia. Y por las razones expuestas en el voto que antecede, que comparto plenamente, y las concordantes expresadas por el señor Juez de grado, propicio también la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la recurrente (art. 68, primera parte, Cód. cit.).

 

El doctor Hernán Marcó dijo:

 

El Sr. perito médico designado único de oficio en esta causa dictaminó en fs. 1184 vta. que, aún obrando el personal de enfermería con el máximo cuidado según maniobra que detalla en fs. 1184, puede ocurrir un imponderable -mínima torsión de miembro inferior, traumatismo leve, brusca contractura muscular, etc- capaz de provocar una fractura, por lo cual no es posible afirmar que un correcto manipuleo evitaría en un 100% la producción de una fractura patológica en el caso del actor (ver apartado “f. -Al punto 9-“, inc.2, último párrafo).

 

Esa conclusión, no controvertida por la parte actora y no desvirtuada por alguna otra prueba de signo contrario, como así también las razones análogas aducidas por el doctor Santiago Bernardo Kiernan, me llevan a compartir la solución propuesta en el punto 9 del primer voto.

 

Con lo que terminó el acto.

 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

 

EDUARDO VOCOS CONESA

 

HERNÁN MARCÓ

 

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n 106 a n 110 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

 

Buenos Aires, 19 de abril de 2007.-

 

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso y agravios de la actora, con costas a dicha parte (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el trámite ordinario impreso a la causa (confr. fs.723), el monto por el que razonablemente podría haber prosperado la demanda en concepto de capital e intereses, y la entidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios del letrado y apoderado de la co-demandada Lidia Cortez, doctor Felipe Crespo Erramuspe, a la suma de . PESOS (arts. 6 , 7, 9 , arg.19, 20 , 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 ). Y considerando el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito médico doctor Raúl Horacio Tagliabue, así como a la entidad, extensión y trascendencia del dictamen presentado y las reiteradas explicaciones complementarias proporcionadas en autos (confr. fs.1084/1089, 1123/1125 -con su informe psiquiátrico anexo de fs.1111/1122-, 1183/1187 y 1190 y vta.), elévase sus emolumentos a la cantidad de . PESOS.

 

Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado del recurso, así como el interés involucrado en la instancia, regúlase los honorarios de los doctores Felipe Crespo Erramuspe y Sergio Gabriel Pascale en el importe de . PESOS para cada uno y los de la doctora María Alejandra Mocchetti en la de . PESOS (art. 14 y cits., en lo pertinente, del arancel).

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

 

EDUARDO VOCOS CONESA

 

HERNÁN MARCÓ

 

 

 

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