La prescripción de honorarios de abogados y procuradores en el Código Civil y Comercial

Autor: Pagliano, Luciano F.

Fecha: 17-sep-2015

Cita: MJ-DOC-7394-AR | MJD7394

 

Sumario:

  1. Introducción. II. El Código Civil de Vélez. III. La prescripción liberatoria en el Código Civil y Comercial. IV. Cierre.

 

Doctrina:

Por Luciano F. Pagliano (*)

  1. INTRODUCCIÓN

 

«La prescripción funciona como un medio de orden, tranquilidad y seguridad social, porque evita que después del tiempo que la ley prescribe, puedan suscitarse pleitos y controversias de difícil solución» (1). Enrique V. Galli indica que «la prescripción liberatoria encuentra su razón de ser en la potestad social de fijar un límite de tiempo al ejercicio de los derechos. No integra la esencia del derecho subjetivo, la prerrogativa de la perpetuidad» (2). Entonces, el instituto responde a exigencias de orden público y aparece impuesto por la necesidad de dar firmeza y seguridad a las relaciones jurídicas y económicas. Tiene, a su vez, como norte útil el de obligar a los titulares de los derechos a no ser negligentes en su ejercicio (3).

 

El Código Civil de Vélez (CCiv) consagró como regla la prescriptibilidad de todas las acciones, salvo los casos de excepción enunciados en su art. 4019 y otras hipótesis admitidas por la doctrina y la jurisprudencia (4). Como primer aporte, igual tónica, aunque sin reproducir dicha norma, se evidencia en el art. 2536 del Código Civil y Comercial (CCivCom) al reglar que «la prescripción puede ser invocada en todos los casos, con excepción de los supuestos expresamente previstos por la ley». Ghersi indica que se «sigue el concepto de la clasificación de las acciones prescriptibles y las imprescriptibles, de allí que la norma prevé la imprescriptibilidad de las acciones cuando se trate “de los supuestos expresamente previstos por la ley” estableciendo en cierta forma un número cerrado de acciones imprescriptibles» (5).

 

Por tanto, analizaremos lo normado en el novísimo digesto, siguiendo lo dicho en oportunidades anteriores (6), aunque considerando conveniente efectuar una sintética referencia al sistema velezano para una comprensión integral.

 

II.EL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ

 

Este cuerpo normativo, desde un punto de vista general, estableció un complejo y arduo sistema de plazos prescriptivos según el derecho sustantivo al que afecta la pérdida de acción, extremo que si bien ha merecido críticas, tuvo el mérito de intentar cubrir las más variadas hipótesis. Panorama en el que la acción por honorarios de los curiales no constituye excepción alguna, a punto tal que ha dado lugar a debates, polémicas y puntos de vista contradictorios, pero sumamente sustanciosos a partir de lo estipulado en el artículo 4023 -plazo ordinario del instituto prescriptivo- («toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial») y en el art. 4032 que establece un plazo de dos años para las obligaciones de pagar: «1) a los jueces árbitros y conjueces, abogados, procuradores, y toda clase de empleados en la administración de justicia, sus honorarios y derechos.El tiempo para la prescripción corre desde que feneció el pleito, por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado cesó en su ministerio». Empero, seguidamente y dentro de este último inciso, estatuye que «en cuanto al pleito no terminado y proseguido por el mismo abogado, el plazo será de cinco años, desde que se devengaron los honorarios o derechos, si no hay convenio entre las partes sobre el tiempo del pago».

 

Ante ese panorama y como lo aclaró Lambois, la prescripción de la acción por emolumentos de los letrados «ha dado lugar a innumerables interpretaciones, distinguiéndose según dichos honorarios correspondan a tareas judiciales o extrajudiciales, se encuentren o no regulados, que el condenado en costas sea el cliente del abogado o sea su contraria, etcétera, y la jurisprudencia ha seguido los vaivenes de esas diferentes interpretaciones porque ante la variada casuística que se presenta resulta dificultoso establecer un sistema perfecto de todas las circunstancias» (7). Así, esta exquisita reflexión puede esquematizarse de la siguiente manera:

 

  1. Según el ámbito en que se desarrolló la relación

 

La postura mayoritaria entiende que el plazo bienal del artículo 4032 rige para las primeras, mas no para las segundas, que quedan alcanzadas por el término genérico de diez años en tanto «se trata del precio de una locación de servicios u obra del profesional y, por ende, un crédito de origen contractual que, como no tiene establecido plazo especial, debe regirse por el principio general» (8). Se abona también este entendimiento sobre la base de considerar que el citado artículo «se refiere exclusivamente a los trabajos judiciales» (9).

 

Sin profundizar, hay que decir que la posición contraria se sustenta en que la ley no establece distingo alguno entre trabajos judiciales y extrajudiciales y que el término «honorarios» a que alude la norma comprende ambos supuestos (10).

 

2.En razón de quién sea el obligado al pago del emolumento

 

La posición que luce con más adeptos arguye que la prescripción breve comprende las relaciones del abogado con su cliente, pero no la que nace de la imposición de costas al litigante vencido, que se encuentra alcanzada por el término ordinario de diez años (11). Al respecto, se ha dicho que el crédito del abogado contra el vencido en costas, cuando no es su cliente, proviene de la propia sentencia que impone el pago, teniendo, en consecuencia, origen procesal (12). Efectivamente, la condena en costas es causa eficiente de la interversión de la prescripción, pues aquella da nacimiento al crédito contra el condenado en costas y a la correspondiente acción, que se independiza del derecho originario (13).

 

En cambio, la concepción que podría ser catalogada como minoritaria considera insostenible que puedan establecerse dos términos diferentes según que la acción se dirija contra el cliente o contra el condenado en costas, tal como lo asevera y fundamenta en forma sobrada Zavala de González (14).

 

  1. Según si los honorarios han sido o no regulados

 

Tal vez uno de los aspectos más discutidos refería al plazo de prescripción para el supuesto de que los estipendios hayan sido o no justipreciados. Por una parte, una importante corriente, principalmente jurisprudencial, entendía que si estos no fueron estimados, el plazo es el bienal del art. 4032 -inc. 1-, en cambio, si ya ese evento se ha concretado, resulta aplicable el plazo ordinario decenal del artículo 4023. En esta concepción, se enrola la Corte nacional cuando distingue en esta materia «entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen -haya o no condenación en costas-» aclarando que en el primer caso rige la prescripción decenal y en el segundo la bienal (15). Asimismo, esto revela que se está en presencia de dos acciones diferentes:una, para obtener el justiprecio que, en caso de oponerse y triunfar un planteo de esta estirpe importará la prescripción de la acción para solicitar la regulación; y, la restante, para hacerse de los estipendios ya regulados que, de tener resultado positivo conllevará a la prescripción de la acción de cobro. Ello así, en tanto sucedido el primer hecho, la regulación judicial operaría una suerte de interversión del plazo de prescripción por la «actio iudicati» (16).

 

Empero, no es uniforme ese sentir. En efecto, autores de la talla de Colmo han considerado que todos los honorarios prescriben a los dos años, estén o no regulados, y que la distinción que se efectúa con sustento en la «actio iudicati» no puede ser admitida porque implicaría asimilar el auto regulatorio a la determinación de suma líquida, dado que aquel tiene un efecto puramente declarativo (17).

 

En última instancia, a los fines de demostrar lo arduo del debate pueden entrecruzarse las concepciones aludidas con las del punto anterior. En este sentido, Kemelmajer de Carlucci, en un voto esclarecedor, dijo que en su opinión «no cabe distinguir entre créditos reclamados al cliente o al vencido en costas en cuanto al plazo, sino exclusivamente, respecto al momento en que este comienza a correr» y que «siempre que los honorarios no estén regulados, el plazo es de dos años» (18).

 

  1. En cuanto al momento inicial para computar el plazo de prescripción

 

También en este tópico, hay que distinguir. De modo sintético, la segunda parte del inc. 1 del art. 4032 estipula dos hipótesis: una, si el pleito feneció por sentencia o transacción, esos hitos marcan el «dies a quo». Si bien refiere a juicio terminado, la norma también contribuye al debate toda vez que, por ejemplo, marcara para algunos el comienzo del plazo decenal cuando la acción se dirija contra el condenado en costas.El restante supuesto indica que si cesan los poderes del procurador o el ejercicio del ministerio por parte del abogado antes de la finalización del juicio, aquel evento es el que marca el comienzo del curso de la prescripción de la acción (19), que solo se tiene contra el cliente en razón del vínculo contractual que los une.

 

  1. Según que el abogado continúe actuando en el pleito: plazo quinquenal

 

La última parte del referido inc. 1 del art. 4032 prevé un plazo especial de prescripción de cinco años para los juicios no terminados y proseguidos por el mismo abogado. Disposición que también ha generado polémica en tanto algunos autores justifican la norma alegando que el legislador ha pensado que mientras el abogado prosigue el pleito puede tener motivos perfectamente justificados para no solicitar el pago de los servicios ya prestados, pero que, a fin de no dejar que ellos se acumulen por largo plazo e impedir que eso dé lugar a una deuda demasiado onerosa para el patrocinado, ha impuesto este término especial (20).

 

Otros, en cambio, sostienen que la sucesiva presentación de escritos judiciales opera una suerte de interrupción de la prescripción, de modo que el cómputo de los cinco años recién debe comenzar a partir del último trabajo profesional, con lo cual la norma resulta de aplicación en el caso muy particular de que un juicio haya estado paralizado má s de cinco años y se prosiga luego con el mismo letrado (21).

 

III. LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

 

Este digesto respeta en alguna medida a su antecesor en tanto trata el instituto de la prescripción liberatoria en Libro VI, el último: «De las disposiciones comunes a los derechos personales y reales». De ese Libro (dividido en cuatro Títulos), nos interesa aquí el Título I: «Prescripción y caducidad» que se divide en Capítulos: I. «Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva» (ordenado en cinco secciones), II.«Prescripción liberatoria» (compuesto de dos secciones), III. «Prescripción adquisitiva» y IV. «Caducidad de los derechos».

 

  1. Normas en cuestión

 

En primer término, debemos reiterar que el nuevo digesto -incluso no reproduciendo el anterior art. 4019 -, distingue las acciones prescriptibles de las imprescriptibles, que se presentan únicamente cuando se trate «de los supuestos expresamente previstos por la ley» (art. 2536) (22), entre los que no se encuentra la acción por honorarios profesionales de abogados y procuradores.

 

Con esa inteligencia, en el Cap. II «Prescripción liberatoria» del Título I del Libro VI se encuentra la Sección I. «Comienzo del cómputo» donde se establece el «dies a quo» en esta materia y allí, a la par de la regla general del art. 2554 («El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible») (23), se consagra una disposición específica para contar el inicio del plazo tratándose de la acción por honorarios de letrado en su artículo 2558 que reza:

 

«Honorarios por servicios prestados en procedimientos. El transcurso del plazo de prescripción para reclamar honorarios por servicios que han sido prestados en procedimientos judiciales, arbitrales o de mediación, comienza a correr desde que vence el plazo fijado en resolución firme que los regula; si no fija plazo, desde que adquiere firmeza».

 

»Si los honorarios no son regulados, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso; si la prestación del servicio profesional concluye antes, desde que el acreedor tiene conocimiento de esa circunstancia» (24).

 

Con su sola lectura, se avizoran varios aspectos para ser considerados, algunos de los cuales son sumamente positivos:

 

  1. Ámbito de aplicación del art.2558

 

Este canon regula el momento en que empieza a correr la prescripción de la acción solo para los casos de honorarios de abogados y procuradores «por servicios prestados en procedimientos», comprendiendo en estos a los «judiciales, arbitrales o de mediación». Excluye, por tanto, los emolumentos correspondientes a actividad extrajudicial, cuestión sobre la que se volverá más adelante, pero que, se anuncia, no significa que la acción a su respecto no esté alcanzada por la prescripción liberatoria.

 

A su vez, la norma no formula distingo entre quien es el deudor, si el cliente del curial o el condenado en costas, por lo que este tópico tiende a perder trascendencia en el nuevo Código, salvo que se trate del último supuesto del artículo, ya que si la prestación del servicio profesional finaliza antes de la conclusión del proceso, el abogado o procurador solo tiene acción contra su mandante.

 

  1. Comienzo del cómputo

 

Si bien se mira, la norma sigue el criterio dominante de la Corte Suprema de Justicia nacional y de otros tribunales locales (tal la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe) que distingue entre el derecho a obtener la regulación de honorarios y el derecho a cobrar los estipendios una vez que han sido justipreciados.

 

En efecto, la disposición -a pesar de la deficiencia de técnica legislativa que presenta en tanto formula la distinción en orden inverso al lógico (primero debe obtenerse la regulación de los honorarios para posteriormente perseguirse su cobro)-, echa luz sobre uno de los puntos más debatidos en la materia, diferenciando las dos hipótesis aludidas a los fines de establecer el cabo inicial del plazo de prescripción. En esta dirección, estatuye lo siguiente:

 

a.Honorarios regulados por servicios prestados en procedimientos

 

En su primer párrafo contempla el caso de honorarios regulados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, con dos sub-hipótesis fácticas a los efectos de considerar el punto de partida del plazo extintivo:

 

– La primera indica que en esos procedimientos, dicho lapso «comienza a correr desde que vence el plazo fijado en resolución firme que los regula».

 

Como se observa, se ata el cabo inicial del tiempo prescriptivo al plazo fijado en decisión firme, empero no dice a cuál plazo refiere. No obstante, una correcta hermenéutica indicaría que el plazo a que alude es el fijado por el juzgador para el pago de los emolumentos regulados y que ha sido ordenado en la misma resolución que los estima. Abona esta concepción la regla general del art. 2554 al estipular que «el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible», o sea el momento en que la acción está expedita (25).

 

– La segunda sub-hipótesis es subsidiaria. Efectivamente, está prevista ante el supuesto de inexistencia de plazo judicial para el pago de los honorarios regulados. Si así fuera, la norma proyectada estatuye que la prescripción comienza a correr «desde que adquiriera firmeza» la decisión de la judicatura que los estimó.

 

Siendo así, la clave está dada por el momento en que quedó firme la regulación, extremo que dependerá del digesto procesal aplicable.

 

  1. Honorarios no regulados por servicios prestados en procedimientos

 

Si los estipendios profesionales no han sido regulados, el dispositivo prevé a su vez dos supuestos para el cómputo del «dies a quo»:

 

– Si se puso fin al proceso, el susodicho lapso se cuenta a partir de «que queda firme la resolución» que le dio finiquito, sea que la esta se enrole en un modo normal (sentencia) o anormal (allanamiento, desistimiento, transacción y caducidad o perención de instancia) de terminación del proceso.- En cambio, en el caso de que la prestación del servicio abogadil haya concluido antes de aquel acontecimiento, el plazo se computa desde que «el acreedor tiene conocimiento de esa circunstancia».

 

La norma mejora la redacción pertinente del art. 4032, inc. 1, del Código derogado en tanto el plazo se contabiliza no «desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio» como lo estatuye esa disposición, sino desde la fecha del anoticiamiento de ese evento al interesado, sea abogado o procurador. No obstante, nobleza obliga, se ha interpretado con acierto que, en el sistema actual, aquellos hechos en algunos casos -tal, la revocación del poder o el patrocinio (26)- debían ser debidamente notificados al curial para que sean considerados como punto inicial del plazo de la prescripción liberatoria (27).

 

Resta decir que la comunicación de la conclusión de la prestación del servicio abogadil debe ser fehaciente, ya que, de no ser así, en algunos supuestos, el letrado puede estar en la convicción de que su labor profesional subsiste y no peticionar la regulación de sus emolumentos, pudiendo sufrir, eventualmente, las negativas consecuencias del instituto liberatorio.

 

  1. Honorarios de abogados y procuradores por tareas extrajudiciales

 

Los emolumentos de los curiales por su tarea en la órbita extrajudicial no han sido destinatarios de norma específica en el CCivCom. Empero, conforme se aclarara dicha situación, no importa considerar que esta retribución quede excluida de los efectos del instituto liberatorio en razón de que, según el citado art. 2536, no se encuentra contemplada entre las disposiciones que establecen en cierta forma un número cerrado («numerus clausus)» de acciones imprescriptibles (28).

 

Siendo así, en lo que refiere al comienzo del cómputo del plazo prescriptivo cuando para estas labores extrajudiciales (entre las que se incluyen a las tareas desplegadas por ante la Administración) (29) se debe recurrir a la regla general del art.2554 y contarse desde «el día en que la prestación es exigible». A modo ilustrativo simplemente, si al curial se le encomendó la redacción de un boleto o contrato de compraventa (típica actuación extrajudicial), desde el momento de la conclusión de esa labor tiene acción para reclamar el cobro de sus estipendios, constituyendo esa circunstancia el «dies a quo» a los fines de la prescripción extintiva.

 

  1. Plazo de prescripción de la acción

 

Un aspecto trascendente de la nueva legislación civil y comercial es el referido a los plazos de la prescripción liberatoria, aspecto en el que, como bien apunta López Herrera, el Código «se caracteriza por simplificarlos y reducirlos» (30).

 

Así, dentro del mencionado Cap. II. «Prescripción liberatoria», se encarga de esa misión la Sección II. «Plazos de prescripción», estipulando el art. 2560 un plazo genérico de cinco años. De esta manera, se ha procurado actualizar los períodos de tiempo, intentando la unificación y la reducción sobre la base de la realidad actual y en pos del valor seguridad jurídica.

 

Ese plazo, a su vez, es residual en tanto rige a excepción de que se prevea uno diferente (art. 2560). En cuanto a estos, se encuentran establecidos a continuación en cuatro artículos (v. gr., arts. 2561 a 2564 ) que, se anota, no consagran un lapso distinto para la prescripción de la acción por honorarios de abogados y procuradores.

 

Así las cosas, se arriba a un aspecto altamente favorable del nuevo digesto toda vez que, para todo supuesto que refiere a los casos tratados, ya sea de emolumentos no regulados en procedimientos (judiciales, arbitrales o de mediación) o estimados en tales ámbitos, que el deudor sea el propio cliente o el condenado en costas, o se hayan devengado por tareas abogadiles extrajudiciales, el plazo prescriptivo es el quinquenal o genérico, y su inicio se computa conforme las reglas expuestas.

 

IV.Cierre

 

El CCivCom depara -para un tema sumamente sensible- un auspicioso panorama que tiende a mitigar las polémicas y variadas interpretaciones que constantemente se han generado desde la vigencia del Código Civil argentino, obra maestra de Dalmacio Vélez Sarsfield. Este entendimiento se asienta sobre dos pilares fundamentales. Uno, que siempre tratándose de la acción por emolumentos de abogados y procuradores, el plazo de prescripción se fija en cinco años (se deja atrás el debate acerca de si es bienal, quinquenal o decenal). El otro, la adopción por parte del codificador de una postura consolidada en la jurisprudencia nacional en torno al comienzo de su cómputo cuando se trata de honorarios regulados y no regulados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación.

 

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(1) SALVAT, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en general, actualizado por GALLI, Enrique V., 6.a ed., t. III. Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1956, p. 398.

 

(2) Ibídem, p. 399.

 

(3) AREAN, Beatriz: Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, BUERES, Alberto J. -dirección-, HIGHTON, Elena I. (coord.), t. 6 B. Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 565.

 

(4) Para ver más, ibídem, p. 796.

 

(5) GHERSI, Carlos A.: «La prescripción liberatoria en el anteproyecto de código unificado», MJD5804 .

 

(6) PAGLIANO, Luciano F.: «La prescripción de la acción por honorarios de abogados y procuradores en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación», en Revista de Derecho Procesal, 2013-1. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2013, pp. 139 y ss. PAGLIANO, Luciano F.: Honorarios de abogados y procuradores. Cuestiones habituales del ejercicio profesional». Santa Fe, Librería Cívica, 2014, pp. 71 y ss.

 

(7) LAMBOIS, Susana: «Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial», BUERES, Alberto J. (dir.) y HIGHTON, Elena I. (coord.): op. cit., p. 847.

 

(8) LLAMBÍAS, Jorge Joaquín y MÉNDEZ COSTA, M. Josefa: Código Civil anotado, T. V-C. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, p. 899. También BORDA, Guillermo: «Tratado de Derecho Civil. Obligaciones», t.II. Buenos Aires, Perrot, 1971, p. 70. En igual sentido: CCCRosario, Sala I, Zeus, T.80-J.195; CCCRosario, Sala I int., Zeus, T.77-J.322 y T. 80-J.174.

 

(9) CNCiv., Sala C, LL, 1995-D-688; CNCiv., Sala F, JA, 1987-I-177; CNCom., Sala E, JA, 1994-II-35.

 

(10) En esta línea, se inscribe la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al expresar que «la obligación de pagar el honorario al abogado prescribe a los dos años, siendo indiferente que aquel se haya devengado en trabajos judiciales o extrajudiciales». Causa «Barbosa c. Damonte», 19.4.68, ED, 22-419 y «Catalano c. Vicri S. R. L.», 10.4.70, ED, 33-110. También abonan esta postura: COLMO, Alfredo. «De las obligaciones en General», 3.a ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1961, p. 670 y ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde: «Prescripción de la acción por honorarios de abogados y procuradores», ED, 147-783.

 

(11) CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A.: «Derecho de las obligaciones», t. III. La Plata, Librería Editorial Platense, 1975, p. 640.

 

(12) CNCiv., Sala C, 12.10.88, ED, 132-644. También se enrola en esta posición la CNCiv Concepción Tucumán, noviembre 5-1982, JA, 1983-IV-síntesis.

 

(13) CNCiv., Sala A, 30.8.66, LL, 124-1164.

 

(14) ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, op. cit.

 

(15) CSJN, «Ford Motor Argentina», Fallos, 314:1503 y «Clorinda Escotorín de Bosetto» , Fallos, 322:2923. En idéntico sentido CSJSFe, «Martín, Julio», A. y S., T. 203, p. 65, del 22/12/04. En cuanto a este fallo, huelga aclarar que fue dictado por mayoría toda vez que dos de los votos minoritarios desecharon la posibilidad de formular la diferencia apuntada considerando aplicable el plazo decenal del art. 4023 y recalcando que «los antecedentes de la Corte Federal son oscilantes sin marcar un rumbo definido en la cuestión», según el voto del Dr.Falistocco; y que su jurisprudencia «bien lejos está de exhibir los caracteres de reiterada y pacífica respecto de la cuestión que se discute», según el voto del Dr. Vigo.

 

(16) LLAMBÍAS, Jorge J.: «Tratado de Derecho Civil. Obligaciones», t. III. Buenos Aires, Perrot, 1977, p. 420 y nota 278. Ver también CNCiv y Com. Río Cuarto, diciembre 10-1987, JA, 1988-III-541.

 

(17) COLMO, Alfredo: op. cit., p. 668. También concuerda con esta posición ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde: op. cit.

 

(18) Suprema Corte de Mendoza, Sala I, «Giordano, Víctor y otros», 9.4.1991, ED, 150-641. Corresponde, a fin de no abundar, remitir al fallo citado a los efectos de la consulta de la enjundiosa doctrina y jurisprudencia allí aludida.

 

(19) Debe aclararse respecto a esta suposición, que dichas actuaciones en principio marcan el «dies a quo» toda vez que se ha entendido que si se trata, por ejemplo, de la revocación del poder, el plazo comienza a contarse a partir de la notificación de la decisión al interesado (CNCiv, Sala A, 26.7.79, «Cornejo Torino c. Fassardi Constante», ED, 85-302; Sala D, 23.6.81, «Cabal, Joaquín s/ Sucesorio», ED, 94-727; Sala G, 03.4.89, «Ball», ED, 135-550, etc.). En este sentido, ver STRATTA, Alicia Josefina: «Prescripción de los honorarios de los abogados», ED, 150-641, donde analiza una variada y enriquecedora casuística.

 

(20) SALVAT, Raymundo M., op. cit., p. 598.

 

(21) STRATTA, Alicia J., op. cit.

 

(22) El Anteproyecto de Código Unificado de 1998 disponía en el art. 2494 como principio general que «Todas las acciones personales son prescriptibles y las reales imprescriptibles, salvo que lo contrario resulte de una disposición de la ley».

 

(23) El citado Anteproyecto preveía una norma similar en el art. 2495:«El curso de la prescripción se computa desde el día en que la acción puede ser ejercida». Tanto esta disposición como la del actual proyecto siguen la doctrina jurisprudencial que indica que «el principio general en materia de prescripción es que esta comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido» (SC Buenos Aires, junio 9-964, ED, 12-316; CNCiv, sala D, septiembre 3-964, ED, 10-562; CNCiv, Sala C, octubre 27-969, ED, 30-345; etcétera).

 

(24) El Anteproyecto de 1998 establecía en el art. 2498: «Acciones correspondientes a servicios prestados en procedimientos. El plazo de prescripción de las acciones de los corredores, comisionistas y otros intermediarios para el pago de sus remuneraciones se cuenta, si no existe plazo convenido, desde que concluyó la actividad. En los servicios que han sido prestados en procedimientos judiciales, arbitrales o de mediación, el plazo de prescripción se computa desde el dictado de la decisión que puso fin al procedimiento o desde que el interesado pudo pedir regulación definitiva de sus honorarios, aunque haya mediado extinción del mandato, cese del patrocinio o de la designación».

 

(25) GHERSI, Carlos A.: op. cit. «Este supuesto consagrado en el art. 2554 nos lleva a aclarar que no son sinónimos “firmeza de la decisión” y “acción expedita” o ejecutoria toda vez que una decisión judicial puede estar firme, pero no causar ejecutoria. En efecto, un hipotético caso no muy alejado de la realidad que transita el Estado nacional y la mayoría de las provincias ayuda a la comprensión: como se sabe, en dichos ámbitos conviven desde hace varios años sistemas de ejecución de sentencias contra el Estado (Leyes nacionales 23.982 , 24.624 ; en Santa Fe Ley 7234 , modif.Leyes 9040 y 12.036 ) y, en virtud de sus disposiciones, un pronunciamiento que condene a la Administración al pago de una suma de dinero puede adquirir firmeza -con su nota característica de inmutabilidad-, pero no poseer fuerza ejecutoria que deje expedita la vía del apremio (ejecución forzada), dado que la normativa aludida diseña distintos pasos a seguir por el Estado deudor para abonar la condena mediante su inclusión presupuestaria en los ejercicios fiscales que correspondan, y hasta que no vence dicha posibilidad, el acreedor carece de título hábil para promover la ejecución de su crédito».

 

(26) Ibídem, con igual criterio, ver nota 19.

 

(27) En este sentido, luego de analizar una variada y rica casuística Alicia J. Stratta -en el trabajo citado- concluye diciendo que «es imposible realizar un sistema perfecto de todas las circunstancias determinantes del momento inicial del término de la prescripción».

 

(28) GHERSI, Carlos A.: op. cit. En cuanto al catálogo de acciones imprescriptibles, ver LÓPEZ HERRERA, Edgardo: op. cit., p. 1185.

 

(29) PAGLIANO, Luciano F.: «Los honorarios de abogados y procuradores en la nueva ley de mediación prejudicial obligatoria de la Provincia de Santa Fe», MJD5638 .

 

(30) LÓPEZ HERRERA, Edgardo: op. cit., quien además aclara que, por ejemplo, la reforma francesa también fija un plazo de cinco años (art. 2224). Asimismo, el art. 2501 del Anteproyecto de Código Unificado de 1998 establecía uno menor: «Plazo ordinario. El plazo ordinario de la prescripción extintiva es de cuatro (4) años».

 

(*) Abogado. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Séptima Nominación, Santa Fe. Profesor de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Constitucional.