Partes: Banco Hipotecario s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto María Laura c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido (EXPTE. N° 36335/2017)
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:
Fecha: 18 de noviembre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161706-AR|MJJ161706|MJJ161706
Voces: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – INTERESES – TASA DE INTERÉS – ACTUALIZACIÓN MONETARIA – IGUALDAD ANTE LA LEY – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – DERECHO DE PROPIEDAD – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Se revoca la sentencia que había dispuesto la actualización del crédito laboral mediante IPC más interés puro del 3% anual y se ordena aplicar el régimen previsto en el art. 55 de la ley 27.802 para la determinación de los accesorios del crédito, cuya inconstitucionalidad se rechaza.
Sumario:
1.-Se revoca la sentencia dictada en cuanto dispuso la actualización e intereses de la indemnización debita pues el establecimiento, por el art. 55 , de un mecanismo de actualización de los créditos laborales reclamados en juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.802 incluidos los recursos de queja pendientes de resolución en relación con otros créditos civiles y comerciales en la misma situación procesal no resulta irrazonable o arbitrario, teniendo en cuenta las especificidades de la materia laboral frente a la materia civil y comercial, de los distintos intereses en juego y el contexto.
2.-La decisión legislativa expresa, en tanto no resulte manifiestamente arbitraria o persecutoria, desplaza al resto de las alternativas de reparación que el Congreso tuvo a la vista -incluidas las ‘reglamentaciones del Banco Central’-, y no corresponde al Poder Judicial ni suplantar el juicio de oportunidad y mérito del otro poder con el propio, ni inaplicar la ley.
3.-La mera previsión legal de dos criterios de actualización diversos aplicables a contextos fácticos y jurídicos diferentes no entraña una afectación al principio de igualdad, en tanto no se acredite fundadamente que, en un caso concreto, esta distinción arroja un resultado discriminatorio.
4.-No resulta de por sí inconstitucional la previsión de aplicación retroactiva de una ley que determina los accesorios de una obligación; debe agregarse que, los accesorios no estaban determinados al momento de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 , ya que no se encontraban previstos en una ley especial vigente al momento de los hechos ni habían sido fijados por una decisión judicial expresada a través de una sentencia firme.
5.-Una de las funciones más delicadas del Poder Judicial es saber mantenerse dentro de su competencia, sin invadir las facultades correspondientes a los otros Poderes.
6.-La misión del Poder Judicial es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al Poder Legislativo ni juzgar sobre el mero acierto o error, el mérito o la conveniencia de las disposiciones adoptadas por aquél en ejercicio de sus facultades, salvo que aquellas sean irrazonables o manifiestamente arbitrarias.
7.-La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria (Del voto de la Dra. Weinberg).
8.-El art. 55 de la ley 27.802 regula específicamente la actualización de los créditos laborales correspondientes a juicios que, al entrar en vigor la nueva ley, todavía se encontraban en trámite pendientes de sentencia definitiva e incluso de recurso de queja; para estos, la norma establece un procedimiento particular y específico; se parte de los intereses moratorios calculados conforme a la tasa pasiva determinada por el Banco Central; pero el resultado queda canalizado, sujeto a un límite máximo o techo y a un límite mínimo o piso, equivalente al 67% del importe que resulte de aplicar aquel (Del voto de la Dra. Weinberg).
9.-Aun mediando la aplicación del mínimo previsto en el citado inciso ‘c’ del art. 55 de la Ley 27.802, los trabajadores, a pesar de ser sujetos de preferente tutela constitucional, frente a los perjuicios causados por la mora en el pago de sus acreencias, continúan recibiendo una reparación considerablemente inferior a aquella que, en condiciones análogas, estaría habilitado a recibir cualquier otro acreedor no laboral, ya sea del ámbito civil y/o comercial (Del voto en disidencia de los Dres. Lozano y Ruiz).
10.-El art. 55 de la Ley 27.802 debe ser declarado inconstitucional en la medida en que priva del derecho, ya adquirido, a los intereses devengados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que los trabajadores tenían derecho a reclamar (Del voto en disidencia de los Dres. Lozano y Ruiz).
11.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 55 de la Ley 27802, en cuanto procura ser aplicado retroactivamente reduciendo la medida de intereses moratorios que ya se habían devengados en los términos del art. 768 CCivCom., antes de la entrada en vigencia de la citada ley (Del voto en disidencia de los Dres. Lozano y Ruiz).
12.-El art. 55 de la Ley 27.802 es inconstitucional, en tanto vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 16 y 17 CN, y el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis , debiendo destacarse además que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución local expresamente consagra que el tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe hacerse conforme a los principios del derecho del trabajo, entre los cuales se destaca centralmente el principio protectorio (Del voto en disidencia de los Dres. Lozano y Ruiz).
Fallo:
Vistos: los autos indicados en el epígrafe.
Resulta:
1. Llega a consideración del Tribunal la queja interpuesta por Banco Hipotecario SA contra la resolución de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que desestimó in limine su recurso de inconstitucionalidad.
2. Las actuaciones se iniciaron con la demanda interpuesta por María Laura Souto contra Banco Hipotecario SA (en adelante «el banco») y Aegis Argentina SA -continuadora de Actionline de Argentina SA- con el objeto de obtener el cobro de indemnizaciones por despido.
Relató que ingresó a prestar servicios en el banco el 28-03-2005, a través de la intermediación de Aegis Argentina SA, y que fue registrada por su real empleadora recién el 20-11-2006. Afirmó que se consideró despedida mediante la misiva impuesta con fecha 01-03-2017, recibida el 02-03-2017, luego de haber intimado infructuosamente a su empleadora para que registrara la relación laboral conforme a su real fecha de ingreso.
3.La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó -en lo sustancial- la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, consideró que la titular de la relación laboral habida con la actora fue Banco Hipotecario SA y -de conformidad con lo normado por el artículo 29 de la LCT- condenó a ambas codemandadas, en forma solidaria, al pago de las indemnizaciones y rubros salariales reclamados.
En lo que aquí interesa, la Cámara confirmó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23928 y 4 de la ley 25561 -que vedan la indexación de créditos- y el método de reajuste del crédito que se había fijado -desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago – mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC (IPC), con más un interés puro del 3 % anual por igual período; pero dejó sin efecto la capitalización dispuesta en la instancia anterior; salvo que la aplicación de dicho criterio implicase una modificación en perjuicio de la apelante, en cuyo caso ordenó la actualización del valor histórico del capital de condena mediante el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) más una tasa de interés anual del 7 %.
4. Disconforme con lo decidido, el banco interpuso recurso de inconstitucionalidad.
Sostuvo, en síntesis, que la Cámara incurrió en arbitrariedad e incorrecta interpretación del derecho vigente y que la aplicación del IPC con una tasa de interés adicional del 3 % anual importaba una indexación prohibida por las leyes 23928 y 25561 y un apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en los precedentes «Oliva» y «Lacuadra» .
Asimismo, refirió que el monto de la condena arrojaba un resultado desproporcionado, violatorio de las garantías constitucionales invocadas.
5.La Cámara desestimó in limine el recurso presentado por Banco Hipotecario SA, lo que motivó la queja ante el Tribunal referida en el punto 1.
En atención a lo dispuesto por Acordada 22/2025, se habilitó al recurrente a notificar el traslado del recurso de inconstitucionalidad mediante el sistema Lex 100, librando cédula electrónica a las contrarias en el expediente principal.
Corrido el traslado por el Tribunal, la parte actora contestó. Negó la existencia de cuestión federal y rechazó los agravios de la recurrente en relación con la tasa de interés y la metodología aplicada por la instancia anterior por considerar que carecía de fundamentación suficiente, solicitando el rechazo del recurso.
6. Tras la sanción de la ley 27802, y previo al llamado de autos al acuerdo, la parte actora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de dicho cuerpo legal; y posteriormente amplió los fundamentos mediante presentaciones de fechas 13-03, 20-04,11-05 y 03-06 del corriente año.
Sostuvo -en apretada síntesis- que la norma, al disponer para los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva un régimen especial de actualización, reduce de modo irrazonable y arbitrario el valor real de los créditos laborales; discrimina a un universo determinado de trabajadores por la mera circunstancia de tener su reclamo judicial en curso; afecta el derecho de propiedad sobre el crédito y la garantía de reparación plena; interfiere retroactivamente en causas pendientes, alterando reglas sustantivas de cuantificación del daño; y desconoce estándares de razonabilidad, progresividad, y tutela judicial efectiva exigidos por la Constitución Nacional.
Afirmó que esa disposición vulnera sus derechos constitucionales de propiedad e igualdad, y las garantías del debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial efectiva y razonabilidad, así como el principio protectorio, de reparación plena y no regresividad (arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional).
7. La recurrente contestó el traslado del planteo de inconstitucionalidad deducido, solicitando su rechazo.
8.Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició desestimar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, y hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad.
Fundamentos:
Los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, por su voto, dijeron:
1. La queja de Banco Hipotecario SA fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33 de la ley 402), por parte legitimada, y demuestra la existencia de una cuestión constitucional en los términos de los artículos 113, tercer párrafo, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 27 de la ley 402.
En este sentido, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23928 y 4 de la ley 25561 y dispuso la actualización del crédito de la parte actora conforme al Índice de Precios al Consumidor -Nivel General- del Instituto Nacional de Estadística y Censos (IPC-INDEC) y que se le adicione una tasa de interés puro del 3 % anual desde su exigibilidad hasta su pago.
La decisión impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad es la definitiva del tribunal superior de la causa.
2. El 06-03-2026 (cfr. BO 35865 de dicha fecha y su art. 217), encontrándose en trámite la presente queja, entró en vigencia la ley 27802 (Ley de Modernización Laboral) que, en su artículo 55, establece:
«En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra».
Por lo tanto, conforme al claro texto de la ley, el artículo 55 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la parte actora en el caso (cfr. en sentido concordante y recientemente, CSJN en «Cabana Opanasiuk» ; expte. n° CNT 27766/2020/CS1, sentencia del 05-11-2026).
3. Como se relató en los «resulta», la parte actora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802.
En la consideración de ese planteo el Tribunal debe necesariamente tener en cuenta la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del control judicial de constitucionalidad. En este orden de ideas, cabe destacar, por una parte, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es, por su suma gravedad institucional, la ultima ratio del orden jurídico, reservada solamente para los casos en que la contradicción entre la norma y la Constitución es manifiesta e inconciliable (Fallos:288:325; 312:122; 322:842; 346:921; 349:1505, entre muchos otros) y, por otra parte, que una de las funciones más delicadas del Poder Judicial es saber mantenerse dentro de su competencia, sin invadir las facultades correspondientes a los otros Poderes (Fallos: 342:509; 345:165, entre muchos otros).
4. De forma preliminar, cabe recordar el contexto normativo, fáctico y jurisprudencial en el que se sancionó la ley 27802.
En primer lugar, la actualización de los créditos laborales se encontraba prohibida por las leyes 23928 y 25561. Dicha veda fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo que la prohibición de indexar constituye una medida de política económica y monetaria cuyo acierto o error no compete evaluar al Poder Judicial (cfr. «Massolo», Fallos: 333:447 y «Puente Olivera» , Fallos: 339:1583).
El Alto Tribunal también afirmó que los artículos 7 y 10 de la ley 23928, modificados por el artículo 4 de la ley 25561, son de orden público (cfr. art. 19 de la ley 25561) y fueron dictados por el Congreso en el marco de sus atribuciones en materia de soberanía monetaria, conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 11, de la Constitución Nacional («Servicios Portuarios S.A. c/ H.I.E. Argener S.A. s/ indemnización de servidumbre de electroducto», expte. n° S. 338. XLVIII. REX, sentencia del 27-10-2015).
En segundo lugar, frente al proces o inflacionario por el que atravesó la economía argentina en los últimos años; a la vigencia de la prohibición de actualización de los créditos laborales y a la insuficiencia de las tasas de interés bancarias sin capitalización (cfr. arts.768 y 770 del Código Civil y Comercial) para compensar, aunque indirectamente, la desvalorización de los créditos, el Poder Judicial (en particular, la Justicia Nacional del Trabajo) desarrolló diferentes criterios en materia de actualización e intereses de los créditos laborales que fueron sucesivamente descalificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas «Bonet» (Fallos: 342:162); «Oliva» (Fallos: 347:100); «Fontaine» (Fallos: 347:472) y «Lacuadra» (Fallos: 347:947), con el fundamento común, entre otros expresados para cada caso, de que producían resultados manifiestamente desproporcionados.
5. Así, en el complejo contexto descripto anteriormente, el Congreso, en ejercicio de su facultad de reglamentar razonablemente los derechos constitucionales (arts. 14, 28 y 75 de la Constitución Nacional), estableció dos mecanismos para la actualización de los créditos laborales en la ley 27802: uno en el artículo 54 (conforme al Índice de Precios al Consumidor -Nivel General – del Instituto Nacional de Estadística y Censos -IPC-INDEC-, más una tasa de interés puro del 3 % anual) y otro en el artículo 55, citado en el considerando 2, cuya constitucionalidad impugna la parte actora.
6. Corresponde analizar entonces si a) la existencia de un régimen de actualización legal propio para las obligaciones laborales; b) la consagración de dos criterios de actualización distintos, que se aplican a situaciones diferentes, y c) el contenido intrínseco de la actualización así dispuesta, resultan compatibles con la garantía de igualdad y el derecho de propiedad previstos en la Constitución.
7.La ley 27802, en cuanto establece un régimen de actualización específico para las obligaciones laborales, no afecta el principio de igualdad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el artículo 16 de la Constitución Nacional permite que el Poder Legislativo trate de forma distinta a situaciones que considera diferentes, en la medida en que la clasificación sea razonable, no sea arbitraria ni implique una persecución ilegítima o un privilegio indebido de personas o grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable (Fallos: 300:1049; 302:457, entre muchos otros).
Por otra parte, el Alto Tribunal ha afirmado que la misión del Poder Judicial es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al Poder Legislativo ni juzgar sobre el mero acierto o error, el mérito o la conveniencia de las disposiciones adoptadas por aquél en ejercicio de sus facultades, salvo que aquellas sean irrazonables o manifiestamente arbitrarias (Fallos: 340:1480; 308:1361, entre muchos otros).
En ese marco, el establecimiento, por el artículo 55, de un mecanismo de actualización de los créditos laborales reclamados en juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27802 incluidos los recursos de queja pendientes de resolución en relación con otros créditos civiles y comerciales en la misma situación procesal no resulta irrazonable o arbitrario, teniendo en cuenta las especificidades de la materia laboral frente a la materia civil y comercial, de los distintos intereses en juego y el contexto descripto en el considerando 4.
Dicha conclusión no cambia por el hecho de que en el caso de créditos civiles y comerciales en los que las partes no hubieran convenido la tasa de interés moratorio o que no tuvieran una tasa legal (cfr. art. 768, incisos a y b del Código Civil y Comercial de la Nación), los jueces pudieran fijar subsidiariamente una tasa de interés moratorio «según las reglamentaciones del Banco Central» (cfr. art.768, inciso c del Código Civil y Comercial) que, en ciertas hipótesis, arrojara un resultado más alto que el mecanismo de actualización establecido por el Congreso en el artículo 55 de la ley 27802.
El Poder Legislativo adoptó su decisión a partir de la valoración, en su juicio de oportunidad, mérito o conveniencia, de todas las alternativas disponibles, incluida -dadas la fecha de aprobación de la resolución 1/2026 por el Directorio del Banco Central de la República Argentina y de sanción de la ley 27802- la Tasa de Intereses Moratorios (TIM). Esa decisión legislativa expresa, en tanto no resulte manifiestamente arbitraria o persecutoria, desplaza al resto de las alternativas de reparación que el Congreso tuvo a la vista – incluidas las «reglamentaciones del Banco Central»-, y no corresponde al Poder Judicial ni suplantar el juicio de oportunidad y mérito del otro poder con el propio, ni inaplicar la ley.
8.La diferencia entre los mecanismos de actualización de los créditos laborales dispuestos en los artículos 54 y 55 de la ley 27802 tampoco resulta irrazonable o arbitraria, en parte por los mismos fundamentos ya expresados.
El artículo 55 establece un mecanismo de actualización transitorio, destinado a ser aplicado en un grupo de juicios en trámite en los cuales el origen de los créditos, la mora y el desarrollo de los procesos judiciales tuvieron lugar, mayoritariamente, en el contexto normativo (prohibición legal de actualización de los créditos laborales), fáctico (alta inflación) y jurisprudencial (descalificación de la actualización sin sustento legal y criterio de necesaria proporcionalidad del resultado) ya reseñado, contexto que, en principio, resulta distinto de aquel en el que se aplica el artículo 54 y que, por dicha razón, puede admitir que el Congreso pondere de manera diferente los intereses en juego.
La mera previsión legal de dos criterios de actualización diversos aplicables a contextos fácticos y jurídicos diferentes no entraña una afectación al principio de igualdad, en tanto no se acredite fundadamente que, en un caso concreto, esta distinción arroja un resultado discriminatorio.
9. Finalmente, el artículo 55 de la ley 27802 no afecta el derecho de propiedad de la parte actora.
En primer lugar, no resulta de por sí inconstitucional la previsión de aplicación retroactiva de una ley que determina los accesorios de una obligación. De conformidad con el criterio sostenido por la mayoría de este Tribunal en «ASOCIART S.A ART s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en VALDEZ CARLOS ALBERTO C/ ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL (EXPTE N° 49351/2017)» , expte.n° 42326/2025-0, sentencia del 03-12-2025, considerando 3, último párrafo -al que corresponde remitir en razón de brevedad-, la parte actora no podría invocar la existencia de un derecho adquirido frente a la aplicación del artículo 55.
En este caso, los accesorios no estaban determinados al momento de la entrada en vigencia de la norma, ya que no se encontraban previstos en una ley especial vigente al momento de los hechos (incluida la mora) ni habían sido fijados por una decisión judicial expresada a través de una sentencia firme.
Por otra parte, corresponde evaluar si el «piso» establecido en el inciso c del artículo 55, en relación con el criterio fijado en el artículo 54, resulta válido constitucionalmente.
Cabe recordar que la disposición mencionada se ajusta a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el antecedente «Vizzoti» (Fallos: 327:3677) -ratificado posteriormente en «Sosa» (Fallos: 344:3700)-, de amplia y pacífica recepción por la jurisprudencia de las instancias anteriores.
Allí el Alto Tribunal, en su rol de último intérprete de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional, estableció los criterios vinculados al principio de no confiscatoriedad, criterios que aparecen reflejados en la disposición legal en análisis.
En suma, más allá del mérito de la decisión del Poder Legislativo -que, se reitera, no corresponde a este Poder Judicial evaluar-, el criterio utilizado se encuadra en la interpretación de la Constitución Nacional fijada por el máximo tribunal federal.
10.En virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802.
En consecuencia, al resultar aplicable al caso el régimen legal vigente, votamos por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de Banco Hipotecario SA, modificar la sentencia recurrida y ordenar que los accesorios del crédito de la parte actora se determinen con arreglo al artículo 55 de la ley 27802.
Costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve.
La jueza Inés M. Weinberg, por su voto, dijo:
1. El 06-3-2026, encontrándose en trámite la presente queja, entra en vigencia la ley 27802 e incorpora un mecanismo específico para determinar la evolución de los créditos laborales, tanto para las obligaciones comprendidas en el nuevo artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo como para los créditos reclamados en procesos judiciales en trámite pendientes de sentencia definitiva.
En su art. 54 establece un régimen general: «Actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) – Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con más una tasa de interés del tres por ciento (3 %) anual, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago».
En su art. 55 establece un régimen de excepción: «En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actuali zados en base a los siguientes criterios:a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra».
Frente a la operatividad del cambio normativo, corresponde resolver el presente caso de acuerdo con el sistema de actualización que el legislador incorpora al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, deja de ser necesario pronunciarse sobre la impugnación de la prohibición general de indexar. Emitir una decisión sobre una cuestión que ya no resulta determinante para solucionar el caso supondría efectuar una declaración abstracta e impropia de la función judicial. En tal sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sus sentencias «. deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, el pronunciamiento deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir (Fallos: 345:549 y precedentes allí citados)» (cf.»Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido», expte. n° CNT 27766/2020/CS1, sentencia del 5-11-2026).
2. Tal como arriba se expone, el art. 55 de la ley 27802 regula específicamente la actualización de los créditos laborales correspondientes a juicios que, al entrar en vigor la nueva ley, todavía se encontraban en trámite pendientes de sentencia definitiva e incluso de recurso de queja. Para estos, la norma establece un procedimiento particular y específico: se parte de los intereses moratorios calculados conforme a la tasa pasiva determinada por el Banco Central; pero el resultado queda canalizado, sujeto a un límite máximo o techo y a un límite mínimo o piso, equivalente al 67% del importe que resulte de aplicar aquel.
En apretada síntesis, en la causa, se plantea que este tratamiento distinto de actualización afecta el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la CN), los principios protectorios del derecho del trabajo (art. 14 bis de la CN) el derecho de propiedad (art. 17 de la CN) y los parámetros constitucionales de razonabilidad (art. 28 de la CN).
3. El artículo 55 regula situaciones jurídicas pendientes. Se aplica sólo a procesos comprendidos dentro de un determinado ámbito temporal y material -y por tratarse de una norma de orden público- aplicable de oficio o a petición de parte. Esta proyección temporal, hacia el pasado, y sobre la extensión de las obligaciones accesorias eventualmente aplicables, resulta ser una regulación necesariamente acotada en el tiempo y dirigida a decidir un número de causas que inexorablemente van a desaparecer. De ahí su transitoriedad.
Es sabido que el principio de igualdad ante la ley no exige que todas las situaciones reciban necesariamente idéntico tratamiento. Su finalidad consiste en impedir que se establezcan privilegios o exclusiones arbitrarias entre personas que se encuentran en circunstancias sustancialmente equivalentes.
Desde esta perspectiva, la existencia de diferencias legislativas en el tratamiento de situaciones jurídicas ponderadas en forma diferente, per se, no basta para demostrar una lesión constitucional.Es necesario acreditar el trato desigual y la falta de una justificación razonable o el criterio discriminatorio en el caso concreto.
La diversidad en el tratamiento normativo sobre los artículos en análisis, se explica, al menos en gran medida, por lo acaecido dentro del ámbito temporal y material de aplicación que el legislador asignó a cada disposición.
Tal como señala la actora, resulta evidente que los períodos inflacionarios en la Argentina han sido muy significativos por sus consecuencias económicas, particularmente entre los años 2022 a 2024. En este marco, las diversas fórmulas aplicadas jurisdiccionalmente antes de ahora en el fuero laboral han intentado encontrar un equilibrio entre los derechos y deberes de las partes frente a los fuertes vaivenes económicos acaecidos.
Ahora bien, la adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria.
Por el contrario, ofrece una solución plausible -entre muchas otras- adoptada por uno de los órganos superiores del Estado en pleno ejercicio de sus funciones propias. En esta inteligencia es dable recordar aquí que la CSJN tiene dicho que «. la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable» extremos que debieran ser alegados y demostrados en el caso (v. Fallos:224:810; 300:642; 306:655; y particularmente 333:447 y 329:385, entre otros).
En este marco, es dable recordar que el control judicial no consiste en determinar si el legislador escogió la solución más conveniente entre todas las posibles, sino en verificar si la diferenciación establecida resulta arbitraria o irrazonable a la luz de lo planteado por las partes en cada caso concreto.
Desde esa perspectiva, no se advierte que la regulación cuestionada transgreda el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional en la causa.
Por otra parte, tampoco la norma en crisis desconoce el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por el contrario, el régimen procura preservar la integridad de los créditos provenientes de la relación laboral y establecer pautas ciertas para su determinación. El legislador incorporó un límite mínimo en favor del acreedor laboral, de modo que el mecanismo previsto para actualizar el crédito no pueda arrojar un resultado inferior a un umbral legalmente establecido. La elección de ese porcentaje encuentra un antecedente relevante en la jurisprudencia de la CSJN, particularmente en el precedente «Vizzoti» (Fallos: 327:3677) y luego en «Sosa» (Fallos: 344:3700). En esos pronunciamientos se admitió la utilización del parámetro del 67 % en el examen de la razonabilidad de determinadas limitaciones económicas.
La certeza sobre la cuantía de las obligaciones cumple una función legítima: permite determinar anticipadamente, dentro de ciertos parámetros razonables, las consecuencias económicas de la relación laboral. Esa previsibilidad no puede desconocer la protección preferente que corresponde otorgar al trabajador, pero tampoco excluir la que concierne a la preservación de su fuente laboral. Ese equilibrio se debe ver reflejado en el diseño del régimen legal que regule la determinación de sus créditos.En consecuencia, la existencia de un límite legal, tampoco demuestra, por sí solo, que se haya vulnerado el derecho de propiedad.
Asimismo, es preciso examinar también si el mecanismo establecido resulta irrazonable o si provoca una afectación constitucional inadmisible sobre el derecho de propiedad del trabajador. En esta inteligencia, es dable destacar que la impugnación no aporta elementos suficientes para demostrar que la aplicación del precitado art. 55 de la ley 27802 produzca, en el caso concreto, la pérdida sustancial de valor denunciada por la accionante. La afirmación de que el porcentaje legal ocasiona una disminución patrimonial significativa no basta para justificar una declaración de inconstitucionalidad. Una objeción de esa gravedad requiere de fundamentos concretos que permitan verificar la existencia y magnitud del perjuicio alegado. Y claro está, una falta evidente en la adecuación de medios a fines en la norma aplicada.
En el caso, tampoco la actora desarrolla una demostración suficiente sobre dicha afectación. Su planteo se limita a sostener que la aplicación del mínimo legal conduce necesariamente a una reducción sustancial del crédito, sin proporcionar parámetros objetivos que permitan corroborar esa conclusión en el caso concreto. Párrafo aparte merece la queja por la afectación intertemporal (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación). Tal como lo expusiera en el voto mayoritario de la causa «Asociart SA ART en Valdez», expte. 42326/2025-0, sentencia del 3-12-2025, a cuyos términos me remito en honor a la brevedad, la accionante no podría invocar la existencia de un derecho adquirido a su favor cuando los accesorios correspondientes no se encontraban determinados ni amparados en una ley especial vigente. Similar situación se da en el caso respecto de los términos previsto el art. 55 de la ley 27802. Por consiguiente, no se encuentra acreditada la lesión al derecho de propiedad invocada, así como tampoco una falta de razonabilidad en la aplicación normativa.
4. De las consideraciones expuestas se desprende que la impugnación constitucional formulada contra el art.55 de la ley 27802 no demuestra que el régimen de actualización allí previsto afecte las garantías invocadas por la parte.
El sistema cuestionado, más allá de su acierto o er ror, ha procurado preservar la integridad de las acreencias laborales mediante pautas que no vulneran per se los principios constitucionales que la parte alega conculcados sin dar razones suficientes para declarar su inconstitucionalidad en el caso, cuando, tal como lo viene afirmando nuestro máximo tribunal, la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (v. Fallos: 256:602; 258:255; 288:325; 302:166; 312:122; 316:188; 319:3148; 322:842 y 346:921, entre muchos otros).
Por ello, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Banco Hipotecario SA, modificar la sentencia recurrida y ordenar que los accesorios del crédito de la parte actora se determinen con arreglo a lo establecido por dicha norma.
Costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve.
Los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz, en disidencia, dijeron:
1. La queja interpuesta por Banco Hipotecario SA es procedente. Ha sido deducida en tiempo y forma, y demuestra la existencia de una genuina cuestión constitucional relativa a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23928 y del artículo 4 de la ley 25561 dispuesta por el a quo, y la resultante indexación del crédito reconocido a la parte actora, en el contexto de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en los precedentes «Oliva» (Fallos: 347:100) y «Lacuadra» (Fallos:347:947).
En función de ello, corresponde tratar las cuestiones relativas a la constitucionalidad de la prohibición de indexar, frente al derecho a obtener una reparación integral de los perjuicios causado por la mora en el cumplimiento de una obligación derivada del contrato de trabajo.
2. En primer término, cabe destacar que las sentencias deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que son dictadas y, si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (cf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; 341:124; entre otros, y el más reciente pronunciamiento del Máximo Tribunal en la causa CNT 27766/2020/CS1 CABANA OPANASIUK, LEONARDO c/ UNIR SA Y OTROS s/ DESPIDO, aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local).
En ese contexto, durante el trámite de la presente queja, con fecha 06 03-2026, entró en vigencia la ley 27802 (Ley de Modernización Laboral), cuyo artículo 55 dispuso que: «En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo».
En su último párrafo la norma agrega que sus disposiciones son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte.
3. Control de constitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802.
Toda vez que, como señaló la CSJN en la causa «Cabana» antes citada, la aplicación de dicha norma resolvería la cuestión presentada en el recurso de inconstitucionalidad, reemplazando de pleno derecho la indexación dispuesta por el a quo y tornando innecesario el tratamiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia impugnada, el análisis de procedencia del recurso de inconstitucionalidad requiere, en primer término, evaluar el planteo de inconstitucionalidad que la parte actora postuló contra el citado artículo 55 de la ley 27802, tal como está relatado en los «resulta», sobre la base de que la norma no supera el test de razonabilidad constitucional (art. 28 de la Constitución Nacional), y violenta los derechos, principios y garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, igualdad y propiedad (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional), así como el principio protectorio del trabajador (art.14 bis de la Constitución Nacional). Dicho planteo de inconstitucionalidad, cabe destacar, no ha sido abordado en el mencionado fallo «Cabana» del Máximo Tribunal, ni surgen de él razones que lleven a apartarnos de lo que aquí extraemos del conjunto de precedentes que inspiran la solución adoptada en este voto.
La declaración de invalidez constitucional de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico, solo estimada viable si su carencia de razonabilidad es evidente (Fallos: 288:325: 290:83; 292:190; 294:383; 298:511; 300:1087; 302:457, 484 y 1149; 311:394; 312:122 y 435; 323:249, entre muchos otros). Por tal motivo, no cabe formularla sino cuando un acabado examen de la preceptiva conduzca a la certeza de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 322:842; 331:2068; 346:921, entre otros).
En esa línea, ha señalado el Máximo Tribunal que «[.] es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial [.] y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles involuntarios de los poderes públicos [.]» (Fallos:33:162; 336:760).
Asimismo, aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuen a los fines cuya realización procuran, o cuando consagren una manifiesta iniquidad (Fallos: 98:20; 147:462; 150:89; 160:247; 171:348; 199:433; 200:450; 247:121; 249:252; 250:418; 253:478; 256:341; 263:460; 288:325; 310:2845; 311:394; 312:435; 344:126, entre otros).
En este orden, la Corte Suprema ha considerado, tradicionalmente, que los trabajadores constituyen un grupo merecedor de especial tutela y, desde ese punto de partida, ha declarado la inconstitucionalidad de diversas normas restrictivas de sus derechos por resultar contrarias a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Así, en tiempos relativamente recientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del límite previsto en la Ley de Contrato de Trabajo para la base de cálculo de la indemnización por despido (Fallos: 327:3677 in re «Vizzotti»); ha declarado la inconstitucionalidad de la ley en cuanto desconocía naturaleza salarial a los vales alimentarios (Fallos: 332: 2043 in re «Pérez»); ha declarado la inconstitucionalidad del régimen de riesgos del trabajo en cuanto impedía al trabajador reclamar una reparación plena frente a un accidente laboral (Fallos: 327:3753 in re «Aquino»); y ha declarado también la inconstitucionalidad de las reglas que impedían al trabajador percibir la indemnización por un infortunio laboral de forma inmediata, sujetándola forzosamente a un sistema de renta periódica (Fallos: 327: 4607 in re «Milone»).
Con relación a la calidad del sujeto y a la naturaleza de la materia involucrados, no debe olvidarse el principio de no regresión que cuenta con una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema.En el marco de cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo, el Máximo Tribunal ha dicho que el principio de progresividad o no regresión que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadas regresivas, no solo es un principio arquitectónico de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia (Fallos: 338:1347; 331:2006, voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni; 328: 1602, voto del juez Maqueda; 327:3753, voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni).
En función de los planteos formulados por las partes, y sin que en su delicada tarea de control el Tribunal quede limitado por la interpretación que las estas propongan de la ley aplicable, la Constitución Nacional y/o la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. Fallos 308:647, entre muchos otros), el control de constitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802 requier e analizar (i) si el régimen establecido a los fines de reparar los perjuicios derivados de la mora, específicamente para el universo de trabajadores al que se refiere la norma, es consistente con la igualdad como derecho fundamental (cf. artículo 16 de la Constitución Nacional y los artículos 1 y 24 del Pacto de San José de Costa Rica); y (ii) si la limitación retroactiva del importe de intereses devengados antes de la entrada en vigencia de la ley 27802 es consistente con el artículo 17 de la Constitución Nacional. Todo ello, articulado con el mandato constitucional de proteger al trabajo en sus diversas formas (cf. artículo 14 bis de la Constitución Nacional), cuyo cumplimiento atañe a todos los poderes públicos que, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto (Fallos:301:319, 324/325, considerando 5°). En ese sentido, el Máximo Tribunal ha afirmado que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad por cuanto, aun cuando ambas partes del contrato de trabajo gozan de derechos fundamentales, desde el ángulo constitucional el trabajador es sujeto de preferente tutela (Fallos: 327:3677).
3.1. En el ostensible contexto de altísima inflación como el experimentado en la República Argentina durante años -incluyendo aquellos en que se registró la mora cuya reparación se discute en autos- la determinación de la tasa de interés aplicable en los términos del artículo 768 del Código Civil y Comercial resulta absolutamente crítica y determinante a fin de respetar el derecho de propiedad (cf. artículo 17 de la Constitución Nacional).
Dicha determinación debe hacerse de modo articulado con el art. 19 de la Constitución Nacional que establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación (Fallos: 327:3753 «Aquino»; 327:857; 320:1996; 308:118 «Gunther»). El art.1740 del Código Civil y Comercial, adopta el principio de la reparación plena como un concepto «paraguas» que, naturalmente, debe orientar también la búsqueda judicial en el señalado campo del art. 768 inc. «c» del Código Civil y Comercial, el cual debe ser leído como fruto de una misma voluntad legislativa, consagratorio de los mismos principios que el cuerpo, y no como una excepción a sus reglas.
El mencionado artículo 1740, en definitiva, constituye la reglamentación legislativa del derecho de propiedad, en supuestos alcanzados por el recibido principio romano alterum non laedere, «cuyo norte es procurar la justa reparación de todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio o en sus derechos o facultades» (cf. Fallos:340:1038 y sus citas), y en función del cual la CSJN ha establecido que «dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse» (conf. Fallos: 314:729, cons. 4; y Fallos: 316:1949, cons. 4, entre otros).
En dicho contexto, en ausencia de un régimen específico y/o acuerdo entre las partes, la determinación de la tasa de interés relativa al pago de una obligación de dar cantidades de dinero -no sólo para la materia laboral sino para cualquier otra también- queda sujeta a la «razonable discreción de los jueces de la causa» (Fallos: 347:100, cons. 4 in fine), quienes deben utilizar tasas de interés «que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central» (cf. artículo 768 inciso «c» del Código Civil y Comercial y Fallos: 347:947), con la reparación plena como guía última (cf. Fallos: 340:1038 y sus citas, y artículo 1740 del Código Civil y Comercial).
A tales fines, los jueces están habilitados a considerar la totalidad de las tasas dentro del espectro generado entre las tasas pasivas y las tasas activas del mercado regulado por el Banco Central, con sus diversas variantes y plazos; y dentro de ese espectro de tasas se destaca la «Tasa de Intereses Moratorios» (cf.resolución 1/2026 del Banco Central de la República Argentina), como la alternativa en principio más idónea para ofrecer una reparación razonable de los perjuicios causados por la mora, a instancias de la ponderación que hace de tasas activas y pasivas, capitalizadas diariamente, y con aplicación simultánea de mecanismos de corrección (tanto para mínimos como para máximos) que procuran evitar que el resultado de la tasa se pueda alejar sensiblemente de la evolución del valor de la moneda.
Se trata de una alternativa que, además de ser idónea a luz de las consideraciones expuestas, es aplicable a la mora correspondiente a cualquier obligación de dar sumas de dinero, con independencia de la materia (civil, comercial, laboral o contencioso administrativa) a la que corresponda atribuirla.
Es que la magnitud del daño moratorio no depende de la rama del derecho que regule la relación jurídica, y el principio de la reparación plena es aplicable a todos por igual, por cuanto los genéricos perjuicios derivados de la privación del uso del dinero son los mismos para todos. En efecto, cualquier persona que acuda a una entidad bancaria en procura de un préstamo, deberá abonar una tasa activa, del mismo modo que, quien efectúe un depósito remunerado percibirá una tasa pasiva.
En función de ello, en ausencia de previsiones legales específicas -por ejemplo, motivadas en las circunstancias más acuciantes de la mora en un supuesto determinado o las que podría disponer el legislador local a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la mora en el cumplimiento de sus obligaciones- a fin de determinar la medida de la reparación no cabe hacer una distinción entre el tipo de relación de derecho privado en el marco de la cual se produce el perjuicio.
3.2.En el artículo 55 de la ley 27802, el Congreso de la Nación ha pretendido hacer una distinción como la referida en el párrafo anterior, en perjuicio de los trabajadores, acreedores por excelencia de las obligaciones de dar sumas de dinero resultantes del contrato de trabajo, a partir del hecho de haber recurrido legítimamente a la justicia para percibir su crédito antes de la entrada en vigencia de la ley.
En efecto, el Congreso ha determinado que, como remedio para el resarcimiento de los perjuicios causados por la mora en el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero correspondientes a «juicios en trámite», relativos a «los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo», deberá aplicarse «la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina».
Aun cuando dicha serie está calculada haciendo capitalizaciones diarias del interés, el examen de los guarismos resultantes de su aplicación deja en evidencia de modo categórico que (a) no alcanza a reparar mínimamente los perjuicios provocados por la mora en el cumplimiento de una obligación nominada en pesos en un contexto de muy alta inflación y (b) arroja un resultado muy inferior a aquel que, por aplicación de la «Tasa de Intereses Moratorios» (cf. resolución 1/2026 del Banco Central de la República Argentina), tienen derecho a obtener la generalidad de los acreedores de obligaciones de dar sumas de dinero (civiles, comerciales, etcétera), fuera del ámbito de aplicación del citado artículo 55 de la ley 27802.
En efecto, de considerarse el período de autos, comprendido entre la fecha del distracto (2-03-2017) y el 31-08-2026, mientras el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se incrementó un 11.746,20 % y el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 11.980,96 % (dando cuenta de la magnitud de la devaluación de la moneda y del perjuicio provocado por la mora), la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (cf.resolución 45/2026 del Banco Central de la República Argentina) arroja un interés del 5.930,88 %, frente al 12.186,65 % que obtiene el resto de los acreedores de obligaciones de dar sumas de dinero por aplicación de la «Tasa de Intereses Moratorios» (cf. resolución 1/2026 del Banco Central de la República Argentina).
Se trata de una distinción que no puede ser conciliada con la igualdad entendida como derecho fundamental (cf. artículo 16 de la Constitución Nacional, y artículos 1 y 24 del Pacto de San José de Costa Rica), máxime cuando la distinción no se hace en beneficio sino en perjuicio de la persona que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado «sujeto de preferente tutela» y cuando el tratamiento diferenciado se basa en la existencia de una acción judicial en trámite. Se trata en forma peyorativa al sujeto de preferente tutela por ejercer los derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades y de defensa en juicio (conf. arts. 14 y 18 de la CN).
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha establecido que, si bien las cláusulas limitativas de responsabilidad por daños no son necesariamente inconstitucionales, es impensable predicar su eficacia cuando una limitación se establezca en perjuicio de un sujeto de preferente tutela constitucional, como el trabajador. Concretamente, en Fallos: 327:3753 (in re «Aquino»), la CSJN sostuvo que «por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a [establecer limitaciones a la responsabilidad por daños], resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que [.] resulte precisamente el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales» (cf. considerando 14 del voto de la mayoría). Y, en el considerando 13 del voto de la Dra.Higton de Nolasco, en el mismo precedente, puede leerse en sentido similar «que esa discriminación no encuentra razonable apoyo en el texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento ante la ley no exenta de razonables distinciones, según constante jurisprudencia del Tribunal, no admite que se distinga negativamente, a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en circunstancias similares.
Ello, debido a la ausencia de toda relación lógica y normativa entre la condición de trabajador y la denegación del acceso a la justicia para solicitar la aplicación del régimen general previsto en el Código Civil, que no encuentra compensación adecuada en un régimen sustantivo, de indemnizaciones tarifadas, cuya adopción y la ponderación de sus eventuales ventajas comparativas, no es producto de la libre elección de la víctima».
Tales consideraciones son enteramente aplicables a la cuestión que nos ocupa que, en definitiva, también involucra una regla que pretende limitar, en perjuicio de los trabajadores, la responsabilidad por perjuicios por ellos sufridos en el contexto de la relación de trabajo.
En función de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, debiendo prescindirse de su aplicación al caso.
3.3.Por lo demás, el piso mínimo previsto en el inciso «c» del citado artículo 55 de la Ley 27802 no modifica la conclusión expuesta, por al menos dos razones.
Por una parte, resulta insuficiente para suprimir la discriminación que fundamenta el razonamiento en que se basa la declarada inconstitucionalidad.
En otros términos, aun mediando la aplicación del mínimo previsto en el citado inciso «c» del artículo 55 de la ley 27802, los trabajadores, a pesar de ser sujetos de preferente tutela constitucional, frente a los perjuicios causados por la mora en el pago de sus acreencias, continúan recibiendo una reparación considerablemente inferior a aquella que, en condiciones análogas, estaría habilitado a recibir cualquier otro acreedor no laboral, ya sea del ámbito civil y/o comercial.
Finalmente, tampoco modifica la conclusión alcanzada el hecho de que la detracción admitida por el citado inciso «c» del artículo 55 sea por un porcentaje del 33%, equivalente aquel utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Vizzotti» (Fallos: 327:3677). Por una parte, dicha circunstancia en modo alguno neutraliza ni elimina la discriminación a la que hemos hecho referencia anteriormente; y, por otra parte, en el citado precedente «Vizzotti» la Corte Suprema de Justicia de la Nación recurrió a dicho porcentaje como un mecanismo para delimitar el incremento que fijaba a la indemnización tarifada, indemnización que, en rigor, conforme la legislación vigente -de la que el fallo se aparta fundadamente- habría sido muy inferior, lo cual hizo enfatizando elocuentemente la ya mencionada condición de sujeto de preferente tutela constitucional, que debe reconocerse al trabajador.En sentido opuesto, el artículo 55 inciso «c» de la ley 27802, al recurrir al 33% en cuestión, no lo hace incrementando o mejorando el remedio o la reparación a que tiene derecho a acceder el trabajador, sino que lo hace procurando justificar con ello una significativa detracción y/o limitación a la reparación plena que, de acuerdo con la normativa preexistente, el trabajador tenía derecho a reclamar.
En definitiva, sobre todo analizado el resultado de una y otra tasa de interés en el contexto de la evaluación de los índices de precios, el citado artículo 55 de la ley 27802 se revela como insuficiente para procurar la reparación integral a que hace referencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los citados precedentes «Aquino» y «Vizzotti», constituyendo también,
desde este punto de vista, una reglamentación irrazonable (cf. artículo 28 de la Constitución Nacional) del artículo 17 y del principio asociado alterum non laedere, reglamentado, en lo pertinente, en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación.
3.4. A mayor abundamiento, con independencia de lo ya expuesto, el artículo 55 de la ley 27802 también debe ser declarado inconstitucional en la medida en que priva del derecho, ya adquirido, a los intereses devengados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que los trabajadores tenían derecho a reclamar.
Con el alcance expuesto, la mencionada norma es contraria al artículo 17 de la Constitución Nacional, tal como ha sido interpretado tradicionalmente por la CSJN. En ese sentido, cabe destacar la doctrina del precedente «Avico c. de la Pesa» (Fallos 172:21), en el que la Corte no consideró que la ley de moratoria hipotecaria fuera inconstitucional, entre otras razones, porque sus efectos en cuanto limitaban los intereses aplicables regían solo para el futuro; es decir, no avanzaba sobre los ya devengados y, por ello, adquiridos como derecho. Así lo expuso en Fallos:176:22, donde con la misma integración, refiriéndose a su pronunciamiento en «Avico c. de la Pesa», afirmó que «los intereses que ya se habían percibido por el acreedor, o que se le estuviese adeudando por cualquier lapso de tiempo anterior a la vigencia de la ley, no fueron modificados por ésta, ni habrían podido serlo constitucionalmente».
Similarmente, en Fallos: 333:1433, la CSJN rechazó la aplicación retroactiva de la modificación del régimen de riesgos del trabajo (cf. DNU 1278/2000), con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, destacando que el decreto «no estaba vigente al momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo», y en que «el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral solo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos: 314: 481; 315 :885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 314:481; 321:45)».
Si bien es cierto que la CSJN ha admitido en ocasiones la aplicación propiamente retroactiva de la legislación en cuestiones relativas al derecho de los trabajadores y/o beneficiarios de regímenes de la seguridad social, lo hizo siempre en beneficio del sujeto de preferente tutela (el trabajador y/o el pensionado) ya sea en el entendimiento de que ello era conducente y/o necesario para la conservación del valor económico de las prestaciones involucradas (tal el caso de Fallos: 294:434), o con invocación del principio de progresividad (tal el caso de Fallos:332:2454). Y en el citado precedente «Calderón» hizo ostensibles esfuerzos por establecer que la interpretación que defendía allí la parte recurrente no importaba una aplicación retroactiva de la ley, sino que se limitaba a conceptos sólo devengados con posterioridad a su entrada en vigencia, y sobre dicha base revocó la decisión que había negado la aplicación de las nuevas prestaciones a las consecuencias de un accidente ocurrido con anterioridad.
El Máximo Tribunal ha sostenido, en relación con la validez intertemporal de normas de derecho común, que la aplicación de una ley no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio al amparo de una legislación anterior sin menoscabar el derecho de propiedad reconocido en el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 347:775; 345:220; 311:324; 305:899).
Tales consideraciones constituyen una razón adicional, e independiente, para declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, en cuanto procura ser aplicado retroactivamente reduciendo la medida de intereses moratorios que ya se habían devengados en los términos del artículo 768 del Código Civil y Comercial, antes de la entrada en vigencia de la citada ley 27802.
3.5. A la luz de todo lo expuesto, cabe concluir que el artículo 55 de la ley 27802 es inconstitucional, en tanto vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, y el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis, debiendo destacarse además que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución local expresamente consagra que el tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe hacerse conforme a los principios del derecho del trabajo, entre los cuales se destaca centralmente el ya mencionado principio protectorio.
4.Criterio aplicable para la reparación plena de los perjuicios causados por la mora correspondiente a una obligación derivada del contrato de trabajo.
Declarada la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, cabe entonces analizar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad que cuestiona el criterio del a quo en cuanto, previa declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23928 y 4 de la ley 25561, dispuso que los perjuicios causados por la mora en el cumplimiento de las obligaciones reconocidas a favor del trabajador fueran reparados a partir de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa pura del 3 % anual. A ese respecto, in re «Massolo» y, más recientemente en Fallos: 347:12238 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez constitucional de la prohibición de indexar, la cual destacó además como una de orden público, sin que el a quo haya ofrecido razones no tratadas para apartarse de dichos precedentes.
Cabe precisar que esta afirmación toma en consideración que, conforme se explica seguidamente, existen en la ley aplicable remedios aptos para mantener la integridad del crédito cuyo pago se ordenó, sin necesidad de recu rrir a la declaración de inconstitucionalidad dispuesta.
Concretamente, dentro del mercado regulado por el Banco Central de la República Argentina, a cuyas tasas hace referencia el artículo 768 del Código Civil y Comercial, existen tasas que, correctamente aplicadas y liquidadas, ofrecen una reparación adecuada frente a los perjuicios causados por la mora en el cumplimiento del pago.
La serie que publica el Banco Central de la República Argentina bajo el nombre de «Tasa de Intereses Moratorios» (cf. resolución 1/26, sancionada por el Directorio del Banco Central de la República Argentina el 07/01/26) sirve de testimonio de que tales tasas han existido durante la mora que nos ocupa, e inclusive con anterioridad.De hecho, para practicar la ponderación de la que resulta la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), tal como se da cuenta en las notas metodológicas respectivas, la serie no hace más que tomar como insumo las tasas que efectivamente fueron cobradas en la plaza financiera local en cada uno de los días durante los cuales se desarrolló la mora. Que recién a partir de este año el Banco Central haya puesto a disposición la herramienta informática para practicar la liquidación correspondiente, aunque relevante desde el punto de vista práctico, no obsta a que las tasas en cuestión hubieran sido efectivamente preexistentes.
En función de lo expuesto, corresponde aplicar al caso la Tasa de Intereses Moratorios, en la medida en que resulta claramente aplicable en los términos del artículo 768 inciso «c» del Código Civil y Comercial, y arroja un resultado que, de momento, es consistente con el derecho de propiedad (cf. artículo 17 de la Constitución Nacional) y el principio constitucional del alterum non laedere (cf.artículo 19 de la Constitución Nacional), reglamentado en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial.
A este respecto, cabe precisar que en el presente caso no se dispone la aplicación del régimen especial de actualización previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por el artículo 54 de la ley 27802) por cuanto una interpretación sistémica deja en evidencia que el legislador únicamente pretendió aplicar el régimen de actualización especial allí establecido a los juicios que no estuvieran en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley (artículo 55 de dicha ley).
En tales condiciones, y aun mediando la declaración de inconstitucionalidad de la tasa estipulada en el citado artículo 55, siendo ostensible que el legislador reservó la aplicación del régimen de actualización especial para los casos iniciados a partir de la entrada en vigencia de la ley, no corresponde a este Tribunal extender dicho ámbito de aplicación pretorianamente, debiendo resolver la cuestión relativa a la tasa de interés en base a la normativa vigente.
Ello no empece a la observancia del régimen del artículo 54 de la ley 27802 para los supuestos que contempla, supuestos que no están aquí en debate.
5.En función de lo expuesto, votamos por declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del Banco Hipotecario SA, dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto ajustó el capital de condena contrariando la prohibición de indexar aplicable a los juicios en trámite, y disponer que, en reemplazo de la indexación aplicada, se reconozcan intereses conforme a la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central de la República Argentina desde que cada suma es debida (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-de-tasa-de-intereses moratorios-tim/).
Costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión debatida.
Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:
1. Admitir el recurso de queja deducido por Banco Hipotecario SA y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas por su orden.
2. Revocar la sentencia dictada el 13-05-2025 por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto dispuso la actualización e intereses de la indemnización debida.
3. Desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27802, y ordenar que los accesorios del crédito de la parte actora se determinen con arreglo al artículo 55 de la ley 27802.
4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la instancia de origen para que sea agregada a los autos principales.
La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ines Monica WEINBERG
JUEZ/A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Luis Francisco LOZANO
JUEZ/A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Alicia Enriqueta Carmen RUIZ
JUEZ/A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Santiago OTAMENDI
JUEZ/A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Marcela Vivian DE LANGHE
JUEZ/A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

