#Fallos CSJN: Inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU 70/2023, que modificaron el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de los servicios de salud

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Partes: Bobbio María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 19 de noviembre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161711-AR|MJJ161711|MJJ161711

Voces: DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA – MEDICINA PREPAGA – CUOTA DE PLANES MÉDICOS – DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO – AMPARO – SALUD – CUESTIÓN ABSTRACTA – RECURSO EXTRAORDINARIO – NORMAS DE EMERGENCIA

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que derogaron el artículo 5°, inciso g, y sustituyeron el artículo 17 de ley 26.682 que imponían el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de los servicios de salud a cargo de la demandada.

Sumario:
1.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, por cuanto se aparta de la constante doctrina de la Corte en la materia; en efecto, de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682 antes reseñadas pues el Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una ‘crisis del sistema de salud’ que exige ‘aumentar la competitividad del sistema’ para lo cual ‘se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga’, que resultan ser consideraciones genéricas que no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley.

2.-No basta con ‘invocar una emergencia genérica’, sino que resulta necesario justificar ‘la emergencia existente y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’, desde esa perspectiva, los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’.

3.-Las normas derogadas o modificadas creaban potestades de control en cabeza de órganos del propio Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio supone un margen de discrecionalidad dentro de las pautas legislativas fijadas y, en consecuencia, la posibilidad de otorgarle una impronta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión; esta circunstancia hace exigible un esfuerzo de justificación aún mayor tendiente a demostrar por qué era imprescindible, y no meramente conveniente, modificar por la vía excepcional de un decreto de necesidad y urgencia el esquema legal referido.

4.-Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal, y cabe agregar que, aunque permanece abierto el trámite establecido en la ley 26.122 -norma respecto de cuya validez no se abre juicio alguno-, ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas y tampoco puede significar la desnaturalización de los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho.

5.-En el reciente fallo en la causa ‘Cencosud’ (Fallos: 349:769), se recordó que la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior.

6.-Las cuestiones planteadas en este amparo no han devenido abstractas pues el acuerdo homologado comprende un período temporal acotado y lejos se encuentra de satisfacer la pretensión promovida, conclusión que evidente de por sí, se ve reafirmada por las normas reglamentarias posteriores que dispusieron en forma expresa que los sujetos comprendidos en la ley 26.682 ‘podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud’ (artículo 17 del decreto 1993/2011, texto según decreto 102/2025 ), lo que resulta directamente opuesto a lo pretendido por la actora.

Fallo:
Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026

Vistos los autos: «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986».

Considerando:

1°) Que María del Carmen Bobbio interpuso una acción de amparo contra Swiss Medical S.A. a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, normas que, respectivamente, derogaron el artículo 5°, inciso g, y sustituyeron el artículo 17 de ley 26.682 que imponían el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de los servicios de salud a cargo de la demandada.

En la presentación inicial afirmó que se encuentra asociada al «Plan SM02», cuya cuota sufrió un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, pues su valor se elevó de $ 136.161,21 a $ 301.218,02.

Agregó que, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%. En consecuencia, solicitó que se dejasen sin efecto los aumentos de cuota aplicados por Swiss Medical S.A. luego del dictado del DNU 70/2023.

2°) Que, previa integración de la litis con el Estado Nacional Ministerio de Salud, el juez de primera instancia rechazó la acción de amparo planteada.Por su parte, ante la apelación de la actora, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y ordenó a la entidad de medicina prepaga demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, dispuso que la autoridad de aplicación reasumiese las funciones que le corresponden en virtud de la ley y determinase el valor de la cuota correspondiente al plan oportunamente contratado, siguiendo los criterios establecidos en la sentencia.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, la cámara remitió a los fundamentos desarrollados en precedentes propios (FLP 3112/2024 «Decara», FLP 8522/2024 «G., J. C.» y FLP 1863/2024 «V., N. y otros»). Sostuvo, en síntesis, que el DNU 70/2023 dejaba librados a los usuarios al fenómeno de cartelización del mercado de la salud (circunstancia que, según entendió la alzada, habría sido reconocida por el propio Poder Ejecutivo al establecer topes de cuotas) y que una decisión de esa naturaleza solo podría ser adoptada por el Congreso de la Nación. Destacó también que el Poder Ejecutivo pudo haber convocado a sesiones extraordinarias para que se diera tratamiento a la cuestión, como de hecho lo hizo con otros asuntos legislativos. Consideró, asimismo, que correspondía al Estado Nacional probar la necesidad y urgencia que justificara la medida de carácter legislativo adoptada mediante el decreto impugnado, carga que el a quo estimó incumplida.

3°) Que tanto Swiss Medical como el Estado Nacional interpusieron sendos recursos extraordinarios que fueron concedidos.

4°) Que, con remisión a lo dictaminado en la causa CCF 4145/2024/CS1 «Cainelli, Elsa Angélica c/ OMINT S.A.de Servicios s/ amparo/sumarísimo valor cuota EMP-DNU 70/23», la señora Procuradora Fiscal opinó que, a pesar del acuerdo homologado en la causa CCF 9610/2024 «Superintendencia de Servicios de Salud c/ OSDE y otros» , tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 3, por el cual se pactó la devolución de los montos cobrados a los afiliados por encima del «Índice de Precios al Consumidor» (IPC) durante el período comprendido entre enero y mayo de 2024, la causa no había devenido abstracta. En cuanto al fondo, consideró que correspondía confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y dispuso que la autoridad estatal debía reasumir las funciones de fiscalización y autorización de los aumentos de las cuotas. Propuso, sin embargo, que el pronunciamiento fuese dejado sin efecto en lo referido al remedio ordenado.

5°) Que, como correctamente señala la señora Procuradora Fiscal, las cuestiones planteadas en este amparo no han devenido abstractas. El acuerdo homologado comprende un período temporal acotado y lejos se encuentra de satisfacer la pretensión promovida.Esta conclusión, evidente de por sí, se ve reafirmada por las normas reglamentarias posteriores que dispusieron en forma expresa que los sujetos comprendidos en la ley 26.682 «podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud» (artículo 17 del decreto 1993/2011, texto según decreto 102/2025), lo que resulta directamente opuesto a lo pretendido por la actora.

6°) Que los recursos extraordinarios planteados son admisibles pues se ha puesto en cuestión el alcance y validez de normas federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que las recurrentes fundan en ellas (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).

7°) Que en lo que concierne a la presente causa, al dictar el DNU 70/2023 el Poder Ejecutivo Nacional, invocando razones de necesidad y urgencia, derogó el inciso g del artículo 5° de la ley 26.682 y sustituyó el artículo 17 de la misma ley. La primera de dichas normas facultaba a la autoridad de aplicación de la ley -el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (artículos 4° de la ley 26.682 y 4° de su decreto reglamentario 1993/2011)- a «revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones» que propusieran «los sujetos comprendidos en su artículo 1°», es decir, las empresas de medicina prepaga.

La segunda norma fue sustituida.En su redacción anterior, atribuía a la autoridad de aplicación el deber de fiscalizar y garantizar «la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales» y de autorizar su aumento cuando estuviese «fundado en variaciones en la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos». Los artículos 267 y 269 del decreto impugnado suprimieron tales potestades de control y mantuvieron únicamente la posibilidad de las entidades de medicina prepaga de «establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria».

8°) Que corresponde, entonces, analizar si los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 satisfacen los requisitos constitucionales de validez de ese tipo de normas, de acuerdo con las pautas fijadas en la consolidada jurisprudencia de esta Corte en la materia.

Así, en el reciente fallo en la causa «Cencosud» (Fallos: 349:769), se recordó -con cita de Fallos: 322:1726; 325:2394; 326:3180; 333:633; 334:799 y 338:1048- que la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior.

Asimismo, se enfatizó que, tanto antes como después de la reforma constitucional de 1994, el ejercicio válido de tales facultades exige que exista un estado de necesidad y urgencia, lo que supone la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:a) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario establecido en la Constitución, es decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidan su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o b) que la situación que requiere solución sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley (en igual sentido, Fallos: 326:3180; 346:634, entre otros).

9°) Que con fundamento en los principios enunciados corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, por cuanto se aparta de la constante doctrina de la Corte en la materia. En efecto, de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682 antes reseñadas.

El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una «crisis del sistema de salud» que exige «aumentar la competitividad del sistema» para lo cual «se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga». Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley (Fallos:326:3180; 346:634; 349:769, entre otros).

Asimismo, y tal como lo expresa el Poder Ejecutivo en los considerandos de la propia norma cuestionada, no basta con «invocar una emergencia genérica», sino que resulta necesario justificar «la emergencia existente y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto».

Desde esa perspectiva, los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada «crisis económica y social del país».

A todo evento, debe destacarse que las normas derogadas o modificadas creaban potestades de control en cabeza de órganos del propio Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio supone un margen de discrecionalidad dentro de las pautas legislativas fijadas y, en consecuencia, la posibilidad de otorgarle una impron ta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión. Esta circunstancia hace exigible un esfuerzo de justificación aún mayor tendiente a demostrar por qué era imprescindible, y no meramente conveniente, modificar por la vía excepcional de un decreto de necesidad y urgencia el esquema legal referido.

Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son, pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto (Fallos:333:633; 338:1048; 346:634; 349:769, entre otros)

10) Que por las razones expuestas corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal.

11) Que, finalmente, cabe agregar que, aunque permanece abierto el trámite establecido en la ley 26.122 -norma respecto de cuya validez no se abre juicio alguno-, ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas. Tampoco puede significar la desnaturalización de los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho (Fallos: 349:769).

12) Que en atención al modo en que se resuelve la cuestión de constitucionalidad planteada, que implica que la autoridad de aplicación asuma las funciones previstas en la ley 26.682, corresponde revocar la sentencia apelada en todo lo demás que decide.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declaran admisibles los recursos extraordinarios deducidos y se confirma parcialmente la sentencia apelada, con los alcances que surgen de los considerandos precedentes. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese.

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

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