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Tipo: Resolución
Nro: 548
Emisor: Ministerio de Justicia
Localización: NACIONAL
Fecha: 11 de noviembre de 2026
Colección: Legislación
Cita: MJ-LEG-149177-AR|LEG149177|
VISTO el Expediente N° EX-2026-100863141- -APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y 26.994 , y sus respectivas modificatorias, el Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN , aprobado por la Ley N° 26.994, entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, de acuerdo a la Ley N° 27.077 que sustituyó el artículo 7° de aquélla, y constituye el cuerpo normativo que, en la esfera del derecho privado, resulta de aplicación en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, luego de más de una década desde su entrada en vigencia, se advierten materias que no recibieron tratamiento expreso en el texto sancionado y que hoy exigen una respuesta legislativa, en razón de la evolución de la práctica social, de la jurisprudencia y del derecho comparado.
Que, en ese sentido, en materia de estatus jurídico de los animales, cabe tener presente que en doctrina se los considera como cosas muebles semovientes -es decir, que pueden desplazarse por sí mismas-, actualmente en el marco de lo establecido en el artículo 227 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, calificación que se aparta de la evolución reciente del derecho comparado -entre otros, del REINO DE ESPAÑA, de la REPÚBLICA FRANCESA, de la REPÚBLICA PORTUGUESA y de la Provincia de QUEBEC, de CANADÁ-.
Que, en el ámbito nacional, la jurisprudencia ha reconocido a determinados animales como sujetos de derecho, como en el fallo del 21 de octubre de 2015 del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el caso de la orangutana «Sandra» y, en el fallo del 3 de noviembre de 2016 del TERCER JUZGADO DE GARANTÍAS DE MENDOZA, PROVINCIA DE MENDOZA, en el caso de la chimpancé «Cecilia», entre otros, sin que exista hasta la fecha una regulación legal que consolide ese criterio ni le otorgue seguridad jurídica más allá de cada caso concreto.
Que la experiencia comparada demuestra la fragilidad de los avances exclusivamente jurisprudenciales ante la ausencia de una reforma legislativa, como se advierte en un fallo de la CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, sentencia SU-016/2020, relativa al oso de anteojos «Chucho», mediante la cual se revirtió una línea de precedentes que habían reconocido a determinados animales como sujetos de derecho y se calificó a aquél, en cambio, como objeto de especial protección.
Que la incorporación de los animales al núcleo familiar constituye hoy una realidad social ampliamente extendida, en tanto en un número creciente de hogares conviven personas humanas con animales de compañía con los que se mantiene un vínculo afectivo asimilable al familiar, fenómeno que la legislación vigente no contempla, frente a lo cual se impone proyectar una respuesta normativa acorde a esa realidad social.
Que, asimismo, se advierte la necesidad de incorporar una regulación expresa a propósito del fenómeno conocido como familia multiespecie, particularmente en lo referido al cuidado de los animales de compañía en los supuestos de ruptura de la convivencia matrimonial o de la unión convivencial, cuestión que carece de tratamiento normativo y que genera litigiosidad en los tribunales de familia.
Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 11 del artículo 22 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA intervenir en la reforma y actualización de la legislación general y entender en la adecuación de los códigos.
Que, por las razones expuestas, resulta conveniente disponer la creación, en el ámbito de este Ministerio, de una «COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES».
Que la referida Comisión estará integrada por personas con reconocida trayectoria académica, judicial, profesional e institucional, así como por representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección y el bienestar animal, cuyas experiencias y conocimientos permitirán abordar la materia objeto de tratamiento desde distintas perspectivas, asegurando una composición plural e interdisciplinaria.
Que, para el cumplimiento de su cometido, la Comisión podrá solicitar el apoyo técnico y administrativo de las áreas del Ministerio que resulten pertinentes.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo previsto por los artículos 4°, inciso b), apartado 9 y 22, inciso 11, de la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y el artículo 1°, inciso ñ), del Decreto N° 101/1985 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, la «COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES» que tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN en la materia indicada.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase como Coordinador de la Comisión creada por el artículo 1° de la presente al señor Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Martín CARDONE (D.N.I. N° 29.399.279), quien desarrollará su tarea con carácter «ad honorem».
ARTÍCULO 3°.- La Comisión creada por el artículo 1° estará integrada por:
a) en representación del MINISTERIO DE JUSTICIA: el doctor Martín CARDONE (D.N.I. N° 29.399.279), Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las doctoras Pamela Viviana KAZMIRCZUK (D.N.I. N° 28.478.804) y María del Carmen YACONIS (D.N.I. Nº 26.736.818), asesoras de la mencionada Dirección Nacional;
b) la doctora Edith María de las Victorias GONZÁLEZ SILVANO (D.N.I. N° 16.821.913), abogada y docente a cargo de la materia Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y Directora del Seminario de Investigación en Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales «Ambrosio L. Gioja» de la mencionada Universidad;
c) el doctor Sergio Rubén MORAGUES (D.N.I. N° 16.680.749), abogado y Director de la Organización No Gubernamental «EL CAMPITO REFUGIO», y la doctora Lorena LAPREBENDE (D.N.I. N° 26.625.524), abogada y Directora del Instituto de Derecho Animal de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE SAN MARTÍN;
d) Norma MACCHI (D.N.I. N° 17.635.656), Presidenta de la Organización No Gubernamental «CALLEJERO CASA QUIERE», y María Florencia ANTONELLI (D.N.I. N° 35.267.140), integrante de dicha Organización;
e) Clara María CORREA (D.N.I. N° 18.138.793), Presidenta de la Organización No Gubernamental «PÁJAROS CAÍDOS», y el doctor Martín Esteban SCOTTO (D.N.I. N° 22.447.554), abogado e integrante de dicha Organización;
f) la doctora María José DOMÍNGUEZ EDREIRA (D.N.I. N° 22.225.939), abogada y docente universitaria en la especialidad Derecho Animal;
g) las doctoras Marcela Fabiana RUIZ (D.N.I. N° 22.336.424), Presidenta de la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN Y EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES I del CENTRO JUDICIAL CAPITAL de la PROVINCIA DE TUCUMÁN y Presidenta de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL (FAM), Andrea Beatriz TORMENA (D.N.I. N° 22.505.331), Jueza de la CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, DE MINERÍA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de la SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO y Directora de Políticas de Género, Igualdad y Diversidad de la FAM, y Maite HERRÁN (D.N.I. N° 27.537.148), Jueza del JUZGADO DE FAMILIA N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y Directora de Derecho de las Familias de la FAM;
h) el doctor Claudio Nicolás SAÚL (D.N.I. Nº 14.649.568), presidente del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA e integrante de la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (JUFEJUS); e
i) la doctora María Victoria ORDÓÑEZ (D.N.I. N° 29.952.423), Secretaria General de Derechos Humanos y Atención a la Comunidad del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 4°.- El Coordinador designado en el artículo 2° tendrá a su cargo:
a) coordinar el desarrollo de las actividades de la Comisión;
b) elaborar y distribuir los documentos preparatorios para las reuniones;
c) organizar los aportes formulados por los integrantes de la Comisión y por los especialistas invitados; y
d) confeccionar las actas de trabajo.
ARTÍCULO 5°.- La Comisión desarrollará sus tareas mediante reuniones temáticas, de carácter técnico y deliberativo, destinadas al análisis de los institutos del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN involucrados en la materia objeto de su competencia, la evaluación de los antecedentes nacionales y del derecho comparado y la formulación de propuestas concretas de modificación normativa para su incorporación al anteproyecto.
ARTÍCULO 6°.- En la primera reunión formal de la Comisión se aprobará un cronograma de actividades que establecerá:
a) las reuniones a celebrarse y sus respectivas fechas;
b) la temática específica a abordar en cada una de ellas; y
c) la fecha de conclusión de las tareas de la Comisión.
ARTÍCULO 7°.- Las reuniones de la Comisión serán convocadas por el Coordinador y se acompañará el orden del día y la documentación pertinente.
ARTÍCULO 8°.- El Coordinador podrá convocar, con carácter consultivo, a miembros del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, de los Poderes Judiciales provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representantes de organismos públicos, integrantes de colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil o vinculadas al sistema de organización de justicia, instituciones académicas y expertos nacionales o internacionales vinculados con la temática objeto de análisis de la Comisión.
Los especialistas invitados podrán presentar propuestas por escrito, las cuales serán incorporadas al expediente de trabajo de la Comisión.
ARTÍCULO 9°.- El anteproyecto deberá orientarse conforme a los siguientes lineamientos:
a) analizar el régimen jurídico de los animales previsto en el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y proponer, en su caso, las modificaciones normativas que se consideren pertinentes, incluyendo las cuestiones vinculadas con los animales de compañía en el ámbito de las relaciones familiares;
b) asegurar la coherencia sistemática y técnico-legislativa del anteproyecto con el resto del articulado del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; y
c) garantizar la claridad expositiva y la adecuada fundamentación de las reformas propuestas.
ARTÍCULO 10.- La Comisión elaborará su propio anteproyecto de ley de reforma del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN en la materia de su competencia, acompañado de sus correspondientes fundamentos.
El anteproyecto de ley y sus fundamentos deberán ser presentados a la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA dentro del plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde la fecha de la primera reunión formal que se celebre en el marco de la Comisión.
El plazo previsto podrá ser prorrogado por la SECRETARÍA DE JUSTICIA, previo pedido fundado por el Coordinador de la Comisión, por un período de igual duración.
ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA y podrá requerir la colaboración de otras áreas del MINISTERIO DE JUSTICIA cuando ello resulte necesario.
ARTÍCULO 12.- Los integrantes de la Comisión desarrollarán sus tareas con carácter «ad honorem», sin generar derecho a percepción de remuneración adicional alguna.
ARTÍCULO 13.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Bautista Mahiques
