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Basta con una acusación en un tuit para que, de repente, una persona influenciable pase a ser objeto de linchamiento digital. La tecnología avanza mientras que el recorrido judicial se cocina a fuego lento. Esto hace que las multas o las sentencias no lleguen a poner punto final, ya que la trayectoria reputacional ha quedado manchada y muchas veces, hecha añicos.
La cultura de la cancelación (en inglés cancel culture) es un fenómeno social, especialmente visible en redes, que consiste en señalar, boicotear o marginar públicamente a una persona, empresa o institución debido a una conducta, declaración u opinión considerada ofensiva, inapropiada o contraria a ciertos valores colectivos.
Son muchos los casos en España. Uno de ellos es el de María Mavropoulou Stolariarenko, conocida como Mavi de Mars, quien acusó en junio de 2022 al DJ y productor musical israelí Guy Gerber de haberla violado en 2013 en una fiesta en la isla griega de Mikonos
Según De Mars, Gerber puso una droga en su bebida que le hizo perder el sentido.
La acusación se realizó exclusivamente a través de redes sociales (Facebook e Instagram), sin presentar denuncia ante la policía griega ni ante Scotland Yard en Londres, donde residía en ese momento.
Sus publicaciones, que incluían una foto del DJ con la frase «Guy Gerber raped me» (Guy Gerber me violó) y hashtags del movimiento #MeToo, provocaron una concentración ante el Club Chinois de Ibiza que llevó a la suspensión de su actuación y afectó de forma directa a la carrera del artista.
Gerber negó categóricamente los hechos y respondió querellándose contra De Mars por un delito de calumnias, con asesoramiento legal de Jaime Campaner, socio director de Campaner Law, especialista en este tipo de casos. La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Ibiza decretó la apertura de juicio oral y le impuso una fianza de 997.929,10 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
El juicio se celebró recientemente y la sentencia está al caer.
Campaner también logró la absolución de Calum Best, de 42 años, hijo del mítico delantero del Manchester United, George Best –ya fallecido–, una de las figuras más carismáticas de Reino Unido, que fue acusado de abuso sexual a una compoatriota en el club O Beach, una discoteca de la localidad ibizenca de Sant Antoni de Portmany.
Como Gerber fue objeto de una campaña en redes sociales contra su persona, que puso superar con el desenlace feliz.
El caso de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tuvo un resultado negativo. Fue «cancelado» por su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial en Sídney. Dos años más tarde, la justicia le condenó.
Juicios mediáticos en redes
Pero no solo pasa en nuestras fronteras, en EE.UU. el actor Kevin Spacey fue «cancelado» debido a múltiples acusaciones de agresión sexual.
Tres investigadoras del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra (Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya) escribieron el capítulo «Las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía» en un libro publicado por la editorial Routledge en 2023 en el que se vertían graves acusaciones de acoso sexual contra algunas personas que trabajaban en el CES, siendo una de ellas el sociólogo Boaventura de Sousa Santos.
Esto provocó que los medios de comunicación del país portugués abrieran telediarios y titulares con esta acusación, sin una investigación previa que confirmara dicho relato.
Basta con una acusación en un tuit para que, de repente, una persona influenciable pase a ser objeto de linchamiento digital. La tecnología avanza mientras que el recorrido judicial se cocina a fuego lento. Esto hace que las multas o las sentencias no lleguen a poner punto final, ya que la trayectoria reputacional ha quedado manchada y muchas veces, hecha añicos.
La cultura de la cancelación (en inglés cancel culture) es un fenómeno social, especialmente visible en redes, que consiste en señalar, boicotear o marginar públicamente a una persona, empresa o institución debido a una conducta, declaración u opinión considerada ofensiva, inapropiada o contraria a ciertos valores colectivos.
Son muchos los casos en nuestro país. Uno de ellos es el de María Mavropoulou Stolariarenko, conocida como Mavi de Mars, quien acusó en junio de 2022 al DJ y productor musical israelí Guy Gerber de haberla violado en 2013 en una fiesta en la isla griega de Mikonos
Según De Mars, Gerber puso una droga en su bebida que le hizo perder el sentido.
La acusación se realizó exclusivamente a través de redes sociales (Facebook e Instagram), sin presentar denuncia ante la policía griega ni ante Scotland Yard en Londres, donde residía en ese momento.
Sus publicaciones, que incluían una foto del DJ con la frase «Guy Gerber raped me» (Guy Gerber me violó) y hashtags del movimiento #MeToo, provocaron una concentración ante el Club Chinois de Ibiza que llevó a la suspensión de su actuación y afectó de forma directa a la carrera del artista.
Gerber negó categóricamente los hechos y respondió querellándose contra De Mars por un delito de calumnias, con asesoramiento legal de Jaime Campaner, socio director de Campaner Law, especialista en este tipo de casos. La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Ibiza decretó la apertura de juicio oral y le impuso una fianza de 997.929,10 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
El juicio se celebró recientemente y la sentencia está al caer.
Campaner también logró la absolución de Calum Best, de 42 años, hijo del mítico delantero del Manchester United, George Best –ya fallecido–, una de las figuras más carismáticas de Reino Unido, que fue acusado de abuso sexual a una compoatriota en el club O Beach, una discoteca de la localidad ibizenca de Sant Antoni de Portmany.
Como Gerber fue objeto de una campaña en redes sociales contra su persona, que puso superar con el desenlace feliz.
El caso de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tuvo un resultado negativo. Fue «cancelado» por su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial en Sídney. Dos años más tarde, la justicia le condenó.
Juicios mediáticos en redes
Pero no solo pasa en nuestras fronteras, en EE.UU. el actor Kevin Spacey fue «cancelado» debido a múltiples acusaciones de agresión sexual.
Tres investigadoras del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra (Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya) escribieron el capítulo «Las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía» en un libro publicado por la editorial Routledge en 2023 en el que se vertían graves acusaciones de acoso sexual contra algunas personas que trabajaban en el CES, siendo una de ellas el sociólogo Boaventura de Sousa Santos.
Esto provocó que los medios de comunicación del país portugués abrieran telediarios y titulares con esta acusación, sin una investigación previa que confirmara dicho relato.
«Hay que tener en cuenta exactamente qué tipo de imputaciones de hechos o juicios de valor difamación, es el contenido exactamente de las manifestaciones que se realizan a través de esas redes sociales para saber si tienen entidad suficiente como para que sean perseguidas como un delito en caso de injurias», explica Ana M. Valero, abogada especialista en Derecho al honor e intimidad en Despacho Jurídico Valero Cuadra, sobre cómo deben proteger el derecho al honor estos personajes públicos.
La cultura de la cancelación, cadena perpetua para la imagen de la persona difamada para siempre
«Estos hechos pueden llegar a unos extremos incluso que pierda su trabajo o contratos de publicidad. Y cuando son estas campañas de desprestigio que afectan a personas que tienen relevancia pública», comenta la abogada sobre las consecuencias inmediatas del fenómeno de cancelación, sin que el recorrido judicial haya comenzado.
Para el sociólogo este hecho se ha traducido en la retirada de sus libros, capítulos y prólogos, e incluso se han cancelado invitaciones a Comités a nivel internacional.
«El problema es que ahora cada vez que se habla de acoso sexual en Portugal, sale su cara y estos hechos, aunque se hable de otras personas», explica en conversación con Confilegal el abogado de De Sousa, Afonso Pedrosa.
Para Spacey significó cortar la relación con Netflix, lo que llevó a que su personaje, Frank Underwood, fuera eliminado de la sexta temporada de la serie «House of Cards».
Johnny Depp también vio como las productoras de cine le cerraban las puertas cuando se le acusó judicialmente de maltratar a su esposa, la actriz Amber Head.
El actor de House of Cards fue absuelto en los tribunales y en el caso de Depp se demostró que las conductas de maltrato eran recíprocas, cuando solo se le había cancelado a él. Igualmente, fue absuelto.
«Aunque tengas una victoria en los tribunales, la imagen queda manchada», lamenta el abogado de De Sousa.
Una delgada línea que separa el derecho al honor ante la libertad de expresión
En términos jurídicos, se plantea otro debate: ¿Cuál es la fina línea que separa el derecho al honor del derecho de expresión? «Hay que tener en cuenta que siempre que hay una intromisión legítima en estos derechos personalísimos, hay que ponderar otros derechos que entran en juego, como la libertad de expresión», añade la abogada Valero.
«Es una fina línea la que separa esa libertad de poder manifestar lo que tú piensas, dar tu opinión sobre una persona, y aquello que puede atentar contra el honor de esta persona. Esta ponderación de derechos [del derecho al honor, a la dignidad, que al final afecta incluso a la intimidad, a la propia imagen] y el derecho a la libertad de expresión de la persona que manifiesta tales cosas. Y no es tan sencillo de juzgado», subraya.
El camino legal de un hecho social
¿Qué se puede hacer para proteger el bien jurídico de derecho al honor en este tipo de casos?
«Tenemos una ley orgánica que regula la protección del derecho a la intimidad y propia imagen en la jurisdicción civil. En el artículo siete se contemplan las intromisiones ilegítimas van en este tipo de derechos a la intimidad de imagen, que son derechos personalísimos. Lo que castiga es la imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de algunas expresiones que lesionan la dignidad de la persona, no menoscabando jamás o atentando contra la propia estimación», explica Valero sobre el recorrido judicial si la persona se anima a denunciar.
«Para este tipo de publicaciones que sí que afectan al honor, sí que es más recomendable acudir a la vía civil cuando no tienen suficiente como para alcanzar esa antijuridicidad penal que sea suficiente como para castigarlo como delito».
Sin embargo, es un camino que tiene unos niveles ínfimos de éxito: «Cuando hay un «cancelamiento» en redes sociales es muy difícil conseguir una sentencia judicial que respalde el derecho al honor», señala Pedrosa.
La finalidad de esta vía judicial es clara: «que se restablezca la persona que se ha visto ofendida en el disfrute de sus derechos y con ello, evidentemente, su derecho al honor», cuenta Valero.
«Estos procedimientos son de difícil cuantificación porque cualquier lesión que se produzca a estos derechos personalísimo es prácticamente irreparable. Al final la lesión que se ha producido, esa afectación a su propia estima y como te ven terceros», concluye.
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