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Todos recuerdan la emblemática foto tomada en el acto de asunción del segundo mandato de Donald Trump. La presencia de los principales titulares de las más importantes empresas de comunicaciones, Meta, Google, X y Amazon, sentados en primera fila, escuchando el discurso del presidente, mostraba la profunda relación entre las grandes empresas tecnológicas y el Estado.
En realidad, no sólo se trataba de imágenes. Una importante cantidad de funcionarios de este tipo de compañías se han sumado al nuevo gobierno republicano. Desde luego, el más importante es Elon Musk, designado a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero, además, Michael Kratsios, elegido para dirigir la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, fue director general de Scale AI, una empresa de infraestructura de Inteligencia Artificial. Para conducir la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) Donald Trump eligió a Jared Isaacman, fundador de Shift4 Payments, empresa que gestiona los pagos de un tercio de los restaurantes y hoteles de Estados Unidos. El empresario de origen egipcio, Emil Michael, exdirector comercial de Uber, fue anunciado como subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería. El español Darío Gil, vicepresidente y director de IBM Research, fue nominado para ser subsecretario de Ciencia e Innovación en el Departamento de Energía. A ello hay que sumar el alineamiento de Mark Zuckerberg con las políticas de Trump y su decisión de mudar el área de moderación de contenidos de San Francisco a Texas.
Todo este desembarco de ejecutivos de las empresas de TIC en el Estado permite imaginar la concesión de una serie de privilegios por parte del gobierno republicano. En este contexto, el reciente fallo de la justicia de ese país, que condenó ciertas prácticas de Google como monopólicas, más allá de sus consideraciones técnicas, representa un saludable ejemplo de funcionamiento institucional.
Aspectos técnicos y políticos del fallo
La jueza de Virginia, Leonie Brinkema, en un fallo de más de 100 hojas, afirmó que “Los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta”. Luego, agregó que durante más de una década, la empresa vinculó su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y acciones de integración tecnológica, lo que le posibilitó establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados. En suma, la justicia consideró que Google utilizó ilegalmente su poder dominante para afectar la competencia en el sector.
Cabe señalar que los demandantes habían solicitado, entre otras cosas, la división de Google. Esta petición recuerda al famoso caso de los años 70, en donde la empresa AT&T fue dividida, dando origen a las denominadas Baby Bell. No obstante, en esta oportunidad, la justicia no ha avanzado en ese camino.
Los representantes de Google criticaron el fallo, afirmando que se cuestiona una gestión exitosa. Señalaron que los usuarios de Internet deciden libremente utilizar su motor de búsqueda por la calidad del mismo, aclarando que podrían dejar de hacerlo cuando lo deseen y elegir otro competidor sin ningún inconveniente. Finalmente, destacaron que la posición que logró la empresa es fruto de su permanente innovación tecnológica y las inversiones realizadas, en un mercado fuertemente competitivo.
Una objeción interesante de Google refiere que la jueza adoptó un modelo inadecuado de mercado para condenar el accionar de la empresa. Explicaron que el dinamismo del escenario tecnológico exigía incluir los diferentes anuncios que aparecen en una diversa gama de aplicaciones móviles, servicios de televisión en streaming u otras plataformas a las que los usuarios de internet recurren frecuentemente.
Una objeción similar fue esgrimida en el caso Clarín. La ley 26.522 promulgada por Cristina Kirchner establecía la desconcentración del mercado tradicional de medios de comunicación, que incluía solamente a las estaciones de radio y televisión. Quienes criticaron esa medida afirmaban que el ecosistema comunicacional incluía a nuevos actores, tales como YouTube, Google, Facebook, Netflix y otros servicios de video a demanda que competían en el escenario audiovisual y que la mencionada ley no contemplaba.
Por otro lado, cabe señalar que la decisión adoptada por la justicia norteamericana se basó, principalmente, en dos viejas leyes antitrust. La Sherman Act, sancionada en 1890 y la Clayton Act, de 1914. En el continente europeo el combate a los monopolios de las TIC se implementa de un modo diferente. Por caso, existe una normativa mucho más actualizada y específica, como la Ley de Mercados Digitales, dictada en 2022, mediante la cual se imponen un conjunto de obligaciones a las plataformas más importantes, denominadas “Guardianes de Acceso”, para evitar que abusen de su poder frente a otras empresas competidoras y a los consumidores. Entre ellas se encuentran Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Samsung. Asimismo, existe la Ley de Servicios Digitales, aprobada por el Parlamento Europeo el 19 de octubre de 2022, que también contiene disposiciones orientadas a limitar el accionar de las grandes empresas de Internet.
Más allá de las cuestiones específicas vinculadas al caso, referida a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la competencia en el sector, puede hacerse una lectura política del fallo de la jueza Leonie Brinkema.
Los padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos diseñaron una constitución basada en el denominado checks and balances, o frenos y contrapesos. Se trata de un sistema de control y equilibrio institucional entre los diferentes poderes del Estado. Su objetivo principal es evitar los excesos o abusos de un poder sobre otro. Con ese propósito se dotó al Presidente, al Congreso y al Poder Judicial de diferentes mecanismos para impedir que tengan lugar extralimitaciones de alguna rama del gobierno.
Madison escribió en El Federalista que si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarias las controlarías externas ni las internas del gobierno. Más adelante dejó de lado las metáforas y afirmó que “…en principio, las instituciones tienen que diseñarse con la presunción de que los funcionarios actuarán como demonios. Si el sistema institucional es capaz de resistir a esa banda de demonios, puede considerarse bien construído”.
El reciente fallo condenatorio de Google, en un contexto en donde las principales empresas tecnológicas aparecen fuertemente aliadas al gobierno, sin perjuicio de los aspectos particulares del caso, representa un esquema institucional que preserva una valiosa independencia de poderes.
Madison, Hamilton, Jefferson y los restantes padres fundadores sonreirían satisfechos.
Fuente: https://rporto.medium.com/madison-celebrar%C3%ADa-el-fallo-que-conden%C3%B3-a-google-e817d3004285
