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#Fallos Riesgos del trabajo: Revocación de una sentencia que aplicó la ley 27.348, que no estaba vigente al tiempo de la primera manifestación invalidante de la actora

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Partes: Corbalán Nadia Sabrina c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 10 de abril de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-142505-AR|MJJ142505|MJJ142505

Revocación de una sentencia que aplicó la ley 27.348, que no estaba vigente al tiempo de la primera manifestación invalidante de la actora.

Sumario:
1.-El tribunal de origen aplicó erróneamente la Ley 27348 , porque a la fecha de la primera manifestación invalidante, la misma no estaba vigente.

2.-La aseveración plasmada en el pronunciamiento referida al tratamiento de inconstitucionalidad de las Leyes 27348 y 14997 de Buenos Aires en cuanto determinante para ratificar su competencia en el asunto enjuiciado carece de correlato en las constancias del proceso; en efecto, una vez trabada la litis, el tribunal actuante resolvió que ‘a la fecha del accidente objeto de litis no estaba vigente la Ley 27348’, por lo que, a los efectos de la prosecución del trámite, declaraba la inconstitucionalidad de los arts. 21 , 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557.

Fallo:
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.792, ‘Corbalán, Nadia Sabrina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo – acción especial’, con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de 12-IV-2021 y aclaratoria de 26- IV-2021).

Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-IV-2021).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I.1. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Nadia Sabrina Corbalán y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. ‘a’ de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 26 de febrero de 2017 (v. pronunciamiento de 12-IV2021).

En lo relevante, efectuó el cálculo del resarcimiento conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.

Concluyó que la norma no se encontraba reñida con precepto supralegal alguno y rechazó el planteo de inconstitucionalidad articulado por la demandada a su respecto (v. sent., págs.11/12.).

En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo de lo informado por la accionada en la presentación electrónica del día 3 de junio de 2019 y arribó a la suma de $27.074,71 aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; v. vered., pág. 5 y sent., pág. 11). Luego, a este monto le adicionó, desde la fecha del accidente y hasta la fecha de la liquidación, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12 apdo. 2, ley cit.) elevando el ingreso base del actor a la suma de $72.302,91 (v. sent., págs. 12/13).

Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. ‘a’ de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $2.243.959,36; importe que incrementó con el 20% adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $2.692.751,23.

Sobre este último, el juzgador descontó los $302.346,50 percibidos por la trabajadora en sede administrativa, alcanzando un monto final de $2.390.404,73 (v. sent., págs. 13/14).

Para concluir, dispuso que, a partir de que la sentencia quede firme y hasta el efectivo pago, se aplique sobre el monto de condena un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 -modificada por ley 27.348-.

I.2.Posteriormente, resolvió la aclaratoria formulada por la accionada en relación con la sentencia dictada, en el que, ante el reconocimiento del error material denunciado respecto del cálculo del ingreso base mensual, modificó los importes señalados en el pronunciamiento atacado, concluyendo un valor total de condena de $1.924.370,20 (v. aclaratoria de 26-IV-2021).

II. Contra la sentencia de grado de fecha 12 de abril de 2021, se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme el art. 4 de la ley 25.561-; 44 inc. ‘d’ de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 20-V-2020).

II.1. En primer lugar, critica la aplicación de la ley 27.348 al caso de autos.

Sostiene, en lo esencial, que la controversia de autos refiere a un hecho que acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley mencionada y, en tales condiciones, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, como también, el de seguridad jurídica.

Añade, en ese sentido, que, de conformidad con lo establecido en su art. 20, las disposiciones de la ley 27.348 mencionada no resultan aplicables en el caso, pues rigen respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia.

Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, ‘Staroni’ (sent.de 24-V-2016), destacando que este Superior Tribunal se pronunció en el mismo sentido al analizar la ley 26.773.

Aclara que la señora Corbalán sufrió un accidente de trabajo el día 26 de febrero de 2017, mientras que la ley 27.348 entró en vigencia el día 5 de marzo de 2017 (conf. art. 5, Código Civil y Comercial de la Nación).

Asimismo, alega que lo resuelto contradice lo decidido por el tribunal actuante con fecha 7 de diciembre de 2018, oportunidad en la que, luego de advertir que a la fecha del accidente objeto de la presente litis no estaba vigente la ley 27.348, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557.

II.2. Luego, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto de la ley 27.348) esgrimido al contestar la demanda.

Afirma que lo argumentado por el a quo es insuficiente y que la decisión alcanzada en torno al precepto fue producto de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia de un acto jurisdiccional válido.

Agrega que la prohibición establecida por la ley 23.928 no se limita a los mecanismos de indexación, sino que se extiende a todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const.nac.).

Sostiene que la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual, jamás podría reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación; ello así, en tanto el precio que cobra un banco por prestar dinero (tasa activa) responde a razones ontológicamente distintas a la remuneración.

III. El recurso prospera con el siguiente alcance.

III.1. A fin de inaugurar el tratamiento de los agravios que porta el recurso, cabe recordar que el ámbito de actuación de esta Suprema Corte mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se circunscribe al contenido del fallo y su concreta impugnación (causa L. 108.349, ‘Britos’, sent. de 3- V-2012; e.o.).

En el caso, la demandada censura la aplicación de la ley 27.348, como también, el rechazo del planteo que ‘a todo evento’ introdujera respecto del art. 12, conforme redacción de la ley citada.

III.2. Surge de los antecedentes, que el tribunal de grado tuvo por acreditado que la señora Corbalán padeció un accidente de trabajo el día 26 de febrero de 2017 (v. primera cuestión del vered., págs.2/3).

Asimismo, que, a partir de la denuncia del mencionado siniestro, la actora recibió distintas prestaciones del sistema de riesgos del trabajo (expediente administrativo 5.100-50646/2.018), transitando un recorrido en el que debió ser sometida a una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda (9 de octubre de 2017), hasta recibir el alta con incapacidad el 1 de diciembre de 2017.

Por su parte, el a quo tuvo por cierto el valor del ingreso base mensual al momento del accidente, según la documentación acompañada por la demandada el 3 de junio de 2019.

Con todo lo señalado, emerge sin cavilaciones que la fecha de la primera manifestación invalidante quedó identificada con la de la contingencia objeto del reclamo, extremo que encuentra correlato, además, en las constancias acompañadas por el Fisco provincial el 6 de agosto de 2019 (cuyo traslado fuera oportunamente soslayado, dando lugar a una medida para mejor proveer), de las que surgen la existencia de acuerdo homologado en sede administrativa (con asistencia letrada) y la percepción del resarcimiento ulteriormente descontado del valor de condena.

III.2.a. La ley 27.348 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir del 5 de marzo del 2017 (cfr. art. 5, Código Civil y Comercial de la Nación).

III.2.b. Por su parte, el art. 20 de la ley 27.348 establece que ‘La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer(a) manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley’.

A tenor de las pautas relevadas asiste razón al agraviado cuando afirma que el tribunal de origen aplicó erróneamente la ley 27.348.

Y en orden a tal proceder, cabe advertir que la aseveración plasmada en el pronunciamiento referida al tratamiento de inconstitucionalidad de las leyes 27.348 y 14.997 en cuanto determinante para ratificar su competencia en el asunto enjuiciado (v.sent., pág. 10), carece de correlato en las constancias del proceso. En efecto, una vez trabada la litis, el tribunal actuante resolvió que ‘a la fecha del accidente objeto de litis no estaba vigente la ley 27.348’, por lo que, a los efectos de la prosecución del trámite, declaraba la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (7-XII-2018).

Conforme lo dicho, corresponde admitir el agravio traído y rescindir la sentencia de grado en cuanto estimó el ingreso base mensual y calculó las prestaciones debidas a la trabajadora con apoyo en la citada ley 27.348 (conf. arts. 5 y 7, Código Civil y Comercial de la Nación y 20, ley 27.348).

III.3. Lo resuelto precedentemente torna innecesario evaluar el restante agravio que porta el recurso.

IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo conforme las modificaciones de la ley 27.348 y estimó los ítems de condena según sus prescripciones. En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

Costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 ‘c’; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

GENOUD Luis Esteban – JUEZ

KOGAN Hilda – JUEZA

TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

SORIA Daniel Fernando – JUEZ

DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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