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#Fallos A las piñas: Procedencia de una demanda de daños contra un local bailable y contra una empresa de seguridad, por los golpes propinados por un patovica a un cliente

Partes: M. S. H. c/ F. T. S. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: J

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138728-AR|MJJ138728|MJJ138728

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – LOCAL BAILABLE – PERSONAL DE SEGURIDAD – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD

Procedencia de una demanda de daños contra un local bailable y contra una empresa de seguridad, por los daños padecidos por un usuario por los golpes propinados por un patovica. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que todos los testigos fueron contestes que en el episodio intervino el personal de seguridad de la empresa encargada de prestar dicho servicio, identificando al demandado como el agresor, y que el suceso se produjo dentro del local bailable, dentro del horario que se encontraba desarrollándose la actividad prestada por este último, o al menos encontrándose aquel abierto y desarrollando su actividad.

2.-Cabe tener por acreditada la participación del dependiente en el evento dañoso sin surgir de la prueba colectada, ni de los testimonios, que el acontecimiento hubiera tenido lugar, luego del horario de cierre del local, por lo que habría fenecido la responsabilidad de la empresa codemandada.

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3.-La obligación general de vigilancia para garantizar la seguridad respecto de personas y bienes puede ser asumida por sí o por terceros, siendo en este último supuesto irrelevante para la víctima quien preste el servicio, pues tiene una acción directa y objetiva pues la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponder.

4.-El art. 40 de la ley de defensa del consumidor determina la responsabilidad solidaria de todos los que participaron en la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones de repetición que podrían corresponder.

5.-La responsabilidad de la empresa de seguridad contratada por la demandada responde por el daño sufrido por el usuario, pues indudablemente contribuyó y fue parte mediante la prestación de los servicios contratados de su actividad comercial.

6.-La obligación de seguridad, que en el caso le cabe a todos los demandados, es de resultado y generadora de una responsabilidad objetiva en caso de incumplimiento, sólo admite como causa de exoneración, una de carácter objetivo, absoluta y no imputable al proveedor, ya sea directa o indirectamente.

7.-La accionada debió adoptar medidas de seguridad adecuadas a fin de prevenir eventuales daños y velar por la integridad física de los asistentes/consumidores, es decir que la permanencia de los asistentes en el local pudiera cumplirse sin peligro para ellos, máxime cuando se trata de un lugar al que regularmente asisten numerosas personas, por lo que debía contar con personal de seguridad suficiente, idóneo y capacitado a tal efecto a fin de evitar sucesos como el acaecido en el presente.

8.-En atención a que en el evento dañoso intervino un agente de la codemandada recurrente, cuyo inadecuado cumplimiento de la prestación acordada con el organizador compromete su responsabilidad.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós, reunidos en acuerdo las señoras juezas y el señor juez de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados «M S H C/ F T S YOTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» respecto de la sentencia dictada el 7 de Septiembre de 2021, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo, arrojó como resultado que la votación debía realizarse en el siguiente orden: la Sra. Jueza de Cámara Dra. Gabriela Mariel Scolarici, Sra Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Verón y el Sr Juez de Cámara Dr. Maximiliano L. Caia.

A la cuestión propuesta, la Dra. Gabriela Mariel Scolarici dijo:

I. La sentencia de grado admitió la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por «SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.», con costas a cargo de «Impacto Protections S.R.L.» e hizo lugar a la demanda entablada por Sergio Herminio Mora contra «Costa Salguero Catering S.A.» (hoy s/ quiebra), T S E F e «Impacto Protections S.R.L.» en forma concurrente a pagar al actor la suma de ciento cincuenta y dos mil pesos ($152.000), con costas a cargo de los demandados vencidos (art. 68 CPCC).

II. Contra el decisorio apelan y expresan agravios la parte actora en el escrito presentado con fecha 17-8-2022 y la codemandada IMPACTO PROTECTIONS SRL, en el escrito de fecha 4-8-2022.

Corridos los pertinentes traslados de ley, obran con fechas 18-8-2022 y 1-9-2022 los respondes de las partes a sus contrarias.

En el marco de las Acordadas 31/20 y concs. de la CSJN, se dictó el llamado de autos a sentencia providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

III.Hechos Motiva el inicio de la presente acción, los daños padecidos por el accionante el día 3 de noviembre de 2013, en horas de la madrugada en el local bailable «Privilege» sito en la Av. Rafael Obligado 1221 de la Ciudad de Buenos Aires. Relata que se encontraba junto a sus amigos Luciano Benedetti, Matías Bessone y Gonzalo Gavilán y en momentos que se disponían a tomarse una fotografía, fue señalado con un láser por personal de prevención del lugar dado que al parecer tenía la camisa desabrochada.

Narra que cuando uno de sus amigos se acercó para decirle que abroche los botones, se aproximó un hombre perteneciente a la seguridad del boliche (conocidos como «patovicas») y le manifestó que se retire «.porque si no se pudre», quien intentó empujarlo y como no logró moverlo, le pegó tres golpes de puño en la cara, haciéndolo sangrar.

Manifiesta que otras personas de seguridad intentaron sacarlos del local bailable y que el demandado agresor volvió hacía él, propinándole golpes de puño y un codazo, que le abrieron la ceja derecha y su caída al piso.

Recalca que en el lugar, no le fue brindada ningún tipo de atención médica, solo una vez realizada la denuncia ante la División de Investigación Penal y Administrativa (DIPA) perteneciente a Prefectura Naval Argentina, fue atendido por personal del SAME y luego trasladado al Hospital Fernández, donde le realizaron las curaciones correspondientes y le suturaron la ceja.

En virtud de los daños y perjuicios padecidos imputa responsabilidad al demandado F por ser quien lo agredió físicamente, a su empleadora «Impacto Protections S.R.L.», y a quien ésta prestaba sus servicios «Costa Salguero Catering S.A.», funda su pretensión no solo en el deber de seguridad que debe tener quien explota el local bailable, sino también por los actos realizados por su dependiente dentro del ámbito laboral.

IV.Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la «temporalidad» de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

V.Agravios Los agravios de la parte actora se centran fundamentalmente en torno al rechazo del daño físico y psicológico, los cuales han sido cabal y debidamente acreditados en autos con la totalidad de la prueba producida, pero sostiene que yerra el razonamiento del fallo apelado, al tratarlo junto con el daño moral y no en forma independiente.

Asimismo, cuestiona el quantum resarcitorio fijado por daño moral, solicitando su elevación a tenor de la prueba producida.

A su turno, la codemandada IMPACTO PROTECTIONS SRL funda su queja en orden a la responsabilidad endilgada a su parte como proveedora de la seguridad, durante el desarrollo de la actividad desplegada por Costa Salguero Catering SA.

Subraya la recurrente que el sentenciante de grado no advirtió que su parte no tenía destacado personal denominado «patovicas» conocidos como personal de prevención conforme ley 1913 o personal de control de admisión y permanencia según ley 26370 (aun no reglamentada en CABA), sino que tenía asignado personal de seguridad, para cuidar bienes del local y personal del mismo, conforme surge claramente del contrato de locación de servicios suscripto con la codemandada Costa Salguero Cathering SA, contrato que la propia actora se encargó de aportar y no desconoce.

Añade que soslaya el a quo que su parte, cumplía con una labor muy distinta por la que se le endilga responsabilidad en estos autos, pues no era la labor para la cual se lo ha contratado.Más aun, señala que el hecho supuestamente acaecido, ocurrió pasado el horario de cierre, por lo que el deber de seguridad recae sobre el local y no sobre el personal de la empresa.

A tal fin, resalta que su responsabilidad de haberse acreditado que fue agredido por un dependiente de su mandante, solo se extiende el horario laboral, en consecuencia traspasando dicho horario de prestación de tareas la responsabilidad recae únicamente sobre el supuesto agresor, contra quien se debió dirigir la acción y jamás pudo haberse condenado a su parte por una supuesta responsabilidad refleja.

Remarca que en realidad solo tenía personal de seguridad para cuidar bienes del local y personal de éste, conforme surge del propio contrato que el actor acompañara a autos y no personal de prevención conforme ley 1913 o personal de control de admisión y permanencia según ley 26370 (aun no reglamentada en CABA) Señala que si algún problema hubiera tenido el actor y hubiera sido agredido, evidentemente no ha sido con personal de prevención, que son los que conforman las filas de su personal, todos habilitados, previo curso de vigilancia para saber cómo manejarse ante los avatares de su labor y sin antecedentes penales, pues de lo contrario no puede ser habilitado como vigilador.

También se agravia del monto concedido por el a quo para resarcir el rubro daño moral y si bien reconoce su dificultosa mensura y que la determinación del mismo queda librada a la prudente interpretación del juzgador, entiende que las sumas otorgadas resultan excesivas en base a las constancias de la causa.

En cuanto a la tasa de interés activa admitida en el decisorio de grado señala que la misma incluye el componente inflacionario, por lo cual su aplicación lisa y llana, desde la fecha del hecho produce un marcado desequilibrio económico, multiplicando los montos de la condena y generando un enriquecimiento incausado a favor de la persona que percibirá la indemnización.ì Por ello, solicita que desde el inicio de la mora y hasta la fecha de entrada en de agosto de 2015, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (presì tamos) nominal anual vencida a treinta diaì s del Banco de la Nación Argentina.

VI. Responsabilidad Adelanto que seguiré a los recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (conf. CSJN Fallos: 258:304, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (conf. CSJN, Fallos: 274:113) las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. Se considerarán, entonces, los hechos «jurídicamente relevantes» (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal); o «singularmente trascendentes» (Calamandrei, Piero, La génesis lógica de la sentencia civil).

En principio, cabe señalar que no se encuentra controvertida en esta Alzada la responsabilidad endilgada en el decisorio de grado, a la codemandada Costa Salguero Catering S.A.

Por su parte, la co demandada «Impacto Protections SRL cuestiona la imputación efectuada a su parte como proveedora del servicio de seguridad de su contratante Costa Salguero Catering S.A.

Funda su tesis defensiva alegando que se omitió considerar que la persona imputada no estaba en horario de trabajo, ya que sólo responde por el accionar delictual o cuasidelictual de sus dependientes en su horario del labor. Ello, además de los agravios que fueron antes reseñados.

Aduce entonces que cumplía con una labor distinta por la que se le endilga responsabilidad en autos .

Tal como señala el distinguido colega de grado, si bien la codemandada pretendió circunscribir el servicio de seguridad prestado a los bienes y personal de su asegurada, lo cierto es que de las constancias que surgen de la causa penal instruida con motivo del suceso tramitada por ante el Juzgado en lo Correccional Nº 4, Sec. 67 (Exp.Nº 13716/14) surge que la encartada era la proveedora del servicio de seguridad en el local de la codemandada.

Resulta especialmente relevante la declaración obrante a fs. 212 de dicha causa penal, en la cual el testigo E D A, depuso haber pertenecido a la seguridad del boliche «Privilege» y que prestaba servicios para «Impacto Protection» para la que ya no trabaja hace aproximadamente un año; añadiendo que en dicho boliche trabajaba con -el aquí demandado- T F.

Este testimonio se encuentra corroborado por la nómina de personal de la empresa de seguridad «IP» que prestó servicios en el local bailable el día del hecho esto es el 2-11-2013 (ver fs. 65/66) como por los dichos en la declaración indagatoria de T S F, quien sostuvo que resulta ser empleado de seguridad privada y que presta servicios en la empresa IP «.que recuerda que un día domingo del mes de noviembre de 2013. se encontraba trabajando de seguridad para el boliche Privilege y siendo las cinco de la mañana aproximadamente encontrándose controlando la pista principal .» ( ver fs. 195/196) En virtud de ello, conforme a los elementos referidos, los que apreciados en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, forman convicción respecto a que «Impacto Protection» era en la ocasión, la proveedora de la seguridad, durante el desarrollo de la actividad desplegada por Costa Salguero Catering S.A.

En cuanto a los testimonios vertidos en sede penal, de los dichos de L M Bei M (ver fs. 6) surge que el día 3 de noviembre de 2013 siendo las 5.10 hrs aproximadamente, en circunstancias de encontrarse dentro del local bailable Privilege en el sector de pista.junto a su amigo Sergio Mora quien se encontraba bailando con la camisa desprendida «.personal de seguridad lo señala con una luz tipo laser.recibiendo un golpe de puño en el rostro.» A fs.14 M F OB depuso que siendo las 5:00 hrs aproximadamente se encontraba bailando en el interior del local Privilege juntamente a sus amigos L B G G y S H. M, cuando este último se encontraba con la camisa desprendida y personal de seguridad lo señala con una luz roja para que se prendiera la misma.que se hace presente personal de prevención del lugar e intenta sacar a su amigo tomándolo del brazo .y recibiendo un golpe de puño en su rostro .» A fs. 17 declaró en similares términos G G G, quien también relató el hecho del día 13/1/2013 aproximadamente a las 5.00 hrs. con el personal de seguridad del local bailable Privilege, quien le habría propinado golpe a Sergio Mora, golpes de toda índole un corte en la zona derecha de la cara y que cayera al piso del local» . A fs. 45 depuso G E P, declaró «.que siendo entre las 5.30 y 6.00 hrs se encontraba en la barra del fondo a la derecha al lado del VIP, .que le apuntaron a Sergio con un laser verde porque tenía la camisa desabrochada. que un patovica del boliche le pegó a Sergio en la cara.» y en forma concordante declararon a fs.46 y fs.58 P D S y F N R.

Todos los testificantes narraron los hechos de manera similar por lo que corresponde dar plena eficacia probatoria a los testimonios.

Si bien los aprecio con rigor, pues en su mayoría se trata de amigos del reclamante entiendo que no hay razón para dudar de su veracidad (456 del CPCC) máxime cuando tampoco existen elementos probatorios en la causa que contraríen sus afirmaciones, las que por otro lado coinciden con los hechos narrados por la parte accionante en su pretensión inicial.

Todos fueron contestes que en el episodio intervino el personal de seguridad de la empresa encargada de prestar dicho servicio, identificando al aquí demandado F como el agresor, y que el suceso se produjo dentro del local bailable, dentro del horario que se encontraba desarrollándose la actividad prestada por este último, o al menos encontrándose aquel abierto y desarrollando su actividad.

Cabe remarcar que mas allá de lo sostenido por el sentenciante de grado en orden al instituto de la suspensión del juicio a prueba (vgr. «Probation la prueba colectada en la etapa instructoria es utilizable en el proceso civil, como bien lo señalan, entre otros autores, Kielmanovich (en «Teoría de la prueba y medios probatorios», pág. 154 y sig., ed. Astrea, Buenos Aires, 2004) y Alferillo (en «Efectos de la suspensión del juicio a prueba (probation) en el proceso civil»; publ.en DJ 2001-3-1062), que «el expediente de la causa penal tendrá, si fuere ofrecido como tal, el valor de prueba documental sujeto a las reglas de meritación de la ley adjetiva civil».

Desde esta óptica cabe tener por acreditada la participación del dependiente en el evento dañoso sin surgir de la prueba colectada, ni de los testimonios supra analizados, que el acontecimiento hubiera tenido lugar, luego del horario de cierre del local, por lo que habría fenecido la responsabilidad de la empresa codemanda Impacto Protection, extremo que por otra parte, estaba a su cargo demostrar, y no lo hizo (art 377 del CPCC) No cabe duda que el personal de prevención aludido por los testigos, eran personas de las que la empresa de seguridad se valía para el desarrollo de su negocio.

Aun cuando flexibilizando la aplicación de las reglas de la prueba, dejando de lado la inversión de la carga probatoria derivada del art. 1113 del Código Civil derogado; -en la hipótesis más favorable a la recurrente- el caso debería ser apreciado desde la óptica del principio de la «carga dinámica», según el cual quien juzga debe tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes en el litigio. La regla indica que incumbe tal carga a quien, sea actor o demandado, se encuentre en mejores condiciones de producir la prueba respectiva, atemperando el principio dispositivo en el proceso civil e impidiendo el aprovechamiento de la superioridad probatoria de una de las partes sobre la otra (Peyrano, Jorge W. y Chiapini, Julio O. » Lineamientos de las cargasdinámicas» E D 107- 1005; Arazi, Roland «Carga de la Prueba» en Rev. de derecho Procesal,2005-I «Prueba I», pag. 187; Eguren, María Carolina, «La doctrina de las cargas probatorias dinámicas como exponente del binomio: libertad-igualdad», ídem. pág.201 ).

En torno a las empresas de seguridad se ha sostenido que su finalidad es la de brindar seguridad a las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se encuentren a su cargo.Cabe aclarar que el opus de la contratación no tiene por qué ser un objeto material, sino que puede tratarse de un servicio aplicado a la obtención de un fin o un resultado a favor de otro.

El contrato se asienta sobre la idea de protección e inmunidad, es decir, el compromiso asumido y el resultado a obtenerse es mantener indemnes a personas y bienes. Es por ello que la empresa de seguridad debe brindar un servicio organizado, eficiente y seguro, y existe falla cuando hay incumplimiento de dichas características esenciales.

Debo señalar además que la obligación general de vigilancia para garantizar la seguridad respecto de personas y bienes puede ser asumida por sí o por terceros, siendo en este último supuesto irrelevante para la víctima quien preste el servicio, pues tiene una acción directa y objetiva pues la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponder.

A su vez, ligado con la idea de confiabilidad, queda a cargo de la empresa de vigilancia la planificación y el diseño del sistema de seguridad, lo cual comprende la ordenación y adaptación de los recursos necesarios y adecuados (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) para el cumplimiento de los objetivos que deben alcanzarse, de donde se sigue que la falla en el diseño acarrea un riesgo que puede derivar en un daño reparable.» «En concreto, cuando hay un error en su concepción, diseño o planificación, hay una insuficiencia estructural del servicio, que afecta dicha seguridad y desata responsabilidad de la empresa de vigilancia, sin que ella pueda alegar situaciones generales de imprevisión pues, como profesional, conoce de antemano los riesgos y tiene los recursos necesarios para evitarlos.» «A la luz de las apuntadas pautas, la obligación de las empresas de seguridad frente a los usuarios por incumplimiento de los deberes propios, no puede ser discutida.Ello tiene base no sólo en la obligación contractual asumida de asegurar que el servicio cumpla con la finalidad esperada, que genera una responsabilidad objetiva, sino también por el carácter de proveedor del sistema de seguridad y vigilancia (recursos humanos, materiales y tecnológicos, como se dijo), tanto por el funcionamiento defectuoso del equipamiento utilizado, como por el error de concepción en el diseño del servicio, etc. (arg. arts. 512 y 902 del Código Civil; Weingarten, C., Responsabilidad de las empresas de seguridad, Santa Fe, 2006, paginas 23, 47, y 65/69).

La empresa de seguridad, como profesional y protagonista de la planificación, está impedida de alegar en general el caso fortuito o fuerza mayor, o situaciones de imprevisión; en este sentido, es su obligación evaluar los riesgos, a fin de advertir inconvenientes. Casi podría decirse que para las empresas de seguridad, no puede haber riesgos imprevisibles y, por tanto, como regla, el caso fortuito y la fuerza mayor no liberan su responsabilidad. Es una empresa de riesgo a cuyo respecto, entonces, naturalmente juegan menores eximentes (conf. Weingarten, C., ob. cit., ps. 70/71).

Ahora bien dentro de este marco conceptual, probado el hecho ilícito en el que participó personal de seguridad, surge de manera inexcusable la responsabilidad refleja o indirecta del principal.

En efecto, el art. 1113 , primer párrafo, del código civil establece que «la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia». La obligación de responder por el hecho ajeno se justifica siempre que el subordinado hubiera causado un perjuicio con motivo o en ocasión de la función encomendada en interés del principal. Es justo, en consecuencia, que reuniéndose las exigencias legales, este último cargue con la reparación del perjuicio ocasionado por aquél (conf. C.y Venini, Guillermina, «Responsabilidad contractual por el hechoajeno y extracontractual por el hecho del dependiente» , JA 1990-IV-811 y Kemelmajer de Carlucci, Aída, «Daños causados por los dependientes», 1992, Ed. Hammurabi, p.2.Zavala de González, Matilde, «Responsabilidad por riesgo. El nuevo art. 1113», Ed. Hammurabi, Bs. As., 1987, ps. 118 y 119; Borda,Guillermo, «Obligaciones», t. II, p. 240 ss., n. 1373; Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio – Zannoni, «Código Civil comentado,anotado y concordado» cit., p. 437 y notas 64, 65 y 66; Venini, Juan C.y Venini, Guillermina, «Responsabilidad contractual por el hecho ajeno y extracontractual por el hecho del dependiente» , JA 1990-IV- 811 y Kemelmajer de Carlucci, Aída, «Daños causados por los dependientes», 1992, Ed. Hammurabi, p. 2.( Conf CNCiv Sala M, 10/ 10/2018, «Gallo, Jerónimo María c/Casino Buenos Aires SA y otros s/daños y perjuicios») Ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para que surja la responsabilidad del principal basta que la función desempeñada haya dado ocasión para cometer el acto dañoso y si el daño tiene adecuada relación causal con la función del agente que lo causó (CS,27-9-94, LL, 1996-C-557, con nota de Jorge M. Galdós).

A tenor de la prueba producida la responsabilidad de la codemandada se encuentra debidamente acreditada en el incidente que da origen a este pleito y no cabe duda alguna en la correcta atribución de responsabilidad en relación a la conducta de su dependiente, cuyo accionar se encuentra lejos de la profesionalidad especialidad y diligencia alegada por la quejosa en su memorial. Si ha habido exceso del agente en sus funciones, tal extremo -imposible de delimitar en este ámbito- no puede ser opuesto a la víctima como pretende la empresa codemandada.

Sin perjuicio de ello cabe recordar que el art. 42 de la Constitución Nacional consagra los derechos del consumidor y del usuario en la relación de consumo, amparando su salud y seguridad.

La ley 24.240 protege al consumidor, al requerir la prestación de servicios en condiciones previsibles y normales, carentes de peligro a la salud e integridad física (arts. 4, 5, 40 ley 24240). El art.5 de la ley 24.240 prescribe que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios; y en este sentido, el contenido de la obligación de seguridad debe interpretarse en función de que los servicios se presten de conformidad a las razonables expectativas puestas por los consumidores (conf. Farina, «Defensa del Consumidor y del Usuario», 3ª ed., pág. 454, Ed. Astrea; Picasso, en La Ley del 2.6.08, 4, comentario al fallo de la CSJN «Ledesma c/Metrovías» del 22.4.08; CNCiv. Sala D,11.3.03, L. 45938/2000 «HMDF y otros c/Arcos Dorados SA Mc Donalds s/daños y perjuicios» El art. 40 de la ley de defensa del consumidor (texto según ley 24.999) determina la responsabilidad solidaria de todos los que participaron en la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones de repetición que podrían corresponder.

En este orden, la responsabilidad de la empresa de seguridad contratada por la demandada «Costa Salguero Catering S.A.», responde por el daño sufrido por el usuario, pues indudablemente contribuyó y fue parte mediante la prestación de los servicios contratados de su actividad comercial.

Cabe traer a colación el contenido del contrato de locación de servicio de vigilancia privada adjunto por la actora y obrante a fs. 23/26, que no fuera desconocido por la accionada, y del que surge que la agencia prestaría un servicio de seguridad y vigilancia en el interior del local denominado «Tago Mago/Privilegie» de la contratante.» «.asimismo. prestará servicio de asesoramiento sugiriendo los cambios necesarios a efectos de mejorar la prevención de ilícitos.

Para el cumplimiento del servicio detallado destinará vigiladores uniformados.quienes deberán ajustar su comportamiento a las reglas del arte, teniendo un trato cordial con los clientes de la contratante.(de las clausulas primera y segunda)» La obligación de seguridad, que en el caso le cabe a todos los demandados, es de resultado y generadora de una responsabilidad objetiva en caso de incumplimiento, sólo admite como causa de exoneración, una de carácter objetivo, absoluta y no imputable al proveedor, ya sea directa o indirectamente. Ante este enfoque de la doctrina que la LDC consagra expresamente (art. 40 «in fine») implementando la directiva constitucional del art. 42 que debe considerarse directamente operativa, el proveedor no se liberará si el hecho dañoso se produce en lugares o mediante cosas bajo su control, o si en la causación participara personal bajo su dependencia. Bastará que esta participación causal de personas o cosas fuese concurrente directa o indirectamente, para que la responsabilidad se genere y sólo la»causa ajena» que rompa el nexo causal libera. Esta exigencia impone al proveedor ante la sola demostración de un hecho dañoso en circunstancias comprendidas por la obligación de seguridad, una conducta procesal dinámica (art. 53 LDC 3er. párrafo) que acredite esa «causa ajena» absoluta. Esto implica la aplicación directa de la inversión de la carga probatoria, la entronización del deber de buena fe, y la aplicación de los principios undantes del Derecho del Consumo, entre ellos el in dubio pro consumidor (Conf. CNciv. sala H, 11/6/2018 «Delgado Lazcano Reny y otros C/ Fantástico Producciones S.A. y/ o Fantástico S.A. y otros s/ Daños y perjuicios» ) Un análisis sistemático del ordenamiento de protección de los consumidores y usuarios, permite establecer, como regla general, el carácter objetivo de la responsabilidad del proveedor en todos los casos regidos por ella; así, una interpretación ceñida al texto del art. 10 «bis» de ese cuerpo normativo, extensible a los arts.5 y 40 de la ley 24.240, directamente o por vía analógica, permite concluir que la única eximente que puede invocar válidamente el proveedor es el caso fortuito o fuerza mayor, descartándose la posibilidad de invocar el hecho (o culpa) del tercero o de la víctima, en la medida en que no reúnan, a su vez, los caracteres del caso fortuito (Picasso, Sebastián, «La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema», LA LEY2008-C, 562, nota al fallo de la Corte de la Nación, del 4/22/2008, «Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.»).

Desde esta perspectiva, la accionada debió adoptar medidas de seguridad adecuadas a fin de prevenir eventuales daños y velar por la integridad física de los asistentes/consumidores, es decir que la permanencia de los asistentes en el local pudiera cumplirse sin peligro para ellos, máxime cuando se trata de un lugar al que regularmente asisten numerosas personas, por lo que debía contar con personal de seguridad suficiente, idóneo y capacitado a tal efecto a fin de evitar sucesos como el acaecido en el presente.

En virtud de ello y en atención a que en el evento dañoso intervino un agente de la codemandada recurrente, cuyo inadecuado cumplimiento de la prestación acordada con el organizador compromete su responsabilidad, lleva a concluir en la confirmación de la sentencia apelada respecto a la responsabilidad atribuida en la anterior instancia.

Finalmente -por si hiciera falta aclararlo- en cuanto a la petición del recurrente en torno a que se resuelva en esta instancia, la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta al responder la demanda, a tenor del análisis precedentemente expuesto y habiendo quedado supeditada la cuestión a la prueba producida, su tratamiento ha sido exhaustivamente analizado, tanto en la instancia de grado como precedentemente en esta instancia, por lo que su consideración apartada del fondo de la cuestión deviene abstracta por resultar claramente acreditada su responsabilidad en el hecho dañoso por el que sereclama.

Por las consideraciones efectuadas propongo al Acuerdo desestimar los agravios vertidos y confirmar lo dispuesto en la sentencia apelada al respecto.

VII. Rubros indemnizatorios A) Incapacidad sobreviniente La protección a la integridad de las personas y el derecho a la reparación integral se encuentra respaldada en tratados internacionales que integran el sistema constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre las cuales podemos citar al art. 21 p. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Asimismo, el art. 5 del mismo cuerpo normativo, de jerarquía constitucional, ampara el derecho a la integridad personal al expresar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral (Bidart Campos, «Manual de la Constitución Reformada» t° II, pág. 110, Ed.

Ediar) Este es el contexto internacional, pero el derecho al resarcimiento y a la reparación del daño también se encuentra incluido entre los derechos implícitos (art. 33 CN) especialmente si se tiene en cuenta que otras normas como el art. 17 y el 41 CN refieren casos específicos (C.N.Civ., Sala L, 15/10/2009, «L., S. y otro c. Hospital Británico y otro s/daños y perjuicios», E. D. 09/02/2010, Nº 12.439; Ídem , esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005 «Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyn tia y otros s/ daños y perjuicios»; Ídem 14/3/2022 Expte N° 84127/2017 «Brizuela V. G c/ García José Celestinos/ daños y perjuicios»).

Estos principios fueron receptados en el nuevo ordenamiento sobre la base de la doctrina y jurisprudencia ya elaboradas y teniendo en mira, precisamente, la incorporación de las normas de rango constitucional y convencional.

Así, el art. 1737 da una definición genérica y abarcativa del concepto de daño:hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

En particular, el art. 1738 determina que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

Específicamente en relación con el principio de resarcimiento integral, el art. 1740 Cod. Civ. y Com. establece que la reparación del daño debe ser plena, restituyendo la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.

La incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad -total o parcial- de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica -o laborativasobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias.» (Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J.; «Tratado de la responsabilidad civil», La Ley, Bs. As., 2006, vol. «Cuantificación del Daño», p.231 y ss.).

Tal el criterio de nuestra Corte Suprema, que ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, además de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N. Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715 ; Ídem., 08/04/2008, «Arostegui Pablo Martín c. Peluso y Compañía», L. L. 2008- C, 247)

En relación al daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado (Conf. CNCiv. esta sala, 19/4/2021 Expte N° 52884/2014, «Sassi, Noel Humberto c/ Club Atlético River Plate y otros s/ Daños y Perjuicios»; Ídem, 30/8/2021, Expte N° 91711/2017 «Bravo Rubén Ariel c/Viruel Cristian Fabián y otro s/ daños y perjuicios»; Ídem id, 25/10/2021, Expte N° 14701/2016 «Latorre Yapo Erik Ernesto c/ Mosconi Elisabet Josefina s/ daños y perjuicios»; entre otros) La incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad, en tanto que el sufrimiento psíquico normal (no incapacitante), que no ha ocasionado un desmedro de las aptitudes mentales previas, si es detectado e informado por el perito, es uno de los elementos que el juez podrá incluir en el ámbito del daño moral (Conf.CNCiv., esta sala, 19/4/2021, Expte N° 58884/2014, «Sassi, Noel Humberto c/ Club Atlético River Plate y otros s/ Daños y Perjuicios»; Ídem, 3/5/2021 Expte N° 89109/2013, «Cardozo Hilda Nélida c/ Ferrovías S.A.C. s/ Daños y Perjuicios»; ídem id, 3/9/2021, Expte N° 2215/2010 «González Sebastián Eduardo c/ Dodds Hernán Darío s/ daños y Perjuicios»; entre muchos otros) Cabe recordar que Nuestro Máximo Tribunal ha señalado que, aunque los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos constituyen un elemento importante a considerar, no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente, ya que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las demás consecuencias que afectan a la víctima.

(C.S.J.N., Fallos: 310:1826; Ídem., 11/06/2003, «Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ Córdoba, Provincia de», Fallos: 326:1910) Es decir que, para establecer el quantum de la indemnización por incapacidad sobreviniente, debe considerarse la incidencia del hecho dañoso, cualquiera sea su naturaleza, en relación con todos los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo laboral como en lo social, en lo psíquico como en lo físico.

A los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por el perito médico traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria. Sólo constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación (Conf.esta Sala, 1/3/2021, Expte N° 14845/15 «Albornoz Hernán Carlos c/ Transportes Lope de Vega SA s/Daños y Perjuicios»; Ídem, 20/4/2021, Expte N° 15470/2016 «Ale Pezo Aurelia Concepción/ Sosa Pablo y otros s/ daños y Perjuicios»; Ídem id, 13/8/2021, Expte.

N° 70.112/2018, «Quiroga Mendiri, María Lidia c/ Luchetti, Liliana Mónica y otros s/ Daños y Perjuicios»; entre otros).

En el mismo sentido, hemos sostenido que deben ponderarse las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ende, lo que realmente resulta de vital importancia es el modo en que las secuelas afectan a la víctima para desarrollar los diversos actos de la vida cotidiana, considerando tanto la faz laboral como la vida de relación del individuo, ya que la «indemnización en sede civil tiende a la integralidad» (SCJM. 9/8/2010, «Leiva Rubén Darío en J° 81.963/31.663 Leiva Rubén D. C/ Monte-Negro Martínez Miguel Ángel P/ D. y P. S/ INC.»).

Efectuadas tales consideraciones no es ocioso recordar que la reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse (conf. CSJN, Fallos: 314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4°, y 340:1038; entre otros).

En esa línea de razonamiento, la Corte Suprema en el marco de una demanda laboral por daños deducida con sustento en las normas del Código Civil ha enfatizado que «resulta inconcebible que una indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial» (conf. Fallos:340:1038 «Ontiveros»), así como también ha admitido que, más allá de que -como norma- no quepa en supuestos como los examinados recurrir a criterios matemáticos ni aplicar las fórmulas utilizadas por la ley de accidentes de trabajo, estos últimos pueden constituir una pauta genérica de referencia que no debe ser desatendida por quienes tienen a su cargo la tarea de cuantificar los daños (conf. arg. CSJN, Fallos: 327:2722 y 331:570).

La consideración de criterios objetivos para determinar la suma indemnizatoria en cada caso no importa desconocer la facultad propia de los magistrados de adecuar el monto de la reparación a las circunstancias y condiciones personales del damnificado habida cuenta el margen de valoración de que aquellos gozan en la materia (artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sino recurrir a pautas meramente orientadoras que permitan arribar a una solución que concilie de la mejor manera posible los intereses en juego y evite -o cuando menos minimice- valoraciones sumamente dispares respecto de un mismo daño sin motivos razonables y/o de entidad que lo justifiquen. Ello máxime cuando, como en el caso, la ponderación cuestionada por insuficiente atañe al daño material. En función de las consideraciones señaladas, ponderadas a la luz del prisma del derecho a una reparación integral, el cimero Tribunal entiende que resulta ineludible que, al tiempo de determinar el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente y valor vida, los magistrados intervinientes tengan en cuenta como pauta orientadora las sumas indemnizatorias que establece el régimen de reparación de riesgos del trabajo para esos mismos rubros, lo que coadyuvará a arribar a una decisión que -más allá de las particularidades propias de cada régimen indemnizatorio- no desatienda la necesaria armonía que debe regir en el ordenamiento jurídico cuando no se evidencian razones de entidad para un proceder diferente.Ello, pues no resulta razonable que -como se advierte en el caso- a un trabajador en relación de dependencia se le otorgue protección mayor que a cualquier otro habitante cuando lo que se intenta resarcir de manera integral es el mismo concepto. Esta diferenciación, sin otro fundamento más que la condición señalada, conduce a vulnerar el derecho de igualdad ante la ley previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional. (Conf. CSJN. «Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)», del 2/9/2021) (Conf CNCiv esta Sala, 24/9/2021, Expte N° 23.710/2010, «Casanovas, César Ignacio y otro c/ Bravo, Mercedes Carmen y otros s/ Daños y perjuicios» ; Ídem, 19/10/2021, Expte N° 95.490/2017 «Tula, Germán Andrés y otro c/ Gorordo, Jorge Sebastián y otro s/ daños y perjuicios»; Ídem id, 25/10/2021, Expte N° 14701/2016 «Latorre Yapo Erik Ernesto c/ Mosconi Elisabet Josefina s/ daños y perjuicios»; Id id, 28/12/2021 Expte. Nro. 45597/2014 «Montone Miguel Ángel y otro c/ Monte Grande SA Empresa SA/ daños y perjuicios»; Id id, 7/3/2022 Expte Nº 48.338/2017 «Bascuñan, Marcelo Ezequiel c/ Juvemax Viajes S.R.L. y otros s/ Daños y Perjuicios»; Id id 29/3/2022 Expte N° 54875/2018 » Pisani Babara c/ Soto Falcón Gustavo Alejandro y otros s/ daños y Perjuicios»; Id.id, 3/5/2022 «M. L., A. c/ R. P., M. I. y otro s/ Daños y perjuicios» Expte. N°71.194/2017, y su acumulado «V. G., M. D. c/ R. P., M. I. y otro s/ Daños y perjuicios» Expte. N°71.198/2017; entre otros) Finalmente en lo que se refiere al daño estético específicamente la Corte Suprema ha señalado que «no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno y otro o ambos según el caso» (C. S.J. N., 27/05/2003, «Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro «, Fallos 326: 1673; Ídem., 29/06/2004, «Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros», Fallos 327:2722). Ha considerado, asimismo, que si no hay indicios de que el sufrido por el actor provoque o haya provocado perjuicios patrimoniales, cabe considerarlo al establecer el daño moral (Fallos 321:1117).

Entonces, puede repercutir patrimonialmente cuando incida en las posibilidades económicas de la persona lesionada, o bien conformar sólo una afección moral, por los sufrimientos y mortificaciones que la propia fealdad incorporada provoca en la víctima (conf. Llambías, J. J. «Tratado de Derecho Civil- Obligaciones», t.II-B, p. 364, n1 5; Zannoni, E., «El daño en la Responsabilidad Civil», p. 160, nº45) El peritaje médico presentado en fechas 11-02-2021 efectuada por la médica legista designada en autos Araceli Flavia Martino, dictaminó que como resultado de los hechos que motivan la demanda el actor no padece incapacidad física alguna; que en el momento del hecho sufrió heridas cortantes en rostro, una suturada que dejó cicatriz lineal de 2 cm y otra a nivel del labio inferior de 1 cm que no requirió sutura. No presenta déficits funcionales.

Agrega que ha descripto la secuela física consistente en dos cicatrices, las que deben ser merituadas a los fines de determinar si producen un menoscabo en el actor. Según el baremo para el fuero civil a modo indicativo la incapacidad es del 9,75%.

Desde el punto de vista psicológico el informe de fs., 393/440 en sus conclusiones y síntesis diagnóstica indica que no es posible constatar evidencia de una neurosis postraumática relacionada con el siniestro que origina la causa.No hay evidencia de secuelas patológicas permanentes devenidas del hecho por lo que no hay daño psicológico ni tampoco grado de discapacidad alguna En el responde a la impugnación efectuada en fecha 1-12-2020 la experta ratifica que no es posible encontrar daño psicológico alguno en el peritado.

Desde esa perspectiva, cabe resaltar que ha sido que ha sido criterio reiterado de este Tribunal, con diferentes composiciones, que toda ineptitud transitoria o mera lesión física o psíquica sin secuelas permanentes, no puede ser objeto de resarcimiento, en sí misma considerada, sino en sus efectos. Estos pueden recaer en la esfera afectiva de la víctima y, así, incidirán en la cuantía del daño moral, o en la órbita patrimonial, como, por ejemplo, si ella ha debido o deberá efectuar gastos médicos, de tratamiento, de farmacia, o lucro cesante, etc. Por otro lado, todo aquello que no sea estrictamente incapacitante no tiene por qué quedar afuera de la indemnización. Será indemnizado, pero no como daño psíquico, sino como daño moral, indemnización sujeta a las reglas de la sana crítica y la razonable prudencia (Conf. Risso, Ricardo Ernesto, «Daño Psíquico – Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial», E. D. 188-985; CNCiv, 23/8/2019 Expte N° 79957/2014 «Durand Héctor Rubén c/ Pérez José Daniel y otros s/ Daños y Perjuicios»; ídem id, 16/10/2020 Expte N° 15465/2008 «Suarez Sara Alicia c/ Consultores Asociados Ecotrans SA y otro s/ daños y Perjuicios»; Ídem 23/12/2020 Expte N° 83425/2016 «Guchea, Enrique Facundo c /Consultores Asociados Ecotrans S.A.y otros s/daños y perjuicios»; ídem id 22/2/2021 Expte N° 51041/2016 » Tangari, Ricardo Miguel c/ Martino, Alejandro y otro s/ Daños y Perjuicios»; entre muchos otros).

En virtud de ello no encontrándose acreditada a tenor de los dictámenes antes referidos la incapacidad sobreviniente parcial y permanente con características de daño cierto y perdurable, es que propongo al Acuerdo confirmar lo resuelto en la instancia de grado sin perjuicio de ponderar las consecuencias de carácter transitorio y lesión de orden estética en el tratamiento de las consecuencias son patrimoniales.

B) Consecuencias no Patrimoniales Respecto a los agravios vertidos por las partes en torno a la cuantía del «daño moral», actualmente denominado consecuencias no patrimoniales -contempladas en el art. 1741 del Código Civil y Comercial- las que se producen cuando existe una consecuencia lesiva de naturaleza espiritual. Desde una concepción sistémica -en donde la Constitución constituye el vértice o núcleo- el Derecho tutela intereses trascendentes de la persona, además de los estrictamente patrimoniales. (Tobías, José W, «Hacia un replanteo del concepto (o el contenido) del daño moral» L. L. 1993-E, 1227 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 33) Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. Dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales.

Con atinado criterio se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio, el daño moral lesiona lo que el sujeto «es» (Matilde Zavala de González, «Resarcimiento de Daños», Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, págs.

103, 1143 y «El concepto de daño moral», JA del 6-2-85; C. N.Civ., esta Sala, 1/10/2020 Expte N° 15.489/2016 «Acosta, Luis César c/ Alvarenga García, Jorge Antonio y otros s/ daños y perjuicios», Id id; 3/2/2021, Expte. 21515/2014, «Benítez, Emanuel Hernán c/ Consultores Asociados Ecotranns (Línea 136, interno 216) y otro s/daños y perjuicios», entre muchos otros) Por lo demás, es dable señalar, que la procedencia y determinación de este daño no está vinculada a la existencia o entidad de los perjuicios materiales, pues media interdependencia entre tales rubros, que tienen su propia configuración (conf. Llambías, Jorge J., «Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Tº I, p. 13, ed. Abeledo Perrot; CSJN., 06/10/2009, «Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento»; Ídem., 07/11/2006, «Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios», Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, «Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, ORI, «Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios», Fallos 330: 563, entre muchos otros).

Asimismo, el art. 1741 del CCyCN in fine establece que «el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas» delimitando la actividad jurisdiccional y acentuando sus funciones reparatorias.

En otras palabras, el monto del resarcimiento debe permitir procurarse un placer que compense o sustituya el displacer sufrido, criterio que jurisprudencialmente se viene aplicando de manera inveterada por nuestros tribunales.

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que:El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurar satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido.

Señaló nuestro Máximo Tribunal que «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós; CNCiv, Sala A 17/7/2014 «. R. M. B. c/ Banco Supervielle S.A. s/ daño s y perjuicios» del voto del Dr. Sebastián Picasso; cita: MJ-JU-M-88578-AR | MJJ88578 | MJJ88578).

El criterio fijado por la actual legislación de fondo, impone que la cuantía indemnizatoria debe fijarse conforme dicha pauta orientadora.Así las cosas, a la luz de estas pautas y del prisma del derecho a una reparación integral, teniéndose en cuenta el sufrimiento y angustia verosímilmente padecido, afortunadamente sin secuelas físicas ni psíquicas permanentes, edad a la fecha del hecho (21 años) ponderando asimismo el tiempo de recuperación como las secuelas cicatrízales, que informa el dictamen pericial, soltero, que vive con su madre, que se desempeña en Seguridad Electrónica, en relación de dependencia, es que propongo al Acuerdo fijar la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) (Art 165 del CPCC) VII. Tasa de Interés La sentencia de grado determinó que los importes han sido fijados a valores actuales y dado que en la mora se configura en forma automática (arts. 508 y 509 del Código Civil, conf. además L.L. 93- 667) los réditos correrán desde la fecha de acaecimiento del hecho, esto es: desde el 3/11/13. La tasa de interés a computar, se liquidará a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que percibe el Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv. in re «Samudio de Martínez, Ladislaac/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/daños y perjuicios» del 20/4/09).

Ello motivó el agravio de la accionada quien afirma que conforme dichos parametros, la tasa ì indicada implica una suma en concepto de intereses aunì mayor que los montos de la condena en si mismos y un claro enriquecimiento incausado en cabeza del actor, situación que puede ser convalidada.

Cabe recordar que la indemnización resulta un equivalente del daño sufrido y el interés compensa la demora en su reparación al no haber el responsable cumplido inmediatamente con su obligación de resarcir.Se trata entonces de una estimación «actual» que el juez de grado ha tenido en cuenta para sopesar la variación patrimonial de la prestación debida, considerando para ello que estamos ante una indemnización de daños que, lejos de resultar una obligación «dineraria» en la que se adeuda un quantum y resulta insensible a la variación del poder adquisitivo, importa una verdadera obligación «de valor» en la que se debe un quid y, por tanto, sí admite o reconoce las alteraciones sufridas por el poder adquisitivo (Casiello, Juan, Méndez Sierra, Eduardo, «Deudas de dinero y deudas de valor. Situación actual», LL 28/08/03, pág. 1;) Sabido es que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen, ya que el orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume o le impone la ley.- Ahora bien, conforme la jurisprudencia y doctrina mayoritaria imperante en el fuero la tasa que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina siguiendo la doctrina del fallo plenario del fuero in re, «Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA», salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, pueda implicar como un efecto no querido, un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf CNCiv. esta Sala 12/2/2021, Expte N°22748/2015 «Altamirano, María Manuela c/ Mercado Raúl Alejandro y otros s/ daños y Perjuicio»; ídem Expte. N° 24.144/2018, 30/3/2021 «Aubone Schoch Roberto Carlos c/ Almafuerte S.A.T.A.C.I.y otro s/ Daños y Perjuicios»; ídem id, 15/11/2021, Expte N° 63797/2016, «Pérez Luis Alfredo c/ Di Chiara Gerardo y otro s/daños y perjuicios»; Ídem id 24/4/2022 Expte N° 68321/2016 «Montegrifo Rodrigo Nahuel c/ Balbuena Andrés Emiliano y otro s/ daños y perjuicios» entre otros muchos).

En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un «enriquecimiento indebido» único supuesto fáctico que justificaría apartarse del principio general (Conf. C. N. Civ., esta Sala 24/2/2017, Expte N° 51917/2009 » Suárez Adriana Soledad y otro s/ Flecha Manuel Edmundo y otros s/ Daños y Perjuicios»; Ídem 20/4/2021, «Expte. N° 52884/2014 «Sassi, Noel Humberto c/ Club Atlético River Plate y otros s/ Daños y Perjuicios»; Ídem. id, 16/7/2021, Expte. N° 45978/2012 «Salgado Martha Rosa y otros c/ Edenor SA y otro s/daños y perjuicios»; Id; id 15/12/2021 Expte N° 59625/2017 «Díaz Sergio German c/ Malet Eduardo Ariel y otro s/ daños y Perjuicios»; Id id 29/3/2022 Expte N° 54875/2018 » Pisani Bárbara c/ Soto Falcón Gustavo Alejandro y otros s/ daños y Perjuicios», entre muchos otros).

A mi juicio, no obran en la causa constancias que acrediten que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del hecho, se configuraría el mentado «enriquecimiento indebido»; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir, si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general referida ya que la misma debe ser probada por el deudor en forma clara en el ámbito del proceso (cf. art.377 del CPCCN), (CNCiv, esta Sala 13/6/2019, Expte N° 31.025/2.010, «Pachinotti, Mirtha Helena y otro c/ Carpio Guzman, David y otros s/Daños y Perjuicios»; Ídem, 14/6/2019, Expte N° 35196/2017 «Scapula Leonardo Marcelo c/ De Marco Lucio y otros s/ Daños y Perjuicios»; Ídem id, 14/06/2019, Expte N° 46914/2013 «Enrico Mario Marcelo y otros c/ Valko Andrea Emilia y otros»; ídem Id, 13/11/2020, Expte. N° 92309/2012 «Asad María Ester c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios»; Id id, 13/5/2021, Expte N° 31.406/2017 «Corvalan, Rodolfo Valentín c/ Expreso 9 de Julio S.A. s/ daños y perjuicios»; id id, 15/11/2021, Expte N° 63797/2016, «Pérez Luis Alfredo c/ Di Chiara Gerardo y otro s/daños y perjuicios»; id id,7/3/2022. Expte N° 31924/2015 «Ojeda Franco David c/ Junco Eduardo Agustín y otros s/ daños y perjuicios» ; Íd id 24/4/2022 Expte N° 68321/2016 «Montegrifo Rodrigo Nahuel c/ Balbuena Andrés Emiliano y otro s/ daños y perjuicios» entre otros) VIII. Conclusión A tenor de las consideraciones vertidas en el presente voto propongo al acuerdo:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida fijando la suma de doscientos cincuenta mil ($250.000) por las consecuencias no patrimoniales (art 165del CPCC) II. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y que fuera materia de apelación y agravios, con costas de Alzada a las accionadas, en virtud del principio objetivo de la derrota y del de reparación integral y plena (art 68 del CPCC y 1740 del CC) La Dra. Beatriz A. Verón y el Dr. Maximiliano L.Caia adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando el Señor y la Señoras Vocales en los términos de las Acordadas 12/20 y 31/20 de la CSJN, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2022.

Y VISTOS:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida fijando la suma de doscientos cincuenta mil ($250.000) por las consecuencias no patrimoniales (art 165del CPCC).

II. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y que fuera materia de apelación y agravios, con costas de Alzada a las accionadas, en virtud del principio objetivo de la derrota y del de reparación integral y plena (art 68 del CPCC y 1740 del CC) III. Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión se procederá a su adecuación de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal.

A tales efectos, corresponde acudir a las pautas de valoración enumeradas en el artículo 16 (calidad, extensión, complejidad y trascendencia del trabajo profesional, entre otras), atender a las etapas cumplidas (art. 29), y computar el monto del proceso (art. 22), con más sus intereses (art. 24) de la Ley 27.423.

Sobre dicho monto, cabe aplicar la escala prevista en el art.21, párrafo 2°, sin perder de vista el factor de correlación al que alude, esto es, que «en ningún caso los honorarios» podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente». Dichas pautas son las que permitirán un examen razonable a los fines de determinar la retribución de los profesionales intervinientes.

Para ello, se considerará el monto del asunto, el que surge del monto de condena con más sus intereses; el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada; la complejidad; la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera derivarse para el profesional; el resultado obtenido; la trascendencia de la resolución a que se llegare para futuros casos; la trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate y pautas legales de los artículos 1, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 51, 54, 58, y c.c. de la ley 27.423.

En cuanto a los auxiliares de justicia (peritos de oficio), se evaluará la labor efectuada con arreglo a las pautas subjetivas del artículo 16 de la ley 27.423, en cuanto resultan aplicables a la actividad prestada en el expediente, apreciada por su valor, motivo, calidad, complejidad y extensión, así como el mérito técnicocientífico puesto al servicio de las mismas, entre otros elementos; el monto que resulta de la liquidación mencionada precedentemente, lo dispuesto por el artículo 21, y 61 de la citada ley y pautas del art. 478 del Código Procesal.

En consecuencia, y en función de lo dispuesto precedentemente se regulan los honorarios l os honorarios de las letradas apoderadas de la parte actora Dras. Patricia Fernanda Parasporo y María Josefina Lopresto Wulovich, en .UMA equivalente a la suma de pesos .($.); en .UMA equivalente a la suma de pesos .($.), por la incidencia resuelta el 02/11/2018 y. UMA equivalente a la suma de pesos.($.) por la incidencia resuelta el 29/10/2019 a cada una de ellas respectivamente.

Los honorarios del letrado patrocinante de la demandada «Impacto Protections S.R.L.», Dr. José Aníbal Acuña Oliver, en .UMA equivalente a la suma de pesos. ($.) y la de .UMA equivalente a la suma de pesos.($.) por la incidencia resuelta el 02/11/2018. Los honorarios de los letrados apoderados de la citada en garantía «SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.» Dr. Mariano Pablo Sciaroni en .UMA equivalente a la suma de pesos.($.) y los de la Dra Florencia Edith García, en.UMA equivalente a la suma de pesos.($.).

Asimismo por su mérito y extensión, y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales interviniente en todo el proceso, se fijan los emolumentos de la perito psicóloga licenciada Daniela Andrea Cereseto, por su informe de fs. 393/410 del 06/11/2019, y aclaraciones del 27/11/20 en . UMA equivalente a la suma de pesos .($.) y los de la perito médica Dra.

Araceli Flavia Martino, y del perito contador Juan Pablo Simon, en .equivalente a la suma de pesos .($.) a cada uno de ellos.

Finalmente se fijan en .UHOM equivalente a la suma de pesos.($.) los honorarios de la mediadora interviniente Dra. María Cristina Muniain (Conf. art. 2º apart «f del Anexo III, del Dec. 1467/2011, sustituido por Dec. 2536/2015 )

En cuanto a las tareas desarrolladas en la Alzada conforme la aplicación de la nueva normativa arancelaria (art 30 de la ley 274239) se regulan los honorarios del Dr. Patricia Fernanda Parasporo en .UMA equivalente a la suma de.($.) y los del Dr. José Aníbal Acuña Oliver en . UMA equivalente a la suma de pesos .($.) (Ac 25/2022) IV. Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase

MARIANO CARLOS GIGLI

SECRETARIO DE CAMARA

BEATRIZ ALICIA VERON

JUEZ DE CAMARA

GABRIELA MARIEL SCOLARICI

JUEZ DE CAMARA

MAXIMILIANO LUIS CAIA

JUEZ DE CAMARA

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