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#Fallos Mala praxis: Falta de control del embarazo y demora en la realización de la operación cesárea

Partes: S. R. L. c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: B

Fecha: 5 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138349-AR|MJJ138349|MJJ138349

Voces: MALA PRAXIS – RESPONSABILIDAD MÉDICA – DAÑOS Y PERJUICIOS – EMBARAZO

Procedencia de una demanda de mala praxis por la falta de prevención de una mujer embarazada cuyo embarazo no había controlado, y por la demora en la realización de la operación cesárea. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

 

 

 

 


Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de mala praxis, ya que el deber de prevención obligaba una atención personalizada de la madre, frente a sus antecedentes que denotaban falta de control gestacional; debe agregarse, la demora en la realización de la operación cesárea.

2.-Los médicos demandados no actuaron conforme a las reglas del arte de curar, en tanto la pericia médica de conformidad con el análisis de la historia clínica concluyó que la actora se presentaba como una paciente obesa, con factores perinatales que la calificaba de alto riesgo, pudiendo haberse evitado el daño atendiendo a las consideraciones y evaluación de todo lo anteriormente mencionado con la indicación de cesárea electiva programada.

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3.-Si el propio médico reconoce que no se tenían ‘datos confiables’ del período prenatal, debió actuar en consecuencia, extremando los recaudos.

Fallo:
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de agosto de dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces y la Señora Jueza de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «S., R. L. c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Grales. s/ daños y perjuicios» respecto sentencia de grado, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces y Señora Jueza: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOO – DR. ROBERTO PARRILLI – DRA. LORENA FERNANDA MAGGIO –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 645/656, hizo lugar a la pretensión de la madre del nasciturus que naciera sin vida producto de la asfixia intrauterina, y condenó a la jefa de servicio de obstetricia del hospital, al médico que la evaluó y posteriormente realizó la cesárea y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e hizo extensiva la condena a la citada.

II. Contra el referido pronunciamiento, apela solamente el GCBA y el médico.

El primero tilda a la sentencia de errada y arbitraria, en la apreciación de los hechos y la prueba. Cuestiona la imposición de costas a su cargo y califica de elevados los rubros indemnizatorios y pide se aplique la ley de consolidación.

El segundo centra su falta de responsabilidad en la inexistencia de relación de causalidad de los hechos imputados con su conducta profesional; en concreto con su no presencia en la franja horaria en que comenzó el trabajo de parto.

III. Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa.En tal sentido, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, conviene recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620).

Tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estimen apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaré en la cuestión de fondo del caso sub examine.- IV. La apelación del Gobierno enrostra al sentenciador haber estructurado su pronunciamiento, en forma excluyente, en la pericia de la médica legista.

Hasta la plétora (nada más apropiado por su doble significado) se ha escrito en doctrina y jurisprudencia sobre la importancia de esta prueba en la definición de la denominada mala praxis de los médicos. De ello resulta la cantidad de jurisprudencia y doctrina que cita la agraviada.

Cabe traer a colación que la ley 4128, del año 1902, dio al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil de la Capital, entonces vigente, en reemplazo de la anterior que decía: «Siempre que los peritos nombrados tuvieran título y sus conclusiones fueran terminantemente asertivas, tendrán fuerza de prueba legal. En los demás casos podrá el juez separarse del dictamen pericial toda vez que tenga convicción contraria, expresándolos fundamentos de esa convicción» (Nerio Rojas, Medicina Legal, El Ateneo, p. 31,12ma. Reimpresión, 1982).

Conteste con ello la jurisprudencia que el Gobierno cita de esta Sala (vocalía 5, expte.94.978/2004) con pericia en dichos autos del CMF, de relevancia superlativa (Responsabilidad Profesional de los Médicos, Garay, p. 960, La Ley, 2003) Aunque es cierto que la experticia médica no resulta vinculante para el Juez, en este tipo de juicios la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no suele ser una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D, en autos «Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.», expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., «Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps», expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91).

La función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que -fundando debidamente su informe- esta actuación, por su peso y envergadura, desplaza por lo regular y quita valor convictivo a otros elementos que no resulten definitorios. Al respecto, es oportuno aclarar que la mera opinión de los litigantes o de eventuales testigos no puede prevalecer sobre las conclusiones de los expertos, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que las mentadas conclusiones fueron irrazonables.

La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más adecuada, pues ella es el fruto del examen objetivo de las circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos al dictamen (CNCiv., Sala «D», en autos «Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios», expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96; esta sala, «Chomsky c/ Palavecino s/ ds.y ps.», del 15/12/2005).

Con las precedentes aclaraciones, en definitiva, habrá que examinar si los galenos que atendieron a la paciente de autos han extremado todas las previsiones y cautelas para evitar el daño que se reclama de acuerdo a lo que la ciencia médica aconseja y si existe relación de causalidad entre el obrar de los mismos (culpabilidad) y el daño provocado (ver -entre otros- mi voto, expte. n° 45.026/2015, «H., A y otro c/ F., K. M. y otros s/ ds. y ps»).

El propio apelante (GCBA) se cuestiona: ¿por qué se internó la actora? Y responde: «porque al haber empezado a controlar su embarazo en forma tardía, no se tenían datos confiables acerca de su verdadera edad gestacional, a que las fechas probables de parto diferían considerablemente teniendo en consideración la fecha de la última menstruación y las ecografías realizadas». Formula como interrogante ¿si debía hacerse una intervención cesárea? y concluye que los factores de riesgo perinatales apuntados por la médica legista de oficio no eran motivos para una cesárea (la negrita es mía).

De ello concluye que el fallo apelado se funda en un informe pericial construido a partir de datos erróneos.

Ahora el que se pregunta es quien suscribe el voto, a modo de mayéutica socrática jurídica (también aquí apropiada la bivalencia aristotélica de la palabra) frente a un embarazo de riesgo, con un HC como la de autos, y un control de embarazo tardío, más allá de un monitoreo, mucho más exhausto que el practicado (nótese que no pudo realizarse la ecografía ordenada), ¿no correspondía un seguimiento personalizado y una cesárea electiva? Y para responder la pregunta recurro a Rabinovich-Berkman, Ricardo D., «Responsabilidad del obstetra», en «Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, bioética y jurídica», Ed. La Ley, p. 822:»Cierto es que cuando se está en presencia de elementos indiciarios de riesgo, en el dilema obstétrico de la elección de la vía ‘la jurisprudencia indicaría para una mayor tranquilidad del profesional que, en caso de duda, si el feto se encontrase ya en condiciones de sobrevivir fuera del útero, practicase la cesárea. No se registran condenas por haber optado en ese sentido y sí en cambio por haber aguardado’».

El deber de prevención obligaba una atención personalizada de la madre, frente a sus antecedentes (pericia médica f. 547 vta., resp. a la 4ta y a 5ta, arts. 512, 902 y ccdtes. CC) que denotaban falta de control gestacional.

Puede leerse en la pericia médica de conformidad con el análisis de la historia clínica: que la actora se presentaba como una paciente obesa, con factores perinatales que la calificaba de alto riesgo, sosteniendo la médica legista «pudo haberse evitado, atendiendo a las consideraciones y evaluación de todo lo anteriormente mencionado con la indicación de cesárea electiva programada, con fecha anterior a su internación inclusive (día 26/12/02), ya que la fecha límite de parto 14/12/02) por la Dra. Frontera» (-así- f. 548).

En su repuesta al punto de pericia de edad gestacional al 26/12/02 responde: «Por amenorrea 36 semanas. Por altura uterina 40 semanas, por única ecografía realizada a las 24.1 semanas por FUM, correspondía a una gesta de 29,5 semas. traspolada al 26/12:m 41, 6 semanas» (cfr. f. 550).

Agregando a f. 551 vta.: «Tiene un ecografía tardía del 04/10.No tiene ninguna anterior, a pesar de estar controlada desde el 21/08, no se le realizó posteriormente una ecografía bidimensional, ni a las 32, 34 semanas, a pesar de haber una discordancia entre la amenorrea y la edad gestacional estimada por una única ecografía».

Si el propio apelante reconoce que no se tenían «datos confiables» del período prenatal, debió actuar en consecuencia, extremando los recaudos.

Destaca Palomero que «las seis patologías maternas de mayor impacto en la mortalidad materna, perinatal y neonatal son la Hipertensión, la Diabetes, las Hemorragias, las Anomalías de duración del embarazo (Amenaza de Parto Prematuro y Embarazo Cronológicamente Prolongado), Retardo de Crecimiento Intrauterino e Infecciones Perinatales (Rotura Prematura de Membranas e Infección Urinaria). Gran parte de estas patologías maternas, pueden ocasionalmente, disminuir el intercambio feto materno (básicamente disminución del aporte de oxígeno ), produciendo una perturbación metabólica compleja denominada sufrimiento fetal. El análisis de las cinco primeras causas de muerte de los niños menores de un año en nuestro país evidencia que el 50% de las mismas son de origen Perinatal. Cuando se analizan las causas de muertes neonatales por criterios de evitabilidad, se observa que dos tercios de las mismas son evitables o reducibles con medidas obstétricas en el embarazo y parto» (PALOMERO, Silvia E., «Aspectos periciales de la mala praxis obstétrica», Doctrina Judicial 2004-2, 457 y sigtes.).

En su obra «El error médico» Rafael Acevedo señala que de 60 casos analizados de errores en obstetricia, el 26% de ellos se debió a demora en el tiramiento obstétrico (aut. cit., op. cit., p. 155 La Mutual Argentina de Salud y responsabilidad profesional) Dicho sea de paso, sin perjuicio que la Jefa del Servicio fallecida, ni sus herederos apelaron la sentencia a su respecto, a esta le comprende la letra del art. 19, inc.9 de la ley de ejercicio de la medicina en cuanto a que los médicos están obligados a fiscalizar y controlar el cumplimiento delas indicaciones que impartan a su personal auxiliar, y asimismo, que éstos actúen estrictamente dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente responsables si por insuficiente o deficiente control de los actos ejercitados por ellos, resultare un daño a terceras personas. Se ve aquí claramente una responsabilidad por el obrar médico propiamente dicho; es decir, hay un específico deber de vigilancia y en su caso, consiguiente corrección dela aplicación del arte de curar al paciente.

Ello también se colige de la letra del art. 19 inc. 2, ley 17.132, por encima de cualquier cuestión administrativa u horaria del obstetra responsable de la paciente.

V. También apela el médico que evaluara a la actora. Lo hace mediante gestor procesal a tenor del certificado médico agregado (mal grado de lo dispuesto en los arts. 31, inc. b., 32 y ccdtes. CCyC y 157, últ. parr. y ccdtes CPCCN).

Considera que el fallo de la anterior instancia padece de una interpretación irrazonable de la prueba de autos, se basa en afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes, y no analiza debidamente la relación de causalidad y el factor subjetivo de culpabilidad subjetiva.

Reconoce que: «Recién a las 7.50 hs. se le informa que no se constatan latidos fetales, se solicita ecografía, la que no se realiza por imposibilidad del servicio de ecografía, extremo que no puede imputársele de ninguna forma (.) y se decide cesárea para extracción fetal que se realiza a las 10.00 hs. actuando (.) como cirujano».

La sentencia de la instancia anterior le imputa una conducta omisiva, que no logra revertir mediante los agravios y no una comisiva, circunscripta al hecho médico actuado en determinado horario (cesárea). Es decir, no le imputa error en el hecho médico de la cesárea sino en lo tardío de la misma.

VI.Lo hasta aquí expuesto, en consonancia con la compulsa de autos y argumentos que expresara el colega de la instancia anterior, me relevan de más consideraciones para concluir con el rechazo de sendos agravios al pronunciamiento.

VII. Corresponde ahora iniciar el análisis de las criticas tocantes a los rubros indemnizatorios.

Previo a ello, haré una autocrítica haciéndome eco de las palabras de Alejandro Marcos Azvalinsky. «Antecedente similar fue el fallo de CNCiv., Sala C, «M., P. A. y otra c/ C. F. P.» de febrero 23-1988, en ED, 129-341.

Allí se produjo el nacimiento con graves dificultades que derivaron en la muerte de la criatura a 12 días del parto, como consecuencia de sufrimiento fetal agudo no detectado a tiempo por no preverse el reemplazo del médico obstetra de licencia y estar la madre bajo la vigilancia de una partera. En el fallo se reprocha la ausencia de un «médico obstetra cumpliendo una guardia activa o interna» y de allí se infiere la responsabilidad civil de la Clínica en el caso. Llamativo es que los hechos son de enero-febrero de 1978 y la sentencia de febrero de 1988.

Los que pertenecemos al mundo del derecho estamos habituados -diría resignados- a esta realidad, pero cómo explicarle a un galeno que creamos sofisticaciones teóricas por las que les reprochamos pequeñas demoras y les asignamos responsabilidad civil y obligación de indemnizar por ello, cuando somos incapaces de dar nosotros respuestas judiciales en menos de diez años, como en este caso» (aut. cit. «Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, bioética y jurídica», Ed. La Ley, p. 848, nota de pie n° 58).

El hecho en cuestión data de diciembre de 2002. La demanda (promovida el 15/10/2004) estimó los rubros de la siguiente forma: 1) pérdida por omisión y la privación de tener a su hijo, de verlo nacer, etc. $85.000; 2) daño moral $20.000; y, 3) «secuelas» $45.000 (f.71/vta.). La sentencia cuantificó los mismos en $800.000; $500.000 y $55.000, respectivamente (febrero de 2017).

Más allá del exiguo fundamento de las pretensiones de la actora rayano en el art. 330, últ. párraf. CPCCN, estas cuentan con la alquimia de «lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse» (f. 74 vta. y las bondades del principio de flexibilización procesal. Revista peruana de derecho procesal, ISSN 1991-1688, Nº. 8, 2005, págs. 87 y sigtes, de los Santos, Mabel Alicia).

VII. a) Sendos apelantes han cuestionado la procedencia, en especial del rubro que podemos re definir como pérdida de «chance» y cuantificación de todos ellos.

En lo que hace a la «privación de tener un hijo», entendida esta en sus aspectos patrimoniales y extra, se han encargado los apelantes de reseñar las posturas que, con el Código Civil vigente al momento del hecho, denegaban su procedencia, mal grado de la existencia de quienes la consideraban viable.

Esta Sala participa del criterio de acceder al mismo y en lo personal me remito a la adhesión que formulara al integrar la Sala K (expte. n° 51.152/14) a lo que agrego de lege lata el último párrafo del artículo 1745 del Código Civil y Comercial. Así tiene dicho la doctrina: «Se reconoce finalmente el daño elaborado por la jurisprudencia acerca del fallecimiento por la muerte de hijos menores en lo que se indemniza la pérdida de chance» (Lorenzetti, R. L «Código., p. 522 Rubinzal-Culzoni editores).

Ahora bien, la «chance» no es la de la lechera de Jean de La Lafontaine como reseña Orgaz, sino una acorde a las circunstancias puntuales de cada causa.

En el caso y frente a la escasísima prueba producida en tal sentido, corresponde estar a la letra del art. 165 del CPCCN, y por cierto a la edad de la pretendiente y compulsa del beneficio de litigar sin gastos que es donde más se puede espigar a los efectos.En función de ello, y considerando elevada la suma otorgada por el sr. Juez de grado y atendiendo a lo pretendido por la actora, fijo en pesos cuatrocientos mil ($400.000) el monto por el que prospera el rubro.

VII. b) En lo relativo a los dos rubros restantes, ante la inexistencia de agravio por bajos y resultando inconsistentes los ataques vertidos en sendas expresiones de agravios, toda vez que quien resulta responsable del hecho de autos no puede prevalecerse del mismo para negar la indemnización (art. 538 del CC) corresponde hacer efectiva la deserción de los mismos en el particular (arts. 265 y 266 CPCCN) VIII. Las partes apelaron también la imposición de costas.

Nada autoriza a revertir la que impusiera el sr. Juez de grado en virtud del principio objetivo de la derrota. Desde otro punto de vista, vengo diciendo que en los daños y perjuicios, más allá del principio de reparación integral, la denominada condena en costas no ejemplifica más que la devolución a quien resultara vencedor de los gastos necesarios para el reconocimiento de su derecho en función de la negativa que se le efectuara (art. 68 CPCCN).

IX. Por último, en cuanto al plazo para el pago de la condena respecto de la codemandada GCBA, tal se ha pronunciado esta Sala en reiteradas oportunidades, no cabe duda de que la ley 23.982 resulta aplicable a la Ciudad Autónoma al ser sucesora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada ley federal. Es que el art. 5 de la ley 24.588 dispone la continuidad del régimen jurídico federal «en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda». El Gobierno e la Ciudad de Buenos Aires adhirió al régimen del art. 22 de la ley mencionada, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley nº 189/99. El mencionado código, en su art.398, luego de reiterar el carácter declarativo de las sentencias que condenen al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, interpretó esa calidad en el sentido de sujeción a la inclusión presupuestaria de la condena (ver mi voto, en expte. n° 48.970/2010, autos «V., V. O. c/A., A. M y Otrs. s/ ds. y ps.»; íd. esta Sala, autos «Veronico, Ana María c/ Hospital Pirovano s/ ds. y ps., expte. libre nro. 556.337, marzo de 2011).

Seguidamente, el art. 399 del mismo código dispone «.las autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de las sentencias mencionadas en el artículo precedente (las sentencias de condena al pago de una suma de dinero con excepción de los créditos alimentarios) con relación a los juicios en los que exista liquidación firme y notificada al 31 de julio de cada año. Las imputaciones necesarias para el cumplimiento de las condenas en los juicios en que la liquidación quede firme y notificada con posterioridad al 31 de julio de cada año y hasta el 31 de diciembre del mismo año, deben incluirse en la modificación de presupuesto que a tal fin debe remitirse a la Legislatura hasta el 31 de marzo del año siguiente .». A su vez, el art. 400 dispone, en la línea del ar t. 22 de la ley 23.982, que el 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se haya debido efectuar la imputación referida, cesa el carácter declarativo y la sentencia puede ejecutarse forzadamente.

Vale decir, como acertadamente opinó el Sr. Fiscal General ante esta Cámara -en el dictamen nro.59.403 del 5/8/2003, emitido en la causa que tramitó por ante esta Sala in re «Gómez Manuel Alberto c/ Subterráneos de Buenos Aires s/ daños y perjuicios», R 375.959, del 31 de octubre de 2003- que, una sentencia que condena al pago de una suma de dinero -excepción hecha de los créditos alimentarios – que queda firme hasta el 31 de diciembre de un determinado año; ya sea por la inclusión en el presupuesto o en las modificaciones al mismo, ha de incluirse en el presupuesto del año siguiente. Si ello no se cumple, a partir del 31 de diciembre de ese último año, queda expedita la vía ejecutiva.

Más allá de las aclaraciones precisadas, lo cierto es que en la especie corresponde aplicar por ahora el art. 398 del Código citado que señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria de la condena; desde luego, con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (v.art. 395, ap.2do., del Código cit.). Por lo tanto, en suma, la sentencia de autos queda incluida en la obligación de inclusión en el presupuesto.

Así las cosas, el importe de condena deberá abonarse por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto por la normativa analizada, que encuentra su justificación en la necesidad de que el obligado al pago pueda efectuar la previsión presupuestaria correspondiente; para lo cual se establece un mecanismo para hacer frente a las obligaciones del sector público de causa o título posterior al 1.4.91, poniendo en cabeza del ente ejecutivo la carga de tramitar el crédito para su inclusión en el presupuesto del año siguiente.Lo expuesto significa que ha de quedar diferida su ejecución compulsiva por parte del acreedor hasta la conclusión del período ordinario de sesiones del año en que debió aprobarse la partida presupuestaria que contuviese su acreencia. En este sentido, vale la pena poner de relieve que los preceptos relacionados del Código referido no implican una regulación de emergencia; pues, aunque el Estado se desenvuelva en condiciones de normalidad, tales recaudos los entiendo esenciales para una organización adecuada del régimen de pago de las deudas ordinarias y no consolidadas del Estado (ver CNCiv, Sala M, R. 250912, del 26 10 98).

A tenor entonces de las pautas precitadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá la carga de tramitar -en los términos de los arts. 398,399 y 400 del CAT- el reconocimiento de una partida presupuestaria, acorde con la deuda pendiente, para su debida inclusión en el presupuesto del año siguiente (ver CNCiv, Sala A, del 4.11.97, ED, del 22.4.98, pág.11; también esta Sala, R. 232.375, del 29-10-97; Sala C, del 6.11.97, ED, del 12.12.97, pág11; Sala D, R 119.977, del 8.7.98; Sala I, del 12.2.98, «M. C. B. A. c/Banco Nacional de Desarrollo»; Sala J, «Chiao, José y otro c/Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y otros s/daños y perjuicios», del 19.5.98; entre otros).

A pesar de todo lo precisado, y conforme al art. 163, inc. 7, del ritual, se ha de mantener el plazo de condena establecido en primera instancia, pues este plazo tendrá como consecuencia determinar el punto de partida del crédito a todos sus efectos; aunque -desde luego- ha de estar condicionado por el marco normativo antes especificado.

Debe observarse que en el presente juicio se ha de conciliar el acto procesal -sentencia de condena- con la disposición relativa al régimen ordinario de pago de las obligaciones del Estado.Ello es así porque resulta imperativo, para la validez del pronunciamiento, establecer un plazo de cumplimiento (citado art. 163, inc. 7, del CPCCN). Es que, de otro modo -en ausencia de plazo- podría interpretarse que la exigibilidad, y por lo tanto la instancia de ejecución forzosa, se sucede de inmediato a la fecha de la sentencia; ello sin perjuicio de destacar que el plazo de cumplimiento parece indispensable para el cálculo de los accesorios (ver Fassi – Yañez, «Código Procesal Comentado», volumen I, página 821).

Como corolario de lo expuesto, se ha de desestimar el agravio en estudio; aunque el plazo establecido en el fallo de grado tendrá para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el alcance señalado en el presente acápite.

X. En virtud de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la responsabilidad que efectuara el sr. Juez de grado, modificando exclusivamente el rubro «pérdida de chance» el cual se reduce a la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000) y dejando aclarado que el plazo para el pago de la condena respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá el alcance señalado en el acápite «IX» de la presente. Las costas de Alzada, no habiendo contradictorio, se imponen en el orden causado (arts. 68, 163 inc. 8 y 164 CPCCN). La regulación de honorarios se difiere para una vez practicada la de la instancia de origen (arts. 23 y sigtes. ley 27.423). Así lo voto.

El Dr. Parrilli y la Dra. Maggio, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, 5 de Agosto de 2022.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: confirmar la responsabilidad que efectuara el sr. Juez de grado, modificando exclusivamente el rubro «pérdida de chance» el cual se reduce a la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000) y dejando aclarado que el plazo para el pago de la condena respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá el alcance señalado en el acápite «IX» de la presente. Las costas de Alzada, no habiendo contradictorio, se imponen en el orden causado (arts. 68, 163 inc. 8 y 164 CPCCN).

La regulación de honorarios se difiere para una vez practicada la de la instancia de origen (arts. 23 y sigtes. ley 27.423).

Regístrese, protocolícese, notifíquese a las partes y, oportunamente, publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).

Fecho, devuélvase.

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

ROBERTO PARRILLI

LORENA FERNANDA MAGGIO

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