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#Fallos La CSJN confirmó la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión

Partes: S. M. A. Á. y otros s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 15 de diciembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139361-AR|MJJ139361|MJJ139361

Voces: RECURSO DE QUEJA – RECURSO EXTRAORDINARIO – SENTENCIA CONDENATORIA – NULIDAD PROCESAL – JUICIO ORAL – GARANTÍAS CONSTITUCIONALES – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – ASOCIACIÓN ILÍCITA – CONCURSO REAL – DELITOS – COOPERATIVAS DE TRABAJO

La CSJN confirmó la condena a 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Consideró que la sentencia apelada había examinado ampliamente y sin arbitrariedad los planteos que fueron sometidos a su jurisdicción.

Sumario:
1.-Cabe desestimar los agravios del recurrente en relación a la convalidación del rechazo del planteo de nulidad del debate oral, basado en la expulsión de la apelante durante un período temporal del recinto donde se desarrolló el juicio, porque la sanción fue aplicada, previo apercibimiento, en ejercicio de las atribuciones del poder disciplinario que le asiste al tribunal de juicio, siendo que el derecho del imputado de estar presente e intervenir en el proceso en su contra tiene, en el caso del ordenamiento procesal provincial aplicable, una excepción fundada en el supuesto de inconducta, como una facultad inherente al ejercicio de la jurisdicción, que incluye expresamente la posibilidad de expulsar a un imputado, el que seguirá estando representado por su defensor.

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2.-Es improcedente el recurso extraordinario en el cual la defensa denuncia dogmáticamente «la violación a la publicidad del juicio oral» sin explicar cómo puede compatibilizarse esa proposición con la circunstancia objetiva de que el juicio no fue secreto, no estando controvertido que el juicio se desarrolló por medio de audiencias celebradas en el edificio de Tribunales del Poder Judicial provincial, a las que no solo asistieron las partes, sus letrados y diversos auxiliares de la justicia -en número cercano al centenar- sino también el público en general y la prensa, cuyo ingreso fue autorizado expresamente por el tribunal, conforme lo resuelto a raíz de una presentación de la misma recurrente.

3.- Al no haber demostrado la defensa un perjuicio para el libre ejercicio de los derechos de su asistida derivado de las restricciones impuestas a la publicidad del debate, la pretensión de invalidar lo actuado contraviene los principios generales de conservación y trascendencia que, frente a meros pruritos formales, rigen en materia de nulidades en respeto del debido proceso; además, su postura choca con la inveterada doctrina de la Corte Suprema, según la cual la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto, y no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley.

4.-La publicidad del proceso penal constituye un requerimiento para asegurar la legitimidad del ejercicio de la administración de justicia.

5.-Desde 1853 la Constitución Nacional reitera la exigencia de la publicidad del proceso penal al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurados y los arts. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos «exigen la publicidad del juicio»; en estos instrumentos, que poseen jerarquía constitucional, la publicidad del juicio, contemplada esencialmente como una garantía del justiciable, solo puede ser limitada en función de lo que «sea necesario para preservar los intereses de la justicia» y también, según el citado Pacto, en consideración a cuestiones de «moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes».

6.-La autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas.

7.-Los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden sobre los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no sea una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa.

Fallo:
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por M. A Á. Sala en la causa S., M. A. Á. y otros s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», para decidir sobre su procedencia.

Considerando que:

1º) La defensa de M. A. Á. S. dedujo recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Sala II del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy que rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por esa parte en contra de la decisión de la Cámara de Casación que, a su vez, confirmó la condena dictada respecto de la nombrada por el Tribunal en lo Criminal nº 3 de dicha provincia, a la pena de trece años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo término, como autora del delito de asociación ilícita, en carácter de jefa, en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y extorsión, en calidad de coautora (arts. 210, 174, inc. 5º, en función del art. 172, 168 y 55 del Código Penal).

Tal como se reseña en el dictamen del señor Procurador General de la Nación interino que antecede, las juezas de la causa tuvieron por probado que Sala, en conjunto con otras de las personas que fueron llevadas a juicio, conformó y lideró una asociación dedicada a cometer delitos que tuvo actividad entre los años 2013 y 2015.El tribunal también consideró probadas respecto de Sala un conjunto de las conductas delictivas específicas atribuidas a esa asociación ilícita; en particular, las extorsiones denunciadas por Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo, Julia del Carmen Gutiérrez, José Daniel Orellana y Néstor Antonio Lezcano y las defraudaciones cometidas, en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación —el acuerdo individualizado como ACU 487/2015 para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, en el marco del programa nacional de mejoramiento de viviendas denominado «Mejor Vivir II»—; respecto de los pagos en ejecución de catorce convenios firmados entre el IVUJ y diferentes cooperativas de trabajo de la provincia durante el año 2015; y en relación con un convenio de la misma naturaleza suscripto, también en el marco del programa «Mejor Vivir II», entre la cooperativa Negro Monzón Ltda. y el municipio de la ciudad de Palpalá, ejecutado entre los años 2013 y 2014.

Se resaltó que esta organización criminal logró un altísimo acatamiento de las directivas de Sala en razón de que sus «miembros conformaron las ficticias cooperativas» y también porque Sala y los demás integrantes de esta «cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados» ya que «se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas sic de las órdenes que recibían, cooperativista sic y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones» (cf. fs. 23.255).

También se tuvo por probada su responsabilidad por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.Entre otras circunstancias, se logró determinar que la asociación ilícita logró la entrega de altas sumas de dinero por parte de dependencias públicas a través de un conjunto de cooperativas que respondían a su voluntad para luego desviar esos fondos de la finalidad para la que estaban destinados: la construcción de viviendas y mejoras habitacionales.

Al describir la modalidad comisiva de esos hechos, el tribunal de juicio afirmó que se pergeñaron una serie de maniobras tendientes a la obtención de ese dinero, las que determinaron de antemano que no sería aplicado a los fines legalmente previstos para ello. Por ejemplo, se libró el pago a cooperativistas que no estaban vinculados contractualmente para la realización de las obras y sin contar siquiera con nómina de las personas que se beneficiarían de ellas. En los casos en los que sí se presentó una lista de beneficiarios, se pudo determinar la existencia de una sugestiva coincidencia de apellidos, quienes se domiciliaban en lotes contiguos, los documentos de identidad en algunos casos correspondían a menores de edad, no existía concordancia entre los beneficiarios y las ubicaciones donde debían realizarse los mejoramientos; en otros casos no se mencionaban a los beneficiarios ni la ubicación de las mejoras (lotes, manzanas, etc.) solo se denotaba el libramiento de pago, los certificados de obra y, posteriormente, los cheques firmados por los funcionarios correspondientes (fs. 23.276/23.310).

En este sentido, se tuvo por probado que «la organización delictiva logró que quienes eran obligados a oficiar de presidentes de cooperativas facturaran, retiraran los cheques… y los endosaran a los integrantes de la asociación ilícita, o bien, eran llamados por éstos para que acarren sic a cooperativistas o miembros de las organizaciones sociales, a las sucursales de las entidades bancarias para recibir los cheques…para luego entregar los dineros a los miembros de la comunidad criminal» (cf. fs.23.256). Con mención de prueba testimonial, documental y filmaciones de la institución bancaria, se sostuvo que el dinero así entregado a integrantes de la asociación ilícita era llevado en bolsos, por ejemplo, al domicilio de Milagro Sala o a la sede de la Tupac Amaru sin que luego se supiera de ellos, ya que las obras no se iniciaron (cf. fs. 23.256/7; 23.281/2 y 23.309).

También se comprobó la utilización de una sola cuenta bancaria, correspondiente a la cooperativa «Pibes Villeros» para reunir los fondos ilícitamente recaudados. Esa cooperativa, que nunca ejecutó una obra, tenía igual domicilio legal que la sede de la Tupac Amaru y su acta constitutiva fue secuestrada de la casa de Sala.

La nombrada también fue responsabilizada como coautora del delito de extorsión. Se tuvo por probado que junto a otros miembros de la asociación intimidaba a cooperativistas a los fines de hacerse del dinero que recibían. Para ello se ponderó que «el gran volumen de declaraciones testimoniales brindadas en el debate fueron contestes en confirmar como sic fueron sojuzgados por las amenazas de que fueron objeto por parte de Milagro Sala y los integrantes de la organización delictual, sin posibilidad de accionar de manera diferente a lo que se los obligaba y aun en su perjuicio» (cf. fs. 23.264).

Como muestra de ello, entre otros casos se citó el que tuvo como víctima a Cristian Chorolque, presidente de una de las cooperativas.El nombrado señaló que su cooperativa no realizaba ningún trámite, sino que «solo iban directamente ‘a poner el gancho’. Tenía que facturar quiera o no… había una metodología de trabajo, si no firmaba corría riesgo de que le quiten sic todo lo que tenían los compañeros, se jugaba mucho con ese tema», «ahí las ordenes se cumplían, si había tiempo se discutía». También se reseñó que relató «un suceso ocurrido en 2011, por el cual le dieron una golpiza en el dique y ese día le quitaron quince capacitaciones, que sus compañeros se quedaron sin nada…lo amenazaron, le dijeron que sabía que tenía una hija y Milagro Sala le manifestó que se la iba ‘a ahogar en la pileta’. Entonces… ‘imagínense, saquen conclusiones de por qué tenían que firmar una factura’… Después usaron lo que le había sucedido como una forma de amenazar al resto» (cf. fs. 23.265/vta.). También se tuvo por probado que, en otros casos, a los cooperativistas se les aseguraba que, de no hacer lo que se les ordenaba, sus integrantes perderían los beneficios que habían obtenido.

En términos generales, en la sentencia de mérito se concluyó que se trató de la «implementación de un sistema de recaudación ilegal a costa del erario público, en el marco de programas federales y provinciales de construcción o mejoramiento de viviendas, que tuvo por finalidad el injusto provecho de la jefa e integrantes de la asociación ilícita» (cf. fs.23.258).

2º) En el recurso extraordinario federal la defensa de Sala se agravió, sintéticamente, del rechazo al planteo de nulidad con relación a la restricción a la publicidad del juicio; de la violación del plazo para leer los fundamentos de la sentencia; de la afectación al derecho a controlar la prueba que se produjo en el debate durante el período en que la imputada fue expulsada del juicio oral por haber sido sancionada; de la violación del derecho a ofrecer prueba por haberse denegado ciertas medidas propuestas; de la indeterminación de la acusación respecto de los delitos por los que mediara condena y de la nulidad del alegato fiscal y de la sentencia por haberse modificado la plataforma fáctica en lo relativo a las imputaciones por asociación ilícita y fraude a la administración pública; y, por último, de la arbitraria valoración de la prueba. También sostuvo que se había configurado un caso de gravedad institucional.

La vía federal fue declarada inadmisible toda vez que, a juicio del a quo, el apelante incumplió con las exigencias de fundamentación previstas en el art. 3°, incs. b, d y e del reglamento aprobado por la acordada 4/2007.

3°) Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos:313:548 y 344:81).

En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraord inario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa (Fallos: 331:1090; 337:659; 343:354; 344:81, entre muchos otros).

En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo.

4°) Contrariamente a lo sostenido por la defensa y en línea con los fundamentos desarrollados en los apartados III a VI del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, la sentencia apelada ha examinado ampliamente y sin arbitrariedad los planteos que fueron sometidos a su jurisdicción.

Si bien el análisis efectuado en el dictamen bastaría para la desestimación de esta impugnación, el Tribunal considera necesario formular algunas precisiones.

5°) Respecto del agravio por el que se aduce la vulneración del principio de publicidad del juicio, y por medio del que se propugna su nulidad, ha de concluirse que tal planteo solo refleja disconformidad con el modo en que se resolvió regular lo relativo a la asistencia y difusión del juicio, sin que se haya demostrado arbitrariedad o afectación a garantía constitucional alguna.

Para una adecuada comprensión de lo que aquí se discute, cabe señalar que, en respuesta a una solicitud efectuada por la defensa técnica de la recurrente antes del inicio del debate, el tribunal de juicio fijó determinadas pautas relativas a la concurrencia del público y de la prensa, a la reproducción audiovisual de las audiencias por parte de los medios de comunicación y al modo de asegurar su registro.

Así, partiendo de la premisa de que la publicidaddel juicio oral constituye una exigencia de la forma republicana de gobierno (art. 1° de la Constitución Nacional), el tribunal a cargo del debate relevó los alcances con que esta garantía está reconocida en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los supuestos admitidos para su limitación. Seguidamente, analizó diversas disposiciones previstas en la normativa procesal penal local sobre el punto, las que, atendiendo, entre otras, a razones de orden público y de orden y seguridad en la sala, facultan a los jueces a restringir su publicidad en forma total o parcial, a ordenar el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria y a limitar la admisión a un determinado número de personas. También ponderó la que prohíbe que los testigos, en forma previa a su declaración, sean informados de lo que ocurre en la sala de audiencia «puesto que la deposición de un testigo no puede afectar la de otros que deban deponer con posterioridad, modificando o adecuando su testimonio de acuerdo al relato efectuado por los anteriores, afectando gravemente el carácter espontáneo que deben tener tales declaraciones, lo que indefectiblemente devendrá en perjuicio de la averiguación de la verdad». Luego pasó a determinar de qué modo se garantizaba «de la mejor manera, los derechos constitucionales en pugna, siendo estos, el derecho de todos los imputados al debido proceso, con el derecho a la intimidad de quienes depondrán como testigos y peritos, el derecho de los periodistas o de la prensa en su conjunto a informar y publicar, y el de una sociedad toda, a ser informada de lo que acontece en el juicio».

A partir de tales consideraciones, ponderó «la gran cantidad de imputados, defensores, órgano acusador y querellante existentes, que en la presente causa sumados a los integrantes del Tribunal, actuarios, escribientes y guarda policial, superan las cien personas» y «en cumplimiento de la obligación de velar para que las actividades jurisdiccionales se desarrollen en un ambiente de orden y existiendo razones de orden público» resolvió: a) permitir el acceso de familiares de losencartados y público general en un número de dieciséis personas por día y por orden de llegada, en razón de las limitaciones de espacio físico existentes, previa acreditación de identidad y suscripción de acta de compromiso de guardar silencio y compostura durante el desarrollo de la audiencia y no divulgar lo allí acontecido; b) no permitir por parte del público la filmación, registro de audio o fotográfico; c) autorizar a la prensa a registrar por los medios técnicos a su elección la primera audiencia de debate en la que se llevaría a cabo la lectura íntegra del requerimiento de citación a juicio, así como la de la discusión final en las que las partes acusadoras, querellantes y defensas presenten sus alegatos y los imputados presten sus últimas palabras y, finalmente, la de la lectura del veredicto. Sin perjuicio de ello, autorizó también a la prensa a obtener fotografías y realizar un paneo de filmación al comienzo de cada jornada de debate; y d) conforme lo expresamente previsto en el código procesal, ordenó la registración del juicio mediante actas y su grabación íntegra por sistema audio fílmico y dispuso que tales registros, de los que las partes podían solicitar copia, se conserven en condiciones tales que impidan su alteración hasta la firmeza de la sentencia (cf. fs. 12.582/584 del expediente 822/18 agregado digitalmente).

Una vez finalizado el debate, que se extendió durante varias jornadas, el veredicto fue leído en audiencia pública. De conformidad con la normativa procesal provincial, las partes fueron convocadas a dicho acto, ocasión en la que unánimemente manifestaron que no deseaban que se diera lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia condenatoria y peticionaron, en cambio, recibir su copia, solicitud a la que se dio cumplimiento (cf. fs. 22.458/22.467 y fs.23.363/364 del expediente 822/18 agregado digitalmente).

Tal como surge de los fundamentos de esa sentencia, el tribunal de mérito rechazó el planteo de nulidad del debate basado en la violación al principio de publicidad del juicio formulado por la defensa de Sala. Luego de ratificar las razones antes consignadas, las que oportunamente llevaron a disponer «limitaciones numéricas al ingreso a la sala de debate por razones de espacio físico y de registro fílmico por parte del público, en resguardo de la intimidad de los testigos», precisó que «de secreto, este debate no tuvo nada. No hubo más que una restricción por razones de orden y de espacio físico, y en cumplimiento de la obligación de velar para que las actividades jurisdiccionales se desarrollen en un ambiente de orden en atención a lo normado en el art. 401 del C.P. Penal. Además, basta con revisar los portales de Internet como los diarios locales y nacionales desde el mes de julio de 2018 hasta enero del cte. año, en los que de manera cotidiana publicaban información referida a los aconteceres de la causa» (cf. fs. 22.909 del expediente 822/18).

En su recurso de casación, la defensa cuestionó lo resuelto por entender que las limitaciones a la publicidad desnaturalizaron «la esencia del acto de gobierno que representa su actuación institucional», ya que «se sustanció un debate oral bajo un secreto confidencial a los pocos asistentes que concurrían». Entendió que la limitación fijada no era necesaria ni proporcional para preservar los intereses de la justicia -concretamente, que los testigos no tomaran conocimiento de lo que se dijo en la audiencia- y sostuvo que la referencia a las publicaciones periodísticas materializadas sobre el juicio no era relevante por cuanto «no se sabe si es información de los asistentes o de los medios oficiales del Poder Judicial de Jujuy» (cf. fs. 23.661/23.690 del expediente 822/18).

La Cámara de Casación Penal rechazó ese cuestionamiento.Remarcó que lo resuelto tenía sustento en normas procesales locales y que «ante la gran cantidad de asistentes y la existencia de medios oficiales de registración taquigráfica, auditiva y fílmica, no podría afirmarse ciertamente que la audiencia se desarrolló secretamente». Agregó que «no se prohibió todo acceso al público, sino que el mismo fue -en realidad- restringido a un determinado número de personas» (cf. fs. 24.555/24.556).

Por su parte, en lo que aquí constituye materia de agravio, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó el planteo de la recurrente. Además de señalar que no había demostrado el perjuicio que le ocasionaba lo resuelto, ya que ni siquiera había invocado de qué manera la decisión pretendida podría haber influido en la sentencia en crisis, ni tampoco de qué defensas se había visto privada de oponer, compartió el temperamento de la instancia anterior al considerar que resultaban justificados los fundamentos expuestos por el tribunal oral en lo concerniente a la limitación por razones de espacio físico para el desarrollo del juicio. Destacó que fue organizado «en una dependencia más amplia que las salas de audiencias habituales, precisamente con la intención de posibilitar el acceso de familiares y medios de la manera menos restrictiva posible» y que «difícilmente un debate con la presencia de alrededor de cien personas pueda considerarse secreto». También consideró justificado el temperamento adoptado fundado en la «necesidad de evitar que la información que puedan aportar los testigos, no pierda la espontaneidad que el proceso requiere para asegurar sus fines (cf. art. 401 del C.P.Penal)» y resaltó que la acordada 29/08 de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación -dictada con relación a la publicidad de los juicios penales que se llevan a cabo en el ámbito nacional y federal, que había sido también valorada por el tribunal de mérito- tuvo en cuenta la necesidad de preservar el buen cumplimiento de los actos procesales y dispuso específicamente que los «medios periodísticos, tanto gráficos como audiovisuales, no podrán tomar registros de audio o de imágenes durante la etapa de prueba, ni de los testimonios, ni de las pericias» (cf. fs. 28/29 del legajo de queja).

6°) La defensa en su recurso extraordinario procuró refutar esa argumentación por medio de dos breves párrafos, limitándose a afirmar que la convalidación por parte del a quo de la razonabilidad de lo resuelto sobre el punto «torna arbitraria la sentencia impugnada» por cuanto las circunstancias ya referidas «dan cuenta de la violación a la publicidad del juicio oral y, por ende, al art. 18 de la CN y 8.5 de la Convención Americana». En apoyo de su planteo citó la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «J. vs. Perú», del 27 de noviembre de 2013 (cf. fs. 180/vta. del legajo de queja).

El déficit de fundamentación del recurso es ostensible ya que este agravio fue presentado a partir de premisas abstractas y genéricas, incumpliendo así con las exigencias inherentes al remedio federal.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar que es indiscutible que la publicidad del proceso penal constituye un requerimiento para asegurar la legitimidad del ejercicio de la administración de justicia (art. 1° Constitución Nacional). Tal como sostuvo esta Corte en «Casal»: «desde 1853 la Constitución reitera en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurados» y los arts.8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos «exigen la publicidad del juicio» (cf. Fallos: 328:3399 , considerandos 15 y 24). En estos instrumentos, que poseen jerarquía constitucional, la publicidad del juicio, contemplada esencialmente como una garantía del justiciable, solo puede ser limitada en función de lo que «sea necesario para preservar los intereses de la justicia» y también, según el citado Pacto, en consideración a cuestiones de «moral, orden público o seguridad nacional en una soc edad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes».

La parte denuncia dogmáticamente «la violación a la publicidad del juicio oral» sin explicar cómo puede compatibilizarse semejante proposición con la circunstancia objetiva de que el juicio no fue secreto. Esta situación difiere claramente del supuesto verificado en el único precedente citado sobre el punto en el remedio federal, en tanto este versó sobre un juicio criminal llevado a cabo mediante audiencias privadas, donde los jueces y fiscales, de identidad reservada, no podían ser recusados, y los abogados tenían un acceso restringido al expediente.

No está controvertido que el juicio se desarrolló por medio de audiencias celebradas en el Salón Vélez Sarsfield del edificio de Tribunales del Poder Judicial provincial, a las que no solo asistieron las partes, sus letrados y diversos auxiliares de la justicia -en un número cercano al centenar- sino también el público en general y la prensa, cuyo ingreso fue autorizado expresamente por el tribunal, conforme lo previamente resuelto al respecto a raíz de una presentación de la misma recurrente.

De este modo, el cuestionamiento evidencia solamente su disconformidad con las condiciones dispuestas por el tribunal y finalmente convalidadas por el a quo relativas, por un lado, a la limitación del número de asistentes del público y, por el otro, a la divulgación del contenido de las audiencias.Cabe entonces formular una serie de consideraciones.

En lo relativo a la restricción de la cantidad de asistentes a las audiencias, es importante ponderar que frente a lo afirmado por el a quo en cuanto a que en atención al gran número de partes, letrados, magistrados y auxiliares judiciales, el debate fue organizado «en una dependencia más amplia que las salas de audiencias habituales, precisamente con la intención de posibilitar el acceso de familiares y medios de la manera menos restrictiva posible», la recurrente no explicó cómo la adopción de esta medida destinada a asegurar la publicidad del debate fue, en las particularidades del caso, en sí misma objetable.

Con relación a la divulgación del contenido de las audiencias, el a quo convalidó que se establecieran determinados requisitos a la difusión del debate en aras de asegurar la espontaneidad de las declaraciones testimoniales. Fundó su criterio en normas de derecho procesal local, cuya inteligencia y alcance, por regla, resulta ajena a esta instancia extraordinaria, máxime cuando la parte ni siquiera intenta demostrar que mediara arbitrariedad a este respecto (Fallos: 313:548 y 344:81, entre muchos otros).

La recurrente tampoco controvierte eficazmente que la alegada finalidad de asegurar la espontaneidad de las declaraciones testimoniales pueda ser formalmente encuadrada dentro del supuesto que justifica la restricción de la publicidad del juicio con base en la necesidad -de orden público- de «preservar los intereses de la justicia», a la que las normas del derecho internacional de los derechos humanos hacen referencia expresa en su literalidad. En esta línea de razonamiento, resulta relevante destacar que el art. 14 del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos posee, en este punto, una redacción similar a la del art.6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y que, con relación al alcance de esta norma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, incluso en el contexto del proceso criminal, donde hay una expectativa más alta de publicidad, puede ser necesario limitar la naturaleza abierta y pública del procedimiento en orden al objetivo de promover el libre intercambio de informaciones y opiniones en la búsqueda de la verdad que persigue la justicia (cf. sentencia dictada en «B. y P. v. Reino Unido», 24 de abril de 2001, apartado 37 y sus citas).

7°) Más allá de cuestionar los motivos esgrimidos por los tribunales locales para disponer y convalidar las restricciones al principio de publicidad del debate oral, calificándolas de «excepcionales», la recurrente no demostró que de aquella restricción se hubiera materializado algún perjuicio. Esa circunstancia fue destacada por el tribunal supremo local cuando recordó en la sentencia apelada que la impugnante no explicitó «…de qué defensa se ha privado a la parte que asisten o cual hubiera sido el resultado diferente o de qué manera la decisión pretendida podría haber influido en la sentencia en crisis» (fs. 29 vta. del legajo de queja).

Esta omisión constituye un déficit decisivo en orden a la procedencia del agravio de la defensa. Al no haber demostrado -o siquiera invocado- un perjuicio para el libre ejercicio de los derechos de su asistida derivado de las restricciones impuestas a la publicidad del debate, la pretensión de invalidar lo actuado por tal motivo contraviene los principios generales de conservación y trascendencia que, frente a meros pruritos formales, rigen en materia de nulidades en respeto del debido proceso. Además, su postura choca con la inveterada doctrina de esta Corte, según la cual la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto, y no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley (conf. Fallos:311:1413, 2337 y 324:1564 , entre otros). A ello debe agregarse que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma (conf. Fallos: 322:507 y 339:480, entre otros).

Tampoco ha sido eficaz la defensa en su intento de acreditar la excepcionalidad declamada, ya que ese tipo de restricciones están legalmente previstas y registran antecedentes en la práctica de los tribunales. En tal sentido, puede citarse la acordada 14/1985 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, dictada para la realización del «Juicio a las Juntas». Allí se dispusieron algunas medidas sustancialmente análogas a las aquí cuestionadas, sin que ello permita poner seriamente en discusión el carácter indudablemente público de esas audiencias.

Además, la acordada 29/2008 de esta Corte -citada en las instancias anteriores y en el dictamen del señor Procurador General de la Nación interino- reguló la publicidad de los juicios llevados a cabo por el Poder Judicial de la Nación, trascendentes o no, en un sentido similar al sub examine.

Otro aspecto relevante del proceso cuestionado en autos por la defensa es que el tribunal autorizó a la prensa a registrar y difundir los actos centrales del debate, como son la – 20 – lectura íntegra del requerimiento de citación a juicio, la discusión final -en las que las partes acusadoras, querellantes y defensas presentaron sus alegatos con base en la prueba producida durante el debate y los imputados prestaron sus «últimas palabras»- y, finalmente, la lectura del veredicto.

La importancia de este extremo está dada en que la publicidad «…asegura el control, tanto externo como interno, de la actividad judicial. Conforme a ella, los procedimientos de formulación de hipótesis y de determinación de la responsabilidad penal tienen que producirse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y, sobre todo, del imputado y su defensor» (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, Madrid, 1997, pág.616). Así, teniendo en cuenta que los principales agravios de la imputada contra el fallo del a quo, en tanto aparejó la convalidación de su condena, versan sustancialmente sobre la validez de la acusación y la afectación a la congruencia entre esta y la sentencia, la apelante debió haber explicado cómo la amplia publicidad de los actos procesales antes mencionados -tanto directa por parte de quienes asistieron al juicio como indirecta a partir de lo informado por la prensa- no habría satisfecho el principal interés de la justiciable, así como tampoco asegurado el control de la opinión pública respecto de esta cuestión. Sin embargo, omitió toda consideración al respecto.

Desde esa misma línea de análisis, cabe destacar que el tribunal oral se dispuso a dar lectura íntegra, en audiencia pública, de los fundamentos de la sentencia condenatoria, que entre otras cuestiones contiene referencia s amplias y minuciosas sobre los distintos medios probatorios que fueron valorados a tal fin, incluidas las declaraciones testimoniales y de los imputados y que esta misma parte -del mismo modo que las restantes- se manifestó en contra de la necesidad de proceder de este modo y se limitó a solicitar una copia.

La recurrente tampoco puso en entredicho que el tribunal oral, como medida destinada a asegurar el contralor permanente de lo actuado, a la par de disponer la registración del juicio mediante actas, también ordenó su grabación íntegra por sistema audio fílmico y que, tal como lo dispone la ley procesal, tales registros se conservaran en condiciones que impidieran su alteración hasta la firmeza de la sentencia. A tal punto esto fue así que, en el recurso de inconstitucionalidad deducido ante el a quo, la propia apelante textualmente sostuvo que «como surge de las constancias de autos todas las audiencias fueron documentadas mediante un sistema de filmación, de audio y de taquígrafas, por lo que la Cámara de Casación se encontraba en perfectas condiciones de abordar todos los asuntos» (cf. fs. 260 del escrito que contiene esa apelación agregado a fs.231/263 del Expediente PE-16129/19 agregado digitalmente).

Por lo expuesto, luego de la ponderación integral de todo lo resuelto sobre el punto, se concluye que el planteo no fundamenta adecuadamente la afectación de la defensa en juicio (Fallos: 314:85; 344:2430 , entre muchos otros).

8°) Idéntico temperamento desestimatorio cabe adoptar respecto del agravio por el que se cuestiona la convalidación del rechazo del planteo de nulidad del debate oral, basado en la expulsión de la apelante durante un período temporal del recinto donde se desarrolló el juicio.

El a quo rechazó que la sanción, en tanto aparejó que la imputada permaneciera durante un período del debate en una sala contigua, le hubiera generado un perjuicio al derecho de controlar la prueba. Sostuvo que la defensa técnica pudo hacerlo en forma permanente; que, con la salvedad del día 30 de agosto de 2018 en que se impuso la sanción, la imputada permaneció en una sala contigua a la de juicio, contó con audio de lo que allí sucedía y estuvo en continuo diálogo con sus representantes técnicos; que se le aseguró la reproducción literal de los términos vertidos por los testigos en la audiencia del citado 30 de agosto y que contó con la oportunidad de repreguntarles.

La recurrente alega que lo resuelto por el a quo en torno a este agravio denota arbitrariedad, en violación de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirma que no se han respetado las garantías del debido proceso en el procedimiento disciplinario y, fundamentalmente, que en virtud de esta sanción se le impidió participar y controlar la producción e ingreso de prueba de cargo. En ese sentido, asevera que «no pudo examinar a los testigos que declararon entre el 30 de agosto y el 6 de noviembre de 2018 ni preguntarles o repreguntarles.En nada cambia la presencia de la defensa técnica en la audiencia pues fue la propia acusada la excluida y se la privó del ejercicio de su defensa material» y cita, como único apoyo de su planteo, la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Amhrein y otros vs. Costa Rica», sentencia del 25 de abril de 2018.

La parte no logró demostrar que se verificara una cuestión federal susceptible de habilitar esta jurisdicción extraordinaria. Las objeciones planteadas para fundar la atribución de arbitrariedad —previamente invocadas y examinadas por las tres instancias judiciales locales— se refieren a la interpretación y aplicación de la legislación procesal provincial que han sido resueltas a partir de argumentos que, más allá de su acierto o error, exhiben suficiente apoyo en consideraciones de derecho local, lo que impide postular a su respecto que constituyan una violación del derecho de defensa en juicio.

En efecto, la sanción referida fue aplicada, previo apercibimiento, en ejercicio de las atribuciones del poder disciplinario que le asiste al tribunal de juicio. El derecho del imputado de estar presente e intervenir en el proceso en su contra tiene, en el caso del art. 407 del código procesal penal local, una excepción fundada en el supuesto de inconducta, como una facultad inherente al ejercicio de la jurisdicción, que incluye expresamente la posibilidad de expulsar a un imputado, el que seguirá estando representado por su defensor. A su vez, el art. 408 del referido cuerpo normativo establece que «Los que asistan a la audiencia guardarán silencio y compostura, y no podrán adoptar actitudes intimidatorias o contrarias al orden o al decoro».

Conforme surge del legajo, para fundar el ejercicio de su potestad disciplinaria el tribunal de juicio jujeño evocó las constantes faltas de disciplina y las reiteradas advertencias efectuadas por la presidencia del tribunal.Así, surge que «En fecha 30 de agosto … al momento de reabrir la audiencia de Debate, Presidencia de Trámite informó que la imputada Milagro Sala se encontraba presente y en un lugar contiguo y que por razones de decoro este tribunal consideraba inapropiado el ingreso de la misma al recinto, toda vez que se encontraba con ropa de dormir, habiéndose negado a higienizarse y a que le acercaran la ropa apropiada, dándose lectura a continuación de los informes remitidos por los actuarios del Juzgado de Instrucción de Causas … En ese momento éste Tribunal, por intermedio de presidencia hizo saber que habiendo sido advertida la imputada Sala, que de continuar con su conducta en el curso del debate sería excluida y que no obstante ello, continuó haciéndolo, en conductas tales como exhibición de carteles irrespetuosos; manifestaciones irreverentes con el tribunal: animadas charlas con los coimputados Noro y López en plena audiencia; incidentes en torno al traslado al Hospital Pablo Soria dispuesto en virtud de la urgencia médica del 28 de agosto 2018 y el de la presente fecha, todos los cuales evidenciaron el interés en obstaculizar el normal desenvolvimiento del debate, por lo que en virtud de tales antecedentes el tribunal, en uso de sus facultades disciplinarias dispuso, de acuerdo a lo normado por el art. 407 C.P.P. excluirla de manera definitiva, con la sola excepción que la misma formule sus deseos de declarar siendo trasladada a ese solo efecto. También se dispuso que sus defensores asumirían la defensa material y técnica en virtud del artículo citado…» (cfr. fs. 22.900/904).

La defensa no cuestionó la constitucionalidad de los citados arts. 407 y 408 del código procesal penal jujeño, ni rebatió los fundamentos de los tribunales locales para desestimar el planteo nulificante.Por otro lado, también omitió mencionar y valorar que, previo a ser expulsada, había sido apercibida por su conducta y luego expulsada momentáneamente el 24 de julio de 2018 durante la lectura del requerimiento de citación a juicio, que idéntico apercibimiento se formuló el 26 de julio por sus reiteradas inconductas que produjeron una demora en el trámite y que, también, previo nuevo apercibimiento, se la expulsó el 30 de agosto del recinto de audiencias al presentarse al debate en ropa de dormir, habiéndose negado a higienizarse y a que le acercaran ropa apropiada.

De tal modo, la parte falla en demostrar que se haya convalidado un ejercicio arbitrario de las atribuciones disciplinarias que la ley local le otorga al tribunal de juicio, en un supuesto en que la exclusión no fue súbita, sino el resultado de una sucesión de inconductas que obstaculizaron el normal desarrollo del debate. Ello, teniendo en cuenta el deber de los jueces de asegurar el buen orden y el decoro en el juicio para todos los intervinientes, así como la posibilidad cierta que se desarrolle normalmente hasta su terminación. Lo contrario implicaría otorgarle a una de las partes la potestad de obstruir el normal desenvolvimiento de las audiencias e impedir la realización del debate, lo que iría en perjuicio del derecho de las restantes a obtener una pronta decisión judicial.

En consecuencia, se advierte el déficit del agravio referido al derecho a controlar la prueba testimonial producida mientras rigió esa sanción. En su formulación omite todo desarrollo argumental referido a que la imposibilidad de la imputada de presenciar esas declaraciones testimoniales, siendo representada por su defensa técnica, fue la consecuencia necesaria de la medida disciplinaria dispuesta con base en una norma cuya validez no discutió. Tampoco ensaya siquiera algún cuestionamiento referido a la falta de justificación de aquella.

Frente a este particular contexto, se advierte que el precedente del tribunal interamericano que invoca, antes que sustentar su planteo, aporta las razones para descartarlo.En esa oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que no podía acreditarse la vulneración al derecho de defensa del imputado que estuvo ausente de una jornada de audiencia como consecuencia de su propia conducta. También descartó la afectación del derecho del imputado a expresarse en torno a la incorporación de la prueba producida en las otras jornadas. Al respecto consideró que no había elementos argumentativos suficientes para determinar por qué la decisión del tribunal de juicio de que las peticiones del justiciable fueran gestionadas a través de su defensa técnica podía representar una vulneración de su derecho a la defensa.

Por su parte, la afirmación efectuada en el recurso en torno a que la imputada no tuvo la oportunidad de preguntar o repreguntar a los testigos se contradice palmariamente con lo acontecido posteriormente durante el desarrollo del proceso. En efecto, tras su reingreso a la audiencia se le leyeron las declaraciones de quienes depusieron en la jornada del 30 de agosto, se le hizo saber que podía solicitar la nueva citación de los testigos a fin de interrogarlos y sin embargo se negó, por entender que lo actuado a este respecto era nulo. Así, por sobre toda otra consideración, el agravio de la parte falla en justificar su denuncia de que no tuvo oportunidad de preguntar y repreguntar a dichos testigos cuando lo cierto es que existió la posibilidad de subsanar aquello que, según su propia posición, entendió objetable, en tanto era una prueba perfectamente reproducible.Por lo demás, igual déficit de fundamentación se verifica al advertirse que tampoco refiere haber solicitado la nueva declaración de otros testigos a los fines ahora reclamados.

A ello se suma que este agravio está planteado en términos tan genéricos que la parte ni siquiera señala cuál era la incidencia de esta prueba testimonial para el ejercicio del derecho de defensa, específicamente, para contradecir la prueba en que se basó la acusación y, en su caso, la sentencia condenatoria.

En conclusión, los argumentos en los que el a quo fundó el rechazo de las pretensiones de la defensa no resultan arbitrarios (cf. fs. 26/32 del legajo de queja) y, en todo caso, no fueron objeto de una refutación específica por parte de la recurrente —quien se limitó en gran medida a reiterar lo dicho en las instancias anteriores—, lo que de por sí impide juzgar la arbitrariedad que se alega.

9°) Tampoco tendrá acogida favorable el agravio referido a que la sentencia condenatoria resultaba nula porque sus fundamentos fueron leídos fuera del plazo legal expresamente previsto para ello.

La crítica no es atendible no solo porque deja incólumes, por falta de refutación suficiente, los fundamentos del a quo para rechazarla -especialmente el referido a que la ley procesal aplicable al caso no contempla la sanción de nulidad por tal incumplimiento- sino también porque remite a cuestiones de derecho procesal local que, por regla, resultan ajenas a esta instancia extraordinaria, tal como ha resuelto el Tribunal frente a planteos sustancialmente análogos (Fallos: 252:51; 288:113; 325:3118 ; 343:440, entre otros).

Por lo demás, la recurrente no intentó precisar -mínimamente- de qué forma lo actuado habría ocasionado un perjuicio concreto a la garantía de la defensa en juicio.Omite así considerar que las formas en el proceso no tienen una finalidad en sí mismas, sino en cuanto constituyen el andamiaje previsto para la realización del derecho de fondo a través del proceso.

Al respecto, tal como ya se ha señalado, este Tribunal ha sostenido reiteradamente la estricta vigencia de la doctrina según la cual la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, así como que su declaración no procede en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de nulidad por la nulidad misma. Se sigue de ello que las nulidades por vicios formales exigen, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción a algún otro derecho porque, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 324:1564; 339:480; 331:994 , entre otros).

10) Tampoco resulta susceptible de habilitar esta instancia extraordinaria el agravio referido al rechazo de la producción de determinadas medidas de prueba oportunamente solicitadas. Los reclamos formulados por la apelante se han limitado a indicar -genéricamente- cuáles han sido las denegadas, sin intentar refutar los argumentos de los jueces de la causa al resolver sobre el punto.

En lo que hace a las medidas denegadas con relación a la asociación Tupac Amaru, la recurrente aseguró que el rechazo de ese agravio por parte del supremo local configuraba una causal de arbitrariedad de la sentencia, toda vez que para ello el mencionado tribunal había incurrido en afirmaciones dogmáticas incompatibles con las constancias de la causa.Fundó su planteo en que se le había denegado «la totalidad de la documental, la mayoría de las testimoniales y de las periciales tendientes a acreditar que la Túpac Amaru ni parte de ella configuraban una asociación ilícita, que las obras señaladas como no realizadas sí habían sido ejecutadas, la forma de adoptar decisiones de la organización y el rol que tenía nuestra defendida» (fs. 178/vta. del legajo de queja).

Ahora bien, el a quo explicó que «el Ministerio Fiscal destacó las actividades realizadas por la organización, distinguiendo las lícitas de las que constituyeron el objeto y la materia de este proceso…. De allí que el Tribunal acogiera solo la prueba ofrecida que estaba vinculada a este último aspecto. Es que, aún admitiendo la supuesta discrepancia respecto del origen que el Ministerio Fiscal le atribuye a la organización; ello no tiene relevancia e incidencia alguna, puesto que la sentencia sólo consideró acreditados los actos ilícitos de la organización y el desempeño de sus responsables» (fs. 33 vta.). Agregó más adelante que «tanto el Requerimiento de Elevación a Juicio, como la sentencia del A-quo, fueron coincidentes en manifestar que la Asociación Ilícita nació en el seno de la Tupac Amaru, sin achacarle a ésta obrar ilícito alguno, sino a esa organización paralela que desplegaba actividades ilícitas con fines indeterminados entre los que prevalecía el económico» (fs. 38 del recurso de hecho). A su vez, y al explicitar la coincidencia con los fundamentos que motivaron el rechazo de esta pretensión por parte del tribunal revisor (fs.33 vta.), hizo propio el argumento por medio del cual se sostuvo que la «pretensión probatoria supuestamente preterida por el A Quo en realidad no es tal … lo que se tuvo por demostrado fue que sobre esa estructura institucional se montó luego una asociación ilícita que se sirvió de los recursos con que (originariamente) contaba la entidad para así, llevar adelante una serie de actos ilícitos que son motivo de juicio y que constituyen el objeto del proceso» (fs. 24.550 del expte. ppal., sentencia de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Jujuy y fs. 33/38 del legajo de queja).

Tales argumentos alcanzan al restante planteo relacionado con esa cuestión, vinculado con la denegatoria de prueba relacionada con la forma de adoptar las decisiones en la Tupac Amaru y el rol de la imputada en ella. Como se ha visto, resultaban de una completa impertinencia las medidas que tendían a demostrar su funcionamiento cuando su accionar -como tal- no era ni fue reprochado.

Tampoco resulta admisible el cuestionamiento en lo que hace a la denegación de la pericial en ingeniería solicitada por la apelante para que se analizaran las obras asignadas a las cooperativas investigadas para determinarse si habían sido construidas.

A este respecto, se observa que en el marco de la instrucción suplementaria las magistradas del tribunal oral acogieron algunas pruebas ofrecidas por las partes y rechazaron otras, entre las que se encontró la prueba pericial referida. Las juezas de la causa entendieron que la prueba resultaba sobreabundante y que ya existía caudal probatorio semejante en el expediente, por lo que interpretaron que de admitirse su realización lo único que se obtendría era un alargamiento innecesario del proceso (fs. 11.964).

Del análisis de la respuesta negativa del tribunal de juicio se desprende que la defensa pretendía el peritaje de todas las obras realizadas por la Tupac Amaru y las cooperativas, bajo el entendimiento de que las numerosas obras realizadas eran incompatibles con los actos defraudatorios atribuidos.Ante ello, las magistradas afirmaron que la defensa procuraba acreditar la actividad lícita de aquella organización, pero perdía de vista que lo que se investigaba en autos era lo ilícito, no lo lícito, lo cual las llevó a concluir que la prueba ofrecida era impertinente por no guardar relación con el objeto del juicio (fs. 11.957/11.959). Tales argumentos fueron confirmados en la sentencia apelada.

Tampoco se demuestra la fuerza dirimente de dicha prueba, en atención a los concretos fundamentos por los que el tribunal oral tuvo por acreditada la particular mecánica de las maniobras defraudatorias que fueran reseñadas anteriormente.

Lo expuesto evidencia que la apelante no desvirtuó ninguno de los argumentos por los que se convalidó lo resuelto sobre el punto. Conforme era necesario en los términos del precedente «Lambruschini» (Fallos: 307:2281, considerando 5°), no explicó de qué modo las medidas de prueba denegadas por diversas razones -impertinencia, falta de relación con el objeto de la investigación y sobreabundancia- hubieran incidido en la solución del caso, es decir, la utilidad que ellas habrían tenido para conmover los fundamentos de la sentencia condenatoria (Fallos: 316:2609 y 2612, entre otros). El planteo entonces no es atendible porque, como reiteradamente se ha sostenido, para que proceda el recurso extraordinario no basta con sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso formular una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella (Fallos: 307:1735; 345:89 , entre otros).

Antes de concluir este análisis es oportuno recordar -más allá de que no ha sido cuestionado- que en ejercicio de sus competencias específicas el tribunal oral no solo denegó medidas de prueba a la defensa de la imputada, sino que también, a instancias de la oposición de la recurrente, lo hizo en relación con algunas de las ofrecidas por el Ministerio Público de la Acusación, lo que evidencia la ausencia de excepcionalidad de su proceder (fs.11.928/11.969).

11) También resultan inadmisibles los agravios por los que la parte cuestiona la afectación al derecho de defensa, ya sea denunciando que se incumplió con el deber de efectuar una imputación precisa y detallada en los actos de acusación, o bien que se transgredió el princip io de congruencia al no respetarse la necesaria correlación entre la acusación y la sentencia.

Esta Corte ha establecido reiteradamente que «el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o condena» (Fallos: 306:1705; 326:1149 , entre muchos otros) y que «en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales» (Fallos: 308:1557; 320:1891 ; 342:1501, entre muchos otros).

Asimismo, en «Quiroga» (Fallos: 327:5863, voto del juez Maqueda) se precisó «que el adagio latino nullum iudicium sine accusatione, se identifica no sólo con la exigencia de la previa acusación como requisito para tramitar un proceso, sino que este surge del alegato y constituye un presupuesto ineludible para emitir fallo condenatorio» y que «la configuración del proceso como una relación triangular entre tres sujetos, dos de los cuales están como partes en la causa, con funciones de postulación: acusador y defensor, y el tercero, ubicado por encima de aquellos, con la tarea de juzgar:juez y tribunal… requiere el enfrentamiento de las partes, expresado en afirmaciones y refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y contra-argumentos, ambos ante un tercero que decide imparcialmente».

Es dentro de este marco que debe ser evaluada la premisa según la cual las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio exigen, por un lado, que la acusación describa con precisión la conducta imputada para que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oído y producir prueba en su descargo, así como también requieren, en virtud del principio de congruencia, la correlación entre el hecho que fue objeto de acusación y el que fue considerado en la sentencia (Fallos: 312:2040; 329:4634 ; 343:902, entre muchos otros).

12) A este respecto, no resulta susceptible de habilitar esta instancia extraordinaria el agravio referido a que se ha violado el derecho de defensa en juicio porque, según alega la recurrente, «desde el inicio de la investigación … fue imposible saber cuál era, concretamente, el accionar atribuido a Sala como delictivo y el transcurso del proceso no proporcionó ninguna precisión ulterior. Así, el requerimiento de elevación a juicio no ofreció ningún marco temporal y espacial para las imputaciones de los delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública», agregando que la imprecisión en esa acusación se trasladó al momento de los alegatos dado que la falta de precisión corporiza una «acusación a ciegas» (fs. 181/vta. del legajo de queja).

La defensa ha planteado estas objeciones de un modo absolutamente genérico, por medio de breves párrafos que no incluyen una mínima referencia ni a los términos del requerimiento de citación a juicio y del alegato fiscal, ni a los de la sentencia condenatoria, ni tampoco a los de la sentencia apelada.Frente a la extensa relación de hechos y pruebas efectuada en cada una de estas piezas procesales, los reclamos así formulados no constituyen un intento mínimamente hábil para demostrar la indeterminación que alega, revelándose como meras afirmaciones dogmáticas que no refutan los argumentos de los jueces de la causa.

Al respecto, el a quo convalidó el rechazo de tal planteo al argumentar que «en cada oportunidad que los acusados tomaron contacto con la plataforma fáctica… la misma se centró en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar; de allí que difícilmente haya sorprendido a los encausados los hechos que el Tribunal tuviera por probados… la complejidad de las maniobras delictivas llevadas a cabo y la propia naturaleza de los injustos en examen, se tradujo en una gran cantidad de pruebas -principalmente documentales y testimoniales- así como una abrumadora serie de detalles que conformaran los elementos objetivos y subjetivos de los delitos enrostrados, lo que sin duda fue perfeccionándose a lo largo de la Investigación. En efecto, el progreso de la causa permitió que la primigenia intimación sea cada vez más fidedigna al real evento histórico acaecido, aunque siempre sobre idéntico sustrato fáctico» (cf. fs. 20/23 del legajo de queja).

Por otra parte, el agravio vinculado con la imprecisión del requerimiento fiscal de citación a juicio ya había sido formulado y resuelto por las magistradas a cargo del debate, las que lo rechazaron con argumentos propios y con referencia a lo decidido oportunamente por el supremo local, ya que la cuestión había sido discutida con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva, fue rechazada por el tribunal revisor y el a quo coincidió con tal razonamiento.

Se verifica que en la sentencia apelada también se examinaron los hechos calificados como asociación ilícita, extorsión y defraudación a la administración pública, ocasión en la que se aludió a la característica de esos hechos, sus víctimas y las pruebas que permitían tenerlos por probados, entre otras circunstancias (cf. fs.35/41; 44/47; 48/60 vta. y 63/73 del legajo de queja).

De tal modo, la apelación federal incumple nuevamente con el requisito de la fundamentación autónoma. En ella no solo no se ha procurado demostrar en qué consistió la indeterminación que alega, sino que tampoco se indicó de qué modo ella habría afectado los derechos de su asistida, ni las defensas conducentes que la recurrente se vio privada de oponer (Fallos: 311:904; 329:4133 ; 333:2262 y sus citas, entre muchos otros). Todo lo aquí expuesto lleva a concluir en la innecesariedad de un pronunciamiento respecto al cuestionamiento identificado como «la supuesta contradicción de nuestra defendida para rechazar un agravio constitucional».

13) Tampoco resulta susceptible de habilitar esta instancia extraordinaria el agravio referido a la violación al principio de congruencia.

En lo que hace a la imputación por asociación ilícita, la recurrente consideró que la sentencia impugnada omitió examinar sus agravios relacionados con la modificación de la plataforma fáctica. Dicha modificación ocurrió, a su juicio, a partir de la inclusión de un denominado «contexto histórico» que implicó incluir nuevos hechos, así como por la modificación de la fecha de funcionamiento de la asociación ilícita (los fiscales habían sostenido que ella había funcionado entre 2008 y 2015, mientras que las juezas de la causa corroboraron su existencia entre 2013 y 2015).

Contrariamente a lo afirmado por la apelante, se advierte que no ha existido omisión alguna de tratamiento de esos agravios. En efecto, surge con claridad que el supremo local los examinó, tanto por medio de argumentos propios como por la remisión a los que al respecto había elaborado el tribunal revisor, los que repasó detalladamente (fs. 20/23 y fs. 73 vta.del legajo de queja).

También a este respecto el recurso de la defensa carece del requisito de la fundamentación autónoma, ya que no solo no intentó refutar los argumentos de la sentencia impugnada, sino que tampoco puso de manifiesto el perjuicio concreto que lo resuelto le ocasionaba. Esta última cuestión ya había sido destacada por el a quo, al examinar los agravios dirigidos contra la sentencia del tribunal revisor.

En efecto, respecto de la primera cuestión, convalidó lo resuelto al precisar que «se agravia por la imposibilidad… de defenderse de hechos por los que nadie la acusó y -mucho menos- condenó», sin que la defensa haya procurado demostrar el error de esa afirmación (fs. 20 del legajo de queja).

Por otro lado, en relación con el marco temporal dentro del cual se situó el funcionamiento de la asociación ilícita, la crítica de la defensa se dirige contra uno de los argumentos del supremo local: el relacionado con lo sostenido por uno de los fiscales intervinientes. Sin embargo, no puede afirmarse que ese sea el único razonamiento desarrollado en la sentencia apelada a los fines de rechazar el agravio. El criticado por la apelante fue un argumento complementario (fs. 22 «también debe desecharse en virtud de… los alegatos que realizara el Dr. Diego Cussel»). La restante línea argumental no ha sido puesta en entredicho en la apelación federal, la que se integró con los fundamentos desarrollados por el tribunal revisor (fs.23 y 73 vta.). Tal es así que ni siquiera menciona cuáles han sido los argumentos utilizados para ello y mucho menos cuál es el perjuicio concreto que tal determinación le ha irrogado.

Por lo demás, el agravio formulado respecto del tratamiento inexacto que hiciera el tribunal superior de la causa de la denuncia de violación al principio de congruencia vinculado a los hechos de estafa relacionados a la localidad de Palpalá, debe ser desestimado por las razones brindadas por el señor Procurador General de la Nación interino en el apartado V de su dictamen.

14) Tampoco son susceptibles de habilitar esta instancia extraordinaria los restantes agravios por los que la apelante cuestiona -de forma insuficiente e incompleta- que se haya convalidado el temperamento de mérito adoptado en la sentencia condenatoria. En relación con el delito de asociación ilícita, la defensa sostuvo que el a quo había omitido contestar el agravio vinculado con la valoración probatoria de los testimonios de David Alejandro Mansilla y Natalia Bazán. Indicó que se habían vulnerado las reglas de la lógica, toda vez que los nombrados se habían retirado de la Tupac Amaru en 2011 y 2012, respectivamente, y sus declaraciones fueron ponderadas para acreditar que la citada asociación ilícita había funcionado a partir del año 2013 y que Mirta Guerrero había sido una de sus integrantes (fs. 177 del legajo de queja).

La omisión alegada no surge de la sentencia apelada. El a quo repasó meticulosamente l os fundamentos que justificaron la condena de la apelante por esta figura legal (fs. 35/45 y 73 vta.del legajo de queja) y convalidó la valoración de pruebas legalmente introducidas al debate.

Además, la apelante falla en demostrar la relevancia que ese planteo tendría para la solución del pleito, en atención a que en la sentencia de mérito se valoraron otros testimonios para considerar acreditada la configuración de la asociación ilícita, su funcionamiento y la irregular constitución de las cooperativas que se nucleaban como dependientes de la «Tupac Amaru» así como la informalidad que las regía para eludir controles, el mecanismo de cobro y los modos de funcionamiento interno y de relacionamiento de esas entidades.

En consecuencia, las críticas esgrimidas por la defensa no solo disputan la valoración de la evidencia producida, asunto este que -salvo en un supuesto de arbitrariedad que no se verifica- resulta ajeno a la competencia extraordinaria del Tribunal, sino que además resultan insuficientes para conmover lo resuelto sobre el punto. La sentencia de mérito tiene fundamento en otros elementos probatorios independientes no controvertidos por la parte, lo que evidencia que no se ha satisfecho el recaudo que exige demostrar la relación directa e inmediata de la pretensa cuestión federal con lo efectivamente resuelto.

También resultan inadmisibles los agravios por los que se cuestiona lo decidido por el a quo respecto de la condena por los delitos de defraudación. Sostuvo la defensa que se había soslayado ponderar que el informe de la Auditoría General de la Nación y los listados de beneficiarios valorados por la sentencia no eran válidos, ya que no contaban con firma atribuible a persona alguna. Agregó que el reconocimiento de firmas de los cheques se hizo sobre fotocopias y, por último, que no se valoraron las declaraciones del coimputado Cardozo y del testigo López sobre la cooperativa Tekure en el sentido que esta sí realizó las obras correspondientes (cf. fs.172/173 del legajo de queja).

No solo se advierte que este cuestionamiento fue variando en los términos y alcances en que fue planteado durante las distintas instancias, sino también que está formulado en términos dogmáticos que resultan insuficientes para rebatir los fundamentos por los que se fundamentó y convalidó la condena por los delitos de defraudación.

Esto es así porque la recurrente omite toda refutación a las oportunas respuestas obtenidas a estas objeciones: que el informe de la Auditoría General de la Nación estaba publicado en el portal institucional de ese organismo, lo que daba cuenta de su carácter fidedigno, que se había tenido por probado el modo en que los listados de beneficiarios habían sido aportados a los respectivos expedientes administrativos, cuyas copias habían sido certificadas por el correspondiente fedatario y que las mencionadas copias de los cheques cobrados estaban también certificadas y quienes los endosaron reconocieron sus firmas (fs. 23.325/326 del principal y fs. 70 y 73 del legajo de queja).

Por su parte, respecto de la alegada omisión de valorar las declaraciones de Cardozo y López en lo que hace a las obras que estaban a cargo de la cooperativa Tekure -vinculada solo a una parte de las maniobras defraudatorias por las que recayó condena- el reclamo de la recurrente nuevamente carece de fundamentación. Esta crítica está formulada en términos generales que no aluden con precisión a qué obras puntuales se refirieron estas declaraciones. Tampoco explica la incidencia del alegado déficit respecto de lo resuelto, ya que no intenta controvertir las concretas razones por las que se tuvo por acreditada la defraudación y que las obras no se realizaron.

Los cuestionamientos dirigidos a la convalidación de la condena por los delitos de extorsión tampoco son admisibles.La parte alega que se omitió ponderar que, con relación al anuncio de un mal futuro que habrían recibido las víctimas al ser intimidadas, no se pudo acreditar que estas hubieran sido titulares de las capacitaciones o de los beneficios involucrados en tales anuncios.

Sin embargo, los fundamentos del recurso extraordinario interpuesto no satisfacen el requisito de la fundamentación autónoma, ya que no solo se limita a enunciar la cuestión sin un relato preciso de lo resuelto sobre el punto, sino que también omite refutar los argumentos del a quo.

En particular, esa mera discrepancia con lo resuelto elude rebatir los argumentos que convalidaron esos hechos, suficientemente determinados por los jueces de la causa por medio de las declaraciones de quienes se tuvo por probado fueron sus víctimas, la de otros testigos y por prueba documental -en particular, los cheques y facturas involucrados en estos hechos- de la que también surgían los datos fácticos relevantes.

Por lo demás, la crítica de la recurrente importa un cuestionamiento dogmático a la credibilidad de los testigos cuyos dichos fueron tomados en cuenta, la que resulta insuficiente por basarse en una aseveración unilateral que por un lado no se ajusta -por falta de correspondencia- a los concretos fundamentos del fallo apelado, ni tampoco los refuta por omitir toda crítica al respecto.

En efecto, nada explica la apelante para demostrar que medie arbitrariedad en lo sostenido por el a quo respecto a que «la intimidación efectuada a Chorolque, es una de las más significativas en tanto, configuró el ejemplo aleccionador para el resto de los cooperativistas. No solo le proporcionaron una golpiza en el Dique, sino que también le quitaron capacitaciones, y específicamente Milagro Sala lo amenazó con ahogar a su hija en la pileta.Las violentas y temerarias circunstancias -acaecidas tiempo antes que las extorsiones tuvieran lugar, aunque recordadas con renovado énfasis por la autoridad y círculo de influencias con que Sala se manejaba- terminaron por doblegar su voluntad y viciaron por completo su libertad de decisión…. Las pruebas que acreditan dichos extremos la constituyen la testimonial de Sara Gutiérrez, Leopoldo Jacinto Basualdo así como las copias certificadas de las facturas…»; que con «idéntica operatoria fue extorsionado Leopoldo Jacinto Basualdo, quien …especificó de qué manera Sala o amenazó para que facture, refiriéndole que iría a ‘pasear al Dique, igual que había pasado con su compañero Chorolque’. También detalló que era obligado a entregar las facturas…hasta les entregó el facturero… la libertad de decisión de Basualdo fue afectada no solo por los dichos de Sala de lo que era capaz de hacerle; sino a su vez por la posibilidad de perder los beneficios con los que a través de la organización ALUD…tenían sus compañeros y familia -principalmente planes y capacitaciones- de los que Sala disponía a su arbitrio…las testimoniales de Julia del Carmen Gutiérrez, Cristian Chorolque y la instrumental agregada… den cuenta de los reseñados extremos»; con «igual proceder se arribó a la autoría… en el hecho de extorsión del que fuera víctima Julia del Carmen Gutiérrez…»; «José Daniel Orellana declaró cómo Milagro Sala y Mabel Balconte, se hicieron con parte del dinero que provenía de Nación… para la construcción de obras… refiriendo que como ya sabía lo que pasaría si no lo entregaba, así lo hizo, aunque no pudo terminar la obra…» y, por último, «Néstor Antonio Lezcano… relató durante el debate que resultó obligado a facturar» (cf. fs. 45/47 del legajo de queja).

15) A partir de todo lo anterior, es evidente que no se ha demostrado mínimamente la configuración de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte.Ello así, desde que los agravios del recurrente en orden al modo en que se valoró la prueba rendida en el debate y a la extemporaneidad en la lectura de los fundamentos de la sentencia de condena remiten a cuestiones de hecho, prueba y derecho común u objetan al modo en que se aplicó el ordenamiento procesal provincial, materias cuyo análisis está restringido, por regla, a los tribunales locales, sin que la parte haya demostrado la concurrencia de alguno de los supuestos que permiten hacer excepción a dicho principio general.

De igual manera, se advierte que la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnación en orden a dichas cuestiones.

La parte recurrente tampoco rebatió los fundamentos de la sentencia apelada en lo tocante a la desestimación de los planteos referidos a la invocada violación del principio de publicidad del juicio y a la defensa material de su asistida, siendo que, además, la impugnación de la defensa en relación con dichos agravios resultó deficiente por no haber explicitado el perjuicio concreto que habría sufrido su asistida en cada caso, derivado de las irregularidades que denunció en el trámite del debate oral que culminó con su condena.

Tampoco se halla configurada la gravedad institucional alegada, en tanto este planteo no cuenta con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación (cf. Fallos: 311:667; 333:360 ; 340:1035 , entre otros).

Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese.

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