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#Doctrina ¿Existe el deber genérico de renegociar los contratos?

Autor: Vargas Balaguer, Humberto G.

Fecha: 12-12-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16930-AR||MJD16930

Voces: CORONAVIRUS – CONTRATOS – OBLIGACIONES – DEBER DE COLABORACIÓN – EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE

Sumario:
I. Introducción. II. Renegociación del contrato. III. Tesis de la obligación genérica de renegociar los contratos por circunstancias sobrevenidas. Fundamentos y réplicas. IV. Nuestra opinión.

Doctrina:
Por Humberto G. Vargas Balaguer (*)

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia (COVID-19), y las consecuentes medidas dispuestas por las autoridades pertinentes, tuvieron un fuerte impacto en las relaciones contractuales, provocando alteraciones sustanciales en el equilibrio del contrato y la correlatividad de las prestaciones.

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En ese contexto, y como una vía para la preservación del negocio jurídico, recobró vigencia la renegociación del contrato -cuestión que, por cierto, no es novedosa en nuestro país (1)-, postulada por autorizada doctrina como un deber de las partes resultante de una pluralidad concurrente de reglas y principios del derecho de las obligaciones y de los contratos y de la función preventiva de la responsabilidad (2).

Temática que fue abordada en las XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Mendoza, donde se registraron criterios encontrados al respecto.

A la fecha, la pandemia gradualmente va llegando a su fin. Pero en la Argentina de los últimos tiempos, donde la emergencia no es una excepción sino una regla, soluciones como las que nos ocupan se reeditan en cada crisis. De allí que el objetivo de este trabajo es determinar si existe, o no, una obligación general de renegociar los contratos ante circunstancias sobrevenidas y extraordinarias, a la luz del plexo normativo vigente. A tal fin, nos enfocaremos en el sector de los contratos paritarios o negociados, sin adentrarlos en los contratos de consumo (3).

II.RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

La renegociación es un remedio contractual tendiente al mantenimiento y adecuación del acto a circunstancias sobrevenidas, correspondiendo su ubicación en los efectos de los contratos (4). Se trata de una obligación de hacer, intuito personae, que, como tal, no puede ser suplida por el juez (5).

La renegociación puede obedecer a fuente convencional o legal.

Ellas se basan en el mantenimiento de las bases del negocio jurídico, por lo que la alteración de las circunstancias ha de ser sustancial o relevante, debiendo tener un impacto decisivo en la economía del contrato que afecte el interés de una o ambas partes contratantes (6).

La renegociación convencional o voluntaria, es cuando las partes la han pactado, sea que lo decidan espontáneamente ante las alteraciones del contrato, o bien que lo hayan previsto originariamente en una cláusula de renegociación -p.ej.: cláusula hardship (7)-.

En relación a este último supuesto, expresa Leiva Fernández que mediante ella los contratantes se obligan a procurar ponerse de acuerdo para adecuar el contrato a nuevas circunstancias, y quedan por lo tanto autorizadas a requerir su revisión periódica (8).

En la contratación moderna, apuntan Alterini y López Cabana, se tiende a la conservación del contrato, claro está, con adecuación a la voluntad generadora del pacto, y a la modificación de las circunstancias que rodearon su celebración. Por ello son habituales las cláusulas que prevén la renegociación, en determinado tiempo, o ante ciertos eventos, y la regla de buena fe impone a las partes aceptar esas cláusulas. Añaden que «la validez de las cláusulas de revisión, salvaguarda, renegociación, hardship, etc, deriva del respeto a la autonomía de la voluntad» (9).

En virtud de la autonomía de la voluntad, y en ejercicio de la libertad contractual, los contratantes son libres para celebrar el contrato y para determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres (art.958 , CCyC). Contenido que puede ser modificado o extinguido de común acuerdo (art. 959 , CCyC).

La legal, es cuando la ley impone la obligación de renegociar.

Tal es lo que acontece con el art. 1011 del CCyC, para los contratos de larga duración.

Igualmente, del art. 1091 del CCyC -imprevisión- se desprende el deber de renegociar de las partes previa a la judicialización del conflicto (10).

Lo mismo ocurrió con la ley 25.561, que en su art. 11 impuso la obligación de renegociar el contrato y, de no mediar acuerdo entre las partes, quedaban facultadas para ocurrir ante la justicia.

Cuando la renegociación se entable en sede judicial, el juez debe hacerlo respetando una voluntad equivalente a la propuesta por las partes en el contrato inicial, no pudiendo reescribir el contrato de acuerdo a su propio criterio; tampoco podría hacerlo conforme a una idea de equidad o de justicia social, descontextualizándolo (11).

El art. 960 del CCyC, si bien comienza con una prohibición para los jueces de modificar las estipulaciones de los contratos, en su parte final los faculta para modificar el contenido «a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público».

Ahora bien, frente a causas extraordinarias sobrevenidas, que alteren las bases del negocio, el punto en discusión es si existe un deber de renegociar, o es una facultad de los contratantes.

III. TESIS DE LA OBLIGACIÓN GENÉRICA DE RENEGOCIAR LOS CONTRATOS POR CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS. FUNDAMENTOS Y RÉPLICAS

Entre los fundamentos principales de quienes sostienen la existencia de una obligación de las partes de renegociar los contratos ante situaciones sobrevinientes y extraordinarias -en el caso, pandemia-, resaltan los siguientes: a) la tutela preventiva contractual (arts. 1032, 1710/1713, CCyC); b) la renegociación prevista para los contratos de larga duración (art. 1011, CCyC); c) la buena fe (arts.9 , 729 , 961 y conc., CCyC).

En cuanto al primer argumento (tutela preventiva), sostiene Picasso, en relación al art. 1032 del CCyC, que: «.resulta difícil entender en virtud de qué pase mágico una norma que se limita a autorizar a un contratante a suspender su propio cumplimiento cuando hay evidencia suficiente de que la otra parte no cumplirá puede convertirse en la llave que habilite al juez a imponer a los contratantes una obligación de renegociar un contrato afectado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19» (12).

Respecto a la acción preventiva prevista en los arts. 1711 y sig. del CCyC, de la cual se podría deducir el deber de renegociar, afirma Picasso: «La acción preventiva del art. 1711 del CCyC viene ligada al deber general de no dañar (.) la acción preventiva no es más que un modo de hacer valer, en un caso concreto, el alterum non laedere (.) el ámbito propio de esa acción es el de la responsabilidad extracontractual, que se funda.en la violación del mencionado deber de no dañar. En cambio, en el ámbito de las obligaciones y los contratos, no rige el deber genérico de no dañar, sino que solo hay responsabilidad por incumplimiento de un plan de prestación específico, con lo cual la antijuridicidad es ‘típica’: no hay responsabilidad obligacional si no se infringe ese concreto deber prestacional (13).

El autor citado también apunta que el requisito fundamental para la procedencia de la «acción preventiva» consiste en la existencia de «una acción u omisión antijurídica»; ahora bien, el mero incumplimiento del contrato no es en sí mismo un daño en los términos y con las consecuencias de los arts. 1737, 1738 y 1741 del CCyC.«El incumplimiento es sin duda una acción antijurídica, pero que puede o no producir un daño; y por eso mismo resulta incorrecto asociar automáticamente la acción preventiva con la mera circunstancia de no ejecutar un contrato». Por dichas razones, el mencionado autor no comparte la idea de que la prevención es ahora un principio general del derecho; la prevención del daño es una de las dos funciones del derecho de daños, no del derecho de los contratos (14).

En relación al segundo fundamento (renegociación en contratos de larga duración), cabe destacar que el art. 1011 del CCyC contempla los contratos de duración en los cuales los contratantes mantienen un vínculo duradero signado por la repetición de relaciones en un lapso prolongado, en donde «el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto» (art. 1011, primer párrafo). Es decir, en ellos el factor tiempo es un elemento inmanente (15). Basta pensar en un contrato de suministro, concesión, distribución o franquicia, que requieren ineludiblemente la extensión temporal del negocio para, por ejemplo, recuperar parte de la inversión, desarrollar comercialmente la marca, etc.

En estos contratos, la parte que pretende ejercer la rescisión unilateral del contrato por haberse quebrado el sinalagma contractual privando al acto de los efectos queridos por los contratantes o bien provocando la insatisfacción de las necesidades que indujeron a contratar, necesariamente, y para no caer en ejercicio abusivo de derecho, debe conceder a la contraparte una oportunidad de renegociar de buena fe. Dice el art. 1011, último párrafo:«La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos».

Por tanto, si una parte decide poner fin a un contrato de larga duración, debe darle a la otra la oportunidad de renegociar de buena fe, sin incurrir en abuso de derecho, de tal manera que si no le da esa oportunidad, ésta puede acudir al juez para que fije el plazo para llevar a cabo la misma, prolongando la relación durante dicho plazo adicional; y si pese a la decisión judicial de establecer un plazo adicional, la parte que desiste no se atiene a renegociar, incurrirá en incumplimiento que la hará responsable de daños (16).

Como se advierte, la renegociación del art. 1011 está prevista exclusivamente para los contratos de «larga duración», atendiendo a las particularidades de estas relaciones contractuales, y ante el supuesto específico de rescisión unilateral, más no del incumplimiento de una de las partes.

Por ende, a nuestro juicio, la renegociación que regula el art. 1011 no puede hacerse extensiva al resto de los contratos.

Respecto al tercer argumento (buena fe), si bien es un principio del derecho y constituye la fuente más importante para la integración judicial, el mismo no puede utilizarse como salvoconducto para obviar una piedra angular del derecho privado patrimonial, como es la fuerza obligatoria del contrato (art. 959, CCyC). En otras palabras, no corresponde generalizar la aplicación del principio de buena fe para cualquier alteración de las circunstancias.

Asimismo, en apoyo de la tesis escrutada, se invocan una serie de reglas y principios, como la conservación del contrato, la equidad, los deberes de colaboración y cooperación. Empero, de ninguno de ellos se puede deducir la existencia de una obligación general de renegociar el acuerdo.

IV. NUESTRA OPINIÓN

La columna vertebral del derecho contractual es la autonomía de la voluntad y la fuerza vinculante del contrato.

El lugar de la autonomía ha quedado reafirmado en el art.958 del CCyC (17).

El efecto vinculante del contrato, que es la recepción legislativa del clásico principio pacta sunt servanda, se encuentra previsto en el 959 del CCyC (18), que expresa: «Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé». Así, una vez perfeccionado el contrato, nacido a la vida jurídica, cada parte debe «someterse» a lo acordado «como si» se tratara de la ley misma (19).

Por su parte, el art. 960 del CCyC veda a los jueces modificar las estipulaciones del contrato, salvo que sea solicitado por una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto una norma de orden público.

Estos son los ejes sobre los cuales se ha diseñado el sistema del CCyC, en torno a los cuales debe efectuarse todo análisis en materia contractual.

Cuando ellos se encuentran comprometidos, se impone extremar los recaudos y evaluar la situación con suma prudencia, en aras de la seguridad jurídica.

La exigencia de renegociar, sin duda afecta seriamente la fuerza vinculante de los contratos, principio que continúa siendo uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico.

En esa inteligencia, y como corolario del presente, consideramos que en nuestro derecho positivo no existe un deber genérico de renegociar los contratos frente a circunstancias sobrevenidas y extraordinarias.

La obligación de renegociar solo puede derivar de un acuerdo expreso de las partes o de una disposición de la ley (arts. 1011 -contratos de larga duración- y 1091 -imprevisión-, CCyC).

Y ante circunstancias excepcionales o de emergencia como las transitadas durante la pandemia (COVID-19), el CCyC brinda todo un repertorio de figuras que pueden emplearse, según el caso: imposibilidad de cumplimiento (arts. 955, 956 y 1732), frustración del fin del contrato (art. 1090), imprevisión (art. 1091), suspensión de cumplimiento (art.1031).

En las XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se concluyó que la renegociación, en cuanto obligación de medio, presupone la libre negociación de las partes, sin que admita la imposición de compulsión o sanción (Comisión N° 4, Bloque 1 Parte General).

Lo dicho no importa soslayar que la renegociación del contrato es una solución útil, aconsejable y de mayor justicia, en comparación con otras que conducen derechamente a su extinción (v.gr., resolución, rescisión), máxime en un contexto siempre cambiante y de economía compleja como la de Argentina, pero en tanto se mantenga dentro de los márgenes indicados.

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(1) En las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Rosario en el año 2003, la Comisión N° 3 se ocupó de este remedio con motivo de los desequilibrios sinalagmáticos producidos por la grave crisis económica, política y social del 2001.

(2) Esta corriente es encabezada por el Dr. GALDÓS, Jorge Mario, «El deber legal de renegociar y la prevención del daño negocial», LL, 10/08/2020, 1, Cita Online: AR/DOC/2567/2020; «Suspensión y renegociación preventivas del contrato – Una solución posible ante la emergencia por la pandemia del COVID-19», RC D 1664/2020, «Nociones introductorias acerca de la suspensión y renegociación del contrato», RC D 3051/2020. También se enrolan en esta postura CORNET, Manuel – TINTI, Guillermo P., «Los contratos frente a la emergencia del COVID-19»; VERGARA, Leandro, «La readecuación contractual», LL, 2020-D-888; ARCOS VALCÁRCEL, Sandra, «Contratos turísticos y COVID -19: principios generales para la adecuada renegociación de los contratos de prestaciones turísticas. Una mirada superadores», LL, 2020-B-961.(3) Sobre el tópico, SOZZO, Gonzalo, «La renegociación de los contratos de consumo (o la construcción de la dimensión colectiva de la renegociación de los contratos de consumo con motivo de la pandemia COVID-19). Primera parte», RC D 1875/2020 y «Segunda parte», RC D 1890/2020, opina que en el campo de los contratos de consumo hay argumentos para fundar la existencia de una obligación de renegociar, cuando existen situaciones contractuales en las que: a) se trata de bienes esenciales para la subsistencia de los consumidores, o b) existen grupos de consumidores hipervulnerables, o c) problemáticas sociales de base o d) sean contratos de larga duración en los que existe una situación de «cautividad» de los consumidores.

(4) XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 2003, Comisión N° 3, Contratos: Renegociación y revisión del contrato.

(5) NICOLAU, Noemí L., «La revisión y renegociación del contrato como instrumentos útiles para su adecuación a las circunstancias sobrevenidas», Cita Online: AR/DOC/23613/2011.

(6) QUAGLIA, Marcelo C. – RASCHETTI, Franco, «Herramientas jurídicas para la pandemia y la pospandemia: la renegociación del contrato», LL, 2020-D-359, Cita Online: AR/DOC/1829/2020.

(7) Según como se la conoce en los países anglosajones, y se encuentra incorporada en los Principios de UNIDROIT. Al respecto, señala RIVERA, Julio César., «Los contratos frente a la pandemia», LL, 2020-B-945, Cita Online: AR/DOC/1102/2020, que con ella se identifica una cláusula convencional explícita que autoriza la revisión del contrato en ciertas hipótesis. Así, se afirma que la cláusula hardship (infortunio, adversidad, injusticia), o de adaptación del contrato, permite revisarlo cuando sobrevienen circunstancias que afectan a su ecuación económica, esto es, cuando se trastorna la relación de valor entre las prestaciones que forman parte del contenido económico del contrato.

(8) LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., Tratado de los contratos. Parte general, La Ley, Bs. As., 2017, t. II, p. 332.

(9) ALTERINI, Atilio A.- LÓPEZ CABANA, Roberto M., «La rescindibilidad unilateral en los contratos de colaboración empresaria», LL, 1991-D-815, Cita Online: AR/DOC/2824/2001.

(10) XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mendoza, 2022, Comisión N° 4: «Revisión y adecuación contractual», Conclusiones Bloque 3 Excesiva onerosidad sobreviniente.

(11) VERGARA, Leandro, «La readecuación contractual», LL, 2020-D-888, Cita Online: AR/DOC/2566/2020.

(12) PICASSO, Sebastián, «El año que vivimos en peligro: efectos de la pandemia en los contratos y supuesta obligación de renegociar», LL, 2021-A-30, Cita Online: AR/DOC/4039/2020.

(13) PICASSO, S., «El año que vivimos en peligro.», cit., LL, 2021-A-30, Cita Online: AR/DOC/4039/2020.

(14) PICASSO, ob. cit.

(15) FRUSTAGLI, Sandra A. – ARIZA, Ariel C., «La renegociación del contrato», JA, 1992-III-665.

(16) IBÁÑEZ, Carlos M., «Extinción unilateral del contrato», RCCyC 2016 (septiembre), 3, Cita Online: AR/DOC/2555/2016.

(17) NICOLAU, Noemí L. en NICOLAU, Noemí L. – HERNÁNDEZ, Carlos A. (dirs.), «Contratos en el Código Civil y Comercial de la Nación», La Ley, Bs. As., 2018, p. 47.

(18) LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., Tratado de los contratos. Parte general, La Ley, Bs. As., 2017, t. I, p. 37.

(19) STIGLITZ, Rubén S., «El contrato. La autonomía de la voluntad. La fuerza obligatoria», en STIGLITZ, Rubén S., «Contratos en el Código Civil y Comercial», La Ley, Bs. As., 2015, t. I., p. 89.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba). Profesor de Contratos, de Contratos Modernos y de Sociedades y Seguros, Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UCCuyo.

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