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#Fallos Accidente ferroviario: Subió a un tren en movimiento y con alcohol en sangre, por lo que contribuyó en un 60% al trágico desenlace, correspondiéndole a la empresa ferroviaria un 40%

Partes: A. S. M. y otros c/ Trenes Metropolitanos General Roca y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139021-AR|MJJ139021|MJJ139021

Voces: ACCIDENTE FERROVIARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – CULPA DE LA VÍCTIMA – TRANSPORTE FERROVIARIO – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD – EMPRESA DE TRANSPORTE

El padre y pareja de los actores, subió a un tren en movimiento y con alcohol en sangre, por lo que tiene el 60% de responsabilidad por el hecho fatídico.

Sumario:
1.-Teniendo en cuenta los deberes y las facultades de la CNRT y los requisitos que deben cumplirse para que se concrete la responsabilidad estatal, no se logra acreditar que la responsabilidad del hecho pueda serle atribuida al ente demandado siendo que la empresa de transporte debió ser quien mantuviera en un estado apropiado de mantenimiento y seguridad la estación para que no se produjera el accidente.

2.-La conducta de la víctima, intentando subir a una formación que iniciaba su movimiento -aunque al hacerlo continuaba con sus puertas abiertas- y que registraba alcohol en sangre, contribuyó en un 60% al trágico desenlace, correspondiéndole a la empresa demandada un 40% de esa responsabilidad.

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3.-No debe ser omitida la situación de que la formación dio inicio a su marcha sin cumplir con las normas reglamentarias que imponen el cierre de todas las puertas antes de hacerlo.

4.-Quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama.

Fallo:
La Plata, 27 de septiembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS: este expediente FLP 23042680/2006/CA1: «A., S. M. y otros c/ Trenes Metropolitanos General Roca y otros s/ daños y perjuicios», procedente del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, Secretaría Nº 6; Y CONSIDERANDO QUE:

El juez Vallefín dijo:

I. Antecedentes.

1. S. M. A., S. H. A., S. H. A., L. H. A., P. H. A., V. H. A. y G. H. A., promovieron demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Ferrocarriles Metropolitanos General Roca S.A. y/o la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y/o quien resulte civilmente responsable por la muerte del señor B. H. E., quien fue conviviente de la señora A. y padre de los restantes actores y actoras.

1.1. Según surge de la demanda, el señor H. E., debido a su profesión de médico y a su prestación de servicios en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires -Florencio Varela, Bernal, Berazategui-, era un usuario habitual del transporte férreo, que se dirigía desde su domicilio -en la localidad de Gonnet- a todos los lugares de trabajo.

Del relato de los hechos se desprende que el día 30/01/2004, aproximadamente a las 13:30 horas, se encontraba en la estación de ferrocarriles de la localidad de Bosques, esperando para abordar el tren que lo conduciría a Temperley, a donde debía arribar alrededor de las 14:00 horas.

En esa circunstancia, según el escrito inicial, llegó a la estación, fue a la boletería y salió con premura para poder abordar el vagón del tren que estaba por arrancar su marcha.

En ese momento, y siendo que la estación contaba con una precaria y antigua estructura -sin resguardos de seguridad y deficiente señalización-, es que, según el relato, fue que sucedió el hecho.

De acuerdo con lo explicado, el señor H. E.se dirigió hacia el vagón que recién comenzaba su movimiento -en un recorrido que no llevaba un trayecto prolongado- y cuando arribó a él habría resbalado al alcanzar el estribo de acceso, lo que produjo una pérdida de estabilidad y la consecuente caída de sus piernas sobre las ruedas de la formación. Esa situación, según lo relatado, habría sido posible debido a la amplia franja de espacio que media entre el vagón y las vías, razón por la cual la caída provocó la mutilación de sus miembros inferiores y su ulterior deceso, mientras era intervenido quirúrgicamente en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

1.2. En este contexto, en el escrito inicial se precisó una serie de circunstancias que, según los y las demandantes, contribuyeron a que el hecho sucediera, siendo estas: «inadecuada ubicación de la boletería», «inexistencia de laberintos de acceso o molinetes», «inexistencia de señales lumínicas o sonoras», inexistencia de zonas demarcatorias de peligro», «diferencia de altura entre los andenes y las escaleras de acceso a los vagones», «inexistencia de puertas de seguridad» e «inadecuada ubicación del guarda».

Con todo ello, la parte actora señaló como responsables de la muerte del señor H. E. a Ferrocarril Metropolitano General Roca S.A. y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (a partir de ahora CNRT).

Basó la responsabilidad de la primera en un apartamiento de lo normado en el art.1113 del Código Civil y en la doctrina del «riesgo creado», debido a que «el accidente se produjo como consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad adecuadas», siendo ella la causa adecuada y conducente que produjo el evento dañoso, teniendo la víctima una participación pasiva.

Por otro lado, le endilgó responsabilidad a la CNRT, en tanto presumió una falta de cumplimiento en la obligación que tiene como autoridad de vigilar y hacer cumplir a las empresas la prestación de un servicio seguro, cómodo y eficiente.

Finalmente, solicitó la reparación de los daños causados, ofreció prueba, fundó en derecho, hizo saber que solicitaría beneficio de litigar sin gastos e hizo reserva del caso federal.

1.3. Seguidamente, los actores y las actoras ampliaron demanda. En su escrito determinaron el monto del perjuicio -pesos un millón quinientos cincuenta mil ($1.550.000)-, más intereses, costos y costas desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo e íntegro pago.

Para acceder a ese monto determinaron de la siguiente manera los rubros solicitados: valor vida: pesos trescientos mil ($300.000); pérdida de chance: pesos cuatrocientos mil ($400.000); gastos de curaciones: pesos cinco mil ($5.000); gastos de sepelio: pesos cinco mil ($5.000); daño moral: pesos quinientos cincuenta mil ($550.000) y daño psicológico: pesos doscientos noventa mil ($290.000), repartidos estos últimos cada uno de la siguiente manera: por S. M. A. daño moral pesos ciento cuarenta mil ($140.000) y daño psicológico pesos cuarenta mil ($40.000); por S.H. A. daño moral pesos cincuenta mil ($50.000) y daño psicológico pesos treinta mil ($30.000); por S. H. A. daño moral pesos setenta mil ($70.000) y daño psicológico pesos treinta mil ($30.000); por L. H. A. daño moral pesos setenta mil ($70.000) y daño psicológico pesos treinta mil ($30.000); por P. H. A. daño moral pesos cincuenta mil ($50.000) y daño psicológico pesos cuarenta mil ($40.000); por V. H.A. daño moral pesos setenta mil ($70.000) y daño psicológico pesos sesenta mil ($60.000) y por G. H. A. daño moral pesos cien mil ($100.000) y daño psicológico pesos sesenta mil ($60.000).

2. Tanto la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como Transportes Metropolitanos General Roca S.A. contestaron la demandada.

2.1. La primera planteó excepción de falta de legitimación pasiva en tanto entendió que «no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta». Ello por tratarse de un organismo que tiene por objeto controlar y fiscalizar el servicio de transporte sometido a su jurisdicción, más no de ser demandada en todos los casos derivados de accidentes de tránsito ocurridos a bordo de formaciones ferroviarias, y sustentó ello en el Contrato de Concesión del servicio.

Seguidamente, negó todos los hechos invocados en la demanda -salvo los expresamente reconocidos- y que le corresponda alguna responsabilidad respecto al hecho objeto de litigio.

Finalizadas las negativas, hizo referencia a que el escrito de inicio contaba de manera muy vaga e imprecisa la sucesión de hechos, destacó que del informe producido por la Gerencia de Seguridad en el Transporte surge que el causante se habría caído debajo del tren al intentar ascender a él en movimiento, transgrediendo lo normado en el artículo 154 del Reglamento General de Ferrocarriles que prohíbe subir o bajar de coches en movimiento.

De esta manera explicó que, así como existen obligaciones para la empresa concesionaria en cuanto a la seguridad, también lo existen para los pasajeros y, el señor H. E.no las cumplió, actuando con negligencia y poniendo en riesgo su propia vida.

Asimismo, explicó que la carencia de responsabilidad estatal halla su fuente en el hecho de que corresponde a las empresas concesionarias que las instalaciones se encuentren en buen estado y es su obligación que los vehículos y conductores cuenten con la debida habilitación, no pudiendo haber responsabilidad por omisión cuando, en un caso como el de marras, lo que sucedió fue un hecho fortuito. Además de que del Contrato de Concesión a favor de Transportes Metropolitanos General Roca S.A. surge que es el concesionario quien debe responder por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimento de sus obligaciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, expresó que, a su entender, no existía una relación causal en autos que acarreara responsabilidad a ambas demandadas, en tanto, el accidente se produjo por el accionar de la víctima que ascendió al convoy en movimiento.

Finalmente, fundó en derecho, impugnó los montos solicitados, ofreció prueba e hizo reserva de caso federal.

2.2. Por su parte, la empresa Transportes Metropolitanos General Roca S.A., en primer lugar, solicitó se cite en garantía a la aseguradora Trainmet Seguros.

A continuación, negó todos los asertos especificados en la demanda -salvo los especialmente reconocidos- e hizo referencia a que fue el actuar negligente y culpable -correr desde la boletería hacia la formación que ya se encontraba en movimiento- de la víctima lo que provocó el evento, rompiendo el nexo causal y desligando de responsabilidad a la empresa.

Finalmente, hizo referencia al artículo 154 del Reglamento General de Ferrocarriles, impugnó los montos solicitados, ofreció prueba y solicitó que se unifiquen los puntos de pericia de algunos de los peritajes propuestos por la parte actora.

3. El a quo hizo lugar a la solicitud de citación en garantía de la aseguradora Trainmet Seguros a quien se la tuvo por presentada y parte.

4.Posteriormente, la actora contestó el traslado conferido respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la CNRT -solicitando su rechazo- y el juzgador consideró que correspondía diferir su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia definitiva, por encontrarse inescindiblemente unida a la cuestión de fondo.

5. Con todo ello, se llevó a cabo la audiencia del artículo 360 del CPCCN, en ese mismo acto la causa se abrió a prueba y se proveyó la ofrecida.

Seguidamente, se produjo la prueba, se comunicó el fallecimiento de la actora S. M. A., el estado de quiebra de la aseguradora citada como tercero y se le hizo lugar al beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora.

Finalmente, las partes alegaron y se llamaron los autos para dictar sentencia.

II. La sentencia recurrida.

Con todos los elementos aportados a la causa el juez de grado dictó sentencia.

En primer lugar, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1078 del C.C. para el caso particular, en cuanto excluye de la legitimación para reclamar daño moral a la concubina del damnificado directo del hecho dañoso.

A continuación, hizo lugar a la de manda incoada por la parte actora contra Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y la citada en garantía Trainmet Seguros S.A. y contra la CNRT, declarándolos solidariamente responsables -en un 70%- del hecho dañoso y condenándolos al pago de las sumas determinadas en el considerando V, con más los intereses que resulten de aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, impuso las costas a la demandada vencida, difirió la regulación de los honorarios profesionales y aclaró que las sumas reconocidas a la señora S. M. A. serían transferidas al juez del sucesorio.

Para así resolver dejó sentado que:a) debido a la fecha de producción del daño, el caso debía resolverse al amparo de las normas del Código Civil derogado; b) la decisión en sede penal -Unidad Funcional de Instrucción nº 14 del Partido de Quilmes- de archivar la causa seguida por homicidio culposo, por no encuadrar el hecho que motivara la formación de la Investigación Penal Preparatoria en figura legal alguna, no tenía efectos en los términos de los artículos 1102 y 1103 del C.C., al no equipararse esa solución a sentencia penal condenatoria o absolutoria; c) respecto de la determinación de la responsabilidad tuvo por acreditadas las circunstancias en que sucedió el deceso del señor H. E. y determinó que existió concurrencia de responsabilidades -culpa de la víctima en un 30% y responsabilidad solidaria de las demandadas en un 70%- de la siguiente manera: 1) Transportes Metropolitanos General Roca S.A. -y la citada en garantía Trainmet Seguros S.A. según los términos y las limitaciones de la póliza de seguro suscripta- resultaba responsable de manera objetiva en un 70%, conforme el artículo 1113 C.C.del hecho dañoso, en tanto incumplió su obligación de seguridad al acreditarse que existía un mantenimiento defectuoso de la estación ferroviaria y la deficiencia en las medidas de seguridad adoptadas (valoración del peritaje del perito ingeniero civil y del perito arquitecto), 2) respecto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, citó la normativa aplicable y concluyó que pesaba sobre la demandada «el deber de fiscalizar y controlar el servicio de trenes» y habiendo ocurrido el hecho debido a las «deficientes condiciones de seguridad de la Estación Bosques y de las formaciones ferroviarias», determinó que se debía rechazar la defensa de falta de legitimación y declararla solidariamente responsable -70%- del evento dañoso por haber incurrido en falta de servicio, omisión o deficiente cumplimiento del deber de vigilancia y seguridad en las redes concesionadas «por ser, el Estado, el titular del poder de policía», 3) la culpa de la víctima se configuró en tanto intentó subir a la formación cuando ya estaba en movimiento -prueba testimonial- y sin contar con la plenitud de sus funciones -exámenes de laboratorio obrantes en la causa penal que arrojaron un valor de 2,5 g de alcohol etílico por muestra en el cuerpo de la víctima-; d) Los rubros indemnizatorios debían cuantificarse de la siguiente manera: valor vida y pérdida de chance: pesos trescientos cuarenta mil ($340.000) a la fecha del evento dañoso -pesos cien mil ($100.000) para la concubina y doscientos cuarenta mil ($240.000) para sus hijas e hijos dividido en partes iguales-; respecto del daño moral, como se dijo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1078 C.C. en tanto veda la indemnización por daño moral a la concubina del fallecido y determinó el monto de pesos cincuenta mil ($50.000) para cada una de las partes damnificadas, mientras que, en relación al daño psicológico desestimó el de la señora S. M. A. por no haberla podido examinar el perito por su fallecimiento; y determinó que correspondía por S. H. A.pesos treinta mil ($30.000); por S. H. A. pesos treinta mil ($30.000); por L. H. A. pesos treinta y cinco mil ($35.000); por P. H.A. pesos treinta mil ($30.000); por V. H. A. pesos treinta y cinco mil ($35.000) y por G.H. A. pesos cuarenta mil ($40.000); los gastos de curaciones los tuvo por no probados y los gastos de sepelio pesos cuatro mil ($4.000).

III. Los recursos.

1. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la parte actora apelaron lo resuelto.

1.1. Los agravios de la CNRT pueden resumirse de la siguiente manera: a) el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, porque es sólo un órgano de fiscalización y no quien otorga las concesiones de servicios públicos de transporte; b) no existe nexo causal para responsabilizarlo civilmente porque no se probó la falta de servicio u omisión en su actuar; c) los rubros y montos indemnizatorios son arbitrarios y excesivos y d) las costas a su cargo.

1.2. Por su parte, la actora se agravió de: a) la determinación de la responsabilidad de la víctima sólo se basó en testimonios que dijeron que el causante subió a la formación en movimiento, mientras que los peritajes del ingeniero y del arquitecto son categóricos con relación al estado y carencia de seguridad del lugar; b) los montos de los rubros reclamados por bajos y el rubro «gastos de curaciones» que debe proceder por ser la reparación integral y c) la determinación de la tasa de interés aplicable.

1.3. La parte actora contestó los agravios de la demandada.

IV. Consideración de los agravios.

1.Aclaración preliminar.

De principio, y sin perjuicio de que el 1 de agosto del año 2015 se produjo la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el hecho ventilado en este pleito debe resolverse al amparo del régimen consagrado en el Código Civil de Vélez Sársfield y de la jurisprudencia vigente entonces en materia de responsabilidad del Estado. Por cierto, así lo dejó sentado el señor juez de primera instancia en su pronunciamiento.

Ello es así porque a la luz del espíritu que en su momento inspiró la redacción del art. 3 del Código Civil, reproducida sustancialmente ahora en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, queda claro que la faz dinámica de la relación jurídica establecida entre las partes se ha consumado en el momento de la producción del hecho que motivó este reclamo (ver, al respecto, Kemelmajer de Carlucci, Aída E., «Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015», La Ley del 02/06/15, y sus remisiones).

Hecha esta digresión, por una cuestión de método se examinarán inicialmente los agravios relativos a la excepción de falta de legitimación y la responsabilidad de la demandada apelante y de la víctima para, luego, tratar los rubros y montos indemnizatorios, la tasa aplicable y las costas.

2. La excepción de falta de legitimación pasiva, la responsabilidad de la CNRT y la responsabilidad de la víctima.

2.1. En primer lugar, haré referencia al agravio de la CNRT respecto del rechazo de la falta de legitimación pasiva planteada.Para ello será necesario realizar un análisis normativo que determine si el organismo demandado sería parte de la relación jurídica sustancial y, luego, en el caso de que así sea, determinar si existió responsabilidad de su parte en el hecho.

La CNRT -organismo que funciona en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación- fue creada por el decreto 1388/96. Del texto de su Estatuto surge que es un ente autárquico (art. 2) que tiene como finalidad -en lo que a esta causa compete- fiscalizar y controlar el transporte protegiendo los derechos de los usuarios, logrando mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad del sistema de transporte ferroviario, asegurando un adecuado desenvolvimiento de sus modalidades (art. 3).

Además, tiene la facultad de aplicar y hacer cumplir la normativa en materia de transporte y fiscalizar las actividades de las empresas de transporte para evaluar, entre otras cosas, su desempeño (art. 6). Respecto del transporte ferroviario específicamente, el artículo 8 del Estatuto determina que tendrá la función de aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión y fiscalizar las actividades de las empresas en cuanto al mantenimiento de la infraestructura y el artículo 9 hace referencia a que en lo relativo a la seguridad deberá controlar el cumplimiento de las normas vigentes.

De estos fragmentos del Estatuto se desprende que, siendo que el organismo detenta funciones de contralor y fiscalización del transporte ferroviario, el agravio no habrá de prosperar y se confirmará el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, en tanto un accidente durante el funcionamiento del servicio ferroviario lo hace integrante de la relación jurídica sustancial.

2.2.Despejado lo anterior, y sin perjuicio de lo resuelto respecto de la legitimación de la CNRT de ser parte en el proceso, se torna necesario determinar si existió responsabilidad de su parte en el hecho objeto de la litis.

El a quo refirió que «el fundamento de la responsabilidad estatal aquí se vincula con el concepto de falta de servicio, omisión o deficiente cumplimiento del deber de vigilancia y seguridad en las redes concesionarias por ser, el Estado, el titular del poder de policía, delegado a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por el decreto de creación».

Por su parte, el organismo demandado se agravió de que no existió nexo causal que lo responsabilice del hecho porque la falta de servicio u omisión en su actuar no estuvo probada.

2.2.1. En miras de resolver este punto, es importante destacar el recorrido jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema.

En el precedente «Tomas Devoto», el máximoì tribunal reconoció la responsabilidad extracontractual del Estado, basada en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Seguidamente, en el caso «Ferrocarril Oeste c/Prov.de Buenos Aires», basó la responsabilidad estatal en los artículos 1112 y 1113 del Código Civil y acudió por primera vez al concepto de «falta de servicio» diciendo que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución (.) Y si bien las relaciones entre el Estado y sus gobernados se rigen por el derecho público, la regla enunciada, fundada en razones de justicia y de equidad, debe tener también su aplicación a este género de relaciones, mientras no haya una previsión legal que la impida».

Seguidamente, en el fallo «Vadell c/Provincia de Buenos Aires» la Corte determinó que la responsabilidad extracontractual del Estado era objetiva y directa y se basó exclusivamente en el artículo 1112 del Código Civil -como vía subsidiaria- que refiere que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son hechos ilícitos que no son delitos y acarrean su responsabilidad.

En este contexto, la Corte ha seguido construyendo el concepto de falta de servicio expresando que se configura como «una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Repertoire de la responsabilite de la puissanceì’ publique, Dalloz, Faute de service, n° 178)» (Fallos: 321:1124 ).

Asimismo, fue delineando ciertos aspectos que deberían ponderarse al momento de precisar si existió esa responsabilidad objetiva, como son la naturaleza de la actividad -diferenciando acción de omisión-, si se dispusieron medios razonables para el cumplimiento del servicio, si existe un lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 330:563 )

Es decir que, para determinar si existió responsabilidad por hecho ilícito del Estado en relación a su falta de servicio, esa enumeración determinaría los parámetros que deberían considerarse en el caso concreto.

2.2.2. La breve reseña jurisprudencial se torna necesaria para determinar si, en el caso, existió responsabilidad por parte de la CNRT en el hecho que causara la muerte del señor H. E.

Para precisar ello, se debe tener en cuenta que la simple atribución de omisión en el control no causa por si misma la responsabilidad, sino que, tal como se precisó, son diferentes factores los que deben apreciarse para determinar si existió esa responsabilidad.

Sumado a ello, quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama (Fallos: 317:1233).

En el caso, en la demanda la parte actora hace referencia a que «la culpa de la CNRT consiste en la omisión de las advertencias, consejos, vigilancia, recomendaciones, controles, etc.con los que se la ha facultado y de las cuales no ha hecho uso», sin dar mayores especificaciones de cuáles serían esas facultades que se han omitido.

Asimismo, cabe agregar que de los fragmentos del Contrato de Concesión de Transportes Metropolitanos General Roca S.A., acompañado por la CNRT en la contestación de la demanda, surge que el concesionario «deberá responder por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la Concesión que se le otorga», mientras que el concedente «es responsable por los actos propios que pudieran perjudicar la normal prestación de los servicios concedidos», siendo el concesionario el responsable del mantenimiento de los bienes transferidos en la concesión (fs. 54/57).

En este sentido, el peritaje agregado a la causa realizado por el perito arquitecto, da cuenta de que la Estación Bosques se presentaba como precaria y con falta de mantenimiento preventivo y deficiente en cuánto a la circulación y seguridad de los pasajeros. En razón de lo peritado y considerando lo dispuesto en el contrato de concesión se sigue que la CNRT no era quien debía mantener en buen estado la estación.

Con todo lo expuesto en este punto, considero que, teniendo en cuenta los deberes y las facultades de la CNRT y los requisitos que deben cumplirse para que se concrete la responsabilidad estatal, no se logra acreditar que la responsabilidad del hecho pueda serle atribuida al ente demandado siendo que la empresa de transporte debió ser quien mantuviera en un estado apropiado de mantenimiento y seguridad la estación para que no se produjera el accidente.

Ello en tanto, como tiene dicho nuestro máximo tribunal «sólo le puede caber responsabilidad al Estado Nacional si incumplió el deber legal que le imponía obstar el evento lesivo, máxime cuando una conclusión contraria llevaría al extremo -por cierto absurdo- de convertir al Estado en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se cometiera» (Fallos: 329:3966 ).

2.2.3.Despejado lo anterior, resta determinar la responsabilidad del causante.

La parte actora se agravió de que se haya determinado la existencia de un 30% de culpa de la víctima, basándose sólo en la prueba testimonial.

En este sentido es necesario considerar que el sistema de atribución de responsabilidad civil debe subsumirse en las previsiones del artículo 184 del Código de Comercio.

En esa línea se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al sub judice, al señalar que la controversia tiene su marco jurídico en la mentada norma, por lo que a la parte actora le incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe probar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder (Fallos: 321:1462, 322:139, entre otros).

El factor de atribución es de carácter objetivo, en el que la empresa transportista asume la obligación contractual de conducir a destino al pasajero en condiciones de indemnidad. Por tanto, de ocurrir un accidente durante el recorrido y de ocasionarse un daño al viajero, el acarreador resulta responsable y sólo puede invocar la ruptura del nexo causal (conf. Pizarro, Ramón Daniel, La responsabilidad por riesgo creado y de empresa, tomo III, Buenos Aires, 2006, «La Ley», 273 y siguientes; Prevot, Juan Manuel, Chaia, Ruben A., La obligación de seguridad. Deber de protección. Transporte de personas. Prestación medico-asistencial. Infecciones hospitalarias, Buenos Aires, 2005, Hammurabi, p. 71 y siguientes).

Planteada así la cuestión, y sobre la base de los alcances del pronunciamiento apelado y de los agravios de la parte actora, corresponde examinar cuál fue el hecho determinante de la concatenación fáctica que posteriormente culminó con el deceso del señor H. E., ello para determinar si existió culpa de su parte.

Como se dijo, el día 30/01/2004, aproximadamente a las 13:30 horas, el señor H. E.se encontraba en la estación de ferrocarriles de la localidad de Bosques, esperando para abordar el tren que lo conduciría a Temperley. Fue a la boletería y salió con premura para poder abordar el vagón del tren. En ese momento, habría resbalado al alcanzar el estribo de acceso, lo que produjo una pérdida de estabilidad y la consecuente caída de sus piernas sobre las ruedas de la formación, lo que provocó la mutilación de sus miembros inferiores y su muerte, mientras era intervenido quirúrgicamente en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

Planteado ello, teniendo en cuenta que «los jueces no están obligados a expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino sólo de aquellas conducentes a su decisión» («Fallos» 306:395, 306:1290, entre otros) estimo que para el punto en debate adquieren relevancia -tal como lo valoró el a quo- las declaraciones testimoniales que surgen de la causa penal acompañada.

En ellas los señores Noguera -cabo de Gendarmería Nacional-, Tello -cabo de Gendarmería Nacional- y Machín Ramírez -guarda del tren, empleado de la empresa Transportes Metropolitanos General Roca S.A.- dan cuenta de que se encontraban en la estación Bosques al momento del hecho y coincidieron en que el señor H.

E. salió de la boletería de la estación con premura -«corriendo»-, se tomó del pasamanos del tren ya en movimiento y luego de que haya sonado el silbato, momento en que se resbaló y sus miembros fueron succionados por el vehículo.Los tres coinciden en que le gritaron a la víctima para que no suba y el señor Machín Ramírez, además, agregó que fue él quien debió hacer frenar de emergencia la repartición al percatarse de lo que estaba sucediendo.

Sumado a ello y siendo de una gran relevancia para el caso, los exámenes de la Policía Científica del Laboratorio Químico Pericial Quilmes que también se encuentran incorporados en la causa penal acompañada, demuestran que de una muestra de 10 cm3 de sangre «se obtuvo el siguiente resultado: 2,50 (dos coma cincuenta) gramos/litros de muestra analizada» para «determinar el posible contenido en sustancias volátiles reductoras expresadas en alcohol etílico».

Finalmente, en su escrito de demanda, la parte actora afirmó que la víctima era un pasajero habitual del servicio y que «tenía familiaridad con las pobres y riesgosas condiciones de los vehículos».

En este marco, resulta claro que la conducta de la víctima, intentando subir a una formación que iniciaba su movimiento -aunque al hacerlo continuaba con sus puertas abiertas- y que registraba el mencionado nivel de alcohol en sangre, contribuyó -a diferencia de lo resuelto por el a quo- en un 60% al trágico desenlace, correspondiéndole a la empresa demandada un 40% de esa responsabilidad.

La modificación de los porcentajes se sustenta en que, al conjugar la conducta de la víctima con los resultados arrojados por el peritaje realizado por el Laboratorio Químico, se concluye que la cantidad de alcohol ingerida momentos antes del hecho, no podía permitirle al causante actuar en la plenitud de sus sentidos y reflejos, siendo esa circunstancia riesgosa al decidir abordar un tren en movimiento.

Ello, sin perjuicio de que la formación continuaba con las puertas abiertas una vez iniciada su marcha, situación que no excluye de manera total a la demandada de la responsabilidad en el hecho, pudiendo haberse evitado o disminuido el daño causado.

En este sentido, debe señalarse que no debe ser omitida la situación de que la formación dioinicio a su marcha sin cumplir con las normas reglamentarias que imponen el cierre de todas las puertas antes de hacerlo.

Por consiguiente, resulta adecuado modificar, en este punto, lo dispuesto por el juzgador en relación al porcentaje de culpa que le corresponde a la empresa demandada y a la víctima respecto del hecho que fue causa de su muerte.

2.3. En consecuencia, respecto a la determinación de la responsabilidad en el hecho, concluyo que deberá modificarse lo resuelto y determinar que le corresponde un 60% a la víctima y un 40% a la Empresa Transportes Metropolitanos General Roca S.A. por los argumentos expresados en este punto.

3. Los montos indemnizatorios.

3.1. Ambas partes apelantes se agravian del monto de los rubros, una por ser arbitrarios y excesivos -CNRT- y, la otra -actora- por bajos y por la no procedencia del rubro «gastos de curaciones».

Procederé a analizar cada uno de ellos.

3.1.1. En primer lugar, y con respecto a los rubros valor vida y pérdida de chance, el a quo los trató a ambos de manera conjunta y los fijó en pesos trescientos cuarenta mil ($340.000) a la fecha del evento dañoso -pesos cien mil ($100.000) para la concubina y pesos doscientos cuarenta mil ($240.000) para sus hijas e hijos a dividir en partes iguales-.

La parte actora se agravió de que la suma es exigua porque el juzgador no valoró adecuadamente el plexo probatorio, del que surge que el fallecimiento del señor H. E. provocó graves consecuencias económicas en su familia, ya que era su único sostén.

En lo atinente al valor vida es dable recordar que la Corte tiene dicho reiteradamente que «la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable.Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue» (Fallos: 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 322:1393 ).

Por su parte, el máximo tribunal entiende que la pérdida de chance procede cuando existe un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto (Fallos: 308:2426; 317:181; 320:1361 ).

En este marco, el a quo tuvo en cuenta como guía algunos parámetros mediante los que consideró que la víctima era una persona de sexo masculino, de cincuenta años al momento del hecho, su título de médico y su trabajo en diferentes instituciones, los aportes previsionales que había realizado durante su vida laboral, los diferentes lugares en donde se desempeñaba en su profesión y la liquidación de haberes de esos lugares.

Así también valoró que el señor H. E.tenía seis hijos e hijas, dos de los cuales eran menores de edad y una pareja conviviente a su cargo, siendo que de los testimonios surgía que «era el sostén del grupo familiar, y que tras su muerte se ha visto una significativa merma en la posibilidad de ayuda económica para el grupo».

Asimismo, tuvo en cuenta el peritaje contable del que surge una estimación del lucro cesante.

Con todo ello, el juzgador consideró establecer como justa indemnización por ambos rubros la suma de pesos trescientos cuarenta mil ($340.000) a la fecha del evento dañoso.

Precisado lo anterior, se concluye que el agravio introducido por la parte actora no habrá de prosperar, en tanto se desprende de la sentencia recurrida que el juez de grado valoró minuciosamente las circunstancias atinentes a la procedencia de estos reclamos y determinó una suma adecuada para resarcir esos daños.

Por lo tanto, por los mismos fundamentos dados por el sentenciante, estos rubros serán confirmados en el monto indicado.

3.1.2. Respecto del daño psicológico, la parte actora se agravió de que no fue ponderada correctamente la lesión psicológica que cada reclamante sufrió, así como su edad y circunstancias personales.

Se adelante que este agravio tampoco habrá de prosperar.

Con carácter liminar, cabe poner de resalto que esta Sala ha dicho que el daño psicológico es distinguible del daño moral «(e)n las manifestaciones sintomáticas de uno y otro, toda vez que, si bien el perjuicio psicológico también es un sufrimiento subjetivo, no necesariamente se expresa a través de síntomas o cualquier otra alteración psicopatológica. En otras palabras, el dolor, la angustia, puede permanecer en la esfera interna del damnificado, sin manifestaciones que puedan tener entidad clínica» (confr.Causa n° 15.499, «Carrizo, Zulema Beatriz c/Banco de la Nación Argentina s/daños y perjuicios», resuelta el 11/09/08).

El a quo, para decidir como lo hizo, consideró uno por uno los peritajes psicológicos de los hijos y las hijas del causante, la incapacidad que surgía de cada uno y el tratamiento indicado, advirtiéndose que no es cierto que no haya ponderado adecuadamente las circunstancias que plantea la parte actora.

Así, determinó la procedencia de la afección psicológica y fijó el quantum de la reparación para cada una de las personas que integran la parte actora, sumas calculadas a la fecha del evento dañoso.

Consecuentemente, estimo que las sumas fijadas por este concepto -comprensivas del daño psicológico y del tratamiento psicoterapéutico- resultan equitativas y basadas en una correcta ponderación de lo que el profesional psicólogo determinó en cada caso, por lo que propongo sea mantenida.

3.1.3. En lo que respecta al daño moral la parte actora consideró reducida la suma fijada para cuantificar este rubro, en tanto se habría omitido realizar una justa y adecuada valoración del plexo probatorio.

Al respecto, es dable memorar que el daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial.

Es el menoscabo a los sentimientos en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial.

El daño moral no resulta susceptible de apreciación económica. Por tanto, sólo habrá de buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio y que tampoco represente un lucro capaz de desvirtuar la finalidad de la reparación. Sobre tal base los jueces gozan de amplio criterio para su determinación conforme lo establecido en la ley procesal (art. 165 del CPCC).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que:»(A) los fines de la fijación del quantum del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la edad de la víctima y la entidad del sufrimiento causado.» (Fallos: 326: 847).

El juez a quo, al momento de determinar la cuantía del monto por este concepto, sostuvo que «. Debe tenerse especialmente en cuenta, las circunstancias trágicas en que se produjo el deceso de la víctima, y sobre todo la magnitud del sufrimiento causado a la conviviente e hijos -actores en autos-, quienes se vieron abruptamente privados de su compañero y padre».

Con sustento en ello, concluyó en la determinación del monto resarcitorio valorando «cuidadosamente las tremendas circunstancias reseñadas, o sea, la situación existencial, individual y social de los damnificados».

De acuerdo con las pautas señaladas precedentemente, el monto establecido surge de una ponderación prudencial del daño inferido y, en razón de ello, considero que corresponde rechazar el agravio en lo relativo a este punto y confirmar los montos determinados en la instancia de origen.

3.1.4. Finalmente, la actora se agravió de que no se haya determinado un monto para resarcir los gastos por curaciones.

En principio, es dable recordar que toda persona tiene el derecho a una reparación integral de los daños sufridos, principio del sistema de reparación civil que tiene su fundamento en la Constitución Nacional y en el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Precisado lo anterior, cabe recordar que los gastos de asistencia integran el derecho a resarcir (art.1084 del Código Civil) y que son debidos, aunque la parte actora no haya aportado prueba de su efectivo pago, porque se trata de gastos de necesaria realización.

Sin embargo, en el caso, considero que corresponde confirmar lo resuelto por el a quo, e n tanto, según las constancias de la causa, el deceso del señor E. se produjo en el momento en que estaba siendo intervenido quirúrgicamente -en el Hospital Evita Pueblo- inmediatamente después de que sucediera el hecho, siendo que esta circunstancia no pudo haber generado ese tipo de gastos.

4. La tasa de interés aplicable.

4.1. La parte actora se agravió de la tasa deinterés fijada -tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, para operaciones de descuento de documentos comerciales- y solicitó que se aplique la tasa activa del Banco Nación de la República Argentina.

4.2. El agravio no puede prosperar. En efecto, esta Sala tiene dicho, de conformidad al fallo plenario dictado por la Cámara Federal del circuito en los autos «Gómez, Ricarda c/ ENTEl s/ Indemnización por despido», expte. N° 625, Sala II, que la tasa a aplicarse al crédito reconocido en la especie es la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.

Cabe hacer notar que dicho plenario efectúa una clara distinción entre las causas civiles, comerciales o contencioso administrativas y las «exclusivamente laborales», únicas a las que se brinda una solución distinta -tasa activa-.

5. Las costas.

La demandada CNRT se agravió de las costas impuestas.

Teniendo en cuenta la manera en que se decide, estimo que las costas de primera instancia deberán ser soportadas según los porcentajes de responsabilidad modificados por esta decisión, correspondiendo en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada Transportes Metropolitanos Roca S.A., imponiéndose de igual manera las costas de alzada (art. 71 CPCCN). V. Conclusiones.

Las consideraciones precedentes autorizan a sostener las siguientes conclusiones: a) La concubina y los hijos e hijas de Bismarck H. E.iniciaron demanda de daños y perjuicios contra Ferrocarriles Metropolitanos General Roca S.A. y/o la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y/o quien resulte civilmente responsable por la muerte de quien fuera su conviviente y padre, debido al accidente que sufrió al momento de arribar a la formación de un ferrocarril. b) El a quo determinó que ambos demandados eran solidariamente responsables en un 70% por el deceso del señor H. E. -la empresa por haber incumplido su obligación de seguridad al acreditarse que existía un mantenimiento defectuoso de la estación ferroviaria y la deficiencia en las medidas de seguridad adoptadas, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por haber incurrido en falta de servicio, omisión o deficiente cumplimiento del deber de vigilancia y seguridad en las redes concesionadas «por ser, el Estado, el titular del poder de policía»-. c) El 30% restante de responsabilidad se lo atribuyó a la víctima por haber intentado subir a la formación cuando ya estaba en movimiento y sin contar con la plenitud de sus funciones al haber ingerido alcohol. d) El a quo determinó, también, los montos de la indemnización por valor vida, pérdida de chance, daño psicológico, daño moral y gastos de sepelio, teniendo por no probados los gastos de curaciones. e) La parte actora y la demandada CNRT apelaron lo resuelto.

f) La CNRT se encuentra legitimada pasivamente para ser parte en la litis, mas no se logra acreditar su responsabilidad en el hecho en tanto, teniendo en cuenta sus deberes y facultades y los requisitos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad estatal, no era ella, sino la empresa de transporte, quien debía mantener en un estado apropiado de mantenimiento y seguridad la estación para que no se produjera el accidente.

De esta manera la responsabilidad es atribuible a Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y a la empresa aseguradora Trainmet Seguros S.A.g) Se debe modificar el porcentaje de responsabilidad en el hecho de la víctima determinado por el a quo y precisarlo en un 60%, ello por intentar subir a una formación en movimiento, tras haber ingerido una proporción de alcohol que no le permitía disponer en plenitud de sus sentidos y reflejos, según se acreditó con el respectivo informe de los médicos forenses. Correspondiéndole un 40% de culpa a la demandada Transportes Metropolitanos General Roca S.A. h) Los montos indemnizatorios precisados en la sentencia apelada deben ser confirmados por haber sido determinados de manera prudencial y teniendo en cuenta los parámetros procedentes para hacerlo, realizando su distribución con sujeción a los porcentajes de responsabilidad establecidos en este fallo. i) El rechazo del rubro gastos de curaciones debe confirmarse en tanto el causante falleció durante el momento en que estaba siendo intervenido quirúrgicamente, el mismo día del hecho. j) Las costas deben repartirse según los porcentajes de responsabilidades reseñados.

Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso promovido por la CNRT y revocar la determinación de su responsabilidad del hecho dañoso.

2) Modificar el porcentaje de responsabilidad que corresponde a cada parte, quedando configurada en un 40% para Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y la citada en garantía Trainmet Seguros S.A. y en un 60% a la víctima.

3) Confirmar los montos de los rubros indemnizatorios determinados en la sentencia apelada, con sujeción a la distribución de la responsabilidad establecida en este fallo.

4) Confirmar el rechazo del rubro gastos de curaciones.

5) Confirmar la tasa de interés determinada para los montos indemnizatorios -tasa pasiva promedio del Banco de la Central de la República Argentina-.

6) Imponer las costas de ambas instancias en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada Transportes Metropolitanos General Roca S.A., (art.71 CPCCN).

Así lo voto.

El juez Lemos Arias dijo:

Por compartir los aspectos sustanciales de su voto, me adhiero a la solución propuesta por el juez Vallefin.

En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso promovido por la CNRT y revocar la determinación de su responsabilidad del hecho dañoso.

2) Modificar el porcentaje de responsabilidad que corresponde a cada parte, quedando configurada en un 40% para Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y la citada en garantía Trainmet Seguros S.A. y en un 60% a la víctima.

3) Confirmar los montos de los rubros indemnizatorios determinados en la sentencia apelada, con sujeción a la distribución de la responsabilidad establecida en este fallo.

4) Confirmar el rechazo del rubro gastos de curaciones.

5) Confirmar la tasa de interés determinada para los montos indemnizatorios -tasa pasiva promedio del Banco de la Central de la República Argentina-.

6) Imponer las costas de ambas instancias en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada Transportes Metropolitanos General Roca S.A., (art. 71 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y, firme que quede, devuélvase, previa comunicación a través de oficio electrónico al juzgado interviniente.

CARLOS ALBERTO VALLEFIN

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS

NOTA: Se deja constancia de que el doctor Roberto A. Lemos Arias suscribe la presente en virtud del estado de vacancia de dos vocalías de esta Sala Tercera y de lo prescripto por la Resolución 25/22 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

PABLO MARTIN LABOMBARDA

SECRETARIO

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