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#Doctrina Capacidad progresiva en adolescentes sin cuidados parentales

Autor: Othar, Aldana

Fecha: 15-11-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16899-AR||MJD16899

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Sumario:
I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusión.

Doctrina:
Por Aldana Othar (*)

RESUMEN

La norma de la capacidad progresiva implica el respeto por la autonomía de la voluntad de niños y adolescentes, con aumento progresivo a medida que los niños crecen y adquieren mayor madurez para comprender sus actos, propendiendo siempre al interés superior de los niños, y sin que conlleve a su desprotección. Para ello, debe asegurarse que los niños cuenten con apoyo y asistencia en el ejercicio de sus derechos, siendo informados, guiados y acompañados por los adultos que ejercen su cuidado. Esta necesidad cobra especial relevancia en el caso de niños y adolescentes sin cuidados parentales, siendo los operadores del sistema de protección quienes deben brindar ese complemento para posibilitar la adopción de decisiones sanas y autónomas.

I. INTRODUCCIÓN

Es ya sabido que el actual paradigma sobre el derecho de la niñez y la adolescencia sostiene la concepción de los niños como sujetos de derecho, y no meros objetos de protección; asumiendo que los niños pueden ejercer por sí mismos ciertos derechos, aunque por regla general ejercen muchos de ellos a través de sus representantes, siendo su autonomía una excepción amplia, de interpretación flexible y de aumento progresivo a medida que los niños crecen y adquieren mayor madurez para comprender sus actos.

Sin embargo, el objetivo de esta concepción es propender siempre al interés superior de los niños, no pudiendo esto, de ninguna manera, redundar en desprotección.Es por ello que debe asegurarse que los niños cuenten con apoyo y asistencia en el ejercicio de sus derechos, siendo guiados y acompañados por los adultos que ejercen su cuidado.

Esta necesidad cobra especial relevancia en el caso de niños y adolescentes sin cuidados parentales, institucionalizados mediante medidas especiales de protección o medidas de abrigo, por las que se encuentran viviendo en Hogares convivenciales y, consecuentemente, bajo el cuidado del Estado.

En estos casos, las personas que en la práctica acompañan y guían a los adolescentes en el ejercicio de sus derechos, favoreciendo y haciendo posible la real concreción de su autonomía progresiva, son los operarios del sistema de protección; por lo que se trata de un proceso totalmente diferente al de un niño o adolescente que crece bajo el cuidado de sus padres.

Por una parte, puede pensarse que los adolescentes inmersos en el sistema de protección estarían más informados y conscientes de sus derechos, en tanto su inclusión al sistema implica la obligación por parte de los operarios de que le sean explicados sus derechos, el procedimiento que los afecta y los fundamentos del mismo. Por otro lado, la especial vulnerabilidad de estos niños, que fundamenta su inclusión al sistema, lleva implícita una enorme dificultad para su autodeterminación y ejercicio pleno de esos derechos; si bien se dice que estos niños suelen contar con experiencias de vida que en ciertos aspectos los han hecho más fuertes y maduros, también lo es que la vulnerabilidad los atraviesa y determina en todo aspecto.

Por ello, resulta trascendente para la atención al interés superior de los niños y adolescentes sin cuidados parentales, el abordaje del aseguramiento del respeto de su autonomía progresiva y la especial protección necesaria para su ejercicio.

II. DESARROLLO

2.1.El plexo normativo vigente en nuestro país en materia de niños y adolescentes, plasma un cambio social contemporáneo en la mirada respecto de la infancia y la adolescencia, a partir de la democratización de las familias y el reconocimiento de la autonomía progresiva de los niños, que lleva al desarrollo de relaciones más igualitarias.

La Convención de Derechos del Niño expresa que el ejercicio de los derechos por parte del niño es progresivo en virtud de «la evolución de sus facultades» (art. 5 ) y la ley 26.061 aborda la cuestión mediante la idea de una capacidad progresiva, vinculada al «desarrollo de sus facultades», «conforme a su madurez y desarrollo» (arts. 19, inc. a y 24, inc. b) ; de esta manera la autonomía progresiva da visibilidad al niño como sujeto de derechos dentro de la familia, sin descartar que por su condición de persona en desarrollo debe recibir protección especial (art. 19 Convención Americana de Derechos Humanos), pero entendiendo que ella no se satisface por el hecho de atribuir a otros una representación pura.

El Código Civil y Comercial, en consonancia con ello, establece como regla general la capacidad de las personas, sin embargo, dispone que los menores de 18 años de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, no obstante lo cual pueden ejercer por sí aquellos que el ordenamiento permite si cuentan con edad y grado de madurez suficiente; al tiempo que se ocupa de establecer ciertas presunciones en cuanto al grado de madurez y consecuente capacidad para ciertos actos, especialmente vinculados con derechos fundamentales, en determinadas franjas etarias (art.26 ), pero sin constituir reglas tajantes de capacidad/incapacidad.

Soluciones similares fueron adoptadas por todos los países latinoamericanos, con la misma tradición y marcados por un supuesto «cambio de paradigma». De toda la normativa latinoamericana emerge el principio de autonomía progresiva de los menores de edad para el ejercicio de sus derechos, de modo que sean ellos quienes decidan y elijan cómo y cuándo hacerlo, conforme con su proyecto personal de vida, sus deseos e intereses, pero siempre de acuerdo a la evolución de sus facultades, es decir, aludiendo a «procesos de maduración y de aprendizaje por medio de los cuales los niños adquieren progresivamente conocimientos, competencias y comprensión, en particular comprensión de sus derechos, y sobre cómo dichos derechos pueden materializarse mejor» (1). En tal sentido, pierde cierta importancia el concepto de capacidad civil, para ganar protagonismo la noción de competencia, extrapolada del campo de la bioética.

El origen del uso jurídico de este término, nos remite al conocido caso Gillik (2), ocurrido en Inglaterra en la década del 80, a partir del cual se construyó el término conocido como «Gillik competent» para referir a una categoría de niños que, sin contar con la edad legal para prestar consentimiento válido en términos generales, podían sin embargo hacerlo frente a derechos personalísimos, en función de su edad y grado de madurez. A partir de allí, en el derecho comparado fue construyéndose la doctrina de la «capacidad natural», que refiere a que el ejercicio de derechos fundamentales depende de las efectivas condiciones de madurez que se van adquiriendo progresivamente hasta su plenitud.«La noción de competencia se vincula con el discernimiento; se trata de un estado psicológico empírico en que puede afirmarse que la decisión que toma un sujeto es expresión real de su propia identidad individual, esto es, de su autonomía personal» (3).

La elección de este sistema de progresividad de la capacidad en relación al desarrollo y competencias de cada niño, por oposición al sistema dicotómico de capacidad/incapacidad con un límite concreto, tajante y arbitrario -como era nuestro antiguo Código Civil-, y apartado del fraccionamiento etario rígido que establece determinadas capacidades en cada edad biológica, sin atender a las particularidades de cada niño -como establecen actualmente países como Inglaterra (4), España (5) y Paises Bajos (6)-, resulta el modo más adecuado, justo y equitativo de plasmar normativamente el principio de autonomía progresiva. Ello, aun asumiendo los múltiples conflictos que genera la falta de certeza para la ciudadanía, especialmente en ciertos ámbitos como el sistema de salud y el educativo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció a este respecto en el caso «Atala Riffo y Niñas vs. Chile» que «el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos» (Corte IDH, 2012, párrafo 108). Además, el Comité de los Derechos del Niño destacó que el artículo 12 que impone el derecho de los niños a ser oídos, se aplica tanto a los niños pequeños como a los de más edad:«como portadores de derechos, incluso los niños más pequeños tienen derecho a expresar sus opiniones, que deberían tenerse debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño» (Comité de los Derechos del Niño, 2006).

Así, la edad de un niño es un indicador o guía para conocer su desarrollo o grado de madurez, pero de modo alguno debe ser entendido como exclusivamente terminante, pues debe atenderse a que el proceso de desarrollo paulatino de todo individuo ocurre en un contexto que lo rodea y que también es determinante para la adquisición de sus facultades, por lo que no se producirá de la misma manera en todos los casos, influyendo en la construcción de su subjetividad múltiples factores externos, tal como el grupo familiar y afectivo, la ciudad y hasta el barrio donde crece, la educación que recibe -en su hogar, así como en el ámbito escolar-, la situación económica, entre otros.

Esta idea se encuentra explicitada en la Opinión Consultiva 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Condición jurídica del niño, en cuanto refiere que deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos, procurando en esta ponderación el mayor acceso en la medida posible.

Dice Fernandez (2015): «Como ha dicho calificada doctrina, hablar de autonomía se relaciona con las nociones de libertad, identidad y ciudadanía, en un proceso que exige la inclusión de todos los integrantes de la familia, facilitando el reconocimiento y el respeto de las necesidades de cada cual.Se trata en realidad de una derivación del principio constitucional de autonomía personal y del complementario de autonomía en las relaciones familiares» (7).

Asimismo, reconocer a los niños como sujetos de derechos constituye una ampliación de la ciudadanía, y por tanto exige del Estado una reconfiguración de las políticas públicas destinadas a su protección y de las políticas sociales en general.

Magistris (2011) señala al respecto: «Partimos de entender que las políticas sociales dirigidas a la infancia se vinculan de modo directo con las modalidades de gestión de la desigualdad y la ciudadanía infantil. (Llobet, 2008). Resulta pertinente así abordar la tensión planteada entre dos dinámicas centrales. Por un lado, la inclusión de los niños/as, en tanto extensión de los derechos humanos a esta población desafiando las presunciones de la «diferencia» de los niños/as y las prácticas excluyentes basadas en la edad. Por otro lado, el reconocimiento que destaca el status particular de la niñez como colectivo con formas específicas de vulnerabilidad, intereses y titularidad de derechos, visualizando a la infancia como una población prioritaria en materia de protección e intervenciones especiales (White, 2002)» (8).

La Convención sobre los Derechos del Niño enlaza fuertemente la responsabilidad de los padres, la familia, la sociedad y el Estado a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En tal sentido, la noción de autonomía progresiva de los niños y adolescentes tiene directa relación con el papel de los padres o responsables legales, a quienes les corresponde impartir dirección y orientación apropiadas para que sus hijos disfruten de sus derechos, de forma tal que a medida que crecen y adquieren madurez psíquica y competencias sociales, ellos adapten sus funciones, otorgándoles mayores libertades (conforme indica el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, receptado internamente por el artículo 639 inc.b del Código Civil y Comercial, y desarrollado por la Opinión Consultiva 7 del Comité de los Derechos del Niño); pero ello, claramente, sin que implique desprotección, de modo de permitirles y posibilitarles que puedan hacer realidad sus derechos por sí mismos.

Resulta necesario reiterar y destacar que esto no implica dejar de lado las funciones y derechos parentales y el deber de protección, sino que se trata de una relación que muta en dos sentidos inversamente proporcionales, ajustándose en forma constante: a menor autonomía del hijo, aumentan las funciones y deberes de los progenitores en el ejercicio de los derechos del niño, y a medida que el hijo va adquiriendo mayores competencias, disminuyen los deberes y funciones de los padres sobres sus hijos, todo ello en forma paulatina y de acuerdo a los múltiples factores antes mencionados.

Un conocido precedente jurisprudencial que abordó la aparente disyuntiva entre responsabilidad parental y autonomía, así como el rol del Estado en dicha disyuntiva, es el caso «Liga de amas de casa»(9), en el cual el Superior Tribunal local sostuvo que «Las atribuciones conferidas a los padres o encargados legales de los niños, en ejercicio de la patria potestad, no pueden constituirse en un elemento que permita afectar o suprimir, a través de su ejercicio, los derechos humanos personalísimos de los niños, insusceptibles de ser ejercidos por representantes pues corresponden a la esfera de la autonomía personal y de la libertad», agregando que «Si bien el proceso hacia la autonomía personal de los niños requiere en forma relevante de la función socializadora de los padres, ello no obsta a que el Estado colabore con aquéllos y establezca ciertos objetivos básicos en relación con sus políticas en materia de salud y educación».

2.2.Esta relación o disyuntiva de la que venimos hablando, que conlleva dos necesidades trascendentes de los niños y adolescentes, cuales son las de autonomía y protección, cobra especial relevancia en el caso de niños sin cuidados parentales, respecto a los cuales se ha adoptado una medida especial de protección o medida de abrigo, apartándolos de su grupo familiar y disponiendo su permanencia en un hogar convivencial, bajo el cuidado del Estado.

Y es que en esos casos, el Estado no se limita a la función asignada por el mismo artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño de «respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres», asumiendo el principio de no injerencia arbitraria del Estado en la vida familiar, ni a su función residual de establecer objetivos básicos y controlar el cumplimiento de los deberes parentales y preservar los derechos fundamentales de los niños; sino que es el mismo Estado quien, a través de los organismos del sistema de protección de derechos de la infancia, se responsabiliza por cumplir en todos sus aspectos las funciones parentales y asegurar el desarrollo equilibrado de ambas variables en relación a esos niños.

Así, serán en lo concreto los operarios del sistema de protección, y especialmente los encargados y empleados de los hogares convivenciales, quienes comparten la cotidianeidad de cada niño o adolescente institucionalizado por una medida de abrigo, los que cumplirán los roles de dirección y orientación en el ejercicio de derechos, debiendo hacer efectiva esa articulación entre autonomía y protección, en pos del interés superior de los niños.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que además de la especial atención que merecen los niños y adolescentes de parte de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del niño, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de casos que los afecten (10).

La incorporación de esta lógica en las políticas sociales requiere de instituciones afines a los paradigmas vigentes y de operadores que las integren capacitados y especializados en la temática. La referencia a la dimensión institucional da cuenta de su impronta estructural y estructurante para los procesos de políticas públicas que no se generan en el vacío, sino que se producen en un ámbito institucional particular que lo antecede y lo condiciona. Los sujetos involucrados de las políticas actúan y se relacionan al interior de cierto marco institucional (formal e informal) preexistente y, por tanto, restringe, regula y orienta las acciones y los sentidos de los procesos de políticas públicas, a la vez que, en un sentido dialéctico, son los propios sujetos los que crean y recrean dichos marcos institucionales (11).

En este sentido, todos los operarios del sistema deben contar con capacitaciones adecuadas para el entendimiento pleno de la temática, además de resultar de gran beneficio la exigencia de un perfil psicológico y laboral conteste con la labor que habrán de desarrollar.

Y con esto, no debe recaerse en el error de solo pensar en los magistrados y directores de las Áreas de Niñez y Adolescencia, sino en todos y cada uno de los operadores, pues hasta el empleado menos jerarquizado de un Hogar Convivencial compartirá la cotidianeidad de los niños allí alojados e influirá, quizás aún más directamente que el Juez a cargo de su causa, en la conformación de su subjetividad. No por ello se exigirá a un empleado de limpieza que tenga estudios en psicología, pero sí parece conveniente que sea una persona empática y que haya sido mínimamente capacitado para dar respuesta a los adolescentes que a él pudieran acercarse, aunque más no sea para saber decirles a quiénes recurrir y no hacer oídos sordos a un reclamo de atención por parte de un sujeto vulnerable.En este sentido, todos aquellos sujetos que mantienen contacto directo y cotidiano con los adolescentes bajo medidas de abrigo deberán ser conscientes del proyecto y plan estratégico del que forman parte, sino para colaborar en su desarrollo, al menos para no entorpecerlo.

Es cierto que ningún padre o madre recibe una capacitación especial para criar a sus hijos, y que tampoco en general seleccionan los empleados que trabajan en su hogar pensando en la influencia que pudieran tener en los niños -sí seguramente al elegir a quien cuide a sus hijos, pero no al contratar a un jardinero o personal de limpieza-; pero no debe perderse de vista que los niños y adolescentes sujetos a medidas especiales de protección, son seres en extrema vulnerabilidad: ya han sido violentados sus derechos, muchas veces sufrido uno o múltiples abandonos de su familia biológica y en muchos casos han crecido en ámbitos desfavorables; por lo que a fin de garantizar su desarrollo en condiciones de equidad y su formación lo más sana y plena posible, resulta necesario extremar los cuidados para evitar nuevas vulneraciones y compensar de alguna manera las desventajas de las que parten en ese desarrollo.

Conteste con ello, parece necesario que estos niños reciban la mayor cantidad y calidad posible de información respecto a sus derechos, posibilidades de elección, procedimientos administrativos y judiciales que los atraviesan, objetivos de los mismos, alternativas concretas para su futuro y todo aquello que pueda inquietarles o coadyuvar a su subjetivación o construcción de su identidad y autonomía.

En el marco de este desarrollo, no puede dejar de decirse que muchos de los operadores del sistema de protección o sujetos de la red de contención de estos adolescentes, suelen sentir temor por su propia responsabilidad a partir de lo que hagan en relación a ellos.Especialmente, los individuos integrantes del sistema de salud, temen dar valor a las decisiones o voluntades de los adolescentes, desconociendo sus facultades o competencias y hasta la normativa civil que les otorga capacidad jurídica, ante la eventualidad de ser reprochados por sus actos, lo que deriva en la judicialización de cada decisión que deben adoptar en relación a estos jóvenes, en cuan to no entienden como válidas sus directivas, ni conocen quién más que el Juez puede integrar sus consentimientos para darles validez.

Pese a la coincidente y clara postura normativa, doctrinal y jurisprudencial, los adultos siguen viéndose responsables por las decisiones que pueden tomar los niños, y por ello no les permiten su ejercicio autónomo, principalmente en lo que pudiera oponerse a su propia voluntad. O incluso estando a favor de las decisiones y coincidiendo en lo acertado de las mismas, requieren autorización judicial porque descreen que sea suficiente con la observancia de competencia para ejercer sus derechos en forma plena. Podría decirse que estos operadores temen más por su propia responsabilidad que por el futuro de los niños.

El mayor dilema se plantea cuando un adolescente decide ejercer autónomamente sus derechos de una manera tal que ello vulnera o amenaza su propia integridad, su desarrollo como persona o la realización de otros derechos, es decir, de una forma que tenga un impacto negativo para sí mismo y contra la voluntad de sus representantes o responsables legales.Estas circunstancias pueden darse también en el marco de una familia, y probablemente no excederá el ámbito privado, pero en el caso de niños sin cuidados parentales, todas y cada una de sus decisiones estarán sometidas a injerencia judicial, que podría de algún modo restringir el desarrollo de su autonomía.

«Queda claro que atribuir al niño o adolescente una responsabilidad que excede sus capacidades simbólicas para tramitarla redunda en una violentación a su subjetividad, comparable con aquella que, mencionada en primer término, desubjetiviza al desresponsabilizar» (Salomone, 2016) (12).

En tal sentido, Herrera y De la Torre (2011) advierten que debe atenderse a esta tensión constante al momento de definir cualquier regulación que refiera a la infancia o la adolescencia, pues el Estado podría incurrir en responsabilidad civil al desconocer una autonomía o al reconocerla por demás; es tan violatorio al principio del interés superior del niño impedir el ejercicio de derechos de manera autónoma cuando están en condiciones de hacerlo, como a la inversa, habilitarlos a decidir por sí cuando no se encuentran preparados para ello; lograr el equilibrio es un punto complejo y un desafío (13).

Por lo tanto, en todas las medidas que se adopten concernientes a niños, se deberá atender a la realización y protección sistemática de todos sus derechos, de modo que estos no sean vulnerados o amenazados, y no corresponderá que se ponderen o consideren otros intereses, como puede llegar a ser la satisfacción de los derechos de sus padres, o si atentan contra políticas públicas o sociales.

Garzón Valdés señala que para que la autonomía individual sea sacrificada deberían darse dos requisitos:por un lado, la existencia de una incompetencia básica de la persona que la lleve a tomar decisiones que atenten contra sus propios intereses, que ella misma reconoce como válidos, por lo que habría una autocontradicción; y, en segundo lugar, que la decisión que se adopte en razón de la intromisión sea necesaria y adecuada para mejorar las condiciones de vida del sujeto (Couso, 2006) (14).

No debe permitirse que bajo la bandera o pretexto del interés superior del niño, se derive en prácticas propias de la doctrina tutelar, tan criticada pero al mismo tiempo tan presente aún en muchas actuaciones administrativas, políticas públicas y decisiones judiciales, especialmente en el marco de causas de abrigos o medidas especiales de protección de derechos de los niños, por las cuales los adultos -supuestamente más sabios y conscientes- deciden qué es lo mejor para el interés del niño o adolescente, independientemente de su voluntad y haciendo caso omiso a las decisiones de aquél, quien con su edad y madurez suficientes tomó una elección de cómo quiere ejercer sus derechos. Así las cosas, más que de libertad se estaría en presencia de un autoritarismo.

Las capacidades en desarrollo deberían considerarse positivas y habilitadoras y no una excusa para prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía del niño y su expresión (15).

2.3. Además de lo dicho hasta aquí, y como si las situaciones comentadas no fueran ya suficientemente complejas, agrava aún más la particularidad de los jóvenes sin cuidados parentales, que esta sobreprotección o excesiva judicialización de todos los aspectos de su vida, llega a su fin en forma tajante e inmediata el día en que los mismos cumplen sus 18 años de edad.La Ley Provincial n° 14.584 tiene por objeto dar un marco a las políticas de egreso de las/los adolescentes residentes en hogares para niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, orientadas a promover su inserción socio-laboral, pero no se ocupa de la preparación de estos jóvenes durante su estadía en los hogares, en miras a ese egreso.

La ley Nacional N° 27.645 , por su parte, establece un Plan de Egreso Integral para el Acompañamiento de Jóvenes en Proceso de Transición del Sistema de Protección de Derechos a la Vida Autónoma, y contempla justamente la etapa previa al egreso institucional de los adolescentes, en función de los principios que aquí se vienen desarrollando: el derecho de los jóvenes a la preparación progresiva para la vida autónoma de acuerdo con la evolución de sus facultades, el derecho a opinar y a ser oídos, el acceso universal en condiciones de igualdad y no discriminación y la preparación y acompañamiento integral e individualizado de los jóvenes; estableciendo dos aspectos fundamentales que componen el acompañamiento al que estos adolescentes tienen derecho: el apoyo emocional y el apoyo económico, y estableciendo consecuentes obligaciones en cabeza de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social.

En este sentido, impone la necesidad de los jóvenes de contar con algún referente afectivo que lo acompañe personalmente y de acuerdo a su individualidad, promoviendo el desarrollo de su independencia, pero brindando al mismo tiempo la seguridad y contención que necesitan en el ejercicio de su autodeterminación. Se exige que estos referentes acrediten su experiencia en el trabajo con jóvenes, sin perjuicio de la posibilidad de cada joven de solicitar que se designe a alguien de su elección, en cuyo caso deberá cumplir con las obligaciones de todos los referentes.De este modo, resulta al menos posible, aunque difícilmente pueda garantizarse plenamente, el acceso en condiciones mínimas de equidad de los adolescentes sin cuidados parentales, a la orientación y dirección que la normativa referida a la infancia pone en cabeza de los padres, favoreciendo el desarrollo de su autonomía progresiva, sin perjuicio de la inevitable judicialización que sufren estos niños, la que deberá minimizarse en el margen de las posibilidades, mediante la correcta instrucción y también acompañamiento a los sujetos que rodean a estos adolescentes y temen respetar sus decisiones.

En el entendimiento de estos deberes estatales, aún antes de la sanción de la ley señalada, la Asociación Civil Doncel viene desarrollando un trabajo exhaustivo en la materia. Un ejemplo de ello es el proyecto «Llaves para la Autonomía», que llevó adelante en convenio con UNICEF entre 2014 y 2016, por el cual se trasmitió un modelo ideal de abordaje de la transición del sistema de protección hacia la autonomía de adolescentes y jóvenes para el personal de hogares asistenciales y actores claves del sistema de cuidados alternativos, con la finalidad de contribuir al desarrollo de un modelo de acompañamiento para la transición de los adolescentes sin cuidados parentales hacia la autonomía y vida adulta; así como el Programa «Servicios para la Autonomía» (16), desarrollado durante el año 2016, por el cual se acompañó a adolescentes residente en hogares convivenciales a fin de mejorar sus posibilidades de inserción laboral y educativa.

III.CONCLUSIÓN

A fin de propender al aseguramiento del respeto por la autonomía personal de cada niño, en condiciones de equidad y en atención a su propia individualidad, con plena consideración y protección de su interés superior, debe necesariamente abordarse con especial atención y cuidado la responsabilidad del Estado por los niños y adolescentes institucionalizados bajo medidas de abrigo, cuyo grado de vulnerabilidad los coloca en una posición de desventaja frente a la sociedad toda.

Pero en el intento por brindarles la mayor protección, no puede de manera alguna caerse en el error de negar o minimizar el valor de sus decisiones voluntarias y autónomas, cuando son adoptadas con competencia y expresadas a conciencia.

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(1) Comité de los Derechos del Niño, OBSERVACIÓN GENERAL Nº 7, UNICEF- Centro de Investigaciones Innocenti; pág. 76.

(2) Gillick C. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, Corte de los Lores, Gran Bretaña, 1986.

(3) TS C.A.B.A, 2003, voto jueza Conde, consid. III.

(4) En la Sección 8va. Acta de Reforma de Derecho de Familia (1969) establece la mayoría de edad a los 16 años.

(5) La ley 41/2002 dispone la edad de 12 años para el nacimiento del debe de ser informado, y los 16 para prestar consentimiento, sosteniendo que en caso de grave riesgo, los padres son informados y su opinión es tenida en cuenta.

(6) El Código Civil de Paises Bajos impone la necesidad de autorización paterna hasta los 12 años, un sistema de doble autorización entre los 12 y 16, y la adopción de decisiones exclusivas del adolescente a partir de los 16 años.

(7) FERNÁNDEZ, Silvia Eugenia: La responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial ¿cuánto de autonomía progresiva? Construyendo equilibrios, Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Familia: Filiación y Responsabilidad Parental, 20/05/2015, 181 – LA LEY, AR/DOC/1304/2015.

(8) MAGISTRIS, Gabriela:Procesos de institucionalización de derechos en las políticas de infancia en la provincia de Buenos Aires, VI Jornada de Jóve nes Investigadores Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Buenos Aires, 2011.

(9) TSJ, CABA, 14/10/2003, «Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la República Argentina y otros c. Ciudad de Buenos Aires», LL, 2004-B-413.

(10) Fallos:318:1269 ; 322:2701 ; 324:122 .

(11) Ganar Derechos, Lineamientos para la Formulación de Políticas Públicas Basadas en Derechos, Serie de Documentos de Trabajo, IPPDH, Mercosur.

(12) SALOMONE, Gabriela Z.: Del Niño Como Sujeto Autónomo Al Sujeto De La Responsabilidad En El Campo De La Infancia Y La Adolescencia, en Práctica de Investigación: La Psicología en el ámbito jurídico. Reflexiones ético-clínicas a través de un estudio cualitativo de casos. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2016.

(13) HERRERA, Marisa y DE LA TORRE, Natalia, Biopolítica y salud: El rol del Estado en la prevención del daño en adolescentes. Autonomía y paternalismo justificado, en Daños a la salud. Revista de derecho de daños, 2011-3, Rubinzal-Culzoni.

(14) COUSO, JAIME: El Niño como Sujeto de Derechos y la Nueva Justicia de Familia. Interés Superior del Niño, Autonomía Progresiva y Derecho a Ser Oído; en Revista de Derechos del Niño- Dir. Cillero, Miguel y Couso Jaime, Números 3 y 4, UNICEF, Universidad Diego Portales, 2006, pág. 153.

(15) Observación Gral. 7. Comité de los Derechos del Niño. Parr. 17.

(16) Puede verse: http://doncel.org.ar/2016/11/06/comenzo-servicios-para-la-autonomia-el- programa-auspiciado-por-argentina-trabaja/

(*) Abogada. Especialista en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (UNICEN). Diplomada en Estudios de Género y Estrategias de intervención en Políticas Públicas (UNICEN).

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