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#Doctrina Un fallo que ilustra acerca de varios institutos que componen el micro sistema de la responsabilidad civil médica

Autor: Meneghini, Roberto A.

Fecha: 13-11-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16888-AR||MJD16888

Sumario:
I. Prólogo. II. Obligaciones medicales. III. Carga probatoria. IV. La autonomía científica en el quehacer específico de los integrantes del equipo médico. V. La responsabilidad civil del establecimiento asistencial donde se llevó a cabo la práctica. VI. El débito reparatorio de la empresa de medicina prepaga. VII. Relación entre monto de demanda y el de condena. VIII. Función preventiva de la responsabilidad civil. IX. Actualización del límite de la suma asegurada. X. Epílogo.

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Doctrina:
Por Roberto A. Meneghini (*)

I. PRÓLOGO

El voto del integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, en los autos caratulados «G. G. y otro c. G. A. SA. y otros », motivo del presente comentario, constituye una muestra muy clara del poder de síntesis eficaz -poco común en nuestra jurisprudencia- en el tratamiento de varios institutos muy importantes que componen lo que hemos dado en llamar el microsistema de la responsabilidad civil médica.

A la aseveración referida intentaremos darle base con los fundamentos que verteremos, aclarando que poseen el target de despertar en los lectores una suerte de interés que genere agregados de comentarios y críticas que, sin duda, serán de mayor fuste, en lo jurídico, que los nuestros.

Así analizaremos los abordajes de mayor trascendencia que se formulan, tales como la naturaleza jurídica de las obligaciones medicales; la carga probatoria -con énfasis en la denominada «de la afirmación»-; la autonomía científica en el quehacer específico de algunos de los integrantes del equipo médico; la responsabilidad civil del establecimiento asistencial donde se llevó a cabo la práctica; el débito reparatorio de la empresa de medicina prepaga; relación entre monto de demanda y el de condena; función preventiva de la responsabilidad civil y, por último, la actualización del límite de la suma asegurada.

Existen otras cuestiones que también trae el fallo pero que, por razones de espacio, no entraremos a su estudio.

II.OBLIGACIONES MEDICALES

El Vocal opinante, respecto de las obligaciones medicales, trae a colación el tema de las denominadas «de medios», citando un fallo de la Corte bonaerense en el que se sostuvo, en otras palabras, que, en tales obligaciones, la frustración del resultado exitoso esperado del acto médico, per se, no genera débito reparatorio, en tanto y en cuanto no haya existido culpa.

El código velezano no traía la clasificación de obligaciones en «de medios» y «de resultado». La doctrina y la jurisprudencia nacional se habían encargado de su recepción, en línea con su creador, el tratadista francés Demogue, de suerte tal que el Código Civil y Comercial le dio acogida en su artículo 774 pero con desafortunado texto.

Abrimos un paréntesis en el presente tema para aclarar el calificativo que le hemos dado al mencionado artículo.

La crítica deviene de la confusa e innecesaria introducción del inciso b) de dicha norma, toda vez que crea un tercer género de obligaciones «de hacer», inaplicable en el mundo jurídico.

Tal inciso, al referirse al contenido de la prestación de un servicio, expresa que consiste: «b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia.» (Sic). Si conforme la Real Academia la «eficacia» es la «Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.» (Sic), y por «concreto» se entiendo lo «Preciso, determinado, sin vaguedad» (Sic), fácil resulta colegir que el interés del acreedor, en lo que respecta al resultado, será la eficacia del opus obligacional comprometido. Luego no podrá haber resultado concreto dejando de lado la eficacia.

Retornando a la temática de la aplicación específica a la cuestión de las obligaciones medicales, hay que tener en cuenta que el paciente, al concurrir a una prestación sanitaria, porta, en la generalidad de los casos, dos pretensiones, sucesivas y concatenadas.Por un lado, que el médico aplique todo su saber científico y emplee todos los medios a su alcance en la atención y, por otro, ser curado, mejorado o aliviado de la patología que sufre.

Si se considera que la obligación es de las denominadas «de medios», con la puesta del conocimiento científico por parte del prestador y los correspondientes recursos a su alcance, conforme las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, aunque no se satisfaga el segundo interés del paciente, no habrá responsabilidad civil. A contrario sensu, si se estima a la obligación médica como «de resultado», la mera frustración de la primera pretensión -curación, mejoría o alivio- importa obligación reparatoria por el daño que ello implica, sin importar el esfuerzo humano adoptado en la atención médica.

De la interpretación de ambas obligaciones se concluye que, en las «de medios», el factor de atribución es subjetivo -culpa- toda vez que sólo se exige prudencia, pericia o diligencia en el devenir del acto médico.Por el contrario, en las de «resultado», se hace caso omiso al análisis de la conducta; luego, el factor de atribución es objetivo -deber de garantía, obligación tácita de seguridad, vicio o riesgo de la cosa, etc.-.

La determinación de la obligación medical -«de medios» o «de resultado»- no constituye una mera discusión académica, sino que posee una importante trascendencia de orden práctico.

Así para todos los involucrados en un proceso judicial por mala praxis, interpretar el tipo de obligación asumida por el médico, resulta un hito a tener muy en cuenta.

El actor, una vez discernida la calidad de la obligación, deberá invocar un factor subjetivo si es «de medios» y, en consecuencia, en la mayoría de los casos, cargará con la prueba de la culpa médica, sin perjuicio de la facultad otorgada a los jueces consistente en aplicar la teoría del cargo dinámico de la prueba conforme lo dispuesto en el artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Por el contrario, si es «de resultado», aducirá el factor objetivo, quedando en su cabeza sólo probar el incumplimiento final del segundo propósito pretenso -curación, mejoría o alivio- que traía consigo el paciente.

El demandado, por su parte, deberá tener presente que, en el caso de tratarse de una obligación «de medios», para eximirse de responsabilidad deberá demostrar que no hubo culpa en el acto médico, vale decir, que actuó con la debida prudencia, diligencia y pericia, acordes a la lex artis.

En cambio, tratándose de una de las denominadas obligación de «resultado», tal extremo probatorio no le alcanzará para su desligue del débito reparatorio, en atención a que se aplica un factor objetivo. Por ende, tendrá que demostrar la fractura el nexo causal:el hecho de la víctima -en el caso el paciente (artículo 1729 ) -, la culpa de un tercero por el cual no responde, o el caso fortuito o fuerza mayor (artículo 1730 ).

Por último, el juez será quien decidirá la clase de obligación de la que se trata y aplicará la normativa correspondiente.

Afortunadamente en la jurisprudencia se ha producido, en los últimos tiempos, un cambio copernicano -repárese que existe antiguos fallos en que declaraban obligaciones «de resultado» a prácticas anestésicas, obstétricas, cirugías estéticas y otras varias- admitiendo que, en la casi totalidad de los actos médicos se asumen obligaciones «de medios».

A título meramente de utilidad en el ejercicio de la profesión, puede ocurrir que en un listisconsorcio pasivo algunos de sus integrantes hayan asumido obligaciones «de medios» y otros, «de resultado». Frente a tal situación bastante frecuente los accionantes deberán demostrar la culpa de los deudores de las «de medios», y el factor objetivo de las de «de resultado». Otro tanto ocurrirá con los demandados quienes, representando a los primeros de los citados, tendrán que probar la prudencia, diligencia y pericia -no culpa- en la atención médica y, siendo mandatarios de los segundos, la fractura del nexo causal.

III. CARGA PROBATORIA

En el Acuerdo se menciona al inciso 4) del artículo 330 del Código de Rito para adentrarse en el tratamiento del denominado «cargo probatorio de la afirmación».

Se entiende por tal a la carga que pesa sobre las partes del proceso de expresar, claramente, los hechos fundantes de su pretensión en el caso del accionante y de defensa para el demandado, en los escritos pertinentes.Si bien tal carga se les atribuye a todos los protagonistas de un juicio, el fallo que nos incumbe, la aborda desde la perspectiva de los reclamantes.

Con elevado criterio, el Vocal opinante sostiene la relatividad de tal principio respecto de los actores, con especial aplicación a las cuestiones en las que se ventila responsabilidad civil por mala praxis médica.

Fundamenta tal aseveración sobre tres cuestiones cruciales en la materia: a) carencia de captación, por parte de los pacientes, de las vicisitudes que se producen durante el acto intramédico y, agregamos, aun percibiéndolas, no está capacitado para su real interpretación; b) la temática en discusión -cuestiones médicas-, ajena al conocimiento que resulta dable exigir, tanto al reclamante, como hasta al propio Juez; c) la divergencia, en la mayoría de los casos, entre las partes, en lo que al aporte de prueba refiere.

Respecto de la falta de percepción por parte del paciente de lo acontecido durante el acto médico, es atendible debido a que, como en el presente, durante su desarrollo se encontraba bajo los efectos anestésicos, sumado a la edad que lo incapacitaban totalmente de conocer detalle alguno.

Con relación a los temas objeto de discusión, resultan totalmente extraños al saber del demandante y del propio juez y se encuentran por fuera del mundo jurídico. Del allí la importancia que la absoluta mayoría de la jurisprudencia le acuerda -aunque no sea prueba tasada- a las pericias médica-

Por último, las partes del proceso -actor, accionado, terceros y citada en garantía- discrepan acerca de la de las respectivas pruebas que aportan, intentando obtener un éxito con la interpretación diferencial que le dan a las mismas.

El Vocal opinante refuerza con citas jurisprudenciales de Corte, muy atinadas a su correcta posición acerca del instituto de la «carga de la afirmación», alivianándola, para los actores, en casos de procesos por responsabilidad civil médica.

IV.LA AUTONOMÍA CIENTÍFICA EN EL QUEHACER ESPECÍFICO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO MÉDICO

Aunque resulte de Perogrul lo, es importante, en aquellas prácticas médicas llevadas a cabo por más de un profesional, determinar si se está en presencia de un grupo médico o de un equipo médico.

Como siempre sostenemos, esta diferenciación posee una aplicación de orden práctico importante a la hora de la determinación de los responsables y consiguiente condena del pago de las indemnizaciones.

Con ello se logra una clara determinación de los legitimados pasivos evitando dirigir acciones judiciales hacia quienes no resultan, a la postre, responsables, generándoles carga de costas a los actores.

El criterio muy utilizado en sentencias relacionadas con juicios por daños y perjuicios provenientes de la circulación de automotores que sostiene que la víctima pasiva no está obligada a dilucidar la mecánica del accidente, carga imputable a los intervinientes en el siniestro, pudiendo, por ende, dirigir su pretensión en contra de todos ellos y no serles impuestas las costas por el rechazo en contra de quienes no son considerados responsables, no resulta de aplicabilidad a los procesos por mala praxis médica.

El grupo médico está constituido por un conjunto de profesionales de la medicina con actuación, cada uno en su especialidad, totalmente autónoma y en el que no existe un superior común al que se le deba obediencia. Es lo que generalmente acontece en las prácticas sucesivas en el tiempo, por caso atención de un clínico quien ordena estudios varios tales como laboratorio, cardiológicos, gastroenterológicos, nefrológicos, diagnósticos por imágenes, y tantos otros.

En el caso de daño derivado del quehacer de un grupo médico, habrá que establecer el origen del mismo, especialmente en lo que atañe a la persona, al tiempo y al espacio en su producción.Mal podría responsabilizarse al médico clínico por un resultado erróneo de un análisis de laboratorio o lesiones durante un estudio de diagnóstico por imágenes.

A contrario sensu, en el equipo médico, a más de la aparición de la figura del jefe, presenta la particularidad de estar conformado por profesionales «científicamente autónomos» y profesionales «no científicamente autónomos.

Sólo los «no científicamente autónomos» deben cumplir con las órdenes impartidas por el jefe del equipo, en tanto y en cuanto, de suyo, no sean groseramente incompatibles con la lex artis; mientras que, los «científicamente autónomos» no, ya que la actividad que despliegan dentro del quehacer del equipo es privativa de su especialidad y hasta con cierto desconocimiento de ella por parte del jefe del equipo. Así entre los primeros -«no científicamente autónomos»- encontramos al segundo jefe, a los ayudantes de cirugía, a los médicos residentes, al instrumentador, a las enfermeras y tantos otros; mientras que los segundos -«científicamente autónomos»- resultan ser el anestesiólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo, el especialista en diagnóstico por imágenes, etc.

Cabe recordar que la relación fáctica origen del proceso consistió en una intervención quirúrgica -labor de un equipo médico-, a un menor de edad, consistente en la extirpación de una hernia inguinal, de la que egresó con una parálisis cerebral.

La sentencia de grado condenó al cirujano y al anestesiólogo.El Vocal opinante cita jurisprudencia de Corte que sostiene la autonomía científica y técnica del anestesiólogo, no existiendo, por ende, subordinación alguna para con el jefe del equipo quirúrgico.

Luego, sin solución de continuidad, adhiriendo al contenido de la pericia médica, en el sentido que el accidente cerebro vascular se produjo durante la recuperación anestésica, concluyó en que no existió nexo de causalidad adecuado alguno con el quehacer del cirujano.

Ello lo lleva a proponer a sus colegas de Sala, con muy buen criterio jurídico, a diferencia de la sentencia de grado, la dispensa de responsabilidad en la persona del cirujano.

V. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DONDE SE LLEVÓ A CABO LA PRÁCTICA

El código velezano no traía norma específica alguna acerca de la extensión de la responsabilidad civil médica del prestador hacia el establecimiento sanitario en el que se llevaba la práctica respectiva.

Un sector muy minoritario de la doctrina, con escasísima acogida en la jurisprudencia, proponía la recurrencia al artículo 1.113 del Código Civil derogado, que imponía responsabilidad civil al principal por el hecho del dependiente y, para ello, afirmaban que el médico revestía esta última calidad para con el ente sanatorial.

El rechazo casi unánime de dicha posición estribaba en que los profesionales no deben ser considerados dependientes en el ejercicio de su actividad específica y, como tales, es inadmisible que puedan recibir instrucciones del establecimiento médico. Su autonomía científica lo afianza.

De suyo que hay excepciones a dicha regla de la no dependencia de los médicos para con el principal.Son las cuestiones extra científicas como pueden ser la determinación del horario de atención dentro del nosocomio, la imposición de determinados lugares de la prestación, etc., mas el incumplimiento de tales órdenes pueden llegar a generar responsabilidad civil, extensiva al establecimiento médico, si reúnen los cuatro presupuestos que el sistema exige, pero derivan de actos paramédicos o extramédicos.

Tal laguna legislativa en el Código Civil derogado, fue suplida por la doctrina, acudiendo a dos teorías.

Por un lado, el Dr. Alberto Bueres propuso la recurrencia del instituto del contrato de estipulación a favor de terceros del artículo 504 del Código de Vélez Sársfield, asumiendo el establecimiento sanitario la calidad de estipulante, el médico la de promitente y el paciente la de beneficiario.

Con ello, al incurrir el médico en responsabilidad civil médica, se extiende al ente sanatorial como integrante de la tríada relación contractual habida.

El Vocal opinante, para la confirmación de la sentencia de grado respecto de la condena de la institución en la que se llevó a cabo la práctica médica de la que egresara el paciente con la parálisis cerebral, acude a la otra teoría, denominada «de la estructura de la relación obligacional», pergeñada por Giovinne Acchile en Italia.

Para respaldo trae a colación un fallo anterior de la misma Sala.

Dicha postura parte del principio de la incapacidad absoluta de hecho del ente asistencial por su calidad de persona jurídica, lo que le exige, para el cumplimiento fáctico y directo de la obligación contraída con el paciente, del acudimiento a una persona de existencia física -en la especie el médico- de suerte tal que resulta irrelevante la sustitución y equivalentes las prestaciones.Ergo la responsabilidad del sustituto -el operador material del acto médico- se extiende hacia el sustituyente -el centro asistencial- resultando ambos, deudores de la reparación del daño habido.

El Código Civil y Comercial puso fin a la controversia con las normativas contenidas en sus artículos 1753 y 732 .

Por el primero de ellos -1753-, se obliga al principal -institución prestacional- a responder objetivamente por los daños que causaren las personas -médicos- de las cuales se sirviera para el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto y en cuanto el daño acaeciera en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas; mientras que por el segundo -732- el incumplimiento de las personas -profesionales- de las que el deudor -ente sanatorial- se sirve para la ejecución de la obligación, se equipara al derivado del propio hecho del hacedor material.

Como una suerte de colofón en el tratamiento que se formula a la responsabilidad civil del instituto médico en el que se llevó la práctica en la que resultara perjudicado el menor actor, cabe tener en cuenta que, de la posición sustentada por el Vocal opinante, se colige que, si bien le acuerda la calidad de factor de atribución objetivo, ya que no se le exige culpa en el control del hacer de los operadores médicos -culpa in vigilando-, ni en la elección de los mismos para la prestación -culpa in eligendo-, para atribuirle la calidad de deudor, le impone un factor objetivo pero condicional ya que sostiene «la prueba de la culpa del médicos es indispensable para lograr la condena de la clínica.En concordancia con ello ha dicho esta Corte que si no media culpa en el médico actuante no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su ‘obligación de seguridad’ porque la existencia de aquélla (la culpa del médico) es la demostración de la violación de ese deber de seguridad» (Sic).

Nos permitimos agregar, a los fines prácticos, que no será necesario la inclusión del médico en el proceso para extender la condena al instituto; sólo se exige la prueba de su culpa, aunque no haya sido parte.

VI. EL DÉBITO REPARATORIO DE LA EMPRESA DE MEDICINA PREPAGA

El Acuerdo trata la temática de la empresa de medicina prepaga analizando dos parámetros muy importantes a la hora de dilucidar la existencia o inexistencia de su responsabilidad civil.

Por un lado, no acude, el Vocal opinante, al instituto de la estructura de la relación obligacional, -aunque podría haberlo hecho-, sino a la teoría que mencionamos anteriormente, sustentada por el Dr. Alberto Bueres, del contrato de estipulación a favor de tercero.

Para ello sostiene que, «la Obra Social o prepaga, al vincularse con determinada Clínica, está celebrando un contrato, en virtud del cual surge una estipulación en favor de tercero (art. 504 C. Civil) que la responsabiliza de los daños que su co contratante pudiera causar» (Sic).

Es importante destacar que el fallo, como no lo hacen frecuentemente otros tantos, establece que la responsabilidad habida entre los prestadores materiales del acto médico y la obra social o empresa de medicina prepaga es de carácter concurrente y no solidaria, sobre la base -aunque no lo mencione- de la diferente causa fuente de la obligación.

Por otro lado, el Acuerdo califi ca al servicio de la empresa de medicina prepaga como la de los denominados «cerrado».

Tales prestadores de salud suelen ofrecer tres tipos de servicios diferentes:cerrado, semicerrado o abierto.

Por el primero de ellos -cerrado- la empresa ofrece una cartilla de profesionales de la medicina que contrata debiendo, inexorablemente, sus afiliados, escoger entre ellos, para su atención médica.

Por el segundo -semicerrado- le empresa concierta, generalmente, con el colegio de médicos de la zona o institución de segundo grado de similares características, para que todos sus miembros brinden servicio a los socios de la prepaga.

Por último, el sistema abierto consiste en que el afiliado se encuentra en plena libertad en lo que concierne a la elección del prestador y se le formalizará el reintegro a aquél, hasta un máximo tabulado, de los honorarios y gastos que hayan devengado el servicio brindado.

En el orden práctico, es importante conocer qué tipo de prestación es la ofertada por la empresa de medicina prepaga.

Si se trata del sistema cerrado o semicerrado, la responsabilidad civil del médico actuante, en lo que atañe a la condena impuesta, le será extensiva a la empresa de medicina prepaga.

Por el contrario, si es de los denominados «sistema abierto» la empresa de medicina prepaga no asumirá el rol de deudora por el daño generado por el médico sobre la base que éste fue elegido, libremente, por el paciente y no poseía vínculo contractual directo alguno con aquélla.

VII.RELACIÓN ENTRE MONTO DE DEMANDA Y EL DE CONDENA

Este tema de la relación entre el monto de demanda y el de condena aparece con especial énfasis en estos lamentables tiempos de padecimiento de alta inflación por los que estamos atravesando.

Resulta muy difícil a los actores, al inicio de la demanda, determinar un monto que satisfaga, cuantitativamente, los daños sufridos a la data de la sentencia de condena que puede distanciarse, considerablemente, en el tiempo, respecto de la promoción de la correspondiente demanda.

De allí la inteligente aceptación, por parte del Vocal opinante, en esta cuestión, consistente en que «.el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido es con la salvedad LO QUE EN MÁS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria» (sic).

Resaltamos la expresión «o de la depreciación monetaria» porque al emplearse la conjunción disyuntiva «o» fija criterio consistente en la posibilidad de determinar el juez una suma mayor a la reclamada no anclada exclusivamente en que haya consignado el accionante, en el escrito de demanda, «lo que en más o en menos resulte de la prueba».

Ello reviste una importancia trascendental en el orden práctico ya que mal podría el perdidoso en un juicio invocar el vicio de ultra petitio si su contrario omitió la frase referida en el párrafo anterior ya que el juez, de oficio, al incrementar la suma condenada, lo hará sobre la base de la depreciación de nuestra moneda acaecida durante el desarrollo del proceso.

VIII. FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Esta tan importante función de la responsabilidad civil el Vocal la trata en tan solo cuatro renglones, al analizar la procedencia de la indemnización del daño psicológico acordado a los co actores.

La concisión empleada para referir a este tan vigente tema no le resta, en absoluto, importancia, sino todo lo contrario ya que, si lo bueno es breve, dos veces bueno.Lo enaltece al haberle dado fundamento jurídico sobre la base de lo que la doctrina -autoral y jurisprudencial- ya venía pergeñando a través de herramientas de derecho de forma (amparo, medida cautelar, tutela preventiva, etc.) o de derecho de fondo (medida autosatisfactiva, sentencia definitiva, mandato preventivo, etc.) y que fue el origen de la acogida legislativa que le brindó el Código Civil y Comercial en su artículo 1710 y siguientes.

Hay que tener en cuenta que la función preventiva tiene cuatro objetivos diferentes entre sí que dependen de la posibilidad de la existencia del daño o del supuesto en que ya se produjo.

Así en el primero de los casos apunta a la evitación del daño; mientras que los otros tres refieren, a la no repetición, a la disminución del mismo o a su no agravación, una vez acontecido.

En el presente pleito, el Acuerdo, alineado con lo expresado por la perito psicóloga, admite que la admisión de la indemnización del tratamiento psicológico pretende «.evitar agravamientos.» en la persona de los co actores.

Agregamos que la concreción de la función preventiva de la responsabilidad civil en sus cuatro aspectos puede ser a solicitud de parte, de oficio, durante el trámite del proceso o en un juicio específico.

IX. ACTUALIZACIÓN DEL LÍMITE DE LA SUMA ASEGURADA

Una vez más el flagelo inflacionario exige a los jueces una suerte de malabarismo jurídico para evitar los perjuicios que genera.

A más del envilecimiento de nuestra moneda sufrida en los últimos tiempos, el problema de la depreciación de las sumas aseguradas se agravaba también como consecuencia del largo plazo de prescripción -decenal- que establecía el código velezano en su artículo 4023 para las acciones derivadas de la responsabilidad contractual.El Código Civil y Comercial, al unificar dicho plazo para ambas responsabilidades -contractual y aquiliana- (artículo 2561 2º apartado) a tres años pone, en parte, paños fríos, al tema.

Volviendo al tema de la suma asegurada y su depreciación por el transcurso del tiempo, diferentes antecedentes jurisprudenciales existen al respecto. Desde mantener el capital a la data de la contratación de la respectiva póliza, hasta extender los efectos de la sentencia contra la citada en garantía por el total de la condena, sin perjuicio de la acción de repetición de ésta en contra de su asegurado.

El Camarista trae a colación el sistema del seguro de responsabilidad civil, contemplado en el artículo 68 de la Ley 24.449 de Tránsito, que dispone la obligatoriedad de su contratación.

En tal sentido refiere a un fallo de la Corte bonaerense en el que se sostuvo la necesidad de «.extender la garantía contratada, incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio» (Sic).

Sin solución de continuidad, el Vocal opinante se apresura a afirmar que, maguer no resultar de plena aplicabilidad la norma referida y el espíritu del fallo de marras, corresponde admitir que los fundamentos sí lo son, sosteniendo que «no podemos considerar equivalentes los valores a la fecha del hecho y a la fecha de la decisión (muchos años después), resultando necesario un adecuado resguardo de las víctimas» (Sic).

Hay que tener en cuenta que a las aseguradoras les asiste razón cuando aducen que, la actualización, desestabiliza la ecuación prima / capital cubierto contratado, pero ello lo evitarían acudiendo al segundo párrafo del inciso a) del artículo 110 de la ley 17418 de seguros que las desobliga dando en pago la suma asegurada con más el importe de los gastos y costas devengadoshasta ese momento, en cuyo caso, la dirección exclusiva de la causa quedará en cabeza del asegurado, liberándose la compañía de los gastos y costas que se devengaren con posterioridad; ello la citada en garantía en el presente proceso no lo hizo.

El Vocal opinante, en el presente caso, adopta una posición consistente en que «deberá determinarse -por intermedio del perito contador ya interviniente en autos, de ser posible, o de otro que lo reemplace- el límite de cobertura actual de la aseguradora para una póliza de las características de la de autos, tomándose -al efecto- el límite más alto que se hubiera contratado dentro de los diez últimas que pueda localizar el experto» (Sic).

Sin dudas, una solución salomónica, inédita en nuestra jurisprudencia, que generará críticas adversas y adherentes. Dejamos librado a los lectores la asunción de la actitud que estimen pertinente.

X. EPÍLOGO

Estamos plenamente persuadidos, y ello nos alegra de sobremanera, que nos encontramos frente a un fallo digno de todo encomio, que deberá servir de ejemplo para el tratamiento del micro sistema de la responsabilidad civil.

La simpleza y lo compendioso, tan difícil para muchos jueces, empleados en el voto, significa que no es necesario extenderse en demasía para el logro de un fallo imitable y para una mayor comprensión por parte de los justiciables, mejorando la tan vilipendiada justicia argentina, de una vez por todas.

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.

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