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#Fallos Despachado: La Universidad no debe responder por quien cursó la carrera de despachante de aduana pero no pudo ejercer, porque la AFIP no tenía convenio con dicha entidad educativa

Partes: M. J. R. c/ Universidad Nacional de Formosa y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 6 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138846-AR|MJJ138846|MJJ138846

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – UNIVERSIDADES – DESPACHANTE DE ADUANAS – MATRÍCULA PROFESIONAL – AFIP – DEBER DE INFORMACIÓN – RELACIÓN DE CONSUMO

Se rechaza una demanda de daños contra una universidad incoada por quien cursó la carrera de despachante de aduana pero no pudo ejercer, porque la AFIP no tenía convenio con dicha entidad educativa.

Sumario:
1.-Debe rechazarse la demanda de daños contra la Universidad, ya que la AFIP puso en conocimiento del actor la posibilidad de rendir de forma libre el examen exigido a los fines de obtener la inscripción en el registro, atendiendo a la formación acreditada; es decir, que, si el actor a la fecha no ha podido ejercer como despachante de aduana, ello sólo puede ser endilgado a su propia conducta discrecional.

2.-Corresponde rechazar la demanda de daños, ya que lo único que se advierte es la escasa diligencia del actor a la hora de interiorizarse sobre los requisitos para el ejercicio de la carrera escogida, lo que resulta inexcusable toda vez que -tratándose de una persona que ha recibido formación específica como Despachante de Aduana- no puede alegar el desconocimiento del Código Aduanero.

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3.-La carrera ofrecida por la Universidad Nacional de Formosa cuenta con la respectiva autorización del Ministerio de Educación de la Nación, por lo que el título obtenido lo habilita a ejercer como Despachante de Aduana, en las condiciones que establezca la autoridad pertinente, que en este caso es AFIP y determina las condiciones para obtener la matrícula pertinente.

4.-La relación que vincula a los estudiantes con las Universidades Nacionales no es susceptible de ser enmarcada en una relación de consumo en los términos de la Ley 24.240 .

5.-En punto a la infracción al deber de información en que el actor intenta sustentar la responsabilidad civil endilgada a la Universidad, es preciso señalar que el deber de la Universidad se agota con la publicación de la oferta académica.

Fallo:
Resistencia, 06 de octubre de 2022.

Y VISTOS:

Para dictar sentencia en estos autos caratulados: «M., J. R. C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» EXPTE. N° FRE 8441/2016/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Formosa; y CONSIDERANDO:

La Dra. María Delfina Denogens dijo:

1. La magistrada de primera instancia desestimó la demanda promovida por el Sr. M., J. R. contra Universidad Nacional de Formosa, reclamando indemnización por incumplimiento contractual.

Para resolver de tal modo consideró que en autos no se había probado la responsabilidad de la Universidad, como tampoco la relación de causalidad con el daño alegado, toda vez que la demandada cumplió con su obligación de brindar un título académico de grado con validez nacional y reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación, quedando fuera de su competencia los requisitos que exige el organismo aduanero para la inscripción en el registro especial de despachantes de Aduana.

Disconforme, el actor interpuso recurso de apelación el 20/09/2021, el que fue concedido libremente y con efecto suspensivo el 23/09/2021. Radicadas las actuaciones ante de esta Cámara, el recurrente expresó agravios el 15/02/2022. Corrido el pertinente traslado, la UNAF lo contestó el día 01/03/2022, en los términos a los que remito en honor a la brevedad. El día 02/03/2022 se llamó Autos para sentencia.

2.- Relata que se graduó de la carrera de Despachante de Aduana en el año 2006 y recién el 6 de mayo de 2009 le entregaron el título universitario.Que al intentar matricularse, tomó conocimiento de que debía cursar todas las materias nuevamente, ya que la AFIP no reconoce el titulo emitido por la UNAF.

Solicita se responsabilice a la Universidad por la omisión de informarle tal situación; es decir, la falta de convenio con la AFIP, siendo que el ente es el único autorizado para expedir las matrículas y poder ejercer la profesión.

Cuestiona lo argumentado por la magistrada en punto a que la AFIP no se refirió a la validez o invalidez del título. Señala que resulta obvio que la Aduana no es un organismo que pueda determinar la validez o invalidez de un título universitario. Considera que la circunstancia de que se le exija rendir nuevamente todas las materias de la carrera, constituye prueba directa de la invalidez del cursado en la Universidad Nacional de Formosa; ya que la Aduana, no le reconoció ni una materia. Que el fundamento de su reclamo ha sido precisamente que debía volver a hacer la carrera.

Menciona que, al inscribirse en la carrera de Despachante de Aduanas, lo hizo de buena fe, en el entendimiento de que al terminar se podía matricular y ejercer la profesión; lo que se frustró por la mala información de la Universidad.Formula consideraciones en punto a la importancia de la buena fe en todas las etapas de la contratación.

En relación a lo argumentado por la sentenciante en cuanto a que el título expedido contaba con el aval del Ministerio de Educación de la Nación, el recurrente sostiene que con independencia de ello, no puede ejercer la profesión porque el organismo encargado de expedirle la matricula considera que las materias aprobadas por la universidad no son válidas, por lo que debe iniciar de manera íntegra la carrera.

Sostiene que el contrato celebrado con la Universidad no engendra solamente obligaciones principales, las que integran el principio conmutativo; sino que produce, además, normas de comportamiento como la lealtad, la colaboración, el cuidado, la prudencia y la protección; así como deberes de transmisión, como el de información. Se trata de reglas secundarias de conducta, que trascienden el tipo de contrato concluido, que derivan del principio de buena fe y que constituyen el armazón de toda relación contractual.

Que la Universidad no sólo vendía un título, sino la posibilidad de ejercer la carrera en cuestión; de lo contrario nadie hubiera dedicado tres o más años de su vida, sabiendo que después debería recursar todas las materias, como ocurrió en su caso.

Afirma que el título expedido por la Universidad -sin perjuicio del aval ministerial- carece de operatividad; puesto que no lo habilita a ejercer la carrera estudiada. Concluye en que la carrera ofrecida por la Universidad de Formosa no es otra cosa que clases de apoyo y preparación para rendir el examen de la Aduana.

Señala que tal circunstancia no fue informada por la Universidad en ningún momento.Profundiza en que, si lo hubiera sabido de antemano, se hubiera preparado y rendido en la Aduana, sin necesidad de cursar tres años en la Universidad de Formosa y sin tener que pagar una cuota.

Considera que es dable extrapolar lo referente en materia de defensa del consumidor, puesto que, la relación entre la Universidad y sus alumnos, no es otra cosa que una relación entre un prestador y el usuario; surgiendo así el deber de información adecuada.

Sostiene que la información se erige en un elemento esencial entre las prestaciones indispensables para la concreción de un contrato, por lo que la comunicación al consumidor debe ser apropiada, de manera tal que le permita tomar la decisión libre de aceptar el producto o servicio o de rechazarlo.

Formula otras consideraciones con sustento en la relación de consumo. Señala que la esencia del derecho a la información resulta ser la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales carece para permitirle realizar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio que se pretende adquirir.

Concluye en que la Universidad Nacional de Formosa faltó al deber de información, incurriendo en responsabilidad civil que hace exigible el deber de indemnizar los daños y perjuicios acaecidos, dado que no informó de forma clara y precisa que al recibirse debería volver a rendir todas las materias cursadas para poder matricularme en la AFIP.

Reserva el Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.

3.- Como surge de la lectura de la pieza recursiva, los fundamentos que brinda el recurrente no traslucen más que una comprensión de los hechos diferente a la efectuada por la juzgadora.Y en tal sentido tiene resuelto la jurisprudencia que los agravios no pueden limitarse a señalar una mera discrepancia de criterios, o a manifestar simplemente una disconformidad con lo decidido por el a quo.

No obstante ello, se ha declarado que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por reunidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado. En el mismo sentido se ha resuelto al respecto que, ante la duda y en miras a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía constitucional que preceptúa el art. 18 de nuestra Ley Fundamental, corresponde considerar como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales. (Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales., Ed. Librería Editora Platense S.R.L., 1988, T. III, pág. 361) Examinado el memorial presentado desde esa perspectiva, se constatan en el mismo los motivos que provocan la disconformidad del apelante, razón por la cual corresponde abocarnos a su tratamiento. Ello en tanto que los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de agravios, hacen aconsejable que éstos sean considerados con criterio amplio favorable al recurrente, de manera de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa.

4.- Sentado lo anterior y analizados los agravios esgrimidos en función de las constancias de autos, adelanto desde ya, que corresponde desestimar la apelación deducida por el actor.

En primer término, es dable señalar que recientemente la Cámara Federal de La Plata ha resuelto que la relación que vincula a los estudiantes con las Universidades Nacionales no es susceptible de ser enmarcada en una relación de consumo en los términos de la ley 24.240, criterio que comparto. Entre los fundamentos de su decisión, dicho Tribunal tuvo en cuenta que: «la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que regula el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender, en su art.2º califica a la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado; asimismo, la considera una prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico- social de la Nación (art. 3º); y, en particular, dispone que el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública (art. 10º). En cuanto a la educación superior, la Ley 24.521 establece en su artículo 3º que: » La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.» Todo ello de acuerdo a los objetivos expresados en su artículo 4º. (.) En esas condiciones, no revistiendo la educación pública el carácter de bien o servicio comercializable y no siendo la Universidad una proveedora de tales bienes o servicios como operadora del mercado, no es posible calificar a los estudiantes de posgrado de la universidad pública como «consumidores», a los que refiere la Ley de Defensa del Consumidor.» (Cám. Fed.La P lata, Sala II, 14/06/18, «CODEC c/ UNLP s/ Ley de Defensa del Consumidor», lo que mutatis mutandi resulta aplicable al supuesto de autos.

5.- Zanjado lo anterior, y en punto a la infracción al deber de información en que el actor intenta sustentar la responsabilidad civil endilgada a la Universidad, es preciso señalar que el deber de la Universidad se agota con la publicación de la oferta académica. Así lo establece el art. 13 inc. d) de la ley de Educación Superior, en cuanto señala que «Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: (.) d) A recibir, información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior.» Interiorizarse en relación a las condiciones de la carrera, tanto para el cursado como para el ejercicio profesional una vez culminado el plan de estudios, integra la esfera de responsabilidad de los alumnos.

Visto tal extremo desde la órbita contractual -conforme los términos en los que lo plantea el actor- resultaría aplicable lo señalado por Spota en punto a que: «El negociante del contrato debe buscar y obtener la información que no tiene, ya que de lo contrario se estaría favoreciendo una actitud meramente pasiva que, en definitiva, es contraria al deber de cooperación». (Contratos. Instituciones de Derecho Civil, Ed. La Ley, 2009, T. I Parte General, pág. 596) 6.- Desde la perspectiva de los requisitos de la responsabilidad civil, obsta la procedencia de la indemnización solicitada la circunstancia de que en autos no se ha probado la existencia de un daño concreto.

Al respecto se ha señalado que el daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil, puesto que sin él no puede suscitarse ninguna pretensión resarcitoria; sin que exista perjuicio no hay responsabilidad civil, lo cual no es más que una aplicación del principio más general, según el cual sin interés no hay acción. (Cfr. Trigo Represas, López Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. La Ley 2005, T.I, pág. 393) La doctrina también se ha ocupado de establecer cuáles son los requisitos que debe reunir el daño para que resulte indemnizable, resultando trascendente destacar los siguientes: a) en primer lugar, el daño debe ser cierto. Un daño incierto no resulta indemnizable, porque el derecho no indemniza ilusiones sino realidades. Daño cierto equivale a daño existente, a daño no imaginado y que tiene consistencia. En definitiva, a daño que se puede probar. Cuando un daño no se prueba como cierto, no es reparable. b) en segundo término, el daño debe estar relacionado causalmente con el hecho generador: debe otorgarse indemnización sobre daño cierto y no eventual, causalmente relacionado con el actuar -por acción u omisión- que lo ha generado, no debiéndose otorgar indemnización que no parta de esa premisa (Cfr. Trigo Represas, López Mesa, ob. y t. cit., pág. 412 y ss.) En tal sentido, de acuerdo a las pruebas aportadas y los propios dichos del actor en la demanda y en su escrito recursivo, la carrera ofrecida por la Universidad Nacional de Formosa cuenta con la respectiva autorización del Ministerio de Educación de la Nación, por lo que el título obtenido lo habilita a ejercer como Despachante de Aduana, en las condiciones que establezca la autoridad pertinente, que en este caso es AFIP y determina las condiciones para obtener la matrícula pertinente.

Resulta pertinente destacar que el propio Código Aduanero prevé en su art. 41 la inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana, como requisito indispensable para desempeñarse en tal carácter, y a cuyo fin establece: 2. Son requisitos para la inscripción en este registro:a) ser mayor de edad, tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio; b) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que a tal fin se establecieren (.).

Asimismo, resulta correcto lo señalado por la magistrada de origen en cuanto destacó que Afip puso en conocimiento del actor la posibilidad de rendir de forma libre el examen exigido a los fines de obtener la inscripción en el registro, atendiendo a la formación acreditada.

Es decir, que si el Sr. M. a la fecha no ha podido ejercer como despachante de Aduana, ello sólo puede ser endilgado a su propia conducta discrecional. Sobre ello se ha resuelto que cuando el hecho de la propia víctima constituye la única causa adecuada del resultado perjudicial, ello no puede generar ninguna responsabilidad a cargo de otra persona, sino que es ella misma quien deberá soportar su propio daño. (Cfr. Trigo Represas, López Mesa, ob. y t. cit., pág. 874) Máxime cuando tampoco ha dirigido sus esfuerzos probatorios a demostrar que exista algún impedimento para cumplimentar los recaudos exigidos por el organismo responsable.

En conclusión, no resulta procedente indemnización alguna desde que no existe un adecuado nexo de causalidad entre el daño invocado y la conducta de la Universidad demandada. En efecto, como lo he venido sosteniendo, lo único que se advierte es la escasa diligencia del actor a la hora de interiorizarse sobre los requisitos para el ejercicio de la carrera escogida, lo que resulta inexcusable toda vez que -tratándose de una persona que ha recibido formación específica como Despachante de Aduana- no puede alegar el desconocimiento del Código Aduanero.

8.- Finalmente, y a tenor de los fundamentos hasta aquí desarrollados, corresponde desestimar el recurso en todos sus términos. Las costas de Alzada corresponde imponerlas al actor, por imperio de lo normado en el art. 68 CPCCN.Los honorarios correspondientes a esta instancia, propicio regularlos partiendo de lo dispuesto en el art. 58 inc. a), y por aplicación de los arts. 16, 20 y 30 de la Ley 27.423. Se tiene en cuenta además que las escalas arancelarias en general refieren al patrocinio de la parte vencedora, por lo que para regular los honorarios del letrado del actor debe considerarse el carácter de vencida. En consecuencia -atendiendo a que el valor actual de la Unidad de Medida Arancelaria asciende a $., conforme Acordada Nº 25/2022- los propongo como sigue: Dr. Juan Carlos Fretes en la suma de $. como patrocinante; Dr. Mario Héctor Barán en las sumas de $.y $.por lo actuado en el doble carácter.

Las Dras. Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García DIJERON: Que, por los fundamentos expuestos por la Vocal preopinante, adhieren a su voto y emiten el suyo en idéntico sentido.

Por ello, esta Cámara Federal de Apelaciones, RESUELVE:

1.- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto el 20/09/2021 y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia del 14/09/2021.

2.- IMPONER las costas a la recurrente vencida y REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes como sigue: Dr. . en las sumas de PESOS.($ .) -equivalentes a .UMA- como patrocinante, y Dr. . en las sumas de PESOS.($ .) -equivalentes a .UMA- como patrocinante y PESOS.($ .) -equivalentes a .UMA- como apoderado. Todo con más I.V.A. si correspondiere.

3.- COMUNICAR al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal)

4.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA:

De haberse dictado el Acuerdo que antecede por las Sras. Juezas de Cámara, suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARÍA CIVIL N°1, 06 de octubre de 2022.

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