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#Fallos Comisiones médicas: El plazo de caducidad establecido en el art. 7 de la ley 5253 de Río Negro agravia garantías convencionales de tutela judicial efectiva, acceso a justicia y debido proceso legal

Partes: Riveros Franco Ezequiel c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo – inaplicabilidad de la ley

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 22 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138816-AR|MJJ138816|MJJ138816

El plazo de caducidad establecido en el art. 7 de la ley 5253 de Río Negro agravia garantías convencionales de tutela judicial efectiva, acceso a justicia y debido proceso legal, además de comprometer también otros derechos de rango constitucional como lo son el derecho a los beneficios de la seguridad social, a la salud e integridad física y moral.

Sumario:
1.-La fijación en el art. 7 de la Ley 5253 de Río Negro de un plazo de caducidad de apenas 60 días para interponer la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral, por fuera de lo previsto en el régimen legal de fondo sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales configura una obstrucción injustificada para que la fiscalización judicial sea posible, ello así, en la medida que el plazo de caducidad opera con el alcance establecido en el art. 2566 del CCivCom., esto es, produciendo la pérdida del derecho; y además, porque es precisamente la eventual revisión judicial la que en definitiva legitima la instancia administrativa previa ante las Comisiones Médicas.

2.-Al establecer el art. 7 de la Ley 5253 de Río Negro un término perentorio y fatal para el ejercicio de la acción, en la práctica acorta en perjuicio de los trabajadores el plazo de prescripción de dos (2) años que rige en la materia y que se encuentra regulado en el punto 1) del art. 44 de la LRT; en tanto resulta innegable que a su vencimiento se cierra definitivamente para el trabajador la posibilidad de que el órgano judicial decida sobre el fondo de sus pretensiones.

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3.-Si bien la Ley 27.348 invitó a las Provincias a adherir al procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, no introdujo ningún plazo de caducidad ni modificó el plazo de prescripción de la Ley 24.557 a la que vino a complementar; menos aun, su letra permite interpretar que habilitó a las jurisdicciones locales para que regulen dichos institutos.

4.-El derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el art. 18 de la CN. no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial, sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva.

Fallo:
VIEDMA, 22 de agosto de 2022.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Liliana Laura Piccinini, Cecilia Criado, Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto, con la presencia de la señora Secretaria Subrogante, doctora Ana Julia Buzzeo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: «RIVEROS, FRANCO EZEQUIELC/ LA SEGUNDA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L) S/ INAPLICABILIDAD DELEY E INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte N° C-4CI-19924-L2020 // CI-09343-L-0000),elevados por la Cámara del Trabajo de la IV a. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con el fin de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada La Segunda ART SA en fecha 12-08-21,deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto delas siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra. ¿Es fundado el recurso?

2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1.Antecedentes de la causa:

Mediante sentencia de fecha 29-07-21, la Cámara del Trabajo de la IVa. Circunscripción Judicial rechazó el planteo de caducidad deducido por la demandada y declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley Nº 5253, que estableció un plazo de 60 días hábiles para formalizar ante el fuero del trabajo los recursos previstos por las Leyes Nº 27348 y Nº 24557 en sus arts.2 y 46, respectivamente, computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica jurisdiccional.

Explicó el Tribunal que el actor inició demanda contra La Segunda ART SA, persiguiendo el cobro de una suma de dinero en concepto de indemnización por incapacidad prevista en las Leyes Nº 24557, Nº 26773 y decretos reglamentarios.

Destacó que, acorde lo expresado en la demanda, el día 11-09-19, mientras se encontraba prestando servicios para el empleador, el trabajador sufrió un accidente que comprometió sus piezas dentarias 11 y 21; que luego realizó el tratamiento recomendado por la ART, finalizando el trámite ante la Comisión Médica, donde se dictaminó que no presentaba secuelas generadoras de ncapacidad laboral.

Seguidamente, recordó lo dispuesto en los arts. 1, 4 de la Ley Nº 27348, y expresó que la distribución de competencias que enuncia la ley deviene de los arts. 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional (CN), de conformidad a los cuales el dictado de las normas de fondo son competencia del Congreso Nacional, y las de procedimiento las dictan las provincias.

Señaló que, en tal contexto, el 29-11-17 la provincia de Río Negro sancionó la Ley Nº 5253,por medio de la cual adhirió a la normativa antes mencionada, quedando su entrada en vigencia supeditada a que funcione una delegación de la Comisión Médica en cada circunscripción judicial de la provincia. Finalmente, en fecha 29-11-18 se dictó el Decreto N° 1590/18 por el cual se dispuso que a partir de los 30 días de la publicación rige el Título I de la Ley Nº 27348.

Recordó lo establecido por el art.7 de la Ley Nº 5253 y sostuvo que el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción judicial afecta la subsistencia de derechos sustanciales, dado que al operar su vencimiento el trabajador pierde el derecho de accionar judicialmente, configurándose un menoscabo a su integridad.

Especificó que en el presente caso la demandada planteó la caducidad por el transcurso del plazo de 60 días hábiles judiciales, teniendo en consideración que la presente acción se inició en fecha 20-10-20 y el actor quedó notificado de la disposición del Servicio de Homologación el 03-03-20.

Tuvo presente que el principio protectorio previsto en el art. 14 de la LCT, propugna la protección de la dignidad e integridad del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, reconocido reiteradamente por la jurisprudencia de la CSJN. Citó el fallo «Vizzoti».

Precisó que la reglamentación provincial es contraria a los arts. 14 bis, 31, 75 inc. 12 y concordantes de la CN, con motivo de que en la materia referida existe una restricción a derechos sustanciales y el legislador local porque, en un exceso reglamentario, estaría invadiendo materia exclusiva de la legislación nacional.

Remarcó que, conforme la distribución de competencias que establece la CN, las provincias pueden reglamentar la ley, empero sin vulnerar, restringir o lesionar derechos de los trabajadores reconocidos constitucionalmente.

Destacó lo dispuesto por los arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 126 de la CN y el art. 12 inc. 1 de la Constitución provincial.

Por otro lado, distinguió lo definido en los arts. 259 y 12 de la LCT y expuso que, acorde lo allí dispuesto, no puede una norma local establecer un plazo diferente y menos aún reducirlo deforma anticipada, sin incurrir en violación de normas constitucionales.

Adicionó que en el orden nacional las Leyes Nº 24557, Nº 26773 y Nº 27348 no prescriben ningún plazo de caducidad para el ejercicio de los derechos, y que la única limitación temporal esel plazo de prescripción (art.44, punto 1 de la LRT).

Interpretó entonces que se violenta el principio de igualdad ante la ley, pues dependiendo de cuál sea la jurisdicción local, será el plazo para ejercer el derecho, llegándose al contrasentido de que aquellos trabajadores no registrados (art. 1 párrafo 3° de la Ley Nº 27348) o los originarios de provincias que no adhirieron a la ley nacional se regirán por el plazo de prescripción de 2 años.

Relató que el instituto de la caducidad debe ser interpretado de forma restrictiva, por lo que jamás una reglamentación local podría constituirse en el medio para violentar principios esenciales del derecho del trabajo ni derechos constitucionales, tales como el acceso a una tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25 de la CADH), debido proceso y derecho de defensa (art. 18 de la CN), el

derecho a la salud, a la integridad física y moral, a la reparación de los daños (art 19. de la CN).Citó jurisprudencia.

En este marco, sostuvo que del juego e interpretación de la normativa y artículos antes referidos, se desprende que la exigencia impuesta por el art. 7 de la Ley Nº 5253 excede las atribuciones de la provincia y resultan contrarias a las disposiciones sobre caducidad y prescripción reguladas en el orden nacional.

Contra lo decidido, la parte demandada interpuso recurso extraordinario en fecha 12-08-21,el que debidamente sustanciado, fue declarado admisible por el Tribunal de grado mediante sentencia del 14-10-21.

2.Agravios del recurso:

En sustento de su pretensión recursiva, la parte recurrente alega que la sentencia dictada por el Tribunal de grado resulta nula, arbitraria y, por ende, inconstitucional al violar la ley y doctrina legal.

Remarca lo dispuesto en los arts.258 de la LCT y 44 de la LRT e indica que el plazo allí previsto se aplica para iniciar la acción administrativa ante la Comisión Médica exigida por la Ley Nº 5253, de adhesión a la norma nacional.

Afirma que, al caso de autos, se le aplican las normas de procedimiento vigentes, cuya regulación queda reservada a la Provincia de Río Negro, que lo hizo a través de la Ley Nº 5253.

Sostiene que no hay violación alguna a la norma de fondo ni restricción de derechos del trabajador y que, una vez interpuesta la acción administrativa, deben respetarse las reglas de procedimiento, entre las cuales rige el plazo perentorio de 60 días para recurrir ante la justicia lo resuelto en forma definitiva por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Entiende que toda la legislación del país, con algunas variantes en cuanto al término, establece y fija un tiempo para provocar la actividad del órgano judicial y que su fundamento radica en la necesidad de otorgar certeza y validez, tanto a los actos estatales como a los particulares.

En estos términos, aduce que al tratarse de un recurso contra un acto administrativo que goza por ello de presunción de legalidad y fuerza ejecutoria, la posibilidad de revisión judicial se complementa con un plazo de caducidad, quedando así integrado al sistema de impugnación judicial del acto administrativo.

Arguye que también se ha dicho que el plazo para la interposición y fundamentación de los recursos directos, no resulta violatorio de los derechos de debido proceso y defensa en juicio (art.18 de la CN). Cita jurisprudencia.

Hace hincapié en que en el ordenamiento administrativo existe un plazo de caducidad cuando no es obligatoria la asistencia letrada ni se asiste al particular con un profesional, recalcando que dicha circunstancia es clave para sostener que resulta aún más razonable la fijación de un plazo de caducidad para la impugnación judicial cuando el particular contó con un abogado que lo patrocina en el trámite ante la entidadadministrativa y se encuentra en un procedimiento específico sujeto a homologación.

Menciona que numerosos son los casos (art. 25 in fine de la Ley Nº 19549; art. 66 de la Ley Nº 24076 y art. 84 de la Ley Nº 25871) en los que se ha impuesto un plazo de caducidad para el acceso a la impugnación judicial, sin que ello configure un agravio a los derechos constitucionales que resguardan las garantías del debido proceso.

Agrega que tales plazos de caducidad fueron aplicados frente a sujetos objeto de especial tutela y que pueden padecer situaciones inequitativas, como son los administrados (frente al Estado Nacional) y los consumidores (frente a los prestadores del servicio).

Puntualiza que la resolución que dio por terminado el proceso administrativo ante la SRT, quedó notificada el día 03-03-20 y que, por tanto, el plazo de 60 días venció el día 28-09-20,incluyendo la suspensión de plazos dispuesta por el Poder Judicial, a partir del 17 de marzo y hasta día 10 de agosto de 2020, conforme Acordada N° 09/20 y Resolución Nº 248 del STJRN.

Indica que el actor inició la demanda ante la Cámara de origen el día 20-10-20, y que otorgó poder especial a sus abogados, para promover la misma el 11-08-20, lo que la lleva a sostener quela misma se inició extemporáneamente, por la sola voluntad de quien la presentó, sin que nada justifique la demora.

Plantea que no se acreditó el perjuicio constitucional invocado, sobre todo cuando transitó el procedimiento administrativo, por propia voluntad y adecuadamente.

Remarca la validez constitucional del procedimiento ante las Comisiones Médicas y cita el fallo «Ángel Estrada».

Aduce que, en concreto, la sentencia en crisis no hace mención de cuáles habrían sido las defensas que en 60 días hábiles el trabajador se habría perdido de articular, y que la aseveración carece de una derivación razonada de elementos fácticos y jurídicos, lo que resultaría -conforme su criterio- más irrazonable cuando sirve de apoyaturapara la declaración de inconstitucionalidad de una ley como acto de suma gravedad institucional, presumiendo la contradicción del legisladorcon normas del Congreso Nacional.

Resalta que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto desuma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto.

En torno al argumento de la Cámara basado en que el plazo de caducidad es contrario a la previsión del art. 259 de la LCT, marca lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nº 27348 y dice que, a los efectos de establecer un plazo de caducidad, la propia ley sancionada por el Congreso Nacional fija las bases mediante la calificación de recurso directo y la posibilidad de que la decisión de las Comisiones Médicas adquiera carácter de cosa juzgada administrativa, mediante un reenvío al propio art. 15 de la LCT.

Sostiene que, luego, es la norma provincial la que fija el plazo para interponer el recurso para la impugnación judicial, en su legítima potestad de regulación de aspectos procesales.

Explica que de esta forma se conjuga así un esquema establecido en la ley de fondo conformado por decisiones de organismos jurisdiccionales administrativos que pueden impugnarse bajo ciertas condiciones, reguladas por las provincias como expresión de materia procesal, mediante recursos directos.

Así, aduce que resulta absurdo pensar que la previsión del art. 259 de la LCT excede el propio marco de la misma y se proyecta a situaciones no regladas por el Legislador hasta ese momento.

Por último, invoca que lo decidido en la causa por el Tribunal de mérito configuró una violación de garantías constitucionales (arts. 17 y 18 de la CN; art.8 CADH), en agravio cierto y concreto a su derecho de propiedad, debido proceso y principio de seguridad jurídica.

Asimismo, considera que la sentencia impugnada al eliminar el plazo de 60 días y trastocarlos alcances de la cosa juzgada es violatoria de los derechos de propiedad de la demandada, en tanto los alcances de la decisión administrativa no recurrida han sido fijados por la Ley Nº 27348 y la misma no fue declarada inconstitucional.

3.Contestación del recurso:

Al contestar el traslado del recurso extraordinario interpuesto por la demandada, la parte actora sostiene que en caso de aplicarse el plazo de caducidad, se estaría afectando al principio de supremacía constitucional (art. 31 CN) y vulnerarían garantías constitucionales tales como el derecho de igualdad, acceso a la justicia y defensa en juicio.

Menciona el art. 44 de la LRT y expone que ejercer la acción laboral acorde el art. 7 de la Ley Nº 5253 implicaría modificar los plazos de prescripción que rigen en nuestra materia laboral, institución que corresponde legislar al Congreso de la Nación.

Manifiesta que no solo es inviable el plazo de caducidad provincial, sino que además no guarda ningún tipo de fundamento fáctico, jurídico, lógico y/o razonable, toda vez que es innegable que la oposición a un dictamen de incapacidad, o monto propuesto dentro del organismo administrativo de la SRT es ni más ni menos que la acción judicial que en autos se entabló, la cual no puede estar sujeta ni por asomo a un plazo de caducidad que sea menos beneficioso para el trabajador que el plazo de prescripción fijado por la LRT.

Resalta los fundamentos dados por el grado al declarar la inconstitucionalidad solicitada, y expone que no se entiende el sentido que el legislador le ha querido dar a la norma, restringiendo derechos y garantías de los trabajadores, quienes encuentran protección legal en el llamado bloque de constitucionalidad, por el cual se les da supremacía legal a los tratados internacionales de derechos humanos consagrados en el art.75 inc. 22 y 24 de la CN.

Arguye que resulta difícil la tarea de computar plazos, lo que -según su criterio- torna al art.7 de la Ley N° 5253 doblemente inconstitucional, con motivo de que evidencia la colisión de unaley que se desempeña en el marco del derecho administrativo y otra en el marco del derecho laboral.

Expresa que existen un gran número de cuestiones que no pueden resolverse más que por interpretación del Juez, atento la vaguedad de la norma provincial. En tal sentido, plantea distintos interrogantes referidos al inicio del cómputo del plazo, la vigencia de la Acordada N° 5/18 al computar el mismo así como la aplicación o no del art. 3986 del CCCN, entre otras.

Por otro parte, indica que es un hecho reconocido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo que el plazo de prescripción del art. 44 de la Ley N° 24557 fue suspendido no solo por el procedimiento administrativo, sino también por la remisión de cartas documento (29-09-20),señalando que la misma suerte correría con el plazo de caducidad.

Manifiesta que, sin perjuicio de todas las complicaciones que surgen por la colisión de leyes, plazo, interpretaciones y la propia pandemia del Covid-19, resulta claro que el actor siempre se ha interesado por hacer valer sus derechos en sede judicial; siempre ha tenido intenciones de promover su acción.

Relata que existe por parte de la demandada una intención de pretender equiparar la acción judicial que tiene un trabajador de hacer valer sus derechos frente al Poder Judicial con la promoción obligatoria del proceso administrativo.

En este punto, especifica que la demandada trata de hacer creer que la obligatoriedad que la provincia de Río Negro exige para reclamos de accidente de trabajo (agotar vía administrativa) es

una opción que un damnificado por accidente tiene (de elegir la vía administraba o la ordinaria judicial) cuando en verdad se encuentra compelido de actuar frente el Poder Ejecutivo con anterioridad a la interposición de la demanda.

Resalta quela acción de un trabajador se ejerce frente a los tribunales de justicia y debe ser considerada, valorada y acogida o rechazada por un Juez quien tiene la exclusiva carga de impartir justicia otorgada por la CN.

Afirma que es errático el pensamiento que tiene La Segunda ART SA cuando intenta hacer creer que la acción que tiene un trabajador se perfecciona con el inicio del procedimiento administrativo y que, a partir de allí, se computan plazos administrativos perdiendo el damnificado sus derechos y garantías otorgadas por la Ley N° 24557.

Invoca que con ese fundamento tendría menos derechos o posibilidades el señor Riveros que un operario de La Pampa, provincia que no adhirió a la Ley Nº 27348, señalando que ello no solo es discriminatorio, sino violatorio del principio de igualdad ante la ley e inconstitucional.

4.Análisis y solución del caso:

4.1. Ingresando en el análisis del recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, se anticipa que el mismo no tiene chances de prosperar. Doy razones.

Se cuestiona en estas actuaciones la constitucionalidad del art. 7 de la Ley Nº 5253 dictada por la Legislatura de la Provincia de Río Negro en el marco de la Ley Nº 27348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), sancionada el 15-02-17 y publicada en el Boletín Oficial el 24-02-17.

La norma nacional estableció la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, a los fines de que el trabajador, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia y el porcentaje de incapacidad, como las correspondientes prestaciones en especie y dinerarias establecidas en la LRT y leyes complementarias.

Además, en el art. 4 se invitó «. a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente Título.La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 del presente y en el apartado 1 del art.46 de la Ley Nº 24557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria».

4.2. Como se anticipó más arriba, la Provincia de Río Negro adhirió a las disposiciones contenidas en el Título 1, mediante la Ley Nº 5253, de fecha 29-11-17, bajo las condiciones establecidas en su articulado. La vigencia de la norma, así como la intervención obligatoria de las comisiones médicas de carácter prejurisdiccional y el agotamiento de la vía administrativa, quedó supeditada a la instrumentación de los acuerdos dispuestos en el art. 2 de la misma.

La ley provincial fue luego reglamentada parcialmente por el Decreto N° 243/18. El art.9del Anexo I de este último aclaró que los aludidos convenios deberían ser ratificados por el Poder Ejecutivo Provincial a los fines de s u aplicación y, finalmente, mediante el dictado del Decreto Nº1590/18 (BO 29-11-18) se estableció la operatividad de las disposiciones antes mencionadas a partir del 29-12-18.

Resulta necesario destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la validez constitucional del procedimiento previo y obligatorio ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales en materia de infortunios del trabajo; y en el marco de los fundamentos desarrollados para así decidirlo, consagró la revisión plena de lo actuado en sede administrativa, con exposición de hechos, prueba y fundamentos jurídicos.

En tal sentido, sostuvo la CSJN en «Pogonza» que el régimen legal de comisiones médicas de la Ley N° 27348 cumple con las exigencias fijadas en su jurisprudencia en cuanto al alcance dela revisión judicial, de conformidad a la cual en las controversias entre particulares el control judicial suficiente se satisface con la existencia de una instancia de revisión ante la justicia en laque puedan debatirse plenamente los hechos y el derecho aplicable (Fallos: 344:2307).

Sin embargo, la fijación en la ley provincial de adhesión de un plazo de caducidad de apenas60 días para interponer la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral, por fuera de lo previsto en el régimen legal de fondo sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales -Ley Nº 24557, sus modificatorias y complementarias-, configura desde mi óptica una obstrucción injustificada para que la referida fiscalización judicial sea posible.

Ello así, en la medida que el plazo de caducidad -tal como está diseñado por la norma bajo examen- opera con el alcance establecido en el art.2566 del CCCN, esto es, produciendo la pérdida del derecho; y además, porque es precisamente la eventual revisión judicial la que en definitiva legitima la instancia administrativa previa ante las Comisiones Médicas.

Al establecer la norma provincial un término perentorio y fatal para el ejercicio de la acción, en la práctica acorta en perjuicio de los trabajadores el plazo de prescripción de dos (2) años que rige en la materia y que se encuentra regulado en el punto 1) del art. 44 de la LRT; en tanto -más allá de la discusión sobre su naturaleza jurídica- resulta innegable que a su vencimiento se cierra definitivamente para el trabajador la posibilidad de que el órgano judicial decida sobre el fondo de sus pretensiones.

La caducidad, se ha dicho, «. es un instituto jurídico en virtud del cual, por lo general, el ejercicio de un acto o de un derecho potestativo es sujetado a un plazo predeterminado y de perentoria e inexorable observancia que determina sin más, para el caso de su falta de ejecución, la extinción del derecho» (cf. López Mesa, Marcelo J., «La caducidad de derechos, acciones y actos en el Código Civil y Comercial», Ed. La Ley, 2015).

4.3. Corresponde señalar que si bien la Ley Nº 27348 invitó a las Provincias a adherir al procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, no introdujo ningún plazo de caducidad ni modificó el plazo de prescripción de la Ley Nº 24557 a la que vino a complementar. Menos aun, su letra permite interpretar que habilitó a las jurisdicciones locales para que regulen dichos institutos.

Por consiguiente, sobre esta plataforma de análisis hago propia la posición del máximo Tribunal de la provincia de Mendoza respecto de la caducidad para el inicio del recurso judicial establecida en el art.3 de la Ley Nº 9017 mendocina, similar a la que aquí se analiza, en cuanto a que su aplicación aniquila el derecho del trabajador aún cuando las normas de fondo le permiten ejercer la acción en el plazo de dos años lo que, carece de toda lógica, vulnera el principio protectorio, las competencias nacionales y deniega infundadamente el acceso a la justicia» (cf.Sala II en «Herrera Walter Ariel c/ Provincia ART P/ Accidente P/ recurso extraordinario provincial», -voto de la mayoría-, sentencia del 18-09-20).

Dicho razonamiento resulta válido y aplicable a la ley rionegrina, dado que se abrevia de un modo desmesurado e injustificado el plazo para instar la acción judicial posterior, bajo la amenaza legal de perder su derecho indemnizatorio.

Según lo entiendo, los derechos del trabajador reconocidos en la LRT y leyes complementarias, no pueden resultar alterados o quebrantados por medio del establecimiento de un plazo fatal de caducidad a través de una norma provincial que -como se dijo antes- transgrede las atribuciones legislativas del Congreso de la Nación, definidas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional para -en el caso- el dictado de los Códigos Civil y Comercial y del Trabajo y Seguridad Social.

Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el art. 18 de la CN no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento, tal como lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (CSJN Fallos:337:530 ).

Sumado a lo anterior, se vulnera también el principio protectorio de irrenunciabilidad establecido en el art.12 de la LCT, que constituye un límite al cual debe ajustarse la ley, en aras de asegurar el pleno goce de los derechos al trabajador.

En definitiva, por las razones expuestas, y en tanto el plazo de caducidad establecido en el art. 7 de la Ley Nº 5253 agravia garantías convencionales de tutela judicial efectiva, acceso ajusticia (art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 dela Declaración Universal de Derecho humanos, arts. 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-) y debido proceso legal, además de comprometer también otros derechos de rango constitucional como lo son el derecho a los beneficios de la seguridad social, a la salud e integridad física y moral (arts. 14 bis, 16, 18,19 y 33de la Constitución Nacional), corresponde rechazar el recurso interpuesto y, consecuentemente, confirmar la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de apelación extraordinaria.

4.4.Por otro lado, lo atinente al planteo fundado en los efectos y alcances de la cosa juzgada, con remisión a lo establecido en la Ley Nº 27348, resultan cuestiones que no fueron planteadas oportunamente ante el tribunal de mérito, motivo por el cual no hubo pronunciamiento en origen, lo que obsta a su tratamiento en esta instancia excepcional de revisión.

A todo evento, el agravio carece de un desarrollo sólido y coherente que se corresponda con las disposiciones legales que la ART invoca en su favor.

Cierto es que el art. 2 de la Ley 27348 dispone que pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa las decisiones de las Comisiones Médicas (Jurisdiccionales o Central) que no fueren motivo de recurso alguno, así como las resoluciones homologatorias; pero también lo es -como se explicó en el punto 4.3) precedente- que la norma nacional no estableció un plazo de caducidad para recurrirlas, ni modificó el de prescripción legislado en el punto 1 del art. 44 LRT.Y este es, precisamente, uno de los fundamentos que determina la inconstitucionalidad del art.7de la norma local.

Por su lado, la ley de adhesión dictada por la legislatura de Río Negro establece en su art. 3,que adquirirán el atributo de cosa juzgada administrativa las resoluciones dictadas por la Comisión Médica que hayan sido consentidas por las partes; y ya hemos dicho que en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, la Provincia carece de facultades para imponer en esta materia un plazo de caducidad, que obstruya el derecho del trabajador a solicitar la revisión judicial de lo actuado en esa instancia prejudicial.

De allí que, en sentido contrario a lo afirmado por la demandada, la sentencia en crisis no agravia el instituto de la cosa juzgada administrativa y, menos aún, su derecho de propiedad y la seguridad jurídica, como ligeramente se dice en el recurso extraordinario.

5. Decisión:

En consecuencia, con las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada. -ASI VOTO-.

A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado dijeron:

Coincidimos con lo manifestado por el señor Juez preopinante, por lo que adherimos a los fundamentos por él vertidos y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión(art. 38 de la LO).

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de origen, ordenando el reenvío de los autos para que prosiga el trámite según su estado (arts. 296 y ccdtes. del CPCyC y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). Con costas en el orden causado por tratarse de una cuestión que se encuentra controvertida y sobre la cual no existe aún doctrina legal (art. 68 2da. parte CPCyC).

2.Asimismo, sugiero que por su actuación en esta vía, se regulen los honorarios profesionales de la doctora Yamil Mena y del doctor Martín Miguel Mena -en conjunto-, en representación de la aseguradora demandada, en el (%) de los que les correspondan en la instancia de origen y los del doctor Ángelo Raúl Zamataro Amaranto en representación de la parte actora, en el (%) de los que les corresponda en la instancia de origen, los que deberán ser abonados oportuname nte (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212). -MI VOTO-.

A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado dijeron:

Adherimos a la solución propuesta en el voto que antecede y

VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión(art. 38 de la LO).

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

Primero:

Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, en consecuencia, confirmar la inconstitucionalidad declarada por la Cámara de origen mediante sentencia del 29-07-21, ordenando el reenvío de los autos a la instancia de origen para que prosiga el trámite según su estado (arts. 296 y ccdtes. del CPCyC y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo:

Con costas de esta instancia en el orden causado por tratarse de una cuestión que se encuentra controvertida y sobre la cual no existe aún doctrina legal (art. 68 2da. parte CPCyC).

Tercero: Regular los honorarios profesionales -por su actuación en esta vía- de la doctora Yamil Mena y del doctor Martín Miguel Mena -en conjunto-, en representación de la aseguradora demandada, en el (%) de los que les correspondan en la instancia de origen y los del doctor Ángelo Raúl Zamataro Amaranto en representación de la parte actora, en el (%) de los que les corresponda a en la instancia de origen, los que deberán ser abonados oportunamente (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212).

Cuarto: Notificar en conformidad con lo dispuesto en el art. 8 inc. a) del Anexo I de la Acordada N° 01/21-STJ, mod. por Ac. 03/22-STJ y oportunamente, procédase al cambio de radicación en el sistema Puma a la Cámara del Trabajo de Cipolletti.

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