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#Fallos Solidaridad laboral: Responsabilidad de los socios gerentes de una sociedad que, pese a conocer que ya el ente no funcionaba más, celebraron un convenio transaccional en su nombre con un trabajador, que luego fue incumplido

Partes: Colque Miguel Ángel c/ Benedetto José Luis y Mealla Silvina Elisabeth s/ Incidente de extensión de responsabilidad

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: Laboral

Fecha: 5 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138703-AR|MJJ138703|MJJ138703

Responsabilidad de los socios gerentes de una sociedad que, pese a conocer que ya el ente no funcionaba más, celebraron un convenio transaccional en su nombre con un trabajador, que luego la empresa -debido a su falta de funcionamiento- incumplió.

Sumario:
1.-La deuda contra el trabajador debe extenderse hacia los socios gerentes conforme el art. 274 LS, ya que estos, al celebrar el convenio, obligaron a la sociedad sabiendo que ya no funcionaba sin haber realizado el proceso disolutorio y liquidatorio, lo que sin dudas demuestra su actuación contraria a la ley.

2.-Corresponde atribuir responsabilidad a los gerentes, ya que se encuentra acreditado que la sociedad al momento de celebrar el convenio con un trabajador ya no funcionaba e incluso estaba dada de baja en AFIP, no había sido disuelta y liquidada en legal forma y aquellos, con pleno conocimiento de estas circunstancias, hicieron asumir a esa persona jurídica inexistente en la realidad la deuda con el trabajador.

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3.-Ante el incumplimiento de la sociedad en el pago de la deuda con el trabajador, sus administradores alegaron, y lo siguen haciendo, que es esa persona jurídica quien tiene que asumir el pago, sabiendo que, ante su falta de funcionamiento, de obtención de ganancias y de patrimonio, resulta imposible que el trabajador tenga posibilidad alguna de cobrarle el crédito.

4.-Cuando los administradores societarios, incumpliendo sus obligaciones, ejecutan actos o maniobras dirigidas a defraudar los derechos de terceros en clara violación del estatuto y la ley y en contra del deber de obrar con buena fe, resultan ilimitada y solidariamente responsables frente a los afectados por su actuación ilícita.

Fallo:
San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veintidós los señores jueces de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia, doctores María Silvia Bernal, Ekel Meyer y Federico Francisco Otaola, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº LA-17.914/21 caratulado «Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C-159.527/2020 (Tribunal del Trabajo -Sala III- Vocalía 8) Incidente de extensión de responsabilidad: COLQUE, MIGUEL ÁNGEL c/ BENEDETTO, JOSÉ LUIS y MEALLA, SILVINA ELISABETH».

La Dra. Bernal dijo:

El tribunal del trabajo, por sentencia de fecha 14 de julio de 2021, admitió la demanda incidental y extendió la responsabilidad por el crédito adeudado al trabajador en el principal a los socios gerentes de Alimentos Benedetto SRL, José Luis Benedetto y Silvina Elisabeth Mealla, con costas.

Para así resolver sostuvo, en lo que nos interesa por su vinculación con los agravios de los recurrentes, que el actor celebró con Alimentos Benedetto SRL un convenio de pago cancelatorio de los rubros reclamados, formulando reserva de extensión de responsabilidad a los socios en caso de incumplimiento, acuerdo que fue homologado.

Señaló que José Luis Benedetto y Silvina Elisabeth Mealla no asumieron obligación alguna en el convenio, lo que implicaba que el actor consintió que el total de la deuda se impusiera a la persona jurídica y no a sus socios, por lo que no surgía del título constitutivo la solidaridad.

Sin embargo, consideró el tribunal que evaluada la totalidad de la prueba ofrecida y diligenciada en el incidente y en el principal, la conclusión precedente debía ser revisada con base en la normativa societaria en concordancia con el derecho común.

Refirió que la constancia de inscripción de Alimentos Benedetto SRL, agregada a fs.33 del principal, indicaba que al mes de mayo de 2014 se encontraba vigente, sin pedidos de quiebra, concursos, embargos o inhibiciones, pero, que la sociedad mantuviera su personalidad al momento de celebrar el convenio con el actor no significaba que haya tenido actividad comercial efectiva que le permitiera generar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones contraídas.

En ese sentido destacó que el informe de AFIP (fs. 148 del principal) daba cuenta de la baja definitiva de la referida sociedad en ganancias (12/2015), IVA (09/2016) y aportes como empleador (12/2013), señalando que la constancia de baja de la AFIP no extinguía la personalidad jurídica pero aportaba un claro indicio de que antes de formalizado el acuerdo transaccional la sociedad no cumplía con su finalidad típica de producción o intercambio de bienes o servicios con participación en las ganancias y las pérdidas (art. 1 LGS).

Dijo que esa presunción fue expresamente confirmada por los demandados (fs. 133 vta.del principal) al adjuntar la documentación solicitada por la perito contadora, quienes manifestaron que Alimentos Benedetto SRL no funcionaba desde noviembre de 2013; valoró que tal confesión judicial y el informe referido eran elementos que demostraban que el convenio del 12 de junio de 2019 entre el actor y la sociedad fue suscripto con pleno conocimiento de ésta y de sus socios de que la firma no cumplía más con el objeto para el que fue creada, sino que mantenía una mera existencia formal.

Señaló que la insolvencia patrimonial de una sociedad no implica per se la responsabilidad de sus socios o administradores, dado que ese estado se puede generar por razones ajenas a su actuación; sin embargo, ya sea por la impotencia económica o por la falta de funcionamiento de la firma, el deber de los administradores de actuar de manera diligente y como buen hombre de negocios imponía una conducta activa en tal sentido, como podía ser la disolución y liquidación de la sociedad, lo que no hicieron, sino que por el contrario continuaron utilizando el sujeto de derecho como si nada hubiera sucedido.

Sostuvo que los estándares de conducta de los socios y administradores fijados en la ley no admiten que la firma se diluya sin justificación alguna en perjuicio de los acreedores; así, la conservación de la persona jurídica sin realizar la actividad propia de su objeto y la celebración de actos jurídicos que la obligan (como el convenio con el actor) y que luego se incumplen, demostraba acabadamente una conducta antijurídica (y cuanto menos culposa) que violaba la ley, el orden público (laboral en este caso) y el derecho de un tercero trabajador, lo que no podía ser admitido.

Citó en apoyo jurisprudencia en la que se dijo que «. la evidencia del perjuicio vuelve innecesaria y abstracta toda disquisición tendiente a determinar a quién correspondía la acreditación del extremo.El perjuicio está y consiste en la inejecutabilidad de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada dictada en sede laboral, en virtud de `desaparición´ del ente condenado. Así, la acreencia judicialmente reconocida se ha vuelto de irrealizable materialización, redundando, esa sola circunstancia y por sí misma, en un claro detrimento patrimonial del actor. Repárese en la circunstancia que de haberse procedido a la liquidación conforme a las pautas legales, el reclamante hubiera probablemente podido acceder a la satisfacción de su crédito, en tanto el objetivo del procedimiento liquidatorio consiste, precisamente, en la realización del activo y la cancelación del pasivo (cfr. art. 105 L.S.C.). Y si los fondos sociales fueran insuficientes para satisfacer las deudas, los liquidadores están obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas de acuerdo al contrato constitutivo (cfr. art. 106 ley cit.). Así, del juego armónico de los citados artículos y asimismo del art. 109 surge que la cancelación del pasivo de la sociedad configura un objetivo primordial del proceso de liquidación. Al haberse omitido éste, el tercero acreedor que contaba con un crédito líquido y exigible vio impedida toda posibilidad de obtener su satisfacción. Por cierto que, . es evidente que los administradores violaron las disposiciones de la ley de sociedades . atento el empleo del fantasmagórico recurso de `hacer desaparecer´ a la sociedad, obviando todo trámite liquidatorio lo que en el caso resulta claramente frustratorio de los derechos de terceros. El proceder descripto no se ajusta a la pauta de conducta consignada en el art. 59 L.S.C., en tanto impone a los administradores el deber de obrar con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Si bien la pauta adolece de una laxitud nunca aconsejable en un texto legal, es claro que su alcance no puede ser controvertido al punto de dejar fuera de su órbita actuaciones que, como la descripta, infringen las disposiciones legales en forma directa y flagrante.. la noción de `buen hombre de negocios´ importa una auténtica responsabilidad profesional -capacidad técnica, experiencia y conocimiento- que se evalúa teniendo en cuenta factores tales como la dimensión de la sociedad, su objeto, etc. . Además, en estricta concordancia con esta norma se encuentra el art. 274 del mismo cuerpo legal, que viene a reforzarla agregando supuestos que -respecto de los directores- dan lugar a su responsabilidad ilimitada y solidaria, tales como violación de la ley (tal el caso de autos), el estatuto o reglamento y cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, sentencia del 7/11/2002, «Cancela Echegaray, Guillermo c. Compartime S.A. y otros», cita online AR/JUR/5639/2002).

Refirió luego al daño, como presupuesto necesario para responsabilizar a los socios demandados, el que en este caso consideró materializado claramente en la falta de pago del convenio celebrado en el principal, que era el perjuicio concreto provocado al actor por la conducta fraudulenta analizada.

Agregó que no existía duda de que fue la actitud seguida por los dos únicos socios de Alimentos Benedetto SRL la que provocó el perjuicio al trabajador, dijo que aun cuando el acuerdo fue suscripto a través del mandatario de la sociedad, sus administradores no podían desconocer las obligaciones que de allí surgían con la firma, pero mantuvieron una conducta totalmente evasiva y sin justificación alguna para pagar lo adeudado, lo que evidenciaba una relación causal directa entre el incumplimiento y el daño, y habilitaba a extender la responsabilidad en su contra.

Entendió que los argumentos expuestos conducían a admitir el incidente planteado, pero también existían otros elementos que llevaban a resolver de este modo.

En relación a ello analizó -en detalle- la prueba agregada al principal, de la que surgía que el actor trabajó en jornada completa (inclusive superior a la legal en varios meses) pero se registró y pagó media jornada o menos, y también que percibía una parte sustancial de su salario «en negro».

Dijo que estos actos en violación a la ley laboral no podían ser desconocidos por Benedetto y Mealla porque según los recibos de sueldo y los contratos de trabajo ambos eran socios gerentes, además de ser los únicos integrantes de la firma; en definitiva, consideró que la ilicitud en la que incurrió la sociedad no era ajena al conocimiento de los gerentes, quienes participaron directamente en los actos en fraude a los derechos laborales que asistían al actor.

Citó en apoyo jurisprudencia, a la que remito.

En mérito de todo ello consideró que en el caso se configuraron y comprobaron los extremos exigidos por la ley para la extensión de responsabilidad a José Luis Benedetto y Silvina Elisabeth Mealla por el daño causado al actor ante el incumplimiento de la sociedad del convenio celebrado en el expediente principal.

Disconforme con la decisión interpone recurso de inconstitucionalidad el Dr. Fernando José Yécora en representación de los incidentados (fs.7/10).

Al expresar agravios alega que con fundamentos dogmáticos se extendió la responsa bilidad a los socios de una SRL sin que se haya demostrado acabadamente que los mismos realizaron un acto tendiente a perjudicar al trabajador.

Dice que la sentencia que homologó el convenio se encuentra firme, por lo que no puede ser modificada mediante incidente extendiendo responsabilidad a quienes no participaron en forma personal de dicho convenio; insiste en que la sociedad comercial fue la única obligada por la transacción, lo que fue consentido y aceptado por el actor.

Sostiene que la evaluación de la conducta de los socios debió realizarse al momento de trabarse la litis y no con posterioridad a la celebración del convenio.

También se queja porque considera que el tribunal condenó a los socios en un trámite incidental en el cual no tuvieron la posibilidad de demostrar cuales fueron los motivos de la caída comercial de la sociedad, dice que el hecho de que sus mandantes no hayan objetado el trámite utilizado para extenderles la responsabilidad no justifica que en un incidente se tenga por demostrado su mal desempeño.

Sustanciado el recurso lo contesta la Dra. Flavia Valeria S. Castro en representación del trabajador (fs. 24/27) y, por las razones que expone, solicita su rechazo.

Cumplidos los demás trámites procesales correspondientes emite dictamen el señor Fiscal General (fs.38/46) propiciando el rechazo del recurso, lo que comparto por los siguientes fundamentos.

Comienzo por señalar que, como reiteradamente lo dijimos, el vicio de arbitrariedad con alcance para descalificar un fallo debe ser grave, tiene que probarse y solo puede predicarse respecto de sentencias que presentan omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial, lo que no ocurre en este caso.

Por el contrario, considero que la sentencia se apoya en un detallado análisis de los hechos y de la prueba y cuenta con razonable y suficiente fundamentación.

Por otra parte, los agravios de los recurrentes solo revelan mera disconformidad con la decisión toda vez que se limitan a insistir y reeditar los argumentos expuestos en la instancia anterior, y que fueron suficientemente tratados y desestimados por el tribunal; además, no se hacen cargo de la conducta omisiva, culposa y violatoria de normas que se les atribuye ya que en sus agravios solo declaman, de modo dogmático, su falta de responsabilidad.

Así planteada la queja, carece de la solvencia y autonomía que se requiere para habilitar esta instancia de excepción.

En tal sentido ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «Deben rechazarse los agravios que sólo constituyen una mera reiteración de conceptos vertidos con anterioridad en la causa y no aportan ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada» (Fallos 322:1580).

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en el caso se encuentra acreditado, e incluso reconocido, que los administradores, y a su vez único socios, al celebrar el convenio obligaron a la sociedad sabiendo que ya no funcionaba y que ante ello no se realizó el proceso disolutorio y liquidatorio, lo que sin dudas demuestra su actuación contraria a la ley.

En ese sentido el art. 59 de la LGS (que debe a su vez correlacionarse con el art.274 LGS) establece una pauta de conducta bajo la cual deben actuar los administradores y representantes de la sociedad, disponiendo que «. deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión».

A su vez el art. 274 de la LGS, referido a las sociedades anónimas y aplicable a las de responsabilidad limitada conforme al art. 157 de la misma ley, establece en su primer párrafo que «Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave».

Del análisis y valoración de los hechos alegados y probados en esta causa, que en forma minuciosa se realizó en la sentencia de grado, surgen acreditados los actos y omisiones que justifican la extensión de responsabilidad que nos ocupa, como también el nexo de causalidad adecuado entre esas conductas y el daño causado al trabajador.En relación a ello, se encuentra acreditado que la sociedad al momento de celebrar el convenio ya no funcionaba e incluso estaba dada de baja en AFIP, que no había sido disuelta y liquidada en legal forma y que los administradores con pleno conocimiento de estas circunstancias hicieron asumir a esa persona jurídica inexistente en la realidad la deuda con el trabajador.

Luego, ante el incumplimiento de la sociedad en el pago de tal deuda sus administradores alegaron, y lo siguen haciendo, que es esa persona jurídica quien tiene que asumir el pago, sabiendo que ante su falta de funcionamiento, de obtención de ganancias y de patrimonio resulta imposible que el trabajador tenga posibilidad alguna de cobrarle el crédito.

Las conductas analizadas sin dudas configuran incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos por la ley a los administradores societarios, incluso son claramente contrarias a la buena fe negocial.

En este sentido cabe señalar que cuando los administradores societarios, incumpliendo sus obligaciones, ejecutan actos o maniobras dirigidas a defraudar los derechos de terceros en clara violación del estatuto y la ley (laboral y societaria en este caso) y en contra del deber de obrar con buena fe, resultan ilimitada y solidariamente responsables frente a los afectados por su actuación ilícita.

Por otra parte, ninguna justificación brindaron los incidentados sobre estas cuestiones no obstante que, contrariamente a lo que alegan en el recurso, tuvieron una amplia posibilidad de defenderse y ofrecer prueba, lo que no hicieron.

En relación a ello me interesa destacar que los administradores fueron personalmente demandados en el principal, imputándoles incumplimientos a la ley laboral, y no se observa que al contestar demanda hayan brindado justificación alguna al respecto, pues solo se limitaron a formular negativas respecto a su responsabilidad (ver fs.67/69 principal).

Luego, ante la demanda incidental de extensión de responsabilidad, únicamente alegaron como defensa que la sentencia de homologación de convenio se encontraba firme y solo obligaba a la sociedad, pero nada dijeron sobre la falta de funcionamiento del ente, su consiguiente falta de ganancias ya que no desarrollaba actividad (incluso estaba dada de baja en ganancias e IVA), y menos aún sobre el incumplimiento de sus deberes en cuanto al proceso disolutorio y liquidatorio.

Todo ello determina que los agravios mediante los que pretenden enervar la extensión de responsabilidad decidida resulten, como ya lo señale, meramente dogmáticos y por lo tanto inatendibles.

Finalmente, la valoración de conducta de los socios administradores se encuentra correctamente realizada al momento de promoverse el incidente como consecuencia del incumplimiento del convenio por parte de la sociedad, pues allí se provocó el daño que habilitó a evaluar tal conducta a los fines de la extensión de responsabilidad.

Por todo lo expresado corresponde rechazar el recurso interpuesto con costas a los vencidos (art. 102 CPC), y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para estimarlos.

Los Dres. Meyer y Otaola adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por el Dr. Fernando José Yécora en representación de José Luis Benedetto y Silvina Elisabeth Mealla.

2º) Imponer las costas a los vencidos y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para estimarlos.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. María Silvia Bernal; Dr. Ekel Meyer; Dr. Federico Francisco Otaola.

Ante mí: Dra. María Elena Cáceres – Secretaria Relatora.

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