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#Doctrina La obligación a la injusticia en resguardo del negocio financiero de las ART

Autor: Serrano Alou, Sebastián

Fecha: 15-10-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16848-AR||MJD16848

Voces: DERECHO DEL TRABAJO – LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO – SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO – COMISIONES MÉDICAS

Sumario:
I. Un cuarto de siglo de disputa entre intereses económicos y Derechos Humanos II. La defensa de los Derechos Humanos Fundamentales ante el juez natural III. Una pregunta y distintas respuestas.

Doctrina:
Por Sebastián Serrano Alou (*)

I. UN CUARTO DE SIGLO DE DISPUTA ENTRE INTERESES ECONÓMICOS Y DERECHOS HUMANOS

La respuesta desde lo que podríamos llamar «el mundo jurídico», conformado por las normas y sus operadores, a la reparación del daño que sufren las/los trabajadoras/trabajadores por accidentes y/o enfermedades del trabajo, ha experimentado siempre avances y retrocesos, los que han sido muy marcados desde la sanción de la ley 24.557 , Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), hace más de un cuarto de siglo (el 13/09/1995).

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La LRT fue uno de los casos emblemáticos de la época de su sanción, donde el principal objetivo era privilegiar las ganancias empresarias y la especulación financiera de las empresas que creaba, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Dado que el trabajo es el único productor de riquezas genuinas, se buscó un motivo para tomar parte de esas ganancias, financiar las ART, que velarían por el cuidado de la vida y la salud de las personas que trabajan, tratando de tomar la mayor cantidad de dinero posible con ese planteo. El dinero recaudado no fue usado para lo que se dijo, sino que, al igual que en el caso de las AFJP -mientras existieron-, se derivó a distintos negocios, especialmente los financieros. Para funcionar, siempre fue importante por un lado rechazar la mayor cantidad de pagos posibles, por el otro recortar y demorar los pagos que efectivamente se hicieran. El lucro se planificó a expensas del trabajo, las/los trabajadoras/es, su dignidad, integridad y hasta sus vidas.

Para cumplir sus objetivos, la LRT en su redacción originaria tenía 3 limitaciones básicas para la persona que trabaja:1) en relación a que accidentes y enfermedades debían reparar las ART, limitando primordialmente las enfermedades reconocidas como laborales con un listado limitado y cerrado; 2) en los montos que correspondía percibir a la persona que trabaja, o sus familiares en caso de muerte, por el daño producido por el accidente o enfermedad del trabajo, con un tope por punto de incapacidad; 3) en el acceso a las juezas y jueces naturales, es decir, la garantía de acceso a la justicia, de poder peticionar por los derechos vulnerados.

Un quiebre fundamental al sistema de la LRT se dio en septiembre de 2004, en la llamada primavera del Derecho Laboral, con el inicio de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con eje en la persona que trabaja. Se habla de primavera del Derecho Laboral o del Trabajo a partir de 3 casos del Tribunal con una línea marcada de protección a la persona que trabaja, 2 de los cuales declararon la inconstitucionalidad de distintas normas de la LRT por lo injusto del sistema, en un caso, al establecer limites a la reparación del daño, en el otro, al dificultar / limitar el acceso a la justicia; se trata de los precedentes «Aquino» (1) y «Castillo» (2). A casi 10 años del inicio de un sistema injusto, el de la LRT, se comenzó a cambiar el eje con fuerza, a partir de los precedentes de la Corte, que se hicieron eco de reclamos que venían articulando las abogadas y los abogados laboralistas desde hacía un largo tiempo.Se cambio el rumbo del sistema diseñado a mediados de la década de los 90, de la ganancia para las empresas perseguida como objetivo principal se pasó a la protección de la persona como eje de todo el sistema jurídico, con especial énfasis en el caso de la persona que trabaja (3). En un lapso de 10 años la Corte declaró reiteradas veces la inconstitucionalidad de distintas partes de la LRT, siendo la norma que se llevó el récord de esas declaraciones.

A partir de las sentencias de la Corte se configuró un sistema de Riesgos del Trabajo pretoriano que puso en el centro de discusión dos cuestiones fundamentales: la prevención y la reparación del daño, todo ello abriendo el camino al acceso de las/los trabajadoras/es damnificadas/os a peticionar por sus derechos ante los jueces naturales. En el camino paralelo a las sentencias de la Corte se sucedieron distintas normas, siendo quizás las más relevantes el decreto 1694/09 y la ley 26.773 con su regresiva norma reglamentaria, el decreto 472/14 , que fueron parches que tomaron planteos de la Corte pero también del lobby empresario, como hubo parches anteriores (vgr decretos 1278/2000 , 410/2001 ). Los distintos parches, con sus diferencias de época y objetivos, no corrigieron el sistema de manera total, no plasmaron la totalidad de los lineamientos del Bloque de Constitucionalidad Federal (BCF) que la CSJN venía moldeando en sus decisiones.

En el año 2016 se inició otra vez un «cambio» en la tendencia, similar al del quiebre de 2004; esta vez un claro y marcado retroceso, que se inició con la nueva conformación de la Corte. En lo que hace al sistema de Riesgos del Trabajo, el precedente «Espósito» (4) de la Corte Nacional marcó la primera y más contundente regresión, una sentencia que solo la Corte nacional invocó más de 300 veces en 5 años para recortar derechos.Continuó en esa línea la reforma a la LRT, primero y por un breve plazo por decreto de necesidad y urgencia (54/17) del Poder Ejecutivo Nacional, poco después por la ley 27.348 (votada afirmativamente por solo 88 diputados sobre un total de 257) del Congreso Nacional. Con cada uno de estos precedentes, el objetivo fue torcer definitivamente el rumbo iniciado en 2004, para conducir el sistema al punto inicial de mediados de la década del 90. La forma principal de volver a asegurar los objetivos iniciales del sistema fue imponer nuevamente el paso obligatorio por las Comisiones Médicas (CM) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), es decir, volver a imponer un sistema que en la práctica significa un trámite burocrático y desfavorable a las personas que trabajan, para impedir el acceso irrestricto a la justicia. Cerrando el circulo, otra vez la Corte del Cambio se expidió en «Pogonza» (5), esta vez convalidando el paso previo obligatorio por CM.

En todo este devenir de más de 25 años, el sistema de Riesgos del Trabajo se ha ido haciendo cada vez más complejo y farragoso, fundamentalmente por la sucesión de normas (leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones, etc) y sentencias con diferentes criterios, lo que evidentemente favorece a las ART frente a las personas que trabajan. Los incumplimientos son fáciles de realizar, ocultar y hasta justificar, pero difíciles de exigir, en un contexto complejo y contradictorio, siendo necesario por ello simplificar a partir de los principios fundamentales que deben guiar el sistema. Un lugar fundamental tiene en la creación de normas y decisiones contradictorias la SRT y sus Comisiones Médicas.

Para no perdernos en el laberinto cada vez mayor de normas y decisiones que se contraponen, donde los principales damnificados terminan siendo las personas que trabajan, lo fundamental es contar con algún tipo de brújula jurídica para que, a pesar de las rutas cada vez más laberínticas, el «hacia donde vamos» este claro.En mi opinión, esa brújula debemos buscarla en el BCF, que la propia CSJN utilizaba para marcar el rumbo en el periodo que va de 2004 a 2014 (6), especialmente en los principios cardinales que surgen del mismo. Ante la duda o confusión, se debe recurrir a la cúspide de la pirámide normativa para, desde allí arriba, ver más claro el horizonte. No se deben buscar las respuestas en normas de dudosa constitucionalidad, ni en conceptos de la ortodoxia económica, ni en las falacias que elabora su discurso, en todo aquello que busca convalidar como finalidad principal el lucro cada vez mayor de una cantidad cada vez menor de personas/empresas, donde los seres humanos son un simple número de la ecuación y no la variable fundamental que debe desarrollarse en plenitud.

A los fines de simplificar, que es lo que se viene planteando, se debe determinar las 3 patas de apoyo del sistema, ninguna de las cuales puede faltar sin que se derrumbe: 1) la persona que trabaja tiene derecho al cuidado de su vida y su salud mediante una prevención eficaz de los accidentes y enfermedades del trabajo; 2) si esto fracasa y sufre un daño en su salud, también tiene derecho a una reparación plena/justa/integral; 3) si la respuesta no es inmediata, tiene derecho a reclamar ante un/a juez/a natural, es decir al Fuero del Trabajo que le corresponde. Estos 3 son Derechos Humanos básicos y fundamentales que surgen del BCF, que han sido receptados por la CSJN y además se encuentran en distintas normas infraconstitucionales que deben complementarse en un verdadero «diálogo de fuentes». Ninguna norma o decisión de ninguno de los 3 poderes del Estado puede pretender arrebatar a la persona que trabaja estos DDHH marcando un retroceso, vulnerando un principio arquitectónico del DIDH, el de progresividad (7).

II.LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES ANTE EL JUEZ NATURAL

La disputa reseñada anteriormente se ha dado en gran medida en el Poder Judicial y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han realizado modificaciones al sistema luego de que se sucedieran las decisiones sobre el mismo distintas sentencias. Por lo tanto, no es accidental que se impida o dificulte el acceso al Poder Judicial de las personas que sufren accidentes o enfermedades del trabajo, sino que se busca obturar los justos reclamos contra un sistema injusto.

Cuando no se extremaron las medidas de prevención, o la misma falló, y se produjo un daño que no se reparó o fue reparado en forma deficiente, no puede negarse a la persona que trabaja que lleve sus justos reclamos ante los/las Jueces/zas Naturales. Como bien quedó plasmado en los fallos de la CSJN entre 2004 – 2014 y surge del BCF, resulta indispensable que la persona que trabaja y que ha sufrido un daño en su salud por su trabajo, cuando lo consideré necesario para una mejor defensa de sus DDHH, pueda acudir ante los/las Juece s/zas Naturales para que definan si existió una prevención adecuada o no de los responsables, evalúen el daño en el caso particular y determinen cual es la reparación que resulta más justa/integral/plena.

La LRT originaria tenía una doble forma de impedir a la persona que trabaja el acceso a los/las Jueces/zas Naturales con sus reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo, es decir, para la defensa de sus DDHH Fundamentales. La primera, mediante el trámite obligatorio ante las Comisiones Medicas, órganos administrativos que dotados de facultades jurisdiccionales en un enmarañado procedimiento (8) que sorprendería hasta a Franz Kafka, autor del libro «El Proceso». La segunda, imponiendo que las apelaciones a lo decidido por las Comisiones Medicas tramite ante El Poder Judicial Federal.El objetivo fundamental de esta sustracción del derecho al acceso a la justicia reviste una gravedad enorme por las particularidades de las personas que se perjudica, a quienes se les reconoce preferente tutela constitucional, como por el tipo de derechos involucrados, los DDHH de la persona damnificada en su vida y/o salud frente a los intereses económicos de las empresas que resultan beneficiadas (9).

En el inicio de lo que se conoció como la primavera del Derecho del Trabajo, la CSJN, en el precedente «Castillo» (10), declaró inconstitucional el art. 46 inc. 1 de la ley 24.557, en cuanto disponía la competencia de la justicia federal para entender en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales. Según entendió la Corte, no resulta constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común -en el caso, accidentes laborales-, ejerza una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Lo contrario implicaría reconocer que las pautas limitativas que fija la Carta Magna cuando se trata de derecho común, referidas a la aplicación de esas normas por los tribunales de provincia si las cosas o las personas caen bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser dejadas de lado por la mera voluntad del legislador.

Entre sus consideraciones, afirma la Corte en «Castillo» (11) que, según lo esclareció dicho Tribunal para octubre de 1917 y lo sostuvo de manera constante, las responsabilidades por accidente del trabajo y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros son de carácter común, por lo tanto, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, alterar el principio por el cual deben ser resueltas por las jurisdicciones locales. La Ley de Riesgos del Trabajo produjo dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional:impedir que la Poder Judicial Provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado «de fuero común».

En el caso del precedente «Castillo» (12) el trabajador no había pasado por las Comisiones Médicas, sino que había recurrido directamente ante el Juez del Trabajo Provincial con sus reclamos, peticionando se declare inconstitucional la competencia de la justicia federal. Esto fue señalado por la ART demandada para que se rechace su planteo, ya que afirmaba que el actor no atacó directamente el tramite ante las CM, lo que para la Corte no resulto relevante, en función de que las CM de la LRT son «organismos de orden federal» que no pueden remplazar en sus funciones de los Poderes Judiciales Provinciales, como tampoco puede hacerlo la justicia federal. Si alguna quedara sobre lo que la Corte quiso decir en «Castillo», la misma se encargó de aclararlo en «Obregón» (13), al referir que si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante «organismos de orden federal», como lo son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT. Luego de «Castillo», en el precedente «Venialgo» (14), otro trabajador presentó su reclamo ante el Juez del Trabajo Provincial, pero en este caso luego de pasar por las Comisiones Medicas de la LRT, sin que ello implique convalidar todo el sistema dispuesto por la LRT, ni fuera óbice para que se declare inconstitucional la federalización del reclamo dentro del marco de la LRT.

La doctrina de los precedentes «Castillo», «Venialgo» y «Obregón» constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los arts. 21 , 22 , 46 , inc. 1, y de las normas pertinentes del dec.717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias (15). En mi criterio, de la conjunción de ambos precedentes surge lo que creo es la idea central sobre las Comisiones Medicas: son «organismos de orden federal» a los que el trabajador no esta obligado a recurrir para reclamar por sus derechos previo a reclamar ante el/la Juez/a Natural del Poder Judicial Provincial, mientras que el hecho de presentar previamente algún reclamo ante dichos organismos, o comparecer ante los mismos, tampoco lo priva de su derecho a reclamar ante el Juez Natural (16). Es decir, no es obligatorio el trámite de las comisiones médicas, sino que es un derecho más a favor de la persona que trabaja, del que puede hacer uso o no, que en nada modifica el fundamental de ir ante los/las Jueces/zas Naturales para reclamar con toda la amplitud prevista en las leyes de forma, ni tampoco puede recortar los derechos de la normativa de fondo.

Como bien advirtió y señaló con perspicacia mientras era camarista Luis Raffaghelli (17), la Corte no solo omite en «Pogonza» (18) toda referencia a «Obregón» (19), donde Maqueda y Highton de Nolasco votaron en sentido contrario, sino que también ignora por completo un precedente de la misma más reciente, «De Cilis» (20), donde Maqueda ratifica el precedente «Obregón» en su voto. Esto no es un dato menor, ya que «Pogonza» solo cuenta con 3 votos, 2 de los cuales se contradicen con posturas anteriores sin explicación y omitiendo toda referencia, y 1 de esos votos ya no puede repetirse en ningún sentido por jubilación de la Jueza que los emitió. Estas contradicciones tienen una razón, y es que se trata de la misma Corte que, como se ha señalado en otras oportunidades (21), privilegió desde su composición a partir de 2016 apoyó un proyecto político y económico que no es el del BCF, sino el del poder económico y mediático, de pequeños sectores privilegiados.En otras palabras, «Pogonza» no se centra realmente en lo jurídico, ni siquiera en la realidad, esto último plasmado en las afirmaciones sobre la independencia e imparcialidad, la rapidez y automatismo, y hasta de la falta de regresividad.

Luego de que el sistema de la LRT fuera declarado inconstitucional por la CSJN por diversos motivos, entre otros por querer impedir a los trabajadores el acceso a los/las Jueces/zas Naturales, la ley 26.773, de octubre de 2012, trató de hacer lo mismo pero por otros medios, estableciendo que los reclamos basados en el derecho común -el derecho civil- debían tramitar ante los Jueces Civiles, lo que también fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia (22), aunque lamentablemente no la de la Corte.

Sobre esto mismo se ha vuelto luego de una feroz campaña mediática llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional, la Unión Industrial Argentina y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, buscando una reforma cuyo central objetivo era obstruir nuevamente la posibilidad de acceso al Fuero del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras que sufren enfermedades y/o accidentes del trabajo, reafirmando uno de los cimientos fundamentales del cuestionado sistema instaurado en 1995 (23). En enero de 2017, con el decreto de necesidad y urgencia 54/2017 , el Poder ejecutivo dio el primer paso en ese sentido. Una ley sancionada el mes siguiente demostró que no existía ni necesidad ni urgencia para el dictado del decreto. La ley 27.348, como antes el DNU 54/2017, volvió a establecer la obligatoriedad del paso por CM en aquellas provincias que adhiriesen a lo dispuesto.

En prieta síntesis y en relación a los reclamos, las normas de 2017 pretenden volver al sistema de LRT, fundamentalmente imponiendo la obligatoriedad de las denominadas «Comisiones Medicas Jurisdiccionales» (art 1) como forma de dificultar el acceso a los/las Jueces/zas Naturales.A estás Comisiones se las dota de facultades no solo jurisdiccionales sino también legislativas (art 3). Se establece la competencia de los Poderes Judiciales Provinciales / Fueros del Trabajo competentes en la apelación, pero con una particularidad, la competencia no se determina por el domicilio del accidente, ni del contrato con la ART, ni por el domicilio de la ART, sino por el domicilio de la CM que intervino. La apelación del dictamen tiene según estas normas efecto suspensivo (art 2), lo que resulta extorsivo, contrario al principio de irrenunciabilidad (24) y tiene el fin de imponer de alguna manera «la opción» (como también lo hizo la ley 26.773) que fuera rechazada por la CSJN (25).

Las normas de 2017 pretenden dejar sin efecto todo lo que sucedió entre 2004 y 2014 y se vio reflejado fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte, especialmente limitar las reparaciones y el acceso los/las Jueces/zas Naturales. Para lograr sus objetivos, hacen que las provincias sean sus cómplices adhiriendo a las disposiciones de la ley (art 4), lo que no borra el hecho de que se está intentando federalizar cuestiones relativas al derecho común y violando el derecho de acceso a la justicia del BCF.

Las comisiones médicas no son parte del poder judicial, sino del poder ejecutivo, siendo evidente el carácter político en sus decisiones atadas a las directrices de dicho poder del Estado. Como si esto no fuera poco para privarlas de independencia, muchos de los médicos que trabajan en las mismas trabajan a su vez en distintas ART, en cuyos expedientes no intervienen, pero sin que al hacerlo en otros cambie su criterio favorable a la postura de su empleador actual y del de posibles empleadores futuros.

Ni el poder ejecutivo ni el legislativo nacional pueden ignorar la Constitución Nacional en lo que hace al reparto de competencias propias de la forma Republicana y Federal plasmada en la Carta Magna, ni aún por decisión de sus órganos legislativo y/o ejecutivo.No pueden los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales quitar jurisdicción local a las provincias para federalizarla, ni dotar de competencias jurisdiccionales propias del Poder Judicial o legisferantes del Poder Legislativo a organismos administrativos federales. Es decir, la ley 27.348 pretende que los gobiernos provinciales convaliden una violación a la Constitución Nacional (CN) en cuanto dispone una organización federal y republicana de gobierno para la Argentina. En tanto las Provincias y el Estado Nacional han realizado una distribución de poderes y dispuesto una forma de organización política, los principios y atribuciones que se plasmaron en la CN solo pueden ser abandonados o modificados por medio de una reforma de su texto (26). Pero no solo se esta dejando de lado la CN, también se va contra lo dispuesto por distintas constituciones provinciales, que establecen expresamente la creación de tribunales especializados para resolver los conflictos suscitados en la relación de trabajo; como es el caso, por ejemplo, de las constituciones de Buenos Aires (art 39), Catamarca (art 60), Jujuy (art 56), Santa Fe (art 20) y San Luis (art 58).

El establecimiento de una instancia previa y obligatoria lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos tutelados en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27); además del derecho a una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos previsto en el art 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Instrumento Internacional de DDHH aplicado por la CSJN como parte del BCF (28).

Esto puede conectarse con el caso «Spoltore c/ Argentina», del 09/06/2020, donde el Estado Argentino fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la demora en el trámite judicial de un trabajador. En la sentencia se resaltó que el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren, entre otras cosas, la salud del trabajador. En consonancia con esto, la demora excesiva del proceso judicial laboral equivale a no garantizar el acceso a la justicia, resultando en esos casos responsable el Estado de la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en relación con los artículos 8, 25, y 1.1, del mismo instrumento.Me explico, para que el trabajador pueda gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias no pueden convalidarse renuncias de derechos, pero tampoco recortes de los mismos, siendo central que pueda acudir a los/las jueces/zas naturales sin restricciones u obstáculos previos, menos aún cuando implican alongar el tiempo para recibir una respuesta, lo que lleva a desalentar sus justos reclamos.

La obligatoriedad de las Comisiones Medicas dispuesta por el art 1 de la ley 27.348 es doblemente discriminatoria, en primer lugar, porque la misma norma discrimina entre trabajadores registrados y no registrados (29), en segundo lugar, porque discrimina entre trabajadores y ciudadanos en otras facetas de su vida (30).

El hecho de que el/la trabajador/a cuente con patrocinio letrado durante el trámite en las Comisiones Médicas (art 1) no modifica en nada la conclusión de que es inconstitucional pretender que sus decisiones tengan carácter jurisdiccional y/o conexión directa como parte o etapa del procedimiento ante el Poder Judicial; no convalidan en ninguno de sus extremos el procedimiento ante las mismas que pudiera transitar el trabajador, por ejemplo, no dotan de validez la disposición acerca de que la decisión de estos órganos administrativos puede cobrar carácter de «cosa juzgada administrativa» o ser impugnada por «recursos directo en relación y con efecto suspensivo» (art 2), mucho menos el plazo de 15 días para apelar que establece el art. 16 de la res. SRT 298/2017.

En lo que hace a la función central que tienen los médicos en el trámite en las CM, como indica Oscar Zas, «no cabe discutir a priori la idoneidad técnica de los miembros de las comisiones médicas para evaluar, desde sus conocimientos de la ciencia médica, la existencia de dolencias y las incapacidades que éstas pudieran generar.Sin embargo, la determinación del carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, y la relación causal con el factor laboral, constituyen materias que exceden notoriamente la competencia brindada por los conocimientos médicos, y requieren indudablemente un conocimiento técnico-jurídico del cual los médicos, más allá de su buena voluntad e incluso de sus inquietudes culturales, carecen» (31). Los médicos de las CM no tienen un conocimiento adecuado del derecho. Por su enorme trascendencia práctica, frente al heterogéneo y vasto sistema jurídico, resulta fundamental resaltar una vez más la importancia del iura novit curia en relación al encuadramiento de casos por infortunios laborales, su vinculación con el Derecho del Trabajo y el control -aún de oficio- de constitucionalidad y convencionalidad (33).

Como si la restricción al acceso al juez natural y el efecto extorsivo de la apelación no fuera suficiente para recortar derechos a los trabajadores y/o forzar una renuncia a reclamar justicia, la mayoría de las provincias, al adherir a la ley 27.348, establecieron un plazo de caducidad para la apelación, lo que equivale a una privación del derecho a la reparación y es un acto de una evidente complicidad con los objetivos de la ley 27.348. Es el caso de las provincias de Tierra del Fuego (20 días, art 3 ley 1199), Entre Ríos (20 días, art 3 ley 10532), San Juan (30 días, art 3 ley 1709-K), Córdoba (45 días, art 3 ley 10456), Corrientes (45 días, art 3 ley 6429), Salta (45 días, art 80 ley 8086), Mendoza (45 días, art 3 ley 9017), Chaco (45 días, art 3 ley 2856-L), Rio Negro (60 días, art 7 ley 5253), Misiones (60 días, art 3 decreto 177/18) y Formosa (90 días, art 3 ley 1664); todas en un artículo que parece calcado y cuya mayor diferencia es el plazo.En el caso de Mendoza su Corte ha declarado la inconstitucionalidad del plus regresivo y desprotectorio, del plazo de caducidad, lo que motiva el presente comentario

En síntesis, no puede convalidarse, en función del BCF, una norma que pretenda imponer a la persona que trabaja un trámite previo y obligatorio para acceder con sus reclamos por DDHH fundamentales a los/las Jueces/zas Naturales, que en este caso son jueces imparciales pero no neutrales. Aún menos puede permitirse que el trámite se desplace hacia órganos administrativos federales que pretenden desplazar a los jueces naturales de sus funciones y desactivar el principio protectorio laboral, ni siquiera si las provincias pretenden adherir a dicha norma.

III. UNA PREGUNTA Y DISTINTAS RESPUESTAS

Hace tiempo vengo preguntando, si el sistema diseñado en el ámbito de la SRT, para que trabajadores y trabajadoras que sufren accidentes y/o enfermedades del trabajo puedan peticionar ante las CM cuando no tienen respuesta favorable a sus pedidos de prestaciones, funciona bien, es rápido y justo ¿Por qué hacerlo obligatorio?

De parte de quienes defienden el sistema las respuestas o se aferran a falacias, del tipo de que es necesario terminar con la industria del juicio, cuando lo que existe es una industria del incumplimiento, o una férrea negación de la realidad, en base a alabanzas sobre el funcionamiento del sistema y sus beneficios para las personas que trabajan. En el segundo caso se enrola el fallo «Pogonza» (34) de la Corte.

Desde la sanción de la LRT las Comisiones Médicas nunca dejaron de atender casos, si fue disminuyendo la cantidad de reclamos que pasaban por su órbita, especialmente a partir de que su trámite dejó de ser obligatorio. La razón fundamental para que se fuera directamente con los reclamos al Fuero del Trabajo, que dista de ser lo expeditivo que debería, era el mal funcionamiento de las CM, especialmente por la creciente burocracia y arbitrariedades en el trámite, fundamentalmente el alto nivel de rechazos, los porcentajes de incapacidad fijados a la baja y los pagos insuficientes de parte de las ART.Entre los problemas que se han dado con más frecuencia, algunos resueltos y otros no, pueden destacarse los siguientes: problemas de la presentación virtual del trámite; imprecisión sobre el momento de inicio del cómputo de los 60 días hábiles de duración del trámite y frecuencia en la falta de cumplimiento del mismo; demoras innecesarias ante el alta sin incapacidad por inacción de las ART; trámites de imposible inicio (ej. reclamos por fallecimiento); preferencia arbitraria por las actuaciones de las ART frente a las de las víctimas; trato incorrecto hacia abogadas y abogados que representan trabajadoras y trabajadores; deficiencia de las instalaciones; multiplicación de requisitos burocráticos y falta de colaboración de parte de la SRT; rápida saturación del sistema; necesidad de iniciar un expediente por cada patología; total incomunicación y falta de respuesta personalizada ante cualquier consulta; imposibilidad de reconducción en caso de error o falta de documentación; rechazo arbitrario de pruebas; falta de fundamentación adecuada en las decisiones; falta de presencia suficiente y necesidad de grandes desplazamientos de parte de trabajadores para asistir, rechazo de la casi totalidad de las enfermedades planteadas. Esta lista es meramente ejemplificativa, ya que como se dijo algunas cuestiones se resolvieron, otras no se mencionaron, y hay algunas que van apareciendo que a veces se resuelven y a otras no. Esto es tanto más grave si consideramos que se da en un contexto en el que se vulneran principios, derechos y garantías fundamentales del BCF, como se vio a lo largo de este escrito, especialmente en el punto II.

Si bien la cuestión de los montos injustos y el acceso al Fuero del Trabajo pudieron revertirse en más o en menos según el momento, algo que mucho no cambió fue el límite a las enfermedades del trabajo que tienen respuesta de parte de las ART, el listado cerrado de triple entrada surgido del art. 6 inc.2 a, derivando el costo de las mismas en las obras sociales y el sistema de salud pública (prestaciones médicas) y en los empleadores (salarios durante la licencia). En este sentido, las CM funcionan como Tapón y Tijera. Las CM son el Tapón que dificultan, demoran e impiden el acceso a una reparación, tiempo durante el cual las ART descargan los costos de las prestaciones médicas en otros, que muchas veces terminaran por cubrir la totalidad de los mismos y lograr que la persona recobre su salud, permaneciendo el dinero que cobraron a los empleadores en su poder para hacer negocios. Las CM son la Tijera que recorta el monto que las ART deben pagar por incapacidades definitivas, fijando porcentajes de incapacidad menores y convalidando pagos inferiores, permitiendo que aún en los casos en que las ART pagan conserven para sus negocios una parte de lo que correspondía a la persona trabajadora.

La única forma de que las trabajadoras y los trabajadores se sometieran nuevamente a un trámite injusto y arbitrario en todos los casos en que no hay acuerdo, ya sea por el rechazo de la dolencia o los porcentajes de incapacidad o los montos a abonar, era obligarlos a la injusticia, y el objetivo no era otro que el de los inicios del sistema, el resguardo del negocio financiero de las ART. En la provincia de Santa Fe, desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario se ha comenzado a trabajar para derogar la adhesión provincial a la ley 27.348. Con la ayuda de diputadas y diputados provinciales, entre los que destacan Matilde Bruera, Paola Bravo y Carlos del Frade, se ha presentado proyecto de ley que deroga la adhesión, dejando en claro que el trámite en CM, mientras exista, debe ser opcional (35).

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(1) CSJN, 21/09/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA »

(2) CSJN, 07/09/04, «Castillo, Ángel S.c/ Cerámica Alberdi SA »

(3) El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. La elección del rumbo que deberá tener el derecho aplicable a las relaciones de trabajo, en su formulación y aplicación al caso concreto, es clara; lo principal es la protección de la persona humana y sus derechos. CSJN, 14/09/04, «Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA SA» ; 21/09/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA»; 31/03/09, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro»; 07/12/10, «Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA»

(4) Corte Nacional, 07/06/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A.». Sobre el cambio de la Corte y «Espósito» ver: SERRANO ALOU, Sebastián, Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad, Microjuris, 30 de junio de 2016, MJ-DOC-9937-AR / MJD9937

(5) Corte Nacional, 02/09/2021, «Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A.»

(6) Sobre la CSJN y el periodo 2004 – 2014 ver: SERRANO ALOU, Sebastián, La finalidad del poder judicial como poder del estado. El caso del juez del trabajo, Rubinzal on-line, Doctrina On line, 19 de junio de 2015 – Revista de Derecho Laboral Actualidad, 2015-2, pág 227 y ss

(7) «un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular (.) el principio de progresividad» CSJN, 21/09/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA»

(8) «En su origen, los artículos 21 , 22 y 46 de la LRT 24.557 y sus normas reglamentarias (dec. 717/96, res. SRT 45/97, art. 2 del dec. 1278/2000, dec.1475/2015 ), crearon un procedimiento administrativo de carácter obligatorio, laberíntico, kafkiano, que sustrajo de la competencia judicial a los accidentes y enfermedades profesionales, mediante la intervención obligatoria de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Este sistema le otorgó jurisdicción exclusiva a las Comisiones Médicas – órganos administrativos y federales – en todo lo que hace a la determinación de la naturaleza laboral de un accidente o enfermedad, a la determinación al carácter y grado de la incapacidad, a la fijación de las prestaciones y a la resolución de las discrepancias entre los damnificados y/o derechohabientes con las aseguradoras de riesgos del trabajo.» LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(9) «La sustracción de la competencia laboral mediante la intervención obligatoria de las comisiones médicas implica desconocer los principios fundantes del derecho social y el sentido compensador de las normas de rito. Dichas normas procesales, reconocen que el juez especializado laboral es imparcial pero no neutral, dado que debe propiciar la protección de la persona que trabaja, haciendo operativo el art. 14 bis CN, las normas internacionales de derechos humanos y los principios de orden público que rigen la disciplina. (.)La desigualdad ontológica que se expresa en la relación laboral se profundiza ante el infortunio del trabajo, ya que es la parte más débil – el trabajador – quien sufre una minusvalía en su integridad psicofísica. Con lo cual, dicha asimetría estructural se traslada – agravándose – a la relación que debe mantener con la aseguradora de riesgos del trabajo.» LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(10) CSJN, 07/09/04, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi SA»

(11) CSJN, 07/09/04, «Castillo, Ángel S.c/ Cerámica Alberdi SA»

(12) CSJN, 07/09/04, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi SA»

(13) CSJN, 17/04/12, «Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART»

(14) CSJN, 13/03/07, «Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo»

(15) CNAT, sala V, 31/03/2008, «Benedetti Darío Gastón c/ Asociart S.A. ART. s/ acción – acción civil»

(16) En sentido similar, puede verse el siguiente planteo: «La CSJN en el fallo ‘Obregón’ (O. 223. XLIV. RHE) revocó la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo de la Provincia de Córdoba que había hecho lugar a la defensa de falta de acción plantada por la ART, con fundamento en que el actor no había cumplido con el trámite ante la Comisión Médica Central prevista en el art. 46 LRT. Para así resolverlo, la CSJN señaló: ‘Que la solución del litigio en los términos indicados importó, asimismo, una inequívoca desatención de la doctrina constitucional afirmada por esta Corte en ‘Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.’ (Fallos: 327:3610 – 2004). En efecto, si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación de lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante ‘organismos de orden federal’, como lo son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT (Castillo, cit., pág. 3620 y su cita)’ (Considerando 3º). La CSJN extiende así a la competencia de las comisiones médicas previstas en los arts.21 y 22 LRT los mismos cuestionamientos realizados en el fallo ‘Castillo’ para la competencia de los tribunales federales, por tratarse también esas comisiones médicas de organismos de orden federal’. Es decir que para la CSJN, condicionar y supeditar la competencia de los tribunales provinciales al previo cumplimiento de una vía administrativa ante organismos de orden federal, importa una invasión de la Nación sobre facultades que son reservadas por las provincias.» ELGORRIAGA, Leonardo, La competencia de las comisiones médicas prevista en el DNU No 54/2017 sigue siendo objeto de los mismos cuestionamientos constitucionales realizados por la Corte Suprema de la Nación, La Causa Laboral, Revista Bimestral, Año XIII, No 66, Febrero de 2017, págs 11 y 12 (El fallo Obregón al que hace referencia es: CSJN, 17/04/2012, «Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART SA»)

(17)Ver su voto en: CNAT, sala VI, 22/09/21, «García, Ivan Alejandro c/ Provincia ART SA»

(18) Corte Nacional, 02/09/2021, «Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A.»

(19) CSJN, 17/04/12, «Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART»

(20) Corte Nacional, 07/03/2017, «De Cilis, Sergio Luis c/ La Caja ART S.A.»

(21) SERRANO ALOU, Sebastián, El cambio y la Corte: Un quinquenio regresivo, Microjuris, 26 de Noviembre de 2021 – MJ-DOC-16256-AR | MJD16256 – Revista GEDS – Segunda Entrega

(22) CNAT, sala III, 24/09/2013, «Montes Alejandro Maximiliano c/ La Zaranda S.R.L. y otros s/ despido»; sala V, 31/03/2015, «Blasco Nelson Alberto C/ Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otro S/ Accidente Accion Civil»

(23) «El objetivo de dicha campaña fue instalar como principal problema el «incremento de la litigiosidad» y la denominada «industria del juicio», mediante la estigmatización de los reclamantes y de los abogados laboralistas. De este modo, operar una nueva transferencia de ingresos al sector financiero y patronal.» LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada.Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(24) La apelación con efecto suspensivo viola en forma flagrante el principio de irrenunciabilidad que rige el sistema de seguridad social y el derecho del trabajo, principio de orden público laboral consagrado en el art. 12 de la LCT, que se reconoce expresamente en el art. 11 inc 1 de la LRT 24.557, derivado del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Nótese además que se trata de una persona que se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: una, por su carácter de trabajador subordinado, y la otra, por la disminución en su aptitud psicofísica para desarrollar su tarea y reproducir su vida. LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(25) CSJN, 12/06/07, «Llosco, Raúl c/ Irmi SA» ; 12/06/07, «Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande SA»

(26) En igual sentido, ver: ELGORRIAGA, Leonardo, La competencia de las comisiones médicas prevista en el DNU No 54/2017 sigue siendo objeto de los mismos cuestionamientos constitucionales realizados por la Corte Suprema de la Nación, La Causa Laboral, Revista Bimestral, Año XIII, No 66, Febrero de 2017, págs 13 y 14

(27) LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(28) Por ejemplo, en: CSJN, 10/08/2010, «Ascua Luis Ricardo c/ SOMISA»

(29) Cfr. Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 41, 08/03/2017, «Martinez, Nancy M. c/ Qbe Argentina ART SA s/Accidente – Ley Especial»

(30) LOZANO, María Paula, Reforma de la LRT: veinte años no es nada.Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/03/2017, Doctrina Online

(31) CNAT, Sala V, 31/3/08, «González, Protacio c/ Berkley International ART S.A.»

(32) Ver: Los/las Jueces/zas Naturales son quienes resultan más aptos para que el iura novit curia cobre vigencia a favor de los principios del BCF, como el pro persona y el protectorio laboral. SERRANO ALOU, Sebastián, El control de constitucionalidad de oficio en el Derecho del Trabajo, Derecho del Trabajo On Line, Año 4, N° 803, Miércoles 9 de Septiembre de 2009; La necesaria reparación de los accidentes y enfermedades laborales y el iura novit curia, Derecho del Trabajo On Line, Año 5, Nº 1.061, Miércoles 22 de Septiembre de 2010; El iura novit curia y la primacía constitucional en caso de accidente y/o enfermedad del trabajo. Jurisprudencia de la Corte Suprema, Revista de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, RDLSS 2010-14-1226

(33) En el caso de Mendoza su Corte ha declarado la inconstitucionalidad del plus regresivo y desprotectorio, del plazo de caducidad, lo que fue comentado en: SERRANO ALOU, Sebastián, La Ley 27348 contra la justicia social – Las complicidades provinciales, Rubinzal Online, 9 de octubre de 2020, RC D 3172/2020

(34) Corte Nacional, 02/09/2021, «Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A.»

(35) El proyecto se presentó en la Cámara de Diputados el 24/05/2022, con el número de expediente 47940, y se encuentra en este momento (septiembre de 2022) siendo tratado por las comisiones correspondientes.

(*) Abogado Laboralista. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente Adscripto a la Cátedra Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario (Resolución C.D.Nº 252/2021). Miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario desde el año 2009, encargado durante los años 2010 y 2011 de la sección jurisprudencia y comentarios e integrante del Consejo Redactor años 2021-2022 de la revista de la Asociación: «La Causa Laboral», elegido Presidente para los años 2022/2023. Integrante de la fundamentación de la «Carta Sociolaboral Latinoamericana», documento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Laboral del Colegio de Abogados de Rosario (años 2016/2017). Presidente (años 2018, 2020 y 2021) y Vicepresidente (año 2019) del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario. Conferencista y autor de artículos de doctrina en distintas publicaciones jurídicas. Como suele advertirse en estos casos, las manifestaciones de esta nota son de exclusiva responsabilidad del autor y para nada comprometen a los colectivos en los que participa.

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