fbpx

#Fallos Indemnización adicional de pago único: En el marco de un fallo plenario, la Cámara del Trabajo de Salta acordó que no se aplica la indemnización prevista en el art. 3 de Ley 26.773 a los accidentes in itinere

Partes: Padilla Juan Carlos c/ ASOCIART ART S.A. s/ Ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: En pleno

Fecha: 6 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138709-AR|MJJ138709|MJJ138709

En el marco de un fallo plenario, se acordó que no se aplica la indemnización adicional prevista en el art. 3 de Ley 26.773 a los accidentes in itinere.

Sumario:
1.-Si la Ley 26.773, en su art. 3 , establece una prestación adicional cuando el daño sufrido por el trabajador se origina en accidentes de trabajo ocurridos en el lugar del trabajo o estando a disposición del empleador, es claro que se encuentran comprendidos los producidos en el establecimiento, ya en cumplimiento de las tareas, ya estando el trabajador dispuesto para el trabajo, aun cuando el empleador no ocupe su fuerza laboral; o los producidos fuera del establecimiento, en tanto la presencia del trabajador en el lugar se explique a partir del cumplimiento de las tareas propias del vínculo.

2.-El accidente ocurrido en el trayecto existente entre el domicilio del trabajador y la empresa, o a la inversa, no hace al trabajador acreedor a la prestación prevista en la norma citada en el párrafo precedente, por cuanto, claramente, no se encuentra en su lugar de trabajo, y tampoco está a disposición del empleador para el cumplimiento de sus tareas habituales.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-El accidente de trayecto supone el acceso a un ámbito público ajeno, tanto a la vivienda del trabajador, en cuyo interior se trataría de un accidente doméstico, como al establecimiento donde presta servicios, dentro del que se trataría de un accidente de trabajo.

4.-Excluir a los accidentes in itinere de la prestación adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773 no implica, en modo alguno, excluir o discriminar al trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, en los términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que conservará, en todo momento, la posibilidad de deducir las acciones correspondientes a la reparación integral del daño, contra quien lo haya ocasionado, en todo lo no cubierto por las prestaciones del sistema.

5.-La exclusión de los accidentes in itinere de la prestación adicional prevista por el art. 3 de la Ley 26.773 luce irrazonable e injustificada entre aquellas personas trabajadoras y genera una desnaturalización del objetivo que se persigue con el sistema de la reparación de daños por accidente de trabajo, ello es, la reparación adecuada y suficiente del perjuicio causado a la víctima (del voto en disidencia del Dr. Pereira).

6.-Aceptar que quienes padecen accidente in itinere no puedan acceder a esta reparación prevista en el art. 3 de la Ley 26.773, representa alterar el derecho de la persona damnificada a obtener una reparación suficiente, razonable y adecuada (del voto en disidencia del Dr. Pereira).

7.-El traslado del obrero desde su casa a la sede del patrón o viceversa, es uno de esos actos, que caen dentro de las previsiones de la LRT, toda vez, que se realiza en ocasión del trabajo, en tanto éste actúa como causa determinante del obligado desplazamiento que lleva a cabo el obrero; la protección, consecuentemente, llega al trabajador desde el instante en que se moviliza desde su hogar para cumplir con la obligación inherente a la labor que desarrolla o bien hasta su llegada al mismo una vez finiquitada aquélla (del voto en disidencia del Dr. Pereira).

8.-El derecho a la reparación mediante el pago de una indemnización encuentra sustento en el ordenamiento supranacional, pues se desprende de, entre otros instrumentos internacionales, el art. 68.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenamiento incluido en la enumeración del art. 75, inc. 22 de la CN., que prevé la necesidad de que se trate de una indemnización justa y que reafirma en su preámbulo el propósito de los Estados Americanos de consolidar en el mismo continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre (del voto en disidencia de la Dra. Domecq).

9.-El desplazarse de la trabajadora o del trabajador hacia o desde el empleo es una actividad que se aparta de la libre disponibilidad de tiempo y ambulación, como consecuencia de lo cual, se encuentra ‘a disposición’ antes de comenzar la jornada y luego de concluirla (del voto en disidencia de la Dra. Domecq).

10.-La contingencia social que se intenta amparar es la incapacidad laboral o la muerte del trabajador, por lo que, siendo el accidente in itinere una de las contingencias cubiertas por la Ley, diferenciar la cobertura según se trate de una persona que padeció un infortunio por el hecho del trabajo o bien de otra que lo sufrió como consecuencia del tránsito de su domicilio al trabajo, cuando no hay norma que lo excluya, implica un trato discriminatorio contrario al art. 16 de la CN. (del voto en disidencia de la Dra. Domecq).

Fallo:
En la ciudad de Salta a los seis días del mes de octubre del año dos mil veintidós en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, integrada por los Doctores Sergio Osvaldo Petersen, Ricardo Pedro Lucatti, María de las Mercedes Domecq, Mirta Inés Regina, José Manuel Pereira, bajo la Presidencia de la Doctora María Constanza Espeche, siendo las horas diez, formando Tribunal Pleno en autos «Padilla, Juan Carlos vs ASOCIART ART S.A. s/ Ordinario» Expte. N° S – 7694/20, originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial de Sur – Metán; Expte. N° 51234 de Cámara en Pleno, con el objeto de fijar la doctrina legal aplicable sobre el siguiente tema sometido a plenario:

¿Aplica la indemnización adicional del Art. 3° de la Ley 26773 a los accidentes in itinere? _

Se transcriben los votos emitidos por las Sras. Juezas y los Sres. Jueces de Cámara.

Las Dras. María Constanza Espeche y Mirta Inés Regina y los Dres. Sergio Osvaldo Petersen y Ricardo Pedro Lucatti, dijeron:

La pregunta que abre el plenario impone el contraste entre dos normas que integran el régimen de reparación sistémica de los accidentes de trabajo. Por un lado, el art. 6° de la ley 24.557, que los define como el acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo; y, por el otro, la norma del art. 3° de ley 26.773 que dispone una indemnización adicional de pago único cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador._

La cuestión se plantea en relación a los accidentes ocurridos «in itinere», esto es, durante el traslado entre el domicilio del trabajador y la sede del establecimiento o a la inversa, más precisamente, si el dependiente que sufre un accidente durante el tránsito entre su domicilio y el lugar de prestación de tareas, resulta acreedor a la prestación adicional prevista en el art. 3° de ley 26.773.

El interrogante no se resuelve a partir de momentos o lugares sino desde la noción de causalidad. El «hecho del trabajo» remite a las acciones que desarrolla el trabajador en cumplimiento de su prestación laboral; el trabajo y las condiciones en que se presta son la causa del daño. La noción «en ocasión del trabajo» alude a supuestos en que la presencia del obrero o su actitud en una hora o lugar determinados, se expliquen solamente por las obligaciones impuestas por la relación laboral. No es indispensable que el accidente se produzca en el lugar o en horas de trabajo, puede ocurrir en otro sitio o fuera de la jornada asignada, siempre que se demuestre que su presencia tiene como única motivación el cumplimiento de las tareas. Por último, la expresión «estar a disposición del empleador», implica que el trabajador se encuentra presto, listo, dispuesto para el cumplimiento de sus actividades o tareas habituales, aún cuando las mismas no le sean requeridas por el empleador, por circunstancias ajenas al dependiente. _

Entonces, si la ley 26.773, en su art. 3, establece una prestación adicional cuando el daño sufrido por el trabajador se origina en accidentes de trabajo ocurridos en el lugar del trabajo o estando a disposición del empleador, es claro que se encuentran comprendidos los producidos en el establecimiento, ya en cumplimiento de las tareas, ya estando el trabajador dispuesto para el trabajo, aún cuando el empleador no ocupe su fuerza laboral; o los producidos fuera del establecimiento, en tanto la presencia del trabajador en el lugar se explique a partir del cumplimiento de las tareas propias del vínculo.Finalmente, el accidente ocurrido en el trayecto existente entre el domicilio del trabajador y la empresa, o a la inversa, no hace al trabajador acreedor a la prestación prevista en la norma citada en el párrafo precedente, por cuanto, claramente, no se encuentra en su lugar de trabajo, y tampoco está a disposición del empleador para el cumplimiento de sus tareas habituales. El accidente de trayecto supone el acceso a un ámbito público ajeno, tanto a la vivienda del trabajador, en cuyo interior se trataría de un accidente doméstico, como al establecimiento donde presta servicios, dentro del que se trataría de un accidente de trabajo. _

La interpretación que postulamos y resulta de la literalidad de la norma, es – además – la que sostuvo la Corte de Justicia de la Nación en el precedente: «Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y otro s/ indemnización por fallecimiento» de fecha 27/09/2018, en cuyo considerando 6° estableció que: «. sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo intelectivo, es posible concluir que la intención del legislador plasmada en la norma ha sido la de circunscribir el beneficio a los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral y no a los accidentes in itinere. Tal inteligencia de la norma -que puede inferirse de lo expuesto en el considerando 5° del fallo dictado en la ya referida causa «Espósito»- es, además, la que proporciona una razonable y justificada respuesta al interrogante acerca de por qué la ley 26.773 ha querido intensificar la responsabilidad de las ART cuando el siniestro se produce en el lugar de trabajo propiamente dicho. Es que en ese ámbito, precisamente, las ART tienen la posibilidad de ejercer un control mayor y de adoptar todo tipo de medidas tendientes a alcanzar los objetivos primordiales del sistema creado por la Ley de Riesgos del Trabajo cuales son la «prevención» de accidentes y la reducción de la siniestralidad».

En efecto, conforme art.4 de la Ley 24.557, la ART -conjuntamente con el empleador- tiene la obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, imponiendo específicamente a su cargo la obligación de contar con un plan de acción tendiente a la prevención y reducción de la siniestralidad. _

Es decir, es dentro del ámbito del establecimiento o cuando el trabajador se encuentra a disposición del empleador, cuando las ART pueden ejercer el control, verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y de seguridad exigidas por la ley.

La posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reiterada en los precedentes «Pezzarini, Juan Martín c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente ley especial» y «Martinez, Leonardo Matías c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente ley especial» ambos de fecha 30/10/2019.

El criterio del máximo tribunal nacional ha sido adoptado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta en autos «Vázquez, Yenina Laurena c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de Trabajo» (Expte. 38840/16) y «Saavedra, Leonel Jorge Ricardo c/ La Segunda ART S.A. S/ Accidente de Trabajo» (Expte. 39680 /17).

La interpretación que en el presente se postula no implica, en modo alguno, excluir o discriminar al trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, en los términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que conservará, en todo momento, la posibilidad de deducir las acciones correspondientes a la reparación integral del daño, contra quien lo haya ocasionado, en todo lo no cubierto por las prestaciones del sistema.

La discusión relativa a la finalidad de la reparación adicional contenida en la norma del Art.3 de Ley 26.773, otorgada para la cobertura de cualquier otro daño no reparado por las fórmulas previstas por el régimen tarifado, excede el marco del presente, puesto que, aún cuando se entienda como una compensación del daño moral, o como un esfuerzo para disminuir la litigiosidad y mantener las cuestiones referidas a la reparación del daño derivado de los accidentes de trabajo dentro del sistema de la ley de riesgos, en ningún caso impedirá que el trabajador demande la reparación integral de aquellos daños sufridos como consecuencia del accidente y no reparados de modo adecuado por la tarifa prevista, reparación que solicitará al empleador cuando el daño sufrido derive de un hecho ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o estando a su disposición, o al tercero, ajeno a la relación laboral, en caso de un accidente ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el establecimiento.

En conclusión, y en razón de lo expuesto, consideramos que la respuesta al cuestionamiento que inicia el plenario es negativa, esto es, no se aplica la indemnización adicional prevista en el Art. 3 de Ley 26.773 a los accidentes in itinere, en el marco del presente, sin extendernos en cuanto a consideraciones relativas al origen de la prestación establecida, su intencionalidad, finalidad, o suficiencia.

El Dr. José Manuel Pereira, dijo:

I. Que la pregunta a responder en este plenario es sobre la interpretación del Art. 3° de la Ley 26773 y más concretamente sobre su aplicación a los accidentes in itinere. _ Memoremos que el Art. 3º en cuestión, dispone: «Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación.- _

En efecto, prestigiosos tribunales provinciales se expidieron sosteniendo que el Art.3º, se aplicaba también, a los casos considerados como accidentes ocurridos en el trayecto del domicilio del trabajador a la empresa y el retorno a su domicilio, «los así denominados accidente «in itinere», en razón de no encontrar razones ni justificaciones para modificar la cobertura de dicho daño en perjuicio del trabajador así accidentado, si es que las consecuencias del accidente deben ser asumidas por la ART». Agregando que, los criterios de exclusión de mejoras brindadas al resto de los trabajadores debían basarse en criterios de razonabilidad, aspecto que en este punto de la norma bri llaba por su ausencia, por lo cual dicho incremento debía ser de aplicación a todo siniestro padecido por los trabajadores con motivo de su prestación laboral, el que incluye también al trayecto para poder así hacerlo, con lo cual ese aspecto de exclusión del Art. 3º de la Ley 26773 debía ser considerado de igual manera como contrario a la Constitución Nacional. Así puede mencionarse al STJ de Río Negro, que por mayoría resolvió que «El Art. 3º de la Ley 26.773 no menciona expresamente a los accidentes «in itinere» pero no los excluye, y con ello no se contradice la doctrina de la CSJN en «Espósito», toda vez que el tema en cuestión no fue analizado por el Máximo Tribunal en el referido, en razón de que era ajena la cuestión puesta a conocimiento de la Corte -aplicación temporal de las disposiciones de la Ley 26.773- [.] efectuando una interpretación armónica de la totalidad de la normativa que rige el régimen de accidentes de trabajo cabe concluir que no obstante no estar expresamente mencionado el accidente «in itinere» no debe considerárselo excluido de la norma» (Voto de la Dra. Zaratiegui, por la mayoría); mientras que la minoría sostuvo «No resulta de aplicación al accidente «in itinere» el adicional del 20% previsto en el Art.3 de la Ley 26773 por no verificarse en el caso el presupuesto de hecho exigido en la norma para su procedencia, en cuanto a que el accidente se haya producido en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador» (Voto del Dr. Barotto, en disidencia). Otros tribunales se expidieron lisa y llanamente por la exclusión del beneficio adicional a esta clase de infortunios para acordarlo solamente a los dependientes que sufran los daños en el lugar del trabajo o lo padezcan mientras se encuentren a disposición del empleador. 3 CTrab. Córdoba, sala 10, Tribunal Unipersonal, Dr. Toselli, Carlos, Sent. del 6/8/2013, «Villalobo Rodrigo Alejandro c/ Consolidar ART SA» – Ordinario – Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)». 4 STJ DE RÍO NEGRO, 4/7/2018, «Garrido Mella, Nibia del Carmen c/La Segunda ART S.A. s/ordinario (l) s/inaplicabilidad de Ley»- elDial AAAC6F.102. En el tema convocante es de transcendencia el fallo de la CSJN «Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y Otro, S/ Indemnización por fallecimiento», del 27/09/2018, cuyo tribunal de origen -Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII- confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda por accidente «in itinere» y condenó a la ART, a abonar a los progenitores del trabajador, el adicional previsto en el Art. 3º Ley 26.773, equivalente al 20% de las indemnizaciones dinerarias del ordenamiento legal; declaró, a la vez, de oficio, la inconstitucionalidad del decreto 472/14. El precedente en análisis, como se enuncia en el párrafo anterior, se expide además sobre otras cuestiones atinentes a la LRT, como lo concerniente a la constitucionalidad del decreto reglamentario 472/14, tildado de inconstitucional por la Cámara de origen por exceso reglamentario al disponer que únicamente las prestaciones de pago único previstas en el Art. 11 de la Ley 24.557 y los pisos mínimos incorporados por el decreto 1694/09 serán actualizados por el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles), (Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, Vol. 245.100, señores Ministros doctores Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz), ha fallado a favor de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo respecto al pago del adicional del Art. 3º Ley 26.773 en un caso de accidente «in itinere», en el cual el trabajador fallece, y sus derechohabientes -progenitores del causante- accionan pretendiendo las indemnizaciones de la LRT. En síntesis: ha excluido del beneficio del Art. 3º de la Ley 26.773 al accidente «in itinere». Así, en lo que al tema interesa, sostuvo textualmente: «Con solo atenerse a la literalidad del precepto (atendiendo al primer criterio de la interpretación de la Ley, confr. Doctrina de Fallos: 327:991 ; 329:3546 ; 330:4988 ; 331:858 , entre otros) y sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo intelectivo, es posible concluir que la intención del legislador plasmada en la norma ha sido la de circunscribir el beneficio a los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral y no a los accidentes «in itinere». Tal inteligencia de la norma -que puede inferirse de lo expuesto en el considerando 5º del fallo dictado en la ya referida causa «Espósito»- es, además, la que proporciona una razonable y justificada respuesta al interrogante acerca de por qué la Ley 26.773 ha querido intensificar la responsabilidad de las ART cuando el siniestro se produce en el lugar de trabajo propiamente dicho. Es que en ese ámbito, precisamente, las ART tienen la posibilidad de ejercer un control mayor y de adoptar todo tipo de medidas tendientes a alcanzar los objetivos primordiales del sistema creado por la Ley de Riesgos del Trabajo cuales son la «prevención» de accidentes y la reducción de la siniestralidad (artículo 1°, 1)». Lo resuelto por la CSJN en «Paéz Alfonzo» fue replicado en los fallos del 30 de octubre de 2018, in re:»Pezzarini, Juan Martín c/La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente» y «Martínez, Leonardo Matías c/Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente» reiterando los argumentos vertidos en aquél («LA INDEMNIZACION ADICIONAL DEL ART. 3º DE LA LEY 26.773, EN EL ACCIDENTE «IN ITINERE» A LA LUZ DEL FALLO DE LA CSJN. ¿CAMINAMOS HACIA EL FIN DE LAS DIVERGENCIAS?» Por Teresita A. Carmona Nadal de Miguel.

II. El examen de la jurisprudencia de los tribunales inferiores sobre la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema revela la existencia de tres posturas principales, que se denominan de la siguiente manera: a) la «tesis de la libertad amplia de los tribunales inferiores», que postula que los tribunales inferiores pueden apartarse libremente de lo decidido por la Corte Suprema en casos análogos; b) la «tesis de la libertad condicionada de los tribunales inferiores», según la cual los jueces inferiores deben, en principio, ajustar sus decisiones a lo resuelto por la Corte Suprema en casos análogos, pero pueden apartarse de lo decidido en aquéllos solamente bajo determinadas condiciones y/o en determinadas circunstancias; y c) «la tesis de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema», de acuerdo con la cual los tribunales inferiores se encuentran obligados a decidir los casos análogos siempre de conformidad con los fallos de la Corte Suprema. Pasemos a analizar a continuación cada una de estas tesis e intentaré demostrar que las dos primeras son incompatibles con el stare decisis vertical que rige en el common law. (Título: La obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la perspectiva de los tribunales inferiores. Autores: Rivera (h.), Julio César – Legarre, Santiago. Publicado en: Cita Online:0003/012959).-

La postura de los tribunales inferiores de la Argentina acerca de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia difiere radicalmente de la de sus pares del common law, que se consideran jurídicamente obligados por los precedentes de su superior («stare decisis vertical»). En el Derecho Argentino, por lo que hemos visto, los fallos de la Corte Suprema de la Nación no constituyen una regla de Derecho obligatoria para casos análogos. De acuerdo con «la tesis de la libertad amplia», la Constitución no establece la obligatoriedad vertical de los fallos de nuestro máximo tribunal y tampoco podría hacerlo una norma inferior, ya que ello sería inconstitucional. Según «la tesis de la libertad condicionada», los fallos de la Corte no son vinculantes pero los jueces inferiores deben ajustarse a ellos, aunque pueden apartarse si se dan ciertas condiciones. Ahora bien, estas condiciones son tan fáciles de satisfacer, que en la práctica no existen grandes diferencias entre esta tesis y la de la libertad amplia. Por último, unos pocos tribunales inferiores reconocen, en cierta medida, el carácter vinculante de los fallos de la Corte pero sin llegar a sostener que constituyen una regla de Derecho. De manera tal que su postura -«la tesis de la obligatoriedad»- tampoco se identifica con el principio del stare decisis vertical. (Título: La obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la perspectiva de los tribunales inferiores. Autores: Rivera (h.), Julio César – Legarre, Santiago. Publicado en: Cita Online: 0003/012959).-

Que dentro de las doctrinas mencionadas me suscribo en la tesis denominada de libertad condicionada, por lo que voy a disentir con el criterio de nuestra Corte Nacional, con los siguientes argumentos: a mi modo de ver la exclusión propuesta por la corte luce irrazonable e injustificada respecto de los accidentes in itinere, pues la propia norma reconoce la existencia de daños que no son reparados por la forma que contiene la Ley de accidente, contradiciendo tal limitación lo prescripto por el Art.1 de la Ley 24557, cuyo inciso b) que entre otros aspectos ordena reparar los daños derivados de accidentes de trabajos y de enfermedad profesional, sin distinción alguna: tan claro es esto que el Art. 6 inc. 1) incluye dentro de los accidentes de trabajo a aquellos ocurridos en el trayecto entre el domicilio el trabajador o lugar de trabajo y viceversa.- _ Esta supuesta contradicción entre lo normado por el Art. 3 de la Ley 26773 y lo dispuesto por los Arts. 1 inc. b) y 6 inc. 1) de la Ley 24557 provoca que una interpretación que deja afuera el accidente in itinere de un trabajador, resulta irrazonable entre aquellas personas trabajadoras y genera una desnaturalización del objetivo que se persigue con el sistema de la reparación de daños por accidente de trabajo, ello es, la reparación adecuada y suficiente del perjuicio causado a la víctima. D e tal manera que una interpretación excluyente es incompatible con la garantías, principios y derecho contemplados en los Art. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 29) de la CN. (Cámara del Trabajo de Salta, Sala II «Zárate, Gladys Evelia c/Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/accidente de trabajo).- _

Aceptar que quienes padecen accidente in itinere no puedan acceder a esta reparación prevista en el Art.3 de la Ley 26773, representa alterar el derecho de la persona damnificada a obtener una reparación suficiente, razonable y adecuada contrariando las doctrinas sentadas precedentemente por la CSJN en los casos «Aquino» (fallo 325:1125) y «Lucca de Hoz» (fallo 333:1433) donde se señala que la necesidad de consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por la CN no debe cubrir solo en apariencia (fallos 299:125/126 considerando I) (fallos citados anteriormente).- La condición del accidente laboral in itinere ha sido tratado muchísimos años atrás por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el plenario nº 21 «Guardia, Rogelio Demetrio c/ Inmobiliaria CIA de seguros» (del 09 de noviembre de 1953 consideró «. El infortunio ocurre por el hecho del trabajo, cuando es la consecuencia inmediata de la labor ejecutada por la víctima dentro del perímetro o lugar donde esa tarea se desarrolla. A este respecto no existen dudas interpretativas, en cambio las ha suscitado el alcance que cabe asignar a los términos «en ocasión del trabajo», pues hay quienes con respetables razones han sustentado tesis restrictivas, en tanto que otros con iguales fundamentos, han logrado darle al concepto mayor extensión. En cualquiera de las situaciones contempladas por la Ley o su interpretación doctrinaria y jurisprudencial, aparece siempre como factor predominante y exclusivo, el hecho del trabajo, que con relación al infortunio, actúa como generador del mismo, a punto tal, que el solo hecho del trabajo, determina la protección legal del trabajador, en cuanto a las contingencias a que está sometido por esa única circunstancia. El trabajo, pues, de por sí provoca el riesgo a que se expone el trabajador en el desempeño de su tarea, cuya consecuencia es el infortunio. La Ley, que en esta materia tiene un carácter tuitivo, protege al trabajador en todo acto que tenga relación directa, mediata o inmediata con el trabajo y que se ejecute con motivo y en ocasión del mismo.Dentro de ellos, no pueden considerarse sólo los que se realicen dentro del establecimiento del empleador, sino todos aquellos que indudablemente deben ejecutarse para cumplir con la tarea y que desde luego, tengan concomitancia con el trabajo. El traslado del obrero desde su casa a la sede del patrón o viceversa, es uno de esos actos, que caen dentro de las previsiones de la Ley, toda vez, que se realiza en ocasión del trabajo, en tanto éste actúa como causa determinante del obligado desplazamiento que lleva a cabo el obrero. La protección, consecuentemente, llega al trabajador desde el instante en que se moviliza desde su hogar para cumplir con la obligación inherente a la labor que desarrolla o bien hasta su llegada al mismo una vez finiquitada aquélla. El riesgo que corre durante ese trayecto, encuentra eficaz amparo en la Ley 9688. Se ha dicho a este respecto, que el accidente acaecido en ese trayecto, es un riesgo al cual está expuesto cualquier persona, sea obrero o no, y que por tanto, no guarda nexo de causalidad con el trabajo que ejecuta, pero es que el criterio que debe privar en la apreciación del hecho, no es el de considerar el infortunio en relación comparativa con lo que pudo ocurrirle a cualquier persona, sino que ese hecho debe apreciarse con relación a la causa generadora que lo provoca y que no es otra que el trabajo, ya que es en ocasión de él, que tal hecho se produce, habida cuenta que si el obrero no se hubiese visto obligado a efectuar el trayecto para realizar su labor, no habría estado expuesto a sufrir el infortunio. El riesgo genérico se transforma así en específico, por la gravitación que ejerce el hecho del trabajo.El amparo legal, en mi opinión, tratándose de accidentes ocurridos en esas circunstancias, alcanza a lo que pueda acontecer en el itinerario habitual y forzoso que debe cubrir el obrero desde su hogar hasta la sede del empleador o viceversa y siempre que el hecho se produzca en un lapso prudencial y normal, vale decir, que el accidente no ocurra por motivos de interés personal, desvinculado con el trabajo.». _ En este marco, tengo presente los nuevos paradigmas contemporáneos y su irrupción en el sistema jurídico construido por el Código Civil y Comercial vigente. Desde la visión de los legisladores que generaron el Proyecto del nuevo Código -sancionado por la Ley 26.994-, los antiguos paradigmas contenidos en el Código de Vélez Sarsfield habían sido superados por una nueva realidad económica y social habiéndose producido una superación de la concepción decimonónica de las reglas y normas contenidas en el Código Civil de Vélez y de Comercio de Vélez y Acevedo. Ello generó una crisis de dichos paradigmas, y la necesidad de la incorporación de nuevos que sustituyeran los anteriores-, entre los cuales puede mencionarse el régimen de diálogo de fuentes, la constitucionalización del derecho privado, la tutela integral de la persona humana, la tutela de los débiles y de los consumidores, la ausencia de cualquier regulación que pudiera resultar discriminatoria (VITOLO, Daniel Roque, «Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado», Erreius, Buenos Aires, 2016, t. I, p. XXXIV y sgtes.), para señalar los que consideramos importantes por su decidida vinculación con los principios que rigen el derecho del trabajo.En otros términos, en el moderno derecho privado se establece la necesidad de una decisión judicial razonablemente fundada mencionando una pluralidad de fuentes que exceden su propio texto, lo cual lleva a un necesario diálogo entre ellas; y por tal razón se ha dispuesto en el Art.1º del Código Civil y Comercial, que la Ley es la principal fuente formal de Derecho, entendiendo la misma en un sentido amplio y respetando la jerarquía de la pirámide jurídica emanada de nuestra Carta Magna; de donde en forma imperativa determina que los casos en los cuales se apliquen las normas del Código deberán ser resueltas -en primer lugar- según las Leyes que resulten aplicables y, conforme la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en que la República sea parte. (VITOLO, Daniel Roque, ob.cit., p. 5.) Los accidentes «in itinere» o de trayecto, forman parte del ámbito de responsabilidad impuestas a las ART (Art. 6.1. no modificado por la nueva norma Ley 26773); y ciertamente dicha responsabilidad no reconoce factores de imputación objetiva ni subjetiva sino que ha sido la voluntad del legislador fundada en principios de justicia distributiva (GILETTA, Ricardo Agustín, «Sobre lo que parece que podría decir la Ley 26.773. Algunos apuntes sobre las dudas de un intento de interpretación», RDL Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2013, 2013-I, Ley de Riesgos del Trabajo-IV, p. 50. 105 AÑO 1 • NÚMERO 1) y de equidad. Estos infortunios resultan indemnizables en tanto en cuanto no se verifiquen los supuestos de exclusión de la cobertura cuando el dependiente incurre, en principio, en interrupciones o desvíos del trayecto; si bien el régimen de la LRT incorporó en la materia excepciones importantes y flexibles para menguar dichas exclusiones.Ahora, si al trabajador, para estar amparado en la LRT, se le ha restringido la voluntad o facultad para modificar el recorrido que debe transitar entre su domicilio y el lugar de trabajo, y dicho trayecto, a la vez, debe ser el camino más directo y corto y, fundamentalmente tiene la carga de anticipar que la travesía la modificará por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente (decreto 491/97, Art. 4º); resulta difícil sostener que el dependiente no se encuentre a disposición del empleador desde que cruza el umbral de su casa para dirigirse a su lugar de labor. Y, si aún no se compartiera este razonamiento, la protección a estos infortunios se engasta en la que se brinda a los accidentes en «ocasión» del trabajo, del cual aquél -«in itinere»- es una especie. Desde otro costado, si como lo señalan Toselli y Marionsini, refiriendo al autor Ramírez en cuanto a que el Art.3º, que venía mencionándose en los proyectos de reforma que circulaban, básicamente pretendía la incorporación del daño moral, no contemplado de manera alguna en la fórmula sistémica de la Ley; ello nos conduce a considerar que, ciertamente la exclusión del beneficio a los infortunios «in itinere» no podrá sortear con éxito el test de constitucionalidad, ya que se habría incurrido en violación al derecho de igualdad, no discriminación, y los principios de progresividad y de protección al trabajo (arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc.22 de la C.N.). Finalizando, entendemos que para llegar a una solución justa acerca del tema convocante, es oportuno tener presente lo expuesto por la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer, cuya participación en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial vigente fue preponderante, en el sentido de que el diálogo de fuentes como pauta interpretativa tiene ventajas superadoras con respecto a los sistemas de interpretación tradicionales:cualquiera sea la opción (superar, incluir, total o parcialmente) se ha establecido un diálogo de fuentes para que la regla sea siempre la que protege mejor a la persona humana, sea la Ley general o especial, anterior o posterior. Lo que Kemelmajer propone es que debe realizarse una interpretación integral de todo el sistema normativo y elegir la norma, no por su especialidad o temporalidad, sino por ser la que mejor se adapte a la regla de equidad.-

De allí que del cruce de las fuentes mencionadas y tomando el derecho en un sis tema integral, entiendo que la interpretación no puede ser otra que el accidente in itinere se encuentra incluido dentro de las prestaciones que debe abonar al trabajador, más precisamente, el adicional del Art. 3 como lo expresa Gialdino, «la disparidad de trato puede provenir de un propósito, intención, finalidad o objeto del acto o práctica: para censurar una discriminación no se requiere poner en evidencia intención alguna en este sentido. Lo que cuenta es «el resultado» o «el efecto», aunque la intención del legislador no haya sido discriminar, sostuvo la Com/DH en «Simunek y otros vs. República Checa», que una Ley puede violar el Art. 26, PIDSP, si sus efectos son discriminatorios (comunicación 516/1992), 19/07/1995 S11.7 Gialdino, Rolando E; «derecho internacional de los derechos humanos, Principio Fuente, interpretación y obligaciones, ED. Abeledo Perrot pag. 151».- Por todo lo cual considero que la interpretación integral del derecho vigente y de la constitucionalización del derecho privado establecido en nuestro código civil y recepcionado por el máximo tribunal en el precedente «Ekmekdjian» donde nos muestra lo operativo de los derechos humanos, me hacen entender que no pueden existir dos categorías de trabajadores:Por un lado aquellos que se encuentran en su lugar de trabajo y por el otro, aquellos que se hayan concurriendo al mismo, sin posibilidad de modificar el trayecto, gozando de una protección menor respecto a los primeros .- _ Sin perjuicio de lo dicho la Sala que integro (en voto en mayoría) ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad del Art. 3 en caso de considerar una interpretación distinta a la presente, en el precedente «Zárate, Gladys Evelia c/Prevención Aseguradora de Riesgo de Trabajo S.A., sobre accidente de trabajo, Expte. Nº 35981/15» (16 de noviembre del 2020).-

La Dra. María de las Mercedes Domecq, dijo:

I. Inicio mi voto en este fallo plenario n° 001 sobre la aplicación del art. 3 de la ley 26.773 a los accidentes in itinere advirtiendo que los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia al resolver la causa «Páez Alfonzo, Matilde y otro c. Asociart A.R.T. S.A. y otro – indemnización por fallecimiento», del 27 de septiembre de 2.018 permiten que me aparte de la conclusión a la que allí se arribó, por tratarse de una cuestión de naturaleza de derecho común y a la luz del sistema federal adoptado por los arts. 67, 11, 100, 104 y 105 de la C.N. (C.S.J.N. en Fallos: 304:1459).

También es menester tener en cuenta que para los Juzgados y Tribunales de la Provincia los fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan obligatorios, por no haber sido así dispuesto por la C.N, careciendo, en consecuencia, de competencia casatoria, sin perjuicio de que parece apropiado ampliar lo decidido por la referida Corte a supuestos donde se ventilen situaciones equivalentes a aquellas sobre las cuales ya se expidió.

En efecto, si bien luce razonable y conveniente que los pronunciamientos de la C.S.J.N.sean considerados y, consecuentemente, seguidos en casos análogos ulteriores a fin de preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos, ello no constituye una regla absoluta ni rígida (Fallos: 248:115), sino «una regla de ´valor moral, retórico o de ejemplaridad`. [que] es clara, precisa y proviene de la mayoría de sus integrantes `en cuanto a la decisión y a los argumentos que sostienen la decisión. emana deber de seguimiento´» (Gelli, María Angélica en su artículo «La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema (A propósito de `Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.` y la libertad expresiva)», La Ley 2.014-B, 383). _

Por lo demás, es la propia C.S.J.N. la que acordó la posibilidad válida de apartarse de lo por ella establecido, a condición de que tal temperamento esté sustentado en motivos distintos a los considerados oportunamente: «Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los procedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia» (Fallos 307:1094).

II. Determinado lo anterior, observo que la norma analizada, en su primer párrafo, prevé que «Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma».

Dos son las aristas que se desprenden del texto de la norma para el examen exegético que desarrollaré: el alcance de la reparación y los sujetos a quienes se aplica.En cuanto a la primera de las cuestiones, cabe recordar que el derecho a la reparación mediante el pago de una indemnización encuentra sustento en el ordenamiento supranacional, pues se desprende de, entre otros instrumentos internacionales, el art. 68.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenamiento incluido en la enumeración del art. 75, inc. 22 de la C.N., que prevé la necesidad de que se trate de una indemnización justa (arts. 21.1 y 21.2) y que reafirma en su preámbulo el propósito de los Estados Americanos de consolidar en el mismo continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Desde la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad por el referido art. 75, inc. 22 y del carácter supralegal de los demás tratados internacionales, nace para los Estados el deber de respetarlos, garantizar su eficacia, incorporarlos a la legislación, remover las disposiciones internas que se opongan y adecuar la legislación nacional a sus disposiciones.

Que la fuente de la obligación bajo examen es el propio derecho internacional fue expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que «. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de Derecho Internacional y éste rige en todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno.» (en caso «Aloeboetoe y otros, Reparaciones», sentencia de 10 de septiembre de 1.993, párr. 43).

Por su parte, en el caso «Salvador Chiriboga c. Ecuador, reparaciones y costas», sentencia del 3 de marzo de 2.011, párr.96, estableció que para que una reparación se ajuste a la indemnización que se reconozca deberá realizarse de manera adecuada, pronta y efectiva, ello en el marco de lo establecido en el ya referido art. 21.

En el derecho interno la propia C.N. (arts. 15 y 17) consagra que los derechos, garantías y principios reconocidos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 28), ni pueden ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados (art. 33), estableciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el derecho a la justa reparación es el correlato del derecho a no dañar expresado en el constitucional principio alterum non laedere (art. 19 de la C.N. y Fallos: 308:1160).

Partiendo de esa supremacía normativa, se observa que el sistema de reparación tarifada de la L.R.T. fue establecido para todas las personas en relación de dependencia del sector privado (art. 2. b de la ley 24.557) y no solo tiene entre sus finalidades que ellas obtengan una reparación objetiva y tarifada de los daños derivados del trabajo (art. 1. 1 de la ley 24.557) con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad, sino que también consagra una indemnización que debe poder compensar, satisfaciendo idénticos criterios, «cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas» (art. 3 de la ley 26.773)._

Entonces, si el adicional del 20% tiende a cubrir cualquier daño no reparado por las otras indemnizaciones del sistema, en tanto la incapacidad permanente que presenta la trabajadora o trabajador, es claro que es porque tiene repercusión en su esfera económica y también en diversos aspectos de su personalidad, con la consiguiente frustración de su desarrollo pleno de la vida, tornando perentoria la necesidad de una indemnización justa.

Tal temperamento no difiere del fijado por la C.S.J.N.al descalificar la manifiesta insuficiencia de la reparación tarifada debido a la falta de adecuación razonable entre la disposición que veda a las y los dependientes acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos frente a los preceptos constitucionales que amparan precisamente el derecho de lograrla Fallos 327:3753 ), a lo que cabe acudir también cuando declaró la inconstitucionalidad del sistema de pago de renta periódica por su apartamiento de la tendencia a aproximarse a las efectivas necesidades de damnificados, concluyendo que el artículo 14.2. b de la L.R.T. prevé una solución incompatible con el principio protectorio y con los requerimientos de condiciones equitativas de labor, al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida e introduce un trato discriminatorio (Fallos 327:4607 ). _

A ello cabe sumar la doctrina emanada del mismo Tribunal en cuanto a la insuficiencia de la reparación, cuando sostuvo que «la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima (cons. 8°)», para concluir, en relación al art. 8. a de la ley 9.688, según la redacción acordada por la ley 23.643 que «.De lo que se trata, cabe reiterarlo, es de declarar no la invalidez de esa última limitación (tipo de daño), tema ajeno a la litis, sino la del tope que opera sobre la cuantía de ésta anteriormente objetado, por ser ello incompatible con el corpus iuris del que se ha hecho mérito, plenamente aplicable a las modalidades tarifarias en la materia» (Fallos 333: 1361 ).

Aplicando lo desarrollado al régimen de la L.R.T.es posible postular que en un régimen de indemnizaciones nomencladas y predeterminadas, la reparación debe cubrir todos los daños que puedan encontrarse comprendidos por la tarifa, salvo algún supuesto de excepción, consagrado expresamente por medio de una exclusión efectiva, lo que no que ocurre en la norma bajo análisis, conforme seguidamente lo trato. III. Ingresando a la consideración acerca del sujeto tutelado por el art. 3 de la ley 26.773: la interpretación que propicia que no rige para los accidentes in itinere introduce una causal de exclusión que, según entiendo, no encuentra sustento normativo.

La primera cuestión es precisar el alcance del recaudo establecido para el devengamiento de la indemnización adicional: de acuerdo a la literalidad de la norma, aquella podrá ser percibida cuando el daño «se produzca en el lugar de trabajo» o cuando «lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador». Siendo irrelevante determinar cuándo se encuentra en su lugar de trabajo, la discusión se ciñe a la determinación de si durante el trayecto desde su casa hacia su lugar del trabajo (o recíprocamente), el trabajador o la trabajadora se encuentra a disposición de la patronal.

La jurisprudencia ha considerado, invocando el art. 197 de la L.C.T., que comienza a estarlo en el momento en que abandona su domicilio con intención de dirigirse directamente a su trabajo y finaliza cuando arriba a su domicilio luego de abandonar su puesto de trabajo (por ejemplo, Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones en «Reyna, Marisa R. c. Pinturerías Prestigio S.A. y otros», del 30 de diciembre de 2.002), de lo que se deriva que, aun cuando no se recurra a la fórmula sintáctica «en ocasión», está de todos modos comprendiendo la responsabilidad por los accidentes acaecidos durante el trayecto.Al respecto la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires consideró que la responsabilidad fundada en la ley especial por los daños sufridos en el trayecto resulta objetiva, ya sea que se trate de una imputación por la «ocasionalidad», por un riesgo específico impropio o por el riesgo de empresa derivado del hecho que el trabajador puso su tiempo «a disposición» de aquella (en autos «Cebrymsky, Ana M. c. Siderca S.A.», del 18 de abril de 2.007, Juba, L.78.855).

Por su parte la doctrina otorgó fisonomía a una suerte de puesta a disposición «relativa» sin prestación efectiva de tareas y sin ejercicio del poder de dirección por parte de la empleadora: «Cuando el trabajador viaja en cumplimiento de órdenes del empleador, nadie duda de que hay responsabilidad por daños. El problema está en determinados viajes, sobre todo el que hace desde la casa al trabajo. La diferencia entre uno y otro reside en que en el primer caso hay un ejercicio efectivo o potencial del poder de dirección del empleador, mientras que en el segundo no lo hay. De modo que hay una puesta a disposición, pero sin prestación efectiva ni poder de dirección» (Lorenzetti, «La responsabilidad por daños y los accidentes de trabajo», p. 954.).

Entonces, el desplazarse de la trabajadora o del trabajador hacia o desde el empleo es una actividad que se aparta de la libre disponibilidad de tiempo y ambulación, como consecuencia de lo cual, se encuentra «a disposición» antes de comenzar la jornada y luego de concluirla.

Lo anterior se compadece con lo previsto por la misma L.R.T. en lo atinente a la interrupción o modificación del trayecto (art. 6 de la ley 24.557 y 4 del decr. 491/97): para que se configure el accidente durante el trayecto desde el lugar de trabajo, en principio, el camino no puede ser alterado, interrumpido o modificado por voluntad unilateral de la persona trabajadora._

Es destacable en este sentido la posición de autores como David Duarte (en «Comentario al régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales», en «Ley de Riesgos del trabajo, reforma ley 26.773, comentario y análisis doctrinario», Errepar, p.155), cuando señala que si no caben dudas de que se encuentran comprendidos aquellos trabajadores que realizan guardias pasivas y que evidentemente están a disposición del empleador fuera del lugar de trabajo, no hay razón de excluir a aquellos otros trabajadores que se encuentran a disposición del empleador cuando se encuentran fuera del lugar de trabajo, aunque dirigiéndose a la empresa desde su casa o viceversa. _

Hay, por otra parte, otro argumento de orden lingüístico y está dado por la utilización en el art. 3 de la partícula disyunta «o», la que supone la consagración de dos hipótesis alternativas y, en todo caso, distintas, por una de las cuales es menester optar: tal premisa lleva a postular que uno de los supuestos previstos es que el siniestro se produzca «en el lugar del trabajo» y el otro -antitético- que lo sea cuando el o la trabajadora «se encuentre a disposición del empleador», esto es, cuando no esté en el lugar de trabajo.

Interpretar lo contrario llevaría a postular que el legislador utilizó de manera equivocada la partícula disyuntiva y tuvo presente solo una hipótesis, aunque bajo dos formatos de redacción distintas, lo que resultaría incompatible con la imposibilidad de presumir su inconsecuencia o imprevisión (Fallos:310:195 y 1715; 312:1614; 321:793 ).

Tal hermenéutica de la ley 26.773 es analogable a la que Horacio Rosatti aplica en la referida causa «Páez Alfonzo, Matilde», donde destaca en posición minoritaria, a partir de su considerando 11, que «. la norma establece que corresponde el adicional de pago único ´cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador´, texto del que se desprenden dos supuestos: a) accidente dentro del lugar de trabajo o b) fuera del establecimiento, sin que la interpretación del a quo, en el sentido de que ´se encuentre a disposición del empleador´ deba ser entendido también como referido a los accidentes in itinere, aparezca como absurda o imposible. Es que esta Corte ha señalado que el empleo de la conjunción disyuntiva ´o´ importa que la prestación especial procede en cualquiera de las dos situaciones que el propio legislador ha diferenciado, de manera tal que la segunda hipótesis no se refiere a un siniestro dentro del establecimiento sino fuera de este (confr. argumentos de Fallos: 335:608). Cabe memorar, sobre el punto, la decisión de esta Corte en Fallos: 226:402 al tratar, precisamente, un recurso extraordinario en el que se objetó una sentencia que excluyó a un accidente in itinere de las contingencias cubiertas por el precursor régimen de la ley 9688, sancionada en 1915. Por mayoría, la Cámara había juzgado que el infortunio no fue producto de un riesgo específico por lo que no reconoció indemnización alguna. En dicha oportunidad, y ante la existencia de sentencias de la misma Cámara con criterios disímiles, el Tribunal -con apego a la regla del artículo 113 del Reglamento para la Justicia Nacional que entonces regía- revocó la decisión y reenvió la causa para que un pronunciamiento plenario zanjara el debate.El precedente de esta Corte que se cita dio lugar al Fallo Plenario n° 21 de la Cámara Laboral («Guardia, Rogelio Demetrio c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros» del 9 de noviembre de 1953) por el que se estableció que «[c]onstituyen accidentes del trabajo indemnizables, conforme al art. 1 de la ley 9688, los denominados ‘in itinere’, o sea, los que puede sufrir el obrero en el trayecto del lugar de prestación de sus tareas hasta su domicilio o viceversa» (LL 72.507 – DT 1953-677 – JA 1973-IV-414). La doctrina mencionada orientó las decisiones del fuero y fue luego recogida por el decreto-ley 650/55 (B.O. 24/10/1955) y la ley 18.913 (B.O. 15/1/1971) y se mantuvo en la ley 24.557, artículo 6°, que integra el régimen de reparación de la 26.773.». _

A lo anterior agrego un argumento introducido en la disidencia que dejé planteada el 16 de noviembre de 2.020 en autos «Zárate, Gladys Evelia c. Prevención Aseguradora de Riesgo de Trabajo S.A. – accidente de trabajo», expte. nº 35.981/15 de la Sala II, la que luego integró el voto mayoritario: las tarifas previstas en todo el sistema reparatorio de la L.R.T. no han efectuado distinciones entre los infortunios cubiertos, puesto que otorga las mismas prestaciones a los accidentes sufridos en el establecimiento o en el trayecto, correspondiendo, por lo tanto, idéntica indemnización para ambos supuestos, en la medida en que el daño sufrido o, lo que es lo mismo, la incapacidad derivada del siniestro, sea equivalente. _

Consecuentemente, la interpretación conjugada de la totalidad del sistema de accidentes de trabajo me lleva a concluir que, al hacer referencia al daño sufrido por la o el dependiente mientras se encuentra «a disposición del empleador», como un supuesto distinto al daño producido en el lugar de trabajo, el artículo citado no solo no excluye, sino que precisamente incluye, entre otros supuestos, a los accidentes in itinere.

IV.No puede perderse de vista que la contingencia social que se intenta amparar es la incapacidad laboral o la muerte del trabajador, por lo que, siendo el accidente in itinere una de las contingencias cubiertas por la ley, diferenciar la cobertura según se trate de una persona que padeció un infortunio por el hecho del trabajo o bien de otra que lo sufrió como consecuencia del tránsito de su domicilio al trabajo, cuando (lo reitero) no hay norma que lo excluya, implica un trato discriminatorio contrario al art. 16 de la C.N.

Entonces tanto la afectación del patrimonio en consonancia con la reparación plena adeudada (arts. 17 y 19) excluyendo el derecho al resarcimiento a «otros daños» previstos en el art. 3 de la ley 26.773 a quienes se accidenten camino al trabajo, como la diferenciación que supone privarlos de ella (art. 26) representan una irrazonabilidad manifiesta del precepto (art. 28, en todo caso, de la C.N.) en caso de ser interpretado restrictivamente.

Finalmente pongo de resalto que en el marco de un Estado Social de Derecho, juezas y jueces, teniendo en cuenta el principio pro homine que emana de la propia Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Fundamentales de las Personas, deben adoptar pautas amplias para determinar el alcance de los derechos, libertades y garantías, mientras que, en el sentido opuesto, corresponde establecer pautas restrictivas si se trata de medir limitaciones a los derechos, libertades y garantías (C.S.J.N., in re «Asociación de Trabajadores del Estado – acción de inconstitucionalidad», del 18 de junio de 2.013, A. 598.XLIII.-considerando 10).

Por los fundamentos expuestos, respondo positivamente a la pregunta que inició el presente plenario.

En consecuencia, _

LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SALTA EN PLENO,

RESUELVE

I) De acuerdo a la votación practicada, por mayoría de votos, la indemnización adicional del art. 3° de la ley 26773 no se aplica a los accidentes in itinere.

II) Cópiese, regístrese y notifíquese.

A %d blogueros les gusta esto: