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#Fallos Fauna silvestre: Se multa la tenencia de animales silvestres sin la documentación que acredite su legítimo origen

Partes: Eiffel Christian Andres c/ Estado Nacional – Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible (Ex 77018221/19) s/ conservacion de la fauna – ley 22421 – art 29

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: IV

Fecha: 25 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138328-AR|MJJ138328|MJJ138328

Se multa al actor por la tenencia, sin la documentación correspondiente, de especies de fauna silvestre.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta al actor por la tenencia de especies de la fauna silvestre sin documentación que acreditase su legítimo origen, ni guías de tránsito, de conformidad con lo previsto en los arts. 11 y 12 de la Ley 22.421.

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2.-Siendo que es el propio actor quien reconoce que debió inscribirse y de hecho así lo hizo con posterioridad a la inspección, no se advierten motivos para dejar sin efecto la sanción de multa impuesta, por haberse constatado la tenencia de especies de fauna silvestre sin documentación.

3.-Corresponde desestimar el planteo sobre la prescripción de la acción de la autoridad de aplicación para sancionar, en atención a que, más allá de las imprecisiones que surgen del líbelo recursivo, no transcurrieron los dos años contados desde el momento en que se verificó la tenencia de especies de la fauna silvestre sin la correspondiente documentación hasta la fecha en que se dictó el acto, si se considera que la citación al accionante para formular el correspondiente descargo operó como causal de interrupción.

Fallo:
Buenos Aires, 25 de agosto de 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que conforme surge de autos, las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de un procedimiento ordenado el 20/2/18 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 16 en el marco de la causa nº 62.149/17 s/ infracción ley 22.421, en el domicilio sito en la calle Lavalle 2252 de CABA, en donde se verificó la tenencia de especies de la fauna silvestre sin documentación que acreditase su legítimo origen, ni guías de tránsito.

En el control referido se procedió al secuestro de 217 pitones; 2 boas esmeralda y 19 huevos a determinar.

Los ejemplares intervenidos pertenecían al Sr. Cristian A. Eiffel y fueron dejados en guarda judicial a cargo de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud Dr. Malbrán.

En virtud de ello se ordenó la instrucción de un sumario administrativo ante la ex Dirección de Infracciones, notificado el 23 de octubre de 2019, y se le imputaron los siguientes cargos: a) falta de inscripción en los registros de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, conforme arts. 11 y 58 del decreto nº 666/97; b) falta de certificado de legítimo origen conforme lo establecido en el art. 11 de la ley 22.421, de Conservación de Fauna; y c) falta de guía de tránsito (art. 12 de la precitada ley y arts. 34 y 36 del Decreto 666/97).

El Sr. Eiffel presentó descargo manifestando que los animales incautados fueron criados en cautiverio durante varias generaciones y son Fase o Morph, es decir que son ejemplares con coloración particular, obtenidos por la mutación realizada en la cría en cautiverio.Asimismo, informó que fue sobreseído de todos los cargos en la causa judicial que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 16, quedando a disposición de la autoridad administrativa las especies incautadas.

Tramitado el correspondiente sumario, el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición dispuso, mediante disposición DI- 2021-135 APN del 22/10/21, aplicar una multa de $300.000 y el decomiso efectivo de los ejemplares secuestrados.

2º) Que, contra dicha resolución el actor interpuso recurso directo ante esta Alzada el 28 de octubre de 2021, contestado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 28/6/22.

En primer lugar, plantea la prescripción del expediente administrativo iniciado el 20/2/18, porque sostiene que a la fecha del dictado del acto ya habían transcurrido los dos años.

En subsidio, se agravia del monto de la multa, considerando que resulta excesivo, en especial teniendo en cuenta su falta de antecedentes y su buena fe.

Destaca que, según el informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las especies de pitón secuestradas eran 172 y no 217 como se menciona.En consecuencia, solicita que se modifique el monto de la multa, teniendo en cuenta estas circunstancias.

En cuanto a las especies pitón y boa esmeralda, manifiesta que son de origen exótico, es decir que no pertenecen a la fauna silvestre de Argentina y que fueron ingresadas al país cumpliendo los trámites pertinentes y, si bien no estaban inscriptas, contaban con la documentación que acreditaba su origen y tenencia.

Señala que los ejemplares no pueden ser incluidos en los lineamientos previstos en los artículos 11 y 12 de la ley 22.421 que se le imputan ya que no son animales de caza, no habitan el territorio argentino y fueron importados legalmente de los Estados Unidos de América, y tampoco le corresponde estar inscripto como criadero.

En cuanto al destino preventivo dado a los animales y huevos, afirma que estos fueron derivados al Instituto Malbrán, cuyas instalaciones no resultan adecuadas, lo que ocasionó una gran mortandad de ejemplares en un corto plazo, según surge del informe del Dr. Petta. Por lo expuesto, solicita que se revoque la disposición en cuanto al secuestro y decomiso y se disponga su restitución, como asimismo las 144 cajas plásticas de su propiedad en las que fueron transportadas.

3º) Que, en primer lugar, y en cuanto a su planteo sobre la prescripción de la acción de la autoridad de aplicación para sancionar, cabe señalar que corresponde su rechazo.Ello es así en atención a que, más allá de las imprecisiones que surgen del líbelo recursivo, no transcurrieron los dos años contados desde el momento en que se verificó la tenencia de especies de la fauna silvestre sin la correspondiente documentación (20 de febrero de 2018) hasta la fecha en que se dictó el acto (22 de octubre de 2021), si se considera que la citación al accionante para formular el correspondiente descargo operó como causal de interrupción (23 de octubre de 2019).

En efecto, es menester aclarar, a los efectos de esclarecer la cuestión, que procede en el caso la aplicación supletoria de las normas del Código Penal, por tratarse de infracciones y por defecto del ordenamiento que las regula (en este sentido doctrina de Fallos: 290:202; 312:447; 327:2258 ; 329:3666 , entre otros).

En esta línea, el Tribunal tiene dicho que cuando un régimen normativo específico no contempla expresamente causales de interrupción de la prescripción, ello no implica la inexistencia absoluta de actos de esa índole, en tanto proceda la aplicación el art. 67 del Código Penal. (cfr. «Lan Argentina SA c/ EN -ANAC s/ recurso directo», sentencia del 27/3/18).

Sobre tal base y considerando que, como se señaló anteriormente, el plazo de prescripción se interrumpió el 23 de octubre de 2019, fecha en que se instrumentó la citación del actor para que formulara el correspondiente descargo (causal «interruptiva» del plazo extintivo según lo dispuesto en el art. 67, inc. b, del CPN), al momento del dictado del acto administrativo la prescripción no había operado.

4º) Que, en cuanto a la cuestión de fondo, la ley 22.421 tiende a la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de las especies animales que habitan en nuestro país.A dichos efectos, en el comercio y transporte interprovincial y en la importación de especies, la ley establece dos instrumentos necesarios e imprescindibles para cualquier operación que se realice con los animales. A saber: el certificado de origen, extendido por la autoridad de aplicación que ampara la legítima tenencia o posesión de los productos o subproductos de la fauna silvestre, y la guía de tránsito, que se utiliza para el transporte interprovincial e internacional de animales.

En el caso, los animales de origen exótico debieron haber ingresado al país con un certificado de importación. Por lo demás, el actor no estaba inscripto y carecía de las correspondientes guías de tránsito, de conformidad con lo previsto en los arts. 11 y 12 de la precitada normativa. Este tipo de infracciones son de aquellos ilícitos denominados de pura acción u omisión.

En efecto, estas infracciones son de índole formal, por lo que no se requiere la existencia de dolo para tenerlas por configuradas.En consecuencia y ante el reconocimiento del sustento fáctico, lo argüido por el apelante carece de virtualidad como causal exculpatoria.

Por lo demás, el propio actor reconoce que debió inscribirse y de hecho así lo hizo el 25 de julio de 2019, es decir con posterioridad a la inspección.

Por consiguiente, al no advertirse motivos para dejar sin efecto la sanción impuesta, corresponde confirmar la resolución apelada en este aspecto.

5º) Que, las actas de comprobación de infracciones levantadas en sede administrativa tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos que refieren pasados por ante, o comprobados por el funcionario interviniente.

En virtud de lo expuesto, puede concluirse que los hechos que originaron la causa están suficientemente acreditados.

En tales condiciones, toda vez que el recurrente no controvierte de manera concreta y razonada las conclusiones a las cuales arribó la autoridad de aplicación con sustento en los hechos investigados y pruebas colectadas en autos, corresponde rechazar el recurso interpuesto.

Por lo demás, independientemente de que en sede penal el sumariado haya sido absuelto, lo resuelto allí no excluye el ejercicio de las facultades de la Administración frente a las infracciones en las que pudo haber incurrido.

En efecto, tal como lo señaló el juez en lo penal, en la sentencia de sobreseimiento, se habría demostrado la existencia de una transgresión por parte del causante de las disposiciones administrativas vigentes, mas no la existencia de un hecho de incumbencia para el derecho penal de fondo, porque no se demostró que los animales provinieran de la caza furtiva o depredación.

Debe puntualizarse al respecto que la infracción aquí cuestionada se sustenta en disposiciones normativas de indudable naturaleza administrativa que contemplan intereses diferentes a los previstos por la legislación penal.

6º) Que, por otro lado, en lo referente a la desproporcionalidad de la sanción impuesta, según se ha sostenido en reiteradas ocasiones, su graduación y determinación es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad, lacual no se advierte en autos (esta Sala in re «INSSJP c/ Superintendencia Servicios de Salud s/ Obras Sociales- ley 23661- art 45», sent. del 3/2/15; «Carfi SA c/ SEDRONAR s/ Registro Nacional de Precursores Químicos – ley 26045- art 16», sent. del 14/4/15; «Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -DISP 76/08 (EXPTE B9828/06)», sentencia del 2/11/10; y «OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)», sentencia del 7/6/11, entre otras).

En efecto, las sanciones aplicadas no aparecen como irrazonables o desproporcionadas sino que guardan, en principio, relación con las infracciones probadas. Por lo demás, respecto al impacto de la cantidad de ejemplares secuestrados en la cuantía de la multa, corresponde señalar que ésta se fijó teniendo en cuenta los cargos i mputados y los mínimos y máximos previstos en el Dec. 1290/2000, vigente al momento de los hechos, como asimismo el carácter VULNERABLE de las especies involucradas, sin hacer mención alguna a la cantidad de animales, requiriéndose para su configuración el incumplimiento de lo prescripto por las normas.

Es dable señalar, asimismo, que se tuvo en consideración también la finalidad disuasiva de la multa, ya que con ello se pretende evitar que se cometan nuevos ilícitos, considerando la ecuación costo-beneficio.

7º) Que, finalmente, y en cuanto a lo solicitado con relación a la restitución de los animales oportunamente secuestrados, cabe señalar que el art. 48 del Decreto 666/97 no prevé entre sus incisos la posibilidad de su devolución al infractor, debiendo disponer la autoridad de aplicación la liberación a su habitat natural o su destino a un zoológico, en su caso, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de dicho ordenamiento.Lo antedicho, sin perjuicio de las insoslayables obligaciones de cuidado, preservación y amparo que aquélla deberá prestar a cada ejemplar individualmente, so pena de responsabilidad por su incumplimiento.

Finalmente y con relación a las «cajas», la normativa tampoco prevé su devolución para el supuesto de que se confirme la infracción (art. 53, inc. b, del decreto 666/97).

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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