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#Fallos Alimentos: Ante la falta de prueba concreta, se rechaza el aumento de la cuota alimentaria a favor de la hija mayor a pesar de haber presentado constancia de alumna regular en una universidad

Partes: T. M. D. Y. O. c/ C. J. M. S. s/ incidente de aumento de cuota alimentaria

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 14 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137831-AR|MJJ137831|MJJ137831

Atento la falta de prueba concreta, se rechaza el aumento de la cuota alimentaria a favor de la hija mayor a pesar de haber presentado constancia de alumna regular en una universidad.

Sumario:
1.-Frente a la ausencia de elementos que acrediten la continuidad de los estudios por parte de las actoras y teniendo en cuenta que no se encuentran demostrados los presupuestos prescriptos en el art. 663 del CCivCom., corresponde rechazar la demanda.

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2.-Las reclamantes de la prórroga alimentaria no cumplieron con la carga de aportar al proceso los recaudos específicos que hacen a la viabilidad de su pedido conforme el art. 663 del CCivCom.; no es suficiente la mera prueba de estar inscripto en la matrícula, pues la hija debe demostrar que el régimen de esos estudios lo imposibilitan para realizar cualquier actividad rentada.

3.-El art. 663 del CCivCom. debe ser cuidadosamente interpretada, dado que no reconoce derecho a alimentos a cualquier hijo mayor de edad que se capacita, sino sólo a aquel que, por causa de dicha capacitación, no puede proveerse de los medios necesarios para su mantenimiento.

4.-En el caso sub examine, donde se reclama aumento de cuota alimentaria a favor de hijas mayores de edad que se capacitan, nos encontramos ante una consecuencia no agotada de una situación jurídica existente, esto quiere decir que estamos en presencia de una situación jurídica que se venía gestando, que no es instantánea, que no se ha consumido, sino que, por el contrario, perdura en el tiempo.

Fallo:
Río Gallegos, 14 de junio de 2022.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: «T. M. D. Y O. c/ C. J. M. S. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA», Expte. Nº T-9501/14 (T-2350/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar Sentencia; y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora por intermedio de su letrada apoderada Dra. M. C. D. (cfr. fs. 433/440), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 420/428, que confirmó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia. Este último desestimó la pretensión de aumento de la cuota alimentaria en relación a M. C., e hizo lugar a la misma a favor de V. y M., ambos de apellido C., por la suma de pesos once mil ($11.000) mensuales, dejando constancia de que la cuota a favor de V. tiene vigencia desde la interposición de la incidencia (06/06/2014) hasta la mayoría de edad de la joven (07/06/2015) (cfr. fs. 371/380).- Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso de casación en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por arbitrariedad (cfr. foja 433).- Para fundar su embate, la recurrente afirma que: «Pese a ser materia de agravios, la Alzada confirma la sentencia de primera instancia omitiendo expedirse respecto de que (sic) ley corresponde aplicar aunque los fundamentos son expresados en base al Código Vigente.Esta omisión del tratamiento del agravio no nos permite conocer cuál es el lineamiento que fija la Alzada con relación a la ley que debe aplicarse a un caso como el de autos con consecuencias jurídicas posteriores, lo cual no solo (sic) resulta importante sino oportuno.la sentencia de la Alzada ratifica lo sostenido.respecto de la condición de alumnas regulares y carga horaria de las jóvenes cuando la presente demanda se inició con anterioridad a la vigencia del nuevo código civil y comercial y sin perjuicio de lo cual se demostró que se encontraban cursando sus estudios universitarios, lo cual por otra parte es reconocido por el propio demandado en la oportunidad de contestar demanda.» (cfr. foja 436 vta.).- Sostiene que: «.se aplica erróneamente el art. 663 del código civil y comercial, pues pese a iniciarse la demanda con anterioridad a la vigencia del nuevo código civil y comercial con el consiguiente ofrecimiento de prueba, se exige que se produzca la prueba tal como la norma exige que se acrediten los extremos, debiéndose cumplir la norma por aplicación del nuevo código pero con la exigencia probatoria en el marco de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, es decir que el demandado pruebe que podían trabajar pese a estudiar. O si por el contrario para los señores jueces entendían que faltaba tal extremo demostrar en el marco del principio informal que rige los procesos de familia y el carácter oficioso por imperio del nuevo código requerir las probanzas necesarias para fortalecer tal extremo, todo ello en pos del principio de la realidad invocado en la sentencia en crisis.la Alzada no tiene en cuenta que esta norma no regía al momento de iniciarse la demanda y ofrecerse la prueba, por lo tanto la sentencia resulta violatoria del principio de congruencia.» (cfr. fs. 437 y vta.).- Con relación a la arbitrariedad que alega, evalúa que:».la sentencia base del presente recurso.abordó los agravios de esta parte con una visión parcial que obstaculizó un pronunciamiento justo en base a las pretensiones de autos.» (cfr. foja 438).- Agrega además que: «No puede perderse de vista que se inicia la presente acción con anterioridad de (sic) la vigencia del art. 663 del CCyC, por lo que la prueba ofrecida por esta parte tendió a acreditar los extremos que en esa oportunidad debían fundarse, como por ejemplo la condición de alumnas universitarias de las jóvenes M. y V. Circunstancia que por otra parte no fue cuestionada por el demandado. Sin embargo, se aborda la cuestión en forma parcial y con el lente del Sr. C., pues se obliga a esta parte a probar cuestiones que en definitiva debió probar el mismo como por ejemplo que sus hijas podían desempeñarse laboralmente. Esta parcialidad en los Jueces afecta severamente el derecho de defensa pues obliga a esta parte a defenderse de cuestiones que no fueron hechos controvertidos.» (cfr. foja cit.).- Considera que: «.es parcial la sentencia en crisis y por ende arbitraria al valorar los ingresos del alimentante pues se suman los mismos aritméticamente sin tan siquiera mencionar que la prueba de las obras obedeció al despliegue y esfuerzo probatorio de esta parte, ya que habían sido ocultadas por el accionado con la clara intención de abstraerse de su obligación alimentaria [.] Esta parcialidad en la visión de la prueba producida se traduce en una arbitrariedad que impide mantener la vigencia de la sentencia en crisis como acto judicial válido [.] en la sentencia en crisis por ejemplo se prorratean los ingresos de C., teniendo en cuenta los percibidos por el ejercicio privado de su profesión, lo cual a todas luces resulta incorrecto, ya que esta no es una operación aritmética, sino que resulta simplemente indiciaria, como se expresara en la oportunidad de presentar el memorial.» (cfr. foja 438 vta.).- Manifiesta también que el Sr. C.tiene otros ingresos, los que denunció en la oportunidad de contestar la demanda, es decir que ejerce privadamente su profesión. Nada dice la Excma. Cámara de Apelaciones respecto del agravio expresado oportunamente con relación a ello. Y la parcialidad de los Señores Jueces se corona con la validación de la ponderación de la nueva familia a la hora de determinar una cuota alimentaria (cfr. fs. 438vta./439).- Plantea así que: «Es arbitraria la sentencia en virtud de resultar claramente injusta puesto que toda la doctrina que invoca la Alzada justifica el derecho del hijo mayor que se capacita a percibir cuota alimentaria, pero le es denegada en el caso que nos ocupa en virtud de que no se demostró un extremo que al iniciarse la demanda no constituía una exigencia legal, lo que se traduce en una violación también al principio de congruencia.» (cfr. foja 439).- Finalmente, en cuanto a la distribución de las costas, la casacionista señala que se aplica erróneamente el artículo 68 del CPCyC toda vez que se imponen las costas a los alimentados en un treinta por ciento (30%), lo cual resulta a todas luces violatorio de los principios que rigen en materia alimentaria, que aún con conciliación como modo de terminación del juicio, se imponen al alimentante (cfr. foja 437 vta.).- Hace reserva del caso federal (cfr. foja 439 vta.).- A fs. 445/446 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación y a fs. 457/458 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- haciendo uso de ese derecho sólo la parte demandada en PE25947-2020.- A foja 462 comparece el actor M. C. por derecho propio con el patrocinio letrado de las Dras. M. Ca. D.y M. C. R., adhiriéndose al recurso de casación oportunamente interpuesto. El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina, por los motivos que allí expone y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, que: «.no debe hacerse lugar al recurso interpuesto.» (cfr. PE84913-2021).- Se llaman autos para dictar sentencia en PE104419-2021 y pasan los presentes a estudio en PE112597-2021.

II.- Que, con carácter previo a ingresar en el análisis sustancial del recurso de casación venido a estudio, es preciso expedirnos con relación a la adhesión efectuada por el joven M. C. a foja 462.- Como punto de partida, se observa que el nombrado fue notificado por cédula de la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones que confirmó el fallo de Primera Instancia el 29 de mayo de 2019 (cfr. fs. 431 bis y vta.).- Que el plazo para interponer el recurso de casación vencía el 12 de junio de 2019, mientras que el plazo previsto en la última parte del artículo 124 del CPCyC feneció las dos primeras horas del día siguiente (13 de junio de 2019). Sin embargo, el escrito presentado por el nombrado, por el cual «adhiere» al recurso de casación, fue presentado el 14 de julio de 2020 (cfr. fs. 462/464); excediendo holgadamente el plazo fijado legalmente.- Ahora bien, sin perjuicio de que la extemporaneidad descripta resulta suficiente para el rechazo del planteo propuesto por cuanto incumple con uno de los requisitos esenciales de la admisibilidad, cuál es la interposición en tiempo del recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2721, Folio 4179/4181), no debemos dejar de lado que nuestro código de procedimiento tampoco prevé el instituto de la adhesión a los recursos procesales.- Asimismo, este Tribunal Superior de Justicia ya ha sostenido:». corresponde señalar que al no existir en la presentación efectuada puntualización eficiente de agravios concretos contra la resolución de la Alzada, carece en consecuencia de la ‘fundamentación autónoma’ que no se cubre con la mera adhesión y nula fundamentación, sino que debe realizar una crítica correcta y prolija de todos los fundamentos de la sentencia objetada, y de manera concreta y razonada para que pueda bastarse a sí mismo. Tesitura ésta no cumplida por la presentante, en tanto soslaya de manera conciente la precisa articulación de la Ley Nº 1687 -Recurso de Casación- que claramente especifica que deberá «Expresar el alcance de su impugnación y lo que desea que se anul e, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o la doctrina que ha debido aplicarse. Cada motivo se expresará separadamente» (confr. art. inc. a) ley cit.) y que, de manera concluyente, exfolia las nulas argumentaciones que pretende desconocer la entidad de la fundamentación de la sentencia en crisis. Así, al no prever nuestro ordenamiento procesal la adhesión al recurso de casación incoado -y por ende, fallar un requisito para su procedencia-, no cabe otra conclusión que desestimar su tratamiento por insuficiente toda vez que aquél carece de efectos procesales válidos.» (cfr. Interlocutorio, Tomo XVII, Reg. 2299).- En este sentido, compartimos el criterio esbozado por algunos Superiores Tribunales de Justicia Provinciales que se han inclinado por considerar inadmisible este tipo de presentaciones, entre las cuales podemos citar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza que dispuso: «No es admisible la adhesión a los recursos extraordinarios en materia civil porque no está establecida en la ley.» (cfr. sum., Sala 1, «Funes Fernando M. en J: Fernando M. Funes Raul A. Villegas Desalojo – Casación», Expte.: 20409, del 22/05/1956, Ubicación: LS061-058) y que:».De aceptarse la adhesión propuesta, se consagraría una excepción al cumplimiento de las (sic) recaudos de admisibilidad formal previstos para todos los recursos extraordinarios, cuya exigibilidad es insoslayable.» (cfr. sum., Sala Nº 1, «Gómez Blas Miguel en Jº 123.682 Juan Minetti S.A c/ Mathieu Claudia y Ot. p/ Reivindicación s/ Inc.», Expte.: 85557, del 04/11/2005, Ubicación: LA205-213).- Idéntica postura ha adoptado nuestro Máximo Tribunal Nacional considerando improcedente la adhesión al recurso en tercera instancia por quien no recurrió (cfr. sum. Fallos 326:3715, 206:224, 326:4931 , 322:523 , 216:341).- En definitiva, el recurso de casación utilizando la vía de la adhesión no debe tener favorable acogida no sólo porque dicho instituto no se encuentra previsto en nuestro código de forma sino que, además, el escrito fue presentado fuera de la oportunidad prevista en el artículo 4º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-

III.- Aclarado el punto anterior, y conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por las restantes actoras, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del citado cuerpo legal, por cuanto fundamentan su recurso en violación de la ley y arbitrariedad.-

IV.- Inicialmente se observa que la recurrente entiende que la Alzada omitió expedirse con relación a un agravio sometido a su consideración.- Ingresando al análisis de este agravio puntual, debemos recordar que es condición de admisibilidad de todo recurso, entre ellos, el de la casación, la existencia de interés (o gravamen) en el recurrente. El interés es, entonces, la medida del recurso.- Este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: «La resolución para ser recurrible debe necesariamente haber ocasionado un gravamen para quien la impugna, el cual no se presenta en el sub lite.En esta inteligencia, se ha dicho que un requisito de admisibilidad para cualquier recurso es que exista gravamen (cf. Juan Carlos Hitters: ‘Técnica de los recursos ordinarios’, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 2000, pág. 78); y que: ‘.debe necesariamente haber causado al recurrente un gravamen que dé origen al interés de recurrir, por tanto debe existir una desventaja o perjuicio o lesión concreta, al punto que si ésta no posee ningún sentido desfavorable, carece de derecho impugnaticio, aunque lo afirmase.’ (cfr. CSJ Tucumán, sala Laboral y Contenciosoadministrativa, ‘Herrera, Edmundo F. y otros c. Grafa S.A.’, del 2 de marzo de 1998. Cita Online: AR/JUR/18/1998).» (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3239, Folio 5365/5368).- Al respecto se ha precisado que: «.la noción de interés o agravio reposa sobre dos pautas, utilidad y necesariedad, ello significa que el recurso debe ser útil, y además necesario (Barbosa Moreira, José Carlos, Comentários ao Código de Processo Civil, Río de Janeiro, Brasil, v. V pp. 3357338). En otras palabras, es útil si el quejoso obtiene por esa vía una situación más ventajosa, y es necesario si el remedio es indispensable para alcanzar el éxito.» (cfr. SCBA «Ceballes Ismael c/ Municipalidad de Mercedes s/ Ejecución resolución administrativa ‘indemnización accidente de trabajo'», causa LP L 55.986 S, del 15/12/1998).- En el caso que nos ocupa, la parte recurrente se limita a indicar que el fallo impugnado omitió pronunciarse con relación a la ley aplicable sin desarrollar un esquema argumental concreto y específico de lo que es objeto de crítica.- El planteo como ha sido expuesto no llega a constituir una crítica concreta y razonada del fallo recurrido, requisito ineludible para viabilizar un recurso de casación. En este sentido, debemos hacer notar que la recurrente omite explicar por qué le causa agravio el vicio indicado y sobre todo de qué modo debió modificarse el interlocutorio en crisis en tal aspecto.- Carlos A.Molina Sandoval nos enseña que no cualquier vicio procesal importa un motivo casatorio; es necesario que sea lo suficientemente grave como para que impacte en el proceso y desvirtúe su resultado (cfr. aut. cit. «Recurso de Casación. Aspectos sustanciales, argumentales y procesales», 1ª. ed., Ed. Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 123).- Si bien es cierto que en su fallo la Alzada no efectuó un análisis específico y circunstanciado con relación a la ley aplicable, se observa que ésta resolvió el tema sometido a su competencia a la luz de las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir del 1º de agosto de 2015, conforme fuera peticionado por la recurrente en su apelación (cfr. foja 391 vta.), argumentando de manera clara y precisa las razones que la llevaron a confirmar el fallo de grado.- Téngase presente que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha declarado que no es atendible el recurso si el impugnante no evidencia el interés que persigue con su agravio (cfr. SCBA «Dos Santos Lidia c/ Clínica Privada de Salud Mental S.A.I. s/ Despido», causa LP L 95634 S, del 21/03/2012).- Desde este cuadrante, entendemos que la mera invocación de que el fallo no permite conocer cuál es el lineamiento que se fija con relación a la ley que debe aplicarse (cfr. foja 436 vta.), no es motivo suficiente para tener por configurados los extremos que tornan procedente el recurso extraordinario provincial.- Ello es así en virtud de que el resolutorio en crisis no sólo menciona y transcribe las normas en las cuales sustentó su razonamiento, sino que además justificó las condiciones de su aplicación en las constancias que surgen del expediente y en doctrina y jurisprudencia imperante en la materia.- En definitiva, en el sub lite no existe agravio alguno susceptible de ser reparado dado que -como se dijo- la anterior instancia resolvió aplicando íntegramente el Código Civil y Comercial de la Nación como lo propugnara la casacionista en su recurso de apelación (cfr.foja 391 vta.), aún cuando el razonamiento y la solución arribada por los sentenciantes -a la luz de la citada normativa- haya sido contraria al resultado perseguido por dicha parte, por lo que el agravio referido a la omisión de pronunciamiento respecto de la ley aplicable debe ser rechazado.

V.- Seguidamente debemos atender el agravio referido a la errónea aplicación del artículo 663 del Código Civil y Comercial.- La casacionista aduce que ello es así: «.pues pese a iniciarse la demanda con anterioridad a la vigencia de nuevo código civil y comercial con el consiguiente ofrecimiento de prueba, se exige que se produzca la prueba tal como la norma exige que se acrediten los extremos, debiéndose cumplir la norma por la aplicación del nuevo código pero con la exigencia probatoria en el marco de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, es decir que el demandado pruebe que podían trabajar pese a estudiar.» (cfr. foja 437) y que : «.se inicia la presente acción con anterioridad de la vigencia del art. 663 del CCyC, por lo que la prueba ofrecida por esta parte tendió a acreditar los extremos que en esa oportunidad debían fundarse, como por ejemplo la condición de alumnas universitarias de las jóvenes M. y V.» (cfr. foja 438).- Analizando las constancias de autos, se observa que estos planteos -en los términos aquí explicitados- no fueron puestos a conocimiento de la Alzada ni objeto de críticas en el recurso de apelación deducido a fs. 391/397 vta.- En el memorial fundante de dicho recurso, la casacionista se limitó a recurrir el fallo de Primera Instancia por entender que se había aplicado parcialmente el Código Civil y Comercial de la Nación, analizado de manera incompleta, arbitraria y caprichosa la prueba producida por los litigantes; y finalmente se agravió por la imposición de costas a su parte (30 %) (cfr. fs.cits.), sin hacer mención alguna respecto de la violación y/o errónea aplicación del artículo mencionado y mucho menos alegar con relación a que el alimentante era quien debía probar que las alimentadas podían trabajar pese a encontrarse estudiando. Es en virtud de ello que dicho planteo no pudo ser objeto de debate ni de juzgamiento por parte de la Alzada, convirtiéndolo en esta instancia en una queja absolutamente novedosa y extemporánea.- No debemos olvidar que el límite del poder de decisión del Tribunal de Alzada para dictar su sentencia está determinado por los agravios, estando vedado a este Alto Cuerpo ingresar al estudio de argumentos que no fueron sometidos al análisis y consideración de aquél.- Este Tribunal Superior de Justicia ha tenido oportunidad de expedirse con relación a este tipo de planteos expresa ndo que: «.no corresponde en esta etapa extraordinaria adentrarnos al tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en segunda instancia, porque ello violaría el principio de congruencia.Corresponde reiterarlo, no se puede en esta excepcional instancia atender las reflexiones tardías de las partes, recuérdese que tal como lo explica Hitters (Recursos Extraordinarios y Casación, Ed. LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en forma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (pág. 613).Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).» (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170).- Así pues, la cuestión bajo análisis debió ser planteada ante la instancia anterior (en el caso, al expresar agravios) y como ello no se hizo, no corresponde su tratamiento en esta etapa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg.549, Folio 3103/3110).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en situaciones similares ha sostenido que: «No puede admitirse una argumentación cuando resulta novedosa en esta sede en tanto no fue propuesta en la etapa en que debió plantearse.» (cfr. sum. «Carranza Raúl Alberto; Farisano, Nicolás Alberto c/ Jensen Claudio Oscar «La Perseverancia del Sur S.A. Argentina de Seguros» s/ Daños y perjuicios», causa LP Ac 81.938 S, del 29/12/2003; sum. «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fábrica de plásticos Banfield S.A. y otros s/ Ejecución hipotecaria», causa LP Ac 90.419 S, del 18/07/2007; sum. «Fernández Mirta Lidia c/ Pérez Néstor Fabián y otro s/ Daños y perjuicios», causa LP C 101.286 S, del 02/03/2011; sum. «Batafarano María Teresa c/ García Rubén Oscar s/ Escrituración», causa LP C 110.382 S, del 03/07/2013).- En este sentido también ha afirmado que: «Las argumentaciones que conforman una defensa novedosa por no haber sido sometidas a decisión de los jueces de grado son inatendibles en casación.» (cfr. sum. «Sánchez Manuel c/ Johnson y Johnson de Argentina S.A. s/ Accidente», causa LP L 76.299 S, del 06/04/2004; sum. «Daffis Néstor Abel c/ Club Universitario de La Plata s/ Despido», causa LP L 101.407 S, del 10/11/2010; sum. «Ferrario Fernando Javier c/ Multicanal S.A. s/ Despido», causa LP L 102935 S, del 15/06/2011; sum. «S.M.O. c/ J.B.S. y o.s/ Daños y perjuicios», causa LP L 106.365 S, del 25/04/2012).- En conclusión, visto que la argumentación que desarrolla la recurrente no fue oportuna y suficientemente propuesta a la Alzada y que en virtud de ello este Alto Cuerpo se encuentra impedido de resolver sobre este capítulo, corresponde rechazar el presente agravio.

VI.- a).- Previo a ingresar en el análisis del agravio referido a la arbitrariedad en la apreciación de la prueba, es menester determinar cuál es la legislación aplicable.- Para ello debemos tener presente que este incidente de aumento de cuota alimentaria fue iniciado el 6 de junio de 2014 (cfr. cargo obrante a foja 44 vta.) cuando se encontraba vigente el derogado Código Civil. Durante la tramitación del mismo, entró en vigencia, a partir del 1° de agosto de 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley N° 26.994, promulgado el 7 de octubre de 2014.- Este cambio legislativo trajo aparejado, sin lugar a dudas, una colisión o conflicto de normas. Ello es así en virtud de que las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubicación temporal por lo que, en función a las particularidades del caso, se debe determinar la legislación que las disciplinará.- La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en su obra «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes» nos ilustra que los problemas de derecho transitorio se presentan cuando un hecho, acto, relación, situación jurídica, se prolonga en el tiempo durante la vigencia de dos o más normas.Dicho de otro modo, la dificultad se plantea cuando se trata de hechos, relaciones o situaciones in fieri, que no se agotan instantáneamente, sino que duran en el tiempo, o que su realización o ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, por lo que, en parte, al inicio, al concertarse o al nacer, caen bajo el imperio de una norma y, en parte o partes (al realizarse las prestaciones o agotarse las consecuencias o los efectos de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, de la o las siguientes o sucesivas), caen en otras (cfr. aut. y ob. cit., 1era. edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 20/21).- El artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación dispone una solución general en lo que respecta a la aplicación de la ley en el tiempo determinando: la aplicación inmediata de las nuevas leyes a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes.- En el caso sub examine, donde se reclama aumento de cuota alimentaria a favor de hijas mayores de edad que se capacitan, nos encontramos ante una consecuencia no agotada de una situación jurídica existente. Esto quiere decir que estamos en presencia de una situación jurídica que se venía gestando, que no es instantánea, que no se ha consumido sino que, por el contrario, perdura en el tiempo (cfr. 1ª Cámara de Apelaciones de Familia. Primera Circunscripción Judicial Mendoza, «Soulergues Graciela Lidia y Fabian Antonio Corso P/ Div. Vinc. Mutuo», Expte.: 70/15, del 09/05/2016) razón por la cual la nueva regulación es aplicable de manera inmediata.- Numerosos antecedentes jurisprudenciales se han inclinado por esta solución, adoptando idéntica postura. En efecto, se ha sostenido que: «.El nuevo Cód.Civil y Comercial de la Nación se aplica a las consecuencias producidas después de su entrada en vigencia (1º de agosto de 2015), y no caben dudas que, cualquiera sea la óptica desde la que se analice la cuestión, la materia alimentaria constituye uno de los ejemplos más claros en los que tales efectos continúan a lo largo del tiempo hasta configurarse alguna de las causales de extinción de la obligación.» (cfr. CNApel en lo Civil, Sala J, «S. J. y otro c/ S. A. G. s/ aumento de cuota alimentaria» del 08/10/2015, http://www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/38401/2015; «P. S. c/ S. H. s/ alimentos», del 19/05/2016, http://www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/29262/2016) y que: «Los alimentos no devengados no configuran situaciones consolidadas, lo que explica que la nueva ley pueda modificar o dejar sin efecto ese derecho alimentario para el futuro, no obstante estar reconocido en una sentencia, sin que ello implique afectar la mentada garantía constitucional de la propiedad. Los derechos y deberes alimentarios que son consecuencias subsistentes de una relación jurídica nacida con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que persiguen y se desarrollan bajo esta nueva legislación.se rigen -para las viscitudes (sic) que ocurran a partir del 1 de agosto de 2015- por las disposiciones de este nuevo cuerpo normativo; incluyéndose a los supuestos de aumento, disminución o cese de cuota alimentaria.» (cfr. sum. CNApel. Civ. y Com., Sala II, «L. M. J. c/ C. A. S. s/ Alimentos, causa MP 168.719 I, del 31/10/2019).- Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que: «Si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir.» (cfr. sum.Fallos 325:28 , 331:2628 ).- Ahora bien, sin perjuicio de que indudablemente la legislación aplicable a este proceso es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es preciso aclarar que este cambio de legislación ha sido sólo aparente, por cuanto el nuevo código se ha limitado a incorporar soluciones jurisprudenciales o doctrinarias que ya integraban el sistema jurídico, de manera que no se ha producido un cambio real en el derecho vigente, y la nueva norma no encuentra dificultades para su aplicación inmediata, pues los problemas continúan solucionándose en el mismo sentido que antes de su incorporación (cfr. 1ª Cámara de Apelaciones de Familia. Primera Circunscripción Judicial Mendoza, «Soulergues Graciela Lidia y Fabián Antonio Corso P/ Div. Vinc. Mutuo», Expte.: 70/15, del 09/05/2016).- Ello es así, en virtud de que en la jurisprudencia previa a la reforma se exigía para la procedencia de este tipo de alimentos la prueba que se está cursando una carrera de forma regular, el rendimiento del alumno y la carga horaria que insume el cursado como dato que permitía poner de relieve la imposibilidad de acceso a un empleo (cfr. Krasnow, Adriana N.: «Tratado de Derecho de las Familia. Un estudio doctrinario y jurisprudencial», Thompson Reuters La Ley, 1º ed., 2017, Tomo I, pág. 236).- En resumen, por más que aplicáramos uno u otro sistema, la solución sería la misma, por cuanto el código vigente hizo eco de las voces doctrinarias y jurisprudenciales anteriores a la reforma e incorporó, a través de su articulado, los presupuestos que ya se venían aplicando con relación a este tema.- VI. b).- Ingresando al estudio del agravio de referencia, cabe destacar que las críticas efectuadas en el presente recurso sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relac ión a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del «ad quem» referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas a esta instancia casatoria (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos II, Reg. 207, Folio 347/349 y VII, Reg. 991, Folio 1206/1208, entre otros).- Desde este cuadrante, el recurso en cuestión no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, toda vez que el mismo se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio.- Si analizamos la prueba agregada en las presentes actuaciones a la luz de la normativa aplicable, se puede apreciar que le asiste razón a la Alzada en cuanto a que la parte interesada omitió demostrar los presupuestos indispensables para la procedencia del reclamo. Es decir, las reclamantes de la prórroga alimentaria no cumplieron con la carga de aportar al proceso los recaudos específicos que hacen a la viabilidad de su pedido.-

A fin de ilustrar lo expuesto es preciso traer a colación que actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación dispone que la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Y agrega que estos alimentos pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive, debiendo acreditarse la viabilidad del pedido (cfr. art. 663).- En este sentido, la jurisprudencia en la materia ha entendido que el reclamante debe probar que:».a) cursa estudios, cursos o carreras de formación profesional o técnica, o de oficios o de artes; b) realiza su formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo a las circunstancias de cada caso; c) la realización de estos estudios o formación sea de una intensidad tal que no le permita proveer a su sostenimiento (argto. doct. Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa y Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, T. IV, p. 176; esta Sala en causas N° 158.239 RSD-243-15 del 1/10/2015; 162.593 RSI-597-16 del 19/12/2016; entre otras).» (cfr. SCBA, «López Silvia Giselle c/ López Pablo César s/ Alimentos», causa MP 166.608 S, del 07/02/2019) y además que: «.tratándose de una excepción a la regla general prevista en el art. 658, corresponde al acreedor alimentario que pretende que la obligación a su favor continúe prestándose, probar el supuesto de hecho previsto por la norma, es decir, que el cursado de sus estudios o preparación le impiden acceder a los medios necesarios para su subsistencia independiente. En consecuencia, no es suficiente la mera prueba de estar inscripto en la matrícula; el hijo debe demostrar que el régimen de esos estudios lo imposibilitan para realizar cualquier actividad rentada (conf. Jury, Alberto, ob. cit. p. 153; esta Sala en causas N° 158.239 RSD-243-15 del 1/10/2015; 162.593 RSI-597-16 del 19/12/2016; 165.389 RSD-137-18 del 1/6/2018; entre otras).» (cfr. fallo cit.).- Efectivamente como se manifiesta en la resolución en crisis, con relación a V. no surge prueba alguna que acredite la continuidad de sus estudios universitarios y/o terciarios. Si bien es cierto que en el escrito de promoción del presente incidente se indica que la nombrada cursaba el profesorado de Educación Física en el Centro de Alto Rendimiento (cfr.foja 41), no se especifica -y mucho menos se demuestra- cuándo ingresó como alumna a dicho instituto, cuántos años dura la carrera, cuál era el plan de estudios, cuántas materias cursaba, cuál era la carga horaria y sobre todo que el cursado le impedía proveerse de medios necesarios para sostenerse de manera independiente.-

En cuanto a M., también resulta acertada la apreciación de la prueba efectuada por la Cámara toda vez la casacionista se limitó a acompañar una constancia de la Universidad del Salvador en la cual se indica que la nombrada se inscribió en el 2011 en la carrera de Turismo, siendo dada de baja; y que en el 2013 se inscribió para cursar la carrera de Relaciones Públicas (cfr. foja 339), sin demostrar ningún otro extremo en torno al punto en debate.- En definitiva, no se avizora ni se comprueba que la valoración de la prueba efectuada en forma integral y omnicomprensiva por la Alzada incurra en el alegado agravio de arbitrariedad.- Nótese que con relación a la procedencia de este tipo de reclamos la jurisprudencia ha compartido el criterio adoptado por la anterior instancia sosteniendo: «.el art. 663 del Código Civil y Comercial (alimentos al hijo mayor de edad que se capacita) se trata de una excepción a la regla general del art. 658 del mismo Código, corresponde al hijo que pretende que la obligación a su favor continúe, probar los supuestos de hecho previstos por el precepto, es decir, acreditar no tan solo (sic) que se encuentra inscripto en la matricula (sic) sino además, que el régimen de esos estudios, el cursado o el cumplimiento de otras obligaciones extracurriculares, le impiden realizar cualquier actividad rentada. La norma debe ser cuidadosamente interpretada dado que no reconoce derecho a alimentos a cualquier hijo mayor de edad que se capacita, sino sólo a aquel que, por causa de dicha capacitación, no puede proveerse de los medios necesarios para su mantenimiento. Si aún, capacitándose, puede hacerlo, el reclamo no debe prosperar.» (cfr.SCBA, sum. «Fernández Silvia Beatriz c/ Riboldi Javier Gustavo s/ Alimentos», causa SN 13008 I, del 06/08/2019).- En este sentido, en la resolución cuestionada no se advierten fisuras en orden al absurdo o a la arbitrariedad, desde el momento en que la Excma. Cámara de Apelaciones derivó y encuadró positivamente la normativa impuesta a un caso como el presente, sin apartarse de la correcta interpretación que debía esgrimirse para tal situación fáctica, no exteriorizando en la sentencia de marras un error grave y ostensible en la conceptualización, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar la prueba o los hechos; no se han soslayado o tergiversado las reglas de la sana crítica, no encontrándonos en consecuencia ante un resolutorio contradictorio o incoherente en el orden lógico formal, que ostente una falsa aprehensión fáctica y una insostenible discriminación axiológica (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII Reg. 457, Folio 2488/2489).-

De esta manera, frente a la ausencia de elementos que acrediten la continuidad de los estudios por parte de las actoras y teniendo en cuenta que no se encuentran demostrados los presupuestos prescriptos en el artículo 663 del CCyC, corresponde rechazar el recurso de casación intentado, confirmándose la resolución atacada.- En cuanto a la valoración de la prueba relacionada con el caudal económico del alimentante, también debemos decir que no se evidencia en el pronunciamiento recurrido el vicio denunciado, toda vez que los Sres. Jueces de la Excma.Cámara de Apelaciones han transcripto la totalidad del itinerario racional que los llevó a arribar a su decisión, explicando cuáles eran las pruebas que entendían conducentes y el grado de convencimiento que ha aportado cada una de ellas.- Cabe aclarar que la obligación alimentaria tiene en miras el estatus de vida y el sustento de las necesidades del alimentado, por ello la apreciación que realicen los magistrados sobre su cuantía, siempre que se adecue a la prueba aportada y denote una percepción prudente y objetiva de las circunstancias en las que se encuentra el alimentado, no debe ser materia de nueva revisión jurisdiccional. Desde esta perspectiva, si el juez ha realizado una consideración acertada y precisa de las constancias del expediente y sobre la cual estableció el porcentual discutido, nada debe ser analizado por la instancia superior. Admitir el criterio contrario, permitiría cuestionar cualquier adjudicación alimentaria por el solo fundamento de no ser asequible a los intereses individuales del alimentado (cfr. Jalil, Julián Emil: «Principios Jurisprudenciales para la procedencia del aumento o disminución de la cuota alimentaria», http://www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/6862/2010).- En virtud de lo expuesto, se considera que la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la resolución que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el resolutorio constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.- Debe recordarse que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede tener por resultado convertir a este Tribunal Superior de Justicia en una tercera instancia ordinaria ni corregir fallos que la recurrente estime equivocados al discrepar con la interpretación efectuada por los jueces de la causa en materias que les son privativas.Menos aún cuando, como en la especie, la sentencia cuya casación pretende la recurrente no revela una actuación imprudente en el análisis de las probanzas rendidas ni escasez de fundamentos, y el libelo recursivo no consigue advertir la existencia de conclusiones contradictorias que demuestren ausencia de logicidad en el razonamiento de los juzgadores.- Tal como quedó de manifiesto con el análisis del derecho involucrado y de los hechos documentados en el expediente, la invocación de la arbitrariedad en la apreciación de la prueba no logró ser demostrada, encontrándose la resolución en crisis correctamente fundada, por lo que el recurso en los términos aquí planteados tampoco debe prosperar.

VII.- Cabe tratar en último término la presunta aplicación errónea de las costas devengadas.- Al respecto debemos tener presente que la materia referida a la imposición de costas resulta, en principio, irrevisable en casación, en tanto que ello es facultad privativa de los jueces de grado; en efecto la decisión que éstos adoptan, en orden a lo dispuesto en el artículo 68 y ccdtes. del CPCyC, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir un típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de la instancia extraordinaria, a excepción de que las costas se impongan a quien no resulta vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos I, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Reg. 104, Folio 169/170; II, Reg. 149, Folio 241/242; Sentencia, Tomo II, Reg. 85, Folio 375/378), tesitura ésta que, frontalmente expuesta, no encuentra cabida en la sentencia en crisis que enmarca -criteriosamente- los porcentajes distributivos con lógica y sin arbitrariedad.- En el caso que nos ocupa, se debe ponderar de manera especial que la directiva destinada a proteger la incolumnidad de la prestación alimentaria no puede ser aplicada ciegamente y sin consideración de los factores que determinan la condena en costas en cada situación que toca decidir al órgano judicial.Es viable, en consecuencia, apartarse del principio en cuestión tratándose de incidencias planteadas dentro de la instancia principal, ya que en caso contrario, se generaría una manifiesta desigualdad entre las partes, al liberarse a uno de los justiciables de toda responsabilidad en la promoción de incidentes (cfr. Gozaini, Osvaldo A.: «Costas Procesales», Volumen II, Ediar, Tercera Edición, Buenos Aires, Ediar, 2007, págs. 691/692).- En el supuesto de inequidad en los criterios de distribución, este Alto Cuerpo ha indicado que: «.merece demostración con un directo ataque a los argumentos desplegados en el fallo en crisis, mostrando en forma palmaria y manifiesta que ha habido un grosero apartamiento a la solución normativa dada a la cuestión.» (cfr. Interlocutorio, Tomo VII, Reg. 1075, Folio 1346/1348). Extremo que no se verifica en la causa.- La distribución de las costas dispuesta en Primera Instancia y que fuera confirmada por la Alzada, exhibe una argumentación suficiente -más allá de que se comparta o no- que la aleja de los actos jurisdiccionales infundados o arbitrarios. En efecto, la resolución judicial que las impone y la que la confirma reflejan las operaciones racionales que condujeron a los jueces a adoptar la decisión reseñada, con apoyo legal, sustento razonable y de acuerdo a las particularidades del caso.- Se ha sostenido jurisprudencialmente que: «Si bien es principio recibido que las costas en el juicio de alimentos deben ser soportadas por el alimen-tante para no agravar la prestación fijada a favor del beneficiario, se ha decidido que su mantenimiento a ultranza, además de ser incompatible con la norma del artículo 68 del Código Procesal, llevaría a situaciones de injusticia, desde que aquel que tuviese la seguridad de no ser condenado en costas podría aprovecharse de tal situación para efectuar planteamientos aventurados o insustanciales, o una injustificada resistencia frente a articulaciones arregladas a derecho» (cfr. SCBA, «Di Franco Rosario Silvana c/ Mañas Daniel Guillermo s/ Alimentos», causa QL 17.657 I, del 22/02/2017) y que:»El criterio de que las costas deben ser soportados por el alimentante no es absoluto, y así el Juez podría establecerlas por su orden, en razón de las particularidades de la causa, ello cuando se trate de promoción de incidencias no ajustadas a derecho, o no acordes con las constancias fácticas, ello en miras de no dar lugar a planteos aventurados, escudados en la no condena en costas, ello pues generaría, una manifiesta desigualdad entre las partes, si se liberara a una de las partes de toda responsabilidad.» (cfr. SCBA, «Onis María Isabel c/ Del Curto Ricardo s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria», causa MP 139.485 I, del 04/06/2009).- Lo expuesto determina que la petición no sea audible en la presente instancia casatoria, por lo que deberá confirmarse -también en este aspecto-el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones.

VIII.- Que, por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la adhesión formulada por el Sr. M. C. a foja 462 y el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 433/440 y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 420/428, con costas a la recurrente vencida (art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

1º) Rechazar la adhesión formulada por el Sr. M. C. a foja 462, por los fundamentos dados en los considerandos.-

2º) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 433/440 y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 420/428, con costas.-

3º) Diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-

4º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.- La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).

Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos

-Presidenta-

Dr. Daniel Mauricio Mariani

-Vocal-

Dra. Alicia de los Ángeles Mercau

-Vocal-

Secretaria: Dra. María Florencia González

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