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#Fallos Pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión: Pediatra producía y distribuía imágenes de explotación sexual infantil

Partes: R. R. A. G. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 26 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137423-AR|MJJ137423|MJJ137423

Se condena a la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión a un pediatra que producía y distribuía imágenes de explotación sexual infantil.

Sumario:
1.-El imputado aprovechó el ejercicio de su profesión para producir material prohibido -explotación sexual infantil- y, por ello, corresponde aplicar el art. 20 bis CP en cuanto dispone que la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o, sin que la defensa manifieste más que un desacuerdo con la forma en la cual los jueces de mérito valoraron esa prueba, sin mostrar arbitrariedad.

2.-No se encuentran razones clínicas para obtener las fotos de los niños en cuestión, ya que nunca se vieron fotos de esa índole en congresos médicos y ninguna de esas imágenes formaba parte de la historia clínica de los pacientes.

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3.-El imputado no podía desconocer que la utilización del programa para la descarga de material implicaba, por defecto, poner a disposición de terceros esa información (del voto de la Dra. De Langhe).

4.-Los jueces que integraron la mayoría ya habían explicado por qué a pesar de sus objeciones correspondía concluir que las imágenes sí tenían fines ‘predominantemente sexuales’ (del voto de la Dra. De Langhe).

5.-La cuestión planteada respecto de la cadena de custodia de la computadora secuestrada involucra cuestiones que, como regla, son propias de los jueces de mérito -tales como el análisis de las circunstancias de la causa y la interpretación de la ley procesal relacionada con la validez del secuestro, así como con la conservación y valoración de la prueba-, y la defensa no muestra que nos encontremos ante un supuesto de excepción que permita al Tribunal Superior ingresar en el conocimiento de un asunto que, en principio, es ajeno a su competencia (del voto de la Dra. De Langhe).

Fallo:
Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1. El abogado R. Mario Izquierdo, por la defensa de R. A. R., interpuso queja a raíz de la denegación del recurso de inconstitucionalidad dirigido contra el pronunciamiento de la Sala II que, por mayoría, confirmó la condena del imputado, aunque lo hizo parcialmente, ya que redujo la pena impuesta a ocho (8) años y seis (6) meses de prisión -en lugar de los diez (10) años que le habían sido impuestos en primera instancia -.

Para resolver de ese modo, la Cámara rechazó primero distintos cuestionamientos dirigidos a algunos actos del proceso -entre los que se encontraba la intervención del «Hospital de Pediatría Garrahan» como parte querellante, el procedimiento que dio origen al caso y el respeto de la cadena de custodia de uno de los elementos secuestrados-.

Luego, con relación a las imputaciones de facilitación, distribución tentada, tenencia para distribución y tenencia simple de material de explotación sexual infantil, la Cámara descartó las objeciones relacionadas con la valoración de la prueba que había conducido al juez del debate a afirmar que el imputado conocía las características del material digital que poseía y también que, en algunos casos, lo ponía a disposición de otros usuarios.Además, los jueces entendieron que la prueba producida en el juicio era suficiente para confirmar lo decidido en torno a la naturaleza de las imágenes cuya producción se atribuía al acusado.

Por otra parte, los magistrados que conformaron la mayoría consideraron que lo expresado en la sentencia recurrida sobre la calificación de las conductas y su relación concursal se apoyaba en «razones atendibles». En este punto, afirmaron que los hechos 1 y 2 -consistentes en poner «a disposición y facilit[ar] de esa manera a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual de menores de 13 años»; y tener y ofrecer «66 archivos de video de abusos o explotación sexual infantil en la que se observan a niñas menores de edad en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con clara connotación sexual, también menores de 13 años»- y los hechos 3 y 4, -consistentes en «tener en su poder (.) [un total de 495 archivos de imagen y 68 de video de abuso o explotación sexual infantil en dos computadoras marca Dell] con fines inequívocos de distribución, y tener en su poder 100 archivos de imagen en los que se observa a una niña menor de 13 años, en actividad sexual explícita o exhibiendo sus genitales con clara connotación sexual»-, encuadran dentro de las previsiones del art. 128, primer párrafo -texto según ley nº 26.388- y 128, primero, segundo, tercero y quinto párrafo -texto actual, según ley 27.436- y conforman un delito continuo en el que se aplican las reglas del concurso ideal.

Tras ello disminuyeron la pena finalmente impuesta porque consideraron que la absolución que había sido dictada con respecto a algunos hechos debía impactar en la medida final de la sanción.

Por último, sostuvieron que, de acuerdo con el art.20 bis, CP, la aplicación de la inhabilitación perpetua era una consecuencia necesaria de las condiciones en las que, de acuerdo con la condena, habían sido producidas las imágenes de explotación sexual infantil atribuidas al acusado.

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa sostuvo que la resolución violó el debido proceso legal y el principio de igualdad y que era arbitraria.

Además, afirmó que la Cámara valoró «de modo arbitrario la prueba producida en el debate, que ha tornado en ilusoria la presunción de inocencia y trasladó la carga probatoria del Ministerio Público Fiscal a esta parte». Agregó que también había sido vulnerado el «derecho de defensa en juicio, entendido como el derecho a ser tratado como inocente y a que la duda sea interpretada en beneficio del acusado, los principios de legalidad, culpabilidad por el hecho, y al debido proceso legal».

En particular, cuestionó la validez de algunos actos del proceso -entre ellos, la intervención del «Hospital de Pediatría Garrahan» como parte querellante, la detención cautelar del imputado, la legitimidad del procedimiento que originó el caso, el respeto de la cadena de custodia de uno de los elementos secuestrados y la falta de lectura de la sentencia en los términos del art. 263, CPP- y, por otra parte, la valoración de la prueba que condujo a afirmar la existencia de dolo, por parte del imputado -con relación a algunas de las figuras que le fueron atribuidas- y también la naturaleza de las imágenes cuya producción se le atribuyó.

Sobre la pena impuesta, afirmó que era desproporcionada y se refirió, especialmente, a la aplicación de la sanción de inhabilitación perpetua, a la que consideró violatoria del derecho al trabajo de su defendido.

Por último, la defensa transcribió íntegramente en su recurso el voto parcialmente disidente del juez Sáez Capel, afirmando que hacía propios sus argumentos.

3. La Cámara, por unanimidad, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad porque entendió que la defensa no había logrado plantear un caso constitucional.

4.El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención, opinó que correspondía rechazar la queja porque no contenía una crítica suficiente del auto denegatorio, sino únicamente la reproducción de planteos contenidos en sus anteriores presentaciones, sin hacerse cargo de los argumentos ofrecidos por los jueces del caso.

Fundamentos Los jueces Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi e Inés M.

Weinberg dijeron:

1. Corresponde rechazar la queja, porque los agravios que la defensa pretende traer a conocimiento del Tribunal: ora son, tal como han sido formulados, el fruto de una reflexión tardía (los dirigidos a cuestionar: la participación del Hospital Garrahan como querellante y la falta de lectura de los fundamentos de la sentencia, cf. el art. 251 del CPP, actual art. 263); ora carecen de relación directa con lo resuelto (los dirigidos a cuestionar la prisión preventiva; y la aplicación de la escala penal del art. 128 efectuada por los jueces de mérito); ora son infundados (los dirigidos a cuestionar la forma en que la Fiscalía obtuvo noticia del crimen); ora versan acerca de la interpretación de normas inferiores a la constitución y a la valoración de las constancias de la causa (los dirigidos a cuestionar la preservación de la cadena de custodia de la computadora, la valoración de las fotografías efectuada por los jueces de mérito y la determinación de la pena).

Repasémoslos en ese orden.

2. La Cámara no trató los agravios dirigidos a cuestionar la participación del Hospital Garrahan como querellante en la causa por entender que el debate acerca de esa cuestión había sido resuelto durante la etapa intermedia, y precluido allí.

La Defensa no señala ser esta la oportunidad para retomar el tema junto con la definitiva, por haber agotado en esa oportunidad los recursos ordinarios procedentes.Se limita a (i) denunciar un supuesto ocultamiento de la participación del Hospital por parte de la Fiscalía, sin dar explicaciones sobre cómo ello habría ocurrido y habría sido oportunamente planteado, y (ii) afirmar que, independientemente de si recurrió o no, el juez de garantías no debió permitir esa participación.

En esas condiciones, la defensa no muestra haber mantenido el planteo durante todo el proceso, de ahí su improcedencia en esta oportunidad.

2.1. La defensa también sostiene que el juez de primera instancia incurrió en una grave violación al procedimiento penal al no dar lectura de los fundamentos de la sentencia condenatoria, cf. el artículo 251 (actual art. 263) del CPP.

Ese agravio tampoco fue tratado por la mayoría de la Cámara, incluso el voto disidente, que destacó la cuestión, también destacó que «.la defensa no ha[bía] invocado agravio alguno al respecto.» (cf. la pág. 333).

En suma, este planteo, al igual que el anterior reseñado, es fruto de una reflexión tardía.

3. La Defensa postula que la sentencia que modificó su arresto domiciliario y dispuso su alojamiento en una unidad carcelaria ponderó de modo incorrecto los extremos conducentes a evaluar el peligro de fuga y, en particular, la falta de arraigo de su asistido. Manifiesta que la normativa procesal establece que la detención domiciliaria solo se suspende si el imputado durante el transcurso de esa detención diera motivos -lo que entiende no ocurrió- o si cambiare su situación procesal -lo que tampoco entiende configurado- puesto que la sentencia condenatoria no se encuentra firme.

La sentencia de condena recurrida no impuso al Sr. R. la restricción preventiva a su libertad que agravia a la defensa. De ahí que no se observa, y la defensa no lo explica, cuál sería la relación directa entre esa cuestión y la decisión recurrida.

3.1. La defensa se agravia de que los jueces hayan juzgado, en base al texto del art.128 del CP modificado por la ley 27.436, las conductas consistentes en poner «.a disposición y facilit[ar] de esa manera a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual de menores de 13 años»; y tener y ofrecer «.66 archivos de video de abusos o explotación sexual infantil en la que se observan a niñas menores de edad en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con clara connotación sexual, también menores de 13 años» (cf. la pág. 266); todas esas conductas realizadas a través del programa informático eMule (hechos que la Cámara identificó como 1 y 2 y que entendió que concursan, en los términos del art. 54 CP, con los hechos que caracterizó como 3 y 4, cf. el punto 1 de las «Resulta»). Sostiene que, por imperio de la garantía a ser juzgado por la ley más benigna, su asistido debió serlo en base al texto del art. 128 CP vigente con anterioridad a la modificación en las escalas introducidas por la mencionada ley 27.436. Ello así, porque, en su visión, los delitos continuados, sobre cuya base se lo condenó por esas conductas, deben ser juzgados con a rreglo a la ley vigente cuando tuvo inicio la ejecución de la conducta; y no, como entendió la Cámara, con arreglo a la ley vigente al tiempo en que la conducta cesa.

La Cámara rechazó ese planteo por dos razones distintas. Una fue la interpretación de la aplicación de la ley penal que agravia a la defensa.

La otra consistió en destacar que la defensa no mostraba tener un agravio con relación al planteo reseñado. Ello así, porque juzgada la conducta en base a la escala vigente con anterioridad a entrada en vigencia de la ley 27.436 o con posterioridad, la condena impuesta encontraba respaldo suficiente. En palabras de la Cámara: «.en virtud de lo normado en el art.54 del código sustantivo, la escala penal correspondiente al concurso de esos hechos resulta justamente la de 4 a 8 años de prisión (correspondiente al hecho 2). Aun así, advertimos que la aplicación pretendida no tendría ningún impacto, al menos directo, en la situación del condenado, pues importaría pasar de la escala de 4 a 28 años de prisión considerada en la sentencia, a una que partiría del mismo mínimo y encontraría su tope máximo en 24 años de prisión» (cf. la pág. 324 de la sentencia de la Cámara).

Ese segundo argumento no viene discutido por la defensa. De ahí que el planteo acerca de la aplicación de la ley que desarrolló la defensa bajo el título «aplicación de la ley más benigna» resulte insuficiente para revisar la sentencia impugnada.

4. La defensa dice que la investigación tuvo origen en la actuación de un «Agente instigador» que habría actuado «.en forma confusa al día de hoy» (cf. la pág. 17).

El planteo no sólo carece de la descripción de un agravio concreto, sino que tampoco se hace cargo de las razones que le dio la Cámara para descartarlo. Dijo que no había mediado la participación de un agente provocador, que la investigación había tenido inicio en base a la información que se recabó en el marco de la operación ‘Luz de Infancia III’, donde se detectó el tráfico de información de redes peer to peer de distintos usuarios argentinos.

En este contexto, en el que el agravio no se hace cargo de este discurrir, el planteo, por infundado, no puede ser atendido.

4.1. La defensa cuestiona que se hubiera preservado la cadena de custodia de la computadora ubicada en el consultorio que utilizaba en el hospital Garrahan.El planteo depende de una valoración de las constancias de la causa, materia propia de los jueces de mérito, sin mostrar que el tratamiento que los jueces hicieron de él sea arbitrario.

Sumado a ello, la defensa tampoco señala adecuadamente cuál sería su agravio en relación con el acto cuya nulidad pretende pues no cuestiona la naturaleza del material allí encontrado ni tampoco que pertenezca al imputado.

En consecuencia, su planteo carece de relación directa con la solución del caso.

4.2. Respecto de las fotografías cuya producción le imputaron a R., la defensa insiste en sostener: (i) que la acción de tomar dichas fotografías no debió identificarse con la de producir pornografía infantil, en tanto que -en su visión- esta última acción requeriría, además, la voluntad de difusión con vistas a la obtención de un rédito, lo cual no había quedado establecido en el juicio; y, (ii) en segundo lugar, que, a diferencia de lo aseverado por la mayoría de la Cámara, dichas fotografías no contendrían reproducción de partes genitales de menores con «fines predominantemente sexuales» en los términos requeridos por el art. 129 del CP, sino fines médicos y académicos.

Sin embargo, no se hace cargo de la valoración de las constancias de la causa que la Cámara hizo para descartar esa argumentación.

El a quo señaló que ninguno de los expertos que declararon en el juicio reconoció que las fotos de menores obtenidas por R. pudieran tener alguno de los fines indicados por la defensa. Repasó cada testimonio. Remarcó que los profesionales que declararon coincidieron en señalar que no veían razones clínicas para obtener las fotos en cuestión, que nunca vieron fotos de esa índole en congresos médicos.La Cámara destacó, a su vez, que ninguna de esas fotos formaba parte de la historia clínica de los pacientes.

La defensa no se hizo cargo de ninguna de esas razones sobre cuya base los jueces de mérito decidieron rechazar el planteo reseñado.

Por lo tanto, el planteo resulta infundado.

5. La parte recurrente cuestiona la caracterización de concurso ideal que hicieron los jueces de mérito entendiendo que cabe caracterizar los delitos imputados como un concurso real.

Ahora bien, no se observa cómo ese planteo podría operar en defensa de los intereses de su asistido, ni la defensa lo explica.

6. Finalmente, la defensa cuestiona con fundamento en el principio de proporcionalidad: i) el monto de la pena de prisión y ii) la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina impuesta a su asistido.

El primero de esos agravios es infundado. La defensa no se hace cargo de que la Cámara en su sentencia redujo la pena oportunamente impuesta por el juez de grado de 10 a 8 años y 6 meses ni indica un motivo por el cual considera que aquella reducción fue insuficiente.

El segundo planteo fue resuelto en base a la valoración de las constancias de la causa (en virtud de la cual los jueces concluyeron que R. aprovechó el ejercicio de su profesión para producir material prohibido y, por ello, consideraron aplicable el art. 20 bis CP en cuanto dispone que la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión), sin que la defensa manifieste más que un desacuerdo con la forma en la cual los jueces de mérito valoraron esa prueba, sin mostrar arbitrariedad.

7. Por ello, votamos por rechazar la queja.

Los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg agregaron:

Corresponde intimar al cumplimiento de la integración del depósito previsto en el art.33 de la ley nº 402 dado que el imputado no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (nº 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado un beneficio de litigar sin gastos.

El juez Luis Francisco Lozano agregó:

Por las razones que di al votar in re «Ministerio Público – Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: ‘Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado’», expte. nº 3996/05, resolución del 14/09/05, a las que me remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 33 de la ley n° 402.

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja obrante interpuesto por el defensor particular del Señor R. R. es formalmente admisible. Sin embargo, en línea con los precedentes citados por el Fiscal General Adjunto en su dictamen, el mismo carece de crítica suficiente del auto denegatorio.

Al rechazar el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto, los jueces de la Sala II sostuvieron que:

I. El recurrente insistió con planteos ya abordados en cada uno de sus puntos al resolver el recurso de apelación, poniendo de manifiesto que aquellos no exceden una mera discrepancia interpretativa que, además, refieren en su gran mayoría a cuestiones de valoración probatoria, no susceptibles de ser abordados por la vía intentada.

II. No ofrece en el recurso intentado crítica constitucional novedosa o concreta para confrontar los argumentos que pretende atacar y, finalmente, III. la arbitrariedad que denuncia no es adecuadamente sustentada porque no señala apartamiento ostensible de las normas que resultan aplicables al caso ni ausencia de fundamentación, más allá de las discrepancias ya aludidas.

2.Aunque la Defensa afirma que «cada vía impetrada incluyó una crítica concreta y razonada de los tópicos recurridos» eso no sucede respecto del auto denegatorio que es objeto del presente recurso y expresiones tales como «la cámara incurre en un error que está defensa indicará» no son acompañadas con sustento argumental apoyado en las constancias del caso.

En concreto, no señala qué planteos no resultaron adecuadamente tratados o dónde reside el error, cuáles fueron los planteos constitucionales novedosos o concretos que el recurso sí contenía y el a quo no habría contemplado en el análisis de admisibilidad.

En materia de arbitrariedad, tampoco indica dónde sí estaban acreditados los fundamentos que tendrían que haber conducido la decisión de los jueces a admitir el recurso por dicha causal.

Por último, tampoco satisface la carga crítica que le es exigible, la transcripción editada del voto en parcial disidencia del juez Sáez Capel, emitido al tratar el recurso de apelación. El mismo magistrado, al votar el rechazo de dicho recurso, advirtió que esa cita no era pertinente y que carecía de aptitud para acreditar la concurrencia de un caso constitucional.

3. Es pertinente recordar que es requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re «Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad», expte. nº 865/01, resolución del 9/04/2001, y «Ricciardelli, Diego César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: `Incidente de recurso de apelación en autos Ricciardelli, Diego César s/ 128 1º párr. -delitos atinentes a la pornografía (producir/ publicar imágenes pornogr. c/ menores 18) -´», expte nº 17213/19, resolución del 14/05/2020, entre otros).

4.Por estas razones, corresponde rechazar la queja e intimar al imputado al cumplimiento de la integración del depósito, dado que no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (ley n° 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado beneficio de litigar sin gastos.

La jueza Marcela De Langhe dijo:

1. La queja fue presentada en tiempo y forma oportunos (art. 32, ley nº 402) y el recurso de inconstitucionalidad que sostiene se dir igió contra la sentencia definitiva.

Sin embargo, concuerdo con el Fiscal General Adjunto en que la queja exhibe problemas de fundamentación y que debe ser rechazada porque no logra plantear un caso constitucional. Ello así, con excepción del agravio vinculado con la aplicación de la ley penal en el tiempo, ya que, a su respecto, el recurso directo debe prosperar aunque, adelanto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad.

2. R. A. R. fue condenado a la pena de ocho (8) años y seis (6) meses de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la medicina por varios hechos que fueron calificados, según el caso, como facilitación, distribución tentada, tenencia para distribución, tenencia simple y producción de material de explotación sexual infantil (art. 128, CP).

La investigación comenzó a raíz de la activación de un mecanismo internacional que alertó a la fiscalía local acerca del tráfico de material digital de explotación sexual infantil, asociado a la actividad de distintos usuarios en nuestro país, entre los que se encontraba el imputado.

R. se desempeñaba como médico pediatra en el «Hospital de Pediatría Garrahan» y, a partir de la investigación desarrollada, se pudo detectar la existencia de imágenes y videos de la naturaleza mencionada en computadoras que usaba tanto con fines personales como laborales.La facilitación, distribución tentada o tenencia para distribución de ese material se sustentó en que las imágenes y videos fueron hallados, en algunos casos, en carpetas digitales compartidas generadas a partir de la utilización, por parte del acusado, de programas que permiten poner a disposición de otros usuarios los archivos, tales como el denominado «Emule». Finalmente, la imputación por producción se basó en distintas fotografías de presuntas pacientes que el mismo acusado habría tomado en su consultorio.

En concreto, según los términos utilizados por los jueces del caso para describir la imputación, se atribuyó a R.: entre el 9 de febrero y el 21 de agosto de 2018, poner a disposición y facilitar a terceros 270 videos con contenido de explotación sexual de personas menores de 13 años de edad (hecho 1); entre el 26 de septiembre y el 12 de noviembre de 2018, tener en su poder y ofrecer a terceros 66 videos de explotación sexual infantil, de niñas menores de 13 años (hecho 2); el 22 de noviembre de 2018, tener en su poder material de explotación sexual infantil con fines de distribución, que incluía 117 archivos de imagen y 66 archivos de video (hecho 3); el 28 de mayo de 2018, tener en su poder 100 archivos de imagen de una niña menor de 13 años en actividad sexual explícita o exhibiendo sus genitales (hecho 4); y el 24 de noviembre de 2015, el 31 de julio de 2017, el 30 de agosto de 2017 y el 30 de octubre de 2018 haber producido imágenes de niñas menores de 13 años de edad con fines predominantemente sexuales en su consultorio (hechos 5, 6, 7 y 8, respectivamente).

También de acuerdo con la calificación propuesta por los jueces de mérito, los primeros cuatro hechos anteriormente reseñados constituían una única conducta continuada a la que, como se subsumía en distintas figuras legales, le fueron aplicadas las reglas del concurso ideal (art.54, CP); mientras que aquella conducta única concurría a su vez de manera real con los restantes cuatro hechos de producción (art. 55, CP).

3. En el recurso directo, la defensa sostuvo que, a diferencia de lo afirmado por la Cámara, se verificaba una cuestión constitucional en relación con los motivos de agravio que dirigió contra la confirmación de la condena, que incluían el cuestionamiento de la validez de distintos actos del proceso, de la valoración de la prueba que condujo a declarar la culpabilidad del imputado, de la calificación de los hechos y de la medida de la pena impuesta.

Además, tanto en esta queja como en el recurso denegado, el recurrente reprodujo íntegramente el voto del juez Sáez Capel, quien, al revisar la condena, se pronunció en disidencia sobre algunos puntos y sugirió una reducción de la pena a cinco (5) años de prisión. El defensor lo hizo, según lo explicó, para hacer propios los fundamentos de ese pronunciamiento disidente.

En cuanto a su pretensión final, la defensa no pidió la absolución del acusado con relación a la totalidad de los hechos, sino únicamente con relación a algunos hechos en particular -que serán analizados en los puntos 6 y 7- y, paralelamente, requirió una reducción de la pena y en el caso de la inhabilitación solicitó que fuera impuesta «por el tiempo de la condena».

4.Antes de comenzar a analizar los distintos motivos de agravio formulados por el recurrente, corresponde realizar algunas precisiones sobre el alcance que, a esos fines, podría tener la transcripción del voto disidente antes mencionada.

Si los recursos deben constituir, esencialmente, críticas claras y concretas dirigidas a las resoluciones que impugnan, parece claro que la mera transcripción de un pronunciamiento judicial, con unas pocas acotaciones independientes o coadyuvantes, difícilmente puede cumplir de manera adecuada esa condición.

Sin perjuicio de ello, a los efectos de no perjudicar el ejercicio del derecho de defensa del acusado y en función de los intereses en juego, los argumentos allí contenidos serán tratados, excepcionalmente, de un modo que permita analizarlos como planteos dirigidos contra lo resuelto.

5. Aclarado lo anterior corresponde analizar primero los planteos vinculados a la regularidad de algunos actos del proceso.

5.1. Uno de los cuestionamientos de la defensa se dirigió contra la forma en la que el juez de juicio dictó la sentencia.

No fue controvertido que la condena y sus fundamentos fueron expresados oralmente frente al acusado e inmediatamente después de finalizada la audiencia de juicio y que posteriormente se los transcribió por escrito en el acta que contenía el registro del debate.

La defensa sostiene que este proceder incumplió las exigencias del art.

263, CPP. Sin embargo, para referirse al asunto, el recurrente se limitó a afirmar que «nunca se [leyeron]» los fundamentos de la sentencia al imputado, para luego citar el texto del art. 263, CPP y preguntarse, seguidamente, si ello «no [violaba] [.] [el] debido proceso».

Más allá de la tardía introducción de su cuestionamiento -esto es, recién al deducir su recurso de inconstitucionalidad-, la defensa no solo no explicó por qué habría sido desconocida dicha norma procesal, sino que, en lo que resultaba central para la vía extraordinaria intentada, tampoco señaló cuál fue el concreto perjuicio provocado al acusado por el procedimiento seguido por el juez de juicio y por qué ese supuesto perjuicio sería constitucionalmente trascendente.La mera invocación del debido proceso sin otra explicación se muestra ciertamente insuficiente a esos fines.

La CSJN tiene dicho que toda declaración de nulidad requiere de una demostración real del perjuicio concreto que ha originado el acto que se pretende controvertir con fundamento en los defectos formales y en las defensas que a causa de ellos se ha visto privada una de las partes, puesto que aquella declaración no procede en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley pues resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal e inconciliable con un adecuado servicio de justicia decretar una «nulidad por la nulidad misma» (Fallos: 322:507; entre muchos otros).

A ello se suma que el recurrente, al transcribir el voto disidente y «hacerlo propio», incurrió en una contradicción, dado que también hizo propios, tal vez por error, los argumentos dedicados a descartar que en autos correspondiera declarar la invalidez de la modalidad seguida por el juez del juicio para el dictado de la sentencia.

En consecuencia, este motivo de agravio, en las condiciones en las que fue planteado, no puede habilitar la intervención del Tribunal.

5.2. Por otra parte, la defensa reiteró sus cuestionamientos en torno a la intervención del «Hospital de Pediatría Garrahan» en el proceso como querellante.

La resolución que admite a un sujeto como parte querellante solo involucra, como regla, la interpretación de la ley infraconstitucional (arts. 11 y siguientes, CPP) y la valoración de las circunstancias de la causa asociadas al cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para desempeñar dicho rol.

El recurrente no muestra que nos encontremos ante un supuesto excepcional en el que corresponda ingresar en el análisis del asunto.El recurso directo no rebate lo argumentado por los jueces para descartar su pretensión en torno a que la discusión había precluido, porque, en un momento procesal anterior, había sido rechazado el mismo planteo y por lo tanto lo resuelto había adquirido la calidad de cosa juzgada.

La defensa no explicó por qué esa consideración sería arbitraria ni identificó qué principios constitucionales afectaría. Nótese que, aunque se admitiera que la genérica alegación a la «violación al debido proceso» tuvo ese fin, no se ha explicado mínimamente cuáles serían los perjuicios que habría ocasionado la intervención de la parte querellante y por qué serían de naturaleza constitucional, de manera tal que, también en este punto, los defectos de fundamentación del planteo impiden que sea abordado por este Tribunal.

5.3. La defensa también realizó algunas consideraciones sobre el encarcelamiento preventivo de su asistido -por ejemplo, al referirse a la supuesta inexistencia de riesgo procesal que lo justificara-, pero no explicó cómo podría este Tribunal abordar aquella cuestión, cuando esta incidencia recursiva solamente involucra la sentencia condenatoria y no la decisión previa -e independiente- sobre la detención cautelar del imputado. El cuestionamiento, entonces, carece de relación directa con la vía recursiva sometida a consideración del Tribunal.

5.4. Por otra parte, el recurrente cuestionó la validez de algunos actos de la investigación, en particular, el procedimiento que d io origen a las actuaciones y la debida conservación de uno de los elementos de prueba secuestrados.

5.4.1.Con relación a lo primero, la defensa se refirió a la intervención «confusa» de un agente provocador en el procedimiento que originó el caso y sostuvo que se desconoce la «homologación» del mecanismo internacional que dio la alerta inicial «para peritar en el sistema nacional».

Sin embargo, una vez más, la defensa no criticó los argumentos que los jueces ofrecieron para descartar su objeción sobre la validez del procedimiento.

En particular, la Cámara había explicado que la fiscalía recibió una alerta internacional, que tuvo el único fin de anoticiar acerca de la presunta existencia de una conducta delictiva en nuestro país y que, a raíz de ello, se comenzó una investigación que permitió constatar esas conductas. Además, la Cámara tuvo en cuenta que esas alertas iniciales, asociadas con el funcionamiento del sistema internacional «CPS» -«Child protection system»-, no eran violatorias del derecho a la intimidad porque se limitaban a facilitar la supervisión del tráfico de determinadas imágenes y videos previamente «marcados», pero no a ingresar en su contenido ni en el de otros archivos de los usuarios.

La parte recurrente no explicó por qué aquellos argumentos serían insuficientes para descartar sus cuestionamientos, dado que ni siquiera los mencionó, como tampoco identificó claramente cuál sería el principio constitucional que, a su juicio, estaría involucrado en este punto. Esos defectos de fundamentación del planteo impiden su abordaje en esta excepcional instancia, ya que no se ha demostrado la conexión de lo resuelto con algún principio constitucional, ni tampoco la existencia de un caso de arbitrariedad.

5.4.2.Sobre la conservación de una de las computadoras cuyo contenido sirvió de prueba en el juicio -esto es, de aquella que fue secuestrada en el lugar de trabajo del imputado-, la defensa denunció «la violación de la cadena de custodia».

Ahora bien, la cuestión planteada también involucra cuestiones que, como regla, son propias de los jueces de mérito -tales como el análisis de las circunstancias de la causa y la interpretación de la ley procesal relacionada con la validez del secuestro, así como con la conservación y valoración de la prueba-, y la defensa no muestra que nos encontremos ante un supuesto de excepción que permita a este Tribunal ingresar en el conocimiento de un asunto que, en principio, es ajeno a su competencia.

Ello es así porque el recurrente tampoco se hace cargo aquí de los argumentos expuestos por los jueces de la causa para descartar la objeción que pretende reproducir ante este Tribunal, ni explica cuáles serían las cuestiones constitucionales involucradas en su planteo.

Al margen de ello, lo que resulta central es que la defensa no indicó concretamente cuáles habrían sido las alteraciones que, a su juicio, se habrían producido en el contenido de la máquina, o bien por qué ellas conducirían, por ejemplo, a una solución más favorable para el imputado.

Dicho de otro modo, el recurrente no controvirtió el contenido de la máquina, ni que perteneciera a su asistido, ni se lo atribuyó a ningún comportamiento ajeno al acusado -sino que solo discutió, en algunos casos, su significación jurídica, asunto que será abordado más adelante-. En definitiva, no ha sido explicada en autos cuál sería la relación directa entre su cuestionamiento y la solución del caso.

6.Por otra parte, la defensa cuestionó la suficiencia de la prueba producida en el debate para afirmar la responsabilidad penal del imputado, por un lado, por los delitos de facilitación, distribución tentada o tenencia para distribución del material de explotación sexual infantil, y, por el otro, por los delitos de producción de ese material.

6.1. Como este Tribunal ya ha afirmado en reiteradas ocasiones, la valoración de la prueba es propia de los jueces de mérito. Solo en casos excepcionales, en los cuales la sentencia impugnada no exhiba ninguna fundamentación sobre el punto, o una argumentación manifiestamente irrazonable o que comprometa algún principio constitucional, podría este Tribunal ingresar en el tratamiento de un asunto que, por regla, es ajeno a su competencia.

6.2. La discusión en torno a la verificación del dolo del primer grupo de hechos no es una excepción a la regla antes expresada, pues es un tema que depende de la valoración de la prueba y de la interpretación del derecho común.La defensa no ha demostrado que nos encontremos ante un supuesto que justifique la intervención del Tribunal.

Cabe recordar que, centralmente, el recurrente dijo que «no hay elementos que permitan sostener la existencia de una voluntad dirigida facilitar y distribuir material de las características imputadas a mi defendido», ya que «[s]i bien estaban en su computadora, no sabemos si otros las tomaron y menos aún [lo que] el o los que supuestamente la[s] tom[aron, hicieron] (.) con estas», ya que «[l]o concreto es que sabemos que estaban en la carpeta incoming y que solo el agente provocador tomó un archivo».

Sin embargo, una vez más, la defensa no rebate lo afirmado por los jueces de la causa, quienes habían expresado las razones en las que sustentaron su posición.

En particular, habían tenido en consideración lo declarado por los testigos expertos en el juicio sobre el modo de funcionamiento del programa que utilizaba R., esto es, que se trataba de un sistema creado específicamente para compartir archivos entre distintos usuarios y que ofrecía algunas indicaciones visibles o alertas al usuario sobre la posibilidad de que otros estén descargando sus archivos, entre otras cosas. Además, tuvieron en cuenta lo manifestado por el propio imputado sobre su familiaridad con ese sistema, lo que les permitió concluir que no podía desconocer que su utilización para la descarga de material implicaba, por defecto, poner a disposición de terceros esa información.

A partir de esos elementos, los jueces concluyeron que podían afirmar que R. conocía que estaba poniendo ese material a disposición de otros usuarios y ninguno de estos puntos fue criticado por la defensa. En estas condiciones, su cuestionamiento solo propone una discusión sobre la valoración de la prueba, pero no muestra que aquella efectuada por los jueces de mérito sea insostenible.

6.3.Con respecto a la imputación por producción de imágenes de explotación sexual infantil, la defensa tampoco logra presentar un caso constitucional.

A través de la reproducción del voto disidente -y de unas pocas afirmaciones propias en sentido coincidente-, la defensa ha afirmado que las conductas atribuidas a su asistido serían atípicas ya que la sola toma de una fotografía con contenido sexual infantil no equivaldría a la «producción» de ese material. Esta discusión involucra únicamente la interpretación del alcance de una regla de derecho común, en particular, del verbo típico «producir» contenido en el art. 128, CP, y no se ha explicado por qué la consideración de los jueces -quienes entendieron que la toma de una fotografía podía equivaler a la «producción» de una imagen-, al margen de su acierto o error, no constituiría una derivación posible de aquella regla.

Por otra parte, también incumbe a los jueces de mérito determinar si las fotografías producidas por R. en su consultorio tenían o no los «fines predominantemente sexuales» requeridos por la norma legal.Con respecto a esto, la defensa sostuvo que debía tenerse en consideración la «separación temporal» existente entre las fotografías y argumentó que la desnudez de las niñas en las imágenes no era suficiente para tener por configurado ese propósito especial, ya que, según su visión, las fotos habrían tenido fines «de diagnóstico médico, seguimiento y docencia».

Una vez más, la discusión propuesta por el recurrente exige valorar la prueba producida en el debate e interpretar las reglas de derecho común aplicables, cuestiones que, como regla, son ajenas a esta vía extraordinaria.

Los jueces que integraron la mayoría ya habían considerado los puntos aquí reiterados por la defensa y habían explicado por qué a pesar de sus objeciones correspondía concluir que las imágenes sí tenían fines «predominantemente sexuales». Por ejemplo, valoraron lo declarado por los distintos profesionales de la medicina en el debate acerca de las condiciones en las que, según la práctica médica, las fotografías pueden ser utilizadas como herramientas de diagnóstico o investigación y que, según declararon, esas condiciones no se verificaban en el caso de las imágenes que constituían el objeto de la pesquisa.Se refirieron, entre otras cosas, a la falta de explicación de la desnudez en un caso (hecho 5) pues no era, a juicio de esos profesionales, necesaria para evidenciar su patología y además no había sido resguardada como correspondía la identidad y anonimato de las niñas; a la circunstancia de que en otras imágenes se mostrara el pubis desnudo de una niña injustificadamente cuando tampoco se evidenciaba ninguna patología visible (hecho 6); y a que en otros casos, además de la ausencia de patologías que justificaran fotografiar a menores desnudas, aparecía visible la mano de un hombre bajándoles la ropa interior (hechos 7 y 8) sin que hubiera una explicación para ello.

En definitiva, la resolución de la cuestión planteada incumbe a los jueces de mérito, quienes expresaron los fundamentos en los que sustentaron su posición, los cuales no fueron criticados por la defensa, de manera que no se verifican las excepcionales condiciones en las que este Tribunal podría ingresar al tratamiento del asunto.

7. Otro de los motivos de agravio que la defensa pretendió formular al hacer propios los argumentos del voto disidente se vincula con la relación concursal establecida entre los hechos, por un lado, y, por el otro, con posibilidad de que haya sido atribuida doblemente a R. la tenencia de un grupo de sesenta y seis (66) videos que, según explicó el juez Sáez Capel, fueron incluidos tanto en la imputación de lo que los jueces de la causa denominaron como «hecho 2», como en la del «hecho 3».

7.1. Con relación a lo primero, más allá que la relación concursal entre los hechos de una imputación también es un asunto propio de los jueces de mérito, toda vez que por regla solo involucra la valoración de las circunstancias de la causa y la interpretación de reglas de derecho común (arts.54, 55 y ccdtes., CP), existe otro obstáculo mayor para el tratamiento del asunto.

Según lo resuelto por la Cámara en su voto mayoritario, a través del que se confirmó la sentencia de primera instancia, los primeros cuatro hechos atribuidos al acusado conformarían una única conducta continuada que se subsumiría en distintas figuras penales tales como la facilitación, la distribución tentada, la tenencia para distribución y la tenencia simple de material de explotación sexual infantil; conducta a la cual correspondía, a criterio de los jueces de mérito, aplicarle las reglas del concurso ideal (art. 54, CP).

En cambio, a juicio del magistrado disidente -cuya posición hizo propia la defensa- solo los dos primeros hechos conformaban un delito continuado (hechos 1 y 2) y estos, a su vez, concurrían de manera real (art. 55, CP) con los dos restantes de tenencia con fines inequívocos de distribución y de tenencia simple de aquel material (hechos 3 y 4). No ha sido controvertido en autos que esta posición alternativa conduciría a un aumento bastante considerable de la sanción en expectativa, al menos en comparación con el modo de concursar seleccionado por la mayoría. Es más, el propio juez parcialmente disidente explicó en este punto que, como a su juicio correspondía decretar la absolución del acusado por los hechos de producción de imágenes (art. 128, CP), la modificación de la relación concursal que en su voto propondría no terminaría impactando negativamente en la sanción finalmente a imponer que en su visión debía quedar establecida en cinco (5) años de prisión.

Ahora bien, según surge del punto 6.3. de este voto, la defensa no acredita la configuración de una cuestión constitucional ni que quepa en consecuencia revocar por arbitrariedad la condena emitida por los cuatro hechos de producción de imágenes de pornografía infantil (hechos 5, 6, 7 y 8) que fue confirmada por la Cámara.En estas condiciones, sin abrir juicio sobre el mayor o menor acierto del modo en que se estableció que concursaban las conductas atribuidas en el caso al acusado, lo cierto es que su reexamen, desde la perspectiva propuesta por la defensa, viene impedido por la prohibición de la reformatio in peius.

7.2. En cuanto a lo segundo, sin perjuicio de la tardía introducción de su cuestionamiento y aunque se diera por sentado que efectivamente un mismo grupo de archivos fue doblemente atribuido al imputado en dos hechos diferentes, la defensa no demuestra la conexión que existiría entre esa pretendida cuestión constitucional -p. ej., una infracción al ne bis in idem o un problema de proporcionalidad de la pena aplicada- y la solución del caso.

Ello es así dada la relación concursal que los jueces de la causa establecieron entre los primeros cuatro hechos endilgados al imputado, que, por las razones expresadas en el punto precedente, no puede ser revisada desde la perspectiva propuesta por el recurrente.

En efecto, según vimos, el juez de primera instancia y más tarde la mayoría de la Sala II al apreciar «razones atendibles (.) en la tipificación de las conductas y la relación concursal de [e]stas» -que la defensa no habría desautorizado en su recurso de apelación- concluyeron que los primeros cuatro episodios atribuidos al imputado constituyeron un único comportamiento de carácter continuado. Con ello, la eventual supresión de los archivos presuntamente repetidos no hubiera incidido en la escala penal aplicable, ya que no hubiera modificado la cantidad de conductas atribuidas, que fue solo una -esto es, la escala mayor correspondiente al hecho 2 (de 4 a 8 años de prisión), según la regla del art.54, CP-.

En todo caso, la repetición denunciada en la hipótesis de ser cierta podría haber sido relevante para la determinación de la escala penal si las conductas hubieren sido concursadas realmente y, además, si en la forma de concursar hubiere sido tenida en cuenta la cantidad del material poseído y no solo las franjas temporales antes identificadas (v. punto 2).

Por último, la defensa no ha planteado que esta cuestión resulte relevante para analizar la proporcionalidad de la determinación de la pena dentro de la escala aplicada.

8. Un punto aparte merece lo alegado en torno a la violación del principio de legalidad.

8.1. El tipo penal que fue aplicado al caso y no fue controvertido es aquel contenido en el art. 128, CP, cuyo texto sufrió modificaciones en el tiempo, algunas de las cuales tuvieron lugar mientras se desarrollaban las conductas atribuidas al imputado.

En lo que aquí interesa, la ley nº 27.436 entró en vigencia el 23 de abril de 2018 y modificó el texto anterior según la ley nº 26.388. Con la sanción de esta ley se incorporaron a la previsión algunos nuevos delitos y circunstancias agravantes y se incrementaron los montos de las penas en expectativa.

8.2. Ahora bien, la defensa menciona genéricamente que debió aplicarse la ley anterior porque algunas de las imágenes en poder de su asistido databan «del año 2015».

Sin embargo, si el recurrente se refiere a la fecha de origen de los archivos cuya facilitación, distribución tentada, tenencia para distribución o tenencia simple se atribuyó al imputado -esto es, los hechos 1 a 4-, lo cierto es que los jueces explicaron que la imputación comenzó a partir del momento en que se detectó su tenencia y así fue determinada la ley aplicable.La defensa no dirigió ninguna crítica contra esta afirmación.

Por lo demás, para el caso del delito de producción -es decir, los hechos 5 a 8- no ha sido controvertido que en autos fue aplicada a cada fotografía la ley vigente en el momento de su toma de manera tal que no se advierte cuál podría ser la objeción de la defensa en este caso, como, de hecho, ya lo había señalado expresamente la mayoría de la Cámara en su pronunciamiento.

8.3. Sin embargo, al hacer propio el voto parcialmente disidente con unas escasas afirmaciones propias en sentido coincidente, el recurrente introduce la cuestión relacionada con la aplicación de la ley en el tiempo en el caso de la conducta continuada (hechos 1 a 4).

En efecto, tanto el juez de juicio como la Cámara aplicaron a esa «única conducta» la escala penal aumentada del art. 128, CP, según la redacción de la ley nº 27.436, pese a que dos meses de la maniobra allí involucrada, correspondientes al «hecho 1», habrían tenido lugar antes de la entrada en vigencia de la nueva ley -esto es, antes del 23 de abril de 2018-.

Los jueces del caso sostuvieron que los hechos 1 a 4 constituyeron un único comportamiento continuado y esta conclusión, al margen de su acierto o error, no puede ser reexaminada según ya se ha expuesto en el punto 7.1., in fine, de este voto.Dado que no fue controvertido que una parte del delito continuado se desarrolló cuando todavía estaba vigente una ley penal más benigna -esto es, la ley anterior nº 26.388-, la cuestión planteada involucra una discusión constitucional que requiere determinar el alcance del principio de legalidad.

Al respecto, corresponde dilucidar si la prohibición de retroactividad que se deriva de ese principio constitucional demanda que, en este caso, sea aplicada la ley más benigna vigente en el comienzo de la maniobra delictiva o, en cambio, aquella otra (más gravosa) que entró en vigencia durante el transcurso de ese comportamiento.

Por ello, con este específico alcance, corresponde hacer lugar a la queja y tratar el recurso de inconstitucionalidad.

8.3.1. En lo que interesa para el análisis que debemos conducir, el caso presenta dos características distintivas que, analizadas a la luz de los fundamentos en los que suele sustentarse el principio de legalidad, permitirán descartar que la aplicación de la nueva ley contravenga la prohibición de retroactividad.

En primer lugar, ellas permiten descartar que la nueva regulación constituya una construcción normativa ad hoc o dirigida arbitrariamente a alcanzar una conducta pasada, ya que, por un lado, existió una reafirmación de la decisión delictiva aun después de la entrada en vigencia de la nueva ley y, por el otro, esa maniobra es considerada como una conducta única que, por tanto, debe ser regulada por una sola norma -consideración que, en las particulares circunstancias del caso, por las razones expresadas en el punto 7.1., no podría ser alterada sin perjudicar al acusado-.

Por otro lado, quienes ven un fundamento preventivo para el principio de legalidad, deberán considerar que la reafirmación de la voluntad delictiva aun después de la vigencia de la nueva ley -asociada, además, a una maniobra considerada como una conducta única- permite descartar que resulte imposible para el autor prever que la totalidad de su conducta será juzgada en su totalidad bajo la nueva regla.Dicho de otro modo, también teniendo en miras la prevención parece razonable distinguir la situación de aquel que ha completado una maniobra delictiva bajo una ley más benigna, de la de aquel que ha mantenido su voluntad delictiva incluso luego de su reemplazo por la regla más gravosa.

Y esto mismo es lo que decidió la mayoría de la Cámara -con cita de lo dictaminado por el Fiscal ante ese tribunal- al decir que «R. no fue juzgado por acciones que ‘en el momento de cometerse no fueran [delictivas]’ ni se le ha impuesto ‘una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito’ (art. 9, CADH)’», por lo que, añade, «tratándose de conductas que ya se encontraban previstas como delitos en la regulación anterior, es inviable afirmar que el imputado no conocía la prohibición y, tratándose de una modificación sucedida cuando el delito continuado se hallaba todavía en curso, tampoco es posible sostener que R. no podía prever, razonablemente, que la totalidad de su maniobra delictiva sería juzgada de acuerdo con aqu[e]lla».

En definitiva, es posible concluir que la aplicación de la nueva redacción del art. 128, CP no constituyó, en el caso, una infracción al principio de legalidad, en lo que hace a la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal. Una aplicación como la que se realizó es compatible con la prohibición de arbitrariedad que se encuentra en la base de ese principio y no se opondría a una consideración preventiva de su fundamento.

8.3.2. Esto no quita que la circunstancia de que una porción del hecho haya acontecido durante la vigencia de una regla más benigna no merezca ninguna consideración.Si bien la ley aplicable al caso es, según vimos, aquella indicada por los jueces -y, con ello, la escala penal se mantiene inalterada-, aquella particularidad podría ser considerada a la hora de medir la pena para el caso concreto.

Sin embargo, la defensa no ha formulado ningún cuestionamiento sobre la medida de la sanción que permita analizarla, por las razones recién indicadas, con sustento constitucional. Más precisamente, no ha introducido, un cuestionamiento dirigido a la proporcionalidad de la pena fundado en los argumentos discutidos en este punto.

Pese a ello, en cualquier caso, dado el tiempo del hecho abarcado por la norma anterior, su gravitación en la sanción definitivamente aplicable dudosamente resultaría sustancial desde una perspectiva constitucional.

8.4. En definitiva, por las razones aquí expresadas, corresponde hacer lugar a la queja, pero rechazar el recurso de inconstitucionalidad.

9. Por último, el recurrente dirige algunos cuestionamientos a la medida de la pena aplicada.

9.1. Por un lado, la defensa sostiene que la pena aplicada sería desproporcionada «en virtud del sobreseimiento sobre la tenencia de fotos de niñas en la playa con sus trajes de baño, hecho que la Fiscalía y la Querella, al momento de solicitar pena, habían tomado como parte del delito cometido por R.».

Sin embargo, como surge de los párrafos anteriores, la Cámara resolvió reducir la pena a ocho (8) años y seis (6) meses de prisión, en lugar de los diez (10) años originalmente impuestos y, para resolver el punto tuvo en cuenta, justamente, que el juez de juicio había arribado «a la misma pena que la peticionada por la acusación pública que incluía un injusto mayor, representado por el concurso de los dos delitos que fueron descartados».

En definitiva, el planteo de la defensa tuvo acogida favorable ante la Cámara y la defensa no se hace cargo de este punto ni argumenta que la reducción hubiere resultado insuficiente de un modo que pudiere comprometer algún principio constitucional.

9.2.Por otro lado, la defensa se refiere a la aplicación de la pena de inhabilitación perpetua para el ejercicio de la medicina y propone que ella exclusivamente comprenda el «tiempo de la condena». Sin embargo, tampoco logra demostrar la configuración de una cuestión constitucional.

El art. 20 bis, CP, en lo que aquí interesa, establece que, si se condena a una persona por la comisión del delito previsto en el art. 128, CP, «la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión».

Según ya se dijo, no fue conmovida la condena del imputado por la producción de imágenes de niñas menores de edad con fines predominantemente sexuales (art. 128, CP), en razón de las fotografías que habría tomado en su consultorio -hechos 5 a 8-.

La defensa no dirige ningún cuestionamiento claro contra la subsunción del caso en esa regla, ni mucho menos muestra que el entendimiento de los jueces al respecto no constituya una derivación posible de la legislación aplicable a las circunstancias del caso. Con ello, la discusión no excede el ámbito infraconstitucional.

Por otra parte, si bien la defensa afirma genéricamente que la sanción sería «desproporcionada» y afectaría el «derecho al trabajo» del imputado, lo cierto es que no acompañó de ninguna fundamentación esas afirmaciones, de manera tal que resultan insuficientes para considerar que hubiera pretendido dirigir algún cuestionamiento a la validez constitucional de la regla, que es lo único que permitiría apartarse de su aplicación al caso.

10. En suma, por las razones aquí expuestas corresponde hacer lugar parcialmente a la queja con el alcance indicado en el punto 8.3 de este voto y rechazar el recurso de inconstitucionalidad a su respecto.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Intimar al recurrente a que, en el plazo de cinco (5) días, integre el depósito previsto en el art. 33 de la ley nº 402 -dos mil unidades fijas en la ley n° 451 (art. 1 de la ley n° 5.092/14), equivalentes a $ 78.000 (pesos setenta y ocho mil) en función de lo dispuesto en la resolución n° 169/SSJUS/20-.

3. Mandar que se registre, se notifique a la fiscalía, al defensor y personalmente al imputado y, oportunamente, se remita las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

La Sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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