fbpx

#Fallos Evalúe otra vez: Se ordena a la Policía Provincial reiniciar el proceso evaluativo de una mujer policía desde el momento en el que fue interrumpido por el hecho violento perpetrado en su contra por su expareja

Partes: P. M. E. c/ Provincia de Río Negro (Jefatura de Policía) s/ contencioso Administrativo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de General Roca

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 27 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137445-AR|MJJ137445|MJJ137445

Se ordena a la Policía Provincial reiniciar el proceso evaluativo de una mujer policía desde el momento en el que fue interrumpido por el hecho violento perpetrado en su contra por su expareja.

Sumario:
1.-No se le puede achacar a la actora, como un dato en su contra, el estado de violencia ejercido por su expareja, quien no era conviviente al momento de los acontecimientos, por lo que no debía ni podía prever su ataque como sucedió; iniciarle sumario por este hecho, obligarla a defenderse en el trámite, suspenderle el uso y goce de atributos policiales como el uso del arma y del uniforme, han sido todos hechos que la revictimizaron.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-La Policía de Río Negro revictimizó a la actora, dejándola ilegítimamente sin su cargo en la institución, lo que repercutió en su bienestar económico, en la elección de su profesión, en su derecho al trabajo, rompiendo vínculos sociales importantes para su desarrollo personal.

3.-Si el Estado argentino y consecuentemente el Estado provincial debe reconocer que su dependiente, víctima de violencia doméstica, se encontraba impedida de ejercer adecuadamente el derecho humano al trabajo, la conducta convencionalmente esperable era que adapte el período calificativo a la parte del año en la que pudo desempeñarse sin que aquel condicionante fuera de tal magnitud que lo anulara por completo.

4.-Se debió eliminar de su contemplación calificativa a cualquier hecho que fuera consecuencia mediata e inmediata de la violencia de género padecida por la actora, y si la reglamentación establece que el período ‘a prueba’ es de un año, sólo podrá evaluar el tramo en el que la trabajadora pudo desempeñarse con cierta libertad, pero conocido el hecho de violencia, de allí en adelante el criterio de evaluación debe modificarse o anularse totalmente.

5.-La actora, al momento de analizarse su conducta, era una mujer víctima de violencia doméstica que afrontó en absoluta soledad las consecuencias de los daños infringidos por su agresor, quedando sola a cargo de una niña menor de dos años, intentando cumplir con sus obligaciones familiares y laborales, encontrando obstáculos diferentes en el trato recibido por su empleador estatal.

6.-La actora tiene derecho a recibir un trato respetuoso, especial en su condición de víctima de violencia de género, y esta conducta se hace más exigible a autoridades públicas instituidas por la ley como funcionarios.

7.-Impedir que la trabajadora vista su uniforme la obligó a asumir el costo del transporte en colectivo para llegar desde su hogar al lugar de trabajo, con un impacto negativo y directo en sus gastos y merma en sus ingresos.

8.-El acto de violencia de genero sufrido por la actora ha sido considerado en forma negativa para su calificación, lo que repercutió directamente en su no confirmación en el puesto de trabajo en la Policía de Río Negro; se verifica una ausencia total de un tejido social laboral de contención y acompañamiento, lo que, en el caso concreto, resulta una muestra clara de revictimización e indolencia general.

9.-La ha sido víctima de violencia institucional, según el proceder de la demandada que he ido desarrollando y que se corona con el dictado del acto administrativo expulsivo.

10.-La empleadora estaba al tanto de que había violencia sufrida por la actora de parte del padre de su hija y que la hostiga, sin que verifiquen acciones institucionales tendientes a contenerla y buscar soluciones a su realidad de víctima de violencia doméstica; s tal punto fue la apatía institucional, y el compromiso de la actora con su función, que no se evidencia el usufructo de licencias ni permisos de ausentismo con posterioridad al hecho violento que vivió.

11.-El hecho de que la actora haya sido víctima de hechos de violencia de género, por sus características y consecuencias, constituye un elemento a considerar en este caso concreto.

12.-Analizadas las fotografías del lugar, es decir las condiciones de la vivienda; las características de quienes convivían allí, que no eran más que ella y su hija de 2 años; dejar su arma reglamentaria arriba de la heladera aparece como absolutamente razonable y diligente.

13.-La resolución encuentra afectada en el requisito esencial de ‘motivación’, al decidir la baja de la actora en base a antecedentes de hecho que no debía ponderar, provocando así su revictimización y discriminación indirecta.

14.-Ha existido una denegación de un trato digno, se ha negado la calidad de víctima de género de la actora, dejándola sin las protecciones que su condición jurídica le debía proporcionar, resultando el acto administrativo que dispuso su baja, nulo por falta de motivación y en consecuencia arbitrario.

15.-La nulidad del acto administrativo que dispuso la baja de la actora no implicará conferirle estabilidad absoluta, sino que conllevara el derecho a ser evaluada nuevamente sin que se contemplen los antecedentes que resultaron consecuencia de la violencia de género padecida.

16.-Toda vez que la actora estaba en período de prueba, y por lo tanto, no resultaba titular del derecho a la estabilidad absoluta, no corresponderá indemnizarla por el rubro lucro cesante.

17.-Debe admitirse la indemnización del daño moral, ya que la actora fue sometida a una serie de privaciones, carencias y empobrecimiento, como consecuencia de haberle privado del uso de sus atributos policiales y luego, por la pérdida del empleo.

Fallo:
General Roca, 27 de Mayo de 2022

Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: «P. M. E. C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (JEFATURA DE POLICIA ) S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (L)» RO-11788-L-0000; previa discusión de la temática del fallo a dictar con la presencia personal de los jueces, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término al Dr. Juan A. Huenumilla, quien dijo:

Que atento a las características expuestas por la parte actora en el presente proceso y lo que se resuelve a continuación, corresponde anonimizar el nombre de la actora en estas actuaciones.

I. RESULTANDO: 1. Se inician las presentes actuaciones con la demanda interpuesta por la Sra. M.E.P., mediante el apoderamiento del Dr. Diego Filippuzzi y contra la Provincia de Río Negro, reclamando su reincorporación a la repartición policial, así como el cobro de una indemnización.

Relata que la actora inició una relación sentimental con el Sr. Lucas Guzmán en 2011, contrayendo matrimonio en 2012, naciendo posteriormente su hija Y. G.

Describe que en 2013 inició curso de instrucción de la policía, cursando de lunes a sábados de 8 a 20 horas, llegando a su casa a las 21 horas.Describe que además de un sacrificio personal para mantener y hacerse cargo de su familia, fue el sostén económico de su hogar, concluyendo su formación policial e iniciando sus labores el 28-02-2014.

Describe que su cónyuge no aprobaba su labor, siendo moralmente agredida por él, describiendo desavenencias matrimoniales y situaciones de violencia que provocaron que realice una denuncia en el marco de la Ley 3040 en 2013.

Manifiesta que en febrero de 2014 le requirió a su esposo que se fuera del hogar, llevándose todo y asumiendo ella la deuda por unos créditos de ambos.

Agrega que permaneció en contacto con el padre de su hija por el régimen de visitas, describiendo problemas con su ex pareja y hostigamiento de aquél.

Relata un hecho de violencia física ocurrido el 02-07-2014 en la vivienda que alquilaba, donde Guzmán ingresa, la agrede físicamente y la amenaza con el arma reglamentaria, a ella y a la niña. En un descuido logra escapar a la calle y escucha un disparo, regresa al hogar y verifica que el padre de la niña había intentado suicidarse, llama a la ambulancia, falleciendo aquel en el traslado al hospital.

Consecuencia de lo acontecido se inicia una investigación policial y se le secuestra el arma, lo que repercutió en sus ingresos al no poder hacer servicio adicional.

Describe problemas con la familia del occiso.

Informa que se le inició un sumario por negligencia en el uso del arma reglamentaria, que debió ausentarse a su puesto de trabajo en diversas oportunidades para atender a su hija, quien sufrió la pérdida de su padre, describiendo una situación de desamparo frente a la cual requirió la entrega del arma para trabajar en servicios de adicional. Frente a ello decide remitir una carta al Sr.Gobernador, lo que provocó enojo en sus superiores, disponiendo el inicio de un nuevo sumario.

Finalmente, el 30-01-2015 mediante Resolución N° 411 «JEF», notificada el 21-01-2015, se decide no confirmar en el cargo a la actora, y darle de baja, fundada en los sumarios mencionados y las sanciones aplicadas. Recurre dicha decisión administrativa, y al rechazarse su pedido inicia la presente demanda.

Sostiene que la baja adolece de serios vicios, lo que funda en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Describe el fenómeno de «feminización de la pobreza» para apoyar su reclamo.

Denuncia la inconstitucionalidad del Decreto 1466/75 que establece el régimen de reclutamiento policial. Funda el deber de responder del Estado en normas internacionales.

Analiza la validez del acto administrativo, quejándose que no hace mérito de las aptitudes profesionales de la actora, sino de su situación íntima, a su vida privada, denunciando una discriminación al respecto.

Entiende que el acto administrativo padece del vicio de desviación de poder, citando jurisprudencia del STJ y la CSJN.

Tacha de irrazonable el proceder de la autoridad administrativa que la sancionó por no firmar una planilla, por no avisar que iba a inasistir antes del inicio de la jornada, situaciones que entiende cotidianas en el ámbito laboral y no justifican la sanción impuesta.Todo lo contrario, el trasfondo de la cuestión ameritaba un acompañamiento del empleador, por su condición de mujer y madre.

Manifiesta que la situación de haberle retirado el arma a la actora, o de estar sujeta a una investigación penal resulta común para los efectivos policiales, sin que eso justifique en otros casos, la pérdida del puesto de trabajo.

Reprocha que se le endilgue responsabilidad a su mandante por el hecho vivido, donde casi pierde la vida y estuvo en juego la vida de su hija, todo alejado de su función como empleada policial, y que fuera evaluado negativamente en su contra.

Concluye que el acto administrativo expulsivo padece de vicios en la motivación, causa y finalidad, con ilegalidad e irrazonabilidad manifiestas, resultando nulo de nulidad absoluta.

Pasa a fundamentar la procedencia de una indemnización por lucro cesante y daño moral, fundado en la Ley 23.592 y justificado en jurisprudencia.

Cuantifica el lucro cesante considerando el pago de los salarios no percibidos desde la baja, lo que estima en $89.800, a lo que pide agregar el tiempo hasta su reintegro a la fuerza.

En cuanto al daño moral por la violencia institucional vivida, lo cuantifica en $35.000 sujeto a lo que surja de las probanzas de autos.

Funda en derecho. Ofrece prueba. Realiza reserva de caso federal y peticiona.

2. A fs. 53 se tiene presente la demanda iniciada y se ordena dar intervención a la comisión de transacciones judiciales.

3. A fs. 58 se ordena correr traslado de la demanda, presentándose la Provincia de Río Negro a fs. 159/164 mediante el apoderamiento del Dr.Raúl Bidart, solicitando el rechazo su rechazo con costas.

Opone excepción de falta de acción e incompetencia por no haberse agotado la vía administrativa y faltar resolución que cause estado, describiendo el marco normativo pertinente.

Contesta demanda desconociendo toda la documentación agregada en la demanda y niega la veracidad de todos y cada uno de los hechos afirmados por la actora.

En forma particular niega las desavenencias conyugales informadas; que la actora no posea responsabilidad por el apoderamiento y uso del arma reglamentaria por su difunto esposo; que debiera justificarse el incumplimiento de la reglamentación por parte de la actora, en base a su situación conyugal; que la Resolución N° 411/15 de no confirmación implique abuso de autoridad o fuera dictado en violación a derechos constitucionales; que la baja laboral importe una evidente discriminación; la vulnerabilidad económica de la actora; la inconstitucionalidad de la norma impugnada; la absurdidad de las sanciones aplicadas; la existencia de discriminación en el actuar estatal; que resulten aplicables las normas del código civil.

Ofrece prueba y peticiona.

4. A fs. 165 se tiene por contestada la demanda y se corre traslado de la excepción planteada, la que es respondida por la actora a fs. 166/167.

5. A fs. 168 se ordena correr vista al Sr. Fiscal de Cámara en turno.

6. A fs. 169 se acompaña notificación de sobreseimiento dispuesto por el Juzgado Penal N° 20 de Villa Regina, corriéndose traslado del hecho nuevo a la demandada, quien lo evacúa a fs. 173 interponiendo revocatoria, y eventualmente solicitando su rechazo por irrelevante.

7. A fs. 177 se hace lugar a la revocatoria ante la falta de resolución de la excepción previa planteada por la demandada.

8. A fs. 180 se presenta el Dr. Arturo E. Llanos como nuevo apoderado de la demandada.

9. A fs. 188 contesta vista el Sr. Fiscal, resolviendo este Tribunal a fs. 192/193 el rechazo de las defensas planteadas por la demandada.

10. A fs.195 se ordena la producción de la prueba y se fijan las audiencias pertinentes.

11. Consta a fs. 206 la realización de la audiencia de conciliación donde el representante de la actora solicita la suspensión del acto a la espera de la resolución de la causa penal ligada a la presente, lo que fue avalado por la demandada y ordenado por el Sra. Jueza interviniente.

12. A fs. 212/213 se agregaron constancias de la causa penal caratulada «COMISARIA 5ta. VILLA REGINA S/ INVESTIGACIÓN PSTO. SUICIDIO», legajo MPF-VR-00254-2007.

13. Este proceso fue afectado por el receso extraordinario dispuesto por la Pandemia, fijándose audiencia de vista de causa para el 02-11-2020, la que se suspende por las restricciones de circulación, realizándose una audiencia de conciliación, con resultados negativos.

14. El 23-08-2021 se realiza la audiencia de vista de causa en forma remota, declarando las Sras. Rocío Mariel López e Isolina Nélida Salinas, quedando pendiente la prueba informativa al Juzgado de Familia de Villa Regina.

15. El 05-10-2021 la U.F.T. Descentralizada de Villa Regina acompaña el expediente «COMISARIA 5ta. VILLA REGINA S/ INVESTIGACIÓN PSTO. SUICIDIO», MPF-VR-00254-2017.

16. El 14-03-2022 las partes presentan escritos desistiendo del derecho a alegar, solicitando que pasen los autos a despacho para dictar sentencia definitiva, lo que se ordena ese mismo día

17. Realizado el sorteo el 25 de marzo, por auto interlocutorio del 1 de abril y en base a las disposiciones del artículo 16 incisos c) y d) de la Ley 4650, el Tribunal fija una audiencia a los fines de tomar contacto personal con la actora.

Además ordena la remisión de las actuaciones administrativas realizadas por la demandada, descritas en la Resolución N° 411/2015 JEF.

18. El 06-04-2022 se realizó la audiencia con la presencia de la actora, quedando a la espera de la respuesta de la accionada.

19.El 02-05-2022 se reciben por mesa de entradas los expedientes requeridos en la prueba para mejor proveer y se ordena el pase de autos a sentencia, sorteándose el mismo el 13-05-2022.

II. CONSIDERANDO: A. HECHOS: Corresponde a continuación fijar los hechos que considero acreditados, apreciando en conciencia las pruebas producidas, conforme lo establece el art. 53 inc.1º de la Ley 1.504, los que a mi juicio son los siguientes:

1. Contrato de trabajo: Tengo por acreditado que la actora ingresó a trabajar en la Policía de Río Negro el 27-02-2014, luego de aprobar el curso de ingreso correspondiente.

La actora fue dada de baja de la repartición el 21-01-2015, mediante Resolución N° 411/15 JEF.

En estas cuestiones resultaron contestes las partes, y obra como prueba el legajo personal de la actora, adunado por la demandada, a fs. 67/69.

2. Violencia doméstica: Mediante prueba testimonial este Tribunal se informó acerca de la existencia de hechos de violencia doméstica, de los que resultó víctima la actora.

Rocío Mariel López dijo que la actora y su pareja «iban y venían», acusándolo a Guzmán de golpeador y manipulador. Sostuvo que MEP solía tener marcas del maltrato recibido. Describió que mientras la trabajadora hacía el curso de ingreso a la Policía, para mantener su familia, hacia lavado, limpieza y vendía cosméticos. Agregó que los hechos de violencia continuaron luego de la separación de la pareja. Y sobre los hechos posteriores a la muerte de Guzmán comento: «Ella me dijo «.no puede ser que este tipo haya hecho lo que hizo.». Los familiares de el estaban por la calle y se la querían comer cruda. La tuvieron detenida y la nena se la llevó la mamá de él. No le devolvían la ropa de la policía ni la ayudaron cuando él murió. No tenían para comer ni ayuda con su hija.La mitad de su salario era para pagar el sueldo de la niñera y el resto para comer».

Por su parte Isolina Nélida Salinas agregó que en la Comisaría estaban al tanto de los hechos de violencia que padecía MEP, ilustrando que «La situación era que la ex pareja la hostigaba y otra vez se metió a la casa de ella robándole cosas y por esa razón avisó a sus superiores. A partir de eso se mudó. Pero le llevaba la nena a él para que no supiera donde vivía». Sobre estos hechos explicó que Guzmán decía que si M. no era de él, no era de nadie, describiéndolo como posesivo y tóxico.

Sobre la conducta posterior al suicidio dijo que «Ella iba a trabajar a pesar de que le sacaron la ropa y el arma. Viajaba todos los días en colectivo y era un gasto extra. Planchaba para afuera y vendía cosméticos para el alimento de ella y su hija. Ella vivía en Regina y trabajaba en Huergo».

También resulta acreditado que el día 02-07-2014, el Sr. Lucas Paul Guzmán, ex pareja de la actora, se quitó la vida en el domicilio de la Sra. M.E.P.

En el expediente «COMISARIA 5ta. VILLA REGINA S/ INVESTIGACIÓN PSTO. SUICIDIO» (MPF-VR-00254-2017) consta a fs. 22/23, la declaración testimonial brindada por la actora el día 11-07-2015 donde relató «Que el día 02 de Julio pasado, me encontraba en mi casa y siendo las 21.20 hs aprox, me golpean la puerta y al abrir me encuentro con mi ex Guzmán Lucas. El entro y empezó a decirme que quería volver conmigo que el no podía seguir en su casa que quería que volviéramos a ser la familia que éramos. Yo entonces le explique que el siempre iba a ser el papa de Y.(1 año y 10 meses) pero que yo no me iba a obligar a estar con alguien a quien no quería. Ahí seguimos hablando y el me dice que había perdido su celular y que le diera mi numero así el podía contactarme porque el viernes el se iba a llevar a la nuestra hija todo el fin de semana. Ahí entonces le escribi mi nombre y mi numero en un papel. Después seguimos hablando y el insistía en que quería volver conmigo y que nuestra hija tuviera a sus papas juntos. En ese momento bajo a mi hija ya que la tenia en brazos y de repente y de la nada Lucas que estaba detrás mio me agarra del cuello y comienza a ahorcarme. Yo no podía hacer nada porque lo tenia a mis espaldas. Ahí el tropieza y cae cerca de la mesada junto conmigo porque no me soltaba. Pero mi nena se acerco llorando y ahí el me afloja y logro empezar a hablarle y pedirle que se fijara que hacia que pensara en la nena. Y el no paraba de repetir porque lo hacia hacer eso, que me fijara lo que lo hacia hacer. Cuando el me suelta definitivamente saque su brazo de mi cuello y me levanto. Ahí el agarro a la nena en brazos y comenzó a apretarla y yo solo le pedía que soltara a la nena que la estaba asustando.Entonces me acerque a el y le saque a mi nena e intente salir por la puerta del frente pero mi ex pareja saco la llave entonces ahí Sali para una puerta que da a un patio interno pero antes agarre un celular que había arriba de la mesa, un black Berry que mi niñera me había dejado porque el mio andaba mal, una vez ahí pensé que iba a hacer si no tenia salida a ningún lado, mientras le marque a la policía y les dije que mi ex pareja tenia mi arma y que mandaran un móvil, ya que vi que Lucas no se como agarro mi arma de arriba de la heladera y le estaba poniendo el cargador. Ahí empieza a manipularla y me apuntaba diciendo que me iba a cagar la vida que me iba a cagar la carrera que yo no lo iba a dejar. En un momento el sube dos escalones del dúplex de mi departamento y yo solo pensé en irme de ahí con mi hija y pase corriendo para poder abrir la puerta de la calle, la cual gracias a Dios estaba abierta. Pero antes de salir pude ver como Lucas se ponía el arma en el mentón y creo que gatillo pero el arma tenia el seguro puesto. Ya después logre salir a la calle y ahí escuche un disparo. Deje a mi hija en la vereda y al entrar vi a Lucas entre el calorama y la escalera, el agarro y se sentó y como que quiso agarrar el arma que había quedado cerca de el y por eso yo la agarre con una campera de mi hija y la deje arriba de la mesa. Que Lucas se había pegado un tiro en la cara, lo que pude ver es que había mucha sangre y tenia el ojo derecho lastimado o cerrado, no puedo precisar mucho de ese momento. Entonces ahí volví afuera y llame nuevamente a la policía y la ambulancia y espere hasta que apareció el móvil de la policía» (SIC).

3.Sumarios administrativos: Tengo acreditado que este hecho impactó tan fuerte como negativamente en la vida de la actora, con repercusión directa en su trabajo, lo que se verifica en el inicio de los expedientes administrativos que a continuación se detallan:

a. «Agte. (AS-EG) P.M.E. (Legajo Personal N° 13985) S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO por Aplic. Cap. 1°, Art. 2°, inc. a) del R.N.S.A. (Dcto. 32/94) y psta. Transgresión Artículo 72°, Acápite D, Inciso c) del R.R.D.P. (Dcto. 1994/94)».

Aquí se ordenó instruir sumario, en el entendimiento que la actora fue negligente en el resguardo de su arma reglamentaria, pudiendo el Sr. Guzmán acceder fácilmente a la misma.

A fs. 73 se acompañó el informe del Dr. Jean Pierre Lavigne, médico policial que atendió a la actora el 03-07-2014 a las 00,30 hs, diciendo que al examen físico «presenta eritema en cuello anterior y cara lateral, podría corresponder a compresión de cuello con manos». Define las lesiones como leves. Agrega que encuentra a la «paciente al momento del examen c/ labilidad emocional (llanto fácil) en relación a hecho suscitado».

En ese legajo, a fs. 89/95 consta el pliego defensivo presentado por la actora, junto con su defensor el Crio. Juan Carlos González, donde explica circunstanciadamente la falta de responsabilidad administrativa y solicita el sobreseimiento el 16-01-2015.

Ordenada la no confirmación de la Sra. M.E.P. el 26-01-2015, mediante Resolución N° 4188 «JEF» del 14-06-2016, el Sr. Jefe de Policía Dr. Mario Altuna declara extinta la acción disciplinaria y dispone el archivo de las actuaciones.

b. «Agte. (AS-EG) P.M.E. (Legajo Personal N° 13985) S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO por Aplic. Cap. 1°, Art. 2°, inc. a) del R.N.S.A. (Dcto. 32/94) y psta. Transgresión Artículo 72°, Acápite C, Inciso c) del R.R.D.P. (Dcto. 1994/94)».

En este proceso se investigaron presuntas amenazas conferidas por la actora y dirigidas a la Sra.María Angélica Arnaldo, madre del Sr. Guzmán.

El trámite finalizó de la misma manera, mediante el dictado de la Resolución N° 4182 «JEF», en la misma fecha que la anterior.

c. «Agte. (AS-EG) M.E.P. (Legajo Personal N° 13985) S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO APLIC. CAP. 1°, ART. 2°, INC. a) del R.N.S.A. (Dcto. 32/94), PTA TRANSG. CAP.X, ART. 72°, ACAP. A, INC t) del R.R.D.P. (Dcto. 1994/94».

Este trámite se originó por la misiva que la actora entregó al Sr. Gobernador de la Provincia Alberto Weretilneck el 16-07-2014, donde le explicó todo lo vivido por ella en aquellos días.

Constan pedidos realizados a sus jefes, que se sintetizan a fs. 21, de la siguiente manera: «La empleada de marras manifiesta que este requerimiento atiende a necesidades elementales de índole económica, considerando necesario portar el arma reglamentaria y el uniforme para realizar SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL o SERVICIOS DE POLICIA EXTRAORDINARIOS y así mejorar la crisis económica que actualmente atraviesan.

A fs. 69/71 obra el escrito defensivo de la actora con el Crio. González, finalizando el trámite el 31-05-2016 mediante el dictado de la Resolución N° 3817 «JEF» con la misma suerte que las anteriores.

4. Calificación de la actora: Verifico en autos, que el acto de violencia de genero sufrido por la Sra. M.E.P. ha sido considerado en forma negativa para su calificación, lo que repercutió directamente en su no confirmación en el puesto de trabajo en la Policía de Río Negro.

Consta a fs. 95 que el día 05-09-2014, es decir a menos de dos meses de acontecido el ataque y suicidio del Sr. Guzmán, el Comisario José Antonio Casanova evaluó a la actora, y en su «JUICIO CONCRETO DEL CALIFICADOR» sostiene: «El calificado AGENTE (AS-EG) M.E.P. (Legajo Personal N° 13985), hace su presentación en esta Unidad Policial, luego de haber egresado de la Escuela de Suboficiales y agentes con asiento en la ciudad de Villa Regina.Desde el co mienzo fue asignada a tareas de forma diaria, siendo acompañado por un superior, quien lo ha guiado en los quehaceres y obligaciones policiales. Luego de ello paso a integrar uno de los tercios de guardia. Se trata de una empleada policial que en este período calificativo ha demostrado cumplir con las directivas de sus superiores jerárquicos, desarrollando tareas como disponible y oficial de guardia. No obstante presenta inasistencias al servicio lo que hace menos eficaz su rendimiento, y a su vez ha tenido inconvenientes en su vida privada, lo que ha influenciado en el servicio que desarrolla, y ha traído como consecuencia el inicio de actuaciones internas de carácter preliminar, las cuales se encuentran en Asesoría Letrada de la Unidad Regional Segunda, a la espera de resolución. Se la exhorta a revertir esas facetas negativas y se les recuerda que en la Institución Policial existen derechos, pero también obligaciones que llevar adelante y cumplir en forma indeclinable».

La actora se notificó de dicha calificación el día 06-09-2014, obteniendo una nota numérica de 6,70 «Bueno», según consta a fs. 94 vuelta.

En forma posterior, el 21-11-2014 el Comisario Casanova emite el «INFORME DE CONCEPTO PRELIMINAR» de la Sra. M.E.P., donde sostiene:

«COMPETENCIA PROFESIONAL: La mencionada Agente, se hizo presente en esta Unidad Policial, cumpliendo destino, conforme Resolución N° 1399 «JEF» (.) Su primera calificación anual es promedio 06,70 (bueno). Durante su ingreso cumplió tareas propias de su agrupamiento y escalafón, pero a raíz de un hecho en la vida particular, se le debió adecuar tareas, por lo cual su idoneidad y competitividad fue decayendo notablemente, comparado su rendimiento con sus pares, y lo que se espera de un novel empleado policial.

CONCEPTO DE SERVICIO:Desde su ingreso tuvo dificultades para adecuarse y aceptar el sistema imperante, como así también las pautas y directivas que se iban fijando, puesto que al adecuarse sus tareas a su situación policial, la misma ha demostrado con ello actitudes negativas y altibajos en su función, dejando a la vista una imagen propia de un empleado policial inestable e inseguro, percibiéndose y apreciándose conforme la experiencia, que la misma no reúne las características que permiten establecer que en un futuro, desarrolle su labor policial en forma adecuada.

VOCACION POLICIAL: Es un Agente moderno, que cumple sus funciones de acuerdo a la capacidad que posee, no obstante la vocación esta dada por los beneficios propios de pertenecer a la Institución Policial, que la provee de una asignación mensual, una fuente de trabajo estable y otros beneficios. Se refleja en el Agente de mención un claro ejemplo de ello, no existiendo en este caso vocación policial, tampoco profesionalismo en la carrera elegida, observándose que la misma no se encuentra complacida y apta con el trabajo que viene desarrollando.

ADAPTACION AL REGIMEN POLICIAL: Desde su ingreso en esta Dependencia se le han asignado tareas acorde a su agrupamiento y escalafón, registra sanciones disciplinarias, seis (06) días de arresto en su totalidad y el inicio de tres (03) sumarios administrativos por presunta comisión de falta grave. Asimismo registra inasistencias al servicio, destacándose que las mismas son los fines de semana en su mayoría, lo que hace que deba ser reemplazada por otro empleado policial que cumple adecuadamente con sus obligaciones. Se adjunta copia de las inasistencias producidas y copia de los textos radiográficos N° 45, 50 y 57 mediante el cual se comunica el inicio de actuaciones administrativas para con la misma (sumario administrativo por presunta falta grave).

VIDA PRIVADA:Registra el inicio de actuaciones administrativas (sumario administrativo) por la presunta comisión de un hecho, que involucra la utilización de su arma reglamentaria provista por el Estado, en donde en primera instancia la Asesoría Letrada de la Unidad Regional Segunda, dictaminó una ineficiente custodia del arma provista, todo ello debido a que su ex concubino de nombre Guzmán Lucas se apoderó del arma provista del Agente P.M.E. circunstancia que se encontraba franco de servicio, para luego quitarse la vida. Asimismo registra el inicio de actuaciones administrativa (sumario administrativo) por presunta comisión de un hecho en donde estando fuera de la Comisaría, se constituyó en domicilio de la ciudadana Arnaldo María Angélica de la ciudad de Villa Regina, manteniendo un altercado verbal y físico siendo a posteriori denunciada el Agente de marras por el delito de amenazas. También el inicio de actuaciones administrativas (sumario administrativo), por tramitar sin seguir la vía jerárquica, la adquisición del arma reglamentaria, dirigiéndose mediante nota manuscrita en forma directa al Gobernador de la Provincia de Río Negro, para que el mismo le brinde una solución a su situación personal, sin seguir los lineamientos y disposiciones reglamentarias. Registra exposición policial de la ciudadana Rodríguez Marisol Irupe de esta localidad, mediante la cual pone en conocimiento de una deuda que contrajo la empleada policial de marras y en donde se la notificó de dicha exposición. (se adjunta copia certificada).

CONCLUSIONES: Tomando en cuenta los puntos detallados precedentemente, se observa en la misma condiciones desfavorables, no solo por las inadecuada adaptación del Régimen Policial y sus reglamentaciones, sino también en el ámbito de su vida particular. Como perspectiva de futuro se puede determinar que la misma no reúne los requisitos que la Institución Policial requiere, para el desarrollo de su función. Seria conveniente NO CONFIRMAR (.)» (SIC).

5. Violencia institucional: Tengo por acreditado que la Sra. M.E.P.ha sido víctima de violencia institucional, según el proceder de la demandada que he ido desarrollando y que se corona con el dictado del acto administrativo expulsivo.

El 21-01-2015 el Jefe de la Policía de Río Negro, Dr. Fabián Gustavo Gatti, dictó la Resolución N° 411 «JEF», adunada a fs. 120/121, en donde considera: «(.) Que en el informe efectuado por el Comisario (.) se desprende que la empleada policial de mención, ha demostrado poseer escasa responsabilidad en las obligaciones y/o funciones que todo funcionario tiene o debería tener, no solo por no poder adaptarse al Régimen Policial y sus reglamentaciones, sino también en el ámbito de su vida privada. Asimismo registra inasistencias al servicio, sanciones disciplinarias y tres (03) Sumarios Administrativos en etapa de instrucción por presunta comisión de faltas graves; dejando constancia que paulatinamente se fue fijando pautas y directivas, a los fines que la causante revirtiera su conducta, sin llegar a adquirirlos;».

Luego de ello describe que el Comisario propone no confirmar a la actora en el cargo, que usufructuó todas sus licencias y deja constancia de los sumarios administrativos en trámite en la institución.

Y sigue: «Que por lo apuntado y haciendo uso de las facultades conferidas al Comando Superior en el Artículo 31°, Inciso d) de la Ley S N° 1.965, consolidada por la Ley Provincial N° 4.686, procede a no confirmar en el cargo y dar de Baja de la Repartición Policial a la encartada, por la aplicación de lo normado en el Articulo 37° del Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial, (Decreto N° 1.466/75) y sus modificaciones».

Resolviendo: «ARTICULO 1°.- No confirmar en el cargo y dar de baja de la Repartición Policial a partir de la fecha al Agente Provisorio del Agrupamiento Seguridad – Escalafón General M.E.P.(Legajo Personal N° 13.985), conforme al Artículo 37° del Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial, (Decreto N° 1.466/75) y sus modificatorias, de acuerdo a las facultades previstas en el Artículo 31°, Inciso d) de la Ley Orgánica Policial S N° 1.965».

Obra a fs. 126 el acta de notificación a la actora, de la Resolución N° 411 detallada, practicada el 27-01-2015.

A fs. 134/138 se encuentra agregado el recurso de reconsideración presentado por la actora en el que explica su calidad de víctima del suceso personal, sin resultar imputada ni procesada en sede penal.

Explica que luego de aquel suceso, «afronté la situación como pude y con sacrificio cumplí con mi servicio con lo mejor de mí, aun yendo a trabajar sin uniforme (.)».

Más adelante explica sobre la presunta negligencia en el cuidado del arma reglamentaria: «que al momento de lo acontecido vivía sola con mi hija, mi arma reglamentaria se encontraba arriba de la heladera detrás de cajas, estaba descargada y con el seguro puesto y no se encontraba al alcance ya que solo convivía con mi nena. Asimismo, tampoco fui instruida por parte de mis superiores de los lugares exactos en donde debería depositar mi arma reglamentaria en los momentos en que me encontraba franco servicio. Fui víctima de un robo donde casi pierdo la vida y el autor de ese hecho resulta ser mi ex pareja con el que teníamos una hija en común, éste luego de haberse efectuado un disparo con mi arma reglamentaria se produce su deceso, posteriormente esto desencadena una causa judicial en la que solo soy una victima y no me encuentro ni imputada ni procesada».

Se defiende de los sumarios administrativos y sostiene que al no haber sido encontrada responsable en ninguno de ellos, no debería pesar al momento de calificarla, solicitando la revisión de su baja policial.

Obra a fs.146/147 la Resolución N° 3207 emitida por el Jefe de Policía, el 20-05-2015, donde tiene por presentado en tiempo y forma el recurso administrativo y no hacer lugar al mismo, manteniendo los términos del acto administrativo expulsivo.

6. Estado actual de la pretensión de la actora: La actora se hizo presente ante el Tribunal que integro, respondiendo así al requerimiento de tomar contacto personal con ella.

En un testimonio conmovedor y superando las limitaciones del dolor que aún padece, M.E.P. informó al Tribunal que luego de aquellos acontecimientos de los años 2015 y la pérdida de su p uesto de trabajo en la Policía de Río Negro, canalizó su esfuerzo e instrucción por la docencia, estudiando magisterio en el instituto de formación docente de Villa Regina. Que una vez egresada y por la relación conflictiva que vivió con la familia del padre de su hija, debió radicarse en otra ciudad, encontrando trabajo como docente en Bahía Blanca, donde actualmente vive.

No obstante esto, explicó que mantiene la pretensión y vocación por volver a la Policía de Río Negro, remarcando que lo que quiere es sentirse libre para elegir sobre su destino. En ese camino dijo que luego de notificada de la baja, esperó que le vinieran a requerir la entrega del uniforme y del chaleco antibalas, para tener la oportunidad para hablar con sus jefes, pero ello no aconteció. Que entendió que debía devolver el chaleco antibalas para que lo use alguno de sus anteriores compañeros de trabajo, lo que hizo al mes de la baja, pero que al día de la fecha conserva guardado el uniforme, deseosa de volver a usarlo.

Volviendo en el tiempo, recordó que no solo sus jefes no la escucharon, cuando hacia reclamos concretos, sino que en el ambiente de trabajo todos sabían lo que había ocurrido, pero hacían de cuenta que nada había pasado.Claramente no hubo hacia ella una actitud de protección, de cuidados mínimos, todos sabían que ella vivía en Villa Regina y trabajaba en Ing, Huergo, que tenia una niña pequeña y que se había quedado sola.

Se ha perdido aquí toda calidad humana, camaradería, empatía y trabajo solidario que debe primar dentro de la institución, tanto para actos de servicio y frente a terceros, como situaciones de vulnerabilidad, cualquiera fuera el marco que el compañero se encuentre atravesando. Estas cuestiones deben ser esenciales a la filosofía de la policía.

Se verifica una ausencia total de un tejido social laboral de contención y acompañamiento, lo que en el caso concreto, resulta una muestra clara de revictimización e indolencia general.

En audiencia testimonial, Isolina Nélida Salinas dijo que la Comisaría estaba al tanto de que había violencia de parte del padre de su hija y que la hostiga, sin que verifiquen acciones institucionales tendientes a contenerla y buscar soluciones a su realidad de victima de violencia domestica.

A tal punto fue la apatía institucional, y el compromiso de la actora con su función, que no se evidencia el usufructo de licencias ni permisos de ausentismo con posterioridad al hecho violento que vivió. Remarco el hecho de que un día casi muere producto del ataque sufrido, y al otro día fue a trabajar.

Finalmente cabe remarcar que el relato fue absolutamente verosímil para los miembros de este Tribunal. Y cabe consignar que ante preguntas formuladas por los jueces, ligadas a su vida posterior a la baja de la policía, fortalecieron la percepción sobre la resiliencia de la actora y su capacidad de sobreponerse a tanta adversidad.Desafortunadamente, los datos objetivos posteriores y cambios de su historia personal, que hubieran sido interesantes que se introdujeran por vía de la denuncia de «hecho nuevo» -obviamente tarea a cargo de su letrado apoderado-, de fácil acreditación mediante certificado de estudios o titulación como docente y certificación de servicios actuales, si bien lo creímos al momento de formarnos una dimensión de su personalidad, no puede ser introducido por falta de contralor de la parte contraria, debiendo limitarnos a trabajar sobre los acontecimientos anteriores al dictado del acto administrativo expulsivo.

II. B. DERECHO APLICABLE AL CASO: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 53 inc. 2 L. 1.504).

1. JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Por compromiso personal y en cumplimiento del mandato emergente de las normas nacionales e internacionales, asumo el deber de propender al cumplimiento del goce de los derechos humanos de las mujeres, cuestión trascendental en este caso.

La norma marca que ciertos acontecimientos y conductas requieren de aplicar un umbral de sensibilidad especial en los casos en los que se encuentre comprometida una persona víctima de violencia de género. Entiendo que, en mi caso juzgar, como en otros administrar con perspectiva de género implica proceder «viendo» a las partes para proceder con justicia y sin neutralidad.

2. LA ACTORA COMO VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: Está claro que M.E.P. fue víctima de violencia física y psicológica en el ámbito doméstico (según artículo 2. a de la Convención Belem do Para y artículos 5 y 6 Ley 26.485), por parte de quien fuera el padre de su hija, relación que culminó con la muerte violenta de Guzmán.

Esta situación, por sus características y consecuencias, aunque escapa a los alcances de nuestra jurisdicción, constituye un elemento a considerar en este caso concreto.

3. EL ACCIONAR ESPERABLE DEL ESTADO EMPLEADOR:La «Convención Belem do Para» nos proporciona los estándares adecuados para la situación del caso de marras.

En el capítulo de los «DERECHOS PROTEGIDOS», el artículo 5° prescribe: «Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos» (el remarcado me pertenece).

En una publicación especial sobre la violencia doméstica y sus consecuencias, se afirma que las repercusiones que tiene, y específicamente para el caso corresponde decir que impacta sobre el «(.) derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo» (SERIE MUJER Y DESARROLLO, «VIOLENCIA DE GÉNERO: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS», CEPAL 1996).

Entonces, si el Estado argentino y consecuentemente el Estado provincial debe reconocer que su dependiente, víctima de violencia doméstica, se encontraba impedida de ejercer adecuadamente el derecho humano al trabajo, la conducta convencionalmente esperable era que adapte el período calificativo a la parte del año en la que pudo desempeñarse sin que aquel condicionante fuera de tal magnitud que lo anulara por completo.

Me refiero a que se debió eliminar de su contemplación calificativa a cualquier hecho que fuera consecuencia mediata e inmediata de la violencia de género padecida por la actora, y si la reglamentación establece que el período «a prueba» es de un año, sólo podrá evaluar el tramo en el que la trabajadora pudo desempeñarse con cierta libertad, pero conocido el hecho de violencia, de allí en adelante el criterio de evaluación debe modificarse o anularse totalmente.

Y ocurrió todo lo contrario. El accionar de la Policía de Río Negro potenció el malestar de la trabajadora.Aún entendiendo que la provisión del arma reglamentaria es una cuestión que puede justificarse en el hecho de resultar un elemento sujeto a una investigación penal, el hecho que generó una sanción con repercusión sicológica y económica en la actora, fue la prohibición del uso del uniforme.

Impedir que la trabajadora vista su uniforme la obligó a asumir el costo del transporte en colectivo para llegar desde su hogar al lugar de trabajo, con un impacto negativo y directo en sus gastos y merma en sus ingresos.

Debo hacer notar que este proceder violentó uno de los «DEBERES DE LOS ESTADOS», establecido en el artículo 9 de la «CONVENCIÓN» que dispone: «Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad» (el resaltado es mío).

Constan en el expediente los diversos medios por los que M.E.P. puso en conocimiento de su realidad socioeconómica a su jefe directo y hasta al Gobernador de la Provincia, hecho este último que le ocasionó el inicio de un nuevo reproche administrativo.

En este caso se verificó que la actora, al momento de analizarse su conducta, era una mujer víctima de violencia doméstica que afrontó en absoluta soledad las consecuencias de los daños infringidos por su agresor, quedando sola a cargo de una niña menor de dos años, intentando cumplir con sus obligaciones familiares y laborales, encontrando obstáculos diferentes en el trato recibido por su empleador estatal.

4. DERECHO A UN TRATO RESPETUOSO Y DIGNO. REVICTIMIZACIÓN. VIOLENCIA INSTITUCIONAL:El artículo 3 de la Ley 26.485 establece que «Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: (.) k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización».

La actora tiene derecho a recibir un trato respetuoso, especial en su condición de víctima de violencia de género, y esta conducta se hace más exigible a autoridades públicas instituídas por la ley como funcionarios.

En la línea de lo antes dicho, entiendo que este trato especial no se refiere a crear para ella un estatuto distinto al de los demás agentes policiales en período de prueba, pero si adaptarlo a su condición.

Surge con claridad que los superiores de M.E.P.conocían la situación de violencia extrema que padeció, y a esto lo calificaro n como «hechos de la vida privada», estimándolos como desfavorables al momento de calificarla para su continuidad laboral.

Ese valor asignado a los sucesos ocurridos constituye una revictimización de M.E.P., quien debió defenderse de imputaciones absolutamente improcedentes en sede administrativa, obligándola a recordar y argumentar sobre los momentos en que estuvo en peligro su vida y la de su pequeña hija.

Analizadas las fotografías del lugar, es decir las condiciones de la vivienda; las características de quienes convivían allí, que no eran más que ella y su hija de 2 años; dejar su arma reglamentaria arriba de la heladera aparece como absolutamente razonable y diligente.

No se le puede achacar a la actora, como un dato en su contra, el Estado de violencia ejercido por su ex pareja, quien no era conviviente al momento de los acontecimientos, por lo que no debía ni podía prever su ataque como sucedió.

Así las cosas, iniciarle sumario por este hecho, obligarla a defenderse en el trámite, suspenderle el uso y goce de atributos policiales como el uso del arma y del uniforme, han sido todos hechos que revictimizaron a M.E.P.

El Decreto 1011/2010, reglamentario de la norma en aplicación, al respecto dice:»Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro».

En el caso en concreto, lo que se imponía era tratar dignamente a M.E.P., como víctima de violencia sujeta a una investigación penal por el presunto suicidio, y con plena aplicación del principio de presunción de inocencia.

Verifico aquí un caso en el que el Estado, en su faz de empleador, se ha convertido en un agresor para M.E.P. al revictimizarla, siendo aplicable las enseñanzas de la C.I.D.H. al decir:

«297. Adicionalmente, la Corte estima que en el presente caso el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que, tomando en cuenta la definición de violencia contra la mujer adoptada en la Convención de Belém do Pará, constituyeron violencia institucional. En efecto, la Convención de Belém do Pará ha establecido parámetros para identificar cuándo un acto constituye violencia y define en su artículo 1° que «debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado». Asimismo, dicho instrumento resalta que dicha violencia incluye la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (.)».

«299. En consecuencia, este Tribunal determina que los actos revictimizantes llevados a cabo por funcionarios estatales en perjuicio de V.R.P.constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma».

En el caso de autos, la Policía de Río Negro revictimizó a M.E.P., dejándola ilegítimamente sin su cargo en la institución, lo que repercutió en su bienestar económico, en la elección de su profesión, en su derecho al trabajo, rompiendo vínculos sociales importantes para su desarrollo personal.

Entiendo acreditado entonces, que el proceder del Estado empleador, violó el artículo 4 de la «Convención». Allí se establece con precisión que la mujer tiene derecho a «al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones».

El proceder violento contra la actora le ocasionó daños en su integridad psiquica y moral, dejándola sin protección a ella y su hija, sin protección legal, impidiéndole el acceso a cumplir funciones públicas, sin contemplar adecuadamente sus capacidades y limitaciones.

5. REVICTIMIZACIÓN, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN: La «Convención» en su artículo 5 establece el derecho de toda mujer a ejercer, entre otros, sus derechos económicos y sociales, reconociendo los Estados que la violencia en su contra, impide y anula dicho ejercicio.Y en su artículo 6 agrega «el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación».

Seguidamente, el artículo 7 establece como una obligación de los Estados: «a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;».

Estas nociones nos introducen en el análisis del tipo de discriminación que sufrió la actora, fruto del trato revictimizante perpetrado por la demandada.

La ley 23.592 define como acto discriminatorio al que «arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional».

La noción de discriminación abarca dos modalidades, la directa y la indirecta, importando aquí la definición de la última. Así la CIDH tiene dicho que «El concepto de la discriminación indirecta (.) implica que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas. una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique» (Caso Artavia Murillo y otros («Fecundación in vitro») vs. Costa Rica, sentencia del 28 de noviembre de 2012 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), Serie C- 257, párrafo 286).

«El examen de las normas y políticas sobre la base del principio de igualdad efectiva y no discriminación abarca también el posible impacto discriminatorio de estas medidas, aun cuando parezcan neutrales en su formulación o se trate de medidas de alcance general y no diferenciado».

En el caso de las discriminaciones indirectas, hace falta probar el efecto o resultado desproporcionadamente perjudicial que tiene ese criterio sobre un grupo o colectivo.En este caso, acreditar la existencia de discriminación supone aportar datos empíricos que demuestren que el supuesto sesgo «invisible» o «neutral» en la adopción de decisiones tiene un efecto dispar sobre algún grupo o sobre grupos determinados» (CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007, párrafos 90 y 91).

Dicho lo que antecede corresponde analizar la norma aplicada por el Sr. Jefe de Policía al no confirmar en el cargo a la actora.

El Decreto 1.466/75 establece el Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial, que en su artículo 37 establece: «Aprobados los requisitos exigidos y previa firma de un contrato de permanencia mínima, los aspirantes serán nombrados como agentes con carácter provisorio, por un lapso no superior a un año, por resolución de la Jefatura de Policía. Aprobado el curso de aspirantes y evidenciando aptitudes profesionales y vocacionales, el postulante será designado con carácter definitivo, también por resolución de la Jefatura de Policía; en caso contrario será dado de baja».

La norma en sí no resulta violatoria de los derechos de la actora, más su aplicación en el caso concreto importó una discriminación indirecta ya que el efecto perjudicial en M.E.P. se produjo al no considerar la circunstancia trascendental de ser una mujer víctima de violencia de género doméstica, ya que sopesaron para su calificación, hechos que resultaron consecuencias inmediatas y mediatas de la violencia padecida.

Considero probado el efecto perjudicial del acto administrativo, evidenciándose un trato dispar al no calificar adecuadamente a la actora, quien no pudo demostrar su capacidades para el desempeño de la función policial al resultar víctima de violencia de género, que además presencia el suicidio del padre de su hija, y queda sola para continuar con la educación y protección de ella.Toda la prueba colectada, incluyendo el relato de la propia actora en audiencia personal, surge que no contaba con cooperación de su familia por ser disfuncional y conflictiva. Tampoco recibió ayuda de la familia de Guzmán. A todo ello se debe adicionar la actitud revictimizante del empleador (incluyendo a sus superiores y sus pares), quien le prohibió el uso del uniforme como antesala de la pérdida de su calidad de agente policial, y sin arma y sin uniforme le confirió tareas que no posibilitaron demostrar su capacidad para el desempeño del cargo al que aspiraba.

6. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 411 «JEF»: La reglamentación policial le confiere a la autoridad policial una potestad discrecional, para analizar las aptitudes profesionales y vocacionales de la actora, debiendo dar razones de su valoración.

Desde esta perspectiva, el accionar estatal se encuentra afectado totalmente en su validez. No obsta a esta cuestión el hecho de encontrarnos frente a potestades discre cionales del Estado, ya que según lo recuerda la CSJN (según el dictamen de la procuración): «El Tribunal ha reconocido que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión -entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, a la forma, a la causa y a la finalidad del acto (Fallos: 315:1361)- y por otro, en el examen de su razonabilidad, tal como se ha señalado supra».

Mediante el dictado de este acto administrativo la Policía de Río Negro dió de baja la contratación de la actora, fundada en hechos que resultan consecuencias directas de la violencia doméstica sufrida por M.E.P. Cabe recordar que el acto administrativo consideró: «se desprende que la empleada policial de mención, ha demostrado poseer escasa responsabilidad en las obligaciones y/o funciones que todo funcionario tiene o debería tener, no solo por no poder adaptarse al Régimen Policial y sus reglamentaciones, sino también en el ámbito de su vida privada.Asimismo registra inasistencias al servicio, sanciones disciplinarias y tres (03) Sumarios Administrativos en etapa de instrucción por presunta comisión de faltas graves; dejando constancia que paulatinamente se fue fijando pautas y directivas, a los fines que la causante revirtiera su conducta, sin llegar a adquirirlos.».

La ley 2938 en su artículo 12 prescribe los elementos que debe contener todo acto administrativo, siendo relevante para el presente el inciso d: «Deberá ser motivado y contener una relación de hechos y fundamentos de derecho, cuando se trate de un acto administrativo final, y: 1. Decida sobre derechos subjetivos. 2. Resuelva recursos. 3. Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos».

La doctrina define a la motivación como la razón y las circunstancias de hecho y derecho que llevaron al dictado del acto en cuestión, teniendo por objeto exteriorizar las razones que justifican la resolución.

Hutchinson dice: «El requisito de la motivación tiene una mayor importancia en los actos realizados en el ejercicio de facultades discrecionales, pues solamente la motivación de estos actos permite al juez determinar si son o no razonables. La discrecionalidad no es arbitrariedad» (Tomás Hutchinson, Régimen de Procedimientos Administrativos, Ed. Astrea, pág. 89).

En este punto cabe precisar mi comprensión del caso: a partir del 02-07-2014 quedó corroborado que M.E.P. era una persona víctima de violencia de género doméstica, cuestión de hecho que mereció un trato diferencial por parte del Estado empleador, según la normativa convencional, nacional y local descrita a lo largo de los puntos anteriores, siendo titular de los siguientes derechos:al reconocimiento que su calidad de víctima le impidió el desarrollo normal de sus capacidades laborativas; a un trato digno y humanizado en las actuaciones administrativas labradas; a gozar del mismo de remuneraciones alcanzado.

Se patentiza que la Resolución N° 411 «JEF» se encuentra afectada en el requisito esencial de «motivación», al decidir la baja de la actora en base a antecedentes de hecho que no debía ponderar, provocando así la revictimización y discriminación indirecta de M.E.P.

Entonces, si quitamos del acto administrativo todos los antecedentes vinculados directa e indirectamente de la situación de violencia padecida por la actora, nos queda una resolución desprovista de toda motivación.

Habiendo iniciado sus labores febrero de 2014, se presentó a trabajar en la Comisaría de Ing. Huergo el 10-03-2014, M.E.P. ha sido evaluada en dos oportunidades en el año siguiente.

La primera evaluación abarca el período comprendido entre el 12-03 y el 05-09-2014, según consta a fs. 94 y 95, siendo destacable que registra antecedentes negativos posteriores al 02-07-2014 (fecha del mayor hecho de violencia al que fue sometida): un arresto de 3 días por presentar una solicitud de licencia en forma inadecuada el día 14-08-2014; inasistencias al servicio los días 09 y 23-08-2014.

No obstante estas cuestiones, la calificación es buena, registrando una nota de 7.

La segunda evaluación se realiza el 21-11-2014, en donde se verifica que la totalidad de los antecedentes considerados se vinculan, directa o indirectamente con la situación de violencia de género de la que resultó víctima la actora.Remito aquí a la lectura de la transcripción realizada en el punto 4 de los hechos acreditados, bajo el título «INFORME DE CONCEPTO PRELIMINAR».

Asumido entonces que el acto administrativo carece de toda motivación, y considerando que la ley 2938 en su artículo 12 establece que aquella resulta un requisito esencial de la resolución asumida, nos encontramos frente a una resolución nula.

Así lo determina el artículo 19 de la norma descrita, al prescribir: «El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: (.) b) Cuando fuere emitido (.) por violación (.) de las formas esenciales».

Doctrina especializada sostiene que «La ausencia de motivación, al ser ésta un requisito esencial del acto administrativo (.) encuadra en el concepto de forma esencial (.) motivo por el cual su ausencia debe generar la nulidad absoluta del acto» (Julio Comadira, El Acto Administrativo, Ed. La Ley, pág. 118).

Es que la ausencia total de motivación lleva a tachar de arbitrario el accionar estatal, en el entendimiento que la arbitrariedad, extensamente estudiada por el maestro Carrió (adaptando su estudio más allá de las sentencias y comprensivo de todos los actos de autoridad pública), se verifica cuando una autoridad resuelve expresa y deliberadamente contra el derecho aplicable o bien contra los hechos comprobados en su instancia. Es así que la Corte ha sostenido que son arbitrarias aquellas sentencias que no constituyen una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa.

Así, dependiendo del tipo de yerro, analizaba el comportamiento omisivo, la no aplicación de normas pertinentes para el caso concreto, a la luz de los fallos de la Corte Suprema Nacional y concluía que las cuestiones planteadas por la omisión de pronunciamiento fueron resueltas con base en la idea de denegación de justicia. Por ello concluía que cuando la omisión puede tener consecuencias decisivas para la solución del conflicto, tal actitud configura una denegación de justicia incompatible con la garantía de la defensa en juicio del Art.18 de la Constitución Nacional.

En este caso ha existido una denegación de un trato digno, se ha negado la calidad de víctima de género de la actora, dejándola sin las protecciones que su condición jurídica le debía proporcionar, resultando el acto administrativo nulo por falta de motivación y en consecuencia arbitrario.

El artículo 21 de la ley 2938 confiere las consecuencias del acto administrativo nulo, en estos términos: «El acto administrativo de nulidad absoluta, se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviera firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad.

La consecuencia jurídica de esta declaración importará privar de efectos a la Resolución N° 411 «JEF» con efecto retroactivo, al momento de su dictado, reponiendo a la actora a la misma situación en la que se encontraba el momento de su dictado.

7. PRETENSIÓN DE REINCORPORACIÓN A LA POLICÍA: Decretada la nulidad absoluta de la Resolución N° 411 JEF, y considerando los efectos establecidos en el artículo 21 de la Ley 2938, el acto administrativo de nulidad absoluta, se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, con efectos retroactivos.

La actora pretende que por vía de esta acción judicial se defina su reincorporación y confirmación en el cargo, lo que implicaría que este Tribunal ejerza las facultades que el Decreto 1466/75 confiere solamente al Jefe de Policía.

La pretensión de MEP debe ser rechazada, porque proceder como propone implicaría la violación al principio republicano de división de poderes, resultando aquella actividad una competencia exclusiva de la autoridad administrativa mencionada. Así lo ha entendido el STJ «Brizuela» (Se.112/15).

Recapitulando, entiendo que la nulidad del acto administrativo que dispuso la baja de la actora no implicará conferirle estabilidad absoluta, sino que conllevara el derecho a ser evaluada nuevamente sin que se contemplen los antecedentes que resultaron consecuencia de la violencia de género padecida. Tampoco implicará la declaración de ilegalidad del artículo 37 del Decreto 1466/75, sino que se reconoce su aplicación en el caso concreto, con las limitaciones y garantías antes reseñadas. Por lo tanto, la solución pasa por reincorporar a la actora para reiniciar el proceso evaluativo desde el momento en el que fue interrumpido por el hecho violento perpetrado en su contra, por el Sr. Guzmán.

La consecuencia lógico jurídica será que la actora deberá ser considerada como miembro de la Policía provincial, debiendo esta Institución convocarla a prestar servicios, respetando el grado y escalafón que detentaba al momento de ordenarse su baja.

Atento la data de la baja, y los eventuales compromisos laborales asumidos por M.E.P. en la actualidad, la convocatoria a reintegrarse deberá contar con su aceptación. Idéntico razonamiento y solución merece el lugar a cumplir funciones, ya que la actora no reside en Villa Regina, su originario domicilio. A los fines de que las partes puedan acordar tiempo y lugar para la reincorporación, podrán requerir se fije audiencia a esos fines, por ante este Tribunal.

Una vez que reingrese la actora como dependiente de la demandada, deberá completar el pla zo establecido reglamentariamente para analizar su desempeño y dictar un nuevo acto administrativo donde califique las condiciones laborales de M.E.P.sin que entren a tallar en su contra, las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho de violencia de género doméstica del que resultara víctima.

Así se definirá la confirmación o la baja de la actora según las tareas cumplidas desde se ingreso el 10-03-2014 y hasta el 01-07-2014; y desde su reingreso, cumpliendo nueve (9) meses de funciones, es decir hasta el cumplimiento total y efectivo del año de trabajo, cuando será evaluada según los parámetros antes mencionados.

8. REPARACIONES: El artículo 7 de la «Convención» prescribe como obligación del Estado: «g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces».

Tiene dicho la CIDH en aplicación de la «Convención» que: «450. La Corte recuerda que el concepto de «reparación integral» (restitutio in integrum) implica el reestablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado [.], las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas.Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación» (Caso González y otras («Campo Algodonero») Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009).

Se colige que la actora tiene derecho a una reparación integral, la que debe contemplar contenido y oportunidad.

En cuanto al contenido, la indemnización abarca los siguientes rubros:

a. Lucro Cesante: La actora solicita se condene a la demandada a abonarle el lucro cesante en el entendimiento que resulta aplicable la Ley 23.592, considerándose discriminada en su condición de mujer. En ese sentido solicitó el pago de las remuneraciones no percibidas desde la baja y hasta su efectiva reincorporación.

Este apartado obliga a preguntarse si el caso nos presenta a la actora como: a. privada de una ganancia legítima y relativamente cierta; o b. frente a la pérdida de una ganancia en expectativa.

A título ejemplificativo, traigo a colación el análisis realizado por el STJ en el mencionado precedente «Gorostarzu», donde dijo: «El actor ¿puede ser titular de un derecho subjetivo administrativo a la inalterabilidad de su situación cuando la propia norma reguladora de su relación de empleo público sujetó su permanencia en actividad a la posibilidad de que la Administración, en ejercicio de una indiscutible facultad discrecional, disponga su pase a retiro con respeto escrupuloso de las disposiciones normativas que lo permiten? La doctrina italiana los llama derechos condicionados o debilitados. en los cuales los titulares de la posición o situación jurídica en cuestión, gozan hasta un cierto punto de un verdadero derecho subjetivo administrativo que se debilita. cuando eventualmente se da la hipótesis prevista por la norma al ejercer la Administración una potestad discrecional [.]. La concreta causal de retiro. tal como está reglada legal y reglamentariamente [.] constituye una fuente indiscutida de facultad discrecional que conforma la llamada zona de reserva del poder administrador excluida de revisión judicial, salvo desviación de poder.» (Domingo Sesín: «Administración Pública.Actividad Reglada, Discrecional y Técnica. Nuevos mecanismos de control judicial», Lexis Nexis Depalma, 2da. ed., 2004, pág. 389, el subrayado me pertence)» (SIC).

Es que M.E.P. se encontraba designada en la Policía con carácter de provisoria, hasta que fuera confirmada o no por la Jefatura.

Ya he dicho que no es competencia de este Tribunal juzgar sus capacidades para designarla como agente policial, confirmándola en su cargo, por lo que tampoco podemos asumir que ella hubiera percibido un salario de la demandada, con posterioridad al dictado de la Resolución 411.

La doctrina especializada sostiene que «Daño patrimonial o económico es el menoscabo que experimenta el patrimonio de una persona, en sus elementos actuales, o en sus posibilidades normales, futuras y previsibles, a raíz del hecho generador. Importa, necesariamente, un detrimento del patrimonio de la persona, como conjunto de valores económicos, susceptibles de apreciación pecuniaria, para lo cual deben tomarse en consideración todas las circunstancias del caso concreto» (Pizarro – Vallespinos, Tratado de Responsabilidad Civil, Ed. Rubinzal-Culzoni, Tomo I, pág. 134).

En conclusión, entiendo que la «estabilidad» en el cargo público constituye un derecho subjetivo que se incorpora al patrimonio del trabajador dependiente del Estado, siendo así titular de derechos y garantías que, violentadas por el empleador, otorgan la titularidad para reclamar una indemnización. Pero en el caso de M.E.P., al no resultar titular del derecho a la estabilidad absoluta, no corresponderá indemnizarla por el rubro lucro cesante. Este rechazo será sin costas, por entender que la actora se ha podido considerar válidamente titular del derecho que reclama.

b. Daño Moral: En la obra antes citada, se define al daño moral como «una minoración en la subjetividad de la persona humana, derivada de la lesión a un interés no patrimonial.O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (ob. cit. pág. 138).

Desde el plano jurisprudencial, la CSJN en «Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», sentencia del 12-04-2011, dijo: «Que en lo concerniente a la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117 ; 323:3614 y 325:1156 , entre otros).

El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.

La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil.El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (el destacado me pertenece).

Así el daño moral, consecuencia directa del obrar omisivo ilícito del empleador, constituye un rubro encaminado a resarcir el consuelo, es decir mitigar el dolor actual de la víctima.

En este proceso se han colectado datos que corroboran la existencia de un daño moral importante en M.E.P., el que subsiste al día de la fecha, lo que genera la responsabilidad de responder del Estado empleador.

En casos anteriores este Tribunal («Faundez Tapia» 13-02-2019, «Cabrera Silvia» 15-09-2020 y «Ríos Domingo» 01-12/2020), asumió los parámetros del profesor Mosset Iturraspe: «.1. No a la indemnización simbólica; 2. No al enriquecimiento injusto; 3. No a la tarifación con piso o techo; 4. No a un porcentaje del daño patrimonial; 5. No a la determinación sobre la base de la mera prudencia; 6. Sí a la diferenciación según la gravedad del daño; 7. Sí a la atención a las peculiaridades del caso: de la víctima y del victimario; 8. Sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes; 9. Sí a los placeres compensatorios; 10. Sí a sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el general standard de vida.».

En estos actuados me resultan datos importantes a considerar:

a. Que la actora ha sido víctima de dos tipos de violencia, una doméstica y otra institucional por la revictimización a la que fue sometida.

b. Que la demandada debe responder por la violencia institucional de su autoría y responsabilidad.

c.Que la actora ha demostrado vocación de pertenencia a la institución policial, lo que se verificó en la audiencia de conocimiento personal desarrollada en sede del Tribunal. Y en este sentido, haberla dejado sin su función policial ha generado un estado de angustia que se mantiene al día de la fecha, obligándola a trazar otro proyecto de vida, también relacionado con la función pública. Esta cuestión reafirma la anterior premisa.

Dejo sentado que se ha analizado su vocación de servicio policial y no su capacidad, cuestión diferente y que deberá ser analizada por la Jefatura de Policía cuando tenga los elementos para hacerlo.

d. Que la actora sufrió de desarraigo, debiendo mudarse a otra ciudad y provincia, cuestión que parece resultar consecuencia de las dos fuentes de violencia padecidas. Digo lo mencionado porque M.E.P. justificó ese traslado por los problemas que mantenía con la familia del padre de su hija (violencia doméstica) y la necesidad de buscar un nuevo trabajo (violencia institucional).

e. Que la actora fue sometida a una serie de privaciones, carencias y empobrecimiento, como consecuencia de haberle privado del uso de sus atributos policiales y luego, por la pérdida del empleo.

f. Que M.E.P. tenía 26 años al momento de dictarse la Resolución N° 411 «JEF», y viene padeciendo estas afecciones emocionales desde hace siete años.

Todos estos elementos me llevan a propiciar que se haga lugar al rubro reclamado, estimándolo en $1.500.000, importe que llevará intereses del 8% anual desde la fecha del inicio de la violencia institucional, que lo sitúo en el 03-07-2015 y hasta el día 26-05-2022 y no a valores históricos.

Así, al capital de $1.500.000 se deben adicionar $828.164,38 en concepto de intereses, resultando en un total por este rubro de $2.328.164,38.

c. Tiempo de Pago: Aquí debo analizar la oportunidad en que se deberá cumplir con la indemnización dispuesta.Las limitaciones que la congruencia impone, dejan fuera la posibilidad de entrar a analizar la normativa que reglamenta el cumplimiento de pagos de sentencias contra el Estado.

No obstante lo mencionado, corresponderá realizar un llamamiento a la demandada para que, en el caso concreto indemnice a la actora en el plazo que se ordena en la sentencia, con la especial consideración que merece una persona víctima de violencia institucional.

9. OBLIGACIÓN DE CAPACITAR: La «Convención» establece en su artículo 8, una serie de obligaciones para los Estados tendientes a erradicar la violencia contra la mujer. Este caso aparece como una muestra grave de la falta de capacitación de los miembros de la Policía de Río Negro, sobre todo al analizar que toda la actuación administrativa fue protagonizada por jefes de la institución y sus asesores legales, sin que ninguno de ellos advirtiera la necesidad de brindarle un tratamiento diferenciado a M.E.P.

Entiendo recomendable transcribir el artículo 8, que prescribe: «Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

d.suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia» (los remarcados me pertenecen).

Retomando las palabras del inicio del apartado de derecho, frente a la existencia y permanencia de prácticas que producen y reproducen la violencia de género, no podemos permanecer neutrales debiendo asumir resoluciones en dicho sentido.

Así las cosas, y como condena accesoria a la pecuniaria, corresponderá que la Policía de Río Negro:

1. En el término de cinco (5) días hábiles de notificada esta sentencia, publique íntegramente la presente resolución en la Orden del Día, con la finalidad de que el personal policial tome conocimiento directo de estos antecedentes.

2.En el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta sentencia, emita un acto administrativo ordenando el dictado de cursos de capacitación y formación de todo su personal, a los efectos de erradicar la violencia laboral y de género en el lugar de trabajo.

10. COSTAS: Habida cuenta de la forma en que se resuelve el presente, las costas se imponen íntegramente a la demandada (art. 25 ley 1504 y 68 CPCyC). TAL MI VOTO.

Las Dras. Daniela A. C. Perramón y Gabriela Gadano adhiere al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos y razonamientos jurídicos.

Por todo lo expuesto, la CAMARA SEGUNDA del TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, con asiento en esta ciudad;

III. RESUELVE: 1. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda instaurada por M.E.P., y en consecuencia condenar a la demandada Provincia de Río Negro a pagar a la nombrada, en el plazo de DIEZ DIAS de notificada, la suma total de Pesos Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Cuatro con Treinta y Ocho centavos ($2.328.164,38), en concepto de daño moral e intereses determinados al 26-05-2022, debiéndose aplicar desde esta fecha y hasta el efectivo pago los intereses judiciales fijados por el STJRN en la causa «Fleitas»; todo conforme lo explicitado precedentemente. Con costas a la demandada.

2. RECHAZAR la demanda interpuesta por M.E.P. contra la Provincia de Río Negro, por el rubro lucro cesante, según lo expresado en los considerandos, sin costas.

3. ORDENAR a la Provincia de Río Negro, Jefatura de Policía que: a) En el término de cinco (5) días hábiles de notificada esta sentencia, publique íntegramente la presente resolución en la Orden del Día, con la finalidad de que el personal policial tome conocimiento directo de estos antecedentes.b) En el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta sentencia, emita un acto administrativo ordenando el dictado de cursos de capacitación y formación de todo su personal, a los efectos de erradicar la violencia laboral y de género en el lugar de trabajo.

Ambas cuestiones deberán cumplirse bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar a pedido de la parte actora una pena conminatoria (astreintes).

4. COSTAS a cargo de la demandada, regulándose los honorarios del Dr. Diego Filippuzzi, en su condición de apoderado y patrocinante de la actora, en la suma de $391.131 (MB. $2.328.164,38 x 12% + 40%) de conformidad con las disposiciones de los arts. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 38 y 40 de la Ley de Aranceles y con consideración del importe pecuniario del proceso, importancia, calidad y extensión de los trabajos realizados. En cuanto a las labores de los Dres. Raúl Bidart y Enrique Llanos, no corresponde remunerar las tareas profesionales estos letrados de la demandada, atento lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 88 (texto modificado por la Ley K 4739).

Se deja constancia que tales importes no incluyen el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, por lo que, de corresponder, deberán los profesionales dar cumplimiento con las disposiciones de la Resolución General AFIP N° 699/99.

5. Oportunamente, firme que se encuentre la presente, por Secretaría practíquese planilla de liquidación de impuestos y contribuciones, la que deberá abonarse en boleta de depósito bancario, conforme Ley 2716 y Acordadas del STJ 17/2014 y 18/2014, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Código Fiscal.

6. Líbrese oficio al Banco Patagonia S.A. a efectos de que proceda a abrir una cuenta judicial a nombre de estos autos y a la orden del Tribunal, informando en el plazo de cuarenta y ocho horas de recibido el oficio, y al email oficial de este Tribunal camlabroca-s2@jusrionegro.gov.ar, el número de CBU de la cuenta. Cúmplase por Secretaría mediante oficio en formato PDF, con firma digital.-

Hágase saber a la parte que una vez subido al SEON el oficio deberá ser diligenciado por la parte interesada, el asunto deberá decir: «Apertura» – Autos – «Urgent e», debiendo enviarlo a la siguiente casilla de correo electrónico: DepositosJudiciales2dajurisdiccion@bancopatagonia.com.ar.

7. Regístrese, notifíquese a las partes conf. Acordada 01/2021 STJ, Anexo 1, Apartado 8, Inc. a), y cúmplase con la ley 869.

DR. JUAN AMBROSIO HUENUMILLA

-Presidente-

DRA. DANIELA A.C. PERRAMÓN

-Jueza-

DRA. GABRIELA GADANO

-Jueza

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ y se publica en el día de la fecha.

Ante mí:

DRA. MARÍA EUGENIA PICK

-Secretaria-

A %d blogueros les gusta esto: