fbpx

#Fallos Maltrato público: Se sanciona a los agentes públicos que negaron el ingreso al establecimiento de cuidado a un paciente en situación de extrema vulnerabilidad y que agredieron físicamente a la licenciada que lo acompañaba

Partes: P. I. E. y otros c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena jurisdicción recurso de casación

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 8 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137373-AR|MJJ137373|MJJ137373

Se confirma la sanción disciplinaria de varios empleados públicos que se negaron a que se realice el ingreso de un paciente en situación de extrema vulnerabilidad al establecimiento de cuidado en el que trabajaban y que agredieron físicamente a la licenciada que lo acompañaba.

Sumario:
1.-Los estándares de comportamiento de los empleados públicos se vieron menoscabados, ya que un grupo de ellos -los actores- se arrogó la capacidad de determinar las condiciones y requisitos que debían reunir los pacientes para ser recibidos en un hogar en el que prestaban servicio, inventaron un reglamento inexistente que avalaba sus imaginarias aspiraciones normativas, y procedieron a incumplir ostensiblemente las ordenes legítimas del Director de la repartición y desencadenó un muy prepotente e inadmisible despliegue de violencia dirigido a impedir el ingreso a las instalaciones públicas de una persona en ostensibles condiciones de desamparo, cuya atención y cuidado constituyen -precisamente- tanto la razón de ser de dicha institución como la justificación de la relación de empleo público de aquéllos.

2.-La conducta de los infractores asumió contornos absolutamente repudiables por haber sido dirigida contra una persona en situación de grave vulnerabilidad social por carecer de hogar y estar afectada en su salud; ello se agrava por haber sido motivada por razones discriminatorias, las cuales fueron expresadas con despiadada saña al afectado con la evidente intención lastimarlo moralmente y ultrajar sus sentimientos, lo que lamentablemente consiguieron.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-La exigencia correctiva de los empleados y funcionarios públicos implica una garantía concreta y eficaz del cumplimiento de los fines administrativos, ya que las sanciones administrativas provienen de servir a la Administración Pública.

4.-La Licenciada no solo padeció agresiones físicas y verbales, sino que además fue impedida de desempeñar su labor o tarea, restringida en su libertad, desconocida y relativizada en sus afirmaciones; a su vez, fue privada de la documentación que acreditaban sus dichos mediante su sustracción y ocultamiento, montándose en su contra un operativo coordinado por diversas personas para evitar que pudiera defenderse por sí misma.

5.-Los recurrentes denuncian un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el dictado de la sentencia, pero en esta tarea han prescindido de efectuar una crítica concreta, razonada y vinculada a las premisas esenciales sobre las que se apoya el pronunciamiento, siendo sus argumentos inhábiles para revertir el resultado del pleito en tanto constituyen la expresión de su disconformidad con la interpretación proporcionada por la Cámara como sustento de su decisión.

6.-Las apreciaciones de los casacionistas se hallan desvinculadas de los concretos términos del fallo del cual derivan sus pretendidos agravios, incumpliendo con el principio rector en materia recursiva que torna operativo el deber de efectuar una crítica completa y circunstanciada de los fundamentos dirimentes del decisorio atacado, en defecto de lo cual el escrito de impugnación se presenta inhábil para poner de manifiesto un error en la motivación esencial de la sentencia.

Fallo:
Córdoba, VISTOS:

Estos autos caratulados: «P. I. E. Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA – PLENA JURISDICCIÓN – RECURSO DE CASACIÓN» (Expte. N° 1428889)

en los que:

1) A fs. 152/154vta. los co-actores P. I. E. y C. A. M. (cfr. fs. 179/180) interpusieron recurso de casación en contra de la Sentencia Número Ciento cincuenta y cuatro de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (fs. 136/151vta.), que resolvió: «1) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por P. I. E., C. A. M. y Lucas Guillermo Rover en contra de la Municipalidad de Córdoba. 2) Imponer las costas a la parte actora.».

2) La expresión de agravios admite el siguiente compendio:

2.1) Con sustento en el motivo formal de casación (art. 45 inc. b), Ley 7182) los recurrentes acusan el quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el dictado de la sentencia, que resulta arbitraria, ilegítima, irrazonable y carece de la debida fundamentación fáctica y jurídica.

Afirman que la sentencia recurrida resulta arbitraria porque no se han tenido en cuenta los dos argumentos que plantearon en los alegatos que refieren a que el juicio se ha tornado abstracto por no haberse aplicado efectivamente la sanción ni tampoco iniciado los trámites de exclusión de la tutela sindical de C. A. M. y P. I. E.

Advierten que es nula la sentencia en tanto no refiere si la causa ha sido resuelta por mayoría o por unanimidad, dado que el Señor Vocal del primer voto hace referencia a «una demanda incoada contra la Provincia de Córdoba», mientras que el Señor Vocal de del segundo voto resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por «Leonardo Cristian Olmedo».

2.2) Con sustento en idéntico motivo de casación (art. 45 inc. b), Ley 7182) los recurrentes denuncian que la sentencia no se ha detenido a revisar o siquiera a mencionar los vicios denunciados referidos a que:a) no existió orden de internación del Señor P., por lo que si no hay orden no hay incumplimiento; b) el Hogar Padre Lamónaca no se trata de un Hospital ni Centro de Salud sino de un hogar de ancianos; c) los testimonios no fueron rendidos con participación y control de la defensa; d) no es cierto que haya existido agresión, lesiones o abandono de persona ya que no hubo ni hay denuncia penal; e) la declaración del Director del Hogar no es válida porque no se encontraba presente en el momento de los hechos; f) no fue recibida la prueba del supuesto afectado y g) no fue contestada la denuncia de la persecución gremial a los trabajadores y delegados gremiales. Cita doctrina.

Consideran que el acto administrativo sancionatorio cuestionado debe ser invalidado, atento a que ni en el sumario administrativo ni en esta causa existen constancias que acrediten la efectiva configuración de las circunstancias que fueron ponderadas por la Administración para la aplicación de las sanciones.

Alegan que le causa agravio el dictado de la sentencia sin haber tenido en cuenta los planteos oportunamente incorporados al proceso y que pretende aplicar sanciones ya fenecidas, afectando su carrera administrativa, las garantías gremiales y el patrimonio de los demandantes, por lo que deja planteada la inconstitucionalidad. Hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

3) En aquella sede, el procedimiento se cumplió con la intervención de la parte demandada, quien a fs. 157/162 evacuó el traslado corrido (fs. 155), solicitando por las razones que allí expresa que el recurso interpuesto sea rechazado, con costas.

4) La Cámara a quo mediante el Auto Interlocutorio Número Noventa y tres del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis concedió el recurso de casación incoado (fs. 163/164).

5) Elevados los autos a este Tribunal (fs. 167), se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia (fs. 180), expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto en sentido adverso a la procedencia del recurso de casación interpuesto (Dictamen CA Nro:207 del 8 de junio de 2020, fs. 181/184).

6) Una vez dictado (fs. 189) y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, por quienes se encuentran procesalmente legitimados a tal efecto (arts. 45 y 46, Ley 7182).

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.

II) Que, como es sabido, los recurrentes deben impugnar idóneamente los elementos que respaldan la sentencia y explicar en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción que le atribuye. La crítica referida debe ser completa, pues si omiten referirse a elementos esgrimidos en el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso será improcedente (cfr. DE LA RÚA, Fernando, El Recurso de Casación, Bs. As. 1968, Editor Víctor P. de Zavalía, pág.464).

Desde esta perspectiva, debe procederse a la consideración de los agravios planteados a través de la impugnación incoada.

III) Con esa proyección conceptual, los agravios propuestos se exhiben desprovistos de la autosuficiencia y fundamentación necesarias para superar con éxito el preliminar análisis de su admisibilidad formal, desde que los recurrentes denuncian un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el dictado de la sentencia, pero en esta tarea han prescindido de efectuar una crítica concreta, razonada y vinculada a las premisas esenciales sobre las que se apoya el pronunciamiento, siendo sus argumentos inhábiles para revertir el resultado del pleito en tanto constituyen la expresión de su disconformidad con la interpretación proporcionada por la Cámara como sustento de su decisión.

IV) Que, en efecto, los recurrentesse han limitado a reeditar en el recurso de casación sub examine los mismos cuestionamientos formulados en su momento contra el Decreto Número 5848/2009 que dispuso las sanciones, los cuales ya habían sido oportunamente respondidos mediante el Decreto Número 3126/2010 que rechaza la reconsideración y, a su vez, confirmados en sede judicial mediante el resolutorio recurrido.

En efecto, la supuesta inexistencia de la orden del Director del establecimiento, la aludida naturaleza no hospitalaria del Hogar Padre Lamónaca, la sugerida inferencia de que la falta de denuncia penal tendría la virtud por si misma de desacreditar la ocurrencia de agresiones o lesiones, la pretendida invalidez del testimonio del Director de la institución por su ausencia del lugar de los hechos -en contra de lo sostenido por numerosos testimonios recabados-, la pretendida nulidad del proceso sumarial que derivaría de la falta de citación a declarar de la persona a quien le fuera negado el acceso o de la omisión de prueba respecto de sus dolencias o diagnóstico, y la omisión de iniciación de trámites para la exclusión de la tutela sindical de algunos de los sancionados fueron argumentos reiterados sucesivamente y sin mayores modificaciones en el recurso de reconsideración (cfr. fs.38/39vta.), la demanda contencioso administrativa (cfr. fs. 1/6vta.) y el Recurso de Casación (cfr. fs. 152/154vta.). Ello evidencia que los impugnantes no discrepan del resultado del fallo por encontrarlo viciado en alguno de los elementos que sostienen su fundamentación -lo que justificaría el servicio del recurso extraordinario al que han recurrido- sino porque éste decepciona sus expectativas respecto de la invalidez del acto administrativo que ha acreditado el injusto de sus conductas.

Todo ello contrasta con los sólidos sustentos del resolutorio recurrido, que han desvirtuado con irrevocable contundencia las alegaciones ensayadas por los impugnantes, sosteniendo que «.las argumentaciones de los actores en su demanda resultan fútiles.» (fs. 147) porque niegan la existencia de una orden y la presencia del Director cuando aquel «.sí estuvo presente según todos los testigos.» y aquella era «.una decisión -que tal vez los imputados, en su desubicación, pretendían la escribiera y notificara- que nunca pudo ser cuestionada por personal inferior.» (fs. 147/147vta.); que la recepción de la testimonial del Señor P. no resultó necesaria «.ante la presencia de un cúmulo de personas en condiciones de declarar.» que efectivamente lo hicieron y que «.el argumento de la persecución a M. por razones gremiales cae por si mismo al analizarse los pasos del procedimiento y el igualitario tratamiento dado a los imputados.» (fs. 147vta.).

Más aun, la Juzgadora ha sido categórica en el examen de los elementos que trascienden en los verdaderos recaudos que debe guardar un procedimiento sancionatorio, afirmando con precisión que «.el análisis, evaluación y decisión posterior de la Administración, a mi criterio resulta ajustado a los hechos considerados en su justa dimensión, correctamente subsumidos en la normativa aplicable.» (fs. 146vta.), y que «. la imputación, efectuada extensamente a los actores, está dotada de toda la claridad requerida a un acto de este tipo y no pudo generar confusión alguna en sus destinatarios.Los restantes pasos obligados y esenciales a seguir en un sumario administrativo están todos y cada uno presentes con la amplitud necesaria que traduce la existencia de un desarrollo irreprensible.» (fs. 147). De la misma forma, la Cámara a quodesmereció cualquier escenario de duda respecto de la acreditación de la culpabilidad de los infractores, más allá de las inconducentes excusas ensayadas por estos, al sostener que sus responsabilidades requerían solo «.la prueba de que impidieron el acceso del móvil del 108 que venía a dejar un paciente en el Hogar ‘Padre Lamónaca’.» (fs. 148vta.), lo cual fue específicamente admitido por los propios imputados, quienes no solo reconocieron los hechos, sino que pretendieron justificar su actuación mediante afirmaciones desacreditadas por la prueba colectada en autos.

En ese contexto, no merece recibo el agravio conforme al cual cabria tachar la nulidad de la sentencia por no haberse «.tenido en cuenta la forma en que ha sido resuelta la causa.» (fs. 153), toda vez que las inexactitudes que pretende señalar la parte solo constituyen equivocaciones de tipeo que no ofrecen ninguna incertidumbre sobre el sentido del fallo, ni tampoco evidencian de qué manera podría de ellas inferirse un perjuicio para la parte.

Otro tanto corresponde predicar respecto de las alegaciones referidas a la finalización del juicio por haberse tornado abstracta la cuestión principal y a la omisión de requerir la exclusión de la tutela sindical, dado que mediante el propio acto administrativo impugnado se dispuso iniciar dicho procedimiento.

Efectivamente, mediante el artículo 5 del Decreto Número 5848/2009 se autoriza «.a la Asesoría Letrada a solicitar medida cautelar ante el Juez competente a fin de obtener el desafuero de la tutela sindical.» (fs.36).

En definitiva, las apreciaciones de los casacionistas se hallan desvinculadas de los concretos términos del fallo del cual derivan sus pretendidos agravios, incumpliendo con el principio rector en materia recursiva que torna operativo el deber de efectuar una crítica completa y circunstanciada de los fundamentos dirimentes del decisorio atacado, en defecto de lo cual el escrito de impugnación se presenta inhábil para poner de manifiesto un error en la motivación esencial de la sentencia.

V) Que no obstante lo dicho, las particulares circunstancias que rodean el caso, tanto respecto de los hechos que motivaron las sanciones como de los consecuentes procedimiento disciplinario y proceso judicial posteriores, imponen la necesidad de efectuar ciertas puntualizaciones vinculadas al sentido teleológico de la potestad sancionatoria con relación al empleo público, como así también, respecto al tono, las intencionalidades y las manifestaciones vertidas por los infractores, en tanto contravienen los compromisos adoptados internacionalmente a nivel nacional, provincial y municipal sobre la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.

Con relación al primer punto, es preciso destacar que la corrección de las conductas de los agentes públicos importa el sentido estrictamente ético del derecho sancionatorio, el cual exige un comportamiento legal y digno en el cumplimiento de los deberes a fin de mantener el prestigio y el decoro de la función pública (cfr. PALOMAR OLMEDA, Alberto, Derecho de la Función Pública, Ed. Dykinson, Madrid, 1996, p. 504).

Como ha sido puntualizado doctrinariamente, «.La relación de servicio es el contrato de trabajo que tiene un agente de cualquier categoría con el Estado y sus distintas entidades; es una relación del servicio que debe realizar y establece un régimen jurídico de su actividad hacia la Administración. Esta realización efectiva de los agentes públicos crea su deontología y comprende la conducta personal de éstos con respecto a la administración de los distintos poderes estatales y también ante los terceros que tienen relaciones con el Estado.Estas relaciones de conductas de los agentes se asientan en la lealtad, la buena fe y la eficacia.» (FIORINI, Bartolomé «La moralidad administrativa en la Constitución», La Ley 1975-B-730).

Consecuentemente, la exigencia correctiva de los empleados y funcionarios públicos implica una garantía concreta y eficaz del cumplimiento de los fines administrativos, ya que como señala la doctrina «.Todas las sanciones administrativas provienen de un fondo común: servir a la Administración Pública. Este poder exorbitante, la autotutela administrativa, es el fundamento de la potestad sancionatoria no sólo para fijar la existencia de infracción, sino también para restaurar el orden violado, lo que tiene un soporte histórico -como prueba la evolución del Derecho Positivo- y formal por la presunción de legitimidad de los actos administrativos que imponen sanciones, única forma de que prevalezca el interés público frente al privado» (CARRETERO PÉREZ, Adolfo y otro, «Derecho Administrativo Sancionador», Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1995, pág. 77).

Todos aquellos estándares de comportamiento aludidos se ven seriamente menoscabados en el caso que diera lugar a estas actuaciones, donde un grupo de empleados públicos integrado por C. A. M., P. I.E., Edgar Rubén Alí, y Lucas Guillermo Rover, se arrogó la capacidad de determinar las condiciones y requisitos que deben reunir los pacientes para ser recibidos en el Hogar Padre Lamónaca en el que prestan servicio, inventó un reglamento inexistente que avalaba sus imaginarias aspiraciones normativas, y procedió a incumplir ostensiblemente las ordenes legítimas del Director de la repartición y desencadenó un muy prepotente e inadmisible despliegue de violencia dirigido a impedir el ingreso a las instalaciones públicas de una persona en ostensibles condiciones de desamparo, cuya atención y cuidado constituyen -precisamente- tanto la razón de ser de dicha institución como la justificación de la relación de empleo público de aquéllos.

Adicionalmente, y como si la frustración de los objetivos asistenciales de la Administración Municipal no fuera suficiente, debe agregarse que la conducta de los infractores asumió contornos absolutamente repudiables por haber sido dirigida contra una persona en situación de grave vulnerabilidad social por carecer de hogar y estar afectada en su salud. Ello se agrava por haber sido motivada por razones discriminatorias, las cuales fueron expresadas con despiadada saña al afectado con la evidente intención lastimarlo moralmente y ultrajar sus sentimientos, lo que lamentablemente consiguieron.

En efecto, fue comprobado mediante la prueba recolectada en las actuaciones sumariales que los mencionados agentes municipales C. A. M., P. I. E., Edgar Rubén Alí, y Lucas Guillermo Rover se negaron a que se realice el ingreso de un paciente en situación de extrema vulnerabilidad al establecimiento de cuidado en el que trabajan, precisamente por tratarse de un indigente, como si tal dolorosa situación le hubiese situado en un algún grado de inferioridad o convertido en ser indeseable, al menos, a juzgar por las expresiones vertidas en su contra por parte de los agentes sancionados.En concreto, y pese a que durante el sumario intentaron excusar su actitud mediante razones inadmisibles, tales como que a las internaciones no pueden materializarse los días viernes o que están excluidas las personas menores de sesenta y cinco años de edad -todo lo cual fue probado como absolutamente falso-, sus displicencias se evidenciaron mediante manifestaciones agraviantes vertidas mientras impedían el acceso del móvil sanitario que trasladaba al paciente, y que demuestran un inexcusable nivel de intolerancia segregatoria, tales como que «.a ese perro pulguiento no lo iban a dejar aca.» (sic. cfr. fs. 22), que «.este no es un depósito de gente de la calle.» (cfr. fs. 23) o que «.acá todos los perros de la calle pretenden tirarlos aca.» (sic. cfr. fs. 24), dichos estos que fueron confirmados por diversos testigos.

Incluso más, aun cuando se les rogó trasladarse a otro lado para evitar que el paciente escuchara las denigrantes expresiones en su contra, los encartados se negaron y mantuvieron su virulencia durante aproximadamente una hora, lo que acredita su desprecio por los sentimientos de la persona que precisamente debieran proteger.

VI) Que por otra parte, es del caso que los acontecimientos que dieron origen a los actos disciplinarios traídos a revisión en este proceso, asumen tal gravedad que hacen imposible soslayar la necesidad de acudir a las pautas derivadas de los compromisos internacionales contraídos por la República Argentina en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, lo cual sugiere la conveniencia de agregar una categoría de análisis adicional, en la ponderación del mérito de la causa.

Así pues, es preciso adoptar una mirada renovada a la luz del bloque de normatividad que deriva de la operatividad de sistema convencional destinado a prevenir, eliminar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, ya que las circunstancias que motivaron las sanciones administrativas impugnadas se subsumen sin demasiado esfuerzo en las previsiones de -cuanto menos- la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (a la cualle fuera otorgado rango constitucional en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) y la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485).

En este contexto, y de acuerdo al tenor de los textos convencionales aludidos, resulta adecuado expandir los alcances del proceso contencioso administrativo para extender su faz revisora mediante una metodología de análisis complementaria que contemple las asimetrías estructurales de poder y patrones estereotipados propias de las relaciones desiguales que caracterizan las situaciones de violencia contra la mujer, y que se traduzca no solo en nuevos elementos para enriquecer el juzgamiento de las causas que involucren dicho flagelo, sino que también se potencie mediante la posibilidad de reconocer la voz y la palabra de quienes sean sus víctimas, rescatar sus testimonios, asumir las conductas reprensibles sin eufemismos y formular las recomendaciones y exhortaciones necesarias para mejorar la marcha a las administraciones públicas en la materia.

Al respecto, debe recordarse que la Convención Interamericana de Belem do Pará establece en su artículo 7 que «Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; d). adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar oabolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.»

La contundencia de los postulados reseñados, permite afirmar sin temor a dudas que la República Argentina optó por no tolerar, ni minimizar, ni ocultar ni dejar impune la violencia contra las mujeres, todo lo cual debe traducirse en nuevas prácticas y modalidades que se vierten al ámbito del empleo público y propicien un espacio libre de abusos o acosos, a cuyo fin es preciso comenzar por no desmerecer o deslegitimar a la mujer que afirme padecer estas clase de violencias ni relativizar el sufrimiento que exteriorice, y particularmente, evitar su re victimización.

En el caso, las conductas investigadas de los infractores merecieron sus respectivas sanciones disciplinarias, las que fueron confirmadas por la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación mediante el resolutorio recurrido, que -como ya fue apuntado- corresponde sea mantenido en todos sus términos en virtud de las razones aportadas por este Tribunal Superior.

Sin embargo, la gravedad de los hechos acaecidos, tanto en lo que respecta a la actuación desplegada por los agentes sancionados como a la incidencia de la respuesta institucional posterior, amerita que, a la luz de los postulados normativos antes aludidos, se despliegue el alcance del proceso contencioso que nos ocupa, para atender las faz preventiva que proyectan los compromisos internacionales mencionados.

Ante ello corresponde como primera medida detenerse a considerar detalladamente el testimonio de la Licenciada en Psicología M. V., por ser ella la víctima de violencia, en cuanto relata que «.cuando llegaron al Hogar Padre Lamónaca siendo alrededor de las 17:00 hs, se apersonaron unas 6 o 7 personas quienes rodearon el móvil, impidiéndole bajar del mismo, fue agredida verbalmente por este grupo siendo víctima de todo tipo de insultos hacia su honor.A los 5 minutos aproximadamente de haber llegado, logra bajar del móvil y se aleja del móvil unos metros para informarle al grupo respecto del estado del Sr. P., que se trataba de una situación de excepción por el riesgo físico que estaba corriendo, y que se encontraba en silla de ruedas, e incluso hizo referencia de que mediaba una autorización del Director y que habían tomado la precauciones necesarias haciendo asistir al Sr. P. en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende para constatar que no hubiera ninguna enfermedad infecto contagiosa».

Continúa explicando que «.Este grupo hizo caso omiso y le dijeron que «este no es un depósito de la gente de la calle». Aclara que el grupo actuaba de modo muy agresivo, incluso sospecha que los mismos estuvieran alcoholizados. Dentro de este grupo reconoce a uno que se presentó como delegado, y todos lo llamaban con el nombre de ‘Cristian; y también reconoce a otro, un fisioterapeuta cuyo nombre logra visualizar en la chaquetilla que decía «Lucas». Aclara la dicente que no reconoce al resto del grupo ni sus nombres o funciones, ya que ella no presta servicios en ese lugar, simplemente fue a cumplir con dicha derivación ordenada por el Subdirector Nanzer, con autorización del entonces Director Sanz.»

A su vez relata que «.Ante tanta agresión y violencia, por consejo del chofer del móvil, la dicente sube al mismo, y es en ese momento cuando el delegado Cristian se acerca a la ventanilla con insultos y traspasó la misma con golpe de puño cerrado intentando pegarle a la dicente, pero no lo logra. Destaca que dentro de este grupo que impedía la internación del Sr. P., resaltaba la actitud patoteril y violenta del delegado Cristian y de este tal Lucas. Ante esta situación, decide la dicente llevarlo al albergue «Sol de Noche» previa autorización del Director Sergio Lionetto» (fols. 24/25 del Expte. Adm. Nro.206449). Debe recalcarse enfáticamente que en su misma declaración, posteriormente se le consulta si realizó la denuncia penal contra algún agente por los hechos denunciados, a lo que responde «que no, que lo pensó pero el Subsecretario de Salud, Dr. Medardo Ávila Vázquez le sugirióque no la hiciera» (fol. 25 del Expte. Adm.).

A su palabra, que debe ser considerada de manera primordial, se suma el testimonio del Licenciado Federico Nanzer, quien expresa que el grupo de agentes involucrado no dejaban ingresar a la Licenciada M. V. al Hogar y que ella «.era víctima de agresiones verbales e incluso hubo intento de agresión física, ya que la Lic. M. V., al bajar del móvil, el delegado de la repartición cuyo nombre no conoce, le coloca la mano en el cuello mientras le agredía verbalmente, a fin de impedir que ingresara para la internación del Sr. P.» (fol. 23 del Expte. Adm.).

También resulta elocuente la declaración testimonial del Señor Ismael Elías Soria, cuando expresa que «.no sabe quién gritó: ‘Aca todos los perros de la calle pretenden tirarlos acá!’, entonces la chica se bajó de la trafic, y ante lo dicho se puso mal y les dijo que hablaran alejados de la trafic para que el señor que estaba adentro de la trafic no escuchara todo lo que se decía. No le hicieron caso a la chica y siguieron frente a la trafic, entonces es cuando los enfermeros Alí y P. le dicen que no se puede ingresar al paciente porque no poseían insumos, la chica les dice que qué es lo que necesitan, que se lo anoten en una hoja que ella se los iba a traer.», agregando que «no sabe los motivos porque se negaron. Lo que si recuerda es que alguien, no sabe quién, lo trató de perro pulguiento al paciente, incluso después lo vio llorar al paciente.» (fols. 90/90vta. del Expte.Adm.).

A su turno, el Señor Pablo del Coro Primitz expresó que «.pudo ver que Lucas Rover le pide a la chica un papel que cree que era la evaluación médica que le había realizado en otro hospital» y que «ve que Rover tenía el papel y lo ocultaba con la intención de quedárselo, pero que no sabe si se lo devolvió a la chica o que sucedió con el papel. En ese momento de la discusión la chica logra bajar de la trafic, diciendo – Vengan, vengan para acá que no escuche el paciente. El paciente estaba llorando. Que recuerda que la chica les decía que el paciente necesitaba quedarse allí solo por el fin de semana y que se ofrecía a comprar lo necesario en el supuesto que faltaran insumos.», concluyendo que al momento de retirarse finalmente el móvil, vio que «.la chica desde adentro llorando decía: -no, no, está bien.» (fols. 91/91vta. del Expte. Adm.).

Así pues, a partir de la palabra de la víctima, que es coincidente con los demás testimonios citados, es posible reconstruir una situación caracterizada por un catálogo completo de violencias dirigidas en su contra.

La Licenciada M. V. no solo padeció agresiones físicas y verbales, sino que además fue impedida de desempeñar su labor o tarea, restringida en su libertad, desconocida y relativizada en sus afirmaciones.A su vez, fue privada de la documentación que acreditaban sus dichos mediante su sustracción y ocultamiento, montándose en su contra un operativo coordinado por diversas personas para evitar que pudiera defenderse por sí misma.

De igual forma, se puede constatar un alto nivel de violencia institucional en su contra, ya que sufrió la invisibilización de su padecimiento a partir del consejo de las autoridades municipales de no efectuar la denuncia correspondiente, todo lo cual agrava y mantiene la situación de sometimiento, en cuanto se la pretendía confinar a una situación de silencio y se facilitaba la reiteración de conductas similares a partir del sostenimiento de la impunidad de los agresores.

Sin embargo, también debe ponderarse, que una vez efectuada la denuncia por el Director del Hogar de Ancianos, la respuesta institucional asumió otro cariz que implicó el reconocimiento por parte las máximas autoridades municipales de la lúcida actuación de la Licenciada M. V., ya que la misma resolución administrativa que dispone las sanciones en contra de sus victimarios, enfatizó en un párrafo separado que ella si estaba enalteciendo con su trabajo las honda significación del servicio público.

En concreto se expresa que «Merece destacarse la actitud de la Licenciada en Psicología M. V. (.), quien se ocupó personalmente del traslado del paciente, luego intentó convencer a los imputados de que permitieran su ingreso, ofreció comprar los elementos y medicamentos necesarios para realizarle curaciones en el Hogar y debió soportar insultos y violencia por parte de los imputados.» (fs. 32), valorando que «.estas conductas van más allá de su tarea profesional.» (fs. 32) y estipulando que «.se aconseja hacer constar en su legajo su ejemplar comportamiento.» (fs. 33).

Es por ello que corresponde exhortar a la Municipalidad de Córdoba para que, de corresponder, haga efectiva la recomendación expresada a favor de la Licenciada M. V.en el punto h) de las Consideraciones del Decreto Municipal 5848/2009, para que proceda a anoticiarl a de la presente resolución, ya que, por no ser parte en estas actuaciones, podría permanecer desinformada del sentido del resultado final de su conclusión, y, asimismo, para que disponga remitir estas actuaciones a los organismos municipales encargados de la prevención de la violencia contra la mujer, para que por su intermedio se recomienden posibles cursos de acción respecto de la reparación de la situación que motiva los presentes como así de la prevención de su repetición en el futuro.

VII) Que finalmente respecto de las costas, y no existiendo ningún motivo que autorice a apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a los recurrentes (art. 130 del CPCC, aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

Por ello,

SE RESUELVE:

I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Señora P. I. E. y el Señor C. A. M. (fs. 152/154) en contra de la Sentencia Número Ciento cincuenta y cuatro de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (fs. 136/151vta.).

II) Imponer las costas a los recurrentes (art. 130 del CPCC, aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182).

III) Exhortar a la Municipalidad de Córdoba a cumplimentar los recaudos establecidos en punto VI) de los Considerandos de la presente.

IV) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores Verónica Barrios y Martín Bobone -parte demandada- y Natalia Soledad Ferreira y Félix A. Lopez Amaya -parte actora-, por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), en conjunto y proporción, previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el (%) y en el (%), respectivamente, del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del artículo 31 ib.

Protocolizar, hacer saber, dar copia y bajar.

Texto Firmado digitalmente por: SESIN Domingo Juan

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Fecha: 2022.04.08

TARDITTI Aida Lucia Teresa

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Fecha: 2022.04.08

RUBIO Luis Enrique

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Fecha: 2022.04.08

A %d blogueros les gusta esto: