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#Fallos Solvencia dudosa: No aportó ninguna prueba contundente que demuestre que al momento de la compra del inmueble, cuando tenía 29 años, poseía los ahorros suficientes para afrontar la compra del campo y el pago inicial de 100.000 USD, los gastos de la escritura, ni el pago de las cuotas de la hipoteca.

Partes: Gómez Marta Susana c/ Ramírez Carolina Andrea s/ simulación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 2 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137354-AR|MJJ137354|MJJ137354

Se hace lugar a una demanda por simulación porque la demandada no aportó ninguna prueba contundente que demuestre que al momento de la compra del inmueble cuando solo contaba con 29 de años, tenía los ahorros suficientes para afrontar la compra del campo y el pago inicial de 100.000 dólares, tampoco los gastos de la escritura, muchos menos el pago de las cuotas de la hipoteca.

Sumario:
1.-Puede sospecharse la simulación, ya que la solvencia de la demandada aparece dudosa para llevar a cabo una compraventa de un bien de semejante envergadura como es un predio rural y con la constitución de una hipoteca de corto plazo y en dólares; máxime cuando el padre se dedicaba justamente a la actividad agropecuaria e inmediatamente después de la compra tomó posesión del inmueble y ejerció el uso y goce del bien.

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2.-Que los actores alegaran conocer la simulación desde su remoto origen y no objetaran a lo largo de los años la decisión de su padre y cónyuge -respectivamente- de poner el bien cabeza de la coheredera demandada, no les resta legitimación para atacar el acto jurídico, ya que en vida del causante no contaban con ninguna acción legal que les permitiera exigirle otro comportamiento y/o protegerse de sus consecuencias.

3.-Los actores interpusieron la demanda en su carácter de terceros y no como continuadores de la persona del causante y/o como partes del acto simulado, ello así, puesto que reclaman que el acto atacado que fuera simulado por el causante les aparejó un perjuicio de sus derechos hereditarios.

4.-Como los actores actúan como terceros por derecho propio, no resulta exigible en este caso la presentación del contradocumento para probar la simulación, pudiendo valerse de todo tipo de pruebas y presunciones.

5.-Cuando el testigo insiste en que la accionada actuó en el acto de escritura como testaferro de su padre, lo dice también porque tanto las negociaciones previas como la ejecución del contrato -pago de la hipoteca- lo celebró exclusivamente con este y no con aquella.

6.-Tratándose de la simulación por interpósita persona, es necesario que en el acto aparente y querido aparezca un sujeto como parte cuando en realidad no tiene ese carácter por lo que, para hacer caer la escritura en cuestión, es menester accionar por simulación.

7.-La relación existente entre las personas otorgantes del negocio, vinculada generalmente a otras presunciones -carencia de posibilidad económica de una de las partes para celebrar el acto-, y a una causa simulandi -proximidad de un embargo o de una quiebra, etc.-, permite tener por acreditada la falsedad del negocio.

8.-Existe una amplia libertad probatoria en procesos de simulación, en donde incumbe al actor la aportación de elementos que permitan formar convicción sobre lo ficticio del acto que ataca.

9.-Resulta inadmisible que la parte demandada pretendiera probar la solvencia aludida con el testimonio de una sola persona y con las mínimas actividades denunciadas en su responde acreditando sólo tres cuyas fechas y remuneraciones resultan irrelevantes para la compra de un campo.

10.-Los elementos aportados por la accionada no autorizan a tener acreditada la capacidad de ahorro que dijo poseer para la compra del campo, mucho menos acreditó los fondos con los cuales pagó las cuotas de la hipoteca.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de mayo de 2022, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos «GÓMEZ, MARTA SUSANA C/ RAMÍREZ, CAROLINA ANDREA S/ SIMULACIÓN», respecto de la sentencia dictada en autos el 24 de agosto de 2021 (ver aquí), el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente:

Sres. Jueces de Cámara Dres. Converset, Trípoli y Diaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Converset dijo:

I.- Antecedentes.

1) Se presentaron Marta Susana Gómez, Fernando Enrique Ramírez y Hernán Ángel Ramírez, todos por derecho propio, la primera en su carácter de integrante de la sociedad conyugal y los demás como herederos del Sr. Ángel Ramírez, e interpusieron demanda por simulación, colación y reducción contra la coheredera Carolina Andrea Ramírez (hija y hermana respectivamente de los accionantes).

En primer término, solicitaron que se declare la falsedad ideológica por ser simulado el acto de compraventa celebrado en relación al inmueble descripto de la siguiente forma: Dos fracciones de campo ubicados en la Pedanía de Tres de Febrero Departamento Río Cuarto, Pcia de Córdoba: Lote A) según plano de unión y subdivisión de los lotes dos y cinco, conforme medidas y linderos anotados (véase fs. 373 y vta.) y Lote B) designado según el mentado plano, de una superficie mayor denominada campo La Amistad, situado próximo a la Estación Paunero del Ferrocarril Gral. San Martín, de acuerdo a las medidas y linderos referenciados(véase fs.373 vta.); inscriptos en el Registro General de la Provincia de Córdoba, con relación a la Matrícula 391.259 del Departamento de Río Cuarto (24-07) con fecha 22 de octubre de 1996, por escritura N° 205 Sección A ante la Escribana Pública Nacional titular del Registro N° 115 realizada en dicha ciudad, Pedanía y Departamento del mismo nombre, de la Provincia de Córdoba.

De acuerdo a sus argumentos, el bien mencionado se encuentra a nombre de la accionada cuando en realidad fue adquirido y sería de propiedad real del causante Ángel Ramírez.

En segundo lugar, promovieron la acción de colación, toda vez que entendieron que el acto jurídico atacado fue simulado y a favor de herederos forzosos, por lo cual solicitaron que el inmueble en cuestión sea incorporado a la masa hereditaria correspondiente a la sucesión del causante, respetando los derechos gananciales de la viuda y que se impute el 50 % a ella y el resto a las hijuelas de los herederos.

En tercer lugar, con fundamento en que el mentado bien constituye prácticamente la totalidad del acervo hereditario, sin perjuicio de la colación pretendida, interpusieron también la acción de reducción contra la accionada ya que, según entienden, el causante le habría transmitido porciones que exceden la legítima.

Pidieron que la reducción se efectivice hasta la proporción que garantice los derechos que les corresponden en la sucesión de Ángel Ramírez, incluyendo la renta que la demandada habría obtenido de la explotación del campo mencionado, desde la fecha señalada como desconocimiento de los derechos de los peticionarios (01.07.2014) y hasta la resolución que restituya a los mismos en el uso y goce de la totalidad de los derechos reclamados.

En cuanto a los hechos explicaron que el primer día del mes de julio del año 2014 la demandada modificó su conducta, en tanto hasta ese momento reconocía la propiedad familiar del campo objeto de este litigio.En efecto, dicen que a partir de esa fecha, Carolina Andrea Ramírez les impidió que continuaran con la administración conjunta del bien, negándoles su participación económica y comercial.

Relataron que, Ángel Ramírez y la coactora Marta Susana Gómez, contrajeron enlace el 23 de febrero de 1966, y que de dicha unión nacieron los tres herederos declarados: Carolina Andrea Ramírez con fecha 22 de abril de 1967, Hernán Ángel Ramírez el 9 de julio de 1968 y Fernando Enrique Ramírez nacido el 17 de diciembre de 1975.

Destacaron que si bien nunca existió un conflicto que se hubiera traslucido, Ángel decidió cortar la convivencia con la familia en el mes de julio de 1994, retirándose del domicilio de la calle Hualfin 1060 de CABA produciéndose una separación de hecho. Y luego de un tiempo, comenzó una convivencia con otra mujer que no fue la única relación -posteriorque tuvo.

Expresaron que las características de la personalidad propia de Ángel Ramírez produjeron que se mantuviera una fuerte relación patrimonial y familiar con sus hijos y una relación de respeto con quien ahora es su viuda y coaccionante.Insistieron en que nunca se intentó siquiera, por ninguna de las partes, realizar los trámites de divorcio.

Refirieron que Ángel aunque no conviviera cotidianamente, pasaba con su esposa las fiestas de fin de año, Navidad y distintos eventos familiares, como por ejemplo los cumpleaños, y compartían servicios médicos.

Dicen que incluso tenía una extensión de su tarjeta de crédito y que, cuando ocurrieron los accidentes de tránsito -incluso el último que lo llevó a la muerte- su viuda estuvo todo el tiempo a su lado.

Señalaron que esta cuestión de vínculo afectivo fuerte con los hijos y su esposa legítima resultó concordante también desde el punto de vista patrimonial, aunque no le concedió a su esposa una participación concreta en las actividades comerciales que desarrollaba en el campo, pero sí, respetó y cubrió todas sus necesidades de vida.

Sostuvieron que esta situación ocurría básicamente porque en su nueva vida en libertad de pareja, tuvo diversas vinculaciones con las cuales no quería tener que compartir su vida patrimonial.Detallaron que las nuevas parejas que tuvo, sabían que compartía en propiedad el campo con su familia y al estar en manos de sus hijos, no podían participar patrimonialmente de él.

En lo particular, narraron que Ángel Ramírez tenía experiencia agropecuaria ya desde el año 1970, por campos de su propiedad y otros alquilados, y que luego de algunos años de dedicarse a otras actividades, en el año 1996 empieza a buscar otro campo para volver a la actividad agropecuaria y a dichos efectos se reunió con el consignatario de campos Horacio Orlandini, con el fin de que le busque un campo para comprar en la Provincia de Córdoba, ya que era su preferencia.

Tras detallar la operación fallida con un primer campo en la zona de Rio Cuarto, dijeron que Ángel Ramírez y su hijo Fernando Enrique se dirigieron a la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis (lugar en donde se encontraban parando) y que, en una casa donde se hospedaba el consignatario Orlandini, se presentó la oportunidad de manera accidental de comprar un campo de mejor calidad y ubicación, localizado sobre la Ruta 7 a la altura del Km 638.

Indicaron que si bien este campo era de menor superficie que el otro, la calidad productiva era superior al anterior, al punto que el último lo superaba en precio.

Detallaron una anécdota familiar en cuanto a que el campo -en definitiva- se encontró accidentalmente, dado que Orlandini, que se encontraba al teléfono conversando con otro cliente, le pidió al coactor Fernando que estaba cerca de su portafolio, que le saque una carpeta de otro campo.Por curiosidad, se puso a revisar diferentes campos que éste tenía en su portafolio hallando así el campo objeto de marras.

Agregaron que, Fernando junto con su padre se pusieron a verlo y ante la insistencia de su hijo, Ángel accedió a ir a conocerlo, aunque pensaba que ese campo era demasiado para él y que no lo podría pagar.

Dijeron que Orlandini escuchó la charla entre Ángel Ramírez y su hijo y les comentó que ese campo era excelente y que el tema del pago lo iba a poder tratar, ya que el dueño en ese momento era un hombre accesible. Les detalló que el título estaba a nombre de la sociedad «THE MILK S.A.», representada por el señor Miguel Roher, quien era conocido como Michel.

Explicaron que ante el insistente pedido de Fernando más la palabra del consignatario, Ángel Ramírez aceptó visitar el campo. Que esa misma tarde decidieron ir hacia la ciudad de Río Cuarto pasando la noche en la casa de Orlandini con la idea de que al día siguiente conocerían la estancia que se denominaba «LA LEY», nombre que aún hoy conserva.

Manifestaron que, al otro día, se presentó la situación de que Orlandini y Ángel Ramírez, partieron hacia la zona del campo y en su puerta los esperó Fernando, pero la tranquera estaba cerrada con llave y el puestero del campo no se encontraba en el casco, por lo cual les fue imposible ingresar.

Destacaron que esta situación es recordada por Fernando, puesto que al otro día tuvo que volver a Buenos Aires para concurrir a su trabajo.Que en el transcurso de esa semana Ángel, que se había quedado allí, revisó el campo, llamó a sus hijos y les contó que era muy lindo, que ya había tenido una reunión con el dueño y que la operación era factible.

Expresaron que, con la decisión tomada de comprar el campo, Ángel se reunió con su esposa Marta Susana Gómez y con sus hijos Carolina, Hernán y Fernando para compartir la posibilidad de compra. Que para que no haya problemas entre ellos y que todos tuvieran la tranquilidad de que el dinero de la familia no terminaría en manos de otra mujer, les propuso poner el campo a nombre de sus hijos. La familia vio con buenos ojos esa posibilidad y aceptaron la propuesta.

Aseguraron que es ahí donde aparece no como la mejor, sino como la única posibilidad, que la escritura se realizara a nombre de la demandada Carolina Andrea Ramírez, ya que, de los tres hijos, ella era la mayor con 29 años recién cumplidos, y si bien estaba recientemente recibida de abogada y realizando un curso en la Universidad Austral, como ninguno de los hijos podía justificar legalmente ingresos para la compra del campo, la que más se acercaba de los tres era ella.

Por dicha razón, adujeron que Ángel Ramírez dispuso que se pusiera el campo a su nombre, ya que Hernán Ángel Ramírez, aunque había terminado de cursar el profesorado de educación física, con los ingresos de dicha profesión no tenía manera alguna de justificar esa compra, y Fernando Enrique Ramírez era muy chico, ya que tenía en ese entonces 20 años.

Manifestaron que esta situación de poner el campo a nombre de su hija, le daba otra facilidad a Ángel Ramírez como tener un domicilio confiable en la Ciudad de Buenos Aires y una persona que se encargase de las cuestiones meramente administrativas del campo.En efecto, como la demandada ya era abogada, aunque su ejercicio profesional era mínimo porque estaba haciendo un posgrado, eso le permitía «utilizarla» para todo tipo de trámites como pagar expensas, teléfonos, hacer las declaraciones impositivas, realizar el pago a proveedores, el manejo en conjunto de las cuentas bancarias con su padre, etc.

Afirmaron que, sin embargo, mientras Ángel Ramírez estuvo con vida y administró su campo éste fue gobernado por él, sin ningún tipo de injerencia de nadie y como pasaba largas temporadas en dicho predio, le venía bien tener a una persona en la que confiaba para los trámites administrativos, ya que en ese aspecto él nunca se organizó adecuadamente.

Continuaron relatando que, ya con la operación de compra en marcha, viajaron Ángel Ramírez con sus hijos Carolina Andrea y Hernán Ángel Ramírez a la Ciudad de Río Cuarto para presentarse en la escribanía donde se efectuaría la escritura del bien el día 25 de septiembre del año 1996.

Adujeron que, por cuestiones de seguridad y por miedo a sufrir un robo del dinero, es que Ángel decide que su hijo menor Fernando Enrique se quede en la Ciudad de Buenos Aires hasta último momento y que viaje en avión a la ciudad de Córdoba capital con todo el dinero (u$s 120.000). Y su sobrino Pablo Ramírez -que vivía y estudiaba en dicha ciudad- lo estaría esperando en el aeropuerto para trasladarlo en su auto hasta la ciudad de Río Cuarto, donde se encontraban los restantes, para concretar la operación de compra del campo.

Describieron que el acto se llevo a cabo en la escribanía de la notaria Dana Vaquero de Alonso, por el valor en escritura de u$s 450.000, que en ese acto se efectuó un pago inicial de u$s 120.000 y el resto se documentó para ser abonado de la siguiente forma:el día 25 de septiembre de 1997 la suma de u$s 120.000, el día 25 de septiembre de 1998 la de u$s 120.000 y el día 25 de septiembre de 1999 la de u$s 110.000, los cuales fueron garantizados mediante una hipoteca de primer grado por el saldo de precio, que se constituyó en el acto.

Explicaron que por dificultades económicas Ángel Ramírez cumplió tardíamente con todos los pagos, pero en definitiva todo el saldo fue cancelado.

Detallaron que, pocos días después de la compra, la demandada firmó un poder general a favor de su padre Ángel Ramírez que incluía la posibilidad de disponer del bien y lógicamente potestades menores como administrarlo; que con dichos poderes Ángel fue administrando el campo como propio frente al fisco, el SENASA, los clientes y los proveedores, dedicándose a la agricultura y ganadería.

Mencionaron que la situación económica al principio no fue brillante y que Ángel Ramírez, con el correr de los años y a medida que le iban venciendo las cuotas hipotecarias, para afrontarlas, tuvo que refinanciarlas de diferentes maneras. Que debió alquilar algunas partes del campo a empresas o personas, ya que no llegaba a cubrir la cuota, con el riesgo que tenía ya de por sí la actividad agropecuaria y que incluso debió en alguna oportunidad, rentarlo al anterior dueño -Sr. Rohrer- como así también a vecinos de la zona, los Sres. Héctor Laborde y la Sra.Georgina Elisa Richter.

Contaron que, apremiado por la necesidad de cancelar la hipoteca, Ángel también recurrió al auxilio de su hijo Fernando Enrique Ramírez, quien obtuvo un crédito bancario sobre un inmueble a su nombre y ese dinero fue utilizado para disminuir el mutuo hipotecario que era de propiedad indiscutida de su padre, destinando el dinero obtenido a la cancelación del crédito hipotecario sobre el campo familiar.

Apuntaron que dicho crédito otorgado por el Banco de Boston, luego fue cancelado posteriormente con los ingresos del campo familiar aproximadamente en el mes de febrero del año 2000 en la cual se recibió el equivalente de la suma de u$s 50.000. Precisaron que, el dinero obtenido con ese préstamo, fue entregado al acreedor hipotecario cancelando así una parte del saldo de precio y aliviando la situación financiera de su padre.

Dijeron que a partir del año 2003, Ángel tuvo una situación económica más holgada, lo que le permitió vivir y ayudar a sus hijos, quienes colaboraban en la medida de sus posibilidades en la actividad agropecuaria desarrollada por aquel.Que en diciembre del año 2005, Ángel Ramírez sufrió un accidente muy grave en un Renault 19 en la antigua ruta 148 cerca de la ciudad de La Toma en la Provincia de San Luis, donde quedó muy lastimado de las piernas, lo que lo llevó a una recuperación muy larga.

Detallaron que en ese lapso Fernando Enrique Ramírez, que había terminado de cursar una tecnicatura agropecuaria, comenzó a viajar al campo de manera semanal para hacerse cargo de las obligaciones de su padre, utilizando de manera indistinta la chequera bancaria con la que se pagaban los gastos corrientes de la explotación agropecuaria.

Aseguraron que la mayor parte de los cheques de dicha época se encuentran manuscritos por Fernando Enrique Ramírez, y en varias oportunidades la firma de la chequera también es de su puño y letra, lo que prueba la confianza y colaboración que tenía éste en la explotación agropecuaria de su padre.

Añadieron que también concurrían al campo Marta Susana Gómez, Hernán Ángel Ramírez y la aquí demandada, en los tiempos en los cuales la última no discutía el dominio absoluto de su padre sobre el campo y todo fue en ocasión de la construcción de la vivienda familiar que existe en el campo y que fue siempre de uso común de todos los miembros de la familia Ramírez.

Puntualizaron que la demandada en esa época se dedicó exclusivamente a la decoración de la casa por encargo de Ángel.

Siguieron con su narración alegando que en el año 2006, cada vez más limitado por las lesiones producidas por el accidente automovilístico, Ángel le pidió a su hijo Fernando y a su sobrino Pablo Ramírez que armen el plan de siembra para lo cual fue contactado el contratista Carlos Biscardi, por cuestiones circunstanciales y por necesidades económicas concretas motivadas por la enfermedad de Ángel Ramírez, en ese año y entre todos, se decide alquilarle el campo a su ex dueño y todavía propietario de otroscampos en la zona Sr. Miguel Rohrer.

Reiteraron que Ángel Ramírez se manejó desde la fecha de la compra del campo con un poder general de administración y disposición que le fue otorgado por la demandada, apenas unos días después de la compra del bien y todo funcionó perfectamente hasta que la demandada les informó sobre su decisión de tener un hijo.

Detallaron que esta decisión fue informada a sus padres -Marta y Ángel- en el año 2009, y que la futura presencia de una criatura incorporaba derechos a la pareja de la accionada -que nunca fue persona de la preferencia de Ángel Ramírez- por lo cual reclamó a su hija la modificación del estatus jurídico del campo, lo que fue aceptado en esa oportunidad por Carolina.

Dijeron que cuando Ángel puso a nombre de su hija el inmueble rural en el año 1996, ésta era soltera y no tenía descendencia, pero que en el año 2009 y frente a la noticia recibida, dado que los derechos no debían «salirse» de la familia Ramírez, le indicó -a la ahora demandada- que debía realizar una escritura a favor de todos, lo que fue aceptado.

Sin embargo, refirieron que luego de algunas consultas de naturaleza impositiva, para no abonar los costos de la escritura de división en hijuelas del campo e impuestos de compra venta, que recaería totalmente a cargo de ellos, se decidió que la demandada realizara un usufructo vitalicio a favor de Ángel Ramírez, lo que tenía un menor costo, y que en una fecha posterior se decidiría que hacer, ya que nadie imaginaba en ese momento, la trágica desaparición de Ángel Ramírez, en fecha cercana a la constitución del usufructo.

Mencionaron que con ello se consideró protegido el patrimonio y con el tiempo se harían las diligencias divisorias; que dicha constitución de usufructo se realizó mediante la presencia de la escribana en el domicilio particular de Ángel Ramírez, quien se encontraba recuperándose de una de las diversas operaciones que tuvocomo consecuencia de los tratamientos del primer accidente automotor que padeciera.

Argumentaron que, para dichas tareas posteriores de división, en la cual se pretendía crear tres hijuelas del mismo valor económico productivo, Ángel Ramírez le encomendó a su Ingeniero Agrónomo Pablo Damario que realizara una división equitativa, ya que éste contaba con la información y los mapas de rendimiento del campo.

Sin embargo, afirmaron que, la tragedia esperaba nuevamente a Ángel Ramírez y con fecha 10 de mayo de 2012 ocurrió otro accidente automovilístico en el cual sufrió lesiones gravísimas, quedando en coma e internado, primero en la ciudad capital de San Luis durante un mes y luego pudo ser trasladado mediante avión sanitario a la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo internado dos meses hasta que su vida se apagó.

Describieron que entre el 10 de mayo de 2012 y el 18 de agosto de 2012, todas las partes de este expediente estuvieron en forma permanente acompañando a su marido y padre.Que la ahora demandada, reconociendo la existencia de una comunidad económica con su madre y hermanos y para el caso de que ella tuviera algún inconveniente, realizó un documento notarial en el cual consta que toda su familia tenía la capac idad de administración y disposición, tanto del campo como de todas sus propiedades, ya que las mismas tenían el mismo origen, las disposiciones patrimoniales de su padre.

Alegaron que, en el ínterin, el campo fue manejado por los tres hermanos, quienes viajaban cada semana para administrar las cuestiones relacionadas con las cosechas y la administración general, quedando en principio la gestión administrativa a cargo de la demandada y las cuestiones productivas a cargo de los hermanos coactores.

Apuntaron que dentro de las diversas pruebas documentales que acreditan la existencia de dicha presencia a título de dueños, conocida y consentida por la demandada, era que los coactores, hermanos de la demandada, participaban en la expedición de las cartas de porte que se confeccionan para la comercialización del producto del campo.

Afirmaron que igualmente la demandada dejaba en manos de sus hermanos una chequera firmada -que adjuntan como prueba-, que era utilizada para trabajos en el campo, cuyos cheques se llenaban con la letra de los coactores, para tareas relacionadas con el devenir comercial del campo y que eran debitados de la cuenta corriente de la demandada.

Postularon que esta situación de administración común y reversible, se ve en que en una oportunidad se utilizaron facturas del coactor Hernán Ángel Ramírez para justificar cobros que se no se querían denunciar por cuestiones impositivas y que están completadas de puño y letra de la demandada.

Mencionaron que luego del fallecimiento de Ángel Ramírez los costos de la siembra siguiente fueron afrontados con el dinero originado producto de la venta de la cosecha anterior, respetando una dinámica de la producción agropecuaria.

Arguyeron que, con la premisa hasta ese momento de copiar el sistema de producción que tanto le costó y tan buenos resultados le dio a Ángel Ramírez,los tres hermanos siguieron con los mismos empleados, contratistas y empresas de comercialización de granos que utilizaba su padre, casos como el mismo Ingeniero Pablo Damario, el mismo contratista Osvaldo Daniel Bongiovanni, el mismo fumigador José Niderchau, los mismos comerciales de la Compañía Argentina de Granos, los mismos mecánicos, etc.

Señalaron que con la clara intención de seguir sus pasos, se llegó a la siembra de ese mismo año, tarea que realizó el contratista Osvaldo Bongiovani-, el mismo con el cual el año anterior trabajó Ángel Ramírez, cuyas tareas realizó bajo el control en conjunto del ing.

Pablo Damario, Fernando Enrique y Hernán Ángel Ramírez, con el cual trataron de manera cotidiana toda la campaña de siembra y a quien le pagaron con cheques escritos de puño y letra por Fernando Enrique Ramírez, en la chequera de la demandada, que quedaba firmada y afectada a la administración del campo.

Expresaron que la administración económica se hacía en base a las cuentas a nombre de la demandada, básicamente cuenta del Galicia 539-5 367-3 y del HSBC 0703206648, desde la cual se repartían las utilidades que detallaron -al igual la modalidad de transferencia- y se ingresaban los importes necesarios para hacer frente a los gastos operativos, de los cuales estaban encargados los hermanos coactores.

Insistieron en que de la cuenta corriente a nombre de la accionada se abonaba la obra social de su madre -Medicus-, se abonaban las expensas comunes del domicilio de su madre Marta Susana Gómez de la Avda. Del Libertador N°3560 Piso 3 Dpto.D y su celular particular, que estaba incorporado al resto de la flota de celulares que estaban a nombre de la emplazada.

También dijeron que Carolina se hacía cargo de todos los costos de seguros de los automotores utilizados en el campo, como las camionetas GWA 934 y KCA 531 a nombre de su padre y el automotor IIX 450 a nombre del coactor Fernando Enrique Ramírez.

Indicaron que todos estos costos eran afrontados con los ingresos del predio familiar y fueron abonados de manera permanente, desde el fallecimiento de Ángel Ramírez y hasta el momento en el cual la demandada decide negar toda su historia e intentar apoderarse totalmente del campo de su padre.

Advirtieron que esta cuestión rupturista se preanunció cuando la demandada y su marido, que no habían tenido nunca injerencia concreta en la producción agropecuaria, dedicándose a administrar los productos de la producción organizada por los hermanos, intentaron de manera inconsulta tomar decisiones sobre el campo y su manejo, potestad de la que Ángel Ramírez había instruido a sus hijos varones.

Citaron como ejemplo, que un día, a la accionada se le ocurrió que había que despedir sin justificación alguna al contratista que realizaba las tareas de fumigación – Sr.José Niderchau- quien trabajó junto a Ángel Ramírez por más de 10 años y que era un profesional de fuste en la materia, decisión que fue observada por los hermanos actores.

Refirieron que otro de los desencadenantes fue que la demandada, también de manera inconsulta, decidió romper el pacto que Ángel Ramírez tenía con su esposa y actual viuda, Marta Gómez, y en vez de transferirle la suma acordada que en ese momento ascendía a la suma de $7000 pasó a transferirle sumas en forma imprecisa.

Expusieron que, el resultado de todas estas desavenencias, fue que en el inicio del mes de julio de 2014 la demandada y su marido, les manifestaron que ninguna otra persona tenía posibilidades de tener injerencia en el campo, ya que éste era de su propiedad exclusiva, desconociendo formalmente cualquier otra vinculación con su familia de sangre, al punto que le dio instrucciones a la guardia del barrio privado en el que vive, para que impida el ingreso de su madre, hermanos y primos.

Seguidamente, aclararon que la escritura atacada -que instrumenta la compra venta del campo- es formalmente correcta, ya que el notario ha inscripto en ese instrumento lo que las partes le indicaron. Por dicha razón, argumentaron que dicho funcionario no fue citado en autos y que lo que es falso, es el contenido del mentado instrumento.Sostuvieron que este extremo resulta probado mediante la conclusión del sinnúmero de presunciones y pruebas directas aportadas.

Precisaron que la demandada, a la fecha de la adquisición del predio, carecía de recursos para afrontar el pago del precio, ya que recién se había recibido de abogada y estaba cursando un posgrado en la Universidad Austral, y que no tenía trabajo que justificara el pago de los ciento veinte mil dólares iniciales que en realidad provenían de los fondos de su padre.

Reiteraron que el dinero fue transportado en grueso por Fernando Enrique Ramírez y por Pablo Ramírez, y le fue entregado en el lugar del pago al vendedor por Ángel Ramírez, y el resto del efectivo fue llevado por el propio Ángel que viajó acompañado por sus otros dos hijos.

Fundaron que toda la negociación de la adquisición del campo fue realizada por su padre, que fue acompañado por su hijo Fernando, siendo ajena la accionada de todo conocimiento de la operación previa y que, desde la adquisición del campo y hasta su muerte, todos los negocios en el campo fueron desarrollados por Ángel Ramírez, quien desde un principio fue dotado de un amplio poder de administración y disposición de los bienes de la demandada.

Postularon que aun manteniendo el manejo exclusivo, en alguna oportunidad, Ángel, hacía participar a sus hijos, por cuestiones impositivas, pero sin que los mismos tengan real injerencia en la administración comercial del campo.

Sustentaron que, luego del segundo accidente y cumpliendo una manda expresa previa de su padre, la demandada emitió un poder de las mismas características que el otorgado oportunamente a éste, a favor los coactores por cualquier circunstancia que pudiera acontecer y que luego del fallecimiento de Ángel Ramírez, toda la operatoria del campo fue realizada por sus hijos en común hasta principios de julio del 2014, cuando la accionada desconoció los derechos de su madre y de sus hermanos, tratando de prohibirles el ingreso al campo de propiedad familiar.

Reiteraron que todos los ingresos que producía el campo, hasta la muerte de Ángel Ramírez se manejaban indistintamente a nombre de éste, de la demandada y de Hernán Ángel Ramírez, el que en varias oportunidades, aun cuando sus comprobantes fiscales lo indican como profesor de tenis, facturó haber percibido de Miguel Roher la suma de $ 140.0902,99 en concepto de arrendamiento de algunas partes del campo La Ley, que todo era dirigido por Ángel Ramírez para disminuir el impacto impositivo ya que se cobraba en efectivo siendo derivado a las cuentas bancarias.

Precisaron que todos los pagos efectuados por la compra del campo, tanto el inicial como los posteriores, fueron llevados al Sr. Miguel Roher por Ángel Ramírez; incluso cuando éste le cedió el saldo de hipoteca al Sr.

Martín Eduardo Mancioni, y, por ende, la demandada jamás realizó pago alguno.

Especificaron que, todas las contrataciones con respecto a siembra, cosecha, relación con los proveedores y empleados, desde la fecha del fallecimiento de Ángel Ramírez, fueron realizados por los hijos de éste en conjunto y hasta la fecha del desconocimiento realizado por la demandada.

Arguyeron que a raíz de dicha posición, le remitieron una primera comunicación documentada -que transcriben y acompañan- en la cual la intimaron a presentarse a una escribanía para regularizar la situación de titularidad del campo, a la que no concurrió expresando por carta documento que no reconocía ningún tipo de derecho.

Aludieron que, fracasada esta posibilidad y la audiencia de conciliación prejudicial obligatoria, consideran habilitada la vía judicial para solicitar que declare simulado el acto de la compra del campo por parte de la demandada y se incorpore el título al sucesorio de Ángel Ramírez.

En cuanto a las restantes pretensiones, afirmaron que conocidos los motivos por los cuales se ha simulado un acto a favor de un heredero forzoso, corresponde colacionar los bienes recibidos individualmente a la masa partible, a f in de computar el inmueble en el acervo hereditario correspondiente a la madre como ganancial y a los hijos del matrimonio.En síntesis, señalaron que debe computarse en la masa hereditaria, el valor colacionable al caudal relicto, acreciendo la masa hereditaria como si el bien aludido existiese realmente en el patrimonio del causante al momento de su muerte, según las disposiciones a las que hicieron referencia.

Adujeron que la particularidad de la situación que nos ocupa hace que se deba promover conjuntamente con la acción de colación aquella de reducción, pues el bien transferido únicamente a favor de uno de los herederos forzosos e ignorando la ganancialidad del mismo, constituye mayoritariamente el bien que integra el acervo; que si se limitaran a realizar la operación de colación y no la de reducción en la proporción que excede de la porción que les corresponde recibir a cada uno de los herederos, estarían incumpliendo las normas de orden público que imponen la igualdad de éstos y la ilegitimidad de la exclusión sin causa de los legitimarios y que por ello, consideran que corresponde que en la operación particionaria, se restituya, la porción que les corresponde a los actores hermanos de la demandada y se adjudique la parte ganancial que le corresponde a su madre.

2) A su turno, Carolina Andrea Ramírez, contestó la demanda incoada en su contra y solicitó su rechazo, con costas. Seguidamente opuso excepción de falta de legitimación activa y de prescripción como de previo y especial pronunciamiento, respecto de la coactora Marta Susana Gómez.

A todo evento, articuló la defensa de prescripción de la acción de simulación y asimismo acusó la temeridad y malicia al entablar la acción por parte de los actores como de los letrados patrocinantes.Articuló además el planteo de pluspetición inexcusable.

Asimismo, hizo reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por entender que se encuentran conculcados el derecho de defensa en juicio y el de propiedad, ambos de raigambre constitucional.

Acto seguido, negó en forma pormenorizada todos los dichos y pretensiones esgrimidos en el escrito inicial y tras unas extensas consideraciones respecto del libelo inaugural brindó su versión de los hechos.

En el apartado V que tituló «HACIENDO HABLAR AL MUERTO. EL RELATO FABULOSO DE LOS UNOS Y LAS CONSTANCIAS OBJETIVAS DE LOS OTROS» sostuvo que los accionantes -su madre y sus dos hermanos- se confabularon en su demanda para hacer decir al causante -Ángel Ramírez- lo que no puede contestar y que, la atribución de conductas y el relato formulado en el libelo son funcionales a las pretensiones intentadas.

Sostuvo que, todo el resto de los actores de «este drama singular» (sic) están muertos.

Apuntó que -al momento de su réplica- el señor Horacio Orlandini, intermediario inmobiliario, falleció hace casi ocho años, el 26/11/2007, que el señor Mancioni, cesionario de la deuda hipotecaria con la cual se adquirió el campo falleció el 28/07/2007; y que su padre, el causante y ahora acusado de simulador, murió hace tres años. Argumentó que estos elementos resultan de convicción suficiente como para rechazar la demanda, con expresa imposición de costas a la contraria.

Seguidamente, en acápite aparte, afirmó que en los autos caratulados «Ángel Ramírez c/ Natali Guillermo y otros s/ daños y perjuicios» en trámite ante los Tribunales Ordinarios de Córdoba Civil y Comercial N° 11 (Exp.N° 1291172) se reclamó la indemnización por los graves daños físicos y psicológicos sufridos por el causante en ocasión del accidente de tránsito sufrido el 10/12/2005.

Dijo que la existencia de esta contienda judicial fue oportunamente denunciada por los herederos y la cónyuge supérstite en ocasión de iniciar el juicio sucesorio de Ángel Ramírez en trámite por ante el mismo juzgado, toda vez que sobre el monto de la condena, la coactora Marta Susana Gómez tendría derecho sobre el 50% y los hijos un tercio cada uno sobre el restante 50%.

Señaló que en el citado juicio por daños y perjuicios, iniciado en fecha 07/06/2007, del escrito de demanda presentado por el causante -Ángel Ramírez- a través de su apoderado, resulta que dijo que el actor tenía como actividad principal la cría de ganado bovino -inscripto en la AFIP desde el 02/98- y como actividad secundaria el cultivo de soja, maíz, trigo y cría de ganado -inscripto en la AFIP desde 10/04-.

Aseveró, además, que surge de ese escrito que antes del accidente referido el causante trabajaba administrando y explotando tanto en ganadería como en agricultura, un campo ubicado en Pedanía 3 de Febrero, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de propiedad de la señora Carolina Andrea Ramírez.

Afirmó que dicho aserto releva de mayores comentarios, dado que el propio Ángel Ramírez sostuvo en un expediente judicial que lo tuvo como actor que el campo objeto de ese debate es de su hija.

Sobre el particular, destacó la accionada que adquirió el inmueble rural objeto de demanda simulatoria en el año 1996 y que el causante, reconoció expresa y excluyentemente que el campo que administraba y explotaba era de su hija.Que los coactores pretenden hacer decir al causante lo que nunca dijo y le confieren intenciones que nunca tuvo.

Agregó a ello que el señor Miguel Rohrer, representante de «The Milk S.A.» -vendedora del inmueble rural objeto de demandabrindó su testimonio bajo juramento de decir verdad en los autos antes citados, y allí declaró que conocía Ángel Ramírez desde el año 1996 por haberle vendido un campo a su hija.

Alegó que en el trámite sucesorio de su padre, caratulado «Ramírez, Ángel s/Sucesión Ab Intestato» (Exp. N° 78.558/12), iniciado el 27/09/2012 y en trámite por ante el mismo juzgado, todos los herederos reconocieron expresamente la inexistencia de otros bienes al momento de iniciar dichas actuaciones.

Afirmó que de la mera compulsa de ese proceso surge que entre los bienes denunciados por sus herederos y cónyuge supérstite no aparece el ahora bien inmueble atacado de simulación ni surge de la presentación de los herederos que hubieran efectuado reserva o manifestación alguna sobre el particular.

Precisó que de la demanda surge que todos los actores reconocieron haber estado en el conocimiento pleno, contemporáneo y continuado del acto que ahora reputan insincero, y que se afirmó que hasta los primos, sobrinos y tíos estaban en perfecto conocimiento de ello, por lo que resulta al menos curioso que el planteo no hubiera sido introducido en ocasión de formar el juicio sucesorio.

Adujo que conforme se desarrollara en los puntos precedentes, se tiene la «voz» del causante que expresamente reconoce como propio

de la demandada el bien inmueble objeto de reclamo once años después de celebrado el acto supuestamente insincero, a lo que suma la declaración de Michel Rohrer que también la sindicó como propietaria.

Arguyó que es claro que su padre, como parte del pretendido acto simulado, nunca accionó por simulación contra su hija y tampoco su cónyuge Marta Susana Gómez en pleno, total y efectivo conocimiento del acto contra el que ahora se alza, nunca jamás demandó a su esposo por simulación,divorcio vincular, separación judicial de hecho ni ninguna otra acción, y tampoco demandó a su hija por la misma causa.

Tampoco hicieron lo suyo los restantes coherederos.

Del mismo modo, adujo que durante casi veinte años nadie disputó ni atacó como simulado el acto objeto de demanda y que los dieciocho años de inacción asertiva es un lapso asimilable a «un largo período de tiempo», en palabras de nuestro más Alto Tribunal, donde la interpretación dada por todos los involucrados no sólo fue constante, sino unívoca.

Reseñó como antecedentes dos cuestiones; la primera, que resulta de las graves conductas delictivas perpetradas por los ahora actores contra su persona, en orden a procurarse medios de prueba y/o ocultar y/o destruir aquella que les resultara contraria. Y la segunda, es que el acto atacado ahora por insincero fue celebrado el 25/09/1996, y la obligación de conservar la documental y los papeles de trabajos respaldatorios, tales como los comprobantes y documentos que acrediten las operaciones vinculadas a la materia imponible, se encuentra largamente extinguida.

Arguyó que la obligación de conservar la documentación respaldatoria cesó el 22/09/2006 y que la obligación de conservar la documentación vinculada con la actividad previa a dicha fecha y que le permitió acumular el capital inicial necesario para adquirir el citado inmueble rural, cesó muchísimo antes, porque en algunos casos se está hablando de actos celebrados hace 26 años, poco más que la mitad de su vida.

Argumentó que, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba a fin de demostrar la honestidad y sinceridad del acto en el que intervino, la eventual ausencia de documentos respaldatorios se debe a la aplicación de un mandato legal y que en modo alguno puede ser interpretado en su perjuicio ni constituir una presunción en su contra.

Señaló que quien se ha ajustado a la ley que la releva de conservar dicha documentación más allá de los plazos ordenados, estaría en una posición disvaliosa por el sólohecho de observar lo que la ley manda, lo que a todas luces sería un escándalo jurídico que atentaría contra el derecho de propiedad y de defensa en juicio.

Resaltó que, sin perjuicio de ello, existe mucha documentación que tenía en su poder con relación a cuestiones contables, como comerciales, y las vinculadas a la compra del campo y también personales que le fue sustraída en dos oportunidades. Que ambos hechos sucedieron con anterioridad a la demanda en conteste y radicó las correspondientes denuncias policiales, identificando los efectos robados.

Que los denunciados son los coactores y otras personas que los auxiliaron.

Precisó que la primera vez sucedió en su domicilio, en su escritorio, ubicado en la planta alta, donde sólo tienen acceso la familia y, eventualmente, el personal de servici o, y que se vio en la necesidad de radicar una denuncia policial al notar la falta de un sobre con hojas en blanco firmadas por ella y por su marido, como así también la falta de documentaciones varias que en ese momento no podía individualizar.

Detalló que la denuncia policial -que acompaña- se efectuó el 22/04/2014 en la Comisaria de Villa Rosa, Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires, sin saber quién había hecho la sustracción. Sin embargo -expuso- los hechos sobrevinientes confirmaron quiénes fueron y cuáles los motivos que los llevaron a cometer semejante tropelía.

Aseveró que su propia madre y sus hermanos, sin dudas que, ya tramando soterradamente la aventura jurídica en conteste, violando todo tipo de buena fe familiar, se apropiaron de documentos con el fin espurio de obtener elementos que mejoraran su pretensión, pero al mismo tiempo desaparecer otros que la pusieran en un estado de indefensión.

Sostuvo que el desprecio de la buena fe familiar y del ordenamiento penal los llevó a cometer otro ilícito, también objeto de la oportuna denuncia, efectuada en fecha 08/08/2014 por ante la Comisaría DTT Vicuña Mackenna, donde se labraron las actuaciones sumariales N° 355/14.Que en dicha oportunidad el empleado del establecimiento LA LEY, Darío Chávez, le informó que el día anterior, en horas de la tarde se habían hecho presente en un Ford KA, su primo Pablo Ramírez y los accionantes, que ingresaron al domicilio y que a las 22 horas se llevaron la camioneta Toyota Hilux dominio GWA 934 de color negra, perteneciente a su padre, Ángel Ramírez, y oportunamente denunciada como parte del acervo hereditario.

Mencionó que días después se apersonó en el establecimiento rural de su propiedad, y advirtió que, además del rodado ya reseñado, faltaba documentación contable, biblioratos conteniendo cartas de porte tanto suyas como de la sucesión de su padre; correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, cuadernos con anotaciones varias, legajos de empleados, controles remotos de la alarma de la casa ubicada en el campo y otras cosas más, y que a sus efectos, acompaña el acta policial respectiva.

Afirmó que el hecho delictivo perpetrado por los ahora actores fue reconocido expresamente mediante carta documento contestada por el abogado patrocinante, Dr. Guillermo Abramson, y que sobre este punto, es de destacar que ni su madre ni sus hermanos tuvieron jamás llaves del establecimiento rural de su propiedad, hoy objeto de demanda, y que para ingresar se las solicitaron al Ing. Pablo Damario, quien en atención al servicio profesional que prestaba en dicho establecimiento, sí poseía llaves tanto de la casa como de las tranqueras.Que el sistema de alarmas registró tales ingresos, tal como surgirá de la prueba a rendir en autos.

Aclaró que su madre, la hoy coactora Marta Susana Gómez, conocía la clave de la alarma porque en épocas anteriores, cuando no había demostrado su actitud delictiva, en varias circunstancias la había acompañado para que no viajara sola.

Manifestó que frente a lo grave de tales circunstancias no tuvo más remedio que prohibirles el ingreso a sus propiedades, sea su domicilio conyugal o el establecimiento rural La Ley.

En cuanto a su actividad económica destacó que trabaja desde muy temprana edad, aproximadamente desde los 15 años, que siempre ha tenido mucha necesidad de progreso, obviamente con las limitaciones de la edad y sin dejar de lado los estudios; que comenzó realizando los fines de semana animaciones de cumpleaños infantiles asociada con su amiga Andrea Erbin , y eso le permitió empezar a tener los primeros dineros para sus necesidades básicas, como así también a forjar la cultura del trabajo y la responsabilidad, que según argumenta, es lo que les falta a todos los firmantes del escrito en responde.

Expresó que la situación económica en el ámbito familiar nunca fue holgada, más bien estuvo acotada a las necesidades básicas de una familia de clase media; que sus padres se casaron muy jóvenes, tuvieron tres hijos, que el vínculo matrimonial fue de muchísima inestabilidad emocional siempre, lo que redundó en repetidas separaciones familiares, seis mudanzas en tres años a tres ciudades distintas, Buenos Aires, Villa Mercedes (San Luis) y Villa Dolores (Córdoba), viviendo con mamá y papa, con mamá sola, con sus abuelos sin mama ni papa; que ella era la más grande y contaba solo 12 años de edad.

Agregó que luego de tantas idas y vueltas por fin se asentaron definitivamente en Buenos Aires desde el año 1982, en ese mismo año sus padres comenzaron a trabajar en una farmacia en Caballito, que había sido instalada con la ayuda de sus abuelos, quienes también teníanfarmacia desde muchos años antes.

Señaló que en esa farmacia hizo sus primeras armas en el comercio, que aprendió a tratar con los proveedores, los clientes, los bancos, que trabajaba los fines de semana, y muchas veces se quedaba nuevamente con su amiga Andrea a hacer los turnos nocturnos a los que las farmacias se encontraban obligadas por ley a realizar una vez por semana.

Destacó que todo ello lo hacía con no más de 16 ó 17 años y que sus padres mantuvieron este negocio hasta aproximadamente el año 1990 en el que lo cierran por motivos económicos. Así las cosas, dijo que se tornaba imperioso salir a trabajar (para subvenir sus gastos) y estudiar (para no repetir el mismo futuro).

Detalló que su primer trabajo formal fue en la justicia. Que el 17/03/1989 comenzó a trabajar en la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en la categoría de auxiliar de 6ta. Que a los pocos meses ya la habían ascendido a la categoría de auxiliar de 5ta., trabajando allí hasta el mes de octubre de 1991, momento en el que renunció.

Adujo que, posteriormente, en el mes de noviembre de 1991, ingresó a trabajar como asesora en la entonces Junta Nacional de Granos, desarrollando tareas administrativas y que dicha actividad le permitió comenzar a tomar contacto con las cuestiones vinculadas al campo.Que trabajó allí hasta el mes de junio de 1993, momento en que dicho organismo rector se disolvió definitivamente.

Luego de ello, explicó que, trabajó en el Instituto Nacional de Sanidad y Calidad Animal y Vegetal (IASCAV) desde el 01/06/1993 hasta diciembre del año 1996, mes en que se produce la fusión del citado ex IASCAV y del ex SENASA; bajo el Decreto N° 1585/1996, prestando servicios hasta el mes de septiembre de 1997 en el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal.

Mencionó que todo esto lo hizo sin dejar de lado la carrera de abogacía y que el resto de los trabajos informales que realizaba los fines de semana, sea por ejemplo, como promotora de diversas marcas como por ejemplo para la empresa Movicom, Telefónica, Telecom, participando en eventos celebrados en la Sociedad Rural Argentina, la Feria del Libro, la celebración del Quinto Centenario de Descubrimiento de América, «y una larga lista de etcéteras» (sic).

Añadió que mientras tanto realizaba los trabajos antes indicados, mediante la resolución N° 529/94 del Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), de fecha 30/06/94, publicada en el B.O. el 28/07/94 la designaron veedora en el Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires de Protección Recíproca, con una compensación equivalente a la categoría B cero del Sistema Nacional para la Profesión Administrativa (SINAPA).

Manifestó que la veeduría se prorrogó hasta el 09/06/95, ocasión en la que mediante la Resolución N° 455 del INAM se dio por finalizada, pero que continuó asesorando profesionalmente al Centro de Panaderos hasta el año 1996.

Memoró que en el año 1992, le surgió la posibilidad de adquirir un mini bus de turismo de larga distancia, marca Mercedes Benz LO 608D, con una capacidad de 20 asientos y que para ello se inscribió en la antigua DGI declarando como actividad principal y secundaria:»otros servicios terrestres de transporte de pasajeros» y que así comenzó junto con los otros trabajos a realizar charters, viajes de pesca, traslado a grupos musicales, equipos de filmación, viajes a la costa, etc.

Indicó que corría ya el año 1995, y después de mucho esfuerzo y trabajo se recibió de abogada y comenzó a ejercer la profesión entre las otras tantas actividades que tenía; y que en el año 1998 comenzó a trabajar en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, como Gerente de Legales de los PROYECTOS PNUD ARG- 96/010 y PNUD ARG 97/013, hasta el mes de marzo de 2000.

Aclaró que mientras tanto prosiguió desarrollando su actividad profesional como abogada en el Estudio Jurídico que, junto con su marido, tenía en la calle Libertad 434, 3er Piso Oficina 37 de esta ciudad, escritorio que mantuvo en forma ininterrumpida por más de diez años.

Dijo que desde el año 1998 le dio a su madre la posibilidad de colaborar en el Estudio como una forma de ayudarla económicamente y por vía indirecta a su hermano Fernando que vivía con ella y que tampoco tenía medios de vida, porque en esa época no tenía un centavo ni trabajo, vivía de lo que ella y su marido le pagaban.Que si no hubiera sido por su benevolencia, la coactora Gómez -su madre- no hubiera tenido para comer.

Señaló que a tales fines acompaña un fax de fecha 22/05/2000 remitido al Banco Societé Generale con firma ológrafa de Marta Susana Gómez en su carácter de «gerente administrativa» del Estudio y afirmó que es falso que su padre le pasaba dinero, ya que éste tampoco tenía ni ingresos fijos ni trabajo.

Expresó que por razones de necesidad familiar siempre se vio precisada a trabajar y que por un ingente deseo de progreso, se privó de mucho para ahorrar y no repetir conductas gravosas.

Destacó que mientras ella enumeró con minucoso detalle todos los trabajos remunerados y actividades profesionales que realizó y la consiguiente capacidad patrimonial para afrontar el acto reputado como insincero, los actores nada mencionan en cuanto a la capacidad económica de su padre ni de sus medios de vida.

A mayor abundamiento, acompaña como prueba una constancia ele ctrónica de los datos de su actividad económica y por su CUIT 27181169937 así como CUATRO (4) Declaraciones Juradas de Ganancias presentadas en los anó s 2000, 2001, 2002 y 2003.

En cuanto a la adquisición del campo afirmó que tuvo desarrollo tanto laboral como profesional desde muchos años antes de la adquisición del inmueble que ahora se reputa como insincera y que así las cosas, corría el año 96, su padre se encontraba desde hacía mucho tiempo sin una actividad fija, ya se había separado de su madre en julio de 1994, y había decidido probar suerte nuevamente en el interior donde se encontraban sus amigos, en el entendimiento de que le resultaría más fácil poder realizar alguna actividad que le permitiera vivir.

Explicó que ella y su padre tuvieron un vínculo muy especial, que muchas de las cosas que ha aprendido a lo largo de la vida se las debe a él, que éste sabía perfectamente de todo su esfuerzo a lo largo de los años precedentes, y que producto de ellotenía unos ahorros guardados cuya finalidad en algún momento era comprarse su propio departamento.

Argumentó que viviendo con sus padres, su capacidad de ahorro era importante y que desde bastante tiempo antes de la compra del inmueble hoy objeto de demanda, su padre le insistía con la idea de que comprara un campo para que él lo atendiera y ella se fuera haciendo a su lado, aunque para ella no tenía ningún sentido, ya que no había estudiado abogacía para ir a trabajar un campo.

Arguyó que su vida se desarrollaba en Buenos Aires, pero que la continua prédica de su padre le daba vuelta en la cabeza, sobre todo porque era su manera de poder ayudarlo para que nuevamente pudiera sentirse útil, reinsertarse en un medio laboral y tener ingresos de los que vivir.

Insistió en que la idea siempre fue que ella lo comprara con sus fondos y él se ocupara de atenderlo; mencionó que en orden a comenzar la búsqueda de un predio rural, su padre le encomendó la tarea a su amigo Horacio Orlandini, que era intermediario inmobiliario en la zona.

Contó que entre varios que vieron, el campo La Ley fue el que más le gusto, que la llamó para comentárselo y le dijo que en pocos días vendría a Buenos Aires a fin de poner en su conocimiento las condiciones tanto del campo como de la operación de compra.

Explicó que el campo quedaba en el límite entre las provincias de Córdoba y San Luis y que la participación que se arroga su hermano Fernando Enrique Ramírez no sólo que es irrelevante a los fines de demostrar la simulación objeto de demanda, sino que justamente, confunde una demanda con un ámbito para volcar un narcisismo mal resuelto; y que en realidad su padre y su hermano menor -Fernandotenían una mala relación.

Continuó relatando que su padre le comentó que el campo costaba u$s 450.000, que lo que tenía que abonar de entrada era la suma de u$s 100.000 (y no como erradamente se dice en la demanda de u$s 120.000) y el saldo de precio en dos (2) cuotas de u$s 120.000 con vencimiento al año y a los dos años de la compra y una última de u$s 110.000 a los tres (3) años de la compra, garantizado con un derecho real de hipoteca.

Afirmó que la insistencia de su padre, quien veía en ella el pasaporte a una vida mejor y pese al esfuerzo que significaría, puso todos sus ahorros como adelanto en orden a adquirir ese predio rural y que el inmueble fue adquirido con una hipoteca por el saldo de precio.

Reseñó que el 25/09/96 adquirió el campo «La Ley» ubicado en la Ruta N° 7 KM 638,5, Paunero, Provincia de Córdoba, en las condiciones pactadas, realizando un inmenso

esfuerzo económico, en primera instancia sola y luego junto con su marido con los frutos de su profesión de abogados.

Detalló que el campo, en principio, siempre lo arrendó para agricultura a fin de ir pagando con el producido las cuotas que vencían anualmente; y que en el año 1996 y 1997 lo arrendó a DIMET S.A., y con el alquiler y con más los ingresos personales provenientes tanto de la profesión como de otros trabajos que mantenía, pagó la cuota cuyo vencimiento operó el 25/9/07.

Agregó que en el año 1998 y 1999 lo alquiló nuevamente a DIMET S.A., empresa en el año 1998 le adelantó los fondos de los dos años (1998-1999) a fin de abonar la cuota cuyo vencimiento operaba el 25 de septiembre de 1998, por la suma de u$s 120.000, el que no fue abonado en su totalidad, solo abonó una parte, es decir la suma de u$s 73.351, cuya documentación acompaña.

Sostuvo que en el año 1999 abono la suma de u$s 26.636,25, con fondos provenientes de su actividad profesional, cancelando así parte de la deuda que había vencidoel 25/09/98 y que a esa altura la deuda al inicio del año ascendía a la suma de u$s 160.000 y al cierre del ejercicio quedaba un saldo deudor de u$s 133.363,75. Que así es que en el mes de agosto de 2000 lo alquiló a la firma OLEGA S.A., para sembrar maní por la suma de $ 97.323,75 y que en dicha oportunidad con producto del alquiler y de los ingresos provenientes de la profesión, pudo reducir la deuda a la suma de $76.000.

Destacó que la industria manisera paga un arrendamiento mayor sí se lo compara con el de otros cultivos, porque los campos quedan muy complicados en cuanto a cobertura y nutrientes, pero que frente a la emergencia no tuvo más remedio que arrendarlo en dichos términos.

Relató que ya corría 2001 y nuevamente le arrienda el campo a DIMET S.A. en la suma de $ 36.000, que en aquel momento, y por imperio de la Ley de Convertibilidad, todavía era equivalente 1 Peso = 1 Dólar y con ello se canceló la deuda por dicha suma, quedando un saldo de $ 40.000.

Describió que en el año 2002, otra vez le alquiló el campo a DIMET S.A., pero aquí tras la crisis sistémica de diciembre de 2001, ya se había devaluado estrepitosamente el signo nacional, motivo por el cual la suma percibida en -concepto de alquiler- fue de $ 120.000, de los que aplicó $ 30.000 al pago de la deuda hipotecaria, que había quedado pesificada y que en el año 2003 DIMET S.A.le reconoce una diferencia por la devaluación, motivo por el cual le abona la suma de $ 30.000 y con ello, canceló la totalidad del crédito hipotecario, solicitando la correspondiente cancelación de hipoteca, mediante la escritura Nº 87, sección A, de fecha 10 de abril de 2003, que ofrece como prueba.

Alegó que de la prueba a rendirse en autos, no sólo surgirá que tenía capacidad

económica para solventar el pago inicial del bien inmueble objeto de demanda sino también que además de la actividad productiva y su actuación profesional, también tuvo los fondos para atender las cuotas del mutuo hipotecario, no pocas veces con gran apuro y estrechez; que contrariamente en la demanda en conteste, y del mismo modo que nada se dice respecto de la capacidad económica del causante para adquirir tampoco se dice nada sobre su capacidad posterior.

Afirmó que los actores luego de la muerte del causante, abrigaban alguna esperanza posesoria sobre el inmueble rural objeto de simulación, a cuyos fines ordenaron sus conductas para amañar una supuesta actuación que abonaría su pretensión y que es así que frente la negativa de cualquier participación sobre el inmueble de su propiedad, hasta ese momento, jamás disputada por ellos pero por sobre todo, su madre, se suscitó el intercambio epistolar que a continuación se transcribe.

Sostuvo la falsedad de la afirmación formulada por los accionantes en cuanto a que ella haya desconocido a partir del 01/07/2014 la «propiedad familiar del campo descripto», y que en igual fecha haya impedido «la administración conjunta» de los actores y les negara «su participación económica y comercial».

Arguyó que es igualmente falso que les haya reconocido a los pretensores algo antes de esa fecha, porque nunca reconoció otra propiedad sobre el inmueble rural objeto de demanda que no sea la propia, que es la que surge de su título y anotación registral respectiva, y que ejerce con animus domini continua y pacíficamente desde su adquisición en fecha 25/09/1996.Reiteró que adquirió el inmueble con fondos provenientes de su esfuerzo personal y de la deuda garantizada con derecho real de hipoteca que tomó sobre el citado bien.

Mencionó que ni para el adelanto del precio ni para afrontar las cuotas del mutuo hipotecario fue posible contar con ninguna ayuda de su padre; que el estado de sus finanzas personales no lo consentía. Que las cuestiones familiares apuntadas en la demanda nada aportan sobre la simulación objeto de la Litis y que lo único que demuestran es que, pese a ser una familia muy disfuncional, trataban de llevarse razonablemente bien, de ayudarse y acompañarse.

Luego de exponer varias consideraciones respecto de cuestiones familiares y de argumentar la falsedad de la causa simulandi (en cuanto preservar el patrimonio familiar de las distintas parejas del causante), afirmó que su padre tenía experiencia agropecuaria, pero que se fundió, y lo mismo aconteció con la farmacia, y que en la demanda no se enuncia siquiera que el autor de la simulación tuviera medios de vida para realizar la adquisición que se reputa insincera.

Precisó que la causa simulandi del acto tuvo como objeto desbaratar los derechos gananciales de la cónyuge -Marta Gómez-, y que el autor del sucesorio expresamente anotició a su esposa e hijos de la inminente adquisición de un inmueble que a la postre resultaría lesiva del haber conyugal de aquella, y que pese a ello, teniendo expeditas todas las acciones para prevenirse del futuro saqueo, la co actora Marta Gómez nada hizo al respecto.

Señaló que la circunstancia de tener 29 años, estar recibida de abogada y haberse graduado de Magister en Derecho Empresario en la Universidad Austral resuena de forma agraviante en los coactores.

Insistió en haber obtenido el título de grado y el post-grado académico, esto es, progresar por vía del estudio, completarlos, obtener los diplomas y matrículas profesionales, por contraposición a las propias realidades de los coactores, y que ello les provocó un resentimiento que no pueden disimu lar, y hace patente en las funciones que le atribuyen enla demanda como tener un domicilio confiable, hacer todo tipo de trámites, pagos menores y decoración.

Advirtió que los viejos celos familiares nada aportan a probar la simulación alegada, que ella manejaba las cuentas porque eran de ella y resultaban la vía por donde se canalizaba el movimiento económico de la explotación, que también siempre fue de ella; que es totalmente falso que mientras su padre estuvo con vida gobernó el campo sin ningún tipo de injerencia de nadie. Que no gobernó nada, menos el inmueble rural de su propiedad.

Destacó que su padre nunca se organizó adecuadamente en ningún aspecto, pues era «el epítome de la desorganización» (sic). Y muchos de sus fracasos empresariales tuvieron que ver con un desorganizado manejo de los ingresos versus los egresos; que por eso, este extremo alegado por los actores, antes que contribuir a probar la simulación, abona el desmanejo sistémico del de cujus y su consecuente incapacidad patrimonial.

Refirió que su padre pasaba alguna parte del año en el campo La Ley porque era parte del pacto originario, que estuvo a su cargo poner sus ahorros para su adquisición y a cargo del causante, estaría la de atender la explotación.Pero que la administración del campo siempre estuvo a su cargo porque entre otras cosas, había que cubrir la hipoteca y para comprar el campo tuvo que endeudarse y mucho.

Aseveró que resulta extraño que se confíe el traslado del dinero al hijo menor, a la sazón un jovencito de 20 años de edad, por avión, en soledad, sin ninguna compañía, lo que asegura que delata otra falsedad que no resiste el más mínimo análisis.

Apuntó que resulta llamativo que con recuerdos tan meritorios y detallados en los que respecta a la adquisición del campo, se salteen en la demanda la descripción de la capacidad financiera del causante o cuando menos, que tuviera alguna actividad que justifique el atesoramiento, correspondiendo a los actores probar el origen de los fondos que reputan del causante.

También alegó que es falso que el causante hubiera cumplido tardíamente con los pagos de la hipoteca, porque los pagos fueron hechos por ella en tanto obligada por el mutuo hipotecario que contrajera a fin de cancelar el saldo del precio, cancelaciones que se hicieron en las fechas y con los fondos que reseña.

Afirmó que el causante no administraba el campo como propio por varias razones, que administrar no es una forma abreviada de usucapión que convierte al administrador en propietario y que salvo que presente una escritura falsa u otro documento apócrifo tal ejercicio como propio, no superaría los criterios de legitimación de los entes públicos.

Explicó que difícilmente al organismo recaudador hubiera eludido considerar las consecuencias de cualquier presentación de un contribuyente donde se arrogue propiedad sobre bienes que no han sido declarados como formando parte de su patrimonio.

Esgrimió que el campo lo adquirió en el año 1996 y el que señor Ángel Ramírez recién se inscribió ante la AFIP en el año 1998 para realizar su actividad principal, la cría de ganado bovino y en 2004, para el cultivo de soja, maíz, trigo y cría de ganado, como actividad secundaria.Que esto lo declara el propio de cujus en la demanda por daños y perjuicios.

Explicó que en el año 2014 la AFIP sancionó a la sucesión del de cujus con la exclusión del «Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas» en razón de haberse constatado una de las causales contempladas en la RG AFIP N° 2300. En particular, que «la totalidad de los contratos sobre inmuebles de terceros se encuentran vencidos a la fecha de control. art. 31b) RG 2300», y que los coactores, pese a que se proclaman expertos capacitados y declaran de forma reiterada que explotaban el fundo rural, desconocen que la actividad agropecuaria se encuentra reglada y que para su realización se exige la inscripción en diversos registros, tales como el ya citado.

Aseguró que, pese a los distintos registros que existen para ejercer dicha actividad, los accionantes nunca estuvieron inscriptos y por lo tanto, no poseen matrícula para operar, y que completar kilos y rubricar una carta de porte los llevó a creerse administradores y que es tal su ignorancia en el tema que no fueron capaces de advertir que no existe un «CENASA» como se escribió en la demanda, sino que es SENASA por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Explicó que le firmo a su padre un poder porque el predio rural está a 638 km de Buenos Aires, y que en 1996 significaba mucho más que lo que hoy implica y que por las necesidades de la época y otras operativas de un negocio con fuerte anclaje local debió otorgarle un poder de administración, lo que no convierte al apoderado en dueño ni mucho menos hace presuponer actos encubiertos y que los accionantes omitieron decir que ella también estaba apoderada por su padre con un poder semejante, instrumento que a sus efectos acompaña.

Del mismo modo, sostuvo que la afirmación del coactor Fernando Enrique Ramírez respecto de haber gravado con derecho real de hipoteca un bien inmueble de su propiedad para cancelar la deuda hipotecaria que pesaba sobre el campo esfalsa y que no prueba que le haya dado dinero alguno para afrontar su deuda, y esta fue cancelada con los fondos provenientes de su propio peculio.

Señaló que las constancias aportadas por el propio actor en los autos caratulados «RAMíREZ, FERNANDO ENRIQUE C/RAMIREZ CAROLINA S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS» (Exp. N° 57616/201471) surge que la hipoteca fue tomada por el coactor para adquirir el bien inmueble hoy de su propiedad.

También reputó como falso que dicho coactor -Fernando Enrique Ramírez- viajara semanalmente para hacerse cargo de las obligaciones de su padre accidentado del primer siniestro sufrido el 10/12/2005. Y que es igualmente falso -por no constarle- que hubiera cursado tecnicatura alguna, ya que no dice en qué unidad académica, cuándo, ni dónde cursó su supuesta tecnicatura ni ofrece prueba alguna al respecto.

Reconoció como cierto que los actores Hernán Ángel Ramírez y Marta Susana Gómez visitaban ocasionalmente al predio rural, luego de la muerte de su padre ya que en muchas ocasiones la acompañaban, sobre todo su madre, para no estar sola en esos yermos despoblados y que la casa servía para alojarse en ella en las ocasiones que concurrían, lo que no hace nacer un derecho de propiedad.

Precisó que se dedicó a mucho más que a decorar la casa del predio rural, ya que todavía en vida de su padre la hizo construir a nuevo tratando de procurar las comodidades mínimas de la vida moderna y en el marco del lugar inhóspito donde se encuentra el establecimiento La Ley, donde por ejemplo, no hay servicio público de luz eléctrica.

Señaló como falso que en el anó 2006 el causante le pidiera al coactor Fernando Enrique Ramírez y a su sobrino Pablo Ramírez que armen el plan de siembra.

Afirmó que el plan de siembra como todas las actividades vinculadas con la explotación siempre fue decidido por ella y que prueba de ello lo constituye el voluminoso intercambio de correos electrónicos con el ingeniero agrónomo Pablo Damario, el ingenieroagrónomo Hernán Ferrario y los comerciales Cordara y Boffa quienes en su conjunto, la asesoraban tanto sea para la compra de insumos como para la elección de los contratistas. Que todo ello demuestra objetivamente que tenía las decisiones sobre la gestión agropecuaria y en dichos correos se

dirigen a ella como única titular de la explotación.

Argumentó que en el anó 2006 alquiló el campo a la firma DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA SRL, contrato que se encuentra agregado en el expediente de daños y perjuicios y que pese a que los accionantes se dicen «contratistas» confunden de forma reiterada una sociedad con su representante, esto es, THE MILK S.A., la sociedad anónima que resulta anterior titular dominial del bien inmueble objeto de demanda con el señor Miguel Rohrer.

Citó que más allá del poder que le otorgara al causante, el contrato con la firma DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA SRL fue suscripto por ella; con lo que queda demostrado que Ángel Ramírez no se manejaba invocando poder alguno.

Dijo que la afirmación efectuada por los actores en cuanto a que «desde la fecha de adquisición del campo. todo funcionó perfectamente» (sic) solo puede estar fundado en el desconocimiento, la ausencia e indiferencia hacia su esfuerzo personal.

Agregó que los accionantes desprecian sus noches en vela imaginando como juntar las cuotas de la hipoteca, los ojos puesto en el almanaque y el parte meteorológico, cocinada por soles rigurosos y adormecida por fríos polares, tapada del polvillo del cereal en las cargadas o con los dedos llenos de tinta intentando destrabar la impresora para poder liberar los CTG, negociando con contratistas, camioneros y proveedores, revisando facturas y liquidaciones de las cerealeras, y las conciliaciones bancarias.Expresó que si funcionó perfectamente se debió a su esfuerzo personal e incansable, ya que estaba detrás de todas las acciones ordenadas a preservar y fructificar su patrimonio.

Adujo que el 16/09/2009 otorgó a su padre un usufructo y que ello se debió a que este sufrió un accidente de tránsito incapacitante el 10/12/2005, y se encontraba imposibilitado de valerse por sí mismo, y no podía trabajar. Que tenía que ser ayudado por terceros y asistido emocional y monetariamente por sus hijos quienes se hicieron cargo de la situación, que las constancias del expediente sobre daños y perjuicios ya citado, corroboran que su padre se encontraba en un estado depresivo que subsistió por lo menos hasta marzo de 2010.

Argumentó al respecto que el flujo constante de erogaciones destinadas a subvenir a las necesidades de su padre requirió una justificación legal en materia impositiva y esa es la verdadera causa del usufructo.

En cuanto al poder que otorgó a su marido, madre y hermanos en fecha 31/10 /12, mediante la escritura número 120, pasada al folio número 364, del Registro Notarial 810 a cargo de la Escribana Rita Josefina Menéndez, no tuvo por fin reconocer ninguna comunidad económica, tampoco disposiciones patrimoniales de su padre.

Justificó que el 06/11/12 se fue de viaje a Estados Unidos con su marido y consideró prudente dejar facultades suficientes para lo que eventualmente pudiera resultar menester pero que dicho poder quedó en la Escribanía bajo estrictas indicaciones a la notaria de que no se hiciera entrega a nadie hasta que ella no lo ordenara y es por ello que los accionantes no lo presentaron como prueba, ya que no lo tenían en su poder; tampoco ella, porque nunca lo retiró de la escribanía.

Mencionó que este poder no fue consecuencia del accidente de su padre como se lo quiere hacer pasar en la demanda y que no se colige cómo puede tener la virtualidad que los actores le quieren conferir si entre los apoderados está también su esposo; y que a resultasde esta demanda lo revoco, tal como surge del instrumento que a sus efectos acompaña como prueba.

Dijo que es falso de falsedad absoluta que durante la convalecencia de su padre «el campo fue manejado por los tres hermanos», como también lo es que viajaran todas las semanas para administrar las cuestiones relacionadas con las cosechas y la administración general; explicó que su padre estaba en coma, sus hermanos se ocuparon de las cuestiones médicas, de los traslados desde y hacia los distintos nosocomios. De supervisar el buen pasar de su padre en su lamentable estado.

Insistió en que desde la adquisición del campo la gestión administrativa y económica fue siempre suya y dijo que a partir del primer accidente de su padre en 2005, la gestión productiva y operativa también estuvo a su exclusivo cargo, y que los accionantes pretenden valerse de las cartas de porte que reconocen haberle sustraído, siendo estas de fecha 2014, dos años después de la muerte de su padre, cuando la simulación se habría perpetrado en 1996. Además, están emitidas por ella, conforme la normativa vigente.

Reseñó que, hasta el momento en que los coactores empezaron a efectuar reclamos reivindicativos, eran una familia; que su domicilio fiscal estaba en la casa de su madre, que su casa era su casa, y el campo un lugar donde pasaban las vacaciones y en ocasiones la ayudaban con alguna labor menor y en el marco de sus capacidades y conocimientos.

Señaló que las chequeras que aportaron como prueba los coaccionantes fueron obtenidas mediante el robo antes aludido. Que los cheques que dicen haber rellanado no están identificados ni se ofrece prueba al respecto. Que las cartas de porte que agregan demuestran una vez más el absoluto desconocimiento negocial de lo que afirman.

Agregó que el actor Hernán Ángel Ramírez, ni siquiera tiene una cuenta bancaria y que el otro coactor, Fernando Enrique Ramírez, afirma que los importes «que le correspondían» eran remitidos a nombre de su madre.Que este último tenía una inhibición general de bienes obtenida por la AFIP en razón de una abundante

deuda fiscal que mantenía por una actividad empresarial propia que fundió.

Agregó que por esta razón no podía percibirse la indemnización proveniente del acuerdo conciliatorio celebrado con La Caja por la destrucción total del vehículo Toyota Hilux SRV 4×4, modelo 2011, dominio KCA 531, motor 1KD5318911, CHASIS 8AJFZ29G1B6133117, oportunamente denunciado como bien integrante del acervo hereditario, vehículo que conducía su padre en el momento del accidente que a la postre le costara la vida y por el que se inició demanda con posterioridad a la promoción del sucesorio.

Sostuvo que las ejecuciones fiscales y la inhibición general de bienes que pesaban sobre su hermano fueron la razón por las que ella se vio precisada a depositar fondos en la cuenta de su esposa, pero no porque fuera reparto de utilidades del campo, sino porque ninguno de los bienes que integran el acervo hereditario podían ser liquidados como consecuencia de la inhibición general de bienes decretada contra Fernando Enrique Ramírez.

Argumentó que esa situación, sumada a las necesidades de manutención de su madre y sus hermanos, hizo que ella les adelantara fondos a cuenta de la liquidación de la cuota hereditaria cuya percepción se encontraba postergada por la inhabilidad decretada contra su hermano.

Adujo que las cuentas señaladas por los accionantes que ella afrontaba de su peculio (el pago de la cuota del colegio de su sobrina y ahijada, la obra social de su madre y las expensas del departamento donde vive, y la factura de su celular) no se encuentran vinculadas con la simulación que persiguen ni contribuyen a probarla.

Dijo que la transferencia mensual de $ 7000 que su padre le hacía a su madre, es un acuerdo que ella desconoce y que en todo caso quedó roto por fallecimiento del obligado.Y que si ella le pasaba dinero a su madre era por un deber filial, no por una obligación que pesara sobre su patrimonio.

Seguidamente, formula algunas consideraciones respecto de la figura de la simulación por interposición real de personas.

Cita jurisprudencia y doctrina. Del mismo modo, opuso la excepción de prescripción, en caso de tratarse de un mandato oculto.

Tras formular algunas consideraciones respecto de la carga de la prueba en casos como el sub examine, contestó las acciones deducidas en el libelo inaugural -colación y reducción-.

En resumidas líneas sostuvo que, no hubo acto insincero y que tampoco hubo donación alguna que deba ser traída a la masa. Además planteó como de previo y especial pronunciamiento la prescripción de la acción de simulación intentada por su madre Marta Susana Gómez.

Finalmente, dijo que ninguna de las alquimias numéricas transcriptas en su responde -en cuanto a las proporciones y las legítimasserá necesaria toda vez que, según su opinión, los actores han fracasado en la formulación de la demanda y en la proposición de los medios probatorios y, por ende, enfatiza que corresponde rechazar la demanda, con expresa imposición de costas a la contraria.

3) La colega de grado, luego de encuadrar el litigio en el código derogado, reseñó en forma pormenorizada los elementos probatorios considerados en su fallo y rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción opuestas por la accionada Carolina Andrea Ramírez.

Seguidamente, desestimó la demanda interpuesta por los accionantes contra esta última.En ambos casos impuso las costas por su orden.

Para así decidirlo, a partir del análisis de los precedentes y de la ponderación efectuada de los documentos, informes y declaraciones testimoniales arrimados por las partes, encontró corroborado los extremos invocados por la accionada en su defensa.

Señaló que los actores, ante un caso de la relevancia del presente, se limitaron a adunar algunos instrumentos, soslayando el ofrecimiento de ciertos medios probatorios como la pericial técnica que hubiera contribuido a la búsqueda de la verdad objetiva.

Sostuvo la a quo que, pese al esfuerzo argumental que han desplegado los pretensores, la prueba por ellos aportada no resultó idónea y fue insuficiente como para desvirtuar un acto jurídico de la naturaleza del atacado, máxime dijo, frente a la inexistencia de un contradocumento que hubiera en todo caso instrumentado la invocada y verdadera identidad del comprador del campo -Sr. Ángel Ramírez-.

Consideró posible y hasta verosímil que -en virtud del grado de parentesco que mantienen las partes, dada la existencia de lazos de sangre y en función del vínculo de familia que ostentan- hubieran realizado en algún momento gestiones en común de administración y explotación del campo La Ley en cuestión, desde su adquisición en el año 1996, tanto en vida de Don Ángel Ramírez, como luego de su fallecimiento, tal como es común que ocurra conforme máximas de experiencia.

Indicó la Sra.Jueza que, en algunos de los documentos presentados por las partes figuran los datos de Ángel Ramírez como Razón Social del mentado predio y también se aprecia la referencia a Hernán Ángel Ramírez y Carolina Andrea Ramírez en ciertos instrumentos que fueron arrimados, pero advirtió que la falta de prueba en orden al desarrollo de la explotación rural del mismo a la época de la sustanciación de este pleito, no le permitió arribar a una conclusión certera acerca de cuál es la magnitud del emprendimiento y quien es la persona que se encuentra actualmente al mando de su gestión.

Pese a ello, argumentó la Sra. Magistrada que existe un título de propiedad que indica que la compradora ha sido Carolina Andrea Ramírez, cuya autenticidad material no resultó objetada por los interesados y que, para ser desvirtuado su autenticidad ideológica es preciso que se comprueben inequívocamente los extremos invocados en la demanda, lo cual afirmó que no se ha logrado en los presentes obrados.

Explicó la sentenciante que ninguna de las pruebas aportadas por los actores ha sido idónea a esos efectos, pues aun cuando contribuyan a ilustrar acerca de los acontecimientos familiares y económicos invocados, lo cierto es que el material aportado no es suficiente para demostrar la existencia del invocado acto simulado en virtud del cual pueda aseverarse -a ciencia cierta- que el real comprador del campo haya sido el Sr.Ángel Ramírez y no su hija Carolina Andrea Ramírez como allí se ha documentado.

Arguyó la colega que, frente al fallecimiento de aquél, como así también el de otras personas allegadas al negocio en cuestión, resultó aún más dificultoso y requirió de mayor énfasis en la producción de la prueba inequívoca, contundente y eficaz como requiere la normativa aplicable en este tipo de instituto, que generalmente resulta ser sumamente complejo y donde se combinan -como en el caso- cuestiones familiares delicadas que dificultan la tarea, pues en general, expuso la a quo, existen razones íntimas que quedan reservadas al ámbito del hogar y que no trascienden justamente por la sensibili dad de las personas que lo integran.

Destacó la Sra. Jueza que, frente a tales circunstancias y el marco descripto, la ausencia del contradocumento cobró relevancia y definió la cuestión en el sentido anticipado, pues la envergadura del supuesto acto simulado sin duda requería de la suscripción de tal instrumento.

En ese mismo sentido, señaló la colega que habiendo transcurrido tantos años y pese a que se suscribieron diversas escrituras públicas otorgándose poderes amplios de administración y disposición recíprocos como los que se han anotado, como así también un usufructo vitalicio en beneficio del padre de la demandada respecto del inmueble en cuestión, dijo que no resulta posible comprender las razones por las cuales no fue suscripto dicho contradocumento, de ser cierta la invocada simulación del acto de compraventa atacado.

Arguyó la sentenciante que tampoco han demostrado los actores a lo largo de estos casi veinticinco años la promoción de alguna acción en resguardo de sus derechos, consintiendo así la operatoria cuestionada en la forma que plasmaron en autos, lo cual la llevó a considerar que ello transgrede la teoría de los propios actos, la cual explicitó.

Por otra parte, puso énfasis en señalar que ninguno de los poderes de administración y disposición otorgados recíprocamente entre los interesados, inclusive por el Sr.Ángel Ramírez, hacen referencia alguna al campo en cuestión y todo ello en conjunto la llevó a colegir que a todo evento, de haber querido el causante materializar la intención de efectuar una supuesta división del predio en cuestión para sus tres hijos (por ser el verdadero dueño) y resguardar los derechos de su esposa (aun separados de hecho) tuvo tiempo más que suficiente para instrumentarlo de alguna manera mediante el acto jurídico que hubiera correspondido.

Concluyó la Sra. Magistrada que la ausencia de todo documento al respecto, sumado a las afirmaciones vertidas por Ángel Ramírez en la demanda de daños y perjuicios a la época en que fue presentada judicialmente (año 2007) reconociendo que el campo era de su hija Carolina Andrea Ramírez, podría ser considerada como una renuncia a esa supuesta decisión.

Descartó que ambas partes han actuado de buena fe en el marco de los presentes obrados, aunque los resultados de las pruebas hayan sido adversos para los coactores en este caso; y consideró que no se verifican los presupuestos legales del instituto de la simulación intentada aplicables al supuesto de autos que fueron desarrollados suficientemente en su fallo y en virtud de ello, es que decidió rechazar la mentada acción de simulación y por consiguiente devino abstracto expedirse en orden de las restantes acciones de colación y reducción entabladas a condición de la procedencia de aquella, lo que determinó el rechazo total de la demanda interpuesta.

Del mismo modo, rechazó los planteos de temeridad y malicia, y de pluspetitio inexcusable, articulados por la accionada.

En relación a las costas del proceso, tanto en lo que respecta a las derivadas del rechazo de la demanda promovida por los actores, como así también respecto de las correspondientes a la desestimación de las excepciones articuladas por la demandada, argumentó que para ser coherente con sus fundamentos antes expuestos, entendió que resulta razonable y prudente en este litigio distribuirlas por su orden, teniendo en especial consideración las particularidades y complejidad del caso planteado en autos ytoda vez que los actores pudieron considerarse con derecho a reclamar en el modo en que lo hicieron, resultando necesario recabar elementos suficientes para la comprobación de los hechos ventilados, que se pudo establecer una vez producida la totalidad de la prueba, la llevó a determinar que existe mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota normado por los arts. 68, 69 y concs. del Código del rito.

4) Los actores y la demandada apelaron el fallo y fundaron sus respectivos recursos en soporte digital a fs. 1551/1571 (ver aquí) y a fs. 1574/1578 (ver aquí).Ambos escritos fueron objeto de réplica en igual formato por parte de su contraria (fs. 1580/1582 y fs. 1583/1605).

Mientras la parte actora se quejó por el rechazo de la acción de simulación y, consecuentemente, de las restantes pretensiones -colación y reducción-; la parte demandada, por su parte, protestó por la distribución de las costas.

Así, quedaron las actuaciones en condiciones de dictar sentencia definitiva.

II.- Aclaraciones preliminares 1) En primer lugar, es menester señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 276:132, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), por lo tanto me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama «jurídicamente relevantes» (su ob. Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág 971, párrafo 1527) o «singularmente trascendentes» como los denomina Calamandrei (su trab., La génesis lógica de la sentencia civil, en «Estudios sobre el proceso civil», págs.369 y ss.).

2) No obstante ello, la decisión será razonablemente fundada tal como lo prescribe el art. 3 del Código Civil y Comercial. Y «la decisión es un juicio de concretización, en el sentido de que obliga a quien decide a examinar el ordenamiento jurídico, sus diversas fuentes, identificar la coherencia; y con base en las pruebas producidas, resolver el caso, de modo que se establezca una regla aplicable a otros supuestos similares y cuyas consecuencias económico-sociales sean sustentables» (Ricardo Luis Lorenzetti, La ley, 31 de agosto de 2021).

Y el requerimiento de una decisión razonablemente fundada es una regla que tiene relación con la seguridad jurídica, porque da estabilidad a las decisiones y permite el control sobre la base de los argumentos (pub. cit.).

3) Del mismo modo, debo señalar que la expresión de agravios consiste en la fundamentación destinada a impugnar la sentencia, cuando el recurso ha sido concedido libremente, con la modalidad de obtener su modificación o su revocación (Highton-Arean , Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Tomo 5, pag . 239). No es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una «crítica concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante considere equivocadas» (Morello-Sosa-Berisonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la

Prov. de Bs. As.y de la Nacion , Abeledo Perrot, Tomo III, pág.351) Alsina sostiene que la expresion de agravios supone como carga procesal, una exposición jurid ica en la que mediante el análisis razonado y crit ico del fallo impugnado se evidencia su injusticia (Alsina, Tratado, T.IV, pag . 389). Requiere asi, una articulacion seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es erron ea, injusta o contraria a derecho, no siendo las afirmaciones gener icas y las impugnaciones de orden general idon eas para mantener la apelacion (Kielmanovich, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion , Abeledo Perrot, 2015, T I, pág.740).

La crit ica razonada no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cam ara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto- Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nacion , Astrea, Tomo 1, pag . 941; Falcon , Enrique, «Cuestiones especiales de los recursos», en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, t VIII, pag .106 y sgtes.).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta el contenido del escrito presentado por los actores, desoiré el pedido formulado por la demandada de declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por aquellos, puesto que la Sala que integro, priorizando el derecho de defensa de raigambre constitucional, propicia el estudio de las expresiones de agravios en tanto reúnan, al menos de modo mínimo, los recaudos procesales (art. 265 del Código Procesal).

4) Seguidamente, entiendo pertinente -antes de avocarme de lleno en los agraviosformular algunas precisiones, atendiendo principalmente a las quejas deducidas, como fue trabada la litis y el encuadre jurídico volcado en el fallo recurrido.a) En primer lugar, y aunque no existan agravios al respecto, creo menester poner de resalto que si bien a partir del 1° de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por consiguiente, la constitución de la relación invocada en la demanda) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado.

Por consiguiente -en atención a que no estamos ante cuestiones regidas por normas imperativas, el caso debe juzgarse a la luz de la legislación anterior, que mantiene ultractividad en este supuesto (cfr. Sala «A», in re «Chinnici, Vicente c/Gentili, María Verónica y otros s/Simulación», del 02 de febrero de 2017; vid. Kemelmajer de Carlucci, Aída, «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 148; «Roubier, Paul, Le droit transitoire, Dalloz», París, 2008, p. 390 y ss.). b) Corresponde destacar también que si bien el juez tiene la atribución y el deber de emitir su pronunciamiento sobre la hipótesis fáctica planteada (congruencia), por aplicación del principio iura novit curia, no se encuentra constreñido por la definición técnica aportada por los litigantes.

En otros términos, este principio -iura novit curia- se aplica no sólo para decidir la calificación del fundamento, sino también para reglar las consecuencias jurídicas que acorde con ellos son procedentes. De lo contrario, las atribuciones del magistrado en la materia tendrían carácter puramente abstracto, sin mayor operatividad práctica (cfr. Zavala de González Matilde, «Resarcimiento de danó s, 3, El Proceso de daños», Hammurabi, 1997, pag s.240 y sgtes.) Dicho esto, destacaré que la distinguida colega de grado detalló ampliamente las normas aplicables al caso como así también las distintas doctrinas relacionada con el thema decidendum, con lo cual, a los fines de no caer reiteraciones innecesarias, me remito en lo esencial a lo allí expuesto.

Sin embargo, como dije antes, entiendo necesario precisar algunas cuestiones, para dar debido tratamiento a los agravios formulados.

Destaco que, a fs. 373 puto I, título «Primero», los accionantes expusieron lo siguiente: «…Solicitamos se declare la falsedad ideológica por ser simulado el supuesto acto de compraventa celebrado con relación al inmueble que se encuentra a nombre de la demandada y que en realidad fue adquirido y es de propiedad real de Ángel Ramírez…», aunque no explicaron ni fundaron dicha pretensión en norma alguna, tampoco en doctrina y/o jurisprudencia relacionada con dicha pretensión.

En efecto, dicho extremo aparece contradictorio si se tiene en cuenta que a fs. 380 vta., punto IV, titulado «Hechos y documentos que exhiben la simulación» aclararon que la escritura atacada -que instrumenta la compra venta del campo- es formalmente correcta, ya que el notario ha inscripto en ese instrumento lo que las partes le indicaron y que por dicha razón dicho funcionario no fue citado en autos y que lo que es falso es el contenido del mentado instrumento.

Así, no se advierte la intención de redargüir el instrumento -la escritura de compraventa del campo- por falsedad (art. 993 y cc. del Cód.Civ.), sino que de acuerdo los hechos explicados en su demanda, se ataca el acto en sí mismo por aparente en cuanto a la persona de uno de los contratantes. Por ello, se trataría en mi opinión, de un reclamo por el simple vicio de simulación relativa subjetiva, como veremos más abajo.

Como expuse antes, la regla establecida en el inc. 6° del art.163, autoriza a calificar de oficio la acción interpuesta cuando lo fue erróneamente; de tal manera que la decisión de la causa por razones de derecho que las partes no han invocado o lo han hecho tardíamente, no importa arbitrariedad ni violación de la defensa en juicio (conf. Fassi, «Código Procesal Civil y Comercial», t. I, p. 454, § 1045 y su cita C. S. J. N. 22/7/60, Fallos, t. 247, p. 380 -Rep. LA LEY, t. XXI, p. 1068, sum. 304-; Alsina, «Derecho Procesal», t. IV, ps. 83 y sigtes., Cap. XXIX, núm. 11 «c»). La rectificación es, por el contrario, un deber del órgano jurisdiccional. Lo que está vedado es el cambio de la acción, de la «causa petendi» (Fassi, op. cit., § 1046; Alsina, op. cit., p. 92, cap. XXIX, núm. 12 «d»). c) Despejado ello, señalaré que los hechos expuestos en el libelo y que exhaustivamente detallé en las resultas revelan que, la acción, tiene su causa en supuesto de simulación muy específica denominada «interposición de persona», ello así en tanto se ataca un acto jurídico (compraventa) por encontrarse simulada las personas de los contratantes, en el caso, el adquirente del bien.

Así, comienzo por señalar, resumidamente, que el art. 955 del Código Civil -citado por la a quo en el considerando IV – dispone que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Con ello quiero decir que, en principio, no nos hallamos ante el clásico supuesto de una donación encubierta por parte del causante a favor de uno de los coherederos. Al menos no es lo que se dijo en el escrito inaugural y tampoco la prueba fue destinada a acreditar ese supuesto.Esto es de suma relevancia, porque cambian los presupuestos a corroborar, el juego de presunciones, y además define la suerte de las demás acciones interpuestas en forma conjunta, es decir, la acción de colación y de reducción, ya que ellas sólo pueden exigirse si existió en verdad una liberalidad por parte del causante a favor de uno de los coherederos.

En líneas generales, las clasificaciones más importantes en las simulaciones son dos, a saber: según su naturaleza -absoluta o relativay por su fin mediato -lícita o ilícita-. Y como estas fueron explicadas adecuadamente en el fallo, hago mío lo allí expuesto al respecto.

Puntualmente, las formas de simulación relativa pueden clasificarse en tres subcategorías: 1) por la «naturaleza» del acto, tal es el caso en que una compraventa encubre una donación o un mandato; 2) sobre «el contenido y el objeto» del acto, sea aparentando un precio menor al realmente pagado o haciendo figurar una fecha que no es la del negocio, o bien incluyendo en el pacto modalidades que no existen o que son ficticias -por ejemplo, con condiciones cuando es negocio puro y simple- y , 3) o también sobre las «personas» que han intervenido como partes en el acto (conf. Cifuentes, Santos, «Simulación unilateral y bilateral. Simulación lícita e ilícita. Efectos.

Absoluta y relativa», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal-Culzoni, 2006-1, pág. 54), llamada también simulación relativa subjetiva o interposición de personas.

A su vez, existen dos teorías en pugna.

Nos indica Cifuentes, que para una sólo existe simulación si los sujetos del negocio están confabulados con la intención de hacer creer que el derechohabiente es el testaferro que aparece en el acto.Pero si este actúa como verdadero adquirente, sin acuerdo, y hasta existe un desconocimiento de la realidad por parte del transmisor del derecho, ocultándosele el real accipiens, no habría una simulación sino un mandato oculto.

La otra teoría, disminuyendo la necesidad del concierto simulatorio, admite que en los dos casos hay simulación, lo sepa o no el contratante transmisor del derecho. En un supuesto hay interposición ficticia mientras en el otro hay una interposición real. Se ha señalado una tercera categoría relacionada con el acto fiduciario, aquí la persona interpuesta adquiere los derechos y obligaciones, pero se obliga en ese pacto de fiducia a transferirlo al tercero. Aquí no hay prestanombre y sin dudas este extraño a la simulación(cfr. Cifuentes, «Negocio jurídico», 1986, ps. 508 y 509 y sus citas).

Por consiguiente, el art. 955 antes citado prevé – como dije antes- el supuesto de simulación por interposición de personas, que tiene lugar cuando se adquieren o transmiten derechos para sujetos que se mantienen ocultos.

Es decir, quien aparece adquiriendo un derecho no es el real beneficiario del mismo.

En mi opinión, considero que la segunda posición, aunque minoritaria, es la que mejor se ajusta al texto del art. 955 del Código Civil, que simplemente exige la transmisión o constitución de derechos a personas interpuestas, sin mencionar un acuerdo entre las partes del acto.

En efecto, el art. 955 del Código Civil prevé la simulación por interpósita persona, no advirtiéndose por qué, en este caso, también deba exigirse el acuerdo de voluntades de las partes otorgantes del acto, que sí resulta un requisito esencial para los otros dos supuestos de simulación que contempla la mencionada norma legal.

Para cerrar el concepto y la diferencia entre la interposición real o ficticia de persona, debe tenerse claro que mientras en la primera hay dos transmisiones de derecho:del enajenante a la persona interpuesta y de ésta al real adquirente, en la segunda (ficticia) -que es la que nos interesa-, como lo dice su nombre, interviene una persona puesta ficta. Es decir, la relación jurídica se entabla directamente entre los dos titulares, siendo el testaferro «una simple apariencia de intromisión» (cfr. Cámara, ob. cit. pág. 104).

De todas maneras, insisto, no existe divorcio tal entre estas figuras pues «referida a la integración material del negocio, tal distinción no tiene razón de ser» (cfr. Butera, Antonio «Della frode e della simulazione. Della azione pauliana. De la simulazione nei negozi giuridici» Torino, 1934-1936, pág. 64).

En ese entendimiento, el supuesto en examen es una simple aplicación de la teoría de la simulación: la simulación de persona, debiendo regirse por los principios relativos a dicha institución (arts. 955, 956, 957, 958, 959 y 960 y concs. del Código Civil) y, en base a los mismos, determinar las relaciones jurídicas entre las distintas partes intervinientes (cfr. Salvat, Derecho Civil Argentino, «Fuentes de las Obligaciones», t. III, p. 226, ed. Tea S. R. L. 1954).

Pues bien, la convención de testaferro se ha definido como la simulación que se realiza por intervención de un tercero que toma el lugar de una de las partes en el contrato. Esto implica, siempre, la interposición ficticia o simulada de personas, en la que el sujeto interpuesto, es decir, el testaferro, es un contratante ficticio, aparente, que mediante acuerdo simulatorio se sustituye al verdadero contratante que está oculto (cfr. Zannoni, Eduardo, «Código Civil y leyes complementarias. Belluscio -director- y Zannoni -coordinador-«, T.4 p. 398; ps. 397/398).

La naturaleza jurídica del «homme de paille» (hombre de paja como lo llaman los franceses) no es la del mandatario, ya que se limita a la simple oposición de otro nombre en el instrumento, es un nuntius, siendo su persona completamente extraña al negocio (cfr. Cámara Héctor, «Simu lación en los actos jurídicos», ed. Depalma, Buenos Aires 1958, pág.109).

Se ha dicho en tal sentido que, tratándose de la simulación por interpósita persona, es necesario que en el acto aparente y querido aparezca un sujeto como parte cuando en realidad no tiene ese carácter por lo que, para hacer caer la escritura en cuestión, es menester accionar por simulación.

De acuerdo con el maestro Francisco Ferrara, quien se encargó especialmente de esta figura en su clásica obra «La simulación de los actos jurídicos», lo que caracteriza al «hombre de paja» -o testaferro- es que: debe ponerse entre dos que deben ligarse en el negocio, entre los cuales debe descansar en definitiva su contenido patrimonial sin que el intermediario tenga un interés personal en el acto; y también por su función, siendo esta la de ocultar al verdadero dueño del negocio que quiere permanecer entre bastidores (cfr. dicho autor, «La simulación de los actos jurídicos», Madrid, 1926, pág. 287).

Por lo general, cuando alguien quiere fingir una disminución de su patrimonio, para evitar el peligro de que el testaferro abuse de su aparente condición, procura escoger persona

de su confianza, y así sucede que esas ventas simuladas se realizan, no en favor de un extraño, sino de algún íntimo amigo, o de algún pariente próximo: hijo, hermano, mujer (cfr.

Ferrara, Francisco, «La simulación de los negocios jurídicos» trad. esp., ed. revista de derecho privado, Madrid, 1960, pág. 387).

En este punto, es dable destacar que la causa simulandi es definida como el interés que lleva a las partes a formalizar el contrato simulado; o sea; el porqué del engaño, el objetivo que induce a efectuarlo. Es la utilidad que los individuos obtienen al concluir el negocio viciado.

La mayoría de la doctrina sostiene la procedencia de la declaración de simulación del acto jurídico, aunque no se haya demostrado la existencia de la causa de simular.Adhiero a esta postura, puesto que no es requisito legal y por lo tanto no cabe imponerla como condición sine qua non para probar la ficción del acto simulado (cfr. Mosset Iturraspe, «Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios» ps. 39 y 41 y sus citas; esta Sala, 14/05/81. ED. 94, 94- 318, entre otros) y, además, es posible la revelación del vicio sin ella.

Sólo constituye una excepción, el deber de indagar sobre causa simulandi cuando la acción es promovida por las partes simulantes, dado que se les está vedado accionar cuando la simulación fuera ilícita salvo lo dispuesto por el art. 959.

d) En claro este punto, y precisada la figura legal aplicable -en mi opinión- al caso, debe determinarse si los aquí actores, que revisten la calidad de herederos universales de quien -según sus dichos- es el verdadero adquirente del predio enajenado, están actuando en tal carácter o como terceros afectados por el acto atacado. Ello así, porque las normas y principios aplicables en cuanto a la prueba de la simulación -especialmente en cuanto a exigencia del contradocumento- resultan diferentes cuando la acción es promovida por las partes simulantes del acto.

A tal efecto, resulta útil recordar que, en principio, los sucesores universales ocupan el mismo lugar que tenía el causante en el negocio simulado. Por lo tanto, se les aplican las normas previstas para las partes (art. 1195 Cód. Civil).

Sin embargo, si la simulación es en su perjuicio, incluso aunque ésta no haya tenido ese objetivo, pero les causa algún detrimento en sus derechos nace un excepción y debe considerárselos como terceros, no quedando limitada su actividad por las reglas aplicables a los otorgantes del acto aparente (cfr. Rivera, Julio C. «Instituciones de Derecho Civil», T. II p. 807; Eduardo A. Zannoni, ob. cit., T.4 p. 421; Guillermo A. Borda, ob. cit., T. II p.367).

Tiene dicho nuestra doctrina y es admitido por nuestra jurisprudencia que los que actúan como herederos forzosos y en amparo de

sus legítimas, esgrimiendo derechos que provienen de la ley, frente a los actos realizados por el causante y que consideran lesivos de sus derechos obran como terceros y pueden servirse de toda clase de pruebas para determinar la simulación. El heredero que obra ex persona sua y no ex persona defuncti es equiparado al tercero desde el punto de vista probatorio (cfr. Cámara Héctor, «Simulación en los actos jurídicos», ed. Depalma, Buenos Aires 1958, pág. 190/191).

Por ello, la acción es directa e independiente del vínculo con el causante. El heredero contrapone sus intereses a los del difunto para la tutela de un derecho subjetivo, obra iure propio y no por representación, asumiendo el carácter de tercero. Lo mismo es aplicable a la mujer casada que impugna actos simulados que le perjudican realizados por el marido como administrador de la sociedad conyugal (cfr. Cámara, ob. Cit. pág. 364).

Campanucci de Caso sostiene que tercero es quien no fue parte del acto simulado, por ejemplo un acreedor, cesionario, el cónyuge cuando el acto es en su perjuicio, adquirentes, subadquirentes, sucesores y todo aquel que no tiene intervención en el acto se ve damnificado (cfr. autor citado «El negocio jurídico», 1992, p.341). Correspondería agregar ello que la acción de simulación de los terceros invocando la simulación sólo es admisible -claro estácuando se trata de la simulación ilícita; siendo lícita, carecen de acción por su falta de interés. También cabe aclarar que el tercero no puede actuar por subrogación sino hacerlo por derecho propio (cfr. auto citado «Negocio Jurídico», 1986, pag-532).

Categorizados de tal modo, quedan exentos de las limitaciones establecidas para las partes del negocio ficticio, tanto en lo relativo a la imposibilidad de beneficiarse con la anulación del acto, como en lo concerniente a la presentación del contradocumento (arts.959 y 960 Cód. Civil).

Con respecto al contradocumento, dado que el mismo está destinado a quedar en secreto entre los otorgantes del acuerdo simulatorio, los terceros generalmente no pueden valerse de él para ofrecer una prueba directa de la simulación.

Al respecto, afirma Rivera, que en la prueba de la simulación que pueden aportar los terceros, éstos no estén alcanzados por la exigencia del art. 960 respecto del contradocumento, es lógico dado que éste está destinado normalmente a quedar secreto y es conocido sólo por las partes del acto simulado (cfr. autos citado «Instituciones de derecho civil», 1995, ps. 870/871). Es decir que los terceros no han de poder presentar una prueba directa de la simulación. Es con ese fundamento que la jurisprudencia y doctrina nacional admiten la validez de la pruebas de presunciones.

Por último, la Suprema Corte de Justicia tiene resuelto que «…La prueba de la simulación

que pueden aportar los terceros, no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque se encuentran en desventaja con respecto a las partes, de allí que se les permita ofrecer el dicho de testigos, y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador estar en presencia de un acto ficticio…» (Ac. 83.100 del 23/4/2003). f) En cuanto a las presunciones la única regla en la materia es que estas deben ser graves, precisas y concordantes. Para ser graves deben revestir tal grado de probabilidad que en el ánimo del magistrado se traduzca en certeza moral, deben ser fruto de una inducción potente.

Precisas, que es lo mismo que inequívocas, no deben admitir interpretaciones inciertas o dubitativas y; concordantes, cuando por su número y calidad permitan un encadenamiento persuasivo y lógico, cuya combinación tenga la evidencia necesaria por su convergencia al mismo objeto, sin que se destruyan sino fortaleciéndose mutuamente.

De todos modos, cabe agregar que estas presunciones pueden ser legales o de hecho. Las primeras las encontramos en el código derogado en los arts.3604, 3741, 1297, párr. 2º; en cuanto a las segundas, son los que nuestra doctrina y jurisprudencia han elaborado para acreditar la simulación acusada.

Ferrara distingue las presunciones de hecho en relativas a: las personas intervinientes en el acto simulado, el objeto del contrato, a la ejecución del negocio y a la actitud de las partes al realizar el negocio jurídico.

En cuanto las presunciones relativas a las personas, en algunos casos el parentesco es tomado por la ley como fundamento de una presunción legal absoluta (art. 3604) o relativa (art. 3741).

Pero lo importante es que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que la relación de parentesco constituye una presunción relativa de hecho que se aplica a situaciones distintas de las contempladas en las dos normas citadas. Así, la relación existente entre las personas otorgantes del negocio, vinculada generalmente a otras presunciones (carencia de posibilidad económica de una de las partes para celebrar el acto), y a una causa simulandi (proximidad de un embargo o de una quiebra, etc.), permite tener por acreditada la falsedad del negocio (cfr. Bueres- Highton «Código Civil y normas complementarias.

Análisis doctrinario y jurisprudencial», Hammurabi, 2004, pág. 667).

En efecto, se han aplicado en reiteradas oportunidades, para anular por simuladas enajenaciones hechas a los padres o hermanos, o aun consanguíneos y afines. Incluso, la jurisprudencia, ha hecho juzgar esta presunción cuando las partes son concubinos, o el acto se ha realizado con algún pariente de concubinos.

En muchos casos se ha admitido la presunción derivada de amistad íntima de los contratantes y también la existencia de relaciones profesionales, comerciales o de dependencia (cfr. ob. cit. pág. 667).

En cuanto a las presunciones relativas al objeto del negocio, este se presume simulado cuando el vendedor enajena aquello que es su principal o única fuente de recursos y generalmente se la vincula a simulaciones de insolvencia.Respecto de las presunciones relativas a la ejecución del negocio se refiere a la no ejecución de un acto, como sucede cuando el vendedor continúa en la posesión del objeto enajenado, como comodatario, locatario, administrador de fondo de comercio etc. Aquí pueden incluirse las presunciones derivadas de la capacidad económica de las partes para el negocio que se trate. Por último las presunciones relativas a la actitud de las partes, aquí entra el factor tempus, como cuando se enajenan bienes ante un inminente divorcio o ejecución.

Sobre el particular, el Dr. Héctor Cámara cuya obra he citado a lo largo del presente, expone que al igual que en la simulación absoluta, en la relativa -que es la que nos interesa- existen ciertas presunciones «tipo» que llevan al ánimo del juzgador la convicción de que el acto ostensible es simplemente aparente, careciendo de otro objeto que esconder el real.

En primer lugar, menciona que en ambas simulaciones el vinculo familiar y de afecto, juegan un papel importantísimo. Aunque en esta clase de simulación -relativa- no prevalece tanto la idea de confianza -como en la absoluta-, sino más bien de cariño, de afecto.

Normalmente se efectúan entre una persona y algún pariente preferido o predilecto. Hay que observar previamente una serie situaciones que pueden haber existido como, por ejemplo, es una presunción la falta de solvencia material de parte del adquirente para hacer grandes erogaciones (cfr. dicho autos, ob. Cit. pág. 211/212).

En efecto, dice el mencionado autor, el agraciado no puede elegir como testaferro más que a un pariente o persona cuya intimidad no puede ser eludida, para que oportunamente no defraude la confianza depositada valiéndose de su ficticia situación (cfr. dicho autos, ob. Cit. pág. 211/212).

Otro detalle revelador de la interposición de personas es el patrimonio del testaferro, que generalmente con la donación no sufre variación, cumpliendo solamente la función de simple depositario.Todos los gastos de conservación, pago de impuestos, etc., son sufragados por el propietario real, no ejecutando el titular aparente acto alguno adecuado con la posición jurídica de dueño. g) 1.- En cuanto a la legitimación activa, cabe señalar que los presupuestos indispensables para intentar la acción son: 1º) un derecho existente regularmente constituido

por parte del actor y, 2º) que pueda ser afectado por la conservación del acto aparente.

Cabe aclarar que para accionar es menester la titularidad de un derecho subjetivo existente, regularmente constituido, no bastando la mera expectativa. En efecto, se ha dicho hace tiempo que «…Si falta un interés actual de los actores es improcedente la acción de simulación deducida desde que en nuestro derecho no es admisible una condena de futuro…» (cfr. esta Cámara, Sala B, «La Ley» t. 73, p.416). Por ello se ha negado al legitimario en vida de su antecesor el ejercicio de la acción para declarar la existencia de la donación disfrazada bajo otro acto permitido por la ley (cfr. Cámara Héctor, ob. Cit. Pág. 331).

En efecto, la legítima es un derecho de sucesión efectivo después del fallecimiento del causante, no siendo hasta ese momento más que una simple expectativa en cuanto a su existencia y objeto.

La efectividad de este derecho depende de muchas circunstancias, como ser la sobrevivencia de los titulares de la legítima al causante y del hecho de dejar algunos bienes. En cuanto a su contenido sólo puede fijarse después de la muerte; en cualquier otro instante es indeterminable, dado los vaivenes a que está expuesta la fortuna del antecesor (cfr. Cámara, ob. Cit. Pág. 332).

Únicamente abierta la herencia, la ley autoriza los actos de defensa o seguridad de la legítima. La ley no permite la injerencia del legitimario en el patrimonio del causante antes de su muerte, y sino le concede acción expresamente tampoco cabe otorgársela (cfr. Cámara, ob. Cit. Pág.332). En efecto, la acción de prescripción tampoco constituye argumento ya que nunca correrá sino desde que el heredero tiene el ejercicio de su derecho.

En este orden de ideas, que los actores alegaran conocer la simulación desde su remoto origen y no objetaran a lo largo de los años la decisión de su padre y cónyuge -respectivamentede poner el bien cabeza de la coheredera demandada, no les resta legitimación para atacar el acto jurídico, ya que en vida del causante no contaban con ninguna acción legal que les permitiera exigirle otro comportamiento y/o protegerse de sus consecuencias.

Como corolario, señalaré que la legitimación activa para iniciar esta acción actualmente se encuentra regulada expresamente en el art. 336 del CCyCN. Allí se establece: «… Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad», y además despeja toda la discusión de antaño en cuanto dispone «…Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba…».

2.- En cuanto a la legitimación pasiva, comparto la opinión que deben ser llamadas en forma, todas las personas contra quienes la sentencia debe producir efecto de cosa juzgada, y en especial, a las cuales pueden resultarles responsabilidades.

Por ello, intervienen en el litigio todos los individuos que concurran al acto en la simulación absoluta, bastando la participación de aquél que pretende sustituirse al efectivo titular en la simulación relativa por persona interpuesta, en especial cuando el tercero carece de interés en integrar el contradictorio por razones especiales (cfr. Cámara, ob. cit. pág. 369/370).

Podemos decir entonces que la regla es que todos los intervinientes del negocio controvertido deben ser oídos, incluso el otro co- contratante, porque habría imposibilidad para declarar el verdadero estado de derecho de una relación respecto de uno sólo de los contratantes, y no al otro.De lo contrario, nos podríamos encontrar frente a la situación que el mismo acto para una parte es real lo que celebraron, mientras que para la otra sería inexistente, es decir, un absurdo inadmisible.

Ahora bien, este principio cede ante algunos casos, por ejemplo, si la acción que se deduce no tiene por objeto la anulación del acto calificado como simulación relativa sino una obligación derivada del mismo allí sólo corresponde la citación de las partes interesadas según el alcance de la litis.

En casos especiales como el sub examine, se ha dicho que no es indispensable la citación del vendedor cuando lo que se pretende es que la compraventa fue sólo simulada en cuanto la persona que en ella figura como adquirente y no se impugna la sinceridad o la validez del acto en sí (C.Civ. 1ª, «G.F» t. 174, p. 201 ver Cámara, ob.cit. nota 84 de la pág. 371).

Además, esta posición contempla de mejor manera la situación de los terceros perjudicados, para quienes -aunque conozcan con certeza la insinceridad de la transmisión al testaferro- puede resultar imposible saber de antemano, si el enajenante también participó del acuerdo o si éste sólo tuvo lugar entre el ficticio adquirente y el real adquirente del derecho. h) Por último, los efectos en esta hipótesis en el cual se disimula la persona de los contratantes, todos los derechos recibidos aparentemente por el prestanombre se reputan adquiridos directamente por el contratante oculto, quien será el verdadero propietario, acreedor, deudor etc., disponiendo a su favor de las acciones competentes; ello así, dado que la persona interpuesta -como vimos- es un ser inanimado.

Por dicha razón, al testaferro no le es aplicable la presunción de que hizo las mejoras de la cosa, pues interviene en el negocio como mise en scène, para que el verdadero adquirente reciba directamente el bien, la propiedad y la posesión (cfr. Cámara, ob. Cit. pág.238/239).

Cuando la persona oculta no podía contratar por incapaz, o si la relación jurídica carece de los elementos necesarios exigidos por la ley, el negocio encubierto (el disimulado) será nulo.

Por lo expuesto, los actos con simulación relativa, cualquiera sean los factores sobre que recaiga el vicio, tendrán o no eficacia según los elementos de validez que contuvieran, con prescindencia absoluta de los aparentes que los desfiguren. Éstas son sintéticamente las consecuencias de la declaración de simulación relativa.

Sobre esta base teórica, ahora sí me avocaré al estudio del particular a efectos de verificar si se encuentran acreditados los supuestos sobre los cuales los recurrentes fundan sus agravios.

III) Los agravios

1) En primer lugar, los recurrentes aclararon que su crítica se centra en las conclusiones vertidas por la a quo en su fallo a partir de la página 227 en adelante.

Centralmente se quejan por la valorización efectuada en la sentencia de los seis testigos ofrecidos y producidos por su parte, como así también de la prueba documental aportada, ya que mediante dichos elementos acreditaron en forma contundente que el campo no le pertenece a la demandada.

En especial, protestaron porque en la sentencia -según sostienen- se le restó mérito a la declaración del testigo más importante, Miguel Rohrer. Que éste era el titular de los derechos del campo adquirido por Ángel Ramírez, y declaró con detalle cómo fue todo el trámite previo y la operación de venta y sus condiciones.

Arguyen que en la sentencia se desacreditaron los dichos de este testigo, en virtud de una aparente contradicción con una declaración muy anterior y en el marco de otro expediente.Que ello representa una erronea valoración de los dichos de este testigo en un proceso totalmente diferente, cuando la única interpretación de esa declaración está vinculada con relacionar a Ángel Ramírez, con una actividad laboral en un lugar físico determinado, con el objeto de responsabilizar al autor de un accidente, por las consecuencias y/o secuelas derivadas de las incapacidades físicas sufridas por Ángel Ramírez, a raíz de ese accidente.

Agregan que la materia probatoria del proceso derivado de un accidente vial, versó sobre la explotación y justificación de Ángel Ramírez, en el lugar del accidente, y de esa manera se refirió que trabajaba en un campo de titularidad dominial de su hija. Que en ese expediente no era de interés de ninguna de las partes señalar la simulación en la escritura, que no era objeto de ese debate y además en aquél entonces la demandada no había roto todos los códigos familiares y morales.

Señalan que, pese a que la a quo refirió expresamente en el fallo puesto crisis que el decisorio de aquél expediente sobre daños y perjuicios (venido ad effectum videndi)no resultaba vinculante a los fines del presente litigio, contrariamente, analizó y utilizó parciales aspectos de dicho expediente para arribar a las conclusiones explayadas en el decisorio de éste proceso.

Arguyen que objetivamente dicho anal isis resulta erróneo, parcial, sesgado e incompleto, y que si el deseo de la magistrada fue fundar el fallo en las constancias de dicha causa, debió advertir todos los otros elementos (los cuales detallan), que contrariamente a las conclusiones arribadas por la a quo, llevarían a admitir la demanda.

Enfatizan que tomar las declaraciones del testigo Roher como una contradicción, es un error y utilizarla como base fundamental para desacreditar la totalidad de su relato, genera una sentencia confusa que se aleja de la realidad de los hechos, que quedaron claramente acreditados no sólo por la declaración de dicho testigo, sino también por las declaraciones de los otros cinco que participaron y el restode las pruebas producidas.

Sostienen que resulta llamativo que testimonios como el del testigo Demario (ingeniero agrónomo encargado del campo), el cual no ha sido contradicho en ningún punto, ni impugnado por la demandada, no fuera ni siquiera nombrado en la sentencia, lo cual representa otra de las numerosas críticas que se realizan al decisorio. Asimismo, vuelcan distintas consideraciones respecto a los demás testigos, los cuales aducen que tampoco fueron valorados.

A continuación protestan porque la única testigo de la demandada es su amiga íntima, que la a quo supervaloró por encima de las declaraciones coherentes y concordantes de los otros testigos que presenciaron diferentes hechos, y que la testigo aportada por la accionada jamás estuvo en el campo ni en las diligencias de compra ni de pago. Que sus dichos fueron sobre los hechos se los refirió la demandada, sin haber tenido conocimiento personal de ellos.

Refieren que incluso la declaración es contradictoria con lo dicho por la demandada, que en un intento por justificar los poderes que le otorgó a su padre y luego a sus hermanos, sostiene que era porque no podía viajar por la distancia al campo cuando la testigo sostuvo que la demandada viajaba asiduamente. Seguidamente manifiestan otra serie de consideraciones respecto a la declaración de dicha deponente.

Respecto de los otros testigos aportados por la parte demandada sostienen que refirieron hechos con fecha muy posterior a la venta cuestionada, por lo que el anal isis de dichas declaraciones no modifica el anal isis de la situación planteada.

Esgrimen que ninguno de los testigos ni las pruebas producidas por la demandada, permiten sospechar que la misma, recién recibida de abogada, había decidido comprar un campo y menos tener los fondos necesarios para dicha operación.Dicha ausencia de prueba necesaria de convicción para su derecho, debía ser valorado en el fallo como un elemento más que le deriva convicción a la prueba en sentido contrario de sus defensas.

En cuanto a los poderes otorgados por la demandada, señalan un desconocimiento de la significación de dichos documentos notariales por parte de la magistrada.

Indican que hay actos reveladores realizados en exclusiva por la demandada, sin otra razón que el reconocimiento de los derechos de su padre, consistentes en tres poderes, en los cuales, el primero se lo da a los pocos días de la compra del inmueble con el derecho de disposición plena de todos sus bienes, con lo cual el padre estaba en condiciones sin limitación alguna de transferir el dominio o subdividirlo, como quiso hacer en sus últimos años de vida.

Expresan que frente a dicho acto concreto, la demandada sólo señaló que era por la distancia en la cual encuentra el campo, lo que representa una mera excusa, ya que esta ni siquiera fue al predio rural, ni cuando su padre lo visitó con el martillero y el vendedor, tampoco fue antes o después de la escritura, y posteriormente los testigos presenciales dicen que la vieron -en vida del padre – en ocasiones de visitas sociales con la madre y hermanos, pero jamás en posición de dominio, administración o control.

Alegan que ante la falta de contradocumento, que no fuera emitido por la confianza absoluta que en ese momento se dispensaban entre los familiares, y que tampoco resultaba necesario dada la existencia del poder mencionado a favor del causante, con el cual tenía la posibilidad de transferir los derechos territoriales, resultando dicho instrumento un equivalente al mentado contradocumento.

Discrepan con la conclusión de la aquo, en tanto señaló que en todos los poderes realizados por la demandada no se expresa con precisión que se trataba del campo comprado quince diá s antes.Contrariamente, argumentan que, la magistrada, no tuvo en cuenta que si se trataba de un poder general sobre una gran cantidad de bienes que tuviera la demandada, y frente a dicho acto concreto, conforme el art. 960 del C. Civil, debería haber expuesto en la causa cuales eran todos los otros bienes que tenía y que le permitía a su padre disponer libremente, como por ejemplo su hogar conyugal u otro bien de su titularidad. Todo ello, a los fines de excluir la presunción concordante con los demás elementos de la causa.

Reseñan que en la sentencia se expuso que con fecha del 25/09/1996, por escritura n° 205, se produce la adquisición del campo, luego, menos de un mes después se firma la escritura N° 116 el 15/10/1996, en la cual la demandada Carolina Andrea Ramírez otorgó un Poder General de Administración y Disposición a favor de su padre Ángel Ramírez (fs. 366/371).

Pero que, sin embargo, la magistrada también citó la escritura N°37 en fecha 23/03/2005 (fs. 622/626) de la cual indicó que Ángel Ramírez, le otorgó a su hija Carolina Andrea Ramírez, un Poder General de Administración y Disposición de similar tenor que el precedentemente mencionado, lo cual es un error de interpretación por parte de la sentenciante, ya que el poder Nº 37 que emitió Ángel Ramírez, fue a favor de sus tres hijos y no solamente de Carolina Andrea Ramírez.

Insisten que este acto significaba por parte de quien había recibido el derecho de administración y disposición libre del campo (Sr.Ángel Ramírez), el reconocimiento por la transferencia que se hacía en el poder, de que el derecho de sus hijos era igualitario, sin preferencias por, a nombre de quien estuviera.

Protestan porque, pese a ello, la colega de grado, señaló insistentemente que ninguno de todos esos poderes tienen referencias al inmueble de marras, pero que omitió la a quo referenciar que, posteriormente y siguiendo una línea lógica de razonamiento, la accionada le otorgó a su padre un usufructo vitalicio mediante un poder, en el cual, concretamente sí se refiere al inmueble objeto de marras.

Fundan que, este documento, concreta el sentido de toda la operatoria de reconocimiento de los derechos de su padre, dado que de acuerdo a la escritura N° 322 del 16/09/2009 la demandada Carolina Andrea Ramírez constituyó usufructo gratuito ad-vitan a favor de Ángel Ramírez, respecto del inmueble objeto de litigio, conforme los términos allí vertidos (fs. 422/423).

Alegan que este poder, se encuentra relacionado temporalmente con el matrimonio de la accionada y de su búsqueda de adopción como se señaló en la demanda y este extremo no fue negado por ella en su responde.Que respecto a este punto sólo señaló que emitió ese documento por ventajas impositivas, lo que no tiene sentido porque el previo otorgamiento del primer poder, autorizaba al apoderado a toda la operatoria en forma plena.

Argumentan que el matrimonio de la accionada con su marido, fue celebrado unos meses después del poder, extremo que se encuentra acreditado en su existencia porque los dos primeros poderes los emitió como soltera, y el último como casada, lo que justifica que el poder fue emitido para evitar el reclamo de los frutos de dicho inmueble, por las terceras personas que se incorporan a la familia.

Explican que, este segundo elemento también tienen relación temporal con los actos de la demandada en reconocimiento de los derechos de su padre, que la demandada no hacía poderes porque tenía que viajar, como inocentemente es aceptado por la a-quo, sino que dichos poderes fueron emitidos con el fin de evitar actos que pudieran restringir los derechos de su padre, lo que se acredita con las fechas y motivos de los dos primeros poderes vinculados con la presente causa.

Insisten en que si todos esos poderes no estuvieran relacionados con la única propiedad inmobiliaria y la demandada hubiera querido delegar en su familia de sangre, otros bienes, por cuestiones de viajes, compromisos, o

cualquier otra causa, debería haberlos mencionado y acreditar además su importancia.

Dicen que la ausencia absoluta de cualquier otro bien, sobre el cual la demandada, hubiera querido transferir su disponibilidad, coincide con las trabas y dificultades interpuestas por la accionada en la marcha del expediente.Todo lo que presenta, según sostienen, una insalvable presunción en su contra, que en conjunto con las demás pruebas positivas acreditadas, justifican la convicción de la existencia de un acto simulado que debe ser revertido.

Finalmente, en cuanto a los documentos aportados, refieren que un breve tiempo después del fallecimiento de su padre (18.08.12), la demandada emitió conforme a la escritura N° 120 del 31/10/2012, un poder general amplio de administración y disposición a favor de su esposo Pablo Damián Martínez Burkett, de su madre Marta Susana Gómez y de sus hermanos Hernán Ángel y Fernando Enrique Ramírez en similares términos que los anteriores ya transcriptos (véase fs. 856/860 y fs.

1073/1076), pero que en esta oportunidad precisó que era únicamente sobre el inmueble rural, lo que se justifica, porque en esa época la demandada ya había adquirido su vivienda.

Destacan que este tercer poder, vinculado temporalmente con el fallecimiento de su padre, es la tercer acreditación sintomática de la relación ente hechos o actos familiares, y el reconocimiento concreto de los derechos en los demás miembros de su familia.Dicen que este poder fue realizado un mes y medio después del fallecimiento de su padre y no tiene justificación alguna por la explicación de realizar viajes, ya que todos los viajes los realizaba con su marido, que se encuentra incluido entonces, sin sentido, en ese poder.

Señalan que a todo evento, el viaje invocado por accionada poco después de la emisión del poder, no se encuentra acreditado en autos y que la subsistencia de dicho documento durante más de dos años marca que no fue emitido sólo por el término de un viaje, sino que es la continuación de los reconocimientos de la titularidad familiar del inmueble.

Apuntan que, la errónea consideración de la magistrada en cuanto a la importancia de dichos documentos, la falta de anal isis en la correspondencia entre las fecha de actos ocurridos y emisión de los poderes, todos en coincidencia con las demás pruebas de autos, justifican la revocatoria solicitada y el reconocimiento de los derechos invocados en la demanda.

A continuación describen distintos actos personales de la demandada en términos similares a los descripción efectuada en la demanda, que según sostienen, llevan el reconocimiento de la titularidad de los derechos sobre el inmueble, pero ya no sobre su padre, que ya había fallecido, sino sobre sus hermanos, que coadministraron el inmueble, desde el fallecimiento del causante hasta el acto de desconocimiento de los derechos familiares que dio origen a la presente causa.

Arguyen que como ninguno de los poderes emitidos fueron revocados en la vida del padre, ese respeto originario no sufrió controversias durante la vida de Ángel Ramírez. Que igualmente después de la muerte del causante, persistieron los efectos de la confianza familiar, ya que se emitió un poder para que los hermanos de la demandada pudieran disponer del inmueble.

Señalan que esa confianza plena debe ser considerada suficiente para el no requerimiento de un contradocumento, que podría haber sido considerado ofensivo por representar una duda sobre la futura conducta de la hija mayor de Ángel Ramírez.Que lejos de considerar estas circunstancias, la a-quo señaló la inexistencia del contradocumento como un elemento que permite desconocer los demás elementos aportados.

En cuanto a la causa simulandi expresan que quedó acreditado que durante su relación con el inmueble, y probablemente desde antes de ello, Ángel Ramírez tuvo diversas relaciones sentimentales, algunas simultáneas y con todas concurría al campo y les comunicaba que la propiedad era de la familia y para la familia.

Que ello surge probado con los testimonios de Georgina Elisa Richter y Elida Beatriz Novoa los cuales citan.

Por último, destacan que la sentenciante sostuvo que no existió por parte de la actora demostración suficiente de la capacidad económica de Ángel Ramírez, para la compra del campo. Pero, por otro lado, eximió de tal obligación probatoria a la demandada con el argumento que pasaron muchos años.

Sostienen al respecto, que la capacidad real y concreta de Ángel Ramírez, fue acreditada por la declaración del vendedor del campo, cuando dijo que el anticipo lo recibió del causante y no de la demandada, que se suma a ello los testigos que dicen haberlo acompañado a llevar partes del dinero y los que señalaron que los saldos hipotecarios se pagaron con el producto de las cosechas o con el alquiler del campo.

Por el contrario, explican que, si la demandada hubiera hecho las transferencias bancarias o hubiera hecho los pagos, habría tenido en su mano aunque sea una de las pruebas de su intervención económica. Y por mas que haya pasado el tiempo, deberían haber quedado constancias de las transferencias realizadas, el cheque emitido o cualquier otro modo de acreditar que es fue ella la que participó en los pagos.

Insisten en que la accionada no acreditó en momento alguno la real posibilidad económica de haber afrontado los costos de adquisición del campo que consistieron en el pago del anticipo y otros costos colaterales como la inscripción de la escritura de compra y la accesoria de hipoteca.Formulan consideraciones al respecto describiendo las distintas actividades mencionadas por la accionada en su responde.

Argumentan que alguien que quería labrarse un futuro distinto al de sus padres -como afirmó la accionada- no habría puesto todos sus ahorros a cargo una persona como su padre, espejo de lo que no quería ser, alguien que así como había fundido una farmacia, muy probablemente fundiría el emprendimiento del campo.

Sostienen que resulta inconcebible que alguien que anheló toda su vida comprarse su propio departamento, tal cual lo relató en la contestación de demanda, terminara poniendo «… todos sus ahorros…»( sic ) comprando un campo que según expresa no tenía sentido para ella «… porque no había estudiado tanto tiempo y se había recibido de abogada, para ir a trabajar al campo» y que accedió a la compra «…sólo porque su padre veía en ella un pasaporte a una vida mejor…».

Protestan porque la no consideración de dicha circunstancia por la sentenciante y haber excusado a la demandada de su deber de haber aportado documentación de sustento de su capacidad económica para realizar la operación y el modo por el cual fue transfiriendo dichos importes para cancelar el saldo de precio, resultó una falla inmensa en el razonamiento de la a quo y es otro de los múltiples motivos independientes y concordantes, que habilitan la revocación de la sentencia apelada.

Hasta aquí los agravios de los apelantes.

2) Desde ya adelanto que comparto los agravios formulados por los recurrentes, pues no coincido con la solución adoptada en la instancia anterior.

Como reseñé precedentemente al precisar el cuadro normativo aplicable al caso, en mi opinión, los actores interpusieron la demanda en su carácter de terceros y no como continuadores de la persona del causante y/o como partes del acto simulado.Ello así, puesto que reclaman que el acto atacado que fuera simulado por el causante, les aparejó un perjuicio de sus derechos hereditarios.

En definitiva, y sin importar como lo hallan consignado en la demanda, de acuerdo a las razones que invocan se devela que no actúan en defensa de un derecho del fallecido, sino en resguardo de sus propios intereses y derechos sobre el bien cuya propiedad real adjudican al causante y por ende, integraría el acervo de su sucesión, donde ellos gozarían de la vocación hereditaria.

Vale destacar aquí, como antes expuse, que esos derechos e intereses legítimos nacieron -en todo caso- recién con la muerte del Sr. Ramírez -y ante la actitud de la accionada, quien se habría apoderado del bien causándoles un perjuicio- con lo cual, con anterioridad a ese momento, no se encontraban legitimados para iniciar esta acción, ni ninguna otra, dado que no los asistía hasta entonces un interés legítimo.

No puede perderse de vista que fundaron, que toda la negociación de la adquisición del campo fue realizada por su padre y cónyuge respectivamente, que sólo fue acompañado por su hijo Fernando, siendo ajena la accionada de todo conocimiento de la operación previa y que, desde la compra del campo y hasta su muerte, todos los negocios en el campo fueron desarrollados por Ángel Ramírez, quien desde un principio fue dotado de un amplio poder de administración y disposición de los bienes de la demandada.

En efecto, postularon que aun manteniendo el manejo exclusivo, en alguna oportunidad, Ángel, hacía participar a sus hijos, por cuestiones impositivas, pero sin que estos tengan real injerencia en la administración comercial del campo y que, posteriormente al fallecimiento de Ángel Ramírez, toda la operatoria del campo fue realizada por sus tres hijos en conjunto, hasta principios de julio del año 2014 cuando la accionada desconoció los derechos de su madre y de sus hermanos, tratando de prohibirles el ingreso al campo de propiedad familiar.

Con ello quiero decir, que por más que los actores mencionaran la unidad familiar, que se pretendía preservar el patrimonio familiar, y que se tratara de una propiedad familiar en ningún momento se califican como dueños, no al menos en vida del causante, a quien a todas luces, sindican como el real propietario, produciendo prueba a dichos fines.

Por ello, contrariamente a lo que concluyó la a quo, opino que la circunstancia que conocieran la simulación, que no la objetaran durante todos esos largos años y que participaran ocasionalmente con Ángel Ramírez en la actividad rural, no resta la legitimidad del reclamo, no los transforma en partes ni en cómplices del acto simulado -en el cual ni siquiera alegan materialmente haber participado-, tampoco puede deducirse una renuncia a sus derechos, ni se configura un supuesto de mala fe y por ende, no resulta aplicable al caso la doctrina de los actos propios.

Por otra parte, como los actores actúan como terceros por derecho propio, no resulta exigible en este caso la presentación del contradocumento para probar la simulación, pudiendo valerse de todo tipo de pruebas y presunciones. De todos modos, tal como postularon los agraviados, de admitirlos como parte del acto impugnado, nos encontraríamos ante la hipótesis de imposibilidad moral de exigirlo. Ello así, dada la relación familiar de extrema confianza (padre-hijo) y la evidente incomodidad que dicha situación originaría entre sus miembros, al dudar de su honestidad u honradez.

De todos modos, e s razonable deducir que de existir éste, sería casi imposible para los actores obtenerlo, primero, porque no participaron en el acto y segundo, porque uno de sus simuladores falleció. Por otro lado, de

poseerlo la contraparte, atento la postura adoptada, sería lógico que no lo acompañara al juicio.

Pues bien, desde este piso de marcha, comienzo por señalar que, tal como refieren los quejosos, debe considerarse especialmente la declaración Miguel Rohrer -apoderado de The Milk S.A.- quien intervino en la compraventa (acto simulado) como parte vendedora (fs.1203/1205).

No puede soslayarse su carácter de testigo directo del acto atacado y en todas sus etapas (conformación, celebración y ejecución).

En efecto, este testigo dio cuenta de los hechos más importantes expuestos en la demanda. Dijo que conoció a Ángel Ramírez por medio del comisionista Sr. Orlandini, que se encargaba de la venta de una propiedad suya en el año 1996, y que siguieron las tratativas con el Sr. Ramírez para lograr cerrar el negocio, él como vendedor y Ángel Ramírez como comprador de la propiedad denominada La Ley. Aclaró que las condiciones de venta fueron tratadas únicamente con Ángel Ramírez. Describió que una parte del pago fue al contado y otra en cuotas anuales mediante hipoteca. Señaló que las cuotas posteriores eran pagadas al vencimiento, que Ángel rara vez llegaba en término y le comunicaba el siguiente plazo en el cual él iba a efectuar el pago, con lo cual el testigo daba las instrucciones en su oficina de como habían cambiado las condiciones y Ángel se encargaba de hacerlo llegar y pagar.

Al contestar la sexta pregunta en cuanto a si en algún caso en los que no podía pagar el Sr. Ángel Ramírez se compensó la cuota o el dinero que se debía, contestó que «…Sí, en alguna oportunidad yo sembraba el campo y se descontaba el valor del alquiler de la cuota correspondiente». Seguidamente, volvió a reiterar que todo lo arreglaba con el Sr. Ángel Ramírez, y que toda relación comercial era únicamente con Ángel Ramírez. Expuso también que la única persona que vivía en el campo era Ángel y que estaba a cargo de la toda la administración y manejo.

Al contestar las preguntas de la demandada, el testigo señaló que el campo La Ley se lo vendió a Ángel Ramírez y describió que el día de la escritura: «…el Sr.Ángel Ramírez me comunica que para salvar problemas impositivos de su conveniencia lo iba a poner a nombre de uno de sus hijos, cosa que me sorprendió e inmediatamente él me comunica que hará un contrato de usufructo a favor de él, que lo realiza la misma escribana actuante en ese momento, persona de mi total confianza, lo cual me da la tranquilidad necesaria. Quien firmó fue Carolina Ramírez…» (lo resaltado me pertenece).

Al contestar si firmó por sí o por representación de otra persona dijo que «…Ambas, ya que yo tenía un socio y era su apoderado, el nombre era Oscar Lentino.». Requerido el testigo para que precise las condiciones de la venta, fecha, montos y demás circunstancias que recuerde expuso «… pasaron veintiún años, recuerdo lo mismo que ya conteste, era una parte contado y el resto en cuotas, no recuerdo montos, el año recuerdo 1996, no recuerdo la cantidad de cuotas…».

En cuanto al domicilio de pago contestó «… en el domicilio de mi administración, en la Ciudad de Rio Cuarto, me mudé de oficina, puede ser una Marcelo T. de Alvear 440 recuerdo que ahí hicimos el negocio y luego en Deán Funes 130 1° Piso, ambas en Rio Cuarto, Pcia de Córdoba…».

En relación a quien efectuaba los pagos contestó «…No lo sé, yo hablaba con Ángel Ramírez, acordaba los plazos y él se encargaba de hacer llegar el dinero con mi gerente financiera Griselda Pagliero…». En cuanto a la modalidad del pago respondió que no lo sabía porque no estaba en ese ámbito, que tampoco se ocupaba de los cobros o su modalidad, aunque precisó que Griselda Pagliero era quien emitía los recibos.

Dijo también el testigo que no fue proveedor ni mantuvo alguna relación comercial con Carolina Ramirez.Y al contestar la decimosegunda pregunta acerca de si en alguna oportunidad le alquiló el campo a la demandada manifestó «…como le comenté lo que me extrañó fue el día de la escritura, puede figurar Carolina Ramírez como dueña, yo bien claro sabía que el usufructo y el que me pagó fue Ángel Ramírez y no ella. Aclaro que respecto del usufructo claramente Carolina Ramírez era un testaferro de Ángel Ramírez. Preguntado como le consta, respondió que: «…a los 40 años de haber trabajado uno se da cuenta de las relaciones y quien es quien en cada sociedad…» (el resaltado me pertenece).

Preguntado si depuso en alguna causa judicial relacionada con el Sr. Ángel Ramírez dijo no recordarlo, y al ser consultado respecto de quien era el acreedor hipotecario del campo La Ley contestó «…la persona que firmó la escritura que era el testaferro de Ángel Ramírez, es decir Carolina…». Aclaró en ese acto que se equivocó en la interpretación de la pregunta y respondió que los acreedores hipotecarios eran su socio y él y seguidamente agregó «…Ahora estoy recordando que nosotros calzamos la venta, no estoy 100% seguro, con la compra de otro campo en Entre Ríos y se la pasamos, pero no estoy seguro, creo que pudimos haber pasado la hipoteca al vendedor del otro campo del de Entre Ríos, Martín Mancioni…».

Requerido para que diga si ha visto pagar personalmente a Carolina Ramírez cuotas del campo y si se han emitido recibos expresó:

«…no recuerdo haberla visto a ella, pero los recibos por supuesto se habrán emitidos como corresponde, no era mi función en la empresa cobrar, no recuerda por el paso del tiempo…».

Preguntado acerca de si sabe las actividades comerciales de Carolina Ramírez vinculadas al campo y si sabe si la misma explotaba al predio la Ley sostuvo que:»… Mientras vivía Ángel Ramírez, recuerdo que lo explotaba él y lo manejaba él, luego de su

deceso no tuve mas relación comercial y no conozco que actividades realizó la mencionada…».

Al contestar que función cumplía el testigo en Del Monte Fresh Produces SRL dijo que gerente general. Y preguntado si Carolina Ramírez era clienta de Del Monte aclaró «…Si bien era la que aparecía en los papeles, el crédito que la firma le otorgaba era por ser representante de su padre…» (el resaltado me pertenece). Agregó el testigo que dicha sociedad tuvo su inicio en el mes de Agosto del 1999 y que la finalización de la empresa en la Argentina fue en el año 2009, dejando en esa fecha su cargo. También detalló que el objeto de Del Monte Fresh Produces SRL era la venta y distribución de frutas, acopio de cereales y venta de insumos agropecuarios.

Hasta aquí la declaración del testigo más relevante de la causa. Pues bien, como alegan los agraviados, la a quo admitió la impugnación efectuada por la demandada en la oportunidad de alegar donde señaló una serie de «contradicciones» entre lo declarado por el testigo en estos autos y lo expuesto en su testimonial en el juicio sobre daños y perjuicios, y desechó los dichos de este deponente.

En su análisis la magistrada tras transcribir nuevamente la declaración atacada como así también la que obra a fs.734/735 en el expediente caratulado «Ramírez Ángel c/ Natali Guillermo Alfredo y otro s/ Daños y Perjuicios» expte n° 4727254, -cuyas copias certificadas tengo a la vista- iniciado a raíz del primer accidente automovilístico sufrido por Ángel Ramírez en el año 2005, concluyó que las declaraciones diferían sustancialmente respecto a la identificación de la persona propietaria del campo.

Señaló al respecto que en los autos sobre daños y perjuicios ut supra aludido el testigo habría consignado en ese carácter a la demandada Carolina Ramírez, refiriendo a Ángel Ramírez como administrador de dicho predio rural, además de describir sus cualidades como productor agropecuario.

Del mismo modo, sostuvo la colega que el testigo expresó su reconocimiento en cuanto al contrato de arrendamiento que fue suscripto por Carolina Ramírez respecto el campo La Ley durante el periodo 2006/7 donde figura como arrendatario (cfr. el documento que luce a fs. 722/725 de dichas actuaciones) Pues bien, veamos que dijo el testigo en el marco de ese expediente y con que fin fue citado a declarar.

En efecto, de la demanda (fs. 1/12) no surge ofrecido como testigo. Se advierte que al fundarse el reclamo por rubro lucro cesante -f.

5 vta.- se menciona que a raíz del accidente, Ángel Ramírez, sufrió una incapacidad física que no le permitía continuar con sus actividad explotando y administrando personalmente un campo de propiedad de Carolina Ramírez, por lo que el predio tuvo que ser arrendado a la firma Monte Fresh Produce Argentina SRL, acompañándose dicho contrato a fs. 63/67.

Más adelante, recién a fs. 324 puede observarse un escrito agregado en forma parcial, presuntamente presentado por el letrado apoderado de Ángel Ramírez en dichas actuaciones -Dr.Padro- en el cual se solicita que se cite a Miguel Rohrer para que preste declaración a tenor del interrogatorio allí transcripto.

Además de las generales de la ley, se solicitó que el deponente dijera si había arrendado a la accionada un campo denominado «La Ley», y en caso afirmativo indicara la fecha y duración del contrato.

Asimismo se le solicitó que reconociera la firma inserta al pie y el contenido del documento, y si sabía quien administraba el campo antes de dicho arrendamiento. A fs. 692 y vta. luce la diligencia (exhorto diligenciado en el Juzgado Nº 63 de este fuero) en la cual surge idéntico interrogatorio.

Así pues, al contestar las generales de la ley, Miguel Rohrer, expuso -con fecha 23.03.2010- lo siguiente: «.Conozco al actor en el año 96, yo era propietario de un campo que le vendí a la hija del actor y somos de la zona rural cercana, lo vi en los comercios de la zona, nos conocemos en la misma actividad que tenemos, en el 2006 después de su accidente él me llama para alquilarle su camp o porqu e no l o podía trabajar entonces yo se lo alquilo por 2 años d e campaña rural 2006/7/8.» (el resaltado me pertenece). Al contestar la segunda pregunta dijo que le había arrendado el campo a la accionada en el año 2006/7/8. Seguidamente reconoció la firma inserta en el contrato de arrendamiento obrante a fs. 63 a 67 (fs. 722/724) que se le exhibió y también su contenido.

Al contestar la cuarta dijo que el campo lo administraba el Sr. Ángel Ramírez, que tenía trato directo con él porque era la persona encargada de administrarlo.

Seguidamente se amplió el cuestionario, y al contestar la quinta pregunta acerca de si sabía y le constaba que el actor sufrió un accidente de tránsito el 10/12/05 dijo que sí y agregó: «…me consta.he visto las graves consecuencias que sufrió del mismo tanto físicas como psicológicas.Por un lado una inmovilidad total y un grado depresivo muy marcado…».

Al contestar la pregunta sexta referida a si sabía el estado anímico y físico del actor antes del accidente contesto: «…como productor rural un innovador e incansable trabajador de sus propiedades o de las que administraba.».

Al responder la séptima pregunta relacionada a si después del accidente el Sr. Ramírez continuó con dichas actividades expuso: «…No, de ninguna manera, luego me lo arrienda y las veces que lo pude ver estaba en la cama, postrado y hospitalizado para alguna operación, el actor estuvo unos 3 años y medio en esa situación.» (el resaltado me pertenece). Las siguientes dos preguntas fueron referidas al estado físico y

psíquico de Ángel Ramírez luego del siniestro objeto de esa litis.

Pues bien, en mi opinión el testigo no incurrió en ninguna contradicción. En primer lugar, es necesario aclarar que el objeto de este expediente es muy distinto al del accidente de tránsito, y el testigo fue citado, como se advierte, para dar cuenta de la importante incapacidad física sufrida Ángel Ramírez a raíz del accidente que lo imposibilitó de continuar en forma personal con la explotación del campo, teniendo que arrendárselo al testigo los años posteriores al accidente. Por esa razón se le solicitó al Sr. Rohrer que reconociera el contrato de arrendamiento del predio rural, el cual claramente, no podía estar más que a nombre de la titular del bien.

Por otra parte, es claro que en el expediente sobre daños y perjuicios, Ángel Ramírez, no estaba interesado en demostrar que el campo era de su propiedad, sino que toda la prueba que produjo tuvo en miras acreditar sus ingresos como productor agropecuario del campo que explotaba y reclamar así los rubros indemnizatorios pertinentes. En efecto, en la misma demanda dice que el campo que administraba y explotaba es de propiedad de la accionada, incluso con la documentación por él aportada, surge la escritura Nº 205 que instrumenta la compraventa del campo (fs.54/58).

En ese entendimiento, es que no corroboro ninguna contradicción, puesto que el testigo dijo lo que surge simplemente de la escritura de compraventa, que, justamente, es lo que aquí se ataca por ser un acto simulado.

Carece de sentido pretender que el testigo controvierta la titularidad de un bien en un juicio en el cual se reclaman daños y perjuicios, mucho menos cuando ni siquiera lo hizo el propio damnificado.

Por lo demás, pese a que el testigo reconoció lo que surge de la letra del contrato de arriendo y de la escritura, contrariamente describió que luego del accidente Ángel Ramírez lo llamó para alquilarle su campo porque no lo podía trabajar, repitiendo dicho extremo al contestar la séptima pregunta. Todo ello, lejos de contradecir lo expuesto en su declaración en estos autos, confirma lo expuesto por los accionantes en su demanda y ahora en los agravios.

Como dijera anteriormente, los dichos de este testigo adquieren cabal relevancia si se tienen en cuenta las presunciones antes descriptas al precisar el cuadro normativo.

Además, no puede soslayarse su calidad de co-contratante del acto impugnado, y que estuvo presente en el mismo acto de la simulación, incluso con toda claridad dijo que la accionada prestó su nombre para la escritura, actuando como un testaferro de su padre. Precisó claramente que el campo La Ley se lo vendió a Ángel Ramírez, que fue quien le pagó en el momento de la escritura, precisando que solamente tuvo trato con él negociando

exclusivamente con aquél la venta y sus condiciones.

No puede pasarse por alto que incluso describió que el día de la escritura Ramírez le comunicó que para salvar problemas impositivos de su conveniencia lo iba a poner a nombre de uno de sus hijos.Que esta situación sorprendió al testigo y que inmediatamente Ángel Ramírez le dijo que haría un contrato de usufructo a su favor y que lo realizaría con la misma escribana actuante en la compraventa (Danae Leonie Vaquero de Alonso), persona de total confianza del deponente, dándole así la tranquilidad necesaria.

Es claro que si se tienen en cuenta las condiciones de la compraventa, y en particular la constitución de una hipoteca a pagar en años y en sumas importantes en dólares, era un negocio que necesitaba al menos de una mínima confianza entre sus contratantes, o al menos sobre su solvencia. Por eso puede presumirse que Ángel, ante la sorpresa del co-contratante, cuando le dijo que pondría el inmueble a nombre de uno de sus hijos, inmediatamente le aseguró la constitución de un usufructo a su favor y con la escribana de su confianza.

En definitiva, cabe concluir que cuando el testigo insiste en que la accionada actuó en el acto de escritura como testaferro de su padre, lo dice también porque tanto las negociaciones previas como la ejecución del contrato (pago de la hipoteca) lo celebró exclusivamente con este y no con aquella.

Todo lo reseñado en relación a Miguel Rohrer a la luz de los presunciones antes descriptas, aplicables al caso en tanto en el presunto acto intervienen familiares -en el caso un padre y una hija-, que ésta última al momento del acto contaba sólo con 29 años habiéndose recibido de abogada sólo un año antes, que su solvencia de esta manera aparece dudosa para llevar a cabo una compraventa de un bien de semejante envergadura como es un predio rural y con la constitución de una hipoteca de corto plazo y en dólares, que el padre se dedicaba justamente a la actividad agropecuaria y que inmediatamente después de la compra tomó posesión del inmueble y ejerció el uso y goce del bien, que de acuerdo a lo explicado en la demanda tenía una conducta particular con cuestiones impositivas lo quetambién fue apuntado por el testigo, que tampoco se advierte una necesidad por parte de la accionada de comprar el aludido campo cuya actividad no se relacionaba con su profesión; todo ello observado en conjunto, permiten sospechar la simulación.

Pues bien, esa sospecha resultó confirmada a la luz de las restantes pruebas testimoniales y documentales. Especialmente con la constitución del usufructo gratuito vitalicio constituido por la accionada a favor de su padre, máxime teniendo en cuenta lo que señaló el testigo Rohrer, puesto que dicho instrumento efectivamente se confeccionó años después con la escribana actuante en la compraventa.

Como señalan los agraviados, los hechos plasmados en la demanda se encuentran también corroborados con los dichos de los otros cinco testigos que depusieron en autos. Atento a que sus declaraciones se encuentran transcriptas íntegramente en la sentencia sólo mencionaré los puntos relevantes.

Así, el testigo Pablo Ramírez (productor agropecuario) como se expone en los agravios, dio cuenta a fs. 1203/1205 no sólo de cómo se transportó el dinero para la transacción desde el aeropuerto de Córdoba capital hasta Rio Cuarto, sino también de como su padre -también fallecido- y hermano de Ángel Ramírez, dejó un sobre cerrado con dinero (aunque no pudo precisar la cantidad) que fue entregado a Ángel Ramírez junto al resto de las sumas que transportaba Fernando desde Buenos Aires.

También detalló que toda esa diligencia la hizo a pedido de Ángel.Además expuso que su tío que trabajaba en la actividad agropecuaria al igual que él, se encontraba en la búsqueda de un campo para comprar en el año 1996, que vio varios en distintos lugares, y supone que le gustó «La Ley» por algún motivo personal de él, que sabe que Ángel lo vio y que lo recorrió.

También agregó que el año 2010/2011 su tío lo llamó para pedirle que le sembrara el campo «La Ley», actividad que cumplió con sus empleados que cargaron unas máquinas arriba de un camión para transportalas los 300 km de distancia entre su campo y el de su tío, siendo esta la única operación formal. Aclaró que como Ángel era su tío siempre le pedía algún grupo electrógeno o algo, porque el campo no tiene energía eléctrica.

En cuanto a quien daba las instrucciones de que hacer y como facturar en el campo, dijo que mientras estaba presente Ángel Ramírez, lo hacia este, y cuando no estaba venía su ingeniero agrónomo Pablo de Demario a verificar los trabajos, que este daba las instrucciones de la parte técnica, verificaba los fertilizantes distribución de semillas, etc.

Que la parte de facturación se encontraba a cargo de Ángel Ramírez, él decía todo lo que se debía hacer, y aclaró que nunca recibió instrucciones de Carolina Ramírez.

También referenció el testigo que aproximadamente entre el año 2009 y 2011 su tío le pidió en varias oportunidades a Pablo Demario que quería hacer una división productiva equitativa del campo, pero que para hacer esto hay que hacer un estudio, en cuanto a su productividad porque no se parten o dividen los campos con una raya.Mencionó el deponente que le encargó en varias a oportunidades a Demario realizar una división equitativa productiva del campo, y refiere que Ángel Ramírez toda su vida y no en una sola oportunidad sino que cada vez que se juntaban repetía hasta el hartazgo que el campo era de sus hijos. Detalló que cuando pasaba por Rio Cuarto donde vive su familia, iba a visitar a su tío y se encontraba Pablo Demario presente y hablaban de esta situación, aunque no se concretó.

Al contestar las preguntas de la demandada, mencionó el testigo que su tío repartía su estadía entre largas temporadas en el campo La Ley y su departamento de la calle Libertador, edificio por medio, con la embajada de Estados Unidos, donde lo visitaba, aunque no sabe quien es el propietario de dicho inmueble.

Afirmó nuevamente que solamente fue proveedor de Ángel Ramírez, nunca de Carolina. Que fue proveedor de productos y servicios de Ángel Ramírez, que le pagaba a éste extendiéndole los recibos o facturas a nombre de quien él le decía. Que los cultivos que realizó en el año 2010 o 2011 fueron en los meses de siembra, octubre, noviembre, y diciembre, y abarcaron aproximadamente 820/860 hectáreas repartidas entre siembre de soja de primera, maíz con simple fertilización y siembra de soja tardía, detallando su método.

Por su parte, el testigo José Niderchau (contratista rural) a fs. 1208/1209 precisó que empezó a trabajar en el campo en el año 2009, que allí conoció a los actores y a la demandada posteriormente. En cuanto a los hechos señaló que aproximadamente en el año 2009, lo contrató Ángel Ramírez y que la relación laboral duró hasta su accidente en 2012. Detalló que hacía fumigaciones terrestres y que Ángel le abonaba por los trabajos y también le consultaba y le hacía facturar a Carolina Ramírez, aunque no sabe por que motivo. Agregó que las órdenes e instrucciones respecto de su trabajo las recibía de Ángel Ramírez.Aclaró que este también le encomendaba el trabajo a un ingeniero que le pasaba las órdenes él y que este ingeniero se llama Pablo Damario. Al contestar acerca de a quien veía en el campo La Ley cuando desarrollaba tareas, contestó que a Ángel Ramírez y por ahí a Fernando y a Hernán, siendo estos a quienes más veía en el campo. Destacó que luego del fallecimiento de Ángel Ramírez ya veía a los tres, que ahí ya estaba Carolina teniendo contacto el testigo con los tres hermanos.

Consultado si en algún momento el Sr. ángel Ramir ez le dijo a nombre de quien estaba la titularidad del campo La Ley y los motivos refirió «…él no me dijo a nombre de quien estaba pero si que lo había comprado y que había sido un sacrificio…».

Al contestar la segunda pregunta de la demandada acerca de si mantuvo relación comercial o fue proveedor de Carolina Ramírez expuso «…Yo seguí prestando servicios hasta un año más tarde del fallecimiento del padre y para el grupo y para mi era para los tres chicos, Fernando, Hernán y Carolina, le facturaba a Carolina, emitía los pagos a Carolina». Al responder las siguientes preguntas, sus servicios los brindaba una vez al mes más o menos, durante la campaña de siembra que dura cinco meses aproximadamente, que comenzaba aproximadamente en Septiembre u Octubre y duraba hasta Febrero o Marzo. Que los agroquímicos los retiraba del galpón de la misma estancia, y que

no sabía cuales eran las empresas proveedoras de Carolina Ramírez A fs. 1218/1223 declaró el ingeniero agrónomo, señalado por los dos testigos anteriores como encargado del campo. Así, Pablo Damario, relató cómo se vinculó comercialmente con el campo La Ley.Refirió que trabajaba en Compañía Argentina de Granos en la sucursal de Justo de Darac en San Luis que queda a 25 km del campo La Ley, que trabajaba como comercial y un día encontrándose en el horario de trabajo llegaron 3 personas, una era Ángel Ramírez, acompañado por Fernando y Hernán Ramírez, quienes fueron a consultar porque habían sembrado trigo y lo querían comercializar con la empresa. Precisó que eso fue en el 2008 más o menos o 2009, y que el trigo se levanta en diciembre debe haber sido por esa fecha.

Agregó que después pactaron una visita al campo y fue a visitarlo como cliente de la empresa comenzando la relación comercial. Que primero se compró el trigo ese año y después siguieron vendiéndole insumos entablando luego una relación con Angel. Que como servicio de la empresa le iba a recorrer los lotes de soja para ver si tenían algún insecto, maleza o para hacer algún control. Continuó relatando que en Septiembre de 2009 se estaba por desvincular de la aludida empresa y como habia entablado una buena relación con Ángel, éste le preguntó si no quería trabajar con él, para hacerle el asesoramiento.

Agregó que ese año -2009- Ángel tenía que operarse de la rodilla o de la pierna ya que había tenido un accidente, que se vino para a Bs.As. a hacerse la operación y lo dejó como encargado, que ya tenía comprado los insumos y los contratistas y después cuando volvió de la operación ya estaban los cultivos implantados.

Que de ahí en adelante arrancó la relación de asesoramiento y de trabajo con él hasta el día que murió. Repitió que trabajó con él hasta el día de su muerte siendo Ángel Ramírez quien le pagaba y tomaba las decisiones.Que su trabajo era armar los planes de siembra, que los consensuaban en conjunto y que él se encargaba del resto.

Describió que, después, él hacía el seguimiento de la siembra y el cultivo hasta la cosecha. Que su función fue más que todo en la función a nivel de lote, que cultivo se iba a sembrar en cada lote, que cantidad de semilla, de agroquímico, la hectárea de cada cultivo, sea maíz o sea soja, armaba unos presupuestos para tener idea de donde estábamos parados, después se pedían las cotizaciones a los comercios de la zona donde se compraban los productos y después se encargaba Ángel de negociar las forma de pago.

Aclaró el testigo que su trabajo terminaba cuando terminaba la cosecha, y que el resto de las cosas como la venta del cereal se encargaba Ángel. Que el cultivo quedaba en silo bolsa y él se encargaba de comercializarlo con quien quería.

En relación a las personas que realizaban tareas en el campo mientras se encontraba a cargo de las tareas mencionadas precedentemente el deponente, dijo que una vez que estaba sembrado, aclarando que sembraban los contratistas que no eran todos los años los mismos, las tareas de pulverización las hacía siempre José Niderchau y después se contrataban las tareas de cosecha que a veces era uno o a veces era otro, eso iba cambiando. Que después estaba la gente que iba a extraer cereal de los bolsones, y que a veces iba a dar una mano, nada más.

Dijo que mientras estuvo en vida Ángel Ramírez, él se ocupaba de elegir los contratistas y proveedores y que eso le consta porque era él quien estaba en el campo, el vivía ahí, los primeros años que trabajó a veces iba a Bs.As, pero los últimos por el tema de la pierna ya estaba todo el año ahí. Seguidamente, detalló que entabló una amistad y los pormenores antes del segundo accidente sufrido por Ángel.

A continuación el testigo fue preguntado si en algún momento el Sr. Ángel Ramírez le dijo que es lo que quería para el futuro del campo La Ley y si le pidió alguna ayuda en ese sentido, a lo que contesto «…Con Ángel siempre salíamos a recorrer los lotes y él estaba muy orgulloso del campo que había podido comprar, como lo tenía bien trabajado y en una de esas charlas él me manifiesta que quería armar en vida una manera de distribuir el campo con sus tres hijos, y me preguntaba si armar una SA o una SRL o dividir el campo en partes iguales, porque es un campo bastante heterogéneo en condiciones de suelo y topografía, tiene bajos, lomas, desperdicios, lagunas, como nosotros veníamos trabajando con monitoreo de rendimiento y estábamos haciendo algo de agricultura de precisión, vos podes determinar las partes del campo por el monitoreo de los cultivos, que parte son mejores, peores o regulares. Y esa es una manera bastante pareja, que se podía llegar a hacer a través de esa metodología, después hablamos para hacer algún bosquejo pero tuvo el accidente ese mismo año y quedó todo hasta esa fecha ahí, después lo reflotamos más adelante a pedido de Fernando, con Ángel ya fallecido.Yo armé algo ahí, se lo di y no se que pasó (el resaltado me pertenece).

Reiteró que hasta la muerte de Ángel, el que estaba siempre en el campo era Ángel, que a la familia la vio esporádicamente en alguna visita, y que luego del fallecimiento de Ángel Ramírez trabajó dos campañas más, que las campañas arrancan de junio a julio del otro año.

Precisó que con Ángel hizo las campañas del 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 hasta que fallece, y después en el 2012/2013 y 2013/2014 ya sin Ángel en vida, continuó con los tres hermanos. Detalló que el primer año lo sembraron Carolina, Fernando y Hernán, y la última campaña Fernando no quería participar porque tenía que hacer un tratamiento para tener hijos entonces los otros dos sembraban la parte de él, dijo que también que los tres se turnaban y estaban presentes.

Dijo que realizaba las mismas tareas que hacia cuando Ángel estaba en vida, y que las últimas dos campañas referenciadas, se las abonó Carolina Ramírez, y que esto lo sabe porque era a quien le facturaba, que sembraban a nombre de Carolina Ramírez y ella me pagaba.

Refirió que luego del deceso del causante, siguieron trabajando con la misma metodología que a él les pasaba los contratistas y eso pero después decidían entre los tres. Que el tema del pago lo hacía Carolina, pero que las decisiones eran entre los tres o entre los dos en el caso que sembraran dos.Que luego del 2014 no trabajó más con ellos, que esa campaña terminó, y Carolina había mostrado una disconformidad con el tema de los rindes de los cultivos y que le explicó sus motivos del trabajo, de cómo lo hacía y después se desvinculó y se fue a trabajar a un campo de su familia.

Al contestar las preguntas de la accionada, el testigo expresó que cuando comenzó a trabajar en el campo le facturaba a Ángel Ramírez y otras a Carolina Ramírez, que hacía lo que le decía Ángel. Que facturaba como ellos le pedían aunque no sabía por qué se lo pedían así.

Que las facturas emitidas frente a AFIP primero era monotributo, factura C, después era A y nada mas, después no sabe si llegó la electrónica, que no se acuerda. Que percibió honorarios desde que empezó a trabajar allí en el 2009 y que record aba cuando cambió su situación fiscal de C a A, que cuando el monotributo no daba más se cambió a Responsable Inscripto.

Luego de describir su actividad en la Cía. Arg. de Granos, y preguntado el testigo si Carolina Ramírez vendió cereales a dicha empresa dijo que no recordaba. Que le consta que se vendieron cereales a nombre de Carolina Ramírez una vez que falleció Ángel, ello porque trabajan a nombre de ella. Preguntado si con fecha 3 de Abril de 2009 a las 13.39 pm le envió un mail a Liliana Bertone reenviando el listado de cartas de porte de Carolina de primera tanda y segunda tanda desde su mail damario@cagsa.com.ar donde le detalla 28 cartas de porte pertenecientes a Carolina Ramírez, contestó que no recordaba.

Volvió a repetir el testigo (luego de una serie emails transcriptos en el acta de la audiencia) que sembraban los hermanos pero a nombre de Carolina Ramírez quien estaba inscripta ante el Registro del Productores de Granos. Que eso le consta porque ellos se lo manifestaron. Preguntado el testigo si para sembrar se necesita dinero, respondió que:»… mucho, se puede sembrar también financiándose las labores, los insumos y pagándolo con cosecha también, pero normalmente se necesita si…».

Preguntado si lo apuntado precedentemente ocurría en el campo La Ley, contestó «…Normalmente en el campo La Ley, se compraban los insumos y se pagaban de contado o con canje de cereal, lo manejaban ellos. Cuando estaba vivo lo hacía Ángel y luego de su fallecimiento como estaba a nombre de Carolina lo hacía Carolina…». Consultado el testigo si sabía con qué plata se sembró el campo La Ley desde el año 2008 al 2014, contestó en forma negativa.

En cuanto al vínculo con la accionada desde el año 2008 al 2014 describió que: «… Mientras Ángel estaba vivo teníamos un vínculo de vernos algunas veces esporádicamente en el campo y por teléfono algunas veces y después de Ángel fallecido, el vínculo era más permanente porque sembraba en el campo».

Seguidamente, el deponente describió los proveedores tanto de Ángel como los de Carolina, y aclaró que los comercios detallados en su declaración son de la zona y con los cuales se trabajaba.

En cuanto a quien retiraba los insumos de las empresas proveedoras a lo largo de toda la relación desde 2008 a 2014 precisó que los productos los enviaban las empresas al campo como servicio o a veces los retiraba el testigo o quien estuviera de paso, que el grueso de los productos que se compraban los traían las empresas. Después lo podía retirar cualquier persona que trabajaba con el Campo. Que los remitos se encontraban a nombre de quien estaba la compra, que podía ser Ángel o Carolina. Que en el 2009 se sembró Maíz y lo hizo Gustavo Loser y que cree que también soja, con Viscardi.

Dijo conocer a Rene Freites, que era el plantero de Cia. Arg. de Granos, y que lo conoce de ahí y también brindaba los servicios de extracción de granos.Que esta persona iba a sacar granos al Campo La Ley.

Consultado acerca de quien era el comercial que atendía la cuenta de Carolina Ramírez en la Cia Arg. de Granos, contestó que era Aníbal Cordara. Y preguntado si conocía a Hernán Ferrario respondió que era un ingeniero agrónomo que trabajaba como comercial de cuentas de Tosquita Cereales con la cual operaba Carolina Ramírez.

En cuanto a cómo pagaba Carolina Ramírez los servicios que prestaban los contratistas dijo el deponente que esa tarea la hacía la demandada, que normalmente él le buscaba los contratistas y después terminaban arreglando las tarifas, formas de pago, aunque no sabe cuáles.

Que ella pagaba, que a veces retiró cheques a las compañías o estuvo presente en momentos en que les pagaba a los contratistas porque él también tenía relación con ellos. Que esos cheques estaban a la orden de Carolina Ramírez.

Consultado el testigo en su calidad de ingeniero agrónomo si se puede sembrar, comprar semillas, insumos, acordar con contratistas, vender el cereal, contratar servicios profesionales sin estar inscripto respectivamente en AFIP explicitó que no se debe, pero que se puede hacer. Que si se quiere sembrar un poquito de superficies sí, pero si es para una grande, no. Agregó que después se puede vender sin estar inscripto en el registro de productores y que hace una retención, pero si se

puede hacer. Lo que no se puede hacer es comprar una cantidad grande de insumos sin facturación.

Preguntado si confeccionó cartas de porte a nombre de Carolina Ramírez y si las firmó, dijo que sí, que había veces que no podían venir de Bs.As y necesitaban cargar cereal, mandaban las cartas por mail ya con los datos confeccionados que le daban las cerealeras a las cuales le vendía y les hacía de gauchada, o le iba a veces a cargar el camión o alguna vez que estaban cosechando y se necesitaba carta de porte, en la parte de debajo de la carta de porte dice firma del chofer o del productor y se le hace una firma ahí, se hace de gauchada. Que Carolina le mandaba los mails porque era la que emitía las cartas de porte de AFIP. Agregó que el dueño de la mercadería es el que sembró. Con relación a la carta de porte dijo que no sabe quién es el dueño, que debe ser el titular de la carta y que para obtener una carta de porte hay que estar inscripto en AFIP y cree que en el registro de productores.

Consultado el testigo si para poder sembrar en un campo cualquiera se debe informar a AFIP en concepto de qué se tiene ese campo, expresó que se puede ser el dueño, o se lo puede arrendar, o se lo pueden prestar.Que hay que tener el espacio físico para poder sembrar, que en el caso de ellos, los sembraban entre los tres pero uno solo estaba inscripto en AFIP.

Agregó que se puede sembrar si te arreglás de palabra con tu hermano, «…lo hacemos a nombre mío pero es de los tres…» … «…no se puede vender el cereal a nombre tuyo pero te repartís la ganancia…» (sic). Seguidamente aclaró que le consta que esto se efectuaba en el campo La Ley porque lo vió personalmente, que los tres hermanos se encargaban de la siembra y la cosecha pero se facturaba a nombre de Carolina Ramírez porque era quien estaba inscripta en AFIP.

Por último, preguntado el testigo como le consta que Ángel Ramírez compró el campo La Ley, dijo que por dichos del propio Ángel Ramírez y agregó: «… que él siempre manifestaba lo mucho que le había costado, el sacrificio que había hecho, que dormía en una casa precaria al principio y tenía siempre un Fiat 147 color cremita que lo tenía ahí, ya estaba destruido pero él decía que con eso siempre había hecho todo y eran dichos de él…».

A fs. 1210/1211 declaró Georgina Elisa Richter (ingeniera Agrónoma) quien dijo conocer a Ángel Ramírez como asesora en principio, en los comienzos del año 1997. Que él la tomó como asesora de su campo que acababa de adquirir pocos meses atrás, siendo este el campo LA LEY.

Detalló que Ángel la consultó para contratarla a su vez como prestadora de servicios de siembra y pulverizaciones terrestres y proveedora de semillas para sembrar el campo, y que establecieron o redactaron una serie de contratos para la siembra de la totalidad del establecimiento. Que la relación de trabajo habrá durado hasta finales del año 1999, principios del 2000.

Explicó que ella le facturaba a Ángel Ramírez, que recibía las órdenes de él, y que los pagos también los hacía él.Que a través del tiempo y la confianza que le tenía, se forjó una relación primero de amistad y después de noviazgo, y que esa relación duró más o menos hasta junio del año 2000.

Preguntada la testigo si conoce cuáles fueron las condiciones de compra del campo La Ley, contestó que las mismas fueron en cuotas de varios años, que hasta donde ella supo eran 5 cuotas anuales, fechas que coincidían con las cosechas. Que esto le consta porque Ramírez se lo expresaba. Que Ángel tenía una cuenta en el Banco Provincia de Córdoba de Sampacho y que como a su vez, ella era compradora de cereales, siempre, cuando se hacían las ventas -con él siempre presente-, giraban a veces el dinero directamente de la empresa compradora del cereal -Soja, Girasol o Maíz- fundamentalmente Girasol y Soja.

Explicó la deponente que cuando llegaba el momento o la fecha para el pago de la cuota de la hipoteca, Ángel se lo comentaba y siempre le consultaba cuanto dinero había en la cuenta porque, a veces, estaba en Buenos Aires y a veces, en el campo. Que Ramírez le consultaba que saldo tenía para pagar la cuota y que el dinero depositado en dicha cuenta nunca lo tocaba para otro fin.

Describió que Ángel efectuaba el pago de la cuota, aunque no sabe en donde lo hacía, y que le decía «tengo que ir a pagar la cuota»(sic). Que después de muchos años se enteró que quien le había vendido el campo La Ley, había sido Michel Rohrer.

Consultada la testigo para que dijera quién era la persona que decidía en qué potrero se hacían los sembradíos o en su defecto cómo era el mecanismo para decidir tal cuestión, respondió que ella era la asesora con el título habilitante y con el conocimiento pertinente respecto de las rotaciones necesarias en los potreros.Que como era un campo liviano, donde se podían producir voladuras en períodos de sequía, era necesario prever una adecuada rotación de los lotes para un manejo adecuado y que esa decisión la tomaban junto con Ángel en base a reuniones y recorridas de los terrenos.

Describió que cuando concurría al campo La Ley, se encontraban por lo general Ángel y un señor que era el encargado llamado Jesús, que era el recorredor del campo y le avisaba si se le había roto algo, como estaban los alambrados, o si había venido alguien. Que después hubo otro empleado pero que no conoció el nombre, que recorría los cultivos a caballo.

Agregó que a Carolina, Fernando y Hernán los conoció en una visita que hicieron al padre, que vinieron los tres juntos y fueron a recorrer el campo, donde sacaron fotos lindísimas de una parte que era un médano con laguna y otro que era un médano forestado. Detalló que, después, los varones, dada la relación de pareja c on Ángel, fueron varias veces a su casa en calidad de visita.

Consultada si Ángel Ramírez tenía actividad en otros campos aparte del denominado La Ley, contestó que únicamente tenía algunos animales en el campo de un amigo, que no sabe la cantidad y que el último año mientras estuvo en pareja con él, al haber tenido una excelente cosecha estaba planificando comprar un campo más que estaba en venta, cerca de Paunero, y que ello tiene que haber sido a fines del año 1999.

Precisada por los contratos que suscribió con Ángel Ramírez y en calidad de qué firmó aquéllos, contestó que dichos instrumentos fueron confeccionados desde el año 1998 y que algunos en el año 1997. Explicó que como el campo LA LEY estaba dividido en varios lotes bien alambrados, Ángel, a veces, pactaba contratos de siembra por ese año con terceros y también con ella.Que se hacían contratos accidentales por una sola cosecha para no interferir en la rotación futura de los lotes.

Dijo que Ángel los firmaba en calidad de propietario del campo, que era lo que él le manifestaba y lo que ella veía.

Preguntada sobre qué era lo que sembraba Ángel Ramírez en el campo La Ley, detalló que en el año 1997 -para cosechar en 1998- se sembró girasol porque Ángel, le manifestaba su urgencia de pagar una cuota en Marzo de 1998 y que, el ciclo del cultivo que llega a esa fecha -completo- es el girasol. Que actualmente también ya hay sojas tempranas pero que en esa época era de ciclos mas largos por eso no se sembraba soja.

Consultada la testigo si el dinero depositado en la cuenta del Banco de la Pcia. de Córdoba antes referido era producto de la venta de cereales y oleaginosas dijo que sí y que, el cereal, lo vendía él como propietario, que siempre lo vendía él. Que supone que estaba inscripto en la AFIP porque si no, no pudo haber cobrado el IVA.

Aclaró que, no conocía bien la parte impositiva de Ángel y que cobraba por ventanilla del Banco de la Pcia. de Córdoba y llevaba el dinero a quien le tenía que pagar la cuota. Que a veces lo depositaba ella y que a veces la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y que esto lo sabe porque la mayoría de las veces que Ángel tenía que hacer trámites estaba en su casa, y revisaban todas las planillas y se iba al banco a cobrar.

Preguntada como estaba inscripta la testigo en AFIP en la época que manifiesta todos estos negocios contestó que como responsable inscripto, que en aquel momento tenía una empresa que se llamaba GR Servicios Agropecuarios que operaba como contratista rural, expendedora de agroquímicos y semillas, asesora profesional, servicio de pulverizaciones terrestres y comisionista para la compra de cereales y oleaginosas de ACA y otras empresas.

Por último, a fs.1213/1214 aportó su testimonio Elida Beatriz Novoa (jubilada como docente) quien manifestó que con el Sr. Ángel Ramírez se conocieron a fines del año 1996 y que a mediados de del año 1997 comenzaron una

relación más importante que duró hasta el año 2001. Que después fueron amigos. Aclaró que tuvieron una relación de pareja pero no sabe si de exclusividad.

Seguidamente explicó que al campo La Ley lo conoció porque Ángel Ramírez la invitó a conocerlo, que fue en el mismo período, que iban con un grupo de amigos en principio y después ellos dos. Preguntada la deponente por la relación del Sr. Ángel Ramírez con el campo aludido contestó que era el dueño, que lo supo a través de comentarios de Ángel, a través de sus actitudes en el campo, a través de los pagos que realizaba a distintas personas que trabajaban a su servicio y también por todo el esfuerzo que él hacía en tratar de sacar a delante ese campo.

Refirió que Ramírez se enorgullecía en decir que lo iban a heredar sus hijos, y que esto no lo escuchó ella sola sino que en el pueblo, a donde iban a tomar café y demás, todos lo sabían.

Dijo que no recordaba los nombres de las personas que vio en el campo pero que estaba el casero, el contratista que hacía los sembrados junto con los otros empleados, y explicó también que iban junto con Ángel a controlar si había una plaga en el sembradío, que él lo hacía en el tractor y que ella iba en el «fitito», un Fiat 127, para traerlo de vuelta, cuando tenía que pagar a la gente.

En cuanto a las condiciones económicas de la compra del campo dijo que no las conocía, pero que sí sabía que las cuotas las pagaba Ángel porque este se lo decía y que recuerda que en una oportunidad le prestó dinero porque le faltaba para completar la entrega deesa cuota de ese día. Que si bien no se acuerda el monto, este seguramente fue acorde a sus actividades.

Refirió que tampoco sabía cuál era el monto de la cuota. Aclaró que el dinero que le prestó a Ángel fue por la confianza. Que era muy poca cantidad en relación con lo que era el campo, que fue una suma nada importante, y que le fue restituida. Destacó que ese dinero lo sacó de sus ahorros que tenía con su sueldo como docente a nivel primario y secundario.

Seguidamente, detalló que llamó a Ángel, a Carolina y a Fernando, porque tenía una urgencia en la devolución de ese dinero y que después se lo restituyeron. También contó la deponente que cuando iban a recorrer el campo pudo observar que se había sembrado girasol en una oportunidad, y también algo de alfalfa, que soja no recordaba, porque ya no se relacionaban a nivel cotidiano.

Preguntada la testigo si sabía en calidad de qué Ángel Ramírez pagaba las cuotas del campo y si vió algún recibo alguna vez, respondió que, en realidad, su relación con Ángel Ramírez era de afecto, que nunca le pidió escrituras ni recibos ni nada, que sólo sabía que Ángel salía a pagar la cuota, porque eso lo ha compartido con él. Que Ángel le decía «…hoy me toca pagar tal cosa…» (sic). Sostuvo la deponente que tampoco él le pidió la escritura de su casa, aclarando que eran afectos, no negocios.

Pues bien, todos estos testigos sindican como dueño y explotador del campo a Ángel Ramírez.Algunos precisaron datos respecto de la celebración del acto atacado y otros de la etapa de ejecución del contrato.

Así, corresponde destacar que el testigo Pablo Ramírez pudo describir con detalle el traslado del dinero, lo que coincide con el relato efectuado en la demanda, y puntualmente dio cuenta que parte del efectivo que se utilizó para la compra del campo fue prestado por su padre -quien en vida era hermano de Ángel Ramírez- entregándoselo a su tío en un sobre cerrado.

Del mismo modo, las dos últimas testigos citadas, que conocieron al causante en la época de la adquisición del campo, fueron contestes en señalar no sólo que Ángel decía que era el dueño del campo sino que actuaba como tal, puntualizando ambas que era éste quien pagaba las cuotas de la hipoteca del campo. Merecen especial atención los dichos Georgina Elisa Richter en tanto explicó como se organizó la actividad agropecuaria del campo para pagar las cuotas del crédito hipotecario, detallando hasta los cultivos que se sembraban y sus ciclos, como así también toda la operatoria bancaria. Incluso pudo describir que con la venta del cereal se afrontaban los pagos de las mentadas cuotas y que Ángel retiraba el dinero por ventanilla de la cuenta del Banco Provincia de Córdoba de la Sucursal Sampacho.

Se suma a todo ello, el poder de disposición y administración general instrumentado mediante la escritura Nº 116, de todos los bienes de la accionada suscripto a favor de su padre y emitido a los 20 días de efectuada la compra del campo (15/10/1996) -fs.1135/1142-. Que por más que no se haya consignado específicamente que entre esos bienes se encontraba el campo La Ley, lo cierto es que no puede soslayarse la mayor amplitud de facultades, puesto que Ángel Ramírez podía disponer de todo el patrimonio de su hija, no sólo del predio rural.

Se agrega también, el poder amplio de disposición y administración de todos los bienes y bancario suscripto por el causante con fecha 23/03/2005 a favor de sus tres hijos como se dice en los agravios y puede advertirse de fs. 622/626, más la constitución del usufructo vitalicio gratuito -antes referido- otorgado por la demandada a favor de su padre de fecha 16/09/2009 instrumentado mediante la escritura pública nº 322 respecto del campo en cuestión, (fs. 422/423), y por último, el poder amplio de disposición y administración de los bienes de la accionada suscripto por ella a favor de los actores, de fecha 30.10.12 posterior al fallecimiento del causante (18.08.2012), constituyendo todas estas pruebas indicios graves, precisos y concordantes, que hacen presumir la simulación invocada en la demanda y resultó acreditada por los actores(art. 163, inc. 5, párr. 2º, CPCCN).

Todo ello, claro está, lo he evaluado a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. artículo 386 del Código Procesal), considerándose a la misma, como la consecuencia de un razonamiento integrado, en el cual se conectan los hechos y las pruebas aportadas para llegar al derecho aplicable.

Sentado lo expuesto y frente a los restantes agravios vertidos, he de plasmar que coincido además con los extremos apuntados por los recurrentes en torno a la carga probatoria en casos como el de autos.

Existe -como dije- una amplia libertad probatoria en procesos de simulación, en donde incumbe al actor la aportación de elementos que permitan formar convicción sobre lo ficticio del acto que ataca.Sin embargo, en concordancia con la concepción sobre las cargas dinámicas, se entiende que, a los demandados por simulación por un tercero, no les basta la negativa de los hechos y la afirmación de la realidad del acto que defienden, sino que deben aportar pruebas tendientes a convencer de la honestidad del acto en el que intervinieron (Sum. N° 21198 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; conf. CNCiv., Sala G, «Z.,R.E. c/Z.,J.J, s/Colación» y su acumulado «Z., M.F. y otro c/D.F., R. s/Acción de Reducción», del 6/9/11).

En efecto, comparto la postura de quienes entienden que el demandado no puede permanecer en una actitud pasiva o de mera negativa dejando librado a que el actor cargue con la entera acreditación de la irrealidad del negocio porque la disímil posición en la cual se encuentran el tercero que impugna como simulado un acto ajeno que lo perjudica y las partes otorgantes que afirman su realidad y sinceridad, obliga a morigerar los clásicos principios del onus probandi distribuyendo con sentido más realista la carga de la prueba.

La parte demandada debe demostrar su actitud activa de colaboración, aportando pruebas orientadas a convencer acerca de la honestidad y sinceridad del acto en el cual intervino, esto es, debe acreditar la regularidad de la adquisición efectuada, la realidad del pago del precio y la necesidad de comprar, para así contradecir las presunciones propuestas por el actor (C.Ap.Concordia, Sala Civ.yCom. I, in re «Molinos Río de la Plata S.A. c/Rodríguez», 1/8/03; «Giampaolo c/Scarinci Echeveste», 30/11/99; «Perez de Popelka c/Perez», 29/3/96; «Fochessatto, Cecilia María Teresa c/Fochessatto, Jorge Reinaldo s/Ordinario», 10/4/07; Rivera en «Acción de simulación», publicado en El Derecho, T° 60, p. 954 y en «Prueba de la simulación y de la lesión», en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 13, p.191; Muñoz Sabate en «La prueba de la simulación», p. 243; C.Ap.Concordia, Sala Civ.yCom. I, in re «M., H. R. c/M., C. M. s/Ordinario, 13/5/14, LLO AR/JUR/22804/2014).

A tales efectos, la demandada ofreció los tres testimonios reseñados en el fallo de grado, que nada corroboran en cuanto a la compra del predio rural.

Como dicen los agraviados, la testigo Andrea Paula Erbin (fs. 1236/1239) refirió ser la íntima amiga de la demandada, pero contrariamente a lo alegado en la queja, este extremo no obsta considerar su declaración, sino que debe analizarse con mayor rigor.

Pues bien, esta deponente sólo pudo corroborar personalmente lo señalado por la demandada en cuanto a la animación de fiestas de cumpleaños infantiles, actividad que realizaron juntas durante años, cuando eran muy jóvenes.

Respecto de este trabajo, precisó la testigo que lo desempeñaron sin forma jurídica alguna, y sin facturación. Es decir, la persona sindicada como «socia» de la accionada en su primera actividad lucrativa, no pudo precisar fechas ni montos percibidos, sólo pudo decir que lo hicieron unos cuantos años.

En cuanto a las demás actividades, la testigo detalló en su declaración los mismos trabajos que la accionada plasmó en su contestación de demanda, aunque nuevamente sin mayores precisiones, señalando solamente que todas esas actividades las llevó a cabo durante su juventud en la década de los 90.

Agregó -incluso- un trabajo que la accionada no mencionó en su responde -pese a su relevancia- como ser la gerente de una PyME, aunque tampoco dijo su nombre.

También dijo que compartían con Carolina eventos como promotoras, nuevamente sin mayores detalles. Que en el año 1995 la demandada se recibió de abogada y que tuvo su estudio jurídico por unos cuantos años, mientras tanto se ocupaba de las cuestiones del campo. Que trabajaba a full, a tiempo completo.

En cuanto a la adquisición del inmueble el campo La Ley, la testigo dijo que nunca lo visitó, que no lo conoce.Sin embargo, afirmó que la demandada tenía ahorros porque cuando se produjo la compra del mentado bien, era una época en que podía comprar dólares. Que Carolina Ramírez le decía como juntaba la plata, como la ahorraba y que su finalidad era comprarse un departamento, pero que terminó comprando el campo.

En cuanto a las diligencias para elegir el campo, dijo la testigo que, la accionada, fue asesorada por su padre -Ángel Ramírez- y que cree que un amigo, aunque no recordaba ese detalle. En cuanto a las tareas desempeñadas por la accionada en el predio rural, dijo que, muchas veces, la llamó por teléfono y que aquella se encontraba en viaje hacia al campo para organizar una siembra. Aclaró que todas las cuestiones del campo las desconoce personalmente, que sabe que la accionada se ocupó de la compra y venta de todo lo que tiene que ver con el campo desde el año 1996, sin dejar su profesión de abogada.

Afirmó la testigo que no vio a la accionada concurrir al campo, pero que hablaban por teléfono y ella le decía que estaba allí.

Expresó desconocer la actividad de Ángel Ramírez, aunque dijo que este se encontraba en el campo La Ley. En cuanto a la actividad del bien rural detalló que consistía en la siembra de cereales y maíz.

Finalmente, aclaró la deponente que todo lo que sabe, es porque se lo contó la demandada.

Que era ella quien se ocupaba de la actividad rural y que el padre -Ángel- se encargaba de la parte administrativa cuando Carolina iba y venía a Buenos Aires.

Describió que hacían el trabajo de asesoramiento del campo en forma conjunta -la demandada y Ángel Ramírez- y que esto lo sabe porque comparten sus vidas desde la adolescencia.En cuanto al alquiler del campo, dijo que Carolina lo rentaba para pagar la hipoteca, que la accionada siempre le mencionó que se ocupaba de ese tema y que, con sus ahorros y la hipoteca compró el campo, repitiendo la deponente una y otra vez que todo esto lo sabe porque se lo contó la demandada con la cual comparte su vida.

En cuanto los restantes testimonios ofrecidos por la demandada brindados por Rene Freites (fs. 1304) y por Hernán Ferrario (fs. 1306), cabe destacar que, el primero mencionó que la dueña del campo es la demandada. Detalló el testigo que trabajaba en el año 2009 en la Compañía de Granos -como ayudante de logísticay que por eso, sabía que ella era la dueña.

Precisó que Carolina Ramírez es abogada y propietaria del campo y que maneja toda la parte administrativa. Que esta supervisaba las cartas de porte de los camiones desde el año 2009 hasta el 2015, y que por su trabajo o actividad podía ver que los negocios eran todos a nombre Carolina Ramírez.

En cuanto al segundo deponente, Hernán Ferrario, cuya declaración es de fecha 31.07.2017, cabe destacar que comenzó diciendo respecto de la propiedad del campo que «…viendo los papeles la titular es la Sra. Carolina Ramírez…» (sic). Renglón seguido, el testigo dijo que creía que el campo era de la familia hasta que viendo unos papeles se enteró que era de Carolina.Que ella es la persona que decide las compras de insumos y la venta de cereal y el vínculo comercial de la empresa para la cual el testigo trabaja -Tosquita Cereales-.

Agregó el deponente que vende el cereal proveniente del campo desde hacía 4 o 5 años y que las cartas de porte las enviaba Carolina.

Que cree que en algún momento ella le dio la clave fiscal para facilitarle el trabajo.

Hasta aquí la prueba testimonial de la accionada.

En orden a los documentos relativos a la adquisición del campo, como los recibos de pago de la hipoteca, la accionada se amparó en que no se encontraba legalmente obligada a conservar la documentación dado que pasaron los 10 años que estipula la ley. En tanto que en materia impositiva, se refugió en la protección del secreto fiscal, con lo cual tampoco hay prueba para citar al respecto.

En este contexto, resulta inadmisible que la parte demandada pretendiera probar la solvencia aludida con el testimonio de una sola persona (Sra. Erbin)y con las mínimas actividades denunciadas en su responde acreditando sólo tres (fs. 1250/1252, 1102/1107, 1099/1101) cuyas fechas y remuneraciones resultan irrelevantes para la compra de un campo.Esta orfandad probatoria no permite en absoluto tener por acreditada la capacidad de ahorro que tanto menciona en su responde.

Adviértase al respecto que en la Cámara de Apelaciones de Seguridad Social trabajó sólo un año (1990/1991), en la Junta Nacional de Granos sólo 4 años (1993/1997) percibiendo al mes de julio de 1997 la suma de $ 567,61, y en el Programa de las Naciones Unidas -Apoyo de Restructuración Empresarial- tan solo un año y dos meses (01/01/99 al 31/12/99 y 01/01/2000 al 29/02/2000) percibiendo las sumas de $ 3.240 y $ 3890.

Tampoco probó los ingresos que aduce en su escrito por la actividad de la abogadaempresaria que menciona, ni los ingresos percibidos por la actividad o servicio de transporte desarrollados con el bus de su titularidad.

En cuanto a la animación de fiestas infantiles resultó una actividad que sólo fue corroborada por la testigo ofrecida a tales efectos pero que no brindó datos concernientes a sus ingresos.

Pues bien, los elementos aportados por la accionada no autorizan a tener acreditada la capacidad de ahorro que dijo poseer para la compra del campo, mucho menos acreditó los fondos con los cuales pagó las cuotas de la hipoteca.

Ni siquiera puede presumirse que lo hiciera con la explotación del campo, puesto que toda la prueba aportada señala que al tiempo del pago de dichas cuotas, Ángel Ramírez se encontraba a cargo en forma exclusiva de dicha actividad, no existiendo prueba alguna que en esos años 1996-1999 en los cuales se afrontaron los pagos de la hipoteca, se la sindique a ella en ese rol.

En definitiva, se encontraba a su cargo demostrar estos extremos, y no la explotación del campo, la cual quedó sobradamente acreditada en cabeza de padre con la prueba producida tanto en esta litis como en el expediente sobre daños y perjuicios citado precedentemente.No aportó ninguna prueba contundente que demuestre que al momento de la compra del inmueble cuando solo contaba con 29 de años, tenía los ahorros suficientes para afrontar la compra del campo y el pago inicial de 100.000 dólares, tampoco los gastos de la escritura, muchos menos el pago de las cuotas de la hipoteca. Ni una sola prueba adujo que respalde lo que dice la escritura y/o la cancelación de la hipoteca.

Dentro de los criterios antes expuestos, la demandada debería haber probado en forma contundente las condiciones previas que la

llevaron a la adquisición de un predio rural, el modo en el cual lo selecciono, como fue que llegó a él, porqué ése campo y no otro, la forma en la cual aportó sus fondos para el evento y todo lo r elativo al procedimiento de adquisición que se llevó a cabo en el año 1996.

En razón de ello, la prueba producida por la accionada resultó inidónea e insuficiente, carente de precisión particularmente en cuanto a las fechas de los hechos alegados en su contestación de demanda y en los cuales fundó los presupuestos de su defensa.

En efecto, no hay prueba concreta de que: A) la demandada tenía disponibles los recursos y los derivo; B) que su voluntad era la de comprar un campo, que lo busco y lo eligió, o que participó de la negociación de compra; C) que era de su interés y/o de su necesidad la compra del bien rural y/o la actividad agropecuaria; D) tampoco hay prueba del ejercicio de derechos reales sobre el inmueble y/o del control y/o explotación de la administración -al menos en vida de su padre-; con lo cual queda huérfana su obligación probatoria.

En especial, deben tenerse en cuenta las presunciones que antes comenté que, en casos como en el presente, donde se simula a través de la interposición de persona, se tornan insoslayables.Especialmente, cuando existe entre las partes un vínculo íntimo familiar y de confianza, el cual justamente caracteriza a la figura del testaferro. Ningún elemento adunó la titular dominial que fuera convincente, ni si quiera para demostrar la solvencia para pagar la hipoteca en los años posteriores.

Nada de esto ocurrió, y en contraposición a la basta prueba reunida por accionantes -pese a encontrarse en desventaja atento su carácter de terceros y la muerte inesperada del causante-, no cabe otra solución que admitir la simulación del acto, puesto que quedaron acreditados, a mi criterio, los presupuestos de procedencia de la acción impetrada.

En consecuencia, propondré al Acuerdo revocar la sentencia en crisis y hacer lugar a la demanda entablada por los accionados en los términos antes aclarados.

Por el contrario, y en razón de los argumentos antes expuestos, atento a que nos encontramos ante una simulación por interposición de persona ficticia que sólo tuvo por objeto -en su origen- disimular el real adquirente del bien para protegerlo de eventuales terceros, que tampoco se alegó en la demanda como presupuesto de la acción – una donación del bien por parte del causante a favor de la demandada, corresponde rechazar las acciones interpuestas por colación y reducción.

A todo evento, podrán denunciar el bien en la sucesión del causante.

Sin embargo, cabe acoger la pretensión deducida por los actores en cuanto a la devolución de los frutos percibidos por la accionada -conforme lo establecido por el art. 2438 y cc del Cód. Civil- desde el 1º de julio de 2014, fecha en la cual quedaron contestes las partes y la accionada comenzó a poseer el bien, ello hasta la fecha en que quede firme este pronunciamiento. A los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto, se la condena a rendir cuentas por ese período(art. 652 y cc del CPCCN) difiriéndose para la etapa de ejecución de sentencia.

IV.- Conclusión

Por lo expuesto, de compartir mi voto, propongo al Acuerdo:I) Receptar favorablemente el recurso de apelación interpuesto por los actores; y en consecuencia, revocar la sentencia puesta en crisis, haciendo lugar a la demanda por simulación del contrato de compraventa instrumentado en la escritura pública N° 205 Sección «A» de fecha 25 de septiembre de 1996 ante la Escribana Pública Nacional titular del Registro N° 115 realizada en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo nombre, de la Provincia de Córdoba, dejándose sin efecto la ficticia interposición de Carolina Andrea Ramírez como adquirente en dicho negocio jurídico, declarándose que el verdadero comprador del bien inmueble allí enajenado fue Ángel Ramírez (arts. 955, 958, 960, 1039 y 1045 Cod. Civil, 165 inc. 3º y 384 CPCCN), debiendo ordenarse a tales efectos y oportunamente, las diligencias pertinentes; II) Rechazar las demandas interpuestas por colación y reducción, y acoger la pretensión deducida por los actores en cuanto a la devolución de los frutos que hubieran sido percibidos por la accionada -conforme lo establecido por el art. 2438 y cc del Cód. Civil- desde el 1º de julio de 2014 hasta la fecha en que quede firme este pronunciamiento. A los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto, se la condena a rendir cuentas por ese período (art. 652 y cc del CPCCN) difiriéndose para la etapa de ejecución de sentencia. III) Imponer las costas de primera instancia, y las de la Alzada a la demandada sustancialmente vencida de conformidad con el criterio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del Código Procesal).

Por razones análogas a las expuestas, el Dr. Trípoli y el Dr. Diaz Solimine adhirieron al voto que antecede.

Buenos Aires, 2 de abril de 2022

Y VISTOS: Por la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve:I) Receptar favorablemente el recurso de apelación interpuesto por los actores; y en consecuencia, revocar la sentencia puesta en crisis, haciendo lugar a la demanda por simulación del contrato de compraventa instrumentado en la escritura pública N° 205 Sección «A» de fecha 25 de septiembre de 1996 ante la Escribana Pública Nacional titular del Registro N° 115 realizada en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo nombre, de la Provincia de Córdoba, dejándose sin efecto la ficticia interposición de Carolina Andrea Ramírez como adquirente en dicho negocio jurídico, declarándose que el verdadero comprador del bien inmueble allí enajenado fue Ángel Ramírez (arts. 955, 958, 960, 1039 y 1045 Cod . Civil, 165 inc. 3º y 384 CPCCN), debiendo ordenarse a tales efectos y oportunamente, las diligencias pertinentes; II) Rechazar las demandas interpuestas por colación y reducción, y acoger la pretensión deducida por los actores en cuanto a la devolución de los frutos que hubieran sido percibidos por la accionada -conforme lo establecido por el art. 2438 y cc del Cód. Civil- desde el 1º de julio de 2014 hasta la fecha en que quede firme este pronunciamiento. A los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto, se la condena a rendir cuentas por ese período (art. 652 y cc del CPCCN) difiriéndose para la etapa de ejecución de sentencia. III) Imponer las costas de primera instancia, y las de la Alzada a la demandada sustancialmente vencida de conformidad con el criterio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del Código Procesal) El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Publica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.

JUAN MANUEL CONVERSET

PABLO TRÍPOLIOMAR

LUIS DIAZ SOLIMINE

HERNAN LORENZO CODA

SECRETARIO DE CAMARA

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