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#Fallos Veredicto de culpabilidad: Se condena por homicidio simple al imputado que levantó a la víctima por el aire y determinó su caída contra el piso aun cuando no hay tenido intención de matar pero al momento juzgó que la realización del tipo no era improbable

Partes: Causa n° 2852/3674, seguida a A. R. A. s/

Tribunal: Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: III

Fecha: 28 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137049-AR|MJJ137049|MJJ137049

Voces: HOMICIDIO – DEBIDO PROCESO – JUICIO COMÚN – SENTENCIA PENAL – PRUEBA EN EL PROCESO PENAL – TIPICIDAD – DEFENSA EN JUICIO – RECURSO DE CASACIÓN PROVINCIAL – FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ – NON BIS IN IDEM – EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – JUICIO ORAL – CULPABILIDAD

Homicidio simple: es suficiente que el autor, quien levantó a la víctima por el aire y determinó su caída contra el piso, haya considerado que el resultado típico como probable para sustentar un veredicto de culpabilidad.

Sumario:
1.-Corresponde dictar condena por homicidio simple -arts. 45 y 79 , CPen.-, aun cuando el autor no hay tenido intención de matar, si, en el momento de la acción, juzgó que la realización del tipo no era improbable como consecuencia de la acción llevada acabo, lo cual se desprende de la forma en cómo golpeó a la víctima y la zona vital de su cuerpo hacia donde dirigió su ataque, a punto tal de levantarla por el aire y determinar su caída contra el piso.

2.-Ante la confirmación del veredicto de culpabilidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el reenvío de la causa al Tribunal de Casación Penal, no puede interpretarse que el fallo de casación deje saldadas únicamente algunas cuestiones del veredicto y que resulte posible, en el marco del reenvío, discutir otras, tales como eximentes de responsabilidad -causas de justificación y de exculpación-, amén de que en el juicio oral celebrado -que no ha sido invalidado- ninguno de los litigantes -fiscal, acusador privado, defensa- planteó o insinuó eximente de tipo alguno.

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3.-Si el juicio no fue anulado, debe entenderse que el reenvío dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires luego de confirmar el veredicto de culpabilidad está acotado a completar el pronunciamiento, dictando la sentencia respectiva -art. 375 , Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, pues el veredicto y la sentencia son actos procesales susceptibles de ser separados, conforme se desprende del instituto de cesura de juicio -art. 372, código citado-, de la posibilidad legal de anticipar el veredicto -art. 374 – y de la competencia distribuida que, al respecto, existe entre el jurado y el juez técnico -arts. 371 Ter, inc. 1°, párr. 1º ; 371 Quáter, inc. 6°, párr. 2°; 372, párr. 2° y 375 Bis, párr. 1°, plexo legal mencionado-.

4.-El veredicto no puede partirse en dos o más decisiones separadas, pues constituye la conclusión razonada del contradictorio formado por la pretensión de las partes que se apoyan en la prueba producida en juicio -debate-; lo contrario, implicaría un doble juzgamiento por los mismos hechos y afectaría la garantía que lo veda.

5.-A los fines de graduar la pena que corresponde al autor del delito de homicidio simple -arts. 45 y 79, CPen.-, el buen comportamiento del acusado durante el proceso no puede computarse como atenuante, al constituir un deber de todo sujeto sometido a la persecución penal; tan es así, que la ley procesal asegura que todo imputado permanecerá en libertad durante el curso del proceso, salvo que se verifiquen hechos que permitan realizar una prognosis de riesgo de fuga y/o entorpecimiento -doctrina de los arts. 144 , 146, inc. 2° , 148 y ccdtes., Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-.

Fallo:
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril del año dos mil veintidós, reunidos los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal nº 1, doctores HERNÁN JAVIER DECASTELLI, RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO y CLAUDIO BERNARD (PDS), con el objeto de dictar sentencia de conformidad al juicio de reenvío dispuesto por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, en la causa n° 2852/3674, seguida a A. R. A., practicado el correspondiente sorteo del que resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: FERNÁNDEZ LORENZO – DECASTELLI – BERNARD, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:

Cuestión Primera: ¿Cómo debe calificarse el injusto-culpable acreditado en el veredicto emitido por la Sala III del Tribunal de Casación?

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:

i. Aclaraciones preliminares Antes de abordar el objeto preciso que plantea la pregunta formulada, creo necesario volver sobre algunas cuestiones ya decididas oralmente por este Tribunal a efectos de que la presente resolución pueda ser cabalmente comprendida por quien vaya a leerla, sea por el motivo que sea.

Sucedió que, a raíz de un planteo fiscal que rechazara la defensa, debimos expedirnos acerca del alcance que tiene el fallo dictado por la Sala III del Tribunal de Casación (TCPBA, Sala III, legajo n° 48025, fs. 95/129vta., reg. 759/2013), al acoger los recursos de la representante del Ministerio Público Fiscal y del particular damnificado contra el veredicto absolutorio dictado -por mayoría y con otra integración- por este Tribunal Criminal n° 1 (v. fs. 1354/1385, ppal.); lisa y llanamente, la discusión giró en torno a la materia del reenvío dispuesto por el ad quem.

En ese contexto, luego de un largo acuerdo generado por ése y varios otros planteos realizados por la defensa, llegamos a una decisión que comunicamos oralmente y que, de todos modos, quedó plasmada en el acta respectiva (v. fs.1744/1758vta., ppal.).

Ahora quiero transcribir únicamente los argumentos que respaldaron la decisión sobre esta cuestión precisa porque ello dará pie a explicar cuál es la base sobre la que ha de apoyarse la respuesta a esta cuestión que se plantea; de modo que, para consultar cuáles fueron los restantes planteos y qué decisiones se tomaron al respecto, en ésa y en las sucesivas jornadas, remito al acta citada anteriormente y al DVD que contiene el registro formal y completo de lo actuado con posterioridad.

Básicamente, como se constatará a continuación, entendimos que la interpretación que hizo la fiscalía sobre lo decidido por la mayoría del Tribunal de Casación tenía correlato con porciones del voto del Juez Borinsky al que adhirió el Juez Domínguez, como así también -y aquí lo decisivo- consideramos que la Suprema Corte de esta Provincia, al momento de expedirse sobre el recurso de su especialidad y al abordar el juicio de admisibilidad del extraordinario federal interpuesto en favor de A., ya había dejado en claro cuál era el alcance de la resolución que tomó la mayoría de la Sala III del Tribunal de Casación.

Transcribo.

Se plantea, aquí, a tenor de la petición promovida por la fiscalía («de previo y especial pronunciamiento», adujo), la necesidad de interpretar, y en ese sentido dejar establecido, el alcance del reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación, al momento de acoger favorablemente los recursos del MPF y del Particular Damnificado contra el veredicto absolutorio dispuesto por la mayoría -y por otra integración que la actual- de este Tribunal Criminal n° 1 Departamental.

La Fiscalía sostiene que la casación fue positiva y el juicio de reenvío se dispuso a los fines de imponer únicamente, tras la audiencia de cesura, la pena que le corresponde a A., a tenor que ya está condenado por el delito de homicidio simple.

La defensa, en cambio, dice que no surge que haya habido un fallo condenatorio y que la Casación sólo afirmó que A.es autor de algo, de modo que el reenvío está para definir de qué es autor.

Los argumentos han sido oralizados y constarán en el acta respectiva, a cuyo tenor cabe remitir en los detalles.

Aclaraciones iniciales para que se entienda la respuesta. La segunda citación a juicio, tomada por las instancias de control (léase: Cámara y Casación), fue realizada tiempo antes del fallo que anula el veredicto absolutorio; tras ello, lo que en rigor de verdad existió fueron notificaciones de sucesivas integraciones

del Órgano, generadas antes y luego cuando se completa la integración definitiva con los sucesivos nombramientos efectuados por las autoridades políticas. En tal sentido, la defensa se agarra de que el Tribunal designara fecha de debate (fs. 1625 y 1711), intentando decir que la pretensión fiscal es extemporánea. Hay un error: por un lado, el debate puede ser un «debate sobre la pena» (como pudo entender el MPF), amén que -como dijo la fiscal- no puede cerrarse a su planteo y debe realizar los actos que sean necesarios por si no es de acogida (ej. citar los testigos); por el otro, definir el alcance de un juicio de reenvío, ante la pretensión explícitamente formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal, no es una cuestión que pueda convalidarse en uno u otro sentido por el paso del tiempo o el dictado de decretos de mero trámite.

Luego de reunirnos y debatir intensamente la cuestión, dado que un abordaje completo del problema permite echar por tierra primeras impresiones que nublan el horizonte, el Tribunal ha llegado a una respuesta unánime.

La resolución del Tribunal de Casación, en su parte dispositiva y por mayoría, para lo que aquí interesa, estableció: «II. ANULAR el veredicto, con devolución de jurisdicción al tribunal, para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Gaspar Argentino Ayala, y debidamente integrado, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho».

La pregunta es:¿cuál es el alcance del reenvío dispuesto? Dicho de otra manera: 1) ¿hubo casación positiva y, por ende, el reenvío es parcial y acotado a una materia determinada?; o bien, 2) ¿hubo anulación del debate y el reenvío es total para su sustanciación y posterior decisión? A través de una primera lectura, la impresión sería que la decisión del Tribunal de Casación no presenta una buena técnica de redacción de sentencias en lo que respecta a la parte dispositiva de la misma, por cuanto, por un lado, si hubo casación positiva y la remisión es a los efectos de completar el pronunciamiento (art. 372 y 375, CPPBA) no escribe expresamente el veredicto de condena al cual habría concluido, pero, por el otro, si la casación fuera con anulación y reenvió, deja establecido -según se lee de la parte dispositiva- que existiría algo ya saldado al incluir la fórmula «a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Gaspar Argentino Ayala», y el problema estaría en que no resultan legítimos -en nuestro ordenamiento- los veredictos condicionados.

Dicho tajantemente: ora el veredicto de culpabilidad ya está dictado y, en todo caso, es un problema de técnica de redacción el no haberlo expresado en la parte dispositiva; ora el juicio ha de hacerse completamente de nuevo y la discusión renovarse por completo. Tercera posibilidad no existe (tertium non datur). Ello, porque el veredicto no puede partirse en dos juicios, de allí que la cuestión ya estaría saldada y sólo resta completar los puntos atingentes a la sentencia propiamente dicha (art.375, CPPBA), o se hace de nuevo el juicio y no hay nada que esté de antemano comprobado, independientemente de lo que haya dicho Casación.

Hay algunas porciones del fallo analizado frente a las cuales uno puede inferir que estamos ante la primera opción que planteamos, esto es, que el veredicto de culpabilidad ya fue dictado por el Tribunal de Casación, con lo cual, la casación habría sido positiva en lo tocante al veredicto y el reenvío acotado a completar el pronunciamiento. Los extractos son: 1) «Partiendo de la comprobada agresión por parte de A., nada hay en el caso que de paso a la figura de otro agresor que no fuera éste» (fs. 117vta. del legajo respectivo y su fundamentación en las fojas que le siguen), léase no hay un curso interruptor -ni una concausa- entre el riesgo creado por el agresor primigenio (el acusado de autos) y el resultado disvalioso atribuido (la muerte de una persona); 2) «Como adelantara, no advierto en este control la duda que dice encontrar la mayoría, frente al plexo probatorio escrutado desde la minoría, que acredita la base fáctica traída por la acusación», léase la mayoría del Tribunal de Casación da por acreditado la base fáctica y penalmente relevante atribuida al acusado, ratificando la postura de la minoría del Tribunal de instancia (fs. 119vta. del legajo respectivo y su fundamentación en las fojas que le siguen; confrontándolo, además, con la descripción transcripta en la primera parte del voto del juez que triunfa en la votación, a fs. 115vta. ibíd.); y, 3) «Por lo demás, respecto a las dudas establecidas acerca de la potencialidad del agresor para producir las lesiones, no puedo dejar de advertir.» (fs. 120vta.del legajo respectivo y su fundamentación en las fojas que le siguen), léase el comportamiento del imputado resultó objetivamente idóneo para producir el resultado atribuido y, en ese sentido, descartan la hipótesis de la mayoría del tribunal de la instancia que se pronunció por la absolución, la que, a juicio de la mayoría del Tribunal de Casación, «no resulta razonable, (o como dice el voto ‘absurdo y descabellado’), por no corroborarse con ninguna de las declaraciones ni otro dato objetivo, a lo que se suma la carencia de motivos coherentes, heridas en otras zonas del cuerpo de distinta etiología a las constatadas en la autopsia, o desorden en el lugar donde fue hallado el cuerpo» (fs. 117, ibíd.). Todo ello, corresponde que sea analizado en forma conjunta con los últimos dos párrafos del voto: «En el caso, el discurso valorativo adoptado por la minoría, en base a lo declarado por los testigos y una labor pericial ajustada a las circunstancias del caso y los hechos acreditados, suministra certeza y predomina sobre la hipótesis remota sostenida por la absolución, en la que sólo hay apariencia de duda», y así se concluye: «Luego, estimando que los recursos del Fiscal y particular damnificado son procedentes, abro respetuosa disidencia y propongo se anule el veredicto, con devolución de jurisdicción al tribunal, para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Gaspar Argentino Ayala, y debidamente integrado, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho» (fs. 123/vta.del legajo respectivo, todo del voto del Juez Borinsky con la adhesión del Juez Domínguez). Así las cosas, considerando estos últimos párrafos, especialmente cuando se habla de «hechos acreditados», «certeza» y «comprobada intervención del acusado en el hecho», a partir de confrontarlos con las porciones anteriores que transcribimos y analizamos, surgiría que el reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación está acotado a la materia que debe completar el veredicto ya definido por dicho Tribunal de Alzada, pues las dos cuestiones principales que lo integran (materialidad y autoría), teniendo en cuenta que no existieron planteos en la instancia sobre eximentes ni surgía pertinente plantearlos -corolario: aplica la regla del art. 371 párr. antepenúltimo, segunda parte, CPPBA-, ya han sido abordadas en forma completa, autosuficiente y con el estándar de conocimiento que exige un pronunciamiento de condena, por la mayoría que integró la Sala que intervino del Tribunal de Casación.

De todas maneras, más allá de la interpretación que nosotros podamos hacer, habría que verificar si la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto, explícita o implícitamente, porque si ello fuera así, la cuestión quedaría definitivamente sellada, dado que sus sentencias son obligatorias y deben ser seguidas por los jueces inferiores porque provienen de la autoridad suprema del Poder Judicial de nuestra Provincia (art. 161, CBA).

En efecto, tras estudiar detenidamente los pronunciamientos dictados por el Superior Tribunal, en el marco de la presente causa y tras la resolución dictada por la Sala III del Tribunal de Casación que veníamos analizando, ahora sí, con notoria claridad, queda evidenciado que, para la Suprema Corte Provincial, las cuestiones esenciales que componen el veredicto (materialidad y participación) ya se encuentran definidas por la sentencia del Tribunal de Casación, de modo que el reenvío tiene el sentido acotado de devolver la jurisdicción a la instancia de origen para que complete dicho pronunciamiento y dicte la sentencia propiamente dicha (art. 375, CPPBA), lo cual obviamente habrá de hacerse tras realizar la audiencia de cesura (art.372, CPPBA) y en cuyo ámbito el imputado tendrá la posibilidad de ser oído con las debidas garantías (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP).

Veamos.

En la resolución que analiza la procedencia de los recursos de inaplicabilidad de ley articulados por el señor defensor particular y por el imputado A. A. (v. SCBA, P.121.124 y su acum. P.121.423, rta. el 17/12/2014; los restantes recursos extraordinarios habían sido declarados inadmisibles, cfr. SCBA, P.121.124 y su acum. P.121.423, rta. el 06/11/2013, punto «2» de la parte dispositiva), la Suprema Corte en el marco del análisis de los dos motivos que habilitaron la vía, esto es, la cuestión federal circunscripta a la garantía que veda el doble juzgamiento, en la medida del reenvío dispuesto, y del punto constitucional relativo al derecho a ser juzgado en un plazo razonable (cfr. SCBA, P. 121.124 y su acum. P. 121.423, rta. el 17/12/2014, pág. 3), estableció una primera aproximación al abordar el planteo del ne bis in idem y afirmar: «Es que la decisión dispuesta no retrotrae el proceso a una etapa ya superada al no anular el juicio, sino el veredicto en cuanto concluyó en la absolución del imputado» (SCBA, ibíd., pág. 20). Evidentemente, para la autoridad máxima del Poder Judicial de esta Provincia, el alcance del reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación no abarca la realización de un nuevo juicio, al dejar expresamente en claro que la decisión no retrotrae el procedimiento «al no anular el juicio, sino el veredicto». De manera que, si el juicio no fue anulado, pues la anulación alcanzó solamente al veredicto, la discusión no ha de renovarse pues el veredicto ya está dictado y comprendido en la decisión que emanara -por mayoría- de la Sala III del Tribunal de Casación. Y esto es así, repetimos, puesto que no podríamos renovar un acto válidamente cumplido (léase: el juicio strictu sensu; si se quiere:el debate), por un lado, a la par que tampoco podríamos dictar un veredicto sin realizar un debate, como sí lo puede hacer el órgano ad quem a través de la denominada casación positiva -siempre que la información contenida en el fallo casado tenga el rendimiento necesario a tal fin-, ni pronunciar un veredicto implícitamente direccionado -en todo, en parte- por la Alzada. Nuevamente: el veredicto no puede partirse, en el sentido de que haya una porción sustancial del mismo que viene ya decidida y otra que cabe decidir; pero sí puede partirse, y acá está la respuesta a todo el problema, la decisión del veredicto y el pronunciamiento de la sentencia propiamente dicha.

El análisis no acaba allí. A nuestro modo de ver, en la resolución por la cual la Suprema Corte declara inadmisible el recurso extraordinario federal (SCBA, P.121.124 y su acum. P.121.423, rta. el 02/03/2016), las cosas se aclaran por completo y queda ratificada la posición que venimos explicando.

Sucede que, la propia defensa de A., intentó vincular el agravio relativo a la prohibición de doble juzgamiento con el alcance del reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación y, en ese devenir, introdujo su postura transcripta en los considerandos del fallo de Corte: 1) «.denunció el desconocimiento de la garantía del debido proceso., en tanto el primer fallo revisor -el de casación- y el de esta Corte ‘se han pronunciado por la culpabilidad del imputado A. -revocando la sentencia absolutoria del tribunal de juicio- pero lo han hecho remitiendo a la instancia única del juicio oral para que dicten la sentencia» (SCBA, íd. anterior [REF], pág. 3); y, 2) «[p]ostuló que esta Corte no pudo confirmar el fallo de revocación de la absolución del tribunal de juicio ‘sin declarar la nulidad y ordenar la remisión a otro tribunal de juicio a los fines de la realización de uno nuevo desde el inicio’ pero ello tampoco sería posible.» (SCBA, ibíd., pág. 4). Lo mismo hizo A.en su recurso extraordinario: 1) «razonó que (.) ‘resulta difícil que la consecuencia de la decisión casatoria no implique la anulación del juicio'» (SCBA, ibíd., pág. 6); 2) «.y que con lo resuelto en la sentencia revisora, ‘los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento. no son otros que la celebración del juicio’. Entendió así evidenciada la arbitrariedad de la decisión de esta Corte de considerar que el fallo de casación no dispuso la reedición del juicio oral, y por consiguiente no hubo afectación del ne bis in idem.» (SCBA, ibíd., pág. 7); 3) «.desplegó su interpretación en función de la cual, de entenderse que el Tribunal de Casación afirmó una determinada materialidad ilícita, debiendo el de grado abordar el resto de las cuestiones que establece el art. 371 del C.P.P., lo resuelto no habría garantizado su derecho a ser oído y de ejercer su derecho de defensa.» (SCBA, ibíd., pág. 7 in fine); y, 4) «[e]n forma subsidiaria postuló que de considerarse que la sentencia de casación afirmó tanto la materialidad ilícita como la autoría y que sólo remitió al tribunal oral para fijar pena, se estaría frente a un ‘auto de responsabilidad’, respecto del cual debió garantizarse el derecho a la revisión en un plazo razonable.» (SCBA, ibíd., pág.8 in fine).

Todo ello motivó que la Suprema Corte volviera sobre el tópico, ratificando su posición al expresar que «.fueron determinaciones de esta Corte que lo resuelto por la decisión mayoritaria del Tribunal de Casación no retrotraía el proceso a una etapa ya superada al no anular el juicio, sino el veredicto en cuanto concluyó en la absolución del procesado; para lo cual la mayoría revisora había considerado que lo declarado por los testigos y la labor pericial ajustada a las circunstancias del caso y los hechos acreditados, ‘suministra certeza y predomina sobre la hipótesis remota sostenida por la absolución, en la que sólo hay apariencia de duda’; y en consecuencia ordenando el reenvío al tribunal con devolución de jurisdicción para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Gaspar Argentino Ayala, y debidamente integrado, renovara los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho» (SCBA, ibíd., págs. 14/15); y, tras lo cual, se habló de un «.reenvío, en la medida y con el alcance dispuesto.» (SCBA, ibíd., pág. 15 in fine), como de una «remisión parcial ordenada» (SCBA, ibíd., pág. 16).

Finalmente, cuando se dedica a la argumentación expresada por el propio A. A. en su recurso, en cuanto a que «.el Tribunal de Casación no se ocupó en forma apropiada de la comprobación de la materialidad ilícita, a tenor de lo que prescribe el art. 371 del C.P.P.; y que por tanto, correspondería al órgano reenviado expedirse sobre el mérito de la prueba a ese respecto y las cuestiones esenciales restantes, todo lo cual implica la realización de un nuevo juicio oral.» (SCBA, ibíd., pág. 16 in fine), luego de tildarla como una «particular lectura del contenido resolutivo de la sentencia casatoria y las consecuencias que de allí extrae» y señalar que aparecían novedosamente en la presentación federal (SCBA, ibíd., pág.17), le dedicó algunos párrafos a clarificar la situación afirmando lo siguiente: «Es que el voto mayoritario del Tribunal de Casación

justificó la existencia de la materialidad ilícita y la autoría del imputado (.), sin que la discrepancia que en rigor plantea el recurrente (.), consiga demostrar que la base fáctica razonada en la sentencia no haya sido la considerada para anular el veredicto absolutorio y, con esos lindes, precisar el juicio de reenvío a los fines ya señalados», agregando: «Máxime cuando la acreditación de tales extremos de la imputación fueron motivo de queja en la vía extraordinaria local, más allá que esa parcela recursiva no integrase los agravios susceptibles de excitar la competencia revisora de esta Corte, dado el acotado ámbito de excepción en que el recurso resultó concedido» y así rematando: «.no siendo posible ingresar a las demás cuestiones vinculadas con el juicio de culpabilidad hasta tanto esa decisión no se complete con el dictado de la sentencia de mérito por el juzgador a quien se remite, momento en que nacerá la posibilidad para el imputado de ejercer plenamente el derecho a la revisión del fallo que a su respecto se dicte» (por todo, SCBA, ibíd., págs.17/18).

En resumidas cuentas, para la Suprema Corte no se anuló el juicio, sino el veredicto, y, en ese sentido, el voto mayoritario del Tribunal de Casación justificó la materialidad ilícita y la autoría del imputado, cuya acreditación fue incluso materia de queja que la propia defensa introdujo en la vía extraordinaria local, pero que no es posible analizar hasta tanto esa decisión «no se complete con el dictado de la sentencia» y será recién ahí cuando el acusado podrá ejercer plenamente su derecho a la revisión completa de la sentencia de condena.

En consecuencia, entendemos que la Suprema Corte ya delineó el alcance del fallo emitido por el Tribunal de Casación, el cual ya definió las cuestiones esenciales que componen el veredicto (materialidad ilícita y autoría, pues no fueron planteadas ni cabía plantearse en el caso eximente alguna, aplicando la regla del art. 371 párr. antepenúltimo, segunda parte, CPPBA), de modo que A. A. ya se encuentra condenado por el injusto contra la vida de Gaspar Argentino Ayala, restando solamente dictar la sentencia propiamente dicha, esto es, fijar la calificación que corresponde de acuerdo a la pretensión fiscal esbozada en juicio y la materia comprobada por el Tribunal de Casación, como así también determinar, tras la realización de una audiencia de cesura para discutir los factores que incidirán en la individualización (art. 372, CPPBA), la pena que corresponde aplicarle, contexto en el cual, por lo demás, el imputado tendrá la posibilidad de ser oído con las debidas garantías (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP). Por ello, como bien dijo la Suprema Corte, la discusión que pretende plantearse sobre los aspectos ya definidos por la resolución de casación, esto es, el veredicto, debe aguardar hasta tanto se complete con el dictado de la sentencia correspondiente (art.375, CPPBA), para cuya realización ha sido devuelta la jurisdicción a través del reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación.

Por lo demás, vale aclararlo, la legitimidad de aquel proceder ya fue avalada explícitamente por la Suprema Corte, en los puntos que han sido materia de agravio por parte de la defensa, de allí que toda pretensión de invalidarlo aparece como un intento tardío en esta instancia al resultar materia tácitamente consentida o explícitamente confirmada por el Superior de Provincia e, incluso, por la Corte Federal al desestimar la queja por recurso extraordinario denegado invocando el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. CSJN, 360/2016/RH1, rta. el 04/07/2017 [hay copia glosada en el ppal.]).

Razón por la cual, EL TRIBUNAL -por unanimidad- RESUELVE: FIJAR AUDIENCIA DE CESURA la que se iniciará el día 07/04/2022, a las 10:00 am, contexto en el cual las partes podrán producir aquella prueba pertinente y útil para respaldar sus alegaciones, siempre que se hallaren circunscriptas al objeto propio de esa audiencia, siendo carga de los litigantes citar a los testigos para ese día y acompañar en dicho acto la documentación que vayan a utilizar a tales fines; por lo demás, el hiato temporal entre este resolutorio y el inicio de la audiencia de cesura, constituirá un lapso suficiente para preparar su estrategia y recabar la información que pretendan allí producir.

En resumidas cuentas, allí se explicó que -pese a la técnica empleada en torno a la redacción de la parte dispositiva- la Sala interviniente del Tribunal de Casación dictó un veredicto condenatorio respecto de A. A. «a partir de [su] comprobada intervención. en el hecho determinante de la muerte de Gaspar Argentino Ayala» (cfr. TCPBA, Sala III, legajo cit., fs. 129 in fine y vta.[punto II de la parte dispositiva]) y ello es así porque la Suprema Corte bonaerense reiteró enfáticamente que la Casación no anuló el juicio, sino el veredicto, al tiempo que -casación positiva mediante- dio por comprobadas la materialidad ilícita y la autoría de A. (SCBA, P.121.124 y su acum. P.121.423, rta. el 02/03/2016 [REF], pág. 17 [fs. 456]: «Es que el voto mayoritario del Tribunal de Casación justificó la existencia de la materialidad ilícita y la autoría del imputado.»), de allí que, el reenvío dispuesto, reitero una vez más, fue al sólo efecto de dictar la sentencia propiamente dicha, esto es, fijar la calificación legal -conforme la solicitud fiscal esbozada en juicio y la materia comprobada en el veredicto de casación- y determinar la condena concreta que le corresponde a A. por el injusto del que resultó responsable, una vez abierto el debate mediante la audiencia de cesura. Por ello, si el veredicto de culpabilidad ya fue dictado por el ad quem, la cuestión que hace a la comprobada responsabilidad de A. por la muerte de Ayala ya está definida para esta instancia (a un lado la posibilidad recursiva latente por control horizontal), sin que, con motivo del acotado reenvío dispuesto para completar el pronunciamiento, pueda abrirse nuevamente una discusión sobre algún punto que integra el veredicto de culpabilidad como pretendió la defensa, incluso luego de que resolviéramos lo que aquí trascribimos al afirmar que faltaba analizar la cuestión tercera referida a los eximentes y hasta insinuando una supuesta legítima defensa de terceros, perdiendo de vista que ese tipo de cuestiones únicamente se abordan cuando fueran objeto de planteo o el Tribunal las encontrare pertinentes, lo que aplica directamente al caso si confrontando el acta de debate no se observan defensas de ese carácter (v. alegato de apertura, fs. 1286 del ppal.; alegato de cierre, fs. 1336vta. y ss. del ppal.), sumado a que la decisión tomada por la mayoría de Casación permite fácilmente inferir que los jueces que la formaron no la encontraron oficiosamente pertinente ya por el hecho que no fue plasmada en la resolución; dicho tajantemente: el veredicto no puede partirse en dos o más decisiones separadas, pues constituye la conclusión razonada del contradictorio formado por la pretensión de las partes que se apoyan en la prueba producida en juicio (debate), de allí que, lo contrario, sí implicaría un doble juzgamiento por los mismos hechos y afectaría la garantía que lo veda, algo que la Suprema Corte descartó -y la Corte Federal avaló al aplicar el 280 del CPCCN- explicando justamente que el reenvío dispuesto era al sólo efecto de completar el pronunciamiento con el dictado de la sentencia propiamente dicha (art. 375, CPPBA).

Consecuencia de lo cual, no puede interpretarse que el fallo de casación deja saldadas únicamente algunas cuestiones del veredicto y reenvía para que se discutan las otras como ser las eximentes de todo tipo (en la división tradicional: causas de justificación y causas de exculpación), amén que en el juicio oral celebrado en el pasado -que no ha sido invalidado por la Casación, según la SCBA- ninguno de los litigantes (fiscal, acusador privado, defensa) planteó o insinuó eximente de tipo alguno (véase que al realizar su alegato final la Fiscal lo dice expresamente y la defensa no lo controvierte cuando llega su turno, cfr. fs. 1332vta. con fs. 1336vta y ss.del ppal.). Piénsese qué pasaría si, siguiendo la postura de la defensa, habilitáramos una discusión sobre eximentes y en ese contexto -imaginemos- el pleito lo ganara aquella parte, habrían dos veredictos contradictorios sobre el mismo hecho e imputación, el de culpabilidad de casación y el absolutorio -supóngase por legítima defensa de terceros, siguiendo la insinuación de los abogados defensores- de este órgano que resulta inferior del que dictara el primer veredicto, provocando cuando menos una situación institucionalmente escandalosa; la otra variante sería, permítaseme insistir para que la defensa comprenda el punto, que la casación dejó saldadas dos cuestiones del veredicto y habría que hacer un «juicio parcial» para discutir la parte restante del veredicto (eximentes), de modo que deberían declarar nuevamente quienes ya declararon, pero hete aquí que todo lo que ya contaron fue materia de valoración por el Tribunal de Casación, de modo que no podrían contradecir, siquiera parcialmente -p. ej., agregando un detalle fáctico que permita formar una hipótesis de eximente no planteada oportunamente-, la información que ya expresaron en el juicio y que fue tomada por la Casación -a partir de las constancias del acta de debate y lo expuesto en el fallo originario de este Tribunal (v. el abordaje de la SCBA, res. cit. [REF], pág. 17 [fs.456])- para sustentar su decisión de anular el veredicto originario, porque entonces caeríamos nuevamente en la encerrona de realizar dos juicios a una misma persona por un mismo hecho, o bien, interfiriendo en el razonamiento y de cisión de nuestro Superior, al tener que determinar si la información nueva resulta conciliable con la anterior y ante su incompatibilidad nos quedarían dos salidas, ora arrogarnos competencias revisoras de las que carecemos, ora dictar un veredicto ya direccionado por la decisión de Casación, el punto es que ambas serían ilegítimas.

Desde esta perspectiva, si el juicio no fue anulado la única opción válida, según ya lo hemos explicado, es interpretar -tal como a nuestro juicio lo hizo la Suprema Corte- que el reenvío está acotado a completar el pronunciamiento dictando la sentencia respectiva (art. 375, CPPBA), pues el veredicto y la sentencia son actos procesales susceptibles de ser separados, conforme se desprende del instituto de cesura de juicio (art. 372, CPPBA), de la posibilidad legal de anticipar el veredicto (art. 374, CPPBA) y de la competencia distribuida que al respecto existe entre el jurado y el juez técnico (arts. 371 ter inc. 1° párr. 1ro., 371 quáter inc. 6° párr. 2do., 372 párr. 2do. y 375 bis párr. 1ro., CPPBA).

Entonces, como primer punto, hay que fijar la calificación legal que corresponde al injusto penal atribuido al acusado A., partiendo de la acusación con su ampliación formulada en juicio por el acusador (sobre la validez de la ampliación, v. SCBA, P. 121.124 y acum. P. 121.423, res. del 17/12/2014 [RIL], p. 7 [fs. 323, legajo cit.]) y basándonos exclusivamente en la materia comprobada en el veredicto dictado por el Tribunal de Casación, ya que la calificación refleja (como si fuese un espejo, dijimos en la jornada del día 08/04/2022) el significado jurídico-normativo del injusto acreditado en el veredicto. Nuevamente:no puede agregarse información por fuera de la analizada en el veredicto motivado de culpabilidad que dictara la Sala III del Tribunal de Casación; en términos tajantes: los hechos allí comprobados por el ad quem, son sagrados para el a quo. ii. Calificación legal del injusto penal atribuido al acusado A partir de lo anterior, cabe apuntar que la fiscalía -tras la ampliación que formulara en el curso del debate (fs. 1324vta. y ss., ppal.)- perfeccionó su acusación sosteniendo que A. resultaba autor de homicidio simple (v. fs. 1331vta. in fine).

Toda la teoría del caso esbozada por la defensa giró en torno a exponer que hubo otro hecho generador de las lesiones sufridas por la víctima y que no fue investigado, argumentando para ello que no existía relación de causalidad entre la gresca y el fallecimiento de Ayala (cfr. fs. 1337vta., ppal.). En punto a la calificación, según consta en el acta del debate, solamente cuestionó el dolo eventual postulado por la contraparte diciendo «que sólo se habló de golpe, etc., inidóneos para provocar las lesiones. El dolo no puede ser presumido» (v. fs. 1338 del ppal.) y agregando en su contra-réplica, según consta, críticas referidas a la «rareza del dolo eventual» (v. fs. 1339, ppal.).

Entonces, hay que analizar si el veredicto de Casación respalda los elementos típicos que requiere la figura de homicidio simple y, en ese devenir, adelanto mi respuesta en sentido afirmativo.

Vamos a comenzar transcribiendo algunas porciones de ese fallo, dándoles un orden propio para facilitar la exposición de nuestras conclusiones.

El voto que hizo mayoría afirmó: «Como adelantara, no advierto en este control la duda que dice encontrar la mayoría, frente al plexo probatorio escrutado desde la minoría, que acredita la base fáctica traída por la acusación» (fs.119vta., legajo cit.). Esto significa que la mayoría del Tribunal de Casación dio por acreditada la base fáctica y penalmente relevante atribuida al acusado, según la exposición que hiciera la fiscalía al perfeccionar su acusación (alegato de cierre).

Entonces, la pregunta es: ¿cuál fue esa base fáctica? El Juez Borinsky -voto que hizo la mayoría- lo aclara de entrada al decir: «El fiscal tiene por acreditado, con homologación de la minoría de primera instancia, que en la madrugada del 25 de diciembre de 1999, en la intersección de 13 y 21 de City Bell (La Plata), luego de la colisión de dos vehículos, se produjo una gresca entre familiares de los ocupantes de ambos rodados, y en dichas circunstancias llegó el imputado [léase A. R. A.], propinándole por lo menos dos golpes de puño a Gaspar Argentino Ayala, quien encontrándose en el lugar observando los hechos sin intervenir en la pelea, cae al suelo, pierde el conocimiento, y horas más tarde, entre las 09:00 y 12:00 del mismo día fallece a consecuencia de las lesiones producidas por el acusado, producto de un violento traumatismo que fracturó y fragmentó los huesos del cráneo originando una hemorragia cerebral con posterior enclavamiento medular» (fs. 115vta., legajo cit.).

Primera conclusión: Lo acabado de transcribir constituye el injusto penal por el que resultó condenado A. en sede del Tribunal de Casación.Por cierto, el hecho que el ad quem -al igual que la minoría de la primera instancia- diera por comprobado que Ayala no intervino en la pelea («.propinándole por lo menos dos golpes de puño a Gaspar Argentino Ayala, quien encontrándose en el lugar observando los hechos sin intervenir en la pelea.»), es suficiente para afirmar que la decisión de Casación descarta implícitamente cualquier hipótesis de legítima defensa, como pretendió insinuar la defensa durante la cesura, así como también -agrego- la eximente de estado de necesidad exculpante al no figurar en la materialidad comprobada que la vida de A. hubiere corrido un peligro de tal

magnitud para exonerarlo de haber matado a un tercero inocente, en otras palabras, para desgravar al sujeto que infringió el deber de respeto al proyecto de quien nada hizo de continuar con su existencia; todo ello, corrobora la corrección de nuestra postura cuando le impedimos a la defensa abrir prueba para cuestionar los hechos ya fijados en el veredicto casatorio, pues ya se habían decidido las cuestiones esenciales que lo componen (materialidad y autoría) y porque se encontró innecesario plantear expresamente la cuestión atinente a eximentes, ya que nadie la introdujo ni el caso lo aclamaba (una vez más: aplica la regla del art. 371 párr. antepenúltimo, CPPBA).

A partir de allí, se centró en la materia específicamente controvertida y que diera lugar al veredicto absolutorio dictado por la mayoría de este Tribunal Criminal n° 1 Departamental. A modo descriptivo, expuso la situación: «Frente a la prueba de cargo analizada por la minoría de primera instancia, la mayoría descartó la materialidad ilícita acreditada en la acusación, al no poder comprobar, con la certeza requerida para el caso, el nexo causal entre los golpes que se le atribuyen al imputado y el resultado mortal ocurrido» (fs. 116, ibíd.); luego, en el párrafo siguiente, resumió la prueba sobre la cual se basó la decisión absolutoria de primera instancia (fs.116/vta., ibíd.). Enseguida volvió a exponer el objeto litigioso, aunque le agregó una connotación valorativa desaprobatoria sobre aquella conclusión que controlaba: «Para la mayoría de primera instancia hay una remota posibilidad que la víctima fuera golpeada por un fantasmagórico atacante luego de asistir al hospital de Gonnet para tratarse las lesiones inflinjidas por A. y regresar a su casa, estas últimas circunstancias acreditadas por los testigos Daniel Horacio Solís y Carlos Admundo Ayala (alias ‘Pelón’), quienes lo llevaron al nosocomio, conforme los dichos del creíble Roberto Carlos Gómez, el que, junto a [la] madre de Solís, lo dejaron en su vivienda» (fs. 116vta., ibíd.). Así las cosas, con cita de doctrina alemana, explicó que «[u]na configuración remota de los hechos puede ser tomada en serio» siempre que, «a su imaginación puramente lógica» se añada algo proveniente del «material fáctico aportado» que, por lo menos, contenga «una señal que haga pensar precisamente en la existencia de esa versión discrepante» (cfr. fs. 116vta./117, ibíd.); tras lo cual, sin solución de continuidad, expuso lo que sería su conclusión: «Como correctamente estima la minoría de primera instancia, en base a la labor de los doctores Maldonado y Brandolino y su concordancia con el grueso de la prueba colectada, la posibilidad traída por la defensa y confirmada en el veredicto (repito, que Ayala fuera agredido a partir de las cuatro horas, posteriormente a ser examinado, ya sea en el transcurso en que fue trasladado junto a sus familiares y amigos a su domicilio, o dentro de su casa), no resulta razonable, (o como dice el voto ‘absurdo y descabellado’), por no corroborarse con ninguna de las declaraciones ni otro dato objetivo, a lo que se suma la carencia de motivos coherentes, heridas en otras zonas del cuerpo de distinta etiología a las constatadas en la autopsia, o desorden en el lugar donde fue hallado el cuerpo» (fs.117, ibíd.).

Yendo a lo específico el voto que lideró dejó en claro lo siguiente:

«Partiendo de la comprobada agresión por parte de A., nada hay en el caso que de paso a la figura de otro agresor que no fuera éste» (fs. 117vta. -al inicio-, ibíd.).

Y, a continuación, expuso toda la prueba que respaldaba dicha conclusión, sobre la base de lo declarado por Marcelo Daniel Chávez, Miguel Rubén Lucero y Hermes Javier Sandoval (fs. 117vta./118, ibíd.) y enlazado con lo aportado por los testimonios de Daniel Horacio Solís y Roberto Carlos Gómez (fs. 118/vta., ibíd.). Por tanto, así concluyó: «.las creíbles declaraciones, estimadas por la minoría de primera instancia, que acabo de mencionar, descartan la hipótesis sostenida por la mayoría, esto es, un nuevo ataque entre la salida del hospital y la llegada a la vivienda; como tampoco los golpes posteriores a ese momento, entre las cuatro y la[s] nueve de la mañana (horario aproximado del hallazgo sin vida de Ayala), por el estado de reposo en el que fue encontrado el cuerpo y la ausencia de señales de violencia en el lugar» (fs. 118vta./119, ibíd.). Seguidamente, el Juez Borinsky expresó que, como consecuencia de todo ello, «la duda que la mayoría invoca radica solamente en una controvertida labor pericial que se da de bruces con el resto del material probatorio, entre los que se incluyen otros dictámenes periciales.» (con más detalles: v. fs. 119/vta., ibíd.), frente a lo cual, a posteriori, dedica varias páginas para confrontar todo el plexo probatorio con los dictámenes periciales controvertidos, realizando una íntegra valoración probatoria en línea con el voto minoritario de primera instancia (por todo, cfr. desde fs. 119vta. a fs. 123 [inclusive], ibíd.).

Segunda conclusión: El Tribunal de Casación dio por acreditado que fue A.quien golpeó a la víctima Ayala, como así también entendió comprobado el nexo causal entre esos golpes y la muerte del agredido, descartando la existencia de un curso causal interruptivo, como la aparición de una concausa, entre el riesgo creado por el agresor primigenio (A. R. A.) y el resultado disvalioso acaecido (la muerte de quien recibiera los golpes: Gaspar Argentino Ayala), todo ello de acuerdo a la hipótesis que la defensa sostenía en su teoría del caso.

Ahora bien, en ese contexto, en el que Borinsky justificaba su conclusión, expone una serie de afirmaciones sobre circunstancias puntuales que resultan relevantes para nuestro cometido. La primera tiene que ver con el tipo de agresión que recibiera Ayala, partiendo del informe de autopsia de los doctores Gatti y Alsina -ratificado en debate- que recepta el voto minoritario según aclara, donde se explicaba «que el grave traumatismo que sufrió la víctima es compatible de ser producido con un puño, un golpe de alto impacto, a lo que se aduna el choque contra otra superficie», y hasta remarcándose que habían establecido «dos momentos, el de la golpiza con el puño y la caída violenta» (fs. 119vta., ibíd.), a lo que luego le adiciona que «los testigos son contestes en referir que vieron dos o tres con el puño, que levantaron a la víctima en el aire, quien cayó contra el piso» (fs.121, ibíd.; téngase presente que, lo que allí se agrega según lo expuesto por una testigo, constituye una modalidad de agresión no contenida en la materialidad que se diera por acreditada, de suerte que todo indica que fue al sólo efecto de enfatizar la crítica hacia la decisión mayoritaria de primera instancia); como así también, emparentado con lo anterior, con la potencialidad del agresor y las dudas que se plantearon al respecto, las cuales descartó rotundamente sobre la base de las declaraciones de Javier Ceferino Nievas, Marcelo Daniel Chávez y del propio Sandoval que también fue golpeado por el mismo agresor, sumándole lo expresado por Gregorio Jorge Kozuchar y Pablo Isaac Gauna que resultaba idéntico -se expuso- a las consideraciones aportadas por Tamara Noelia Catini, Lidia Angélica Fredes y Domingo A. Blescia (cfr. fs. 120vta./121, ibíd.: «.respecto a las dudas establecidas acerca de la potencialidad del agresor para producir las lesiones, no puedo dejar de advertir.»). La segunda es que, según las consideraciones de los profesionales que realizaron la autopsia, los golpes recibidos por Ayala «pudieron pasar desapercibidos para el médico que lo asistiera, ya que la fractura no se observaba externamente no obstante presentar internamente huesos astillados, hemorragias y hematomas que se observaron en el cadáver; también mencionaron la posibilidad de que estas lesiones pudieran tener una evolución de horas, como pérdida de conocimiento, intervalo lúcido, estupor, coma, muerte» (fs. 119vta. in fine y 120, ibíd.), agregando el voto analizado que los especialistas, en el análisis de sus observaciones, «describen que el golpe dado por un karateca o alguien especializado en ello, puede tener el nivel suficiente para romper el cráneo, que hubo más de uno, posiblemente dos, uno en la región facial y otro en la nuca, en síntesis, que la muerte de Ayala se produjo por traumatismo encéfalo craneano con intervalo lúcido, la formación del hematoma subdural hasta que el mismo termina provocando un enclavamiento medular» (fs.120, ibíd.; aclarándose a continuación que dichas observaciones se corresponden a lo que los testigos relataran) y más adelante insiste con que los peritos afirmaron que un golpe puede fracturar el cráneo «dependiendo de la violencia con la que se ejecute, lugar en el que se imprimió (zonas más débiles), y la potencia del golpe» (fs. 122vta., ibíd.).

Tercera conclusión: El Tribunal de Casación, conforme surge de las consideraciones transcriptas, entendió que fue el riesgo prohibido creado por A., al golpear a la víctima de la forma en cómo la golpeó, el que se realizó en el resultado muerte recaído sobre aquélla; de hecho, en varios pasajes del voto, se insistió con la cualidad que tuvo el golpe por la fuerza que le aplicó en una zona vital del cuerpo del agredido, concordante con el nivel de potencialidad que presentó el agresor y con el aval dado por los especialistas cuando sostuvieron la posibilidad de que un golpe fracture un cráneo. Por lo demás, queda claro que para el Tribunal de Casación tampoco A. puede descargarse -por lo menos parcialmente- del efecto provocado acudiendo a un segundo interviniente como fue el médico de guardia (Dr. O.), lo que surge respaldado a partir de validar la conclusión pericial -v. fs. 123 párr. 3ro., ibíd.- que determinó la posibilidad de que los golpes pudieran «pasar desapercibidos» para el médico que lo asistiera porque la fractura no se observaba externamente. En tal sentido, si bien es una cuestión saldada para esta instancia, por lo menos a modo obiter dictum, quisiera traer un razonamiento de quien a mi juicio resulta uno de los más importantes penalistas de los últimos tiempos: «Por consiguiente, el hecho de que un segundo interviniente se comporte de modo defectuoso no es per se suficiente para exonerar al primero, pues este, sin razón alguna, ha impuesto, al menos, a quien interviene en segundo lugar la necesidad de solucionar el conflicto.Sin embargo, para que la imputación al primero no se vea interrumpida, el error del segundo interviniente ha de ser de naturaleza incidental; si el segundo se sale de su rol, es decir, se comporta de modo gravemente irracional, ello sucederá con ocasión del daño causado en primer término, pero no se deberá al mismo. A modo de ejemplo: quien lesiona a otro, crea de modo planificable el riesgo que inevitablemente comporta un tratamiento médico, y también forma parte de ese riesgo el que cualquier persona pueda incurrir en un error más o menos grave.

Normalmente, sin embargo, nadie incluye en su planificación el que se vayan a realizar diagnósticos totalmente disparatados; de lo contrario, sólo cabría ir al médico tras adoptar medidas de precaución» (JAKOBS, La imputación objetiva en Derecho Penal [trad. M. Cancio Meliá], en: EL MISMO, Moderna Dogmática Penal.

Estudios Compilados, 2da. ed. Porrúa, México, 2006, ps. 271/272; al respecto, v. tamb. TC 1 LP, «Riquelme», causa n° 3199/569 [publicada en el sitio web de la SCBA], voto del Juez Fernández Lorenzo con la adhesión de los Jueces Decastelli y Palacios Arias [confirmada por la Sala II del TCPBA]). Esto último viene a colación justamente porque, en el juicio oral, la fiscalía desistió de la acusación

oportunamente formulada en contra del médico O., agumentando que «de los testimonios ponderados de los peritos médicos surge que el mismo realizó una práctica médica correcta conforme su incumbencia profesional, a los parámetros o estándares normales de la atención médica y la categoría que revestía en dicha oportunidad. [no surgiendo datos] que permitan acreditar la posible impericia, imprudencia, negligencia y/o inobservancia de los deberes a su cargo.» (cf. acta de debate, fs. 1333 del ppal.); tan es así que, el propio defensor técnico, para ese entonces el Dr. Granillo Fernández, estuvo de acuerdo con esa conclusión del MPF pues, al transcribir su alegato de cierre, se apuntó en el acta citada:»Valora favorablemente el desistimiento formulado por la Fiscalía en relación al imputado O.» (fs. 1337, ppal.).

En suma, se desprende del fallo casatorio que A. creó un riesgo prohibido al golpear a la víctima Ayala, que ese riesgo no sólo condicionó el resultado conforme la ley causal -en el sentido de que la condición ha surtido efecto realmente, ex post-, sino que, además, fue precisamente aquel riesgo el que se realizó en el resultado acaecido, al haberse generado un peligro relevante de muerte y por no existir fenómeno ni razón normativa alguna que pueda cortar el enlace (v.gr.: curso causal interruptor, concausa, tercero responsable, etc.).

De ello se desprende, asimismo, que el injusto atribuido se le imputa al acusado A. a título de autor (art. 45, CP), justamente si ejecutó de propia mano el comportamiento prohibido que se realizó en el resultado.

Naturalmente, dicho injusto se le imputa a título doloso. En el curso de la discusión sobre la pena, la defensa dijo más de una vez que A. no tuvo la intención de matar a nadie; lo mismo manifestó el acusado, cuando quiso declarar durante la cesura y lo escuchamos atentamente respetándosele su derecho a ser oído (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP). Esta afirmación obviamente que la comparto. El significado de un comportamiento no ha de asignárselo a un recorte aislado de lo hecho, sino que depende del contexto de lo vivido, esto es, del contexto en el cual se interactúa. Aquí el contexto acreditado es determinante para descartar aquel fenómeno psíquico, eximiéndome de mayor argumentación sobre el punto si el acusador jamás atribuyó dicha intencionalidad: al ampliar su acusación en el debate (v. fs. 1326, ppal.), el MPF especificó su imputación «por el delito de homicidio simple por dolo eventual (art. 79 CP)». Lo que no puedo compartir es cuando se pretende equiparar el dolo con la intención, cuando se mezcla lo normativo con lo psíquico, un modelo de atribución con un faktum.Esa idea puede que tenga su origen en el naturalismo de Fuerbach (cf. Tratado de Derecho Penal [trad. E. R. Zaffaroni – I. Hagemeier], Hammurabi, 2007, § 54), aunque quizás ni el propio penalista de la ilustración haya pretendido llevarla hasta sus últimas consecuencias, conclusión que puede extraerse de los artículos 44 y 47 del Código Penal de Baviera de 1813 que él mismo elaboró. De hecho, un sistema así propuesto siquiera fue adoptado por el fenecido finalismo de Welzel, tan ocupado en la vertiente individual y antropológica del hombre (cfr. JAKOBS, El concepto jurídico-penal de la acción [1992] [trad. M. Cancio Meliá], en: EL MISMO, Moderna Dogmática. cit., p. 59). En una sentencia correspondiente a otro caso (cfr. TC 1 LP, «Aguilera», causa n° 929/5520 [publicada en el sitio web de la SCBA], voto del Juez Fernández Lorenzo con la adhesión de los Jueces Sanucci y Decastelli [confirmada por la Sala V del TCPBA]), expliqué que corresponde una imputación por dolo si, en el momento de la acción, el autor juzga que la realización del tipo no es improbable como consecuencia de esa acción (cfr. JAKOBS, PG, 2da. ed., 8/23; BACIGALUPO, PG, 2da. ed., 2007, p. 324, Nm. 617, e/o.). En este sentido, resulta evidente que A., sabiendo lo que hacía y conociendo el caso abarcado por la norma, juzgó como no improbable el resultado lesivo acaecido, ya por la forma en cómo golpeó a la víctima Ayala y la zona vital de su cuerpo hacia donde dirigió su ataque (fs. 120, legajo cit.), al punto tal de levantar a la víctima por el aire y determinar su caída contra el piso (como se expuso en el veredicto de Casación [fs.121, legajo cit.]: «los testigos son contestes en referir que vieron dos o tres con el puño, que levantaron a la víctima en el aire, quien cayó contra el piso»).

En consecuencia, de conformidad a la materia comprobada en el veredicto de culpabilidad dictado por la mayoría de la Sala III del Tribunal de Casación, el injusto-culpable allí atribuido a A. R. A. constituye el delito de homicidio simple sobre el que habrá de responder a título de autor, en los términos de los arts. 45 y 79 del Código Penal.

Así lo voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Claudio Bernard dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

Cuestión Segunda: ¿Concurren atenuantes? A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:

La fiscalía postuló dos atenuantes: 1) carencia de antecedentes condenatorios al momento del hecho de este proceso; y, 2) buen concepto informado La Defensa, además de las anteriores, postuló las siguientes: 1) las características del hecho, esto es, una gresca, reyerta o pelea en la que había inferioridad numérica por parte de A. y su grupo familiar; 2) la no utilización de arma alguna, sea propia o impropia; agregando que no hubo pericia sobre la potencia de A.; 3) el hecho que A. fue a defender a su tío que estaba siendo agredido y ante la inacción policial; 4) el tiempo transcurrido desde el hecho que implicó la fragilidad emocional de A. y su requerimiento de asistencia psiquiátrica; 5) la cantidad de procesos y juicios a los que fue sometido en esta causa, siendo que ninguno es atribuible a su comportamiento; 6) su historia vital, argumentándose que A.vivió con sus abuelos, que sólo hizo un único viaje con sus hermanos y la falta de arraigo paterno/materno; 7) las respuestas que se obtuvieron de A., incluso estando medicado, pue siempre se quiso defender; 8) el grado de arrepentimiento mostrado cuando declaró en la audiencia de cesura, citando las frases siguientes: «no fui a pelear ni a matar a nadie» y «estoy impactado por la muerte de la persona»; 9) su comportamiento durante el alongamiento del proceso, ya que A. siempre compareció, nunca tuvo una condena elusiva, nunca un testigo dijo que lo coaccionó ni interfirió con la prueba, siempre se sometió a la ley y al proceso y, de hecho, hasta estudió un tiempo la carrera de abogacía; 10) su legajo de ejecución, el que si bien se destruyó por una inundación, lo cierto es que le concedieron la libertad condicional, de modo que la prevención especial positiva sucedió, apuntando su buen comportamiento estando en libertad condicional y que la última pericia psiquiátrica habló que todo va a depender de A. y, en ese sentido, desde su soltura él cumplió puntillosamente con el régimen de libertad condicional; y, 11) su situación familiar actual: su pareja Marcela tiene 4 hijos (uno con discapacidad), A. tiene con ella 1 hijo propio y esto revelaría que A. no es el mismo después de veintitrés años, además tiene trabajo estable, mantiene a su familia y su proyecto es consolidar esa familia.

En cuanto a la carencia de antecedentes penales al tiempo de este hecho y el buen concepto vecinal, habiendo acuerdo de partes y en atención a que el art. 41 del Cód. Pen. menciona, entre otros factores, a «la conducta precedente del sujeto», habrán de ser receptadas. Sobre su alcance e incidencia en materia de mensuración, ampliaremos luego en la cuestión correspondiente.

Entiendo que también corresponde acoger la atenuante referida a la circunstancia de contexto en la que se ejecutó el comportamiento delictivo.Más allá que se acreditó, conforme la materialidad afirmada en el veredicto del Tribunal de Casación, que A. agredió a Gaspar Argentino Ayala, quien se encontraba en el lugar «observando los hechos sin intervenir en la pelea» (fs. 115vta., legajo de casación), no obstante también en dicha plataforma se lee que, cuando A. llega a la escena del hecho, ya existía «una gresca entre familiares de los ocupantes de ambos rodados», de manera que, si bien el nombrado no obró amparado por justificación ni excusa alguna, lo cierto es que el acusado no generó el conflicto, sino que ya existía de antemano, como también lo es que, además, había familiares suyos involucrados en ese altercado, razón por la cual, esa circunstancia de modo, implica un menor injusto-culpable visto en su dimensión cualitativa-cuantitativa externa (art. 41, CP).

La no utilización de arma alguna no resulta una atenuante; en todo caso, su utilización constituye un agravante. El planteo parte de un equívoco: todo lo que no es agravante sería atenuante y con esa mirada serían infinitas las circunstancias atenuantes que cabría considerar si una imaginación sorprendente se pusiera a enumerar todo aquello que no se hizo para agravar el injusto. Por ello, el hecho que no se utilizasen armas marca que, valorado ese aspecto aislado, estaríamos ante un injusto-culpable regular-prototípico.

El hecho que A. agrediera a quien no participaba de la gresca, sino que sólo observaba los hechos, descarta que el comportamiento atribuido tenga el significado social que dice la defensa (defensivo o cuasi-defensivo); en el saldo que arroja el contexto impuesto, ya está cubierto por la atenuante supra valorada y referida a la circunstancia de modo.

En el derecho comparado, bajo ciertas condiciones y en algunos casos en función del texto legal, suele valorarse como atenuante la circunstancia de haber padecido un proceso excesivamente largo.En nuestro ordenamiento, no hay una cláusula expresa en el Código Penal que recoja la atenuante de «dilación extraordinaria e indebida», a diferencia de texto español que la incorporó a partir de la Ley Orgánica 5/2010 (cfr. CÓRDOBA RODA – GARCÍA ARÁN [dirs.], Comentarios al Código Penal, Marcial Pons, 2011, pp. 255 ss.). Hay que aclarar que la atenuante no puede estar referida a la irrazonabilidad del plazo, en su dimensión garantista, porque verificándose tal circunstancia quedaría insubsistente la acción de acuerdo a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de la Nación; en este sentido, igualmente, vale recordar que la Suprema Corte abordó el problema de la razonabilidad del plazo con motivo del recurso de inaplicabilidad de ley (cfr. SCBA, P. 121.124 y su acum. P. 121.423, res. del 17/12/2014, pág. 9 y ss.), pronunciamiento que quedó firme tras el rechazo de la queja dispuesto por la Corte Nacional, como también que, respecto del tramo posterior y lógicamente no comprendido en dicho análisis, ante un planteo del defensor, este Tribunal específicamente apuntó que estaba configurada la excepción que justificaba descontar la demora (v. acta labrada respecto de la jornada del día 25/03/2022). De modo tal que la atenuante, en todo caso, tiene que estar referida a un plazo excesivamente largo pero que no llega a ser -por el motivo que fuere- irrazonable. Aquí se da un supuesto complejo, más allá del alongamiento en sí, porque el veredicto condenatorio del Tribunal de Casación fue dictado el día 11/07/2013 y, recién el día de hoy, casi nueve (9) años después A. va a conocer el monto concreto de pena que le corresponde. Esta circunstancia, a mi modo de ver, no puede ser obviada porque en todo ese lapso A.vivió con la expectativa de que iría preso (el mínimo del tipo imputado en debate asciende a ocho años), pero con la incertidumbre de que el momento -por una razón y por otra- no terminaba concretándose, de manera que, en todo ese devenir existencial, todos sus proyectos estaban condicionados a esa circunstancia y eso ya constituye una carga que no ha de infravalorarse en la medida que implica -en parte- un recorte de su libertad y, de este modo, se erige también como dolor; tan es así que, dicho transcurrir se fue estirando y A. tuvo un hijo propio con su pareja y se erigió en el sostén de una familia numerosa, hoy en día, ya en otra situación personal, la idea de volver a estar preso de alguna manera lo martiriza, sobre todo el hecho de tener que explicárselo a su hijo. Sobre su incidencia en la individualización, retomaremos luego.

La cantidad de procesos y juicios a los que fue sometido A. en esta causa es una afirmación que comienza soslayando el fallo de la Suprema Corte,

cuando abordó e l planteo referido al ne bis in idem. Por ello, si fuese como la defensa dice, no habría una atenuante, sino una garantía constitucional vulnerada que impediría una respuesta estatal adversa a su titular.En efecto, aquí hay un solo proceso que todavía no ha culminado, como también un único juicio que no fue anulado, pues la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación anuló únicamente el veredicto y reenvió a la instancia para que se complete el pronunciamiento con el dictado de la presente; en lo demás, existiría en rigor una discrepancia implícita de la defensa con el derecho positivo vigente en materia de legitimación recursiva del acusador, pero su validez ya se encuentra saldada en el caso con motivo del pronunciamiento de la Suprema Corte, al rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley y el agravio federal que en ese sentido contenía, pronunciamiento que quedó firme tras la inadmisibilidad de la queja impuesta por la Corte Federal con invocación del art. 280 CPCCN.

La historia vital de A., apoyada en la falta de arraigo de su núcleo familiar primario, tampoco puede ser valorado como atenuante, pues no se explica qué relación tiene dicha circunstancia con la vulneración de una norma que pertenece al núcleo de la constitución identitaria de la sociedad, al punto tal que su negación es una negación de la estructura misma; dicho en términos anglosajones: un delito mala in se.

El hecho que A., aun estando medicado, siempre haya querido defenderse es parte de ejercitar materialmente su derecho constitucional a la defensa en juicio, sin que pueda advertirse por qué razón eso implicaría una pauta atenuante.

Llevado al absurdo: como en todos los procesos debe existir defensa (debido proceso = acusación, defensa, prueba y sentencia), todos los casos vendrían de antemano atenuados. En todo caso, la defensa debió explicar cuáles fueron los actos realizados por A. que, independientemente de su inexigibilidad (art.18, CN), puedan revelar una colaboración activa y hayan contribuido -explícita o implícitamente- a la aclaración del delito como al acortamiento del proceso (v.gr.: confesión, reparación del daño, conciliación con la familia de la víctima, etc.).

El grado de arrepentimiento de A., tampoco puede ser receptado.

Más allá que las frases que evoca la defensa no revelan un arrepentimiento del injusto creado -en realidad, A. se arrepiente de no haber modificado la causalidad cuando decidió acudir ante el llamado-, hay que apuntar que, por lo general, el arrepentimiento per se no constituye una atenuante si no viene acompañado de otro acto que exprese una colaboración activa del sujeto acusado o su esfuerzo por recomponer la relación jurídica quebrantada mediante un equivalente funcional, a saber: confesión, reparación del daño y hasta la conciliación con la víctima o sus familiares; de todas maneras, y sin perjuicio de lo anterior, la defensa debió explicar cuál es el fundamento por el cual alguien podría resultar desgravado parcialmente al arrepentirse tras recibir el veredicto de culpabilidad, justamente si la jurisprudencia comparada sólo acepta la atenuante de «confesión tardía» cuando resulta relevante y útil para la investigación (al respecto, cfr. TC 1 LP, «Lucerna y otros», causa n° 597/6110 [publicada en el sitio web de la SCBA], voto del Juez Fernández Lorenzo con la adhesión de los Jueces Sanucci y Decastelli [confirmada por la Sala IV del TCPBA]).

El buen comportamiento de A. en este proceso no puede computarse como atenuante, al constituir un deber de todo sujeto sometido a la persecución penal; tan es así que, la ley procesal asegura que todo imputado permanecerá en libertad durante el curso del proceso, salvo que se verifiquen hechos que permitan realizar una prognosis de riesgo de fuga y/o entorpecimiento (doct. arts. 144, 146 inc.2°, 148 y ccs., CPPBA). En definitiva, su buen comportamiento procesal hizo que este Tribunal, en dos oportunidades diferentes, rechazara el pedido de agravar la coerción formulado por la fiscalía.

Por otra parte, todo lo referido al éxito que tuviera la ejecución de la pena impuesta a A. por el hecho que sucediera a posteriori del presente, algo que no vamos a negar pues le concedieron la libertad condicional, no puede trasladarse aquí como diminuente de la sanción, habida cuenta que el razonamiento que sostiene la pretensión confunde significado y fin de la pena con la finalidad de su ejecución, dos cuestiones diferentes y que serán explicadas en la cuestión correspondiente.

La situación familiar actual, en el aspecto relevante y conectado con el tiempo transcurrido entre el veredicto y la fijación de la sanción, ya ha sido tomada en cuenta como atenuante por lo que habrá de estarse a lo ya expuesto.

Por ello, la respuesta a esta segunda cuestión -con el alcance expuesto- debe ser afirmativa, por ser mi sincera y razonada convicción (41, CP; 106, 372 y ccs., CPPBA).

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome -con igual alcance- por la afirmativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Claudio Bernard dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome -con igual alcance- por la afirmativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

Cuestión Tercera: ¿Concurren agravantes? A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:

La fiscalía postuló las siguientes agravantes:1) la trivialidad del motivo de la agresión, esto es, un accidente de tránsito; 2) la forma de agresión a traición, ya que el acusado se amparaba en la oscuridad, salía y pegaba; y, 3) el placer, ya que se golpeaba el pecho diciendo ahora quién sigue.

Las agravantes han de ser rechazadas.

La primera porque, como se explicó al tratar la atenuante, la materialidad comprobada por el fallo de Casación da cuenta de una gresca en la que se encuentran involucrados familiares del acusado y que no ha sido generada por A., puesto que, cuando él llega al lugar, la conflictiva ya existía; con lo cual, la agresión reprochada tiene su génesis inmediata en la gresca y no en el choque, en todo caso el choque origina la gresca, pero A. no interviene en ese tramo (textual: «.luego de la colisión de dos vehículos, se produjo una gresca entre familiares de los ocupantes de ambos rodados, y en dichas circunstancias llegó el imputado.», fs. 115vta. del legajo de casación [subrayado propio]). Repito una vez más: la materia comprobada por el ad quem, aquí no puede ponerse en jaque.

La segunda porque en ninguna parte de la materialidad surge que el acusado haya atacado a Gaspar Argentino Ayala de la forma en cómo la fiscalía detalla, de suerte que no podría agravarse la pena del injusto-culpable por el que ya vino condenado.

Por último, si A. hubiese obrado con placer la fiscalía debió acusar -previa ampliación- por un homicidio agravado (art. 80 inc. 2°, CP), de allí que la pretensión aquí esbozada comunica un comportamiento auto-contradictorio y, en cualquier caso, pretende sortear elípticamente los límites que el legislador local ha impuesto para habilitar una ampliación en debate (art.359, CPPBA). De todas formas, al no constar en la materialidad y constituir una circunstancia que tiene que ver con la gravedad del injusto-culpable, la fiscalía debió explicar qué porción del fallo del Tribunal de Casación expresamente la entiende acreditada.

Por ello, la respuesta a esta tercera cuestión debe ser negativa, por ser mi sincera y razonada convicción (41, CP; 106, 372 y ccs., CPPBA).

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la negativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Claudio Bernard dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, pronunciándome por la negativa, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

Cuestión Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo: i. Pena: significado y fin. El dolor penal como manifestación simbólica. i. a. Al final de su exposición, la defensa realizó tres planteos escalonados debido al carácter subsidiario de unos con otros.

En primer lugar, solicitó se declare que resulta innecesaria la punibilidad en el caso de autos. Así, la defensa comenzó haciendo alusión al sistema de Roxin, concretamente, sobre la categoría de «responsabilidad», omnicomprensiva de las de «culpabilidad» y «necesidad de pena», de acuerdo a la formulación que elaboró el autor citado. En tal sentido, se adujo que, por el tiempo transcurrido, A. no necesita la reafirmación de la norma, agregando que, la función retributiva y/o preventiva-general ya está satisfecha en la causa «Santana», esto es, el proceso originado por el hecho cometido con posterioridad al presente.

En segundo lugar, solicitó la inconstitucionalidad del mínimo de la escala prevista para el delito de homicidio simple (art.79, CP), volviendo sobre el tema del tiempo acaecido y postulando que debería ser analizado el problema de los mínimos, desde que, en el caso, el tope mínimo excedería la medida de la culpabilidad de A. Trajo a colación la teoría que afirma que los mínimos de las escalas penales son indicativos y citó el precedente «Ríos» de la Cámara Federal de Casación Penal en su apoyo.

Por último, pidió que se aplique el mínimo que prevé la escala penal. i. b. El planteo defensista necesita que una serie de cuestiones sean aclaradas.

Sin perjuicio de no adscribir al sistema teleológico de Roxin, preferentemente respecto de su concepción sobre la pena por quedar atrapado en la externalidad natural, hay que apuntar que el pedido de la defensa esconde una interpretación equivocada de la categoría elaborada por el jurista alemán. En efecto, lo que hace Roxin al idear la categoría «responsabilidad» es una ordenación metodológica en razón de su concepción de la culpabilidad y de los fines de la pena que sostiene, de modo tal que, institutos que para la tradición anterior se estudiaban en la culpabilidad, son para Roxin problemas que atañen a la necesidad de pena conforme su finalidad preventiva, por ejemplo, el estado de necesidad disculpante (§ 35, StGB) o el exceso en la legítima defensa por motivos asténicos (§ 33, StGB). Por ello, en el sistema roxiniano, la falta de necesidad preventiva de punición no constituye una carta abierta a merced de la discrecionalidad judicial, sino que se extrae a partir de interpretar el derecho positivo vigente conforme los institutos que el legislador ha reconocido en la ley penal; en palabras del propio autor:»El reconocimiento de que, junto a la falta de culpabilidad, también la falta de necesidad preventiva de punición puede conducir a la exclusión de la responsabilidad jurídicopenal no significa que esta categoría del delito quede a merced de la inseguridad jurídica, en la que se empeñan todos los pronunciamientos científicos sobre lo preventivoespecialmente o preventivogeneralmente necesario. Pues cuando se interpreta el Derecho vigente no se trata de posibilitar al juez una exención de pena conforme a sus propias representaciones políticocriminales, sino que se deben averiguar las hipótesis preventivas que sirven de base a la ley. Ello no abre mayores espacios de libertad que los que en otros casos se conceden a la interpretación del Derecho vigente y al desarrollo de la dogmática jurídicopenal» (ROXIN, PG, t. I, 2da. ed., § 19, Nm. 5).

Por otro lado, cuando se invoca el tiempo transcurrido y se afirma que «A. no necesita la reafirmación de la norma», se pierde de vista algo elemental: la reafirmación, en rigor la afirmación misma, constituye la dimensión social-funcional de la pena para el mantenimiento de la identidad social, debiéndose constatar la existencia aparente del delito, demostrando con su invalidez que la norma general lesionada es un modelo válido de orientación social (Cfr. LESCH, El concepto de delito, pp. 108/109 y las remisiones a Hegel allí efectuadas). Desde ese esquema, nada tienen que ver aquí las necesidades del inculpado ni el supuesto efecto ejemplificativo frente a otros potenciales autores; nuevamente, en palabras del autor recientemente citado: «El peligroso momento decisivo del delito para la sociedad -que la pena ha de anular- no es por ello, el «peligro de infección» social-psicológico para los potenciales imitadores, que posiblemente acompañe el hecho, sino el contenido comunicativo del hecho para la vigencia de la norma, esto es, la simbólicamente demostrativa afirmación del autor acerca de que la norma general no expresa el modelo de orientación social determinante.Esto significa que para la formal-particular ley especial «el robo no es considerado delito» o «que está permitido matar». Según la idea de Hegel, la «necesidad exterior» de la restitución de la vigencia de la norma es una pena, la que será impuesta quia peccatum est -y no ne peccetur-; y el «argumento de la validez» no está referido, como Seelmann finalmente advierte, «sólo» a la prevención general, sino que en absoluto se refiere a la prevención general: se trata inclusive sólo -y no únicamente, «en primer lugar»- de la (retrospectiva) restitución de lo que fue perturbado a través del delito, o sea de la validez («vigencia») del Derecho. No se puede hablar de una (prospectiva) prevención, esto es, de una prevención de futuros delitos (por intimidación, práctica en la fidelidad al Derecho, fortalecimiento del valor de los actos de las ideas jurídicas, o la facultad psíquica para la represión de la energía criminal, etc.)» (LESCH, ídem, p. 111).

Vista así la cuestión, aquellas consideraciones que fundamentan la pena sobre la base del ne peccetur, y en este sentido ingresan los argumentos de la defensa anclados en la pura prevención a futuro, no pueden ser aceptadas al no tratar al infractor como persona (Hegel) y degradarlo a un simple objeto del derecho real (Kant). Aquí se sostiene una teoría expresiva de la pena con base en Hegel, como la de Jakobs, Lesch y Pawlik, sin desconocer la distancia temporal que separa los dos mundos y, por tanto, la diferencia en la configuración social. i. c. La trasgresión es, aquí, «voluntad particular» (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 99, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid, p. 108.), dicho en términos modernos: manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente (JAKOBS, La pena estatal: significado y finalidad [2004] [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez], Universidad Autónoma de Madrid, p.34); un esbozo de realidad que debe ser contradicho con la pena, caracterizando al delito como delito y afirmándose contrafácticamente la vigencia de la norma, de manera que el quebrantamiento se encuentra en un mundo equivocado y la propuesta de cambio -en el sentido de un acto evolutivo- no es aceptada, tal como quedó expresado en el veredicto condenatorio emitido por la Sala III del Tribunal de Casación.

La pena, sin embargo, no se agota al simbolizar la contradicción del hecho (JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, Dritte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 113). Dado que el infractor de la norma, a través de su conducta, no solo ha significado algo, sino que a la vez lo ha configurado en el mundo externo (JAKOBS, Sobre la teoría de la pena [1998] [trad. Cancio Meliá], en: EL MISMO, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, 2da. ed., 2006, ps. 651/652), se elige el «dolor» -en cuanto recorte más o menos intenso de la libertad- como símbolo de la manifestación externa de la contradicción: «también la reacción frente al hecho debe suponer una configuración definitiva, lo que significa que debe hacer imposible de modo efectivo que se anude una conducta a este, convirtiéndose de esta manera en permanente en el mundo externo» (JAKOBS, ibíd.); brevemente: se trata de contraponer al quebrantamiento de la norma la realidad de la norma (JAKOBS, ibíd.).

Ciertamente, puede que se vinculen a la pena determinadas consecuencias de psicología social o individual de muy variadas características, pero la pena ya significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación (JAKOBS, Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional [trad. M. Cancio Meliá y B. Feijoo Sánchez, el título alemán distinto], en: EL MISMO, Moderna Dogmática. cit., p.4).

Lo anterior demuestra, precisamente, que resulta irrenunciable el dolor penal por el hecho de que el autor haya cumplido un programa resocializador exitoso, en el marco de otro proceso y por un hecho sucedido a posteriori. Y esto tiene que ver, digámoslo nuevamente, con el hecho de sacar la prevención especial del ámbito al cual pertenece (la ejecución de la pena), tal como sostuvo la Dra. Huergo cuando explicó que, en un Estado de Derecho, la garantía de libertad está a cargo de los ciudadanos, de allí que, como consecuencia del delito, el Estado retribuye con pena «para asegurar el Estado de libertades». Ciertamente un razonamiento à la Pawlik, que me permito completar: «.cometer un delito supone violar la obligación ciudadana de contribuir al mantenimiento de la libertad existente. Por supuesto que la comisión del hecho antijurídico no altera en nada la circunstancia de que el delincuente es y sigue siendo ciudadano, no quedando exonerado de su responsabilidad frente a lo común. De ahí que el delincuente pueda y deba seguir contribuyendo a la materialización del proyecto común de la «libertad por el derecho». Ahora bien, debido a la violación de su «obligación primaria» consistente en aportar lealtad, de forma activa, el contenido de la obligación del autor se transforma en una «obligación secundaria». El autor debe permitir que, a su costa, se confirme la indisolubilidad de la relación entre el disfrute de la libertad y el cumplimiento del deber de colaboración. El nombre del acto confirmatorio es la pena» (PAWLIK, La pena retributiva y el concepto de delito [trad. P. G. Rivero], en: EL MISMO: La libertad institucionalizada, Marcial Pons, 2010, p. 103); de hecho, seguidamente agrega:».el concepto de pena aquí desarrollado avala la irrenunciabilidad del dolor de la pena» (Ibíd.).

En consecuencia, incluso una sociedad segura de sí misma que evoluciona hacia lo racional en sí, no puede prescindir del dolor penal, como símbolo de la contradicción, porque también la norma ha de tener realidad; en otros términos:

«la sanción punitiva no puede dejar de ser drástica, porque no existe otra forma de transmitir convincentemente la relación existente entre el cumplimiento del deber de colaboración y el disfrute de libertad» (PAWLIK, ídem, p. 104).

La pretensión defensista de prescindir -en el caso- de la sanción penal ha de ser, por tanto, rechazada. i. d. Por consiguiente, y tal como tengo dicho, la medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal. cit., p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravárselo parcialmente al respecto.

Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante -ubicado entre los otros y construyendo el enlace- para los casos regulares definidos normativamente.

El tipo penal cuya realización -en carácter de autor- se le imputa al acusado tiene prevista una escala de ocho (8) a veinticinco (25) años de prisión (art. 79, CP). Entonces:el caso regular-prototípico se ubica en la franja que se inicia en los trece (13) años y ocho (8) meses, y culmina en los diecinueve (19) años y cuatro (4) meses (por abajo y hasta el tope mínimo, el caso de mínima gravedad; por arriba y hasta el tope máximo, el de máxima gravedad).

Manteniendo la postura adoptada por su colega que actúo en el juicio, la Dra. Huergo solicitó la pena de quince (15) años de prisión, con las accesorias legales. La defensa adujo que ella no motivó el quantum seleccionado, más allá de las agravantes postuladas, es decir, no especificó el peso específico de cada una.

A decir verdad, la defensa tampoco lo hizo. De todos modos, si la fiscal puntuó tres agravantes -aquí rechazadas- de considerable gravedad, a la par que ubicó la sanción en el tramo que cubre los casos regulares, en lugar de llevarla al tercio máximo, en todo caso, debió expresar el motivo de la rebaja, algo que no causa agravio a la defensa y que se explica -inferencia mediante mía- por dos cuestiones:

1) quiso mantener la pena originalmente solicitada como tope, a fin de no abrir más frentes de ataque; y, 2) implícitamente puede que esté considerando el factor extraordinario que tiene esta causa y del cual enseguida ampliaremos.

Vayamos a nuestro análisis.

En su dimensión cualitativa-cuantitativa externa, el injusto-culpable viene atenuado -en parte- por la circunstancia de modo que tiñó el contexto en el cual se ejecutó (repito: una gresca cuya génesis fue ajena a A. y en la que estaban involucrados familiares suyos). Esta circunstancia, sumada a la ausencia de agravantes, en supuestos sin connotaciones extraordinarias me llevarían a ubicar la pena en la frontera entre el caso regular y el de mínima gravedad (aproximativamente: no menos de 11, no más de 13). Las otras dos atenuantes, si bien consideradas por ausencia de litigio, no tienen un peso cuantioso pues, en rigor, la ausencia de antecedentes responde al deber de todo ciudadano:»sé una persona y respeta a los otros como persona», reza la norma originaria (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho. cit., § 36) y el otro supuesto de atenuación, asentándose «en las relaciones de solidaridad y cooperación de quienes conviven en un determinado ámbito barrial» (CARRAL en Sala III, reg. de pres. n° 25.816, rta. el 23/02/2010), no gravita en demasía en el aseguramiento cognitivo, como tampoco en la medida de la lealtad hacia el proyecto de paz, en función de la norma vulnerada (por cierto, cuando -a diferencia de lo anterior- se habla de «menor» o «mayor» peligrosidad del autor, se trata con individuos y no con personas en derecho).

Sin embargo, el caso tiene connotaciones extraordinarias que no cabe infravalorar.

Una vez sellada firmemente la naturaleza de la pena, en la teoría hegeliana, se abre un amplio espectro en la medición que el juez ha de considerar, lo cual se encuentra plasmado en varios pasajes de la Eticidad (cfr. HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho. cit., § 214 y anotación, § 218 y anotación, e/o.), donde trata la forma de la pena y no su contenido que ya ha sido establecido concluyentemente en el Derecho abstracto, aunque -a falta de la correspondiente forma jurídica estatal- declarada allí todavía como «venganza» (cfr. LESCH, El concepto de delito. cit., p. 112).

En definitiva, el momento de la pena como apariencia incorpora la conciencia individual y los efectos sobre ella, lo que, en términos sencillos, puede traducirse -en parte- acudiendo al concepto de sensibilidad a la pena, entendido como el diferente padecimiento de un individuo respecto de otro con la imposición de la misma pena (cfr. DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial de la pena, B de F, 2da. ed., 2016, p. 409).

En tal sentido, el tiempo insumido entre el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal de Casación y el dictado del presente pronunciamiento que lo completa, demuestra que, en todo ese período de incertidumbre, A.convivió con una situación que ya lo estigmatizaba y que, además, le generaba un recorte -en parte- de su libertad, precisamente porque su posibilidad de proyectar siempre estuvo acotada a esa expectativa de volver a la cárcel, de modo que, en estas especiales circunstancias del caso, ese tiempo obra como dolor y estigmatización (extendida al presente en orden a su actual situación familiar, según explicamos supra), de allí que debe ser tomado en cuenta como compensación. Dicho a modo de corolario:

«Naturalmente que el momento de ejercicio real del poder coercitivo puede pasar a un segundo plano ante la estigmatización simbólica del delincuente», esto es, debe ser analizado en la mensuración, sin perder de vista que la pena, de todos modos, ha de ser drástica (PAWLIK, ob. cit., pp. 103/104), si la desaprobación y su coste es parte de esa institución.

Por ello, retomando aquella estimación ideal sobre la base de la extensión externa del injusto (no más de 13, no menos de 11), por las razones dadas y en aras de compensar el dolor generado a partir del extendido lapso en el que viene sobrellevando la estigmatización -iniciada con el veredicto de Casación- y el disfrute recortado de su libertad, habrá de rebajarse y fijar la pena en diez (10) años de prisión, con más las accesorias legales (arts. 5, 12, 40, 41, 45 y 79, CP).

En función de lo decidido, queda abstracto el planteo de inconstitucionalidad del tope mínimo; sin perjuicio de remarcar lo siguiente a modo obiter dictum: 1) el planteo es notoriamente insuficiente, pues de base no se enunció cuál sería la cláusula federal que se estimaba comprometida (art. 3 inc. «e», Ac. 4/2007 CSJN); 2) desconoce por completo el alcance de la doctrina que la Corte Federal elaboró en dicha materia (cfr.CSJN, in re «Pupelis» [leading case], en especial considerandos 5° y 6° del voto mayoritario), de modo que jamás se intentó, siquiera, enunciar argumentos novedosos que muestren la necesidad de apartarse de dicho estándar; 3) la teoría de los mínimos indicativos, amén de ser sostenida por un autor con una visión extremadamente naturalista del delito y la pena, como algún seguidor suyo que no aporta un pensamiento propio, resulta incompatible con el derecho positivo vigente e invita en forma ilegítima a que un poder se arrogue funciones de otros: está claro, como se estudia en la doctrina alemana, que al elaborar la escala en abstracto el legislador ya pensó, y allí ubicó, toda la universalidad de casos posibles, de modo que el aplicador del derecho (el juez) debe ubicar el supuesto concreto en el lugar correspondiente conforme su escala de gravedad, sin tener que inventar una escala nueva porque el Pueblo no lo eligió para que lo haga. i. e. Costas a la parte vencida (arts. 29 inc. 3°, CP; 530 y 531, CPPBA).

ii. Unificación de condenas ii. a. La fiscalía solicitó se proceda a unificar la presente con la sentencia del Tribunal Criminal n° 3 Departamental, por la que A.resultó finalmente condenado a la pena de trece (13) años y ocho (8) meses de prisión.

Aplicó el método composicional y pidió un monto total de veintisiete (27) años de prisión, con más las accesorias legales.

A requerimiento del Tribunal, dado que casi se olvida de abordar esa pretensión acusadora, la defensa luego de esbozar un razonamiento algo confuso diciendo que la presente no se hallaba firme y que el cómputo de la que se quiere acumular tampoco, cuestionó que la fiscal no aplicara el método composicional.

En la réplica, la fiscal bien le explicó que la suma aritmética entre la condena ya recaída y la pretendida en el presente arrojaba un monto mayor al solicitado, esto es, veintiocho (28) años y ocho (8) meses, siendo que ella requirió veintisiete (27) años por el total.

Finalmente, en la contrarréplica, la defensa simplemente insistió con que se aplique el método composicional, sin cuestionar concretamente el quantum seleccionado por la fiscalía más allá de esbozar una disconformidad genérica por la rebaja efectuada. ii. b. Tal como solicitó la representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde proceder a la unificación de la presente con la condena recaída en causa n° 3640 del Tribunal Criminal n° 3 Departamental (reg. 101), en la que recayó sentencia definitiva el día 08/07/2013 por el delito de homicidio simple cometido el día 23/10/2000, la cual, a la postre, fuera casada parcialmente por el Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 19 de agosto de 2014, que condenó finalmente a A. R. A. a la pena de trece (13) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple (TCPBA, Sala I, legajo n° 61.276 y sus acum., reg.575/2014).

Una aclaración inicial para despejar cualquier duda sobre el punto, a propósito de las manifestaciones defensistas que giraron en torno a la falta de firmeza del presente y del cómputo recaído en la causa del TC 3 LP. Tal como oportunamente expliqué: «La regla es que unifica el Órgano que dicta el último pronunciamiento (art. 58 párr. 1ro. primera parte, CP), solamente cuando, por alguna razón plausible (desconocimiento, falta de información, etc.), ese procedimiento no hubo de llevarse a cabo oportunamente, el Código Penal fija la competencia del órgano que dictó la pena mayor para realizarlo, siempre que existiere pedido de parte (art. 58 párr. 1ro. segunda parte, CP). Dicho con mayor precisión: ‘Se trata de casos en que por error o información suficiente, no hubiesen podido unificarse las condenas o las penas en la última sentencia. Mientras uno sólo de los tribunales permanezca en ejercicio de su jurisdicción, conociendo de cualquiera de los hechos, pese a mediar sentencia firme condenatoria en los restantes, o incluso en supuestos combinados -de varias sentencias firmes condenatorias no unificadas-, corresponderá a este tribunal de la última sentencia proceder a la unificación; pero en los casos en que en todos los procesos hayan recaído sentencias condenatorias firmes y no haya ningún juez conociendo de ninguno de los delitos, el art. 58 establece la competencia del juez que aplicó la pena mayor. Se explica que la regla de la competencia del juez de la pena mayor rija sólo en este último caso, es decir, en el de la violación del principio de la pena total, porque la primera parte es imperativa y para nada tiene en cuenta si la pena es o no superior a la de la segunda sentencia’; de modo que: ‘Este supuesto de unificación de penas o de condenas (cuando no unificó el juez que condenó en último término) se lleva a cabo mediante una unificación de sentencias independientes que dan lugar a la coexistencia de penas, que quiere eliminar la regla de la pena total.Esta unificación de sentencias se resuelve por el tribunal que impuso la pena mayor.’ y ‘[c]onforme lo dispone el código, esta unificación de sentencias no puede hacerse de oficio, sino a pedido de parte, a diferencia de lo que sucede cuando lo hace el juez que condena en último término’ (por todo, ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, PG, 2da. ed. 2011, Ediar, p. 1025, el subrayado es propio y la cursiva del original)» (TC 1 LP, «Méndez», causa n° 2648/5638 y acumuladas).

Tratándose de un supuesto de unificación de condenas (el hecho de esta causa -sobre el que todavía no recayó una sentencia firme- es anterior al de la causa del TC 3 LP), esto es, un concurso real juzgado en pluralidad de sentencias (art. 58 párr. 1ro. primera regla, CP), la cosa juzgada cede hasta que resta en pie, de la primera sentencia, sólo la declaración de los hechos probados y su calificación legal, de modo que desaparece no sólo la pena sino la condenación misma (cfr. D’ALESSIO [et. al.], Código Penal, t. I, La Ley, 2011, p. 922; ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, PG, Ediar, 2011, p. 1018; e/o.).

Decíamos que, en causa n° 3460 del TC 3 LP, A.resultó finalmente condenado por el delito de homicidio simple a la pena de trece (13) años y ocho (8) meses de prisión; para ello, se computó como agravantes la nocturnidad, la trivialidad del motivo, la utilización de un arma de fuego, y la cantidad de disparos efectuados a la víctima y la modalidad de los mismos, la mayoría por la espalda, y como atenuantes la carencia de antecedentes penales, el buen concepto y -agregada por Casación- el excesivo tiempo de tramitación del proceso.

Sin desconocer la gravedad de alguna de las agravantes allí ponderadas, lo cierto es que la fiscalía ha propuesto una composición y, en este sentido, una reducción de un (1) año y ocho (8) meses del monto que arrojaría la suma aritmética de la condena del TC 3 LP y el monto solicitado en esta causa; reducción que, valga repetirlo, no ha sido específicamente refutada por la defensa, más allá de la disconformidad genérica que esbozara al respecto.

A partir de ese camino trazado por la fiscal, independientemente del quantum menor que fijáramos para esta causa, efectuada la composición entre ambas condenaciones, el concurso real que se forma entre los dos homicidios simples, arroja un resultado equivalente al pregonado por la parte acusadora.

En tal sentido, el resultado arroja una pena total de veintidós (22) años de prisión, esto es, una pena inferior al máximo que contempla el tipo de homicidio y, también, inferior -aunque cercano- al término medio de la escala en abstracto fijada por el concurso real. Vista así la cuestión, la reducción no hace perder a la pena

su carácter drástico, si consideramos que el máximo del concurso material, según ley aplicable al momento de los hechos y conforme la interpretación sostenida por los Tribunales Superiores, asciende a treinta y siete (37) años y seis (6) meses, es decir, un monto mucho menor que el vigente actualmente de cincuenta (50) años.En efecto, no hay que perder de vista que el dolor penal, en el caso como cantidad efectiva de tiempo en prisionización, no puede medirse únicamente en cantidades que se adicionan unas con otras, sin contar el factor cualitativo y el crecimiento geométrico que produce como sufrimiento en la concreta persona humana condenada; por ello, habré de fijar un quantum total omnicomprensivo de ambas condenaciones de veintidós (22) años de prisión, con más las accesorias legales (arts. 5, 12, 40, 41, 45, 58 y 79, CP). iii. Consecuencias de la unificación: libertad condicional y coerción procesal Tomando -a modo provisorio- el último cómputo dictado (cf. TC 3 LP, causa 3460, res. del 26/04/2021 [confirmada por la Alzada Departamental y el Tribunal de Casación), A. registraría al día de hoy once (11) años, nueve (9) meses y quince (15) días de tiempo computable.

Naturalmente, si el monto de pena única no permite que el tiempo computable satisfaga el requisito del art. 13 del Código Penal, corresponde disponer el cese de la libertad condicional porque con la condena anterior desaparece también la modalidad con la que se ejecutaba (libertad condicional) y la nueva condena, por el monto impuesto y el tiempo abonable, no permite concederla -momentáneamente- nuevamente (cfr. D’ALESSIO [et. al.], Código Penal, t. I, La Ley, 2011, p. 926 y los autores que cita en su apoyo [doctrina dominante]).

Sin perjuicio de lo anterior, A. continuará en libertad porque se encuentra excarcelado en el presente proceso, a la par que el Tribunal rechazó dos pedidos de agravación de la coerción formulados por la fiscal en las sucesivas jornadas de la audiencia de cesura.

Ahora bien, como A. venía cumpliendo pena, al estar usufructuando una libertad condicional, el hecho que ahora deba cesar por aniquilamiento y que paralelamente se mantenga su estado de libertad procesal, impediría que él pueda seguir abonando tiempo bajo un régimen restrictivo de libertad.Por esa razón, a efectos de no perjudicar su situación y obturarle tal posibilidad que viene desarrollándose conforme a lo exigido (no hubo revocación del Órgano competente), voy a trasladar las condiciones que oportunamente se le fijaron en el auto de libertad condicional a su excarcelación, con excepción de la ya cumplida (adoptar en el plazo de sesenta días ocupación laboral o acreditar medios propios de subsistencia), de modo que, por aplicación del precedente de la SCBA in re «Llabres» (seguido por el Tribunal que integro en forma permanente), pueda luego -si cumple con lo exigido- eventualmente descontar todo el plazo que insumirá la tramitación del proceso recursivo que probablemente promueva la defensa, a raíz de que la presente todavía no satisfizo la doble conformidad judicial. iv. Propuesta de resolución Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo lo siguiente: I. Condenar a A. R. A. a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple, sucedido el día 25 de diciembre de 1999, en City Bell (La Plata) y en perjuicio de Gaspar Argentino Ayala; II. Unificar las condenas recaídas en la presente causa y en la n° 3460 del Tribunal Criminal n° 3 Departamental, y en definitiva, condenar a A. R. A. a la pena única de veintidós (22) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple [hecho de esta causa] en concurso real con homicidio simple [hecho de causa n° 3460 del TC 3 LP]; cesando la libertad condicional dispuesta en el marco de la última causa mencionada; III. Mantener la excarcelación de A. R. A., bajo caución juratoria y las siguientes condiciones:1) constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en forma mensual; 2) abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; 3) abstenerse de mantener contacto con las familias de las víctimas de ambos procesos; 4) concurrir a la Asesoría Pericial a fin de que un perito idóneo determine si resulta necesario realizar un tratamiento psicológico, a la luz de lo dispuesto oportunamente por el Tribunal Criminal n° 3 y lo sucedido en el presente durante el desarrollo de la audiencia de cesura; haciéndole saber al nombrado que, para el caso de que cumplimente debidamente con las exigencias impuestas, por aplicación de la doctrina emanada del precedente de la Suprema Corte Provincial in re «Llabres», el tiempo que transcurra bajo ese régimen restrictivo de excarcelación podrá ser eventualmente computado como cumplimento de la sanción.

Así juzgo, por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 18, CN; 5, 12, 13 a contrario sensu, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 58 y 79, CP; 22, 106, 169, 179, 180, 181, 372, 375 inc. 2º, 530, 531 y ccs., CPPBA).

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Claudio Bernard dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.

POR ELLO, y de conformidad con las disposiciones citadas, EL TRIBUNAL, por unanimidad, en causa nº 2852/3674, RESUELVE:

I. CONDENAR a A. R. A. a la PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple, sucedido el día 25 de diciembre de 1999, en City Bell (La Plata) y en perjuicio de Gaspar Argentino Ayala.

II. UNIFICAR las condenas recaídas en la presente causa y en la n° 3460 del Tribunal Criminal n° 3 Departamental, y en definitiva, CONDENAR a A. R. A.a la PENA ÚNICA DE VEINTIDÓS (22) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple [hecho de esta causa] en concurso real con homicidio simple [hecho de causa n° 3460 del TC 3 LP]; cesando la libertad condicional dispuesta en el marco de la última causa mencionada.

III. MANTENER LA EXCARCELACIÓN DE A. R. A., bajo caución juratoria y las siguientes condiciones: 1) constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en forma mensual; 2) abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; 3) abstenerse de mantener contacto con las familias de las víctimas de ambos procesos; 4) concurrir a la Asesoría Pericial a fin de que un perito idóneo determine si resulta necesario realizar un tratamiento psicológico, a la luz de lo dispuesto oportunamente por el Tribunal Criminal n° 3 y lo sucedido en el presente durante el desarrollo de la audiencia de cesura; haciéndole saber al nombrado que, para el caso de que cumplimente debidamente con las exigencias impuestas, por aplicación de la doctrina emanada del precedente de la Suprema Corte Provincial in re «Llabres», el tiempo que transcurra bajo ese régimen restrictivo de excarcelación podrá ser eventualmente computado como cumplimento de la sanción.

Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 13 a contrario sensu, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 58 y 79, CP; 22, 106, 169, 179, 180, 181, 372, 375 inc. 2º, 530, 531 y ccs., CPPBA.

REGÍSTRESE y FORME la presente parte integrante de la resolución dictada por la Sala III del Tribunal de Casación registrada bajo el n° 759 del año 2013. Oportunamente, COMUNÍQUESE.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 28/04/2022 13:14:16 – FERNÁNDEZ LORENZO Ramiro – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/04/2022 13:14:31 – DECASTELLI Hernan Javier – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/04/2022 13:14:57 – BERNARD Claudio Joaquin – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/04/2022 13:15:24 – CAPPELLETTI Pablo Agustín – SECRETARIO

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