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#Fallos Imágenes sensibles: Procede una acción de daños por la difusión en la televisión de las imágenes de una despedida de soltero privada

Partes: R. T. c/ Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 9-mar-2022

Cita: MJ-JU-M-136413-AR | MJJ136413 | MJJ136413

Procedencia de una acción de daños por la difusión en la televisión de las imágenes de una despedida de soltero privada.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños por difundir en televisión imágenes de una despedida de soltero privada, ya que no cabe interpretar que la eventual autorización para filmar la reunión conllevara la de difundir por las redes sociales y la televisión porque, en caso de duda si existe o no la autorización, la interpretación ha de ser restrictiva y además siempre es revocable ad natum, y en principio sin responsabilidad resarcitoria alguna.

2.-El hecho de que el actor conociera que su despedida estaba siendo filmada, dado que se trataba de una fiesta privada y la grabación -el recuerdo de sus amigos-, no puede interpretarse como su consentimiento tácito e inequívoco y, menos, expreso para su emisión porque ello dista mucho de la difusión pública realizada por dos canales de televisión.

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3.-En cuanto a que los codemandados se limitaron a reproducir algo que ya era público -por haberse publicado en redes sociales- el argumento no resulta atendible porque la repetición importa, al igual que la primera difusión, un acto antijurídico que conlleva a la revictimización del actor.

4.-No se alcanza a vislumbrar, cual podría ser el interés general de la sociedad que justificaba la intromisión en la intimidad del actor quien, por lo demás no es persona pública, para conocer los detalles de su despedida de soltero; por otra parte, nada le impedía al medio digital informar por la web el evento sin exhibir al actor semidesnudo, cubriendo su rostro y omitiendo datos y sonido que permitieran su identificación, pero no adoptó ninguno de esos recaudos.

5.-El derecho a la privacidad se encuentra especialmente protegido conforme se desprende con meridiana claridad del artículo 19 primera parte de la Constitución Nacional, ya que no se puede interferir en el ámbito de las acciones privadas salvo que ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen a terceros, pues dichos actos privados no solo son ajenos a la autoridad de los magistrados, sino protegidos de la intromisión de terceros, especialmente cuando no se hallan implicados asuntos institucionales o de interés público ni son atinentes a funcionarios o figuras públicas.

6.-En cuanto al derecho a la imagen, como regla, el legislador ha prohibido la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que solo cede si se dan específicas circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho.

7.-Para la difusión de la imagen si bien no se requiere una conformidad formal, no alcanza con una manifestación meramente tácita o hipotética, ni tampoco que sea el mero producto de una presunción legal.

8.-En casos donde el daño moral es consecuencia necesaria de la violación de uno de los derechos inherentes a la personalidad del sujeto, como lo es el relativo a la propia imagen, la sola demostración de dicha transgresión será en sí misma prueba de la existencia del daño, que consiste en el disgusto propio de sentir agredida dicha personalidad.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de marzo de 2022, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces y la Sra. Jueza de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer los recursos interpuestos en los autos caratulados: «R., T. c/ Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión y otros s/ daños y perjuicios» Exp. n° 31.783/2017, respecto de la sentencia dictada el día 13 de octubre de 2020 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apeladá Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dr. ROBERTO PARRILLI – Dr. CLAUDIO RAMOS FEIJOO – Dra. LORENA FERNANDA MAGGIO-.

A la cuestión planteada el Dr. Parrilli, dijo:

I. Este proceso se origina con la demanda interpuesta por T.R en la cual acumuló distintas pretensiones contra «Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión (Canal 9)», «Televisión Federal S.A. Telefé» «América TV S.A. (Canal América)» y «THX Medios Sociedad Anónima (Diario Digital Infobae) para que cada uno de las referidas sociedades le indemnizara el daño extrapatrimonial que le causara por la invasión a su privacidad por haber difundido imágenes suyas obtenidas en su despedida de soltero realizada el 14 de enero de 2017 en la cual participara O.J, cuyos servicios de «presencia» y «shows erótico» habían contratado sus amigos, que organizaron aquélla despedida. Explicó que la antes nombrada concurrió a esa reunión privada con otra persona, quien con su celular fotografió y filmó el show y luego publicó el contenido en las redes sociales, violando abusivamente la intimidad de todos los participantes del evento. Sostuvo que O.J. manifestó a través de sus redes que había tenido relaciones sexuales con él y que se había suspendido su casamiento (situación que no sucedió). Dicha historia, complemente tergiversada, fue replicada por los medios demandados que realizaron una intromisión en su privacidad.En ese sentido, en el programa de televisión «Morfi, todos a la mesa» transmitido por «Televisión Federal S.A.

Telefé» el día 17/01/2017, al comenzar el mismo, el conductor Gerardo Rozín efectuó una introducción del tema y de fondo se mostraban fotos de su despedida de soltero, para concluir exhibiendo una foto suya besando a O.J, la cual perduró durante la totalidad del programa en cuanto a las referencias a su despedida de soltero. Además, el conductor llamó telefónicamente a O.J. para que relatara la situación de aquella noche y comentó la situación con los panelistas.

El contenido de aquel programa y de los videos subidos a Internet por O.J, fueron difundidos por el programa «Bendita TV» difundido por «Telearte S.A Empresa de radio y televisión» ese mismo día; los panelistas debatieron sobre su vida personal.

Al día siguiente, por la señal de «América TV S.A» en el programa «Infama» se difundieron las imágenes y los videos de la despedida de soltero del actor y los conductores debatieron acerca de su vida personal.

Finalmente, indicó que el diario digital «Infobae»- propiedad de «THX Medios S.A»- el 18-1-2017 publicó, respecto de los hechos relativos a su despedida de soltero, una nota titulada «Lo prendió fuego. OJ, arruinó un casamiento y lo mostró en las redes» donde expuso videos y fotografías semi desnudo del actor.

A su turno, las empresas periodísticas demandadas negaron los hechos y la responsabilidad que se les atribuyera en cada caso, opusieron sus defensas y solicitaron el rechazo de la demanda.

II. En la sentencia dictada el día 13 de octubre de 2020 la Sra.Jueza de la anterior instancia expuso las pruebas con base a las cuales consideró demostrado que los demandados difundieron las imágenes del actor y realizaron los comentarios correspondientes a su despedida de solteros a las que antes hiciera referencia y después de señalar que «la publicación de datos o aspectos personales que sólo a la persona particular conciernan, sin su consentimiento, vulnera el derecho a su privacidad y reserva, a no exponerse públicamente», apoyándose en los artículos 52, 53, 1711, 1770 del CCyC, resolvió hacer lugar a la demanda y condenó a pagar al actor «las siguientes sumas conforme se discrimina a continuación: la suma de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000.-) a «Televisión Federal S.A.- Telefe», la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000) a «Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión», la suma de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-) a «América TV S.A.», la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-) a «THX Medios Sociedad Anónima» y la suma de pesos ciento noventa mil ($ 190.000.-) a Oriana Junco (.)» ello más intereses y costas del proceso.

III. Contra dicho pronunciamiento expresó agravios «América TV S.A.», mediante la presentación realizada en el sistema lex100 el 07 de septiembre de 2021, contestada por el actor el 20 de septiembre de 2021.

Por su parte, «Televisión Federal S.A.- Telefé», «Telearte S.A.Empresa de Radio y Televisión» y «THX Medios S.A.» se agraviaron por medio de sus escritos digitales presentados el 8 de septiembre de 2021, contestados por el accionante el 22 de septiembre de 2021.

En cuanto a T.R expresó agravios mediante la presentación digital del día 08 de septiembre de 2021, contestada por «THX Medios S.A.» el día 20 de septiembre de 2021, por «América TV S.A.» el día 24 de septiembre de 2021 y por «Televisión Federal S.A.- Telefe» el día 27 de septiembre de 2021.

Finalmente, O.J debidamente notificada de la sentencia no interpuso recurso alguno.

El actor dirigió sus agravios a las sumas reconocidas para resarcir el daño moral. Asimismo, solicitó que se establezca la concurrencia de la condena de la tercera citada junto con cada uno de los medios demandados.

Estos últimos impugnaron la responsabilidad que se les atribuyera, la indemnización reconocida por daño moral y la tasa de interés fijada para el cálculo de los réditos. Además, en el caso de «Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión», su apoderada cuestionó que le hayan impuesto las costas por el rechazo de la demanda contra «Diario Veloz».

IV. Según el apoderado de «América TV S.A.» la Sra. Juez de grado no ponderó que los actos del propio actor han tenido nexo de causalidad directa con las consecuencias que se pretende imputarle al canal de televisión. En este sentido, manifestó que T.R consistió participar en la despedida de soltero y que se registren las imágenes del evento. «En ese marco, es cuanto menos relevante la participación del actor en la producción del daño reclamado (art. 1729 del CCyCN), debiendo por tanto ser considerado al momento de dictar sentencia.» Agregó que las imágenes que exhibió el canal «ya eran públicas y estaban publicadas en diversos medios de comunicación de libre acceso». En suma, sostuvo que «una condena a América TV S.A.no sería otra cosa que el cercenamiento del derecho constitucional a la libertad de prensa y, principalmente, de expresión; por cuanto no existe nexo de causalidad adecuado entre la difusión de lo ocurrido en la despedida de solteros del actor y el accionar de América TV S.A., por cuanto este último no estuvo vinculado con el registro y difusión de las imágenes y solo tuvo lugar cuando lo ocurrido tenía estado público.» La apoderada de «Televisión Federal S.A.- Telefé» sostuvo que «tanto el actor como los invitados a la fiesta de despedida de soltero, en sus dichos indican que la asistente de la Srta. Oriana Junco se encontraba grabando la situación, por lo que, a todas luces, resulta claro que la intención con la que grababa era para hacerlo público. No se encuentra probado, y resulta hasta ilógico, que el actor alegue que no dio consentimiento de la publicación de las imágenes y videos, en tal caso, tendría que haberle solicitado en el momento a la Srta. Junco que las mismas no sean difundidas. Pues, en la presente causa no consta que el actor y sus invitados le hayan solicitado en el momento a la Srta. Junco que las mismas no sean difundidas.» Asimismo, manifestó que el programa «Morfi: todos a la mesa» «no fue el responsable de difundir las imágenes del evento de marras, solo se limitaron a reproducir aquello que ya era público» y que «la presente acción debería dirigirse a la persona que difunde y hace público dichos videos e imágenes a través de las redes sociales, que es la Srta. Oriana Junco, responsable de grabar y subir los videos a sus redes sociales-públicas- del evento de despedida de soltero del actor. Por lo cual, queda claro que el programa solo se limitó a reproducir aquello que ya era público, y como la Srta.Oriana Junco es una persona mediática, que genera un interés en el público, la reproducción de aquello que ella publicó, se transforma en índole de temas de interés general que el programa «Morfi: todos a la mesa» reproduciría». Agregó que no se realizaron comentarios injuriantes como dice la Sra. Juez de grado y que los mismos fueron hechos en forma de broma.

Por otro lado, se agravió porque la Sra. Juez de grado «no hizo lugar a la indemnidad invocada (.) vigente en el contrato celebrado con la productora «Paloma Producciones S.A. (.) acompañado en la contestación de demanda (.)». Afirmó que «Telefé no resulta responsable frente al reclamo incoado por la parte actora, toda vez que los contenidos del programa ‘Morfi: todos a la mesa’ son de producción exclusiva de ‘La Paloma’ sin tener mi mandante injerencia alguna – y consecuentemente- responsabilidad en el contenido emitido en dicho programa. Ello es así, toda vez que, de acuerdo al contrato que vincula a mi mandante con ‘La Paloma’, la productora se obliga expresamente a mantener indemne a Telefe frente a cualquier reclamo que eventualmente pudieran efectuarle en relación al programa (.) asimismo, la productora ‘La Paloma’ en ningún momento se opuso o desconoció el contrato acompañado por Telefé, muy por el contrario, adhirió su contestación de demanda a la presentada por esta parte.» Además, puntualizó que fue el propio Telefé qui en acompañó el documento que une a la productora con el canal, por ello se entiende que no es una propuesta contractual como afirmó la Sra. Juez de grado, sino que es un contrato que une a ambas partes. Respecto al nombre consignado en el contrato manifestó que se trató «de un error material involuntario, el programa ‘Morfi: todos a la mesa’ es producido por ‘Paloma Producciones S.A.’ tal como figura en sus créditos, y como es de público conocimiento que su conductor es parte de la productora» y que «(.) el programa ‘Morfi:la peña’ fue registrado como marca, por lo que se entiende que todo aquel programa que contenga la palabra ‘Morfi’, proviene de la misma productora que registró dicha marca.» Por su parte, la apoderada de «Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión» aseveró que «de las constancias de autos se demostró que no fue mi mandante quien filmó el supuesto video, ni fue mi mandante quien lo difundió en los medios de comunicación, ni mucho menos quien brindó información falsa en relación a la vida del actor. Es decir, mi mandante se limitó a retransmitir un ‘tape’ de otra señal (.) en donde se pone al aire el video difundido por la Srta.

Oriana Junco, y se realiza una entrevista a dicha persona.» En suma, expresó que su mandante «no tuvo injerencia alguna en la toma de las imágenes y posterior difusión» y «al momento de la publicación del supuesto informe (.) el video ya se había publicado en la red social «Instagram» de la Srta. Junco (.) se había viralizado y se había hecho público por su aparición en el mencionado programa de Telefé. Esta sucesión de hechos demuestra que el actor ya había sufrido un daño por la publicación del video, el cual no puede ser atribuido a mi mandante, que únicamente se limitó a retransmitir lo que había sucedido en un programa de otra emisora (.)» Finalmente, el apoderado de «THX Medios S.A.» aseveró que la Sra. Juez de grado no valoró adecuadamente que su representado «realizó una noticia periodística citando la fuente de donde provenían los dichos, indicando a la persona que era objeto de la nota (Srta. Junco) quien es y era una persona pública y de interés general» y que «la noticia de ningún modo fue despectiva, ni identificó al actor ni existió real voluntad de causar daños, e incluso no puede siquiera considerarse que existió culpa o dolo por parte de mi mandante, pues a la fecha en la que se efectuó la nota sobre la Srta.Junco y su proceder, mi mandante no podía conocer que estaba brindando una información que podría luego ser desmentida.(.)». A su vez, dijo que la libertad de expresión no podía censurarse y que su representada no podía ser condenada de acuerdo con la doctrina de la Corte Federal expuesta en «Campillay» «pues: i) había una fuente identificable; ii) hubo una transcripción fiel de los dichos y hechos referidos; iii) no se utilizó el nombre del actor en ningún momento y, además, iv) se informó respecto de los hechos de persona pública y de actualidad. Sabido es que, incluso, nuestra jurisprudencia no exige la concurrencia de todos los requisitos referidos, sino que con uno de ellos ya es suficiente para liberar al medio de responsabilidad (.) Bajo ese lineamiento de ideas, entender que no corresponde hacer extensivas a mi mandante las excepciones del art. 31 de la ley 11.723 y art. 53 del CCCN, implicaría desatender a que la nota trataba del hecho de que en las redes sociales se hizo cierta publicación de información y contenido digital. Errónea sería la conclusión de que ello cuadre en ‘hechos o acontecimiento de interés público’. Mi mandante no se entrometió arbitrariamente en la vida personal del Sr. R, sino que se refirió a una diva sumamente por el público.» Para concluir, afirmó que para que exista responsabilidad civil deben reunirse los requisitos que exige el Código y en el presente caso no concurrió ninguno de ellos. En esta dirección, manifestó que no hay antijuricidad porque su mandante «se limitó a ejercer su libertad de expresión (.) y lo hizo dentro de los parámetros que se le exige por la amplia doctrina y jurisprudencia que lo ampara». Además, manifestó que no esta probado que el diario hubiera actuado con culpa o dolo, por lo que no hay factor de atribución y que de probarse la existencia un daño el mismo pueda atribuírsele a su accionar.

V.Antes de entrar en el examen de los agravios y ante la inconsistencia de algunos capítulos de las expresiones de agravios, conviene recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi-Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estimen apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN: 274:113; 280:3201; 144:611).

Expuesto lo anterior cabe precisar el marco jurídico dentro del cual se habrán de considerar los agravios. En ese sentido, en el planteo del caso aparecen enfrentados, por un lado el derecho a la dignidad personal (cfr. art. 19 de la Constitución Nacional, art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) cuya violación alega el demandante y por otro el derecho a la libertad de prensa (cfr. arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y art. 13 inciso 1° de la Convención) invocado por los medios demandados para excluir la responsabilidad que se les endilga, ambos pertenecientes al catálogo de derechos civiles fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

Frente a lo expuesto, se impone desechar una hermenéutica que lleve, por la vía de un falso enfrentamiento, a la eliminación de uno de aquellos derechos constitucionales, siguiendo de este modo, la jurisprudencia habitual de la Corte Suprema, según la cual los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía, y la interpretación debe armonizarlos (cfr. «Cuello», Fallos: 255:293; «DRI», Fallos: 264:94; «Santoro», Fallos:272:231; «Caja Nacional de Ahorro y Seguro», Fallos: 310: 2709, etcétera, citados por Sagües Néstor Pedro, «Elementos de derecho constitucional», Tomo 2, p. 311).

De igual modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la resolución de estas tensiones entre derechos fundamentales, debe hacerse caso por caso. Así, el Tribunal ha argumentado que se reconoce que tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la Convención, revisten suma importancia, por lo que ambos derechos deben ser tutelados y coexistir de manera armoniosa. La Corte estima, al ser necesaria la garantía del ejercicio de ambos derechos, que la solución del conflicto requiere el examen caso por caso, conforme a sus características y circunstancias (cfr. caso «Tristán Donoso c. Panamá». Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas.

Sentencia del 27 de enero de 2009, serie C, núm. 193, párr. 93. También en «Herrera Ulloa c. Costa Rica». Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, núm. 107, párrafo 106).

Además, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 11 incisos 1 a 3 dispone que «toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad»; que «nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia» y que «toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques» refiriéndose al artículo citado, la Corte Interamericana ha dicho que el mismo «prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias» (cfr. caso «Escher y otros c. Brasil». Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 6 de julio de 2009, serie C, núm.199, párrafo 113) para luego agregar que «el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública» (cfr. Caso «Escué Zapata c. Colombia.

Fondo, reparaciones y costas». Sentencia de 4 de julio de 2007, serie C, núm. 165, párrafo. 95).

El derecho a la privacidad se encuentra especialmente protegido conforme se desprende con meridiana claridad del artículo 19 primera parte de la Constitución Nacional, ya que no se puede interferir en el ámbito de las acciones privadas salvo que ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen a terceros, pues dichos actos privados no solo son ajenos a la autoridad de los magistrados, sino protegidos de la intromisión de terceros, especialmente cuando no se hallan implicados asuntos institucionales o de interés público ni son atinentes a funcionarios o figuras públicas y la Corte Federal en el recordado precedente «Ponzetti de Balbín» publicado en fallos 306:1892, tuvo oportunidad de establecer el alcance que cabe dar al derecho a la privacidad, al señalar que «comprende no solo a la esfera doméstica, al círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen » y destacó que nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y, salvo que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución de un crimen.

Por su parte , el Cód.Civil en su artículo 1071 bis, establecía que «El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado.» y en términos que guardan similitud se pronuncia el actual art. 1770 del CCyC.

En cuanto al derecho a la imagen, como regla, el legislador ha prohibido la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que solo cede si se dan específicas circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho (Fallos: 311:1171, considerando 4°; 335:2090) y respecto al honor cabe recordar que buena parte de lo que una persona es y puede llegar a ser depende de su autoestima y de la fama que goce o merezca dentro de la comunidad. Hablar del honor importa, de tal modo, hacer referencia a la valoración integral de la persona, en todas sus proyecciones individuales y sociales (cfr. Pizarro- Vallespinos «Tratado de Responsabilidad Civil», Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, Tomo III, p.167, parágrafo 516).

Delimitado así el marco jurídico, cabe examinar en primer lugar el agravio vertido por «Televisión Federal S.A.- Telefé» respecto al rechazo de la falta de legitimación pasiva que articulara con fundamento en la indemnidad acordada con «Paloma Producciones S.A.», pues si esa defensa prosperarse, abstractos sus demás cuestionamientos a la sentencia (ver f. 187 vta, p. B.1) El agravio no puede prosperar.

Del contrato n° 27.242 acompañado por la propia recurrente, surge que «de acuerdo con los términos y condiciones de la presente propuesta, las partes producirán en forma conjunta un programa de interés general, de contenido culinario, denominado «MORFI, la peña.(.) el programa se emitirá, en vivo en principio en forma semanal los días domingos.» Como se aprecia, el programa mencionado en el referido documento es distinto a «Morfi, todos a la mesa» en donde se publicaron las imágenes del actor.

La diferencia, no se supera con la documental de la que intenta valerse en la expresión de agravios pues su incorporación en esta etapa resulta extemporánea y no puede ser tenida en cuenta (arts. 335 y 260 inc. 3 del CPCC) Por otra parte, el video acompañado por la parte actora y el obtenido como prueba anticipada por la misma parte, da cuenta que el programa «Morfi, todos a la mesa» era producido por «Telefe» y «Corner contenidos» y no por la «Paloma Producciones S.A.».

En definitiva, ante la falta de prueba que sustente la defensa propongo al Acuerdo rechazar el agravio vinculado al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva de «Televisión Federal S.A.- Telefé» Descartado el agravio vinculado con la falta de legitimación de «Telefé» debo decir que el restante cuestionamiento de su representante, vinculado con no haberse considerado el consentimiento que habría prestado el actor para que se grabara y publicaran las imágenes de su despedida de soltero y con el argumento de que «el programa «Morfi: todos a la mesa» no fue el responsable «de difundir las imágenes del evento de marras» y solo se limitó a «reproducir aquello que ya era público» también debe rechazarse.

Es que, como ya lo he dicho en otra oportunidad para la difusión de la imagen si bien no se requiere una conformidad formal, no alcanza con una manifestación meramente tácita o hipotética, ni tampoco que sea el mero producto de una presunción legal (arg. arts. 917, 918 y 919 del anterior Código Civil y 262, 263 y 264 del actual CCyC) (cfr. esta Sala, mi voto, in re «M. C. E c/ P. F y otro s/daños y perjuicios» (Exp.N° 67392/2011) del 27-10-2020).

De manera que no cabe interpretar que la eventual autorización para filmar la reunión conllevara la de difundir por las redes sociales y la televisión porque cuando hablamos de derechos personalísimos en caso de duda si existe o no la autorización, la interpretación ha de ser restrictiva y además siempre es revocable ad natum, y en principio sin responsabilidad resarcitoria alguna. (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis; «Código Civil y Comercial de la Nación comentado», Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo I, p.284/285 y 293).

En suma, como señalara la Sra. Jueza y no ha rebatido adecuadamente la recurrente, «El hecho de que el actor conociera que su despedida estaba siendo filmada, dado que se trataba de una fiesta privada y la grabación -el recuerdo de sus amigos-, no puede interpretarse como su consentimiento tácito e inequívoco y, menos, expreso para su emisión porque ello dista mucho de la difusión pública realizada por dos canales de televisión» En cuanto a que «Televisión Federal S.A.- Telefé» y el programa Morfi, todos a la mesa» se limitaron a reproducir algo que ya era público – por haberse publicado en redes sociales por O.J- el argumento no resulta atendible porque la repetición importa, al igual que la primera difusión, un acto antijurídico que conlleva a la revictimización del actor.

Lo expuesto, permite descartar también los agravios vinculados a la responsabilidad que expusiera «Telearte S.A» cuando expresa que no fue su mandante quien «filmó el supuesto video» ni quien «lo difundió en los medios de comunicación» y responde a su pregunta – expuesta en la expresión de agraviosdonde se interroga sobre como puede ser responsable de causarle un daño moral al actor si no filmó el video.El problema aquí no es filmar sino difundir lo filmado.

Por las mismas, razones cabe rechazar los cuestionamientos a la condena de «América TV S.A» cuando afirma que «deviene abusivo el planteo que formula en autos el actor, por cuanto él mismo conocía (como lo reconocen los testigos) que un asistente de la codemandada O.J estaba realizando el registro fílmico de todo lo que ocurría en su despedida de soltero» y agrega que «si las imágenes que exhibió América TV SA ya eran públicas y estaban publicadas en diversos medios de comunicación de libre acceso, no se le puede imputar a mi representada una violación a la intimidad, ya que estaban las imágenes y el tema abierto al conocimiento de los demás»

Finalmente, también cabe rechazar iguales cuestionamientos que sustentaron los agravios de «THX Medios S.A» (INFOBAE) y su agravio vinculado a que no se siguieron los lineamientos de la doctrina sentada por la Corte Federal en el caso «Campillay» ya que no aplica al caso pues la responsabilidad atribuida proviene de la indebida publicación o divulgación de la imagen del actor y la arbitraria injerencia en su privacidad, al margen de la veracidad o no de lo informado (arts. 51,52,53 y 1770 CCyC).

En cuanto a lo argumentado por la recurrente respecto a que en el caso no cabría exigir el consentimiento para exhibir la imagen del actor por tratarse de un «hecho o acontecimiento de interés público», no desconozco que la Corte Interamericana ha reafirmado en su jurisprudencia la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes (cfr. Ver Tristán Donoso c.Panamá.

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de enero de 2009, Serie C, N° 193) pero no alcanzo a vislumbrar, ni la recurrente explica a esta Sala, cual podría ser el interés general de la sociedad que justificaba la intromisión en la intimidad del actor quien, por lo demás no es persona pública, para conocer los detalles de su despedida de soltero donde participara O.J.

Finalmente, nada le impedía al medio digital informar por la web sobre el hecho que narrara O.J y pudo hacerlo sin exhibir al actor semidesnudo, cubriendo su rostro y omitiendo datos y sonido que permitieran su identificación, pero no adoptó ninguno de esos recaudos.

En suma, las constancias de autos demuestran que los apelantes han realizado un ejercicio irresponsable de su derecho a informar, invadiendo la privacidad y difundiendo imágenes del actor en un ámbito privado, sin su consentimiento y si, como lo sostuviera el Dr. Mario P. Calatayud, en el voto que cita la sentencia recurrida y en caso análogo al que nos ocupa «toda transgresión al honor, la intimidad e imagen de una persona por los medios masivos de comunicación debe ser reputada como antijurídica, salvo que medie causa de justificación. En rigor, sólo cuando en el caso concreto exista un interés público prevaleciente, podrá considerarse justificada la intromisión en la intimidad por los medios de prensa y regular, en consecuencia, el derecho a informar. Pero la carga de la prueba de dicha circunstancia debe pesar, primordialmente, sobre el medio, dado el carácter excepcional que debe asumir este tipo de intrusiones (ver esta Cámara, Sala «E» «O., N.C. c/ América T.V. S.A. y otro s/ Ds. y Ps.», del 30/04/09, publ. en Microjuris cita online: MJ-JU-M-44439-AR y doctrina allí citada), el rechazo de los agravios resulta inexorable.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar los agravios vinculados a la responsabilidad atribuida a los demandados y confirmar ese aspecto de la sentencia.

VI. La Sra.Juez de grado fijó en la suma de $710.000 el resarcimiento por daño moral, la cual quedó discriminada de la siguiente manera: $160.000 corresponden a «Televisión Federal S.A.- Telefe», $120.000 a «Telearte S.A.

Empresa de Radio y Televisión», $140.000 a «América T.V. S.A.», $100.000 a «THX Medios S.A.» y $190.000 a Oriana Junco.

Según el actor la indemnización reconocida resulta «exigua a la luz de lo peticionado y la gravedad de los hechos acontencidos. (.) los montos indicados no llegan a cubrir el real sufrimiento padecido por el actor (con gran repercusión en su entorno) como consecuencias de los hechos que dieron moti vo a estas actuaciones.» El referido monto «no cubre siquiera el 50% de la pretensión de esta parte. Si bien el sólo cálculo pareciera un dato irrelevante, no puede perderse de vista que el resarcimiento solicitado apunta a dar reparación a una situación traumática del actor, vivida en vísperas de su casamiento y que tuvo efectos más allá del día de los hechos.» Agregó que «todo lo acontecido atentó contra la vida tranquila y de bajo perfil que el actor llevaba antes de que tomara estado público lo vivido durante los veinte minutos de la despedida de de soltero (.)» y «repercutió en la rutina diaria del actor en la Ciudad de Buenos Aires donde, frente a los hechos, lo identificaron colegas, jefes y clientes de su trabajo, lo que provocó y aumentó la vergüenza por la exposición, tergiversación y caricaturización de los hechos y la persona del actor.» Asimismo, refirió que en los canales donde se reprodujeron las imágenes y videos de lo sucedido tuvieron una gran audiencia, es por ello que mucha gente pudo visualizar lo sucedido.

En suma, solicitó que se elevara el monto condena establecido para los demandados y en especial el fijado para Oriana Junco «por cuanto fue el origen de las imágenes, tomadas y utilizadas sin autorización del actor y, también, por haber sido factor de reproducción del daño, atento haber prestado a las entrevistas e informes de los distintos programas televisivos, inventando y falseando hechos, relativos al evento y la noche que motivara estos autos.» (Ver expresión de agravios del actor- «II. a) Primer Agravio: el monto de condena).

De su lado, el apoderado de «Televisión Federal S.A.- Telefé» aseveró que «no existen constancias obrantes en autos que permitan respaldar semejante conclusión [en referencia a la indemnización fijada]. Ello es así, dado que la parte actora no ha aportado elemento probatorio alguno que justifique la procedencia de ese rubro. Así, notará que la sentencia de grado se limita a exponer cuestiones meramente doctrinarias sin valorar las pruebas aportadas, lo cual constituye una notable violación a los derechos de defensa de esta parte. En tal sentido, cabe destacar que el daño debe ser cierto, el daño es el presupuesto de la responsabilidad civil, y en el caso del daño moral, no basta la mera invocación del mismo. La actora debió haber desarrollado clara y taxativamente como se desarrolló el supuesto daño y en qué consistió el mismo.» Por su parte, la apoderada de «Telearte S.A» considera que existe una desproporción entre las sumas a las cuales se ha condenado a su representada y las fijadas a los demás codemandados.

Finalmente, el apoderado manifestó que «el actor no ha ofrecido pruebas a fin de acreditar que Infobae le provocó un daño ni tampoco en qué extensión pudo haberlo hecho.Es por ello que rechazo que la elevada suma de $100.000 resulte no solo ajustada sino incluso procedente.» En esta última dirección, sostuvo que «al establecerse el monto de condena, no se brindan argumentos más allá de los conceptos genéricos para explicar cómo arribó a la conclusión de que dicha suma es justa (.)» En definitiva, solicitó «el rechazo del rubro y costas contra THX Medios o bien su debida reducción y debida distribución de aquéllas» Con relación al agravio vinculado con la procedencia de esta partida indemnizatoria, esta Sala viene sosteniendo que, en casos como el de autos, donde el daño moral es consecuencia necesaria de la violación de uno de los derechos inherentes a la personalidad del sujeto, como lo es el relativo a la propia imagen, la sola demostración de dicha transgresión será en sí misma prueba de la existencia del daño, que consiste en el disgusto propio de sentir agredida dicha personalidad. La demostración de la inexistencia del daño (inversión del onus probandi), corresponderá en el supuesto al responsable del hecho (cfr. «S., B. c. Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.-canal 13- y otro s/ daños y perjuicios» del 04/06/2014, publ, en La Ley on line, TR LALEY AR/JUR/29203/2014).

Dicho de otro modo, y como lo sostuve en caso que guarda analogías, no cabe requerir la prueba específica de la existencia del daño moral, debiendo tenérselo por configurado por el solo hecho de la acción antijurídica (cfr. esta Sala, mi voto, in re «»M. C. E c/ P. F y otro s/daños y perjuicios» (Exp.N° 67392/2011) del 27-10-2020).

Descartado el agravio vinculado a la procedencia de esta partida, cabe observar en punto a la cuantía que la Corte Federal ha expresado en diversos pronunciamientos vinculados con infortunios resueltos en el contexto indemnizatorio del código civil anterior, que en lo concerniente a la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (Fallos: 321 :111 7; 323: 3614 ; 325: 1156 Y 334: 376 , entre otros), y que «el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido» (Fallos: 334:376).

En esa dirección, un sector de la doctrina piensa que los placeres compensatorios es un criterio válido para cuantificar el daño moral (cfr. Mosset Iturraspe Jorge, «Diez reglas sobre cuantificación del daño moral» LA LEY 1994- A, 728). Cabe pues, encontrar causas externas que produzcan placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos: remedios para la tristeza y el dolor. Es razonable bucear, a tal fin, entre distintos placeres posibles, a saber: el descanso, las distracciones, las diversiones, los juegos, escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc. (Iribarne, Héctor Pedro: «La cuantificación del daño moral», en Revista de Derecho de Daños n° 6: Daño Moral, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 185 y siguientes).

De igual manera, el art.1741 del Código Civil y Comercial refiere a las «satisfacciones sustitutivas y compensatorias» como método para cuantificar el daño moral (ver en esta dirección, esta Cámara, Sala «A», in re, «Dorronzoro Lorena Elizabet c/ Kranevitter Sergio Daniel y otros s/ daños y perjuicios» del 31/08/15; ídem, id. in re «Ortiz Adrián Ariel c/ López Walter Agustín y otros s/ daños y perjuicios» del 26/05/15).

Pues bien, considerando las pautas que se suelen utilizar para dimensionar esta partida, esto es, las características de los padecimientos que sufrió el actor a raíz de la difusión de las imágenes, que incidieron negativamente en las actividades que venía desarrollando (vgr. laboral, familiar y afectiva) con la lógica zozobra que provoca esa situación y el hecho que estaba próximo a casarse, considero equitativas las sumas fijadas en cada caso y de acuerdo a las características de los distintos hechos ilícitos por lo que he de proponer al Acuerdo se rechacen los agravios sobre este aspecto y se confirme lo resuelto en la anterior instancia.

VII. La Sra. Juez de grado resolvió que la suma por la que prospera la demanda devengará intereses desde el inicio de la mora «en el caso y con relación a cada una de las demandadas condenadas, desde la fecha de emisión del programa televisivo o publicación gráfica o publicación en redes sociales y hasta la fecha de efectivo pago» a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.(ver considerando VIII de la sentencia de grado) Contra dicha decisión alzó sus quejas el apoderado de «América TV S.A.».

Afirmó que al haber «fijado el monto de condena a valores actuales, fijar la tasa activa como tasa de interés es desproporcionado e injustificado (.) Si se reconoce el monto de condena a valores actuales, contradictorio pretender aplicar una tasa de interés que compense el efecto de la inflación; como es la tasa activa.» Por todo lo expuesto, solicitó que desde la ocurrencia del hecho y hasta el dictado de la sentencia firme, se aplique la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

Por otro lado, el apoderado de «THX Medios S.A.» cuestionó que se su «mandante se encuentre en mora desde la fecha de la publicación de la noticia periodística, por el simple hecho de que niega la existencia de responsabilidad por parte de THX Medios. Con lo cual, actualizar a la sentencia el quantum indemnizatorio para luego aplicar una tasa de interés en su carácter de mora, solamente podría arribarse a una solución adversa a la que nuestro ordenamiento establece.» (Ver expresión de agravios de «THX Medios S.A.»- «(iii actualización del quantum y la aplicación del interés moratorio») En cuanto al tiempo en que se produjo la mora de las demandas, es necesario observar que, de acuerdo con la doctrina del fallo plenario de este tribunal, in re «Gómez E c/ Empresa de Transportes», la misma quedo configurada en el momento mismo del evento dañoso, es decir en la fecha que se reprodujeron los registros fílmicos del actor.

Por otro lado, como aún no se encuentra reglamentada por el Banco Central la tasa prevista en el art. 768 inciso «c» del CCyC, considero adecuado utilizar para el cálculo de los réditos la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido la adoptada en el plenario del fuero in re, «Samudio de Martínez, L.c/ Transportes Doscientos Setenta SA» desde la fecha del hecho ilícito y hasta el efectivo pago; pues la circunstancia de que la obligación a cargo de los deudores sea una deuda de valor, que Juez traduce monetariam ente al momento de la sentencia -como compensación por el perjuicio sufrido- no puede llevar a pensar que no hubiese resultado exigible con anterioridad y ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, una tasa menor, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN) (ver en sentido concordante esta Sala, in re, «Martino Guillermo y otro c/ Herman Christian Ariel y otros s/ daños y perjuicios» del 15-09-2016- voto del Dr. Mizrahi- ; mi voto, in re, «Dattilo Rubén Osvaldo c/ Rodríguez Fosthoff Eleonora Mariel s/ daños y perjuicios» del 22-08-2016; in re, «López Castan, Sebastián Darío c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I s/ daños y perjuicios» del 19-8-2016 voto del Dr. Mizrahi; in re, López Constanza Gabriela c/ Metrovías S.A. y otros s/daños y perjuicios» del 5-8-2016, voto del Dr. Ramos Feijoó: in re, «Luna Carlos Ángel c/ Grasso G. Daniel y otros s/ daños y perjuicios» del 3-8-2016, voto del Dr. Ramos Feijoó, entre otros). El hecho de que los accionados hayan invocado un enriquecimiento sin causa en cabeza del actor no obsta a lo razonado, pues la aducida situación excepcional no ha quedado debidamente acreditada en autos (cf. art. 377 del CPCCN). Por lo que propongo al Acuerdo rechazar los agravios y confirmar lo resuelto en este punto en la sentencia recurrida.

VIII. La Sra.Juez de grado resolvió rechazar la demanda contra «Diario Veloz» e impuso las costas a «Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión».

La apoderada de la sociedad mencionada manifestó que el tercero «Diario Veloz» «a pesar de estar debidamente emplazado, nunca se presento en el proceso.» Por lo tanto, al no mediar contradictorio, solicitó que las costas se impongan en el orden causado. (Ver expresión de agravios de Telearte S.A.

Empresa de Radio y Televisión». – «5) La imposición de costas a cargo de mi mandante (.)») De la lectura del expediente surge que fue la propia recurrente quien solicitó la citación como tercero de «Diario Veloz» y que se rechazó la demanda contra esta última. En consecuencia, es de aplicación el principio objetivo de la derrota (art. 68 y 69 del CPCCN) y más allá de que no se han devengado honorarios por la citada, quien no se presentó. Propongo al Acuerdo se confirme este aspecto de la sentencia recurrida.

IX. Según sostuvo el apoderado del actor, la Sra. Jueza no se expidió acerca de cual es la participación y la incidencia de Oriana Junco sobre los daños acaecidos. Es por ello que solicitó que «se disponga la condena concurrente de la tercera citada, junto con cada uno de los medios demandados.» (Ver expresión de agravios del actor- «II. b) segundo Agravio: el monto de condena») Surge de la demanda que el aquí recurrente pretendió el resarcimiento contra los demandados por hechos y daños diversos derivados de distintas reproducciones de una misma noticia realizando en el escrito inicial una acumulación subjetiva de pretensiones y nunca pretendió una condena concurrente con O.J.Al contrario, al contestar el pedido de citación de terceros realizado por «Telearte S.A» respecto de la referida O.J., expresó entre otras consideraciones que «La responsabilidad que le cabe a Canal 9 en las presentes actuaciones es directa como canal de televisión, en relación al uso que le da al contenido que toma de las fuentes que usa (es decir contenido que genera por sí).

En este caso generó un video (el informe) y un debate, a partir de dichas fuentes, que salió en un medio público en un horario de alta demanda de televidentes, por las que no se formuló ningún reparo o análisis. En este caso, mal puede pretender que hay una controversia común con la Srta. O.J» Entonces, parafraseando al propio demandante mal puede pretender ahora una condena concurrente no sólo porque la cuestión no fue propuesta a la Sra. Jueza (art. 277 del CPCCN) sino porque contradice sus propios actos. En suma, propongo al Acuerdo rechazar el agravio del actor sobre este aspecto.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y fue objeto de recurso de apelación y 2) imponer las costas de Alzada de igual modo que en la anterior instancia. Así lo voto.

El Dr. Ramos Feijóo y la Dra. Maggio, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI -CLAUDIO RAMOS FEIJOO-LORENA FERNANDA MAGGIO-.

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2022.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y fue objeto de recurso y 2) imponer las costas de Alzada de igual modo que en la anterior instancia. Se difiere la regulación de honorarios para una vez que exista liquidación definitiva aprobada y se determinen los correspondientes a la anterior instancia. Regístrese, protocolícese y notifíquese.

Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

ROBERTO PARRILLI

CLAUDIO RAMOS FEIJÓO

LORENA FERNANDA MAGGIO

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