fbpx

#Fallos Transferencia de fondo de comercio: Extensión solidaria de la responsabilidad, no por la transferencia en sí, sino cuando las partes no cumplen con el procedimiento previsto en la Ley 11.867

Partes: Araujo Alejandra y otros c/ Rápido del Sud S.A. y otro/a s/ cobro sumario sumas de dinero

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores

Fecha: 3-feb-2022

Cita: MJ-JU-M-136071-AR | MJJ136071 | MJJ136071

Transferencia de fondo de comercio: Extensión solidaria de la responsabilidad, no por la transferencia en sí, sino cuando las partes no cumplen con el procedimiento previsto en la Ley 11.867.

Sumario:

1.-Toda vez que fue acreditada la transferencia del fondo de comercio por parte de la condenada por daños y perjuicios, y no se cumplió con el procedimiento previsto por la Ley 11.867 , las sociedades codemandadas resultan responsables solidariamente; no se extiende solidariamente la responsabilidad por la transferencia del fondo de comercio en sí, sino por el incumplimiento del procedimiento previsto en la Ley 11.867, que hace operativa la protección de los acreedores del cedente o transmitente de la explotación.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-La transmisión del personal, sumado al deber de la cesionaria de cumplimentar exigencias como tarifas, horarios, seguros, habilitación de unidades, contribuye a evidenciar con mayor profundidad la transmisión de una universalidad jurídica, que conjuga bienes materiales e inmateriales para formar el conjunto activo necesario para producir bienes o servicios, permitiendo la labor del adquirente como continuador de la explotación anterior, en igual o similares condiciones, quedando el anterior titular privado de los medios necesarios para ello.

3.-Las partes se encuentran en clara disparidad en cuanto al despliegue económico y empresarial, pero principalmente, en cuanto a la posibilidad real de demostrar los pormenores del vínculo jurídico, nunca publicitado ni registrado adecuadamente por las codemandadas, conforme la Ley 11.867.

4.-Exigir a la parte actora la prueba acabada de todos y de cada uno de los movimientos comerciales que pudieron existir como consecuencia de vinculaciones jurídicas, a la postre iría en contra del sistema protectorio que parte del desconocimiento de los acreedores del transmitente, del procedimiento que compromete el patrimonio de la obligada principal.

Fallo:

Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 99.808, caratulada: «ARAUJO, ALEJANDRA Y OTROS c/ RAPIDO DEL SUD S.A. Y OTRO/A s/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)», habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie .

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 30.04.2021?

Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:

I. Contra la sentencia de mérito dictada el 30.04.2021, interpuso recurso de apelación la parte actora el 05.05.2021, que concedido libremente el 06.05.2021, fue sustentado con la expresión de agravios del 09.08.2021, que no mereció réplica de las contrarias.

II. Alejandra Araujo, Victoria, Alejandra, Juan Nahuel y Víctor Manuel Ferreyra, en su calidad de acreedores de la indemnización de daños y perjuicios otorgada en autos «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp, Alberto y Empresa

Costamar S.R.L. s/ daños y perjuicios» (expte. nº 48.737, agregado por cuerda), promovieron acción de cobro de pesos contra las sociedades comerciales «El Rápido del Sud S.A.» y «El Rápido S.A.», para que se les extienda solidariamente la responsabilidad allí atribuida a «Costamar S.R.L.», en sentencia definitiva dictada en fecha 08.10.2004 (fs.536/542 del proceso referenciado).

Ello con sustento en que aquellas fueron sucesivamente cesionarias y/o sucesoras de la línea de transporte público provincial nº 233, que a la fecha del hecho que motivó el juicio por daños y perjuicios, era explotada por la cedente/transmitente «Costamar S.R.L.».

Destacaron que se efectuaron dos transferencias posteriores de fondos de comercio y que, en esas sucesivas transmisiones, no se verificó el procedimiento dispuesto por la ley 11.867, por lo que las codemandadas resultan solidariamente responsables en los términos de su art. 11.

Agregaron que esas sociedades impidieron que terceros pudieran conocer la naturaleza y extensión de los negocios celebrados entre el transmitente y el adquirente del fondo, en desmedro de pretensos acreedores (fs. 6/12).

Al contestar la acción, «El Rápido del Sud S.A.» opuso excepción de falta de legitimación pasiva, motivada en que no fue condenada por daños y perjuicios.

Previa negativa de rigor, señaló que nunca existió ni pudo ser informada por las autoridades, una transferencia de fondo de comercio a su favor. Que es inaplicable la ley 11.867, máxime cuando no existió compraventa; que las líneas de transporte están fuera del comercio (fs. 27/31).

«El Rápido S.A.» contestó la pretensión en similares términos, al negar haber sido cesionaria/sucesora de «Costamar S.R.L.» y/o que haya existido lazo contractual o comercial entre ellas (fs. 44/78).

III. El sentenciante de grado rechazó la acción con costas a los actores.Puntualizó la regulación de la transmisión de establecimientos comerciales e industriales, según ley 11.867; continuó con la valoración de la labor pericial contable, para concluir en que no fue acreditada una transferencia de fondo de comercio por parte de la condenada por daños y perjuicios, Costamar S.R.L., en favor El Rápido del Sud S.A., ni de ésta en beneficio de El Rápido S.A.

Rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por El Rápido del Sud S.A., con costas a cargo de la excepcionante.

IV. Se agravia la recurrente, al decir que el juzgador soslaya y desinterpreta la prueba que da cuenta de un negocio jurídico entre Costamar S.R.L. y las demandadas, cuyo objeto fue la transmisión de un fondo de comercio, en violación a la legislación que regula el procedimiento a cumplir, como se refirió en el escrito inicial.

Precisa que la transmisión de un fondo de comercio, constituye una cuestión objetiva, y que debió ser labor del juzgador analizar los elementos habidos para resolver si hubo o no, una enajenación individual de bienes o una transmisión de fondo de comercio.

Afirma que se ha demostrado que la línea de transporte provincial n° 233, pasó de ser explotada por Costamar S.R.L. a ser de titularidad de las aquí demandadas; y que según el análisis pericial de los libros contables, también se trasmitió el personal y el material rodante.

Puntualiza que el informe es claro al indicar que la demandada dejó asentada en sus libros, la tramitación ante la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, de una autorización de transferencia de la línea 233, para lo cual debían realizar una fuerte inversión en la compra de unidades de media y larga distancia.

Que la pericia también es contundente al dar cuenta de la existencia de acreencias originadas en un vínculo contractual con Costamar S.R.L.durante el período 1996-1997, otra circunstancia que evidencia que efectivamente existió transferencia de un fondo comercial.

Aducen que ha sido evidenciado que las demandadas recibieron la explotación de la línea de transporte, a través de un acto administrativo.

V.1. En el tratamiento de la cuestión suscitada, estimo necesario partir de que la ley 11.867/34 sobre transmisión de establecimientos comerciales e industriales, regula minuciosamente el procedimiento a cumplir frente a toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate (arts. 2 a 10).

Dicho procedimiento, fue explicitado por el juez anterior, al transcribir la parte pertinente de la pericia contable -agregada al 28.05.2019-, a lo que me remito por motivos de brevedad.

De su art. 1 surge que, a sus efectos, necesariamente debe estarse frente a la transmisión de un establecimiento comercial o «fondo de comercio», a la vez que se precisan sus elementos constitutivos, como las instalaciones, mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.

Luego de detallar el procedimiento obligatorio para que la transmisión del fondo de comercio pueda ser válidamente opuesta a terceros, la ley prevé en su art. 11 que las omisiones o transgresiones a lo así establecido, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido, por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido.

Así, la transferencia de un fondo de comercio no formalizada de acuerdo a las disposiciones referidas (arts.2, 3, 5, 6, ley 11.867) es inoponible a terceros, puntualmente al promotor del juicio en su carácter de titular del crédito por daños y perjuicios, cobrando en ese caso operatividad la solidaridad impuesta (art. 11).

De este modo, aprecio que la ley determina la obligación de dar cumplimiento en forma acabada a las formalidades que prescribe, entre ellas, la de llevar a conocimiento de los acreedores y terceros, el verdadero alcance del pasivo asumido; porque sólo de esta manera, podrían aquellos ejercer el derecho en cuyo resguardo se sancionó dicha ley.

En tal sentido, la Suprema Corte local ha expuesto que la finalidad perseguida por el legislador, no ha sido otra que la de proteger a los acreedores del comerciante (cuyos créditos se relacionan con la explotación mercantil), contra toda posible burla de sus derechos por parte del deudor mediante la transmisión del fondo de comercio, y que esta finalidad es cumplida con la anunciada solidaridad que emana del art. 11, pues si bien se propugna la inoponibilidad del acto a los terceros cuando es violado el régimen, ello es a los efectos de que todo acreedor del vendedor, pueda actuar sobre el fondo o sus elementos, aun en manos ya del adquiriente, sin que éste pueda alegar en su favor las

disposiciones del art. 2412 del Código Civil (SCBA; Ac. 77.458, «Flageat», sent. de 13-XII-2000 y Ac. 89.852, «A., H.», sent. de 23-II-2005).

2. Para verificar en el caso si es posible aplicar la norma invocada y, en consecuencia, extender solidariamente la responsabilidad atribuida a Costamar S.R.L. a las aquí demandadas, habrá que dilucidar dos cuestiones: primero, si fue probada una transmisión de fondo de comercio; segundo, si fue incumplido el procedimiento previsto en la ley 11.867.

De verificarse positivamente ambas cuestiones, estaremos ante un supuesto frente al cual el sistema haría operativa la protección a los pretensos acreedores.

Si bien la ley citada es concreta en cuanto a los elementos constitutivos de un fondo de comercio (art.1), es necesario profundizar un tanto más en el punto.

Al decir «fondo de comercio», nos referimos a una universalidad dinámica donde se conjugan bienes materiales e inmateriales, para formar un conjunto activo para producir bienes o servicios.

Empleamos el vocablo como conjunto de fuerzas productivas, derechos y cosas, que tanto interior como exteriormente se presenta como un organismo, con perfecta unidad, por los fines que tiene, que no son otros que la obtención de beneficios en el orden comercial o industrial.

Puede definirse como una entidad jurídica compuesta de elementos orgánicos que el comerciante agrupa, con vistas a constituir una clientela necesaria para la explotación comercial (Fernández-Gómez Leo; «Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial», Depalma, 1987 t. I, pág. 394/395).

Puntualiza este autor en un pasaje esclarecedor, que el fondo de comercio, tal como está legislado en nuestro país, no es la empresa en sentido estático; tampoco la suma o el conj unto de bienes materiales o inmateriales de una empresa, sino una estructura jurídica apta para permitir la venta de una organización o empresa económica en bloque, facilitando la labor del empresario adquirente, que puede continuar con la explotación sin solución de continuidad (con cita de Etcheverry, R.; «Manual de derecho comercial. Parte general», Buenos Aires, 1977).

Será útil agregar que el fondo de comercio está constituido por elementos estáticos y por un elemento dinámico o funcional. Los primeros, son incorporales como el nombre, la enseña, el local, la explotación de determinados servicios (concesiones públicas), el uso exclusivo de determinadas marcas; también son corporales, como las instalaciones, maquinaria, mercaderías, etc.El elemento dinámico o funcional, es indudablemente más complejo y en puridad dogmática, más que un elemento de cualidad del fondo, está constituido por su capacidad (condiciones o aptitudes) como elemento fructífero, esto es, por un lado, el crédito de que goza en los círculos económicos y financieros y que le permiten la obtención de recursos para el desarrollo satisfactorio de sus actividades o para ampliarlas, y la adquisición en condiciones favorables de las cosas necesarias para el desenvolvimiento de la entidad, y por el otro, la fama o nombradía ante el público, que se debe a su ubicación, aspecto, organización, propaganda, calidad y precio.

Por otra parte, es necesario decir que existe transmisión de un fondo de comercio, no sólo cuando la operación abarca todos los elementos constitutivos a que refiere el art. 1 de la ley 11.867; sino también, cuando, aunque no los comprenda en su totalidad, el vendedor o transmitente queda privado de los medios necesarios para continuar el giro de su negocio en la forma que lo había hecho, y el comprador pueda continuarlo en igual o análoga manera (Cám. Fed. Cont. Adm.; E.D., 26, 12; citado por Fernández-Gómez Leo, «Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial», Depalma, 1987 t. I, pág. 492).

También se ha expuesto en tal sentido, que la enumeración del citado precepto es puramente ejemplificativa y supletoria de la voluntad de las partes. De ahí que puede ser omitido alguno de los elementos en ella indicados, o incluirse otros no enunciados, sin que ello obste a la concreción de una transferencia de comercio (SCBA; C. 107.332, «Wolcan», sent. del 14.03.2012; Cám. Nac. Com., Sala E, 12-II-1987, «La Ley», 1987-B, 101; v. Rouillon, Adolfo [dir.] -Alonso, Daniel [coord.], «Código de Comercio comentado y anotado», edit. La Ley, Bs. As., 2005, t. 1, págs. 859 y 874/876).

3.Bajo esos lineamientos, que marcan el norte de lo que compromete la transmisión de un fondo de comercio, comenzaré por revisar la Disposición n° 1857, emanada del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 15.10.1996, que luce a fs. 736 de los autos «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp, Alberto y Empresa Costamar S.R.L. s/ Daños y perjuicios», como parte de la documentación adjuntada por la Dirección Provincial del Transporte, al contestar el pedido de informes el 01.02.2013 (art. 394 del CPCC).

Allí, en el marco de las actuaciones administrativas donde Costamar S.R.L. solicitó un permiso para transferir a favor de El Rápido del Sud S.A. los servicios de autotransporte de pasajeros de la línea 233, que explotaba en carácter de concesionaria, se autorizó en forma provisional y sujeta a su posterior convalidación por parte de Poder Ejecutivo, «.la cesión de los servicios identificados con línea n° 233 de autotransporte público de pasajeros, por parte de Costamar S.R.L., a favor de El Rápido del Sud S.A.» (art. 1). También, se agregó en autos la copia de la escritura pública nº 211 de fecha 31.08.1996 y certificación de firmas (fs. 35/41), de la que surge que Costamar S.R.L. cedió el servicio que prestaba de la línea 233, del cual su empresa tenía la concesión otorgada por la Dirección de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a la empresa El Rápido del Sud S.A.

Luego, tengo la Resolución n° 200, de fecha 11.10.2005, del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (fs. 737), que dispuso la homologación de lo actuado por la Dirección Provincial del Transporte al dictar la Disposición n° 18577/96, y reconoció la transferencia de la línea 233 efectuada por parte de Costamar S.R.L. a favor de El Rápido del Sud S.A. (art.1).

En ese mismo acto, se autorizó la cesión de la línea 233 por parte de su titular «El Rápido del Sud S.A.» a favor de la empresa «El Rápido S.A.», para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros entre las localidades de Mar del Plata y San Clemente de Tuyú (art. 2).

Según los considerandos de esta resolución, el Departamento de Costos y Tarifas dependiente de la Dirección Provincial, luego de analizar los indicadores estadísticos, económicos y financieros y los balances de la empresa El Rápido S.A., concluyó en que reunía las condiciones exigibles en materia económico-financiera. Que el Departamento de Servicios encuadró la cesión propiciada en los términos del art. 30 de la ley 16.378/57, por haberse cumplimentado la acreditación de antecedentes, competencia y responsabilidad técnica, económica y financiera de la cesionaria.

Asimismo, se facultó a la Dirección Provincial del Transporte a celebrar con la empresa «El Rápido S.A.» el contrato de concesión respectivo, en los términos del art. 14 del dec. ley n° 16.378/57 (art. 3).

Lo anterior, se condice en un todo con lo informado en estos actuados por la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el 06.06.2018 (fs. 107).

Valorados los elementos probatorios descriptos en esta primera etapa, tengo por demostradas las sucesivas cesiones o transferencias de la explotación del servicio de transporte, que otrora se encontraba en cabeza de Costamar S.R.L., respecto de ambas codemandadas «El Rápido del Sud S.A.» (en 1996) y «El Rápido S.A.» (en 2005); de manera que éstas pudieran continuar el giro del negocio, en igual o análoga manera en que lo venía haciendo su cedente (arts. 375, 384 y concs.CPCC).

Calificada doctrina en la materia, ha interpretado que ello se constituye en un elemento esencial del fondo de comercio, de indudable valor económico, que en muchos casos es la verdadera razón de ser del funcionamiento o explotación del establecimiento. La importancia de este elemento se percibe fácilmente teniendo en cuenta que, no en pocos casos, la empresa se crea para explotarla o continuar su explotación (conf. Garo, «Derecho Comercial-Parte General», Depalma, Buenos Aires, 1955, p. 246/247; Zunino, «Fondo de Comercio. Régimen legal de su transferencia», Astrea, 2da edición, Buenos Aires, 2000, p. 231; Fernández-Gómez Leo, «Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial», Depalma, 1987 t. I, pág. 420).

Y el hecho de que la facultad de continuar con la explotación del servicio requiera de la conformidad del poder público que la otorgó, no empece a las relaciones de derecho que el contrato de transmisión pueda crear entre las partes (Fernández-Gómez Leo, ob. cit.).

En el caso, surge palmario de los actos referidos, el propósito de la organización de las empresas codemandadas, que es el de explotar el servicio público de transporte de pasajeros, en virtud de un acto administrativo, extremo que por otra parte no ha sido rebatido por aquellas, ni siquiera desde el relato expuesto al contestar la pretensión (arts. 330, 354 inc. 1 del CPCC).

Y el derecho que emana de la concesión y permite al dueño del fondo desarrollar sus actividades en un campo sólo accesible mediante autorización gubernativa, previo cumplimiento de determinados requisitos, se trastoca en un elemento esencial para la explotación comercial, pues aparece como una unidad jurídica, como universalidad en razón de sus fines específicos.

Incluso, existen elementos que cabe considerar como accesorios del fondo y, por ende, han de seguir su destino por ser esenciales a la actividad, como ocurre con las concesiones, cuando el fondo se haya creado con la finalidad de su explotación (Zunino, obra citada, pág.231).

Máxime teniendo en cuenta que, según el art. 2 de la Disposición n° 1857/96 citada, que autorizó la cesión de Costamar S.R.L. a El Rápido del Sud S.A., expresamente dejó asentado que ésta debía cumplimentar con las exigencias atribuibles a ella como titular de la línea 233, en cuanto a tarifas, horarios, pólizas de seguros, habilitación de unidades, incorporación del personal respectivo. Y según los considerandos de la Resolución 200/05, el Departamento de Costos y Tarifas dependiente de la Dirección Provincial, luego de analizar los indicadores estadísticos, económicos y financieros y los balances de la empresa El Rápido S.A., concluyó en que la misma reunía las condiciones exigibles en materia económico-financiera.

Lo que corrobora aún más que las cesiones o transferencias comprendieron a una unidad jurídica, una universalidad, destinada al ejercicio de un determinado comercio en razón de sus fines específicos, que satisfacen a su propio lucro. Ejercicio que, al ser puesto en marcha por cada una de las cesionarias, ha impedido a las cedentes continuar naturalmente con el mismo, resultando imposible pensar en explotaciones superpuestas o paralelas.

4. Existen además otros elementos que coadyuvan a lo anterior. De los términos de la copia de la escritura de cesión (fs. 35/42), surge que El Rápido del Sud

S.A., aceptó la cesión del servicio de la línea n° 233 «.comprometiéndose a tomar a su cargo la totalidad del personal que se hallare afectado a la prestación de dicho servicio en la empresa cedente, respetando la antigüedad y remuneración que perciben hasta el presente.» (sic) (fs. 37).

La transmisión del personal, sumado al deber de la cesionaria El Rápido del Sud S.A. de cumplimentar exigencias como tarifas, horarios, seguros, habilitac ión de unidades (art.2 de la Disposición n° 1857/96 citada), contribuye a evidenciar con mayor profundidad la transmisión de una universalidad jurídica, que conjuga bienes materiales e inmateriales para formar el conjunto activo necesario para producir bienes o servicios, permitiendo la labor del adquirente como continuador de la explotación anterior, en igual o similares condiciones, quedando el anterior titular privado de los medios necesarios para ello.

Resulta trascendente en este punto, valorar el contenido de la labor pericial oficial agregada el 28.05.2019, aunque circunscripta al análisis de la contabilidad exhibida por la primera de las cesionarias de la explotación «El Rápido del Sud S.A.», correspondiente al período 1996/1997, durante el cual fue autorizada la cesión (Disposición 1857/1996).

El perito contador analiza los estados contables del ejercicio económico n° 21, finalizado el 30/06/1997 (reitero, únicamente de la empresa «El Rápido del Sud S.A.»), y verifica que su estado de situación patrimonial presenta «.un incremento sustancial, con relación al ejercicio anterior.» (sic).

Indica que «.el incremento del pasivo corriente, se sustenta en el incremento del rubro ‘deudas comerciales’ que pasa de $ 24.486,09 al comienzo del ejercicio, a $ 654.003,91 al cierre del ejercicio. Dentro de las deudas comerciales aparece la cuenta ‘Acreedores por renovaciones Costamar S.R.L.’ por $ 94.221,00.» (sic).

Informa que, de la compulsa del libro diario general n° 6, surge que «.se detectaron asientos que reflejan el pago a ‘acreedores por renovación de unidades’, que consignan como comprobantes, recibos con la firma Costamar.» (sic); «.se identificaron los asientos que refieren la cuenta ‘acreedores por renovación de unidades’ y la leyenda ‘recibo n° xxx Costamar’. No se consideraron asientos que no refieran de alguna manera a la firma Costamar.» (sic).

Asimismo, el perito contador puntualiza que «.se identificaron débitos y créditos en ‘cuenta acreedores varios’, que refiere ‘gastos administr. Costamar.’» (sic).

Señala respecto del material rodante, que se detectó un incremento superior al 75% desde el comienzo del ejercicio bajo análisis.Y que El Rápido del Sud S.A. contrajo una deuda por renovación de unidades con «Costamar S.R.L.» de, por lo menos, $ 1.302.045,54 durante el período.

Además, refiere que del relevamiento del libro inventarios y balances n° 3, al folio 52 «.obra transcripta la memoria de fecha 16 de septiembre de 1996, correspondiente al 20° ejercicio finalizado el 30 de junio de 1996. En ella, el Directorio informa a los accionistas, entre otras cuestiones, que ‘estamos tramitando ante la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires la autorización de transferencia de la línea 233, que une la ciudad de Mar del Plata con San Clemente del Tuyú y la ciudad de Maipú, dentro de los términos establecidos por el art. 30 de la Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros, ley 16378/57. Para prestar este servicio debemos efectuar una fuerte inversión en la compra de unidades de media y larga distancia, que financiaremos con un aumento de capital y con futuras utilidades’» (sic).

Dicha constancia en los libros, hace ostensible la férrea intención de la empresa de llevar adelante el giro empresarial y la inversión en la adquisición de bienes materiales, la que, es dable afirmar, ha sido la referenciada por el perito cuando indicó que El Rápido del Sud S.A. contrajo una deuda por renovación de unidades con Costamar en ese período.

Si bien el experto afirma que la «.registración en el Libro Diario no presenta un asiento contable «típico» que refleje la transferencia de un fondo de comercio.» (sic); es lo cierto que, más allá de lo que la cesionaria hubiera o no plasmado en sus asientos contables, es el juzgador quien debe analizar si el conjunto de cosas y derechos transmitidos, han sido suficientes para tener por configurada una transferencia que haga posible el traspaso de la explotación.

Y en ese sentido, me encuentro persuadido de que ello ha sido así.

Entre las tres sociedades/empresas Costamar S.R.L., El Rápido del Sud S.A.y El Rápido S.A., operó la transferencia de la explotación como un elemento esencial, suficiente y necesario como para que cada cesionaria pueda continuar el giro del negocio, en la forma que lo hacía su cedente; incluso, sin necesidad de que la operación abarque cada uno de los elementos constitutivos a que refiere el art. 1 de la ley 11.867, sino los suficientes para la concreción de la explotación.

A lo dicho, se suma que la empresa Costamar S.R.L. cedió a El Rápido del Sud S.A. el personal, unidades de trasporte, y que del informe pericial surge la existencia de acreencias a favor de Costamar S.R.L. durante el período 1996-1997 y asientos registrables con la leyenda «administración Costamar S.R.L.» (arts. 375, 384, 473, 474 y concs. del CPCC).

Si bien el perito contador no logró acceder a los libros contables de la segunda cesionaria El Rápido S.A., a fin de verificar si una parte de los bienes de uso de su patrimonio provendrían de El Rápido del Sud S.A., lo cierto es que las cesiones sucesivas de la explotación son indudables ante los anteriormente expuesto.

Ello sin obviar que la materia es de dificultosa acreditación para la parte actora, no sólo por el transcurso del tiempo, sino por el entramado de sucesivas negociaciones habidas entre las demandadas con la condenada por daños y perjuicios, signadas por el incumplimiento del procedimiento establecido en la ley 11.867 (como se verá).

Incumplimiento que implica, sustancialmente, la ausencia de publicidad de esas operaciones, situación fáctica que desde el vamos, aparece como una valla para demostrar con claridad la totalidad de los movimientos efectuados.

Como señalé al comienzo, la finalidad del legislador no fue otra que procurar que los acreedores tuvieran conocimiento de la transferencia, a través de la creación de un sistema riguroso de publicidad, de retención del precio hasta tanto no expiren los plazos legales durante los cuales los acreedores del transmitente pueden formular oposición y trabarembargo, de presunción absoluta de simulación de todo pago hecho con anterioridad, de prohibición de toda venta por un precio inferior al pasivo que resulte de la suma de las deudas confesadas por el vendedor y de los créditos que, aunque no reconocidos, formulen oposición fundada en título hábil de crédito. Nada de lo cual ha sido aquí cumplimentado.

Esa circunstancia particular, me habilita a recurrir a la valoración positiva de inferencias presuntivas o indicativas, que operan cuando la dificultad probatoria es in re ipsa (que surge de los hechos mismos), en una suerte de aplicación de las reglas de la sana crítica, que disponen que el material probatorio se analice según fueron las circunstancias del caso (art. 384 del CPCC).

Demás está decir que las partes se encuentran en clara disparidad en cuanto al despliegue económico y empresarial, pero principalmente, en cuanto a la posibilidad real de demostrar los pormenores del vínculo jurídico, nunca publicitado ni registrado adecuadamente por las codemandadas, conforme la manda normativa.

En ese sendero, la razonabilidad y la equidad me llevan a considerar que, exigir a la parte actora la prueba acabada de todos y de cada uno de los movimientos comerciales que pudieron existir como consecuencia de vinculaciones jurídicas, a la postre iría en contra del sistema protectorio que parte del desconocimiento de los acreedores del transmitente, del procedimiento que compromete el patrimonio de la obligada principal.

En definitiva, la integral y armónica valoración de los elementos probatorios producidos, me permiten justipreciar que han mediado actividades entre los entes societarios demandados con la condenada por daños y perjuicios Costamar S.R.L., y que han gestionado la explotación mercantil, con el objeto de desarrollar una inequívoca transmisión de un fondo de comercio, en los términos de la ley 11.867.

VI. En cuanto al cumplimiento del procedimiento previsto en dicha ley, la Dirección de Transporte de Pasajeros y Cargas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó el 06.06.2018 (fs.107) que, respecto de ambas cesiones (Disposición 1857 y Resolución 200), «.no obran en esta repartición, constancia de procedimiento de transferencia de fondo de comercio conforme la ley 11.867» (sic).

Además, el perito fue claro al señalar que: «no se verifica que la transferencia de bienes se haya practicado en el ámbito del procedimiento que establece la ley 11.867.» (sic).

En consecuencia, cabe aplicar el principio de la solidaridad emanado del art. 11 de la ley 11.867, por haberse las demandadas apartado totalmente del régimen consagrado, resultando las operaciones inoponibles para la reclamante.

Sostener una posición contraria, importaría en los hechos, permitir fácilmente la vulneración de los intereses de terceros ajenos a la transmisión, particularmente en el caso, donde se persigue en definitiva ni más ni menos que el cobro de un resarcimiento por daños y perjuicios, establecido en una sentencia judicial firme.

Cabe aclarar que los créditos y las deudas relacionadas con la explotación, no forman parte integrante del establecimiento o fondo de comercio, y la transmisión de éste no comprende la del activo y del pasivo, salvo estipulación expresa en contrario. Y en tal caso, habrá que atenerse a lo que determine el derecho común para la cesión de créditos y delegación de deudas.

Por lo que, aquí no se extiende solidariamente la responsabilidad por la transferencia del fondo de comercio en sí, entiéndase bien, sino por el incumplimiento del procedimiento previsto en la ley 11.867, que hace operativa la protección de los acreedores del cedente o transmitente de la explotación. Un modo indirecto de que las deudas se transmitan al adquirente, es el producido como consecuencia de la no observanc ia total o parcial de los cánones de la ley especial.

Por otra parte, son innumerables las transmisiones que, según la doctrina y la jurisprudencia, resultan abarcadas por la ley 11.867: permuta, donación, aporte en sociedad, disolución de sociedad, etc.; congruente con el art.2, que hace extensivo sus efectos a toda transmisión por cualquier título oneroso, o gratuito (Fernández-Gómez Leo, op. cit., t. 1 pág. 539); lo que autoriza, a hacer aplicable dicho ordenamiento al supuesto de autos.

Por lo demás, la debilidad de la oposición de las demandadas, que se limitaron a negar el vínculo contractual invocado, impide llevar a cabo cualquier otro análisis no propuesto, más allá del ámbito decisorio basado en el deber del juez de aplicar e interpretar las normas legales pertinentes, con abstracción de las alegaciones de las partes [iura novit curia].

El principio de congruencia se vincula -básicamente- con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias o introduciendo argumentos que no formaron parte del reclamo (SCBA, causa A. 105.173, sent. de 02-05-2013) (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 del CPCC).

VII. Finalmente, aunque siempre va ínsito en la actividad propia de la Alzada -y por ello tal vez resulte sobreabundante decirlo-, se ha respetado la llamada adhesión implícita a la apelación, que indica que como las gananciosas en la instancia carecían de interés para apelar el decisorio, atacado éste por la vencida, todas las defensas planteadas por aquellas quedan sometidas a la Cámara (art. 18 de la Const. Nac., 15 de la Const. Prov.).

En este sendero, si bien a estas alturas es evidente, aclaro que es incuestionable la improcedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por El Rápido del Sud S.A., fundada en que si los actores pretendían demandarla, debieron hacerlo en las actuaciones originarias «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp, Alberto y Empresa Costamar s/ Daños y perjuicios», expte. nº 48.737 (fs.27/31).

Sin necesidad de realizar disquisiciones de corte conceptual en relación a la legitimación pasiva, es diáfana la posición subjetiva de la demandada frente al debate judicial (art. 345 inc. 3 del CPCC), dado el objeto mismo de la pretensión instaurada y que al momento de ser iniciado el proceso de daños y perjuicios (24/04/1996, v. cargo de fs. 84 vta.), no se había llevado a cabo aún la cesión entre «Costamar SRL» y «El Rápido del Sud S.A.» (15.10.1996), según informó la autoridad administrativa a fs. 107.

VIII. En definitiva, como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), en base a los fundamentos expuestos, citas legales y jurisprudenciales, propongo revocar la sentencia apelada de fecha 30.04.2021 y hacer lugar a la demanda por cobro de pesos instaurada por Alejandra Araujo, Alejandra Ferreyra, Victoria Elisabeth Ferreyra, Víctor Manuel Ferreyra y Juan Nahuel Ferreyra, contra «El Rápido del Sud S.A.» y «El Rápido S.A.», a quienes corresponde hacer extensiva solidariamente la condena dispuesta en la sentencia dictada en autos «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp Alberto y Empresa Costamar S.R.L. s/ Daños y perjuicios» (expte. nº 48.737), en fecha 08.10.2004. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta.

Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por las codemandadas vencidas (arts.68 y 274 CPCC).

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:

Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde revocar la sentencia apelada de fecha 30.04.2021 y hacer lugar a la demanda por cobro de pesos instaurada por Alejandra Araujo, Alejandra Ferreyra, Victoria Elisabeth Ferreyra,

Víctor Manuel Ferreyra y Juan Nahuel Ferreyra, contra «El Rápido del Sud S.A.» y «El Rápido S.A.», a quienes corresponde hacer extensiva solidariamente la condena dispuesta en la sentencia definitiva dictada en autos «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp, Alberto y Empresa Costamar S.R.L. s/ Daños y perjuicios» (expte. nº 48.737), en fecha 08.10.2004. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta. Con costas de ambas instancias a las codemandadas vencidas.

ASI LO VOTO.

LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE

SENTENCIA

De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada de fecha 30.04.2021 y se hace lugar a la demanda instaurada por Alejandra Araujo, Alejandra Ferreyra, Victoria Elisabeth Ferreyra, Víctor Manuel Ferreyra y Juan Nahuel Ferreyra, contra «El Rápido del Sud S.A.» y «El Rápido S.A.», a quienes se hace extensiva solidariamente la condena dispuesta en sentencia firme y consentida dictada en autos «Araujo de Ferreyra, Alejandra c/ Hofkamp, Alberto y Empresa Costamar S.R.L. s/ Daños y perjuicios» (expte. nº 48.737), en fecha 08.10.2004. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Costas de ambas instancias a las codemandadas vencidas (arts. 18 de la Const. Nac., 15 de la Const. Prov.; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 de la ley 11.867; 34 inc. 4, 68, 163 inc. 6, 260, 261, 263, 266, 274, 330, 345 inc. 3, 354 inc. 1, 375, 384, 394 473, 474 y concs. del CPCC).

Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 LHP).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvanse por la vía que corresponda.

Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).

DABADIE María Rosa

JUEZ

JANKA Mauricio

JUEZ

FERNÁNDEZ Gastón Cesar

SECRETARIO DE CÁMARA

A %d blogueros les gusta esto: