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#Fallos Apropiación de hidrocarburos: Procesamiento por los delitos de asociación ilícita, robo en despoblado y en banda y estrago seguido de muerte

Partes: R. G. A. y otros s/ infracción ley 24.051

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 24-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134942-AR | MJJ134942 | MJJ134942

Procesamiento por asociación ilícita, robo en despoblado y en banda y estrago seguido de muerte, de las personas que realizaron de manera coordinada maniobras dirigidas a apropiarse de hidrocarburo, trasladarlo, almacenarlo en plantas de tratamiento, procesarlo a través de diferentes métodos y comercializarlo.

Sumario:

1.-Corresponde procesar por la autoría del delito de asociación ilícita -Art. 210 , CPen.- a las personas que llevaron adelante maniobras dirigidas a apropiarse de hidrocarburo, trasladarlo, almacenarlo en plantas de tratamiento, procesarlo a través de diferentes métodos -desechando los residuos en cursos fluviales- y, finalmente, comercializarlo obteniendo alto rédito económico, para lo cual montaron, con miras a concretar esas operaciones sin levantar sospechas, una estructura a la que se pretendió dar rasgos de legalidad y que incluyó, entre otras cosas, la tergiversación de datos en los documentos que utilizaban para trasladar el producto, de manera que se trató de una organización compuesta por ‘tres o más personas’ y ‘destinada a cometer delitos’.

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2.-Para tener por configurado el delito de asociación ilícita -Art. 210, CPen.-, debe acreditarse una reunión de personas con cohesión y predeterminación de un quehacer futuro y común, tendiente a un número indeterminado de ilícitos, aunque refieran a una misma modalidad delictiva, por lo que se requiere de una convergencia de voluntades que tienda a su permanencia, sin formas especiales de organización, bastando un mínimo de cohesión y conciencia de formar parte de la misma, de cuya existencia y finalidad se tiene conocimiento; tampoco es necesario que los integrantes se conozcan todos entre sí, ni que sepan qué actividad realizan los demás, ni que actúen juntos o simultáneamente.

3.-Debe confirmarse el procesamiento por la autoría del delito de asociación ilícita -Art. 210, CPen.- dictado respeto de las personas que realizaron maniobras dirigidas a apropiarse de hidrocarburo, trasladarlo, almacenarlo en plantas de tratamiento, procesarlo a través de diferentes métodos -desechando los residuos en cursos fluviales- y, finalmente, comercializarlo obteniendo alto rédito económico, puesto que existía entre los imputados una cohesión voluntaria que les permitía realizar las distintas tareas -ilícitas- implicadas, con el objeto de lograr materializar y sacar provecho con la venta del producto terminado, sin que tal organización fuera transitoria ni eventual.

4.-Se configura el delito de asociación ilícita en los términos del Art. 210 del CPen., a partir de las conductas desplegadas por una pluralidad de personas, con asunción individual de un rol determinado y la finalidad común de sacar provecho de la venta del producto resultante del hidrocarburo robado, enmarcado en el contexto propio del acuerdo criminal tácito en el que cada uno lleva a cabo una determinada tarea con miras a percibir una ventaja; en este marco, los imputados sabían de antemano cuál era el fin último, independientemente del conocimiento personal que pudiesen tener entre ellos y más allá de la función específica que cada uno desarrollara dentro de la estructura ilícita, sin que tan siquiera haya sido necesario que sepan qué actos concretos iba a llevar a cabo cada integrante.

5.-Configura robo ‘en despoblado y en banda’ -Art. 166, Inc. 2º , CPen.-la conducta de quienes sustrajeron petróleo crudo en forma clandestina y lo trasladaron desde el punto de extracción hacia los lugares de almacenamiento y tratamiento, procurando, para garantizar el éxito de las referidas operaciones, que las extracciones se efectuaran en un lugar alejado de zonas urbanizadas, durante horas de oscuridad.

6.-El concepto ‘banda’ que califica como agravante el delito de robo -Art. 166, Inc. 2º, CPen.- hace referencia al modo de ejecución del injusto, pues exige que, en la comisión del robo, participen tres o más personas con el fin común.

7.-Deben encuadrarse en los incisos 1° del Art. 186 del CPen., que penaliza a quien causare ‘incendio, explosión o inundación’ cuando ‘hubiere peligro común para los bienes’, y 5° de ese mismo artículo, que agrava la sanción cuando el hecho ‘fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona’, las conductas que llevaron a montar una estructura clandestina para realizar maniobras ilícitas que implicaban la manipulación de petróleo crudo, hidrocarburo del cual buscaban apropiarse, siendo que su manejo, incluso en un marco de licitud, es riesgoso, por lo que las medidas que se adoptan para realizar tal actividad son muy precisas y suelen aplicarse con mucho celo, sin que las técnicas, artefactos, herramientas y vehículos empleados por los imputados puedan considerarse en sintonía con dichos cuidados, a resultas de lo cual se produjo una explosión por la que falleció una persona, debiendo concluirse que tal consecuencia resultaba previsible.

Fallo:

La Plata, 24 de agosto de 2021.

VISTO: Este expediente FLP 55058/2019/CA10 «R. G. A. y otros s/infracción ley 24.051» procedente del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 2, Secretaría n° 5, de Lomas de Zamora; Y CONSIDERANDO QUE:

I. Los recursos.

1. Contra los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI de la resolución del 20 de noviembre de 2020 mediante los cuales el juez a quo dispuso los procesamientos con prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario- de N,P., Gustavo César Degliantoni, Gustavo Degliantoni, A. D.L.M., José Luís Defeo, J.L.O., Carlos María Laborde y N.S. por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita -art. 210 del Código Penal-, robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda -art. 166, inc. 2, del Código Penal- y estrago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona -art. 186, inc. 1 y 5, del Código Penal-, todos en concurso real, y trabó embargo sobre los bienes de los nombrados hasta cubrir la suma de treinta millones de pesos -$ 30.000.000-, interpusieron recurso de apelación el defensor público doctor Agustín Carrique (por N. P., puntos I y II), los doctores Juan Carlos Marchetti y Juan Manuel Díaz (por Gustavo César Degliantoni, puntos III y IV, y por Gustavo Degliantoni, puntos V y VI), el doctor Jorge Luís Esquivel (por A. D.L.M., puntos VII y VIII), el doctor Marcelo Fuche (por Defeo, puntos IX y X, por O., puntos XI y XII, y por S., puntos XV y XVI), y el doctor Santiago Lafontaine (por Laborde, puntos XIII y XIV) -arts. 45 y 55 del Código Penal, y arts. 306, 312, inc. 1, 314, 518 y s.s. del Código Procesal Penal-.

2.Contra los puntos XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII y XL del referido pronunciamiento a través de los cuales se dispusieron los procesamientos con prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario- de P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo Del Valle, Alejandro Del Valle, G. R., D. R., C.S., H.A., M.D., O.D. y C. P. por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita – art. 210 del Código Penal- y robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda -art. 166, inc. 2, del Código Penal-, ambos en concurso real, y se trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos -$ 10.000.000-, interpusieron recurso de apelación el doctor José Gabriel Pérez (por B., puntos XVII y XVIII), el doctor Gonzalo Robledo Marinich (por Gómez, puntos XIX y XX), los doctores José González y Matías Camino (por Enrique Hugo Del Valle, puntos XXI y XXII, y por Alejandro Del Valle, puntos XXIII y XXIV), el doctor Pablo Torres Barthe (por R. G. A., puntos XXV y XXVI), los doctores Sebastián Chouela y Jorge Daniel Pirozzo (por D. R., puntos XXVII y XXVIII), el doctor Daniel Ramón Trava (por S., puntos XXIX y XXX, y por D., puntos XXXIII y XXXIV), el defensor público doctor Agustín Carrique (por A., puntos XXXI y XXXII, y por D., puntos XXXV y XXXVII), y el defensor público doctor Ariel Squingo (por C. P., puntos XXXVIII y XL) -arts. 45 y 55 del Código Penal, y arts. 306, 312, inc. 1, 314, 518 y s.s. del Código Procesal Penal-.

3. Contra los puntos XLI, XLIII, XLVI y XLVII de la resolución indicada mediante los cuales se dispusieron los procesamientos con prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario- de P.B. y J.O.M. por considerarlos partícipes necesarios de los delitos de asociación ilícita -art.210 del Código Penal- y robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda -art. 166, inc.

2, del Código Penal-, ambos en concurso real, y se trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos -$ 1.000.000-, interpusieron recurso de apelación el defensor público doctor Ariel Hernán Squingo (por B., puntos XLI y XLIII) y el doctor José Gabriel Pérez (por M., puntos XLVI y XLVII) -arts. 45 y 55 del Código Penal, y arts. 306, 312, inc. 1, 314, 518 y s.s. del Código Procesal Penal-.

II. Los agravios.

1. El doctor Jorge Luís Esquivel, en representación de A. D.L.M. sostuvo que no existen elementos de cargo que involucren a su asistido en los hechos enrostrados.

Señaló que conoce a pocos de los demás imputados, que los negocios que pudo haber entablado con ellos fueron de carácter lícito, y que desconocía las actividades ilícitas que se les atribuyen.

Indicó que con José Luís Defeo y N. P., A. D.L.M. celebró contratos de alquiler por camiones de su propiedad que los nombrados irían a utilizar -según le habían dichopara transportar agua. Remarcó que a partir de ese acuerdo los vehículos dejaron de estar bajo la órbita del encartado.

Dijo que a Enrique y Alejandro del Valle les compraba gasoil para su tosquera. Y agregó que Edgardo Vargas -fallecido durante el incendio ocurrido el 2 de febrero de 2020-, había dejado de trabajar para A. D.L.M.y que este último se lo recomendó a P., igual que a P.B.

Indicó que la intención de su asistido, viendo que los locatarios no cumplían con las clausulas establecidas en los contratos, fue velar por la preservación de sus vehículos y cobrar la suma convenida, siendo esas cuestiones las que se trataban en las conversaciones telefónicas intervenidas que fueron valoradas por el a quo.

Sostuvo que no se aclaró en el fallo de qué manera se configuró el aspecto subjetivo de los delitos endilgados y agregó que en todo caso el autor del incendio que término con la vida de Vargas, fue la misma víctima.

Por último, sostuvo que no se configuran riesgos procesales que justifiquen la medida coercitiva impuesta.

2. Los doctores Sebastián Chouela y Jorge Daniel Pirozzo por el imputado D. R. solicitaron la nulidad absoluta del auto de procesamiento al considerar que ha existido un grave quebrantamiento del principio de congruencia. En ese sentido, precisaron que su asistido fue procesado por el delito de robo en poblado y en banda sin haber sido intimado e indagado por él y sin habérsele exhibido las respectivas pruebas.

También consideraron que es nulo el fallo porque carece de fundamentos -indicaron, entre otras cosas, que de allí no surge el rol que habría desempeñado R.en los hechos-, y porque no se ha profundizado en las cuestiones que el nombrado puso de manifiesto al ejercer su defensa material.

Y en esa dirección, agregaron que la decisión de intervenir teléfonos no se encontraba respaldada en prueba suficiente.

Para el caso de que no se accediere a la mentada nulidad, señalaron que debe revocarse el pronunciamiento por ausencia de elementos de juicio convincentes que le den pábulo.

Indicaron que no hay pruebas que ubiquen al encartado en la planta de Valentín Alsina durante el período objeto de la pesquisa, menos aún que permitan identificarlo realizando alguna de las actividades ilegales investigadas (entre ellas el robo de petróleo y las punciones de oleoductos), y tampoco que lo posicionen formando parte de una asociación ilícita.

Cuestionaron la forma en que se valoraron los elementos colectados -por ejemplo, las declaraciones de testigos y de otros imputados-, y destacaron que en su domicilio no se secuestró nada vinculado con los hechos, que la suma de dinero hallada en ese sitio es de procedencia lícita y no es exorbitante, y que el nombrado no maneja armas.

Por otra parte, dijeron que la planta de Valentín Alsina no tenía capacidad para tratar el petróleo crudo y que no está acreditado que allí se haya destilado el que habría sido robado por los investigados en la causa.

Indicaron que eventualmente habría que modificar la calificación legal impuesta por aquella descripta en el artículo 277 del Código Penal.

Finalmente, y de forma subsidiaria, solicitaron que sea revocada la medida de coerción personal que pesa sobre R. debido a que no se configuran riesgos procesales que la justifiquen, y propiciaron la reducción del monto de embargo trabado sobre los bienes del nombrado.

3.El doctor Pablo Torres Barthe, abogado defensor de Gerardo Ro., sostuvo que faltan precisiones en relación a los hechos de robo imputado, entre ellas, el lugar de comisión, las fechas en las que ocurrieron y el rol que desempeñó su asistido en ellos.

Frente a tales falencias, el recurrente alegó que el fallo impugnado es arbitrario y que se ha vulnerado el derecho de defensa del imputado.

Por otra parte, señaló que no se trataba de una asociación conformada con el fin de refinar petróleo robado para convertirlo en combustible, sino que se operaba comercialmente en un mercado libre de regulaciones estatales, sin acuerdo previo de voluntades, en base a oferta y demanda de productos que provenían de distintos orígenes.

Estas maniobras, agregó, no constituyen delitos, por lo que no puede hablarse de una asociación ilícita.

En esa dirección, refirió que su asistido desconocía el origen ilícito del combustible comercializado y que había cortado todo vínculo con P.

Señaló también que no hay pruebas que demuestren que G. R. hubiera arrojado residuos producidos por la labor que se realiza en la planta a la cuenca Matanza – Riachuelo. Y agregó que en el caso no se ha perturbado el orden público, como lo exige la figura legal prevista en el artículo 210 del código de fondo.

Finalmente, consideró arbitrario el monto de embargo fijado.

4. El doctor Gonzalo Robledo Marinich, en representación de José Horacio Gómez, sostuvo que no se encuentra suficientemente acreditados los elementos objetivos y subjetivos del tipo, al igual que la participación del imputado en los hechos.

Precisó que no pudo demostrarse que las máquinas secuestradas hayan sido utilizadas para extracciones como las que se les atribuyen a la asociación investigada, que los vehículos sean propiedad de Gómez, ni que el vínculo con P. tuviera fines delictivos.

Agregó que el predio allanado pertenece a su asistido, que no es compartido con P.y que aquel se ded ica a la reparación de camiones, siendo tal el motivo del hallazgo de vehículos de ese tipo en el lugar.

Dijo que el hecho de que Gómez comercie con combustible no implica una vinculación con el petróleo crudo o sus derivados.

Señaló, en definitiva, que no se ha podido probar que el encartado fuera el aporte necesario requerido por el tipo penal escogido en ningún tramo del iter criminis, y desde esa óptica indicó que el fallo no cumple con las exigencias del artículo 123 del ritual.

Con relación al embargo, sostuvo la falta de razonabilidad de lo resuelto al respecto y la necesidad de que sea reducido.

5. Por los imputados Enrique Hugo del Valle y Alejandro del Valle los doctores José González y Matías Camino señalaron que el establecimiento vinculado con los nombrados no estaba preparado para llevar adelante los procesos que se les atribuyen -tratamiento del petróleo crudo-.

Dijeron que en el pronunciamiento del a quo se alteró la plataforma fáctica del hecho atribuido, violentándose el principio de congruencia y, consecuentemente, el derecho de defensa de los imputados.

Cuestionaron la interpretación y posterior valoración que el magistrado realizó sobre los resultados de las intervenciones de las comunicaciones entabladas por los encartados y dieron una versión diferente sobre lo conversado.

Entre otras cosas, concluyeron que los diálogos dan cuenta de una operatoria comercial ajena a la hipótesis delictiva atribuida.

Señalaron que no existen elementos que vinculen a los del Valle con el petróleo crudo, y tampoco que los ubiquen formando parte de una organización con el imputado N. P.

Indicaron, además, que aquellos no estaban conectados con G.R., ni con lo que se elaboraba en su planta.

Finalmente, cuestionaron el encuadre de la maniobra investigada en la figura descripta en el artículo 210 del Código Penal, en el entendimiento de que no existía de parte sus asistidos un acuerdo de voluntades previo al hecho.

De esta forma, solicitaron el sobreseimiento de los nombrados y, en subsidio, la nulidad del fallo.

6. El defensor de C. P. y de P.B. sostuvo que el fallo brinda una fundamentación aparente y arbitraria.

Dijo que no existen pruebas que acrediten la configuración de una asociación ilícita, y descartó que se encuentren probadas características propias de esa figura, entre ellas, un acuerdo previo de voluntades de llevar adelante una pluralidad de planes delictivos.

En ese sentido, señaló que P. no tiene vínculos con ninguna de las empresas identificadas como intermediarias en el ilícito investigado, que no se lo observó participando de los encuentros mantenidos por otros de los imputados, que no conoce a la mayoría de ellos, y que los diálogos que entabló con su hermano reflejaban ajenidad en los sucesos.

Con respecto a esto último discrepó con la interpretación efectuada por el a quo sobre lo conversado y aseguró que ello no estaba vinculado con un aporte a la maniobra encarada el 2 de febrero de 2020. Agregó que la situación económica de su asistido le impide hacer aportes dinerarios como el que se le endilga y que la empresa E.E.T. s.a. jamás pudo haber sido utilizada dado que no se encontraba operativa legal ni materialmente.

Con respecto a B. la defensa sostuvo que tampoco se configuran los elementos que exige la figura de asociación ilícita.

Consideró que es indiscutible la ausencia de aportes permanentes a lo largo del período objeto de investigación y que su imputación se sostiene a partir de acontecimientos transitorios y aislados, insuficientes para ese reproche. No se puede inferir, señaló, una permanencia en el acuerdo asociativo.

Desde este enfoque, solicitó la exclusión del delito previsto en el art.210 del Código Penal, en ambos casos.

Por otro lado, sostuvo que el magistrado se excedió al procesar a P. en orden al delito de robo calificado, toda vez que la fiscalía solicitó la falta de mérito del nombrado por el episodio del 2 de febrero de 2020. Alegó, al respecto, la vulneración del principio acusatorio.

Refirió que no existen suficientes probanzas que respalden el procesamiento de los imputados por ese hecho y solicitó que sea revocado el fallo en ese aspecto.

En subsidio, entendió que debe excluirse la agravante «banda» y aplicarse la figura de delito tentado. Sobre lo primero, estimó que resulta requisito que el suceso recaiga sobre una persona física. La procedencia de la tentativa, dijo, descansa en el hecho de que ha existido una frustración ante la interrupción del iter ciminis por razones ajenas a la voluntad del sujeto activo (incendio).

En relación a la prisión preventiva, cuestionó la validez de los fundamentos brindados y sostuvo que en el caso de ambos imputados no se configuran riesgos procesales que la justifiquen.

A eso agregó que el a quo no tuvo en cuenta que los nombrados tienen hijos menores que se ven perjudicados con la medida coercitiva impuesta.

En lo que hace al embargo indicó que el fallo carece de un adecuado análisis sobre las pautas del art. 518 del Código Procesal Penal y que no es posible establecer cuáles son los elementos valorados para la fijación de los elevados montos, los cuales, señaló, no se ajustan a las constancias de la causa y no pueden ser afrontados con los recursos económicos con los que cuentan los imputados.

7.Los defensores de Gustavo Cesar Degliantoni sostuvieron que el pronunciamiento es nulo porque no cumple el recaudo legal de motivación, contiene contradicciones, es confuso y arbitrario.

De tal modo, entendieron que se configura el vicio de incongruencia y una indefensión absoluta.

Señalaron que el encartado no ha tenido participación en los hechos, que no hay elementos que lo vinculen como financista de la asociación ilícita investigada y que desconocía las maniobras delictivas que esta última llevaba a cabo.

En ese sentido, refirieron que el dinero que, según se afirma, su asistido prestó a N. P. era exiguo para considerarlo inmerso en las maniobras ilícitas desplegadas y que ese préstamo, cuyo destino el imputado no conocía, no se inscribió en una sistemática de aportes a la organización, sino que se trató de algo excepcional que descarta la hipótesis que sostuvo el a quo.

Destacaron que los miembros del grupo desconocían la ubicación de la casa del imputado, y que eso es indicio de que no formaba parte de aquel. También hicieron hincapié sobre la relación de rispidez que mediaba entre los hermanos P. y sobre la deuda que existía entre ellos.

Refirieron que el artículo periodístico aludido por los investigadores contenga entidad como prueba de cargo, sostuvieron que en el fallo se hicieron falsas afirmaciones sobre la titularidad del encartado sobre dos propiedades y agregaron que la petrolera «Degab» desarrolla actividades lícitas.

Señalaron que no surge de estas actuaciones que su asistido haya mantenido conversaciones con N. P., ni que estuviera agendado en el dispositivo de este último.

Dijeron que no le compró el petróleo crudo robado al nombrado y que nada lo vincula con el episodio del 2 de febrero de 2020.En este último sentido, refirieron que nadie se comunicó con él luego del suceso y que esa prueba es contundente para considerarlo fuera de la organización delictiva.

De esta forma, la defensa requirió el sobreseimiento de Gustavo César Degliantoni y, en subsidio, el dictado de su falta de mérito, ordenándose las medidas oportunamente propuestas.

8. En representación de Gustavo Degliantoni, los doctores Marchetti y Díaz sostuvieron, entre otras cosas, que el fallo que lo incrimina al nombrado carece de fundamentación y contiene valoración arbitraria y contradicciones. Entendieron que tales circunstancias, las cuales -según afirmaronconfiguran el vicio de incongruencia y una vulneración al derecho de defensa en juicio, lo descalifican como acto válido.

Señalaron que el encartado no ha tenido participación en los hechos, que no hay elementos que lo vinculen como financista de la asociación ilícita investigada y que desconocía las maniobras delictivas que esta última llevaba a cabo.

Indicaron que el dinero que, según se afirma, su asistido prestó a N. P. era exiguo para considerarlo inmerso en las maniobras ilícitas desplegadas y que ese préstamo, cuyo destino el imputado no conocía, no se inscribió en una sistemática de aportes a la organización, sino que se trató de algo excepcional que descarta la hipótesis que sostuvo el a quo.

Destacaron que los miembros del grupo desconocían la ubicación de la casa del imputado, y que eso es indicio de que no formaba parte de aquel. También hicieron hincapié sobre la relación de rispidez que mediaba entre los hermanos P. y sobre la deuda que existía entre ellos.

Señalaron que no existía una fluida relación entre N. P.y Gustavo Degliantoni, y que ello no puede inferirse de la información extraída del celular de aquel -entre otras cosas, destacaron los largos períodos durante los cuales no se comunicaban-.

Indicaron que no pueden considerarse inscriptos en la planificación de las maniobras delictivas investigadas los encuentros que habrían mantenido los nombrados, y agregaron que los ofrecimientos del primero giraron en torno a combustible o Bio Diesel y no de petróleo crudo, que era el producto robado. Desde esta perspectiva, descartaron toda afirmación relacionada con compras de esto último por parte del imputado.

Dijeron que no es real que se haya utilizado facturación de Petrolera Degab para perpetrar las maniobras delictivas, y agregaron que nadie se comunicó con el encartado luego del episodio del 2 de febrero de 2020, prueba que consideraron contundente para considerarlo fuera de la organización.

En definitiva, la defensa requirió el sobreseimiento de Gustavo Degliantoni y, en subsidio, el dictado de su falta de mérito, ordenándose las medidas oportunamente propuestas.

9. Con relación a los imputados J.O.M. y P.B. el doctor José Gabriel Pérez sostuvo que ninguno posee antecedentes penales, que han adoptado una actitud colaborati va durante el proceso -M. se presentó en la delegación de la policía federal de la ciudad de Neuquén una vez anoticiado de su pedido de captura-, que tienen arraigo, trabajo estable y carga alimentaria, por ser padres de niños menores de edad.

En tales condiciones, entendió descartados los riesgos de fuga y de obstaculización de la pesquisa, e innecesaria en ambos casos la medida cautelar privativa de libertad impuesta por el a quo.

Y a ello agregó que no existen pruebas suficientes que lleven a afirmar la participación de los nombrados en los hechos enrostrados.

10. Con relación a los imputados Oscar Durán, H.A. y N. P.su defensor señaló que no se configura el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal como lo afirmó el juez de grado.

En ese sentido, cuestionó la idea de un acuerdo asociativo y la hipótesis de que este se haya sostenido en el tiempo. Así, consideró que el reproche se ajusta más a una participación en el hecho concreto que a una asociación destinada a cometer ilícitos.

Con relación al delito de robo agravado señaló que A. no fue intimado por ese hecho y requirió la nulidad parcial del pronunciamiento incriminatorio dictado al respecto.

Dijo que por ese hecho la fiscal requirió la falta de mérito de D., por lo que corresponde revocar lo decidido al respecto y adoptar un temperamento en sintonía con lo dictaminado por la acusadora.

En subsidio, sostuvo que la prueba colectada no es suficiente para sostener los procesamientos de los nombrados por el delito de robo agravado.

En relación a eso cuestionó la valoración que hizo el juez sobre las comunicaciones que entabló D., y dijo que los diálogos no tienen contenido delictivo y que no reflejan un vínculo del imputado con el suceso.

A eso añadió que el nombrado no intervenía en la administración del predio alquilado a Laborde, por lo que desconocía qué vehículos entraban allí.

Con respecto a A. también cuestionó la valoración realizada sobre las conversaciones intervenidas, destacando que no son contemporáneas al hecho y que tampoco versan sobre cuestiones vinculadas con él.

Hizo hincapié sobre la incapacidad de la planta de Valentín Alsina para procesar petróleo crudo y a partir de esa circunstancia entendió que cae la hipótesis que sostuvo el a quo sobre el rol de A. en la maniobra investigada (nexo).

De este modo, la defensa solicitó que sean revocados los procesamientos de A. y de D. por el delito de robo agravado, y que se dicte la falta de mérito de los nombrados.

El procesamiento de N. P.por el delito de robo, señaló, se sustenta únicamente con las conversaciones telefónicas mantenidas por el nombrado y esas pruebas carecen de valor probatorio autónomo. En función de ello, requirió el dictado de un pronunciamiento expectante.

Subsidiariamente solicitó que se readecúe la calificación al grado de tentativa.

Respecto de la imputación al nombrado por el delito de estrago doloso seguido de muerte sostuvo la atipicidad objetiva y subjetiva. Sobre el punto, destacó el magro alcance del fuego que se generó en el camión cisterna y la ausencia de bienes en las cercanías. Señaló que no se encuentra comprobado el dolo directo en torno a la acción del autor de provocar un incendio o explosión, y agregó que el dolo eventual también es incompatible con la hipótesis de investigación.

Dijo que como consecuencia no puede atribuirse el resultado muerte y que corresponde revocar el procesamiento dispuesto por el delito previsto en el artículo 186, incs. 1° y 5°, del Código Penal.

Con respecto a la prisión preventiva indicó que no hay indicadores negativos de riesgos procesales que legitimen la medida, y que si se considerara lo contrario, existen medidas menos lesivas que la impuesta para neutralizarlos.

En relación al embargo, cuestionó la valoración efectuada por el a quo y su elevado monto.

11. En lo que atañe a los imputados C.S. y M.D. el doctor Daniel Ramón Trava cuestionó la valoración de la prueba efectuada por el a quo y sostuvo que esta última es insuficiente para probar la autoría de los nombrados sobre el delito de robro enrostrado.

Lo mismo refirió el letrado respecto del delito de asociación ilícita.

Con respecto a D. dijo que de sus conversaciones telefónicas no surge que conociera a los demás imputados, ni que supiera si la planta estaba o no habilitada.Tampoco, según señaló, emerge de esos diálogos que el material al que se hacía referencia fuera de origen espurio, o que el nombrado haya llevado algún camión al depósito de R. Por el contrario, entendió que puede extraerse de ellos su preocupación por la cuestión ambiental.

Las comunicaciones de S., indicó la defensa, no giran en torno a punciones de oleoductos ni a petróleo crudo. Se refieren a la posibilidad de conseguir producto de descarte de barcos pesqueros, actividad que no es ilícita.

Descartó que las comunicaciones mantenidas con otros imputados impliquen per se una actividad de delictual y dijo que no se ha acreditado que el nombrado haya enviado camiones a alguna planta de procesamiento de combustible ni que haya recibido ese producto, o que lo haya comercializado.

Por otro lado, indicó que en ninguno de los dos casos existen riesgos procesales que justifiquen la medida coercitiva impuesta.

Con respecto al embargo, cuestionó su excesivo monto.

En definitiva, indicó que deben dictarse los sobreseimientos de S. y de D., o, en su defecto, la falta de mérito de ambos, y las consecuentes libertades.

12. El defensor de N.S., J.L.O. y José Luís Defeo señaló que los hechos descriptos tanto en la indagatoria como en el fallo resultan imprecisos, por lo que tales actos deben ser anulados debido a que dicha falencia afecta el derecho de defensa en juicio de los imputados y el principio de congruencia.

Agregó que el modo de valorar la prueba dificulta la revisión de los fundamentos, y que los elementos probatorios recolectados no son suficientes para el dictado de las medidas impugnadas.

Indicó que S. no formaba parte de la asociación ilícita investigada. Dijo que su intervención se limitó a una promesa de conseguir celulares descartables, pero que ella nunca se concretó. Y agregó que la nombrada desconocía el fin que se les iría a dar a esos aparatos.

Señaló también que teniendo en cuenta la distanciada relación que mantenía con O.es imposible pensar que pudieran formar parte de la misma empresa criminal.

Descartó que pueda atribuírsele a S. el delito de estrago doloso seguido de muerte y en cuanto a ello disintió con la interpretación del a quo efectuada sobre la conversación que la nombrada mantuvo con N. P. el día siguiente al hecho.

Dijo también que la nombrada no tuvo dominio sobre el suceso, que todas las conversaciones que mantuvo con otros imputados fueron desde su casa, y que sólo se enteró de aquel después de acontecido.

Por otra parte, restó entidad a las conversaciones telefónicas que mantuvo O. y dijo que ellas, igual que las de otros imputados, no son prueba suficiente como para considerarlo inmerso en la asociación ilícita investigada.

Señaló la defensa que no hay pruebas que acrediten que O. haya llevado adelante la perforación del oleoducto incendiado, y añadió que la valoración de procesos sin sentencia firme viola la presunción de inocencia del imputado.

También hizo hincapié en que no se le secuestraron herramientas destinadas a aquel trabajo.

Con respecto a Defeo hizo hincapié sobre su desconocimiento en relación a las maniobras de robo de petróleo que llevaban adelante otros imputados, dijo que no las controlaba el nombrado y que no se encontraba en el lugar de los hechos.

Defeo -afirmó su abogado- se limitó a enviar sus camiones de acuerdo con lo ordenado por P. y A. D.L.M., sin saber para qué los nombrados los emplearían.Señaló que los elementos secuestrados de su taller eran herramientas propias de un negocio de ese tipo y agregó que su asistido entregó voluntariamente a la autoridad el camión de su propiedad que se había utilizado durante la maniobra, porque no tenía nada que ocultar.

Indicó que ninguna conversación en la que participó Defeo lo vincula con los hechos investigados y que las mantenidas por sus consortes ratifican su ajenidad.

Con estos argumentos el recurrente solicitó que sean revocados los procesamientos impugnados.

Desde otra óptica, sostuvo la atipicidad de la conducta encuadrada en las figuras de asociación ilícita y robo calificado, en el entendimiento de que no ha existido en el caso una pluralidad de planes delictivos y de que tampoco se ha especificado el hecho particular que se imputa.

Señaló, luego, que la conducta calificada como estrago agravado debe ser considerada culposa, y agregó que ante la inexistencia de acusación alternativa por el delito previsto en el artículo 186 del Código Penal -que describe la figura culposa- correspondería el sobreseimiento de los imputados.

Finalmente, en lo que atañe a la prisión preventiva, indicó que no se configuran los riesgos procesales que le darían sustento.

13. Con relación a Carlos María Laborde su defensa técnica sostuvo que el fallo no cumple con el recaudo de motivación exigido por el ordenamiento ritual, que la valoración de la prueba reunida es arbitraria y que existen profundas contradicciones con las constancias de la causa.Como consecuencia, viendo violada la defensa en juicio, requirió la nulidad del pronunciamiento.

Entendió que lo elementos de prueba colectados no dan suficiente respaldo al criterio adoptado, que solo se cuenta con algunas intervenciones telefónicas que no prueban ninguna acción delictiva.

Refirió que fue el señor Defeo quien dejó el camión involucrado en el incendio del paraje Frapal dentro del galpón del encartado, dijo que los tanques de combustible hallados en el lugar no los operaba el nombrado y agregó que no fueron utilizados para maniobras relacionadas con petróleo obtenido de modo ilícito.

Destacó que Laborde no cuenta con un capital que le permita financiar a un grupo como el investigado, que no se e ncuentra probada la magnitud de las extracciones de petróleo crudo que se atribuyen, y se agravió de la valoración que hizo el juez sobre la forma en que declaró el imputado.

Por último, sostuvo que no se configuran riesgos procesales que justifiquen la medida privativa de libertad impuesta y que es exorbitante el monto de embargo fijado.

III. Cuestiones previas.

1. Por una cuestión metodológica se analizaran en primer término los planteos que pretenden invalidar el pronunciamiento de mérito.

En ese sentido, se advierte que fueron cuestionamientos repetidos aquellos que se centraron en la carencia de los fundamentos exigidos por los artículos 123 y 308 del Código Procesal Penal, y en la falta de congruencia entre los hechos atribuidos en las indagatorias y los que fueron endilgados al dictar los procesamientos.

Tales circunstancias, sostuvieron los recurrentes, conllevan una grave violación al derecho de defensa de los imputados y, por consiguiente, al debido proceso legal.

2.Con respecto al principio de congruencia se ha dicho que «(.) tiene por objeto asegurar que cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva se asigne, el hecho que se juzga debe ser idéntico al que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquél sustrato sobre el cual las partes desarrollaron su necesaria actividad, acusatoria o defensiva» (C.C.C.Fed., Sala II, causa n° 31.699 «Ditlevsen; Patricia s/nulidad», Reg. n° 34.531 del 23 de mayo de 2012 y sus citas).

Es que «(e)l principio de congruencia o de correlación entre la imputación y el fallo, como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio exige que el pronunciamiento jurisdiccional sólo se expida sobre los hechos y las circunstancias contenidas en la imputación que le hayan sido intimadas al encausado y sobre las cuales, por consiguiente, haya tenido ocasión de ser oído» (Maier, Julio B., «Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos», Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 568 y ss.).

En el caso se advierte -tal como lo han indicado algunas de las defensas- que ha existido falta de correlación parcial entre la imputación dirigida a P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo del Valle, Alejandro del Valle, R. G. A., D. R., C.S., H.A., M.D., D.I.C. y J.O.M. en sus respectivas indagatorias, y aquella que se tuvo en consideración al resolver sus situaciones procesales.

Concretamente, se observa que al describir los hechos que les atribuyó a los nombrados en el acto de defensa el a quo se centró en la asociación de la que consideró formaban parte, describiendo con detalle muchas características de la misma, pero de manera genérica -sin referencias, por ejemplo, a fechas o a lugares puntuales de comisión- los ilícitos que el grupo solía ejecutar.

Al dictar los procesamientos de los nombrados, además de considerar suficientemente acreditada la configuración del delito de asociación ilícita -art.210 del Código Penaltuvo por probado que habían incurrido en el de robo, agravado por haberse cometido en poblado y en banda -art. 166, inc. 2, del Código Penal-.

A juicio del Tribunal, los encartados no han sido suficientemente intimados por los hechos que luego fueron encuadrados en la última de esas figuras. Es decir, se advierte una incongruencia parcial que socaba en ese aspecto la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Sobre todo si repara en que otros de los imputados, también procesados por el delito de asociación ilícita y el de robo en aquellas circunstancias, al ser indagados fueron intimados por la extracción ilícita de petróleo crudo acaecida entre finales de enero de 2020 y el 2 de febrero de ese año a la vera de la ruta provincial n° 72, altura del kilómetro 28, Coronel Dorrego.

Corresponde, por consiguiente, declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en lo que atañe a los procesamientos de P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo del Valle, Alejandro del Valle, R. G. A., D. R., C.S., H.A., M.D. y Jonathan Oscar Montiel, dictados en orden al delito previsto en el artículo 166, inciso 2, del Código Penal -art. 167, inc. 3, y art. 168, segundo párrafo, del Código Procesal Penal-.

Esa tesitura, en atención al carácter de la nulidad en trato y al efecto extensivo de los recursos establecido en el artículo 441 del Código Procesal Penal, también habrá de alcanzar a la situación de D.I.C.

3. Por lo demás, se advierte que el magistrado ha enumerado adecuadamente las pruebas existentes en el sumario, las vinculó a los casos estudiados y detalló los elementos que le permitieron atribuirle participación en ellos a los encartados.De esta forma, construyó las responsabilidades de acuerdo al sistema de valoración probatoria consagrado por el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Las defensas podrán discrepar con el criterio del juez a quo, agraviarse de la ausencia de elementos probatorios que justifiquen lo decidido, así como de la falta de vinculación entre las pruebas valoradas y la conclusión a la que se arribó, pero, de todos modos, resulta inadmisible el planteo efectuado en tanto y en cuanto las discrepancias puestas de manifiesto sólo constituyen una mera diferencia de opiniones, anticipada a la etapa contradictoria del debate, que tendrá adecuada respuesta en el marco de las apelaciones planteadas.

IV. Asociación Ilícita -art. 210 del Código Penal-.

1. Se encuentra prima facie probada la existencia de una asociación de personas que, al menos entre el mes de marzo de 2019 y el 1 de septiembre de 2020, llevó adelante maniobras dirigidas a apropiarse de hidrocarburo, trasladarlo, almacenarlo en plantas de tratamiento, procesarlo a través de diferentes métodos (desechando los residuos producidos a la cuenca Matanza – Riachuelo), y, finalmente, comercializarlo obteniendo alto rédito económico.

Para llevar adelante dichas operaciones sin levantar sospechas el grupo montó una estructura a la que pretendió darle rasgos de legalidad. Esa estructura incluyó, entre otras cosas, la tergiversación de datos en los documentos que utilizaba para los traslados del producto.

La prueba que respalda dichas afirmaciones está constituida por declaraciones de testigos, escuchas de los diálogos mantenidos entre los integrantes del grupo, seguimientos, peritajes, secuestro de materiales a fines.

Con más o menos intervención y participación todos los imputados formaron parte de la referida asociación.

2. En efecto, de la denuncia anónima que dio inicio a esta investigación surgió, entre otras cosas, que Néstor Hugo y C. P. trasladaban petróleo crudo, utilizando facturas en la que se consignaban datos falsos para ocultar la maniobra, hasta una planta clandestina del rubro «destilería» manejada por R. G. A. (fs.3/4).

Allí, se desprende de dicha pieza, se refinaba el producto y se arrojaban los residuos generados por el proceso a la Cuenca Matanza- Riachuelo.

El denunciante también indicó que la empresa encargada de suministrar el crudo era «Transporte D.L.M. S.R.L.».

Los elementos incorporados con posterioridad robustecen la hipótesis denunciada y llevan a inferir que los nombrados, junto a otras personas que fueron individualizadas con el correr de las medidas ordenadas, conformaban una verdadera sociedad orientada a ejecutar las acciones ilícitas referidas con el objetivo de lograr amplios beneficios económicos.

2.1. N. P. coordinó junto a otros integrantes de la organización las maniobras de extracción de petróleo crudo ejecutadas mediante una punción clandestina en el oleoducto perteneciente a la empresa «Y.P.F. S.A.», a la altura de la localidad de Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires. Las mismas tuvieron lugar entre el 25 de enero de 2020 y el 2 de febrero del mismo año, fecha esta última en la que se produjo el incendio de uno de los camiones empleados para el traslado del hidrocarburo.

De las conversaciones que mantuvo con Daniela Posadas, persona con quien tenía entera confianza, surgen términos que conducen inexorablemente a vincularlo con dichas acciones.

Por ejemplo, el encartado ha tenido oportunidad de comentarle que «la gente ya sabe todo, el tema que son cañerías nuevas que no se saben los caudales, las presiones», que «(e)sto trabaja mucho caudal y poca presión», y que llevaron otro equipamiento «por eso el tornero y por eso todas las cosas que hubo que armar» (cd.4 com.5, conversación del 27/1/2020 17.18:45 horas).

Durante la misma conversación P.también le explicó a su interlocutora que es «de menos a más (.) es lo planificado».

El mismo día, pero en el marco de una charla posterior, el nombrado le indicó a Posadas que trabajarían hasta las seis y media, siete, y que a partir de ese horario tendrían que cortar «porque empieza a amanecer» (cd.4 com.41, conversación del 27/1/2020 a las 23.32:51 horas).

A su vez, el día siguiente, en horas de la madrugada, Néstor P. se comunicó con Posadas y le contó que se encontraba en la intersección de la ruta 3 y la 72; «Coronel Dorrego» precisó ella. Esos datos tienen correlato con la información brindada por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina en cuanto a que durante esa llamada el abonado de P. activó una celda ubicada, justamente, en Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires (cd.5 com.2, conversación del 28/1/2020 a las 00.22:52 horas, y datos anexos en el legajo de intervenciones telefónicas del abonado de N. P.).

De otros diálogos que mantuvieron P. y Posadas se desprende que las actividades de extracción se dilataron, que ello exigía mantener al personal abocado a las mismas por más tiempo que el planificado y, por consiguiente, que sería necesario contar con más dinero para poder cumplir con los pagos (cd.6 com.10, comunicación del 29 de enero de 2020 a las 17.39:35 horas).

Para hacerse de él P.tuvo que pedir prestado doscientos mil pesos a «Gustavito, el de Ramallo»; «padre e hijo», le señaló a Posadas (ver comunicación citada, la entablada el mismo día a las 21.55:58 h oras -cd.6 com.13-, y la del 22 de mayo de 2020 a las 21.16:42 horas – cd.120 com.14-).

Conforme pudo establecerse, hacía referencia a Gustavo y Gustavo César Degliantoni (apartado IV.2.5).

De acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones PP-02-00-002413-20/00 del Juzgado de Garantías n° 3, UFIJ n° 9, del Departamento Judicial de Bahía Blanca, el 2 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la localidad de Coronel Dorrego -a la vera de la ruta provincial n° 72- se halló el semirremolque cisterna dominio DJC162 incendiado, restos de petróleo esparcido y una conexión clandestina unida a ramal de oleoducto perteneciente a la empresa Y.P.F. S.A.

El incendio de ese rodado pudo conectarse con el ingreso de Edgardo Vargas al Hospital Municipal de Coronel Pringles con quemaduras en gran parte de su superficie corporal. El nombrado fue trasladado al nosocomio por una persona que conducía un camión sin acoplado con dominio PQF 640.

Tal como surge de los informes de dominio extraídos en el marco de dicho expediente este último vehículo -tractor con cabina dormitorio dominio PQF 640, según el documento- es titularidad de «TRANSPORTE A. D.L.M. SRL», mientras que el semirremolque incendiado – dominio DJC 162- pertenece a José Luís Defeo (cfr. fs. 30 y fs. 35, respectivamente).

Como se dijo, en las tareas de extracción de petróleo crudo llevadas adelante en C. D. P. fue una pieza clave. Sin embargo, no fue la única maniobra de ese tenor en la que el nombrado intervino como miembro de la asociación investigada.De ello dan cuenta las charlas telefónicas que mantuvo con otros de los integrantes -entre ellos, Laborde, O., Gómez, quienes también desempeñaron un papel relevante-, las cuales serán individualizadas en los acápites que siguen.

Por otro lado, de acuerdo a lo que surge de la denuncia génesis de esta pesquisa, el nombrado trasladaba el petróleo del que se apropiaba a la destilería clandestina que manejaba R. G. A. -conocido como el «Tucumano»-, para su tratamiento.

Las pruebas que respaldan lo afirmado en dicha declaración serán individualizadas al tratar la situación del nombrado R. (apartado IV.2.14).

2.2. A. D.L.M., vinculado con la empresa que lleva su apellido, proveía el transporte para la actividad ilícita que desarrollaba la sociedad.

Los términos de la denuncia inicial respaldan dicha afirmación, al igual que los elementos de prueba recolectados.

En efecto, nótese que se registró una conversación telefónica con N. P. el 28 de enero de 2020 -cinco días antes de que se desencadenara el incendio referido- en el marco de la cual le manifestó a este último que estaba intranquilo porque no sabía si le había pasado algo a él o a los camiones (cd.5 com.17, comunicación del 28/1/2020 a las 18.25:42 horas).

P., además de indicarle que estaba «todo perfecto», le informó sobre tareas de «abrir» y «agrandar» que debieron hacer «ahí abajo», y se refirió a cuestiones de «caudal», «presión» y carga en camiones.

Luego, con posterioridad al siniestro, y frente a la necesidad de hacer un duplicado de la llave de uno de los camiones que estaban siendo empleados en las maniobras, P. le envió a A.D.L.M., por micro, el «tambor de la puerta» y el «módulo» del vehículo para que gestione la tarea (ver cd.10 com.8, del 2 de febrero de 2020 a las 13.00:18 horas, com.9 de las 13.28:42 horas y com.12 14.40:15 horas, y la del 3 de ese mes y año iniciada a las 11.38:12 horas – cd.11 com.5-).

Cabe recordar que el tractor con cabina PQF-640 con el que se trasladó a Vargas luego del incendio del cisterna el 2 de febrero de 2020 estaba registrado a su nombre (ver apartado anterior) y que de acuerdo a lo que surge de la declaración de Hilda Chaparro Barreto, quien fuera esposa del fallecido, este último «era chofer de camión, de la empresa tosquera A. D.L.M., quien lo contrató a mediados de Diciembre del año 2019, con el fin de viajar al Sur, para transporte» (fs. 460/462 del PP-02-00-002413- 20/00).

Y a lo expuesto debe añadirse que frente al domicilio de P.B. se halló un semirremolque cisterna de la firma «Transporte A. D.L.M.» cuyo dominio -IQZ111- resulta muy similar al que, según el denunciante, llevaba aquel semirremolques cisterna de esa empresa que solía ingresar a descargar petróleo crudo a la destilería de R. G. A. -IZQ111- (fs. 3/4 del principal y acta de allanamiento del domicilio ubicado en Pedro Burgos Monobloc 11-II, departamento «A», Azul, provincia de Buenos Aires; objetivo 26).

Dicha circunstancia, además de fortalecer el cuadro de relaciones que se describe, le da sustento a los términos de la denuncia inicial.

2.3. José Luís Defeo era el titular registral del semirremolque dominio DJC162 que se incendió el 2 de febrero de 2020.

Su vínculo con otros intervinientes en esas maniobras surge del análisis general de comunicaciones llevado adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tres Arroyos en el marco de la I.P.P. 02-01- 002413-20/00 (cfr. fs.420/421 de las referidas actuaciones).

Además, pudo establecerse que el 25 de enero José Luís Defeo conversó telefónicamente con P. y los puntos que abordaron estuvieron directamente relacionados con aquellas acciones (cd.2 com.11, de las 15.22:48 horas).

Lo indicado transforma en infructuosos los intentos de deslindar responsabilidad y de cargar con ella a otras personas.

A la vez, pudo acreditarse que Defeo estaba conectado con O. y que mantenía reuniones con él a los efectos de planificar, desde el rol que desempeñaba, las maniobras ilícitas que este último pretendía encarar (ver intervención al abonado de Defeo, cd.185 com. 3, del 26/7/2020 a las 16.30:47 horas).

En definitiva, José Luís Defeo, al igual que A. D.L.M., no aparece interviniendo personalmente en los trabajos de extracción de hidrocarburo coordinados de forma presencial por N. P. entre el 25 de enero de 2020 y el 2 de febrero de ese año. Sin embargo, su participación consciente y voluntaria dentro de la organización, materializada en aportes de vehículos para el transporte del producto y personal capacitado para las tareas, surge evidente de las pruebas identificadas.

2.4. P.B. se desempeñó como chofer de los camiones que empleaba el grupo para trasladar el hidrocarburo del que se apropiaban mediante las acciones ilícitas descriptas.

P. le indicó a «Pedro» que envíe en colectivo a la terminal de ómnibus de Liniers el «tambor de la puerta» y el «módulo» pertenecientes al camión involucrado en los hechos que tuvieron lugar en Coronel Dorrego y que allí, tales elementos, serían recibidos por A. D.L.M. (cd. 11 com. 22, del 3/2/2020 a las 22.19:49 horas, legajo de escuchas telefónicas de N. P.).

Entre la prueba colectada surge también una conversación en el marco de la cual A. D.L.M. le indicó a P.que al día siguiente «Pedro» le llevaría el camión (cd.43 com.13, del 3 de junio de 2020 a las 17.13:29 horas).

Y, sumado a eso, pudo constatarse la presencia en el domicilio de B. del camión con cabina Mercedes Benz 695, versión 1735 45, dominio AB583OC perteneciente a «Transporte A. D.L.M. SRL» y, frente a la vivienda, el semirremolque tanque modelo SRT3AL0014 marca Fangio, dominio IQZ111, de la misma firma, con pedido de secuestro del 30 de septiembre de 2019 dispuesto por el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 de Avellaneda (cfr. acta de allanamiento del domicilio ubicado en Pedro Burgos Monobloc 11-II, departamento «A», Azul, provincia de Buenos Aires; objetivo 26).

Cabe destacar que en la denuncia inicial el deponente indicó que pudo observar la llegada a la destilería de R. G. A. de camiones con petróleo crudo que tenían el plotter «Transporte A. D.L.M. SRL». Entre ellos, indicó, un semirremolque cisterna con un dominio muy similar al del último de los vehículos enumerados: IZQ111.

2.5. Gustavo Degliantoni y Gustavo Cesar Degliantoni financiaban operaciones que desarrollaba la asociación y comercializaban en la planta de su propiedad el producto sustraído por aquella.

Como se indicó más arriba, frente al retraso de los trabajos que estaba realizando en Coronel Dorrego para apropiarse del petróleo crudo, P. se vio en la necesidad de requerir a los nombrados la suma de doscientos mil pesos (ver apartado IV.2.1).

En conexión con ello aparece el siguiente comentario de P. a Posadas efectuado el 29 de enero de 2020, día en que salió el primer camión con el hidrocarburo desde Coronel Dorrego:

«lo tengo que llamar al Junior que lo llamo por telgram» (cd. 6 com. 13, del 29/1/2020 a las 21.55:58 horas). Pudo establecerse que a través de esa plataforma P. solía contactarse con G. P., y esas conexiones no han podido captarse.

Tiempo después, al conversar con Carlos María Laborde, P.le indicó que fue a ver al «príncipe» -como también era conocido Gustavo Degliantoni- para requerirle la suma mencionada. Y luego le comentó que este y su padre, apodado el «rey», frente a su requerimiento le preguntaron «vos estas seguro que es para terminar el .», respondiendo P., «sí» (cd.120 com.14, del 22 de mayo de 2020 a las 21.16:42 horas).

El punto es que en el domicilio de los Degliantoni también se encontraba J.L.O. haciendo idéntico pedido. Luego, en privado, O. le habría indicado a P. que era él -O.- quien debía hacer los requerimientos de dinero al «príncipe» (cfr. comunicación recién citada).

De lo indicado se infiere la participación de O. y Laborde en las maniobras, pero además que los pedidos de dinero a Gustavo Cesar Degliantoni y su hijo se encontraban previstos por el grupo y que estos últimos no solo conocían cuales eran los objetivos de los requirentes, sino que constituían un eslabón más dentro de la organización con plena conciencia de las acciones que en su seno se desarrollaban.

Y en este sentido, no puede perderse de vista que N. P. mantenía una relación comercial, y también afectiva, de larga data con los Degliantoni.

La información extraída del teléfono celular de aquel es esclarecedora. Surge de allí que «junior» fue agendado el 23 de enero de 2017 y que en la p lataforma WhatsApp ambos aparecen intercambiando mensajes desde diciembre de 2015: se repiten saludos por días festivos, en agosto de 2016 y en julio de 2019 negociaciones con combustible, y en esta última fecha diálogos por medio de los cuales se buscaba coordinar reuniones.

A eso debe agregarse que P. realizó compras a través de la firma «Petrolera Degab S.A.», cuyo Director Titular es Gustavo Cesar Degliantoni (cd.190 com.4, 6 y 25, del 31 de julio de 2020 a las 11.59:06 horas, 12.11:06 horas y 16.11:31 horas, respectivamente).

Como se indicó más arriba, y se profundizará a continuación, O. también era una pieza central de la organización delictiva, focalizada en punciones de oleoductos y extracción del petróleo que corre dentro de ellos.

El 28 de mayo de 2020 se captó una nueva comunicación entre Laborde y P. en la que mencionaron a O. y conversaron sobre el pedido de financiamiento que este último le fue a hacer al «príncipe». Laborde profundizó sobre el tema en el siguiente sentido: «si ahora le llega a ir bien en la gestión va arrancar para allá porque dijo que había hecho bajar la herramienta también, como ya tenía todo preparado ya había dado la orden de que baje la herramienta y la gente para que haga el laburo porque ya tenía el lugar, lo que fue a buscar el financiamiento y ponerse en actividad» (cd.126 com.3 del 28 de mayo de 2020 a las 15.12:22 horas).

Cuarenta minutos después O. se comunicó con Laborde y le comentó que lo pudo ver, que «estaban los dos ahí» (cd. 126 com.20, de las 15.56:06 horas).

El 2 de julio O. mantuvo una conversación con una persona apodada «narigón» que giró en torno a negocios vinculados con productos a extraerse de distintos yacimientos, de su facturación y de su precio. Durante el diálogo, este último hizo referencia al «mano suelta de Ramallo», y O. acotó: «(t)e saca a pasear en lancha» (cd.161 com.9, del 2 de julio de 2020 a las 18.28:14 horas).

Es evidente que se intentaba evitar nombres, la utilización de términos cifrados es común entre los miembros de una asociación orientada a cometer delitos.Sin embargo, además de conocerse a esta altura la relación que unía a O.con los Degliantoni, no puede perderse de vista que Gustavo César es el propietario de la Guardería Náutica Ramallo.

Los elementos colectados terminan de delinear el rol que desempeñaban Gustavo Cesar y su hijo dentro de la organización y llevan a acompañar el criterio del a quo en ese aspecto.

2.6. J.L.O. formaba parte de la asociación investigada.

Tal como se indicó precedentemente – apartados IV.2.1 y IV.2.5-, durante las extracciones ilícitas de petróleo crudo que Néstor P. estaba coordinando de manera presencial en Coronel Dorrego, O. se presentó en el domicilio de los Degliantoni a solicitar dinero para poder culminar dichas tareas (cfr. comunicación entre P. y Laborde del 22 de mayo de 2020, ya citada).

Surge evidente que a O.y P. los unían idénticos objetivos espurios y que en ellos, ambos cumplían roles preponderantes.

Los diálogos que mantenían denotaban un vínculo extendido en el tiempo e incluso a finales de mayo de 2020 los investigadores pudieron fotografiarlos juntos.

Días después de ese encuentro, a principio de junio, se registraron comunicaciones entre O. y P.B. -otro miembro de la organización- en las que se dejaron traslucir las intenciones de ambos -con clara iniciativa del primero- de llevar adelante maniobras ilícitas vinculadas con petróleo o derivados.

Ya se indicó que en las conversaciones entabladas por los miembros de la organización la utilización de términos modificados o la omisión de palabras comprometedoras, eran moneda corriente. Los diálogos que giraron en torno a las referidas maniobras no son la excepción.

Pese a ello, la verdadera esencia de lo que se estaba planificando se filtra.

Nótese que ambos se refirieron de forma insistente, en varias de sus conversaciones, a un producto que denominaron «harina», pero a la vez se los percibe muy sorprendidos cuando comentan que la «pagan por kilo». Según le indicó O. a B.»eso no hablas de kilo, hablas de litros».

Y luego, en el hilo del diálogo, aquel señaló «por kilo. el fuel» (conversaciones del 6 y 11 de junio de 2020, 12.58:36 horas -cd.135 com.3- y 18.42:47 horas -cd.140 com.7-, respectivamente).

Con estos pasajes queda al descubierto que el diálogo no tenía como eje al cereal molido sino al hidrocarburo y sus derivados, elementos sobre los cuales la asociación tenía puesto el foco.

Durante los meses de junio y julio de 2020 se repitieron las comunicaciones entre B. y O. que giraron en torno a los preparativos para las maniobras que estaban encarando y el reclutamiento de mano de obra. Concretamente, de dichas conversaciones y de los mensajes de texto enviados por el último de los nombrados el 5 de julio de 2020 pudo individualizarse a J.O.M. (apodado «el pata») y a D.I.C. (alias «el peludo»).

Con un marco más amplio de análisis en el que quedaron abarcados los nombrados en últimos término, surgieron datos de importancia vinculados con las maniobras que estaban por emprenderse:

B. y O. debatieron sobre cómo hacerse de elementos que denominaron «herramientas» (comunicación registrada el 8 de julio de 2020 a las 20.40:54 horas -cd.167 com.8-); M. y C. dialogaron sobre un «generador», «para no andar renegando» (cd. 214 com. 40, comunicación del 24 de agosto de 2020); O. y C.conversaron sobre unas «palas» que tendrían que llevar, y el primero de ellos indicó «nos estamos viendo el martes» (comunicación del 29 de agosto de 2020, 21.18:13 horas).

El registro del domicilio de C. se produjo el 1 de septiembre de 2020, y el hallazgo de objetos reconocidos por personal de Y.P.F.como aquellos que suelen utilizarse para realizar punciones de oleoductos, dispuestos de una forma que hacía presumir que iban a ser próximamente trasladados, aparece como corolario de las conversaciones telefónicas que le antecedieron y derriba aquella hipótesis que los encartados pretendían construir con sus diálogos encriptados (acta de allanamiento del domicilio «visto de frente a la derecha, al de Merlo n° 95, ciudad de Neuquén», objetivo n° 36).

En definitiva, los trabajos que habían comenzado a planificarse a finales de mayo de 2020 no llegaron a ejecutarse debido a la intervención de las fuerzas de seguridad. La investigación llevada adelante en torno a ellos permitió seguir develando el modus operandi del grupo, reafirmando los roles asignados a los integrantes que ya estaban individualizados y establecer nuevas participaciones.

Sin embargo, cabe aclarar que la participación de O. no se limita a las acciones reflejadas en las pruebas que se detallan en este acápite. Su vínculo con otros eslabones fundamentales del grupo -P., Laborde- ya fue puesto de manifiesto y de los diálogos que mantuvo con ellos puede extraerse la verdadera dimensión de su aporte -apartado IV.2.10.-.

2.7. P.B. tuvo un rol activo en la organización de la extracción de hidrocarburo que le había propuesto O. a principios de junio de 2020.

Se desprende de las reiteradas comunicaciones telefónicas que mantuvo con el nombrado que tuvo a su cargo el reclutamiento de mano de obra y el acopio de herramientas para la ejecución de las acciones que ambos estaban planificando.

Entre las personas que integraron se encontraban D.I.C. («el peludo») y J.O.M. («el pata»). En el domicilio del primero de ellos, allanado el día en que se iban a iniciar las referidas tareas, se hallaron elementos destinados a su perpetración (ver apartado precedente).

2.8. Como se indicó precedentemente,J.O.M. fue convocado para la realización de los trabajos de punción que venían planificando O. y B. desde finales de mayo de 2020 (apartados IV.2.6.y IV.2.7.).

Desde esa fecha se sucedieron comunicaciones que lo ubicaban formando parte en los preparativos. El 29 de agosto O. se comunicó con él y con D.I.C. para definir la fecha de inicio de los trabajos: «para el martes va a estar todo listo», «a media tarde», le indicó a M. (comunicación entablada a las 21.16:51 horas).

Luego, ese martes, tuvieron lugar los allanamientos y los secuestros en el domicilio de C., a los cuales ya se hizo referencia (apartado IV.2.6.).

Mientras los registros domiciliarios se iban desarrollando M. hizo llamadas telefónicas en las que se lamentaba por la detención que había sufrido su padre, «se llevaron a mi papá, culpa mía», refirió (comunicaciones del 1 de septiembre de 2020, 10.17:33 horas y 14.49:12 horas).

2.9. N.S., entre otras cosas, proveía aparatos de telefonía no registrados y vehículos a los integrantes de la organización.

Estaba conectada con J.L.O., pero O. D. actuaba de nexo entre ambos porque aquel no quería mantener un vínculo directo con ella.

Tales cuestiones surgen de las conversaciones que fueron intervenidas.

Por ejemplo, el 27 de mayo de 2020 D. entabló una conversación con S. y en el transcurso de la misma aquel le pasó el teléfono a O. quien le comentó a la nombrada que estaba desesperado, que necesitaba plata (cd.125 com.1, de las 11.55:06 horas). No debe perderse de vista que para esta fecha O. iniciaba los preparativos con miras en los trabajos de extracción ya individualizados.

Luego, el 21 de junio de ese año S. le contó a D. que ya le había organizado todo a «JL» -como también se lo solía identificar a José J.L.O.-, «los teléfonos» y «consulta de transporte» (cd.150 com.7, de las 10.26:54 horas).

De esa conversación surge que ambos, S. y O., se conocían desde hacía tiempo.

El mismo día pero más tarde S.le comentó a D., con relación a O., lo siguiente: «no me quiere dar el número de teléfono de él para que yo lo llame cuando estoy y cuando no estoy» (cd. 150 com.8, comunicación de las 10.33:58 horas). Posteriormente se comunicó D. con O. indicándole que Noelia tiene todo solucionado (cd. 150 com.7, comunicación del 21 de junio de 2020 a las 12.35:17 horas).

Días después D. le comentó a O. que la nombrada tenía «los chips» y que pasaría por su casa a dejárselos (cd. 160 com.3, conversación del 1 de julio de 2020 a las 12.03:40 horas).

Además de fungir de nexo como recién se explicara, D. contaba con un depósito en Olavarría que era utilizado por los imputados Carlos Laborde (apartado siguiente) y N. P. Allí, la prevención halló el camión involucrado en el evento del 2 de febrero ya aludido (acta de allanamiento del predio ubicado en Ruta Provincial n° 51 y autopista Fortabat, Olavarría, en PP-02-00-002413-20/00, fs. 89/vta.).

2.10. La prueba reunida revela que Carlos Laborde era también parte de la asociación ilícita investigada y que su rol comprendía muchos aspectos de las maniobras que el grupo desarrollaba.

De las conversaciones que mantuvo se lo puede identificar proyectando el arrendamiento de lotes para emprender excavaciones que permitan acceder al oleoducto objeto de punción, gestionando logística para esa tarea, consiguiendo las herramientas necesarias, financiando los movimientos y negociando la compra y venta del producto obtenido.

Enfrentar ese abanico de acciones -como es lógico suponer- implicaba coordinar con una variedad de actores y ese extremo también se ve reflejado en las comunicaciones entabladas.

Con N. P.se comunicaba de manera asidua y se estableció que ambos mantenían reuniones en el domicilio de Laborde, ubicado en Sierras Bayas, Olavarría.

Entre los puntos de interés que fueron abordando cabe destacar los contactos que Laborde habría activado en la esfera política, «para que ayuden a la causa» (cd.57 com.8, del 20/3/2020 a las 19.16:16 horas); el combustible que el nombrado detentaba (cd.74 com.11, del 6/4/2020 a las 19.41:57 horas); y el modo de manejar el negocio que desarrollaban (cd.89 com.15, del 21/4/2020 a las 22.31:00 horas).

Sobre esto último las palabras de Laborde son muy ilustrativas y conviene transcribir el respectivo extracto: «esa es la que va en toda esta historia porque la terminas en la refinería con lo blanco, si bien le sirve la vaca marcada viste para carnear el campo, viste como hacen los carniceros que tienen una vaca marcada, le colgaron el gancho, y todo el resto lo carnearon en el campo, bue esto es parecido».

En otra conversación Laborde y P. charlaron sobre una «operación grande» y de los vínculos que hay que «tocar» para concretarla, derivando en la posibilidad de hacerse de herramientas para las tareas a emprender -«bomba», «motobomba», «bomba antiexplosión», «grupo electrógeno»- (cd.210 com. 34 del 20/8/2020 a las 22.01:54 horas).

También se registró un diálogo entre ambos que giró en torno a los valores de un arrendamiento y las actividades que podían desarrollarse en el sitio arrendado.En este último sentido, Laborde indicó que tendrían que procurar que el contrato de arrendamiento prevea la posibilidad de extracción de canto rodado porque de ese modo se podría ingresar con una retroexcavadora y «ahí pasa gato por liebre», «el argumento es una cantera de canto rodado» (cd.

184, comunicación n° 12, del 25/7/2020 a las 21.34:42 horas).

Y en la misma dirección, Laborde precisó que «en el marco de una extracción minera, queda mucho más lindo, digamos, que salgan camiones, que entren camiones y que anden máquinas dando vuelta» (ver conversación recién citada).

No puede perderse de vista, en relación a lo señalado, que en el depósito que utilizaban Laborde y P. en Olavarría, propiedad de D. y donde se halló el camión involucrado en los acontecimientos del 2 de febrero, también se halló piedra y arena.

Siguiendo con las intervenciones telefónicas, se advierte que se registraron conversaciones en las que se abordaron temas vinculados con negocios del mismo tenor, desplegados por otras personas; con la filtración de datos a través de la «mano de obra»; con la posibilidad de utilizar billetes falsos, o «pintados», en las negociaciones; e hicieron referencia a otros imputados en la causa -N.S., J.L.O. y O. D-, reafirmando así la existencia de vínculos motivados en los objetivos ilícitos que gobernaban los intereses de la organización que integraban (cfr. cd.186 com.12, cd.204 com. 33, cd.206 com.

2, cd.211 com.14, cd. 216 com.12).

También pudo establecerse que Laborde se comunicó con O.D., luego intentó hacerlo con N.S. y el número resultó equivocado – recuérdese que la nombrada era asidua adquirente de chips para celulares-, y, finalmente, se comunicó con P. con quien intercambio información sobre las maniobras que estaban emprendiendo otros integrantes del grupo.En el marco de la charla mantenida con P., Laborde comentó que Pepe le compró un camión al «príncipe», mote este último que el grupo le había asignado a Gustavo Degliantoni (cd.217 com. 11 del 27/8/2020 a las 16.37:54 horas, cd.219 com. 1 del 29/8/2020 a las 10.48:08 horas, com. 2 del 29/8/2020 a las 11.27:35 horas y com. 3 del 29/8/2020 a las 11.39:28 horas).

El 28 de mayo de 2020 se captó una comunicación entre Laborde y P. en la que mencionaron a O. -individualizado allí como «el viejo»- y afirmaron que estaban trabajando juntos. Además, conversaron sobre el pedido de financiamiento que este último le fue a hacer al «príncipe» -Gustavo Degliantoni, como ya se indicara- y profundizaron el tema del modo siguiente: «si ahora le llega a ir bien en la gestión va arrancar para allá porque dijo que había hecho bajar la herramienta también, como ya tenía todo preparado ya había dado la orden de que baje la herramienta y la gente para que haga el laburo porque ya tenía el lugar, lo que fue a buscar el financiamiento y ponerse en actividad» (cd.126 com.3, del 28 de mayo de 2020 a las 15.12:26 horas).

Surgieron también charlas vinculadas con el soporte económico que prestaba Laborde para los trabajos vinculados con extracción de hidrocarburo cuya ejecución estaba encabezando O., con la intervención de aquel en la confección de permisos de circulación falsificados -«se puede dibujar, haciendo firmas y sellos», señaló- para que el último de los nombrados pueda desarrollar dicha actividad, y con la venta del producto obtenido de las maniobras ilícitas que encaraba el primero (ver conversaciones entre ambos, en cd.137 com.6 del 8/6/2020 a las 11.35:20, cd.148 com.4 del 19/2020 a las 12.39:37 horas, en cd.160 com.5 del 1/7/2020 a las 15.42:46 horas y acta de allanamiento del domicilio ubicado en Rivadavia 2508, piso 7°, Olavarría, objetivo n° 23).

2.11. C. P. también formó parte de la organización investigada.

El nombrado fue identificado en la denuncia inicial como una de las personas que trasladaban petróleo crudo hasta la planta clandestina de refinamiento que manejaba R. G. A.

De sus conversaciones se desprende que conocía a J.L.O., a quien identificó como «JL», tal como solían llamarlo otros de los involucrados, y que sabía con precisión cuales eran las tareas que llevaba adelante el grupo:

«(b)ásicamente están robando petróleo» (cd.102 com. 14 y 15, del 4/5/2020 a las 22.08:02 horas).

En determinado momento tuvo inconvenientes con su hermano, N. P. y con otros integrantes del grupo. Como consecuencia, buscó hacerse del capital que había invertido.

Se registraron diálogos de los que surge que habría cambiado de rubro a actividades vinculadas con el reciclado de plásticos.

Sin embargo, su relación con el negocio del petróleo y sus derivados no se había diluido.

Conversaciones que versaron sobre el «negrito», y el «liviano» que, según C. P., estaban por conseguir, persuaden de que dicha desconexión no tuvo lugar (cd.82 com.2 del 14/4/2020 a las 17.42:41 horas).

Y a eso se añade que el 6 de julio de 2020 le consultó a su hermano si en el caso de conseguir un producto negro puede destilar en «Estándar» (cd.165 com.4).

2.12. La relación de José Gómez con la asociación investigada y, particularmente, con las actividades ilícitas que en el marco de ella se desarrollaban, cobra visibilidad luego de la conversación que mantuvo el nombrado con N. P.el 10 de abril de 2020 (cd.78 com.3, registrada a las 17.20:15 horas).

En concreto, surge de ella que ambos planificaban el alquiler de un depósito en las cercanías del predio de Y.P.F. para hacérselos «en las narices».

Luego se lograron intervenir otras que también giraron en torno a cuestiones comerciales (cd.117 com.23 del 19/5/2020 a las 20.41:51, cd.208 com.8 del 18/8/2020 y cd.215 com.1 del 25/8/2020), y en una en particular Gómez le comentó a su interlocutor lo siguiente: «vine a traer un viaje de combustible robado para un amigo (.) termino y ya me voy para la cueva» (cd.158 com.1 del 29/6/2020 a las 13.58:49 horas).

José Gómez y N. P. compartían un depósito en Isidro Casanova, en la calle Antártida Argentina 6982, en el cual pudo verse el camión cisterna al que se refirió el último de los nombrados en la conversación telefónica que mantuvo con uno de sus choferes el 14 de abril.

Al realizarse el allanamiento del sitio fueron hallados vehículos estacionados, tres tanques y camiones cisternas. Pudo establecerse que el camión dominio GLT499 y el semirremolque cisterna dominio AKT985 hallados en el lugar tenían pedido de secuestro activo a pedido de la UFI n° 15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -por el delito de robo, damnificado Oscar Alberto Agostena- y del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 20 -expte. n° 5925/16-, respectivamente (ver acta de allanamiento del depósito ubicado en Antártida Argentina n° 6982, Isidro Casanova, objetivo n° 21).

También se encontraron dos bombas extractoras, un manómetro y muestras de lo que parecieran ser distintos tipos de naftas.

Y a eso debe añadirse que a través de las imágenes registradas en el DVR secuestrado en el establecimiento, allí se realizaban labores con combustible y se llevaban adelante reuniones en las que participaban varios individuos.

2.13.Enrique Del Valle y Alejandro Del Valle se encargaban de comercializar el producto que obtenía la organización, y utilizaban la planta manejada por R. G. A. para su tratamiento.

Sobre lo primero, son elocuentes las conversaciones que mantuvo Enrique Del Valle con N. P. el 3 de junio y el 9 de septiembre del 2020. De ellas se desprenden las negociaciones que realizaba el primero en nombre de la sociedad; que estaba involucrado su hijo, Alejandro del Valle; el procedimiento que se llevaba adelante para la transacción -«llega el camión, lo analizan, le gustó, lo baja, y posterior (.) nos pagan»-; y la envergadura de la operación -«tres por semana»- (cd.43 com.9 del 3/6/2020 a las 15.28:45 horas y cd.46 com.17 del 3/9/2020 a las 16.42:20 horas).

Con referencia a los compradores, Del Valle refirió en la segunda de la conversaciones citadas «(e)stán escondiendo (.) lo trasladan a otro lado, tienen miedo, estos acostumbrados a laburar con delincuentes ¿viste?».

El vínculo de Enrique y Alejandro Del Valle con A. D.L.M. surge de la comunicación que este último entabló el 27 de marzo de 2020. Durante el diálogo, que giró en torno a camiones y tanques cisternas que tenían que pasar a retirar, se mencionó a «Ale» y a «Quique Del Valle» (cd.64 com.13 registrada a las 17.12:55 horas).

Luego, la conversación mantenida entre los dos últimos el 17 de abril del mismo año es correlato de la citada y reafirma el vínculo que unía a los nombrados con A. D.L.M.

Concretamente, en el marco de la misma Alejandro le comentó a su padre que fue a verlo para pedirle los camiones que eran de él (cd.85 com.7 registrada a las 10.57:11 horas).

Alejandro y Enrique Del Valle, como se dijo, también estaban vinculados con R. G. A. -conocido como el «Tucumano»- y con los trabajos que el nombrado realizaba en la destilería ubicada en Valentín Alsina.En ese sentido discurrió la conversación que mantuvo Enrique el 15 de mayo de 2020 con una persona identificada como «Facundo», con quien coordino un encuentro en la planta referida, al que concurriría su hijo, para verificar la calidad de un producto (cd.113 com. 30 del 15/5/2020 a las 17.35 horas).

Al día siguiente, Alejandro se comunicó con su padre para informarle que estaba yendo a «Alsina» a buscar la muestra de «Facundo» (cd.114 com.1).

2.14. R. G. A., también conocido como «tucu» o «tucumano», operaba una de las plantas en las que se trataba el producto que obtenían, del modo ilícito descripto, los integrantes de la organización.

Eso se puso de manifiesto en la denuncia inicial -fs. 3/4, ya citadas- y fue adquiriendo consistencia con los resultados de las medidas que fueron ordenándose.

En efecto, la prevención pudo identificar el sitio al que se hizo referencia en aquel acto, y establecer que el nombrado era el dueño y encargado del lugar. A la vez, comprobó que ingresaban esporádicamente camiones, algunos al sector denominado «GURADERÍA DE CAMIONES» y otros al sector del predio donde se ubican los tanques de almacenamiento.

Pudo constatarse también que en la planta se llevaban adelante trabajos de refinamiento de petróleo crudo, operaciones de secado y procesos de mezcla de productos. Con lo primero se lograban distintos hidrocarburos, entre ellos nafta, gasoil y aceite; con las operaciones de secado se buscaba eliminar el agua de la materia prima; con los procesos de mezcla se apuntaba a mejorar calidad y abaratar costos.

Los tratamientos referidos generan residuos que son denominados peligrosos por contener hidrocarburos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 24.051, se considera residuo peligroso a aquel que pueda causar daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (cfr. resultado de las tareas investigativas de fs. 29/30, fs. 31/34, fs.

216/219 y fs.221/222, e informe técnico de la Superintendencia de Investigaciones Federales, Departamento Delitos Ambientales, de la Policía Federal Argentina, obrante a fs. 227/231).

Durante el allanamiento del predio se verificó la presencia de trece -13- tanques cilíndricos verticales, dos de ellos con productos; un -1- tanque cilíndrico de incendios, de gran porte; y un playón de estacionamiento donde se ubican veinticinco -25- camiones de los cuales veintidós -22- poseen tractor y tráiler.

Además se constató la existencia de una pileta con desagüe al piso -advirtiéndose que los residuos allí volcados terminarían en el riachuelo que se encuentra a pocos metros- y de una torre de proceso, así como actividad con bombas de descarga.

Al requerir documentación ambiental, societaria y de los procesos que se llevan adelante en el lugar el encartado refirió que la misma se hallaba en poder del abogado (acta de allanamiento de la planta de tratamiento ubicada en avenida Carlos Pellegrini, a 200 metros aproximadamente de la calle Remedio de Escalad de San Martín, Valentina Alsina, partido de Lanús, objetivo n° 1).

Ahora bien, la comunicación que mantuvo el 29 de enero de 2020 R. G. A. con su sobrino D. R., cuya participación en la asociación investigada desempeñando funciones en torno a la planta referida se considera -a esta altura- también acreditada, respalda la hipótesis denunciada según la cual existía vinculación entre las extracciones ilícitas de hidrocarburo que llevaba adelante la organización y la planta de tratamiento identificada recientemente.

Nótese que durante el diálogo en el marco del cual Gerardo le pidió a Diego que se acerque hasta la planta, aquel también refirió que «ellos van a traer hoy el crudo» (cd.6 com.17 del 29/1/2020 a las 13.07:21 horas). Para la fecha en que tuvo lugar esa conversación, N. P.junto a otros integrantes de la organización se encontraba en la zona de Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, trabajando sobre un oleoducto perteneciente a la empresa Y.P.F. para poder hacerse de forma ilícita del petróleo que por allí circulaba (apartados IV.2.1, V.2 y V.3).

También relacionado con eso aparece el siguiente comentario efectuado por R. G. A. el 3 de febrero del mismo año: «¿no lo llamaste al Pana (fon)?, está haciendo quilombo por allá, por el sur» (cd.11 com.4 del 3/2/2020 a las 9.32:07 horas). Recuérdese que el 2 de febrero había tenido lugar el incendio de uno de los camiones que se estaban empleando para las referidas labores.

A la vez, se señalaran los inconvenientes que tuvo G. R. con una de las bombas de la planta. Particularmente, porque en el marco de las gestiones para el arreglo del aparato tuvo que brindar el nombre de la empresa e indicó «Delta Enería, Delta (fon), la empresa era DELPA (fon)» (cd.36 com.8 del 28/2/2020 a las 11.54:52 horas y cd.40 com.2 del 3/3/2020 a las 9.36:42 horas).

Debe repararse en que Delpa Energy fue mencionada en la denuncia originaria como la empresa perteneciente a N. P.y C.P., y que con la documentación de esa firma se habría facilitado el transporte del combustible sustraído.

De otras comunicaciones entabladas por Gerardo surgieron algunos de los procesos que se llevaban adelante en la destilería, la utilización de calor que ellos requerían y las características de las instalaciones, «perfecta para destilar» (cd.7 com.8 del 30/1/2020 a las 10.20:37 horas, cd.9 com.23 del 1/2/2020 a las 14.56:00 horas y cd.82 com.6 del 14/4/2020 a las 12.29:58 horas).

Sobre este punto no puede perderse de vista el diálogo que mantuvieron el 17 de abril H.A. y C.S.-imputados cuya situación se tratará a continuación- (cd.85 com.6 del 17/4/2020 a las 12.33:54 horas).

A su vez, se puede extraer de las charlas el rol activo que desempeñaba D. R. con relación a las tareas que se desarrollaban y los conocimientos técnicos que el nombrado detentaba (cd.40 com.12 del 3/3/2020 a las 17.28:11 horas, cd.41 com.6 del 3/4/2020 a las 10.21:27 horas, cd.55 com.1 y 7 del 18/3/2020 a las 20.01:24 horas y 10.00:01 horas y cd.81 com.1 del 13/4/2020 a las 10.27:58 horas).

De las intervenciones practicadas sobre el abonado de D. R. se desprenden cuestiones similares, y otras vinculadas con el vuelco de productos en la alcantarilla de la planta, procedimiento sobre el cual el nombrado tenía conocimiento (cd.50 com.19 del 13/3/2020 a las 20.53:51 horas y cd.54 com.4, 5 y 10 del 17/3/2020 a las 11.54:18 horas, 11.57:06 horas y 15.02:51 horas). A. D.L.M. y N.P. también supieron tocar ese asunto en la conversación del 12 marzo de 2020 (cd.49 com.6 del 12/3/2020 a las 19.06:39 horas).

En algunos de los diálogos que mantuvo R. G. A.también surgieron manifiestos reparos para conversar de ciertos temas, optando, en uno de ellos, por trasladar la charla a la plataforma digital Whatsapp (cd.48 com.7 del 11/3/2020 a las 8.55:15, cd.87 com.10 del 19/4/2020 a las 21.50:23 horas, y cd.90 com.10 y 12 del 22 de abril de 2020 a las 15.24:04 horas y 15.35:54 horas).

En otra oportunidad, se registró un llamado de Gerardo a Diego indicándole a este último que él y «los muchacho» se «pongan adentro» «porque está el helicóptero filmando arriba» (cd.58 com.1 el 21/3/2020 a las 11.36:09 horas).

Y, más adelante, se intervino una conversación de Gerardo en la que se lo percibió modificando planes para los días sucesivos porque iban a tener «visitas» (cd.43 com.18 del 6/3/2020 a las 17.29:49 horas y cd.44 com.1 del 7/3/2020 a las 11.36:15 horas).

Estas últimas comunicaciones evidencian la intención de ocultamiento, no solo de las ilícitas actividades que se llevaban adelante en la planta de tratamiento, sino además de su mismo funcionamiento, que logró develarse durante las medidas de prueba practicadas. Esto último aparece en directo correlato con la intimación que había impuesto A.C.U.M.A.R. sobre el predio de hacer cesar toda actividad que allí se desarrolle.

2.15. C.S. y H.A. estaban ligados a la asociación ilícita investigada.

Pudo acreditarse a través de las intervenciones de sus abonados el vínculo que los unía con los imputados R. G. A., N.P. y A. D.L.M.

A la vez, el rol que los nombrados desarrollaban puede encuadrarse en las acciones que fueros descriptas en la denuncia inicial de la siguiente manera:»(d)esde el año pasado comenzaron a traer al lugar, mas precisamente a la planta, crudo de petróleo o slop oil de barcos de petróleo desde Mar del Plata todo ello robado (.) los camiones son traídos por distintas empresas con facturas las cuales figuran como (.) productos no codificados, aceite quemado o producto alternativo para calderas, cuando en realidad lo que traen dichos camiones es el crudo de petróleo a la planta (.) dicho producto es traído desde la provincia de Neuquén siempre con facturas apócrifas, trabajando R. el año pasado con la empresa DELPA ENERGY, propiedad de N.P. y el Sr. C.P. (.)» (fs. 3/4, citadas).

En efecto, tal como se indicó en dicha ocasión, de las conversaciones telefónicas intervenidas surge como parte del negocio que competía a la organización el acopio, tratamiento y venta de hidrocarburo apropiado de barcos que llegaban al puerto de la ciudad de Mar del Plata.

Dichas maniobras, cuya ilicitud se trasluce de los diálogos mantenidos por los imputados, se añaden a las que fueron referenciadas en los acápites precedentes y a otras sobre las que no se ha puesto el foco. Esa compleja mezcla de acciones y de actores, el empleo de documentación con datos manipulados y el ocultamiento de movimientos comprometedores generaban un ámbito propicio para el desenvolvimiento de una sociedad como la investigada.

Ahora bien, R. G. A. dialogó sobre los viajes a Mar del Plata durante la conversación que mantuvo el 29 de enero de 2020 y en el marco de ella su interlocutor vinculó con el asunto a «Carlitos» (cd.6 com.23 de las 16.59:13 horas).

En esa misma dirección van los diálogos que mantuvieron R.y Scarlpelli, «Carlitos», el 17 y el 24 de abril de 2020.

Además, los nombrados conversaron sobre los aportes de N.P., que habrían consistido en la facilitación de camiones y documentación para respaldar los traslados del producto (cd.85 com.2 del 17/4/2020 a las 10.47:12 horas y cd.92 com.4 del 24/4/2020 a las 16.06:02 horas).

Y de la charla del 4 de mayo, mantenida entre R., S. y una persona identificada como Facundo, surgen algunos detalles relativos a los diferentes productos provenientes «de barcos» -«petróleo», «slock»- y a los procesos que se le aplican en la planta que maneja el primero de los nombrados (cd.102 com.2 de las 12.08:16 horas).

El 11 de marzo R. conversó con S., pudiendo extraerse de la charla la relación comercial y de confianza que mantenían ellos dos y H.A., así como el tenor de los negocios que llevaban adelante. Con respecto a esto último R. manifestó alivio por haber sacado un camión de la planta antes de que le hicieran una inspección, le comentó a S. en relación a ese vehículo que viene «de otra cosa, no te puedo decir por acá», y luego le indicó «(v)iste por eso te decía Mar del Plata más tranquilo» (cd.48 com.14 del 11/3/2020 a las 12.22:25 horas).

En cuanto al vínculo con A. también es ilustrativa la charla que los nombrados mantuvieron el 4 de marzo de 2020 (cd.41 com.9 de las 18.19:41 horas). A. y S. tuvieron oportunidad de planificar una maniobra, en la que incluyeron a R. G.A., que tenía por objeto el traslado de producto desde Río Negro a la planta de este último y, luego, a Ramallo, sitio en el que -cabe recordar- se encuentra situada la planta de tratamiento de Gustavo César Degliantoni (cd.85 com.6 del 17/4/2020 a las 12.33:54 horas).

Por último, cabe destacar la conversación del 27 de agosto de la que se desprende que A. y S. tenían vínculo directo con P. en lo relativo a los asuntos en trato (cd.217 com.19 del 27/8/2020 a las 17.03:26 horas).

2.16. La intervención de M.D. en las maniobras y negocios que llevaba adelante la organización investigada puede tenerse, a esta altura, acreditada.

En efecto, las conversaciones intervenidas denotan que estaba inmerso en el rubro del combustible y que mantenía frecuente contacto con R. G. A., H.A. y C. S. (cfr. del legajo de escuchas telefónicas de R., cd.15 com.6 del 7/2/2020 a las 15.55 horas y cd. 20 com.10 del 12/2/2020 a las 11.58:11 horas; y del legajo de D. cd.110 com. 19 y 20 del 12/5/2020 a las 11.08:09 horas, y cd.120 com.1 y 2 del 22/5/2020 a las 10.23:16 horas).

Los diálogos que entablaron D. y R. giraron en torno al proceso de «secado» que se llevaba adelante en la planta de este último, a través de la aplicación al producto de altas temperaturas, y también, aunque con cierto cuidado, abordaron la cuestión vinculada con el agua remanente resultado de dicho proceso. Sobre el punto R. le informó a D. «eso es tirado», «es problema mío, lo podemos hablar en privado».

Sobre esto último ya se hizo referencia al tratar la situación de R.(apartado IV.2.14.). Solo se recordará que los residuos que contienen hidrocarburos son catalogados por la ley como peligrosos y que su manejo, especialmente el modo de desprenderse de ellos, requiere un delicado tratamiento.

La preventora también pudo identificar una conversación de la que surgen los negocios vinculados con la destilación de hidrocarburo que emprendían D. y N.P., así como la utilización de documentación que para ello detentaba el último de los nombrados (legajo de este último, cd.21 com.19 del 13/2/2020 a las 18.32:15 horas).

P. y D. también utilizaban la empresa «Estandar Energy S.A.» para destilar los productos que estaban bajo la órbita de la organización. Al allanarse el predio pudieron identificarse varios tanques que contenían petróleo crudo, y cerca de ellos treinta y cinco (35) precintos azules con la inscripción «YPF» que de acuerdo a lo informado por personal de esa empresa, serían falsos (acta de allanamiento del predio ubicado en la intersección de la ruta provincial n° 24 y calle Río Pinto, R. G. A., objetivo n° 8).

P. se había referido al «paquete con los precitos» al hablar con B. Por lo tanto, puede inferirse que tales elementos, al igual que las facturas de la empresa «Transportes Térmicos» de Marcelo Falbo (cd.182 com.8 del 23/7/2020 a las 14.58:59 horas), habrían sido otros de los artilugios utilizados por la asociación para enmascarar las maniobras que desplegaba.

2.17. El cuadro descripto permite concluir -con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso- que N.H.P., Gustavo César Degliantoni, Gustavo Degliantoni, A. D.L.M., José Luís Defeo, J.L.O., Carlos María Laborde, N.S., P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo Del Valle, Alejandro Del Valle, R. G. A., D. R., C.S., H.A., M.D., O.D. y C.P.mantenían cierto grado o nivel de organización y coordinación para la apropiación de petróleo crudo (a través de, entre otros métodos, la punción de oleoductos), su traslado y almacenamiento en plantas de tratamiento, y, finalmente, su procesamiento y comercialización con miras de alto rédito económico.

A la vez, el referido escenario, define la calidad de partícipes necesario que en dicha organización revistieron los imputados P.B. y Jonathan Oscar Montiel.

3. Concretamente, las pruebas analizadas persuaden de que se trató de una organización de aquellas que describe el artículo 210 del Código Penal: compuesta por «tres o más personas», y «destinada a cometer delitos».

Esta Sala tuvo oportunidad de expedirse sobre las exigencias de la figura legal de asociación ilícita en numerosos precedentes.

En tales ocasiones, haciéndose eco de la profusa jurisprudencia sentada sobre el punto por la Cámara Federal de Casación Penal, sostuvo que para considerar configurado ese delito debe acreditarse una reunión de personas con cohesión y predeterminación de un quehacer futuro y común de un indeterminado número de ilícitos, aunque refieran a una misma modalidad delictiva (FLP 495/2013 «Cisneros, Leonardo Augusto Unzurruanzaga y otros» del 10-10-2013, FLP 3577/2016 «Romero, Marcelo Alejandro y otros» del 25-10-2016, FLP 1041/2012 «Velai, Norberto y otros» del 14-8-2018, y sus citas).

Y, con más precisión, señaló: a) que requiere una convergencia de voluntades que tienda a su permanencia; b) que no exige formas especiales de organización y que basta un mínimo de cohesión y conciencia de formar parte de la misma, de cuya existencia y finalidad se tiene conocimiento; c) que no resulta un requisito que los integrantes se conozcan todos entre sí, ni que sepan qué actividad realizan los demás, y tampoco que actúen juntos o simultáneamente; y d) que lo que la caracteriza es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos.

3.1.Se encuentra demostrado que existía entre los imputados una cohesión voluntaria que les permitía realizar las distintas tareas – ilícitas- implicadas, con el objeto de lograr materializar y sacar provecho con la venta del producto terminado.

A la vez, el desarrollo de la investigación a partir de la denuncia inicial muestra que la organización que los ligaba no era transitoria ni eventual. En ese sentido, no puede perderse de vista que desde que aquella fue formulada hasta que tuvieron lugar los allanamientos con resultados que iban en sintonía con la línea investigada, transcurrió aproximadamente un año y medio.

Con apoyatura en las pruebas colectadas en autos el a quo y la fiscal a cargo de la instrucción precisaron los roles desempeñados por cada uno de los imputados. El análisis que sobre el punto se llevó adelante en este considerando respalda las conclusiones a las que ambos arribaron.

3.2. Hay que destacar, en función de las críticas esgrimidas por varias de las defensas, que la figura delictiva de la asociación ilícita no requiere un acuerdo criminal expreso, y que «(n)o resulta un requisito que los integrantes se conozcan todos entre sí, ni que sepan qué actividad realizan los demás, pues lo que caracteriza a la asociación ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos. Para que ello exista no es necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente, tampoco es necesario el conocimiento de la parte exacta que otro desempeña en el ‘iter criminis’, ni es necesario que se conozcan entre sí; lo fundamental es el acuerdo que los une a todos de realizar conductas criminales» (C.F.C.P., Sala II, Registro n° 8480.2, Causa n° 6025, «C. M., M. A.s/recurso de casación», del 18/04/06).

Es así que, pese al e stado en que se encuentra esta compleja pesquisa y al hecho de que no todas las operaciones llevadas a cabo por los involucrados puedan ser reputadas como delictivas, es posible hablar de una pluralidad de personas, con asunción individual de un rol determinado con la finalidad común de sacar provecho de la venta del producto resultante del hidrocarburo robado, todo ello enmarcado en el contexto propio del acuerdo criminal tácito en el que cada uno lleva a cabo una determinada tarea, con miras a percibir una ventaja. En este marco, como se dijo, se ha determinado la existencia de una división de roles. De antemano sabían cuál era el fin último, independientemente del conocimiento personal que pudiesen tener entre ellos y más allá de la función específica que cada uno desarrollara dentro de la estructura ilícita, sin que tan siquiera haya sido necesario que sepan qué actos concretos iba a llevar a cabo cada integrante.

El pacto implícito ha quedado suficientemente develado tras el análisis integral de las tareas de investigación y escuchas telefónicas como también del resultado de las pericias específicas y los registros domiciliarios practicados en la causa.

Al respecto, es indiferente que algunos de sus integrantes estuviesen relacionados con algún otro trabajo lícito, pues la cuestión pasa por discernir, en cada situación individual, si en forma paralela participaron de la asociación con propósitos delictivos, circunstancia que, como se dijo, a esta altura no puede negarse.

Lo expuesto muestra que se han precisado suficientemente los roles o la distribución funcional de tareas entre los miembros de la organización (sus aportes o contribuciones específicas y relacionadas con las de los demás para el cumplimiento de los fines de la asociación) y también se ha indicado cómo, donde y de qué manera cada uno de ellos participaba de la actividad.

De esta forma, los agravios que al respecto formularon las defensas no logran rebatir los argumentosbrindados en el auto apelado donde la prueba recolectada resultó debidamente valoradas conforme reglas de la sana crítica racional.

3.3. En lo que hace al aspecto subjetivo del tipo, el mismo consistiría, esencialmente, en el conocimiento y voluntad de los participantes en relación a formar parte de la asociación en cuestión, sabiendo la ilicitud de sus fines.

Sobre ello cabe precisar -con ajuste a los elementos y fundamentos desarrollados- que la comunicación y coordinación existentes entre los procesados al realizar las actividades descriptas implica su conocimiento sobre la presencia de otros miembros en la estructura y la circunstancia de que las tareas implicadas se vinculaban unas a otras (secuenciándose o complementándose).

A la vez, se advierten comunicaciones de las que surgen diálogos sobre claras acciones ilícitas, y otros en los que redundaban los mensajes cifrados tendientes a velar temas evidentemente comprometedores.

V. Robo cometido en despoblado y en banda, y e strago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona -art. 166, inc.

2, y 186, incs. 1 y 5, del Código Penal-.

1.Como se indicó, la prueba reunida devela que la asociación investigada solía llevar adelante -entre otras acciones- robos de petróleo crudo a través de punciones en oleoductos que atravesaban distintas zonas de nuestro país.

Las conversaciones que mantuvieron los integrantes de la organización, las observaciones de la prevención, las declaraciones recibidas, los estudios técnicos y los resultados de los allanamientos constituyen elementos ilustrativos en ese sentido, verdaderos indicios que aunados permiten tener por acreditada, a los efectos de dirigir un reproche a sus intervinientes en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal, la materialidad de la extracción ilícita de aquel producto iniciada a finales del mes de enero de 2020, a la vera de la ruta provincial n° 72, altura del kilómetro 28, Coronel Dorrego.

Lo mismo sucede con la explosión y la consecuente deflagración que tuvo lugar el 2 de febrero del mismo año, a la madrugada, en el marco de las referidas acciones. Esos acontecimientos provocaron el fallecimiento de Edgardo Vargas Báez el 19 de febrero, luego de haber sufrido un shock séptico a consecuencia de las quemaduras con combustible que sufrió sobre su cuerpo.

2. En efecto, surge de la investigación llevada adelante en el PP-02-00-002413-20/00 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Juzgado de Garantías n° 3, U.F.I.J.n° 9, remitida por conexidad a la presente junto con sus acumuladas (PP n° 2368-20 y PP n° 2369-20), que en el sitio señalado se halló el semirremolque cisterna DJC- 162, sin tractor y sin ocupantes, volcado, con petróleo crudo en sus compartimiento, y con signos de reciente incineración.

En esa ocasión también se pudo establecer considerable impacto ambiental en el sector, producto del fuego y del derrame de petróleo, y una conexión clandestina realizada con caños de gas epoxi que se proyectaba por varios metros hasta un ramal del oleoducto.

El perito de bomberos, constituido en el lugar, informó que a simple vista la cisterna no tenía realizada la descarga a tierra con jabalina y que tras lectura del patrón de quemado se determinó que en la parte superior del tanque, donde se hallaba una lona estibada entre el tractor y el cisterna, se originó una descarga de energía estática, que en contacto con el material de combustible sólido (lona) dio inicio al ígneo (fs. 3, fs. 8/vta., fs. 9/19 y fs. 26/28 del PP- 02-00-002413-20/00).

Luego este último informe fue ampliado por la misma dependencia, Dirección de Bomberos, Cuartel de Bomberos Bahía Blanca, Oficina de Investigación Siniestral. Se añadió en esta ocasión que no se encontraron fuentes de ignición externas y que aquella más probable sería la de una descarga de energía estática sobre el faro indicador verde situado en la parte superior del cisterna. Asimismo, se dejó constancia que con la explosión y la posterior deflagración «existió peligro para bienes inmuebles cercanos o terceros» (fs. 42/43 del PP 02-00-002413-20/00).

El mismo 2 de febrero a la madrugada el ciudadano Antonio Ramón Rosale denunció en la Estación de Policía Comunal Coronel Pringles el robo del semirremolque referenciado (DJC-162)(fs. 2/vta.del PP-02-00-002368-20/00).

Y también el 2 de febrero, instantes antes de las 3.45 horas, ingresó al Hospital Municipal de Coronel Pringles, por guardia y trasladado por un masculino -presumiblemente Antonio Ramón Rosale- que conducía el camión Mercedes Benz dominio PQF-640, una persona que se identificó como Eduardo Vargas y presentaba quemaduras en su cuerpo (fs. 3/vta. del PP-02-00- 002369-20/00).

De acuerdo a lo que surge del informe emitido por el nosocomio en el que quedó internado -H.I.G.A. Gral. San Martín, La Plata-, Vargas falleció el 19 de febrero de 2020 luego de haber sufrido un shock séptico a consecuencia de quemaduras con nafta del 54 % de su superficie corporal con compromiso de las vías aéreas (fs.

48/49 de las actuaciones citadas).

3. Ahora bien, pudo establecerse que el tractor con cabina PQF-640 se encontraba registrado a nombre de «transporte A. D.L.M. SRL» y que el semirremolque DJC-612 pertenecía a José Luís Defeo (cfr. fs. 31/32 y 35/36 del PP-02-00-002413-20/00).

El tractor PQF-640 fue recuperado por Defeo, quien contaba con la documentación del vehículo y, según explicó, estaba gestionando la compra del mismo a su titular. Luego el rodado fue secuestrado en el marco del allanamiento llevado adelante sobre el terreno ubicado en Ruta Provincial n° 51 e intersección con autopista Luciano Fortabat, de la ciudad de Olavarría (fs.

88/89 vta.del PP-02-00-002413-20/00). Ese predio -conforme fue explicado en el considerando anterior- pertenecía a O.D y era utilizado por Carlos Laborde y N.P.

Sobre el rol medular de este último en las maniobras de extracción ilícita de petróleo crudo en Coronel Dorrego esta Sala se expidió al abordar sus aportes a la asociación ilícita que conformaba junto con los demás imputados.

De las conversaciones telefónicas intervenidas surge que finalmente los trabajos de punción del oleoducto se habían podido concretar y que el traslado del hidrocarburo se había iniciado, aplicándose para ello la logística planificada.

En ese sentido, cabe rememorar que R. G. A., a cargo de una de las plantas de tratamiento utilizada por la organización, refirió el 29 de enero que «ellos van a traer hoy el crudo». Ese comentario aparece directamente ligado a aquel que P.le dirigió a Posadas en la misma fecha: «(m)uy bien acá, primera salida», «ahora carga segundo, el que está llegando» (cd.6 com.17 del 29/1/2020 a las 13.07:21 horas).

A. D.L.M. había aportado vehículos y choferes para la concreción de las maniobras, y tenía conocimiento preciso sobre el progreso de los trabajos que se llevaban adelante.

Las comunicaciones que mantuvo con P. mientras se llevaban adelante -en el marco de las cuales le solicitó al segundo información sobre sus camiones- y aquellas entabladas luego de que las mismas culminaran -vinculadas con la gestión de un duplicado de las llaves de uno de los vehículos-, dan cuenta de ello.

El 31 de enero, frente a la pregunta «hasta ahora una vez sola cada uno», P. le indicó a A. D.L.M. «dos cada uno» (cd.8 com.9 de las 15.00:01 horas). Este intercambio reafirma que se estaban concretando las extracciones y los traslados, a la vez que delinea la entidad de las maniobras.

Ocurrido el incendio del camión cisterna entablaron comunicación P.y Defeo, pidiendo este último que se comuniquen a través de la plataforma whatsapp (cd.10 com.3 del 2/2/2020 a las 4.17:52 horas y fs. 313 vta. del PP-02-00- 002413-20/00). Más tarde se estableció que aquel estaba manteniendo una reunión con el «viejo», como solían identificar a J.L.O., en Olavarría (cd.10 com.7 del 2/2/2020 a las 11.51:32 horas).

Luego se coordinaron las acciones que tuvieron por objeto conseguir el duplicado de la llave del camión involucrado en los hechos y el borrado de rastros que conectaran con ellos (papeles que hubiera en el camión, «el paquete que está con los precintos para la carga», «la ropa del tipo»). De las comunicaciones mantenidas en torno a estas cuestiones se visibilizó la intervención de P.B. y se comprobó que existía una relación laboral de P. con el fallecido Vargas.

En cuanto a esto último cabe agregar que en el teléfono de Vargas, secuestrado por la justicia provincial, P aparece en la agenda como «patrón» (fs. 575/576 vta. del PP-02- 00-002413-20/00).

A la vez, y tal como se señaló en el apartado respectivo, Hilda Chaparro Barreto, quien fuera esposa del fallecido, indicó en relación al nombrado que «era chofer de camión, de la empresa tosquera A. D.L.M., quien lo contrató a mediados de Diciembre del año 2019, con el fin de viajar al Sur, para transporte». Y a eso agregó que «se fue de viaje un 25 de enero (.) se iba a buscar un cisterna que se encontraba en la tosquera» (fs. 460/462 del PP-02-00-002413-20/00).

Se registraron también conversaciones de las que surgieron que P., A. D.L.M. y B. planificaron una coartada para darle a la esposa de Vargas, Hilda Chaparro Barreto.Incluso el primero de ellos, en una de esas comunicaciones, en el marco de la cual gestionaba a través de una vecina de Chaparro Barreto el envío de dinero para el entierro de Vargas, llego a preguntarle a la nombrada los siguiente: «Te hago una pregunta, no es el momento por ahí, pero ¿Que es lo que paso?» (cd.28 com. 11 y 12 del 20/2/2020 a las 15.06:23 horas y 15.12:59 horas).

Con lo indicado se conectan las conversaciones que mantuvo Néstor P. con su hermano Carlos en el marco de las cuales le comentó «no se puede enterar nadie, se prendió fuego un camión» y, unos días después, «falleció el quemado. Eso es buenos, pero ahora hay que arreglar con la familia» (cd.12 y cd.20, mensajes de texto).

El análisis general de comunicaciones relevantes llevado a cabo por la Subdelegación Departamental de Investigaciones Tres Arroyos respecto de las conexiones telefónicas efectuadas momentos posteriores al incendio, respalda las intervenciones que derivan de las pruebas referenciadas. Concretamente, surge de allí que entre las 3.48 horas del 2 de febrero de 2020 y las 4.20 horas del mismo día se registraron las siguientes comunicaciones: R. con O. -3.48 horas-, Rosales con Defeo -3.53 horas-, D. con O.-4.16 horas-, Defeo con P. -4.18 horas- y O. con D. -4.20 horas- (fs. 420/421 del PP-02-00-002413-20/00, ya citadas).

Gustavo Cesar Degliantoni y Gustavo Degliantoni financiaban las maniobras que se desarrollaban en el seno de la asociación ilícita investigada, entre ellas, la extracción ilícita de petróleo crudo a la cual viene haciéndose referencia.

En el caso pudo establecerse que los tiempos estipulados para la ejecución de la maniobra se dilataron por cuestiones técnicas y que ello requirió contar con más dinero para el personal que fue empleado.

Frente a esa situación P.recurrió a los nombrados, que constituían un eslabón más dentro de la organización y con quienes mantenía un vínculo comercial y afectivo (apartado IV.2.5.).

En lo que atañe a N.S. debe destacarse que el 3 de febrero se comunicó con P., le sugirió que cambiara su número telefónico -recuérdese que su rol dentro de la organización estaba ligado, entre otras cosas, a la adquisición de chips telefónicos y su manipulación- y le pidió que le consiguiera un automóvil porque el suyo estaba relacionado con el hecho del 2 de febrero. También le indicó que conversó con «el jefe» quien recomendó que viajara a Olavarría y se alojara en su casa por si lo estuvieran buscando (cd.11 com.7 del 3/2/2020 13.10:53 horas).

En una conversación que S. mantuvo tiempo después con D., ella refirió «vamos a tener problemas otra vez y yo no quiero tener problemas».

4. Las conductas reprochadas que fueron descriptas en los acápites precedentes se encuadran en las figuras legales previstas en los artículos 166, inciso 2°, y 186, incisos 1° y 5°, del Código Penal.

4.1. La primera de esas normas establece sanción para aquellas personas que incurrieren en el delito de robo -cuya figura básica deriva del artículo 164 de dicho cuerpo de norma- si el hecho tuviera lugar «en despoblado y en banda».

Conforme pudo establecerse, al menos desde el 29 de enero de 2020 los encartados comenzaron a trasladar petróleo crudo desde el punto de extracción hacia los lugares de almacenamiento y tratamiento.

Como se indicó en el acápite precedente, ello tiene respaldo en las conversaciones que mantuvieron los encartados, y correlato en el hallazgo de ese hidrocarburo en los compartimientos del cisterna que se incendió días después.

Para garantizar el éxito de las operaciones los encartados procuraron un lugar alejado de zonas urbanizadas.La localización del sitio, lo que puede observarse de las fotografías incorporadas a la causa, y la modalidad de trabajar durante horas de oscuridad permiten tener por acreditado tal extremo.

A eso cabe añadir que a las maniobras estuvo abocado un importante número de personas, circunstancia que favoreció la concreción del resultado y que configura el elemento «banda» que prevé la figura legal agravada que se enrostra.

En ese sentido, se ha dicho que el concepto «banda», que califica como agravante el delito de robo, hace referencia al modo de ejecución del injusto pues exige que en la comisión del robo participen tres o más personas con el fin común de realizarlo. Y, además, que aquel concepto y el de «asociación ilícita» no son coextensivos, cada uno de ellos tiene su propia denotación (C.F.C.P. Sala IV, causa n° 13.463 «Molina» registro n° 887/12 del 24/5/2012 y sus citas).

4.2. El inciso 1° del artículo 186 del Código Penal establece pena para quien causare «incendio, explosión o inundación» cuando «hubiere peligro común para los bienes», y el inciso 5° de la misma norma agrava la sanción cuando el hecho «fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona».

Conforme pudo establecerse en autos los encartados montaron una estructura clandestina para llevar adelante maniobras ilícitas que implicaban la manipulación de petróleo crudo, hidrocarburo del cual buscaban apropiarse.

El manejo del petróleo, incluso en un marco de licitud, es riesgoso. Las medidas que se adoptan para el correcto desarrollo de dicha actividad son muy precisas y suelen aplicarse con mucho celo.

Para poder concretar la extracción ilícita que se imputa los encartados emplearon técnicas, artefactos, herramientas y vehículos que no pueden considerarse en sintonía con los cuidados que exige la manipulación del hidrocarburo.De hecho, el especialista encargado de llevar adelante el informe técnico encontró el origen del estallido en el hecho de que «el acoplado cisterna no poseía la descarga a tierra al momento de realizar el trasvaso de hidrocarburo» (cfr. informe labrado por el Oficial Subinspector Enrique Giménez Gustavo de la Dirección de Bomberos, Cuartel de Bomberos Bahía Blanca, ya citado).

A la vez, como se indicó en el apartado anterior, los trabajos se llevaban adelante por la noche, cuando la iluminación no abundaba. El objetivo era que pasaran desapercibidos, pero ello incrementaba las posibilidades de cometer errores.

Es decir, no puede negarse que las acciones desplegadas por los imputados para ejecutar el robo de petróleo constituían una fuente de peligro y que los nombrados aceptaron el riesgo al no detenerlas.

La explosión, que fue seguida de deflagración de llamas, efectivamente tuvo lugar.

El incendio «se propagó por la banquina y árboles del paraje», generando de esa forma peligro para bienes cercanos -así lo explicó el perito-.

Se ha sostenido en doctrina que el incendio típico se caracteriza por su «expandibilidad», por resultar incontrolable. La explosión, por su parte, puede ser causada por «combustión, transformación, o comprensión», e incluso «dilatación». Lo que la caracteriza es la «instantaneidad y la fuerza expansiva» («Código Penal y normas complementarias», Tomo 8, D. Baigún – E. R. Zaffaron, ed. Hammurabi, año 2009, Buenos Aires, p. 51).

Asimismo, se señaló que delitos como el aquí abordado son clasificados como de «peligro concreto». Por eso, «cuando el autor sabe que su comportamiento típico puede generar un riesgo para bienes indeterminados y pese a lo cual sigue actuando con conciencia y voluntad hasta el punto en que ya la posibilidad de evitar ese peligro resulta azarosa, habrá de afirmarse el dolo (de peligro), y con ello, satisfecho el tipo subjetivo de estos delitos» (ob. cit., p.58).

Finalmente, frente a las características de las maniobras que desplegaron los imputados y, particularmente, las del material que estaban manipulando cuando tuvo lugar la explosión y el posterior incendio, debe concluirse que la consecuencia calificante -fallecimiento de Vargas Báez-, resultaba para ellos, previsible (ob. cit. p. 67).

5. En función de lo señalado corresponde homologar los procesamientos dispuestos en orden a los delitos tipificados en los artículos 166, inciso 2, y 186, incisos 1 y 5, del Código Penal respecto de N.P., Gustavo César Degliantoni, Gustavo Degliantoni, A. D.L.M., J.L.D., J.L.O., Carlos María Laborde y N.S.

6. Por último, se advierte que la prueba reunida no resulta suficiente -aun a en esta etapa- como para responsabilizar a los imputados C.P., O.D. y P.B. por el hecho de robo abordado en este considerando, en relación al cual fueran oportunamente intimados.

Corresponde, por consiguiente, revocar los autos incriminatorios dispuestos sobre los nombrados en relación a ese suceso y dictar sus faltas de mérito -art. 309 Código Procesal Penal-, ordenando la profundización de la pesquisa en ese aspecto una vez devueltas estas actuaciones a su procedencia.

VI. Prisión preventiva.

En numerosos precedentes esta Sala sostuvo que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en el que se dicte sentencia de conde na no representa una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional en tanto y en cuanto tiendan a la efectiva realización del proceso penal. En sintonía, se indicó que ellas no afectan el principio de inocencia de las personas sobre las que recaen.

Lo anterior -se dejó expresado- encuentra consagración en normas con jerarquía constitucional como la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 7.5- y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos -art.9.3-, que coincidentemente disponen que la libertad de una persona podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

A través del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, aprobado por ley 27.063, se han enumerado una serie de medidas coercitivas orientadas a asegurar la comparecencia del imputado y evitar el entorpecimiento que pudiera causar mientras se desarrolla la investigación: promesa de que se someterá al procedimiento y de no obstaculización del mismo (inc. «a»), obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución (inc. «b»), obligación de presentarse ante el juez u autoridad por él designada (inc. «c»), prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine (inc. «d»), retención de documento de viaje (inc. «e»), prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, sin afectar el derecho de defensa (inc.

«f»), abandono del domicilio, en hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado (inc. «g»), la prestación de caución real o personal adecuada (inc. «h»), la implementación de vigilancia mediante algún dispositivo electrónico (inc. «i»), el arresto domiciliario (inc. «j»), y la prisión preventiva (inc.»k»).

Esta última, se aclaró, sólo será aplicable «en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados».

Es decir, la elección de las mentadas medidas debe ajustarse a los riesgos procesales – de fuga y de entorpecimiento de la investigaciónacreditados en el caso, de modo que estos últimos queden neutralizados por aquellas.

Tales riesgos serán evaluados conforme a las reglas de la sana crítica racional, sin que ese análisis obligue a tener certeza sobre su existencia, pues al tratarse de riesgos son justamente posibles consecuencias futuras (en el caso, vinculados a la libertad en el proceso penal).

Y para encarar esa labor los artículos 221 y 222 de dicho cuerpo de normas establecen un conjunto de pautas a tener en cuenta.

El primero de ellos, vinculado con el peligro de fuga, enumera al arraigo del imputado (inc. «a»), a las circunstancias y naturaleza del hecho, a la pena que se espera como resultado del procedimiento, a la imposibilidad de condenación condicional, a la constatación de detenciones previas, a la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos (inc. «b») y al comportamiento del imputado (inc. «c»).

El restante, que aborda el peligro de entorpecimiento, pone el foco sobre los indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba (inc.

«a»), intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución (inc. «b»), hostigará o amenazará a la víctima o a testigos (inc. «c»), influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente (inc. «d»), inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren (inc.

«e»).

1.De acuerdo a lo que se expuso en los considerandos precedentes, los encartados quedaran ajustados a este proceso por haber integrado una organización vinculada con la extracción ilícita, traslado, procesamiento y comercialización de petróleo crudo.

Algunos de ellos, además, quedarán en esas condiciones por la intervención que les cupo en el robo del hidrocarburo que tuvo lugar a finales del mes de enero de 2020, a la vera de la ruta provincial n° 72, altura del kilómetro 28, Coronel Dorrego, y en la explosión y posterior incendio ocasionados en ese marco, que fueron causa directa de la muerte de Vargas Báez.

La gravedad de esos sucesos, observados individual o conjuntamente, surge de la peligrosidad de las acciones con las que se encuentran ligados -manipulación clandestina de petróleo crudo-. Y desde esa perspectiva no pueden soslayarse los elevados montos de pena máxima que prevén las figuras legales en las que encuadran – art. 210, art. 166, inc. 2, y 186, inc. 1 y 5, del Código Penal-.

A la vez, debe destacarse que la organización que conformaban contaba con una sólida estructura económica y se extendía por distintos puntos del país.

Y a eso se añade que «a los fines de cuántos incentivos tendrá una persona para presentarse al juicio que se llevará en su contra, el peso de la prueba reunida es un factor que debería ser tomado en cuenta» (Cfr. Carrió, Alejandro «Excarcelaciones, presunción de inocencia, peligro de fuga y peligrosidad, ¿no es hora de mezclar y dar de nuevo?, en Revista de Derecho Procesal Penal, «Excarcelación, Santa Fé, 2005, p. 77).

Tales circunstancias deben evaluarse como un estímulo para que los encartados, en un ámbito de mayor libertad, decidan eludir el accionar de la justicia (art.221 del Código Procesal Penal Federal).

Por otro lado, el conocimiento de la estructura descripta adquirido por los nombrados en función de sus respectivas intervenciones en la misma permitiría el acceso a potenciales testigos con elevado riesgo de influir sobre ellos y, así, obstaculizar la investigación (art. 222, inc. «c» y «d», del Código Procesal Penal Federal).

De esta manera, la medida cautelar cuestionada, que en todos los casos fue impuesta bajo la modalidad de arresto domiciliario, aparece como la más adecuada a los efectos de neutralizar los riesgos procesales acreditados respecto de N.P., Gustavo César Degliantoni, Gustavo Degliantoni, A. D.L.M., José Luís Defeo, J.L.O., Carlos María Laborde, N.S., P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo Del Valle, Alejandro Del Valle, R. G. A., D. R., C.S., H.A., M.D., O.D y C.P.

2. Respecto de P.B. y de J.O.M. las modificaciones anunciadas -falta de mérito, en un caso, y nulidad, en el otro, respecto del delito de robo agravado por el que se los procesó- inciden de forma distinta en sus situaciones de detención, debido a que son responsabilizados en la causa en calidad de partícipes necesarios.

Sin perjuicio de ello, en el caso de B., la condena de ejecución condicional -a seis meses de prisión- que el 13 de julio de 2018 dictó a su respecto el Juzgado en lo Correccional n° 1 Departamental de Azul en la causa n° 4888- 2016, la cual quedó firme el 17 de agosto del mismo año, conlleva a que una eventual sentencia del mismo tenor en estas actuaciones sea de efectivo cumplimiento y que la pena que se imponga sea acumulada a la de la anterior (artículo 27 del Código Penal).

Tal circunstancia, sumada a las ya referidas, impone mantener la medida cautelar dispuesta en primera instancia -prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario-.

En el caso de M.lo apuntado, sumado a su carencia de antecedentes penales, permite la aplicación de medidas menos restrictivas que la que actualmente pesa sobre él.

En ese sentido, se considera atinado que el nombrado se comprometa a someterse al proceso y a no obstaculizar el mismo (art. 210 citado, inc. «a»), que se le imponga la obligación de presentarse regularmente ante el juez o autoridad por él designada (inc. «c»), y que se le restrinja la circulación al ámbito territorial que el magistrado considere adecuado en función de los riesgos procesales que se buscan neutralizar (inc.»d»). Todas ellas, claro está, sin perjuicio de las que el a quo entienda conducentes a esos fines.

VII. Embargo.

En relación al embargo se ha dicho que se trata de «.una garantía de naturaleza económica cuya cantidad debe ser suficiente para asegurar el cumplimiento de la pena pecuniaria, de la condena civil y las costas del proceso.» (ver de esta Sala causa n° 3217 «R.M.R.», rta. el 12-05-05, y, en igual sentido, de la Sala I de la C.C.C.F., causa n° 33.306 «Montone, Alejandro s/nulidad», rta. el 6/9/01, reg n° 758 y causa n° 29.904 «Zacharzenia», rta. el 13/11/97, reg. n° 961).

En rigor, estas pautas son las mismas que establece el artículo 518 del Código Procesal Penal.

Si bien estas tres categorías normativas le otorgan al juez un amplio -aunque no absolutomarco discrecional para ponderar el monto que en definitiva correspondería, en la medida en que no establecen topes pecuniarios específicos, los límites a la imposición arbitraria de la medida están marcados por:a) el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece que «. la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.» y b) la necesidad de que sea acompañada del dictado de un auto de procesamiento o, de ser anterior a éste, que esté justificada por peligro en la demora, circunstancias que indican que sin una imputación verosímil no sería posible el dictado de la medida (así como tampoco sería posíble el dictado de un procesamiento, por ejemplo).

De esto se desprende la exigencia de que el monto que debe fijar el juez sea suficiente para garantizar todos los rubros que se incluyen en la norma y que esa decisión derive del análisis entre esos rubros y los diferentes elementos objetivos de cada caso.

Se ha dicho, por último, que «esta medida cautelar -en referencia al embargo- es de naturaleza provisional, ya que sólo está dirigida a garantizar que se pueda cumplir un pago eventual, de modo que puede reducirse o aumentarse según las contingencias de cada caso» (lo que está entre guiones no pertenece al original) (ver causas n° 6471/III T.90 F.83 del 21-8-2012, n° 5838/III T.82 F.1 del 26-5-2011 y n° 5667/III, T.75 F.1 del 7-10-2010, entre otras).

En función de estos lineamientos, las caracteríticas de los hechos y las eventuales acciones civiles que pudieran iniciarse frente a eventuales condenas en este proceso aparecen adecuados los montos fijados en concepto de embargo respecto de los imputados A. D.L.M., Gustavo César Degliantoni, Gustavo Degliantoni, N.P., N.S., J.L.O., José Luís Defeo y Carlos Laborde -$ 30.000.000-.

A la vez, teniendo en cuenta las nulidades y los autos de falta de mérito que se dispondrán -apartados III.2. y V.6- los montos estipulados respecto de D. R., G.R., José Horacio Sánchez, Enrique Del Valle, Alejandro Del Valle, Jonathan Oscar Montiel, P.B., H.A., C.S., M.D., C.P., P.B. y O.D deberán ser reducidos, correspondiendo que el a quo, recibida que sea la presente, fije los nuevos en consonancia con las modificaciones referidas y las directrices que surgen de los pronunciamientos citados.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al planteo abordado en el apartado III.3. de este pronunciamiento.

II. CONFIRMAR los puntos dispositivos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

XIII, XIV, XV y XVI de la resolución del 20 de noviembre de 2020 en todo cuanto deciden y fueran materia de apelación -arts. 166, inc.2, 186, incs.

1 y 5, y 210 del Código Penal, arts. 306, 312, 319 y 518 del Código Procesal Penal, y arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal-.

III. DECLARAR la NULIDAD de los procesamientos dictados en relación al delito de robo agravado -art. 166, inc. 2., del Código Penal- respecto de P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo del Valle, Alejandro del Valle, G. R., D. R., C.S., H.A., M.D. y Jonathan Oscar Montiel, conforme se expuso en el apartado III.2. de este pronunciamiento -art. 167, inc. 3, y art. 168, segundo párrafo, del Código Procesal Penal-.

IV. DECLARAR la NULIDAD del procesamiento dictado en relación al delito de robo agravado respecto de D.I.C. en función de lo expuesto en el último párrafo del apartado III.2. -art. 441 del Código Procesal Penal-.

V. CONFIRMAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVIII y XLI del pronunciamiento del 20 de noviembre de 2020 por medio de los cuales se dispusieron los procesamientos con prisión preventiva de P.B., José Horacio Gómez, Enrique Hugo Del Valle, Alejandro Del Valle, R. G. A., D. R., C.S., H.A., M.D., O.D, C.P y P.B.en orden al delito de asociación ilícita – art. 210 del Código Penal, arts. 306, 312 y 319 del Código Procesal Penal, y arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal-.

VI. REVOCAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos XXXV, XXXVIII y XLI del pronunciamiento apelado a través de los cuales se dispusieron los procesamientos de O.D, C.P. y P.B. en orden al delito de robo agravado -art. 166, inc. 2, del Código Penal- y dictar la FALTA de MÉRITO de los nombrados en relación al mismo debiendo el a quo proceder del modo indicado en el apartado V.6.

(art. 309 del Código Procesal Penal).

VII. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo XLVI del pronunciamiento del 20 de noviembre de 2020 por medio del cual se dispuso el procesamiento de J.O.M. en orden al delito de asociación ilícita -art. 210 del Código Penal-, MODIFICANDO la medida cautelar impuesta a su respecto por aquellas establecidas en el considerando VI.2., párrafo 5°, de este pronunciamiento -art. 306 del Código Procesal Penal, y arts. 210, incs. «a», «c» y «d», 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal-.

VIII. CONFIRMAR PARCIALMENE los embargos dispuestos en los puntos XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XL, XLIII y XLVII de la resolución apelada y REDUCIR el monto fijado en ese concepto, DEBIENDO el a quo establecer uno que se ajuste a las pautas establecidas en el apartado VII -art. 518 del Código Procesal Penal-.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

NOTA: Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo, in fine del CPPN (art. 109, RJN).

Fecha de firma: 24/08/2021 Firmado por: MARIA ALEJANDRA MARTIN, SECRETARIA FEDERAL Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, Juez de Cámara Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ DE CAMARA

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