fbpx

#Fallos Cosas riesgosas: Responsabilidad del consorcio y del plomero que había cerrado la llave de paso de agua, por la explosión de la caldera en un departamento que provocó la muerte de varias personas

Partes: V. B. D. c/ Consorcio de Propietarios Santa Fe 2379/81/85 y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 3-dic-2021

Cita: MJ-JU-M-135427-AR | MJJ135427 | MJJ135427

Responsabilidad del consorcio y del plomero que había cerrado la llave de paso de agua, por la explosión de la caldera en un departamento que provocó la muerte de varias personas.

Sumario:

1.-La responsabilidad del consorcio accionado por la explosión de la caldera de un departamento resulta incuestionable, ello es así, porque el tanque de expansión compartido por tres unidades funcionales constituye una ‘cosa común’ del edificio, mientras que su ubicación en el gabinete del incinerador da cuenta de su existencia un ‘sector común’ de aquel, que sirve para beneficio común, y sobre el cual ningún propietario puede invocar dominio exclusivo basado en su título de adquisición, en los términos del Reglamento de Copropiedad del edificio.

2.-Era el consorcio en su carácter de guardián de las cosas comunes del edificio quien tenía el deber de adoptar todas las medidas necesarias para mantenerlas en óptimas condiciones e impedir que su utilización generase peligros o daños a los propietarios, inquilinos o a terceras personas; esa obligación ha sido evidentemente incumplida, por el hecho de que se permitía el libre acceso a una válvula que debía permanecer restringida.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-No hay razones para analizar la responsabilidad atribuida a los codemandados a la luz de un factor objetivo de atribución, ya que aquéllos no eran los dueños ni los guardianes de la cosa riesgosa que generó el hecho ilícito, ni tampoco se constituyeron en deudores de una obligación de resultado que trajera aparejada su responsabilidad objetiva.

4.-La culpa en el accionar de los codemandados ha quedado claramente acreditada en la especie, y por ello también su obligación de indemnizar a las víctimas, pues correspondía al especialista en el oficio en cuestión -plomería- cumplir con el más elemental deber de avisar del riesgo que implicaba el cierre de la llave de alimentación de agua al sistema, sin disponer que también se apagara el funcionamiento de la caldera.

5.-Las calderas y calentadores de agua y de calefacción que funcionan en los edificios son cosas estadísticamente riesgosas conforme el art. 1113 del CC., al resultar habitual que su sola existencia conlleve a accidentes que causan daños a quienes los protagonizan.

6.-El sobreseimiento no hace cosa juzgada en los mismos términos que la absolución, ya que la ausencia de referencia normativa impide recurrir a la analogía como mecanismo interpretativo en una norma restrictiva de derechos, y su dictado no implica un proceso ‘completo’ en el cual haya tenido adecuada intervención la víctima.

7.-El proceso civil no está exento, en absoluto, de garantías fundamentales que lo enmarcan, pero por su distinta naturaleza y finalidad, los principios que lo gobiernan son diversos.

8.-Corresponde rechazar la indemnización por pérdida de chance, ya que la demandante no ha demostrado la circunstancia de haber visto frustrada una chance específica, concreta y diferente al perjuicio que de por sí supone la afectación de su integridad psicofísica, y esta última manifestación del daño quedará plenamente reparada a través de la indemnización de la incapacidad sobreviniente.

9.-Al no hallarse acreditado que al momento del accidente la víctima colaborara económicamente con sus padres, únicamente puede proceder la indemnización del presente rubro en cuanto a la pérdida de chance de ayuda futura, y en tal sentido, resulta razonable suponer que una vez alcanzada por los padres de la víctima la edad en la que ya no les fuera posible realizar actividades patrimonialmente productivas, una parte de los ingresos económicos que entonces percibiera su hija serían destinados a solventar algunas de las necesidades económicas de sus progenitores.

10.-Los ancianos, por su edad avanzada frecuentemente ya no trabajan, y no hay una expectativa futura de que lo hagan y puedan colaborar al sostén de sus familiares; suelen ser, en términos netamente patrimoniales, improductivos.

11.-Quien arbitrariamente priva de vida a otra persona debe estar obligado a indemnizar ese daño en algún valor económico, aun cuando el fallecido no tenga capacidad para generar ingresos, o éstos sean precarios, o no tengan herederos forzosos, o sus causahabientes no dependan económicamente de él (del voto en disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo).

12.-Desde que la vida es el bien más preciado de todo ser humano y la pérdida arbitraria de la misma es la máxima afrenta que se puede ocasionar a una persona, resulta altamente discriminatoria que la pérdida del ser querido, en ciertos casos, no tenga valor o tenga un valor mínimo sólo en función de su inserción en la actividad económica al tiempo del hecho dañoso (del voto en disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo).

Fallo:

En Buenos Aires, a 3 de diciembre de dos mil veintiuno, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «L» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en los expedientes caratulados «V, B D C/ CONS. PROP. SANTA FE 2379/81/85 Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS», «B F, M D Y OTROS C/ CONS. PROP. AV. SANTA FE 2379/81/85 S/DAÑOS Y PERJUICIOS» y «M, M C Y OTROS C/CONS. PROP. AV. SANTA FE 2379/81/85 S/DAÑOS Y PERJUICIOS», de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Iturbide dijo:

I. El día 2 de noviembre de 2020, la señora jueza de primera instancia dictó la sentencia única en las actuaciones acumuladas «V, B D C/ CONS. PROP. SANTA FE 2379/81/85 Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS», «B F, M D Y OTROS C/ CONS. PROP. AV. SANTA FE 2379/81/85 S/DAÑOS Y PERJUICIOS» y «M, M C Y OTROS C/CONS. PROP. AV. SANTA FE 2379/81/85 S/DAÑOS Y PERJUICIOS».

En dicho pronunciamiento, aclarado con fecha 13 de noviembre de 2020, la magistrada a quo resolvió lo siguiente:

1) En los autos «Vaccaro», rechazó la demanda instaurada contra M R M d R y los terceros M D B F, D R C, D G T, L L T, F R T y M L T, y la admitió en relación al Consorcio de Copropietarios Av. Santa Fe 2379/81/85 y F P A P, condenándolos a abonar a B D V, en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de embargo y ejecución, la suma de $ 900.000 con más sus intereses y las costas del proceso.

2) En el expediente «B F», rechazó la demanda respecto de D G T, L L T, F R T y M L T y la admitió contra el Consorcio de Copropietarios Av.Santa Fe 2379/81/85 y F P A P, condenándolos a abonar, en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de embargo y ejecución, las sumas de $ 248.333 a M D B F $ 229.000 a D R C, $ 23.333 a R P B y $ 23.333 a J I B, con más sus intereses y las costas del proceso.

3) En la causa «Mango», desestimó la acción contra M D B F, D R C, M R M d R y E A G S y la admitió en relación al Consorcio de Copropietarios Av. Santa Fe 2379/81/85 de esta ciudad, a F P A P y a R B D, condenándolos a abonar, en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de embargo y ejecución, las sumas de $ 400.000 a M C M, $ 80.000 a M P D, $ 80.000 a F C D y $ 80.000 a H M D, con más sus intereses y las costas del proceso.

En todos los casos, las condenas se hicieron extensivas a Mapfre Argentina de Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

Contra dicha decisión, en «Vaccaro», expresaron agravios el Sr. P el día 2/8/2021, el consorcio demandado el día 3/8/2021 y la actora el día 11/8/2021, los que dieron lugar a las réplicas de fecha 9/8/2021, 12/8/2021, 17/8/2021.

A su vez, en «Barnatan», vertieron sus quejas el Sr. P el día 2/8/2021, el consorcio accionado el día 3/8/2021 y los actores el día 10/8/2021, los que fueron contestados con fecha 9/8/2021, 12/8/2021, 16/8/2021, 17/8/2021 y 19/8/2021.

Por último, en «Mango», presentaron sus memoriales de agravios los demandantes el día 2/8/2021, los Sres.P y D en la misma fecha y el consorcio demandado el día 3/8/2021, los que han sido respondidos con fecha 9/8/2021, 10/8/2021, 12/8/2021 y 19/8/2021.

Finalmente, el llamamiento de autos para dictar sentencia se halla firme y consentido en cada una de las actuaciones, por lo cual los procedimientos se encuentran en condiciones de dictar el pronunciamiento definitivo.

II. Antecedentes del caso

Según lo expusieron los accionantes al promover las respectivas demandas, el día 14 de julio de 2002 a las 19:00 hs. aproximadamente, B D V, su novio J M D, su amiga L M B y la abuela de esta última, M F de B, se encontraban reunidos en el departamento ubicado en Av. Santa Fe 2379/81/85, piso 9° «C» de esta ciudad, de titularidad de B T.

Relataron que, en tales circunstancias, se dispusieron a comer una «picada» en una mesa situada enfrente del calentador de agua (mal llamado «caldera»), que alimentaba la calefacción, y que pasadas las 20:30 hs. se produjo una fortísima explosión en dicho artefacto, la cual, lamentablemente le causó gravísimas lesiones a la Sra. V y provocó el fallecimiento del Sr. D, la Sra. B y Sra. F de B.

A raíz de este trágico suceso, los demandantes atribuyeron la responsabilidad civil por sus consecuencias dañosas a los accionados en cada una de las causas acumuladas, y les reclamaron el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales cuya indemnización constituye el objeto de sus respectivos reclamos.

III. La sentencia de primera instancia

Como lo adelanté en el comienzo de mi voto, mi colega de la instancia anterior, en función de las pruebas obrantes en los autos acumulados y las normas y los principios jurídicos que consideró aplicables a las cuestiones debatidas en esta controversia, admitió las respectivas demandas y condenó al consorcio accionado, al Sr. P y – únicamente en la causa «Mango»- al Sr. D a abonar las indemnizaciones indicadas en el considerando I.

IV.Los agravios En los memoriales de agravios presentados en cada uno de los expedientes acumulados, el consorcio demandado cuestionó la responsabilidad civil que le fue atribuida en el fallo apelado, la procedencia y la cuantificación de la totalidad de las partidas indemnizatorias acordadas a los accionantes y, por último, el modo en que fueron impuestas las costas procesales.

Por su parte, el Sr. P en las tres actuaciones y el Sr. D en la causa «Mango», criticaron la obligación de indemnizar que les fuera atribuida, la decisión de la señora jueza de grado acerca de los ítems del resarcimiento y el temperamento que adoptó en relación a los intereses sobre el capital de condena.

En «Vaccaro», la actora impugnó el rechazo del daño estético y de la pérdida de chance, las sumas establecidas para la reparación de la incapacidad sobreviniente y del daño moral, y reclamó la actualización de los montos de condena y de los límites de la cobertura asegurativa.

A su vez, en «Barnatan» los demandantes solicitaron la admisión del rubro «valor vida – pérdida de chance» en virtud del fallecimiento de la Sra. M F d B, la elevación de las sumas acordadas para cada una de las partidas que fueron acogidas y la actualización de los límites previstos en la póliza del seguro.

Finalmente, en «Mango», los accionantes criticaron los montos fijados para la indemnización de todos los ítems del resarcimiento y reclamaron también la actualización de los montos de condena y de los límites del seguro.

V.Aplicación de la ley en el tiempo

Frente a la existencia de normas sucesivas en el tiempo, aclaro que corresponde juzgar el presente caso -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema normativo vigente a la época de los hechos que le dieron lugar, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, porque así lo impone una correcta hermenéutica en respeto a la supremacía constitucional (esta Sala, «E, N B c/ G, C A y otros s/ daños y perjuicios», 17/3/2016, expte. N° 87.204/2012; «C, V E c/ M, J A y otro s/ cumplimiento de contrato», 26/4/2016, expte. N° 38.543/2013; «D, O E c/ Cencosud S.A. s/ daños y perjuicios», 12/5/2016, expte. N° 59.298/2011; entre muchos otros).

VI. La responsabilidad imputada al consorcio de copropietarios

A fin de dar tratamiento a este punto, de manera liminar, corresponde precisar que al momento en que ocurrieron los hechos, regía la ley 13.512 de propiedad horizontal, la cual establecía la responsabilidad del consorcio de propietarios por los daños originados en partes comunes del edificio. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2, 3, 8 y concordantes de la ley 13.512, una de las obligaciones primarias a cargo del consorcio consiste en la reparación y el mantenimiento de las partes comunes, de modo que el incumplimiento de dicho deber hará nacer en el consorcio la obligación de resarcir los perjuicios producidos en consecuencia (esta Sala, «T M S c/ Cons. de Prop. Amenábar 3.116 y otros s/daños y perjuicios derivados de la propiedad horizontal», expte. n° 28.948/2008; ídem, «L T, H E y otro c/ Consorcio de Propietarios Sánchez de Bustamante 2624/2628 s/ daños y perjuicios», expte.9.807/2012; entre muchos otros).

En la misma orientación se ha pronunciado calificada doctrina, la cual comparto, en el sentido de que los consorcios de copropietarios litigan activa y pasivamente, y multiplicidad de sentencias los condenan a cumplimentar diversas prestaciones. Ocurre que las acciones en las que reiteradamente se ven involucrados los consorcios son aquellas en las cuales se reclaman reparaciones a partes comunes que afectan a las unidades, muy especialmente las provenientes de filtraciones y humedades (Highton, Elena I., Propiedad Horizontal y prehorizontalidad, Derechos reales, Vol. 4, Buenos Aires, Hammurabi, 2000, p. 549).

En otro orden de ideas, las actuaciones acumuladas constituyen procesos de daños y perjuicios originados por la intervención activa de una cosa riesgosa como causa de los perjuicios padecidos por las víctimas. Por ello, dado que ese objeto constituía una cosa riesgosa en sí misma y por su propia naturaleza, el factor de atribución de responsabilidad a su dueño y/o guardián es objetivo, por imperio del art. 1113, 2º párrafo, 2ª parte del Código Civil (en la actualidad, la misma solución es consagrada en los arts. 1757, 1758, 1769 y concs. del Código Civil y Comercial).

En efecto, las calderas y calentadores de agua y de calefacción que funcionan en los edificios son cosas estadísticamente riesgosas, al resultar habitual que su sola existencia conlleve a accidentes que causan daños a quienes los protagonizan. La misma solución cabe aplicar a los automóviles, los ascensores, las armas de fuego, los explosivos y las demás «cosas riesgosas» que típicamente se encuadran en la segunda parte del art. 1113, párr. 2° cuando su intervención provoca un perjuicio, puesto que su mero funcionamiento es en sí mismo generador de riesgo en el sentido d e la norma legal indicada (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, «C, R H c. Norgav S.A s/ daños y perjuicios», 03/07/2012, LLBA 2012 (septiembre), p.912).

De allí que, en este caso concreto, la dilucidación del fondo de la controversia pasa por la determinación de las causas de la explosión de la «caldera» que existía en la cocina del departamento ya referido, con la consiguiente imputación jurídica de responsabilidad civil a los obligados a indemnizar los daños generados por ese gravísimo hecho.

Analizaré, en primer término, las piezas pertinentes de la causa penal por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas seguida contra F P A P, R B D y E A G, que en la etapa de instrucción tramitó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 48, y en la etapa del juicio oral y público, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 9.

No ignoro que, en estas actuaciones penales, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme el sobreseimiento dictado por la jueza de instrucción a fs. 511/516 en relación al delito de homicidio culposo, en tanto que declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó a los Sres. P y D por la imputación del delito de lesiones graves culposas a la Sra. V.

Sin perjuicio de ello, ocurre que la decisión adoptada por el tribunal de casación en sede penal no causa prejudicialidad sobre el pronunciamiento definitivo que corresponde dictar en estos expedientes.

Ello es así, ante todo, en virtud de lo dispuesto por el art. 1103 del Código Civil: «Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución». En este caso, esta norma no resulta aplicable, puesto que los magistrados con competencia en lo criminal y correccional no han dictado la absolución de los Sres. P y D, sino su sobreseimiento:y como bien lo ha señalado la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia civilistas, con criterio que comparto plenamente, «el sobreseimiento definitivo no hace cosa juzgada en los mismos términos que la absolución, básicamente argumentando que la ausencia de referencia normativa impide recurrir a la analogía como mecanismo interpretativo en una norma restrictiva de derechos, y que su dictado no implica un proceso «completo» en el cual haya tenido adecuada intervención la víctima» (Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones, 1966, t. II, p. 437; Llambías, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. IV-B, p. 94; Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, 4ª ed., 1973, p. 525; Trigo Represas – Compagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, 1987, t. 2b, p. 650; fallos de la CSJN del 25/11/60, JA 1961-II-566 y del 28/11/62, JA 1963-II-82).

En igual sentido se ha pronunciado el legislador en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 1° de agosto de 2015 -el cual, aunque no resulte aplicable a este caso, refleja la tendencia moderna adoptada en la materia- al disponer en el art. 1777 que: «Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil». El caso bajo análisis se encuadraría en el segundo y no en el primer párrafo de la norma citada, los cuales deben ser nítidamente diferenciados.

Por otra parte, considero de gran importancia tener presentes los diversos fundamentos en los que reposan la acción penal y la civil.

La primera persigue como propósito la determinación de si el agente ha incurrido en una conducta delictiva, estrictamente captada en un tipo penal escrito y vigente con anterioridad al hecho, y necesariamente dolosa o culposa, la cual -de tenerse por acreditada – habrá de implicar una sentencia de condena para el autor del hecho. Por tal razón, el proceso penal está rodeado de una serie de robustas garantías constitucionales y de derechos humanos, tales como la presunción de inocencia del imputado y el principio in dubio pro reo (art. 18, Constitución Nacional y arts.7 a 9, Convención Americana de Derechos Humanos).

A su turno, el proceso civil no está exento, en absoluto, de garantías fundamentales que lo enmarcan, pero por su distinta naturaleza y finalidad, los principios que lo gobiernan son diversos.

En un juicio por daños y perjuicios, en la medida en que se ventila concretamente el derecho a ser resarcido integralmente ante el padecimiento de un daño injustamente causado, existen presunciones legales de culpa e incluso responsabilidades objetivas (como la que nos ocupa en el sub examine); y rige el principio favor debilis, en virtud del cual resulta procedente una interpretación sobre el mismo hecho susceptible de generar responsabilidad penal, pero en un sentido que favorezca a la víctima y no al sindicado como dañador.

Todo lo expuesto conduce a ponderar la existencia del deber de indemnizar en cabeza de los demandados de acuerdo a las normas, los principios y las pautas propias del Derecho Civil, sin que ello obste, claro está, a tomar en cuenta los elementos de prueba que han sido aportados a la causa penal, a fin de dilucidar los aspectos resarcitorios del siniestro.

Pues bien: en primer término, tomaré como punto de partida el informe aportado a las actuaciones por el perito ingeniero designado de oficio, C G (ver fs. 711/724 de «Vaccaro», fs. 830/839 de «Barnatan» y fs. 916/928 de «Mango»). Ello es así, porque en este tipo de procesos, la prueba pericial de ingeniería y/o de arquitectura resultan de particular trascendencia: el informe de un experto imparcial y ajeno a la litis no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (esta Sala, Expte. n° 71.229/2018, «B, M c/ Cons. de prop. Arenales 1882 s/ daños y perjuicios derivados de la prop. horiz.»; Expte. n° 87.181/2013 «Á, L M c/ Cons. de Prop. Obispo San Alberto 3345/55/65 y Franco 3344 y otro s/ daños y perjuicios derivados de la prop. horizontal»; Expte.n° 54.809/2008 «T, J P y otros c/ Cons. de propietarios Av. Rivadavia nro. 8242»; entre otros).

A fin de elaborar dicho informe, el Ing. G se constituyó en el edificio de Av. Santa Fe 2379/81/85 e inspeccionó personalmente el sistema de calefacción y agua caliente del edificio, y en particular el de la unidad siniestrada (piso 9°, departamento «C»). A lo largo de la pericia, el experto ilustró con fotografías y detalló muy pormenorizadamente el sistema de funcionamiento del circuito de calefacción de la referida unidad, del que interesa destacar especialmente que «el recipiente del calentador, al cerrarse la válvula de libre retorno, se transforma en un sistema cerrado; y al aumentar la temperatura como consecuencia del uso del sistema de agua caliente y fallar el sensor de temperatura máxima del agua contenida en el recipiente del calentador se genera vapor, lo que produce el aumento de la presión dentro del mismo y esto origina un aumento en la temperatura a la que el agua hierve, generando un mecanismo de aumento de presión y temperatura que lleva al siniestro del sistema.» Así, concluyó en que esto solo se pudo haber producido al cerrarse la válvula de libre retorno del tanque de expansión y por fallar el sensor de temperatura del Regulador Unitrol, posiblemente por quedar fuera de la masa líquida existente en el recipiente del calentador.

A renglón seguido, el Ing.G expresó que resultaba necesario que existiera una válvula que cerrase el abastecimiento de agua del tanque de expansión hacia el sistema cerrado de calefacción, y que dada la función de «fusible» de dicha válvula frente a posibles aumentos de presión dentro del recinto de la caldera, aquélla debería haber estado bajo acceso restringido mediante llave en poder de persona responsable del edificio o bien colocarse un letrero que indicase el peligro de accionar dichas válvulas.

Ello, a más de que, en este caso concreto, el experto designado de oficio indicó que de los informes elaborados por la Superintendencia Federal de Bomberos, Departamento Técnico Investigativo y Metrogas S.A., el calentador siniestrado carecía de la válvula de alivio de presión en el recipiente y se encontraba cerrada la válvula de libre retorno a tanque de expansión.

En definitiva, y tal como atinadamente lo ponderó mi colega de grado, el Ing. G fue categórico al dictaminar que para el caso en que la válvula de libre retorno a tanque de expansión se encontrara abierta, la explosión de la caldera no se hubiera producido, aún en el hipotético caso de falla en el termostato límite de temperatura del agua (fs. 833 de «Barnatan»). De allí que, estando la válvula de libre retorno a tanque de expansión ubicada en el piso superior (gabinete de incinerador, accesible desde el palier común del piso 10º) sin mecanismo alguno que impidiera su accionamiento por terceros, el perito insistió en que dada la función de «fusible» frente a posibles aumentos de presión dentro del recinto de la caldera, la válvula en cuestión debería haber estado bajo acceso restringido mediante llave en poder de persona responsable del edificio.

Resulta cierto que el art.472 del Código Procesal impone a los expertos determinadas pautas de contenido, tales como la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde, es decir que el peritaje no puede constituir una mera opinión del perito que prescinda del necesario sustento científico. A su vez, de acuerdo a lo establecido por el art. 477 del ritual, corresponde a los jueces estimar la fuerza probatoria del dictamen pericial teniendo en cue nta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa. Se trata de una actividad intelectual y valorativa, destinada a construir y reconstruir la verdad sobre la que se ha de fallar, y no de un procedimiento mecánico (que implicaría, en definitiva, dar a los peritos la facultad de fallar, quedando limitado el contenido de la sentencia a una suerte de homologación). En suma, el dictamen del experto no ata ni vincula al juzgador, y si aquél se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, los magistrados pueden apartarse de las conclusiones volcadas en el informe aduciendo razones de entidad suficientes (Fajre, José B., «Prueba pericial», en Díaz Solimine, Omar L. (dir.), La prueba en el proceso civil, Buenos Aires, La Ley, t. 1, p. 356 y ss).

Sin embargo, no encuentro razones de peso para apartarme en este caso de lo informado por el Ing.García, al ponderar sus conclusiones en el marco de las facultades que me confieren los artículos 386 y 477 del Código Procesal, habida cuenta de que su dictamen resulta particularmente exhaustivo, detallado y consistente, como así también que ha sido sólidamente fundado en consideraciones propias de la disciplina del experto, y que cada uno de los cuestionamientos efectuados por los litigantes también fueron contestados de manera completa, minuciosa y precisa, sobre la base de razones objetivas y de principios científicos (ver, en particular, fs.

790 y fs. 805 de «Vaccaro», fs. 1060, fs. 1066 y fs. 1086 de «Barnatan» y fs. 993 de «Mango»).

Tal como lo ha expresado la jurisprudencia de este Fuero, que comparto plenamente, el hecho de que el dictamen no tenga carácter de prueba legal no importa que el juez pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del idóneo. Antes bien, la desestimación de las conclusiones a las que arribara ha de ser razonable y motivada, resultando imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (CNCiv., Sala J, 10/12/2009, expte. N° 76.151/94, «T, C D c/ L, L M).

En este contexto, la responsabilidad del consorcio accionado resulta incuestionable. Ello es así, porque el tanque de expansión compartido por tres unidades funcionales constituye una «cosa común» del edificio, mientras que su ubicación en el gabinete del incinerador da cuenta de su existencia un «sector común» de aquel, «que sirve para beneficio común, y sobre el cual ningún propietario puede invocar dominio exclusivo basado en su título de adquisición», en los términos del art.Segundo B 20 del Reglamento de Copropiedad del edificio.

En esta inteligencia, era el consorcio en su carácter de guardián de las cosas comunes del edificio quien tenía el deber de adoptar todas las medidas necesarias para mantenerlas en óptimas condiciones e impedir que su utilización generase peligros o daños a los propietarios, inquilinos o a terceras personas. Esa obligación ha sido evidentemente incumplida, tal como queda patentizado por el hecho de que se permitía el libre acceso a una válvula que -como se ha visto- debía permanecer restringida, precisamente para evitar tragedias como la que dio origen a estas actuaciones.

En apoyo de sus quejas, ha expresado el consorcio accionado -con cita de un precedente de la Sala «C» de esta Cámara» que «no procede atribuir responsabilidad al Consorcio de Propietarios de un edificio de propiedad horizontal, cuando las causas que ocasionan el siniestro son ajenas al mismo, porque las deficiencias que lo originaron se encontraban dentro de una unidad funcional, como ocurrió en nuestro caso (sentencia del 30/04/2002, AR/JUC 3141/2002)». Comparto el concepto general contenido en la primera parte de esa referencia, pero no la conclusión agregada por la recurrente en último lugar: en este caso, según se ha visto, el vicio se generó en una cosa común ubicada en un sector común del edificio, cuya guarda y cuidado no correspondía -como lo sostuvo la apelante- a los actores C y B, aun cuando este último fuera ingeniero de profesión, extremo que resulta a todas luces irrelevante en lo que se refiere a la imputación de responsabilidad civil por el siniestro que motivó esta controversia.

Finalmente, en virtud de las quejas vertidas por el Dr. M en nombre de su representada, aclaro que en el fallo apelado no ha existido omisión alguna respecto del tratamiento de una «excepción sustancial» deducida en la contestación de demanda de cada uno de los autos acumulados, ya que la defensa intentada en dichas oportunidades no constituye una excepción previa en los términos de los arts.346, 347 y concs. del Código Procesal, sino un cuestionamiento de la atribución de fondo de responsabilidad civil que, en tanto tal, ha sido tratado -y rechazado- sobre la base de las constancias de prueba y el derecho aplicable a los que ya he hecho referencia.

Por ello, arribo sin dudas a la conclusión de que corresponde confirmar la imputación de responsabilidad decidida en la instancia anterior respecto del consorcio de copropietarios, lo que así propongo al Acuerdo.

VII. La responsabilidad atribuida a los Sres. P y D

Doy por reproducidas, por razones de brevedad, las consideraciones vertidas en el apartado anterior acerca de la vinculación entre la sentencia recaída en sede penal y la que corresponde dictar en estas actuaciones acumuladas que tramitan ante el Fuero Civil.

Una vez aclarado ello, estimo pertinente recordar que el factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona (Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, tomo 2, p. 575).

Los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos.

Los primeros suponen, por definición, un reproche a la conducta voluntaria de un sujeto, y son el dolo o la culpa. Los factores objetivos de atribución (el riesgo, la garantía, el deber de seguridad, la equidad, el abuso del derecho, etc.), por el contrario, prescinden de dicho reproche subjetivo, razón por la cual no sólo es innecesario que la víctima pruebe el obrar negligente o intencional por parte del sindicado como responsable, sino que la acreditación por este último de su propia diligencia no resulta apta para exonerarse del deber de resarcir que se le imputa. Ello es así, precisamente, porque no es la culpabilidad en su conducta la razón por la que esa obligación se le atribuye (esta Sala, «M H, D c/ DOSUBA – Dirección General de Obra Social de la UBA y otros s/ daños y perjuicios», Expte.n° 64.588/2008).

En este marco, adelanto que no advierto razones para analizar, en este caso concreto, la responsabilidad atribuida a los Sres. P y D a la luz de un factor objetivo de atribución, ya que aquéllos no eran los dueños ni los guardianes de la cosa riesgosa que generó el hecho ilícito, ni tampoco se constituyeron en deudores de una obligación de resultado que trajera aparejada su responsabilidad objetiva.

Antes bien, estimo que los referidos accionados deben responder a título de culpa por el negligente desempeño de su oficio.

Nótese que en la misma línea se ha pronunciado calificada doctrina, al expedirse que en las profesiones liberales, como regla, el profesional responde de toda negligencia, imprudencia o impericia, cuya apreciación habrá de hacerse en abstracto y tomando como modelo de comparación al arquetipo del «buen» profesional, prudente pero común, genérico, estereotipado, sobre la base de las preceptivas de los arts. 512, 902 y 909, primera parte del Código Civil (Compagnucci de Caso, Rubén H., «La culpa en la responsabilidad medica», LL 1994- A-277).

También el art. 1768 del Código Civil y Comercial de la Nación, aunque no resulte aplicable a esta controversia en función de lo expresado en el considerando V de mi voto, ha receptado este principio, al establecer que «La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto.».

No ignoro que la plomería no constituye, stricto sensu, una profesión liberal, al no requerir la obtención de un título universitario ni de habilitación para su ejercicio (conf. Alterini, Ameal, López Cabana, Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales, 4ª ed., 2008, pp. 883-884; Wierzba, Meza, Boragina, Derecho de Daños, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2017, p.361). Sin embargo, estimo que la solución prevista en los preceptos citados resulta aplicable analógicamente al caso bajo análisis, máxime cuando -como lo dije – no existen fundamentos de peso que permitan imputar la pretendida responsabilidad a través de un factor de atribución objetivo.

Ahora bien, la culpa en el accionar de los Sres. P y D ha quedado claramente acreditada en la especie, y por ello también su obligación de indemnizar a las víctimas debe confirmarse.

Así, tal como surge de la declaración del Sr. D glosada a fs. 352 vta./353 de la causa penal, y así acertadamente lo ponderó la primera juzgadora, la empresa de servicios de plomería que contrató la Administración, de titularidad del Sr. P y empleadora del Sr. D, recomendó el cierre de la llave hasta que se reparara el desperfecto, no advirtiendo que de esa manera se comprometía el correcto funcionamiento de la caldera, y omitiendo informar a la vecina del departamento siniestrado que no se podía utilizar la caldera.

Se trata, evidentemente, de una negligencia gravísima, pues correspondía al especialista en el oficio en cuestión (plomería) cumplir con el más elemental deber de avisar del riesgo que impl icaba el cierre de la llave de alimentación de agua al sistema, sin disponer que también se apagara el funcionamiento de la caldera.

Por lo demás, contrariamente a lo sostenido por los apelantes, no se ajusta a la verdad que el fallo condenatorio dictado en la instancia anterior resulte «nulo de nulidad absoluta», arbitrario o infundado, por haberse allí transcripto el auto de procesamiento dictado en sede penal y posteriormente dejado sin efecto (sic). Es que, por un lado, la declaración del Sr.D en sede penal resulta plenamente admisible como pieza probatoria a ser tenida en cuenta en estos expedientes, al no haber sido brindada en violación a ninguna garantía fundamental propia del proceso penal (extremo que no fue decidido en ninguna etapa de dicho proceso). Y, por otra parte, como los propios recurrentes lo reconocen en una afirmación que se les vuelve en contra, «La declaración del Sr. B -previo corroborar con su esposa R C lo actuado por el Sr. D-, expresamente declaró que no le efectuaron recomendación alguna (fs. 914 causa penal)».

Precisamente, la conducta diligente y ajustada a derecho hubiera sido que el Sr. D y/o el responsable de la empresa de plomería le hubieran recomendado a quienes vivían en la unidad siniestrada que no cerrasen la llave de alimentación sin también apagar el funcionamiento de la caldera.

Lo dicho precedentemente echa por tierra la pretendida exoneración de los recurrentes por la pretendida ausencia de relación causal, puesto que suele acontecer según el curso natural y ordinario de las cosas, y resulta previsible para cualquier sujeto de inteligencia mediana, que se derive un hecho como el que lamentablemente originó estas actuaciones, frente a una negligencia tan grosera en el desempeño del oficio en cuestión. A la vez que, lo reitero, resulta irrelevante a los efectos de configurar un «hecho de la víctima» con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad, el hecho de que el Sr.

B fuera ingeniero de profesión, circunstancia sobre la cual también insistieron los Sres. P y D en apoyo de sus agravios.

En síntesis, en función de todo lo que hasta aquí llevo dicho, considero que la demanda ha sido correctamente admitida en relación a los Sres. P y D, y por ello dejo sentado mi voto en el sentido de rechazar las quejas de estos últimos y confirmar este aspecto del pronunciamiento impugnado.

VIII. Alcance de la responsabilidad civil

A. Expediente n° 68.485/2004 1.Incapacidad sobreviniente, tratamiento de psicoterapia y daño estético Desde mi punto de vista, el daño físico y el daño psicológico conforman dos caras de un mismo bien jurídico a proteger (la integridad psicofísica de la persona humana), por lo que habré de analizarlas en conjunto en este punto de mi voto, tal como lo hizo mi colega de la instancia anterior. Sin perjuicio de ello, y al margen de la discusión que se ha dado (y sigue vigente) en la doctrina y la jurisprudencia civilista acerca de si cabe reconocer autonomía al daño estético, dado que en este caso concreto ese daño fue contemplado en un porcentaje de incapacidad física (tal como surge de la pericia médica a la que aludiré más adelante), también incluiré dicha faceta del menoscabo en este ítem resarcitorio y no en el daño moral, tal como lo hizo mi colega de grado.

Una vez precisado lo anterior, tal como lo he sostenido en reiterados pronunciamientos, comparto plenamente el criterio de mi colega de la Sala «M» de esta Cámara, Dra. Benavente, quien ha expresado que por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. Alpa- Bessone, «Il fatti illeciti», en Tratatto de Diritto Privato (dir. Resigno), XIV-6, p- 9). La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S. C. J. Mendoza, sala I, marzo 1-1993, «Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza» E.D. To. 153 pág. 163 con nota de Susana Albanese) y, explícitamente, en el art.42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994.

Tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1: «Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia»); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1: «Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental»); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.1: «Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral» y art. 11.1: «Toda persona tiene el derecho. al reconocimiento de su dignidad»); del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales («Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad»).

Así, se advierte que la salud aparece como un bien jurídico de la mayor jerarquía a la hora de su tutela jurídica, y en virtud de ello, las consecuencias de su afectación resultan un daño resarcible, en tanto agravia el interés de la persona a mantener su nivel de salud, que es protegido por el ordenamiento (conf. Parellada, Carlos A., «Incapacidad parcial y permanente», en «Reparación de daños a la persona. Rubros indemnizatorios y responsabilidades especiales», dir. Trigo Represas, F.-Benavente, M., ed. La Ley, 2014, T. III p. 3). Si se ubica a la persona como centro y eje del ordenamiento jurídico, el contenido y la consideración del daño experimentado ha de tener especial significación (voto de la Dra.Benavente en CNCiv, Sala M, «V, A M c/L, V P y otro s/ daños y perjuicios», 6/8/2020).

A su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación ha consagrado los criterios doctrinales y jurisprudenciales ya aceptados en la materia, pues tal como lo ha establecido el Máximo Tribunal, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad psicofísica tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, además de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN, Fallos 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715 ).

En esta controversia en particular, la perito médica designada de oficio, tras examinar personalmente a la actora y teniendo a la vista los estudios médicos a los que fue sometida, dio cuenta de las siguientes secuelas:

«En torso se aprecia cicatriz de 15 cm x 2 cm hipocromica que se extiende de línea media a línea axilar posterior. Incapacidad 6% T.O.

En antebrazo izquierdo cara posterolateral presenta cicatriz de 9 x 3 cm hipocromica. Incapacidad 11% T.O.

En dorso de mano izquierda presenta cicatriz redondeada de 1,5 cm de diámetro y otra oval de 2 x 1 cm, ambas hipocromicas. Incapacidad 6% T.O.

En miembro inferior derecho se aprecia cicatriz a nivel de tercio inferior de muslo, en cara posterior de rodilla con formación queloide y pierna hasta tobillo de 42 cm x ancho de 18 cm a 6 cm en parte inferior. Incapacidad 12% T.O.

En cara posterior de tercio inferior de muslo y pierna zona donante de piel para injertos.Incapacidad 8% T.O.

En miembro inferior izquierdo presenta cicatriz a nivel de tercio superior de muslo, cara posterior, de 8 x 5 cm hipercromica, que continua en rodilla cara anterior y posterior y región anteroexterna de pierna, cicatriz que se extiende hasta borde inferior de tobillo de unos 40 cm de largo por unos 10 cm de ancho. Incapacidad 12% T.O.

En rodilla derecha presenta edema en cara interna, zona receptora de injerto, dolor a la palpación de interlinea articular, choque rotuliano positivo, fuerza muscular disminuida especialmente en contrarresistencia, movilidad disminuida. El actor presenta alteraciones anatomofuncionales de rodilla derecha que le ocasiona una incapacidad del equivalente al 12% de la Total Obrera.

En tobillos presenta discreto edema, con movilidad limitada para la flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión de tobillo, que le ocasiona una incapacidad del 6% para tobillo derecho 9% para el izquierdo de la T.O.» (fs. 1012/1014).

Por ello, en función de las incapacidades determinadas y por aplicación del principio de la capacidad restante, detectó una incapacidad física equivalente al 57,8% de la Total Obrera, de acuerdo al Baremo General para el Fuero Civil de Altube y Rinaldi (fs. 1014) Por otra parte, en lo atinente a la faz psicológica del daño, la Lic. Z concluyó en que su examinada presenta, como consecuencia del siniestro que se debate en estas actuaciones, un cuadro de Trastorno por Estrés Postraumático de carácter severo, cronificado, observable en la actualidad y que le genera una incapacidad psicológica del 30% de la Total Vida (fs. 966 vta./977). Recomendó, a su vez, la realización de un tratamiento de psicoterapia de dos años de duración, con una frecuencia semanal y un costo aproximado de $ 450 por sesión (fs. 967).

Me sujetaré a las conclusiones a las que arribaron cada una de las especialistas, en virtud del valor probatorio que asigno a sus informes en los términos de los arts.386 y 477 del CPCCN, conforme fuera expresado en el conside rando VI, al que me remito por razones de brevedad.

Por último, no ignoro que autorizadas voces de la doctrina y la jurisprudencia han propugnado que debe distinguirse, por un lado, la configuración del daño como elemento medular de la responsabilidad civil y, por otro, la fijación del monto resarcitorio, que al constituir una consecuencia no consolidada y pendiente de determinación (deuda de valor), quedaría gobernada por el Código Civil y Comercial de la Nación (CNCiv., Sala M, «Ferreyra c/ Arcos Dorados s/daños y perjuicios» del 15-9-2016; «Hauret c/ Guerineau s/daños y perjuicios» del 11-8-2016; «Cabali, Elsa Edith c/ Colectiveros Unidos S.A.C.I.F. y otros s/daños y perjuicios», expte. nº 39.510/2013, del 7-7- 2017).

Pues bien: en relación a este aspecto, aclaro que prescindiré de la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar la indemnización por la incapacidad sobreviniente, pues como es sabido, las fórmulas conocidas como «Vuotto» o «Méndez» no son de aplicación en este Fuero, sin perjuicio de su empleo en procedimientos seguidos ante la Justicia del Trabajo. Y aun si se prescindiera del criterio expresado en el considerando V de mi voto y se aplicase al presente litigio el art. 1746 del CCCN, la solución no cambiaría, pues para fijar la cuantía de la reparación, la utilización de fórmulas aritméticas a las que alude el mencionado precepto constituye una pauta orientadora o una herramienta más a considerar a fin de dotar de mayor objetividad el principio de reparación plena del daño (art. 1740 del CCyC), de modo que su resultado no debe ser aplicado de manera estricta.

De ahí, entonces, que tendré en cuenta las características del tratamiento de psicoterapia recomendado y la entidad de las gravísimas secuelas psicofísicas y estéticas sufridas por la damnificada, las disminuciones funcionales que el hecho ilícito le produjo y sus condiciones personales y socioeconómicas.Al respecto, según surge de las constancias aportadas a la causa, a la época del accidente la Sra. V tenía 27 años de edad, trabajaba como arquitecta, se hallaba próxima a contraer matrimonio con el Sr. J M D (quien falleciera como consecuencia del siniestro) y vivía en un departamento ubicado en la Avenida La Plata de esta ciudad.

A la luz de esos factores, dado lo resuelto por esta Sala en supuestos análogos y de conformidad con el principio de la reparación integral del daño, propondré al Acuerdo admitir parcialmente las quejas vertidas por la accionante y rechazar las del consorcio demandado, elevando a la suma de $ 600.000 la indemnización de la incapacidad sobreviniente a favor de la Sra. V, monto que resulta comprensivo, como lo dije, del daño estético que fuera expresado como un porcentaje de incapacidad física y del costo del tratamiento psicológico (art. 165 del Código Procesal).

2. Daño moral El daño moral, como toda institución jurídica, no es susceptible de una definición única e inamovible. Sin embargo, una vez celebradas las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, en el año 1984, se ha impuesto en nuestro medio la noción de daño moral brindada por Zavala de González, Pizarro, Chiappero de Bas, Sandoval y Junyent de Sandoval, que mantiene vigencia hasta nuestros días y comparto plenamente:según los mencionados juristas, el daño moral consiste en «la minoración en la subjetividad de la persona humana, derivada de la lesión a un interés no patrimonial (individual o colectivo). O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial».

Tal idea atiende a las consecuencias que produce la acción antijurídica, y pondera al daño extrapatrimonial o moral por lo que es, en términos positivos, asignándole un contenido propio y específico, no por mera contraposición con el daño material, y da cuenta de que el detrimento se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu, expresión que destaca que la persona humana es cuerpo y espíritu, lo cual es comprensivo de múltiples aspectos de su personalidad que son dignos de protección.

Finalmente, el daño moral supera lo meramente afectivo, los sentimientos, y proyecta también sus efectos hacia otras zonas de la personalidad que merecen debida protección: la capacidad de entender y la de querer, de suerte que la mera ausencia de sensibilidad o de comprensión del dolor no excluyen la posibilidad de existencia de daño moral. Aun cuando no exista consciencia del agravio, el disvalor subjetivo puede configurarse. El sufrimiento no es, de tal modo, un requisito indispensable para que haya daño moral, aunque sí una de sus posibles manifestaciones más frecuentes. Con ello se supera el estrecho molde del llamado pretium doloris, que presupone necesariamente aptitud del damnificado para sentir el perjuicio.Por lo tanto, la pérdida de los sentimientos o de la posibilidad de experimentarlos, y más aún, de la aptitud de encontrarse en una situación anímica deseable, es daño moral (Pizarro, Ramón D., «El concepto de daño en el Código Civil y Comercial», Revista Responsabilidad Civil y Seguros, Buenos Aires, La Ley, 2017-X, p. 13 y ss).

Por otra parte, no existe una relación de «vasos comunicantes» entre el daño patrimonial y el extrapatrimonial. El daño patrimonial no es accesorio ni conexo del daño extrapatrimonial, más allá de que muchas veces la prueba tenga el componente común de probar el evento dañoso. Son completamente independientes. Un hecho puede no causar daño patrimonial, pero sí tener una relevancia espiritual que se proyecte importantemente en el daño extrapatrimonial. A la inversa, puede haber daño patrimonial (v.gr., contractual) sin que exista afectación a la esfera extrapatrimonial (Molina Sandoval, Carlos A., «Daño resarcible», publicado en La Ley online, cita online AR/DOC/216/2019).

Ahora bien, se ha aceptado que la determinación de la existencia del daño extrapatrimonial (esto es, su valoración) transita por senderos más flexibles que los del daño patrimonial, lo que se deriva de su particular naturaleza, claramente diferente a la de aquél y no sólo por las presunciones hominis, sino también por la regla res ipsa loquitur («las cosas hablan por sí mismas», consagrada expresamente en el art. 1744 in fine del CCCN).

Ocurre que por las reglas de la experiencia es más o menos sencillo concluir que ciertos padecimientos y afecciones naturalmente se derivan de determinados hechos acreditados (Ossola, Federico A., «El daño resarcible y la cuantificación judicial del daño moral. Dificultades y propuestas», RCyS 2017-XI-13).

A su vez, en lo relativo a la cuantificación del daño moral, el Máximo Tribunal ha resuelto que puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido.En otras palabras, se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado a través de dinero, que funciona como un medio de obtener goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.

En suma, el dinero no cumple una función valorativa exacta, pues el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CSJN, «B, S O c/. Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», 12/4/2011).

Tal como lo ha expresado recientemente el jurista cordobés Ramón Daniel Pizarro: «el patrimonio actúa, de tal modo, como instrumento de recepción del valor económico que deriva de la indemnización del daño moral. Ese contenido económico se incorpora al patrimonio (.) con el propósito de alcanzar la finalidad perseguida: dar satisfacción al damnificado por la única vía posible, la económica» (Pizarro, Ramón D., «El derecho a la reparación del daño moral y su relación con el patrimonio», Rubinzal Culzoni online, cita RC D 585/2021).

A los efectos de establecer el monto adeudado por daño moral a la demandante habré de tener en cuenta, en el marco de las consideraciones precedentemente expuestas, los sufrimientos que el accidente produjo en la víctima del hecho ilícito, padecimientos que no sólo se evidencian a través de la elevadísima incapacidad psicofísica sufrida por la Sra. V, sino que además resulta indudable a raíz de la enorme gravedad que reviste en sí mismo el fallecimiento abrupto de quien en vida fuera su pareja e iba a convertirse próximamente en su cónyuge.El profundo menoscabo anímico y emocional en la subjetividad de la accionante y el inevitable deterioro en el modo de estar, de sentir y de transcurrir su vida cotidiana, por la propia consternación espiritual que supone para la Sra. V el hecho ilícito aquí examinado, me convencen de que resulta adecuado y conforme al principio de la reparación integral del daño, rechazar la queja vertida por el consorcio y admitir la de la actora, elevando a $ 300.000 la reparación del daño moral a su favor (art. 1078 del Código Civil y art. 165 del Código Procesal).

3. Pérdida de chance El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierda la posibilidad o expectativa de conseguir o tener un bien, material o inmaterial. Se trata de la llamada «perte d’un chance» definida por la doctrina francesa como la «desaparición de la probabilidad de un suceso favorable» o la pérdida de la oportunidad de obtener una ganancia. Esa pérdida debe valorarse de una manera restrictiva y su reparación nu nca puede plantearse en los mismos términos que si el daño no se hubiera producido y el resultado hubiera sido favorable el perjudicado (cfr. Vicente Domingo, Elena, «El daño», en «Lecciones de responsabilidad civil», pág. 78).

Así, la denominada «pérdida de chance» constituye un rubro del daño patrimonial, de suerte que en caso de verificarse una pérdida o disminución de chance matrimonial, éstas deben ser tenidas en cuenta dentro del daño moral, y sin distinción esencial entre el hombre y la mujer, pues como daño moral uno y otro han sido lesionados en sus «afecciones legítimas» en los términos del art. 1078 del Código Civil (CNCiv, Sala A, «V, V M y otro c/ Omega Cooperativa de Seguros Limitada y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les.o muerte)», 7/9/2009).

Ahora bien, en este caso concreto, la demandante no ha demostrado la circunstancia de haber visto frustrada una chance específica, concreta y diferente al perjuicio que de por sí supone la afectación de su integridad psicofísica, y esta última manifestación del daño quedará plenamente reparada a través de la indemnización de la incapacidad sobreviniente. Por ello, y habida cuenta de la improcedencia de ordenar la múltiple reparación de un mismo perjuicio, estimo que en este punto no asiste razón a la apelante y propondré, en consecuencia, confirmar la desestimación de este ítem de la reparación.

B. Expediente n° 49.875/2005 i. Daños reclamados por D R. C y M M. B F, padres de L M B

1. Valor vida – pérdida de chance En el presente caso, los demandantes han reclamado el resarcimiento del denominado «valor vida» por los especialistas en nuestra materia, específicamente en los supuestos en los que se produce el fallecimiento de una persona económicamente productiva y cuya desaparición física provoca un menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria. En relación a este tema, se ha resuelto que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir (cfr. CSJN, 6/7/99, «S d S, M S. c/ Provincia de Santa Cruz, y otro», Responsabilidad Civil y Seguros, 2000-477). Lo que se indemniza, pues, por la muerte de una persona es la privación de una ayuda futura. Por ello, al determinar la indemnización deben valorarse todas las manifestaciones económicas de la actividad del causante, tanto actuales como futuras, y las circunstancias relativas al reclamante, debiéndose calcular el monto en función de la edad, sexo, grado de cultura, posición social, tareas que desempeñaba y aportes efectuados por el fallecido al hogar (cfr. CNCiv., Sala «J», 14/5/93, «Ferreira, María c/ E.F.A.», La Ley, 1993- E-279).

En efecto, según el art.1745 del Código Civil y Comercial, en caso de muerte, la indemnización debe comprender la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos (inc. «c»). La disposición no deja margen a la duda en cuanto a que la frustración de la legítima expectativa de los padres (o de quien tenga la guarda del menor fallecido) de recibir de aquél ayuda económica en el futuro, constituye una verdadera pérdida de chance, reparable como rubro del daño patrimonial (Wierzba, Sandra M., Meza, Jorge A. y Boragina, Juan C. (dirs.), Derecho de Daños. Análisis bajo el Código Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Hammurabi, 2017).

Ahora bien, el daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierda la posibilidad o expectativa de conseguir o tener un bien, material o inmaterial. Se trata de la llamada «perte d’un chance» definida por la doctrina francesa como la «desaparición de la probabilidad de un suceso favorable» o la pérdida de la oportunidad de obtener una ganancia. En consecuencia, la reparación de esa chance específica (la de obtener una ayuda económica en el futuro) está contenida en la indemnización del «valor vida» en los términos en que lo definí precedentemente, por lo que no resultaría procedente la doble indemnización del mismo menoscabo, por un lado como «valor vida» y por otra parte como «pérdida de chance de ayuda futura». Ello implicaría para las víctimas del daño un enriquecimiento sin causa, que evidentemente no puede admitirse.

En este contexto, es necesario reparar en que el presente caso no se encuadra en lo previsto por el artículo 1084 del Código Civil (reproducido, en lo sustancial, por el inciso «b» del mencionado art. 1745 del Código Civil y Comercial). Según ese artículo, en caso de homicidio debería indemnizarse lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, indemnización que, de acuerdo al art.1085, podría ser exigida sólo por el cónyuge sobreviniente y por los herederos necesarios del muerto. Estos preceptos establecían una presunción iuris tantum de que, por el hecho de la muerte del damnificado directo, las personas mencionadas por la ley se vieron privadas de lo requerido para subsistir.

En el litigio que aquí se analiza, los accionantes no eran hijos de quien en vida fuera la víctima fatal del hecho ilícito, sino sus padres. Y ocurre que los padres suelen sostener económicamente a sus hijos, cuanto menos durante su menor edad, pero éstos no constituyen el sostén patrimonial de sus padres sino hasta una edad avanzada. Por ello, al no hallarse acreditado que al momento del accidente la víctima colaborara económicamente con sus padres, entiendo que únicamente puede proceder la indemnización del presente rubro en cuanto a la pérdida de chance de ayuda futura, y en tal sentido, resulta razonable suponer que una vez alcanzada por los padres de la víctima la edad en la que ya no les fuera posible realizar actividades patrimonialmente productivas, una parte de los ingresos económicos que entonces percibiera su hija serían destinados a solventar algunas de las necesidades económicas de sus progenitores.

En síntesis y como corolario de lo expuesto, dada la juventud de la víctima fatal del hecho a la fecha del accidente (29 años) y la edad de los actores (54 y 53 años), quienes gozaban de pocos años durante los cuales lógicamente podrían haber continuado desarrollado una actividad económicamente productiva, en uso de las facultades conferidas a los magistrados por el art. 165 del Código Procesal, estimo equitativo rechazar la queja del consorcio accionado y admitir la que fuera vertida por los demandantes, elevando el resarcimiento por el presente ítem a la suma de $ 300.000 a favor de cada uno de ellos (art. 165 del Código Procesal).

2.Daño moral A fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito a lo expresado en el apartado anterior en cuanto a la naturaleza de este rubro de la cuenta indemnizatoria y su consagración en nuestro derecho, y a los efectos de determinar su cuantía, no puede ignorarse la inmensa gravedad que reviste, para un padre o una madre, el fallecimiento abrupto de quien en vida fuera su hija. Resulta difícil imaginar un dolor mayor que perder a un hijo o una hija, por lo que el quantum que se determine para el daño moral debe contemplar el enorme sufrimiento que el hecho debió producir en los demandantes, el profundo menoscabo anímico y emocional en su subjetividad y el inevitable deterioro en el modo de estar, de sentir y de transcurrir su vida cotidiana y familiar, por la consternación espiritual que supone haber perdido a su hija de manera repentina a raíz del hecho ilícito aquí examinado.

Por ello, y dado el temperamento adoptado por esta Sala en casos similares, estimo que el monto de $ 125.000 resulta insuficiente para resarcir el daño moral experimentados por los demandantes, desde la perspectiva del principio de la plena reparación del daño. En consecuencia, propondré al Acuerdo rechazar la queja del consorcio demandado y admitir la de los actores, elevando la indemnización del rubro a $ 500.000 a favor de cada uno de ellos (art. 165 del Código Procesal).

3. Tratamiento de psicoterapia El perito psicólogo designado de oficio recomendó a la Sra. C la prosecución de un tratamiento psicológico de una duración no menor a un año y con una frecuencia semanal (fs.608), razón por la cual, en función de las consideraciones expuestas en el considerando anterior al que me remito por razones de brevedad, dejo sentado mi voto en el sentido de admitir la queja de la accionante y elevar el resarcimiento de la partida a la suma de $ 10.000.

En relación al coactor B, este ítem no ha sido admitido en la sentencia recurrida y ello no fue materia de agravios, por lo que resulta improcedente pronunciarse sobre el particular (arts. 271, 277 y concs. del Código Procesal). ii. Daños reclamados por R P B, J I B y M M. B F, hijos de quien en vida fuera M F d B 1. Valor vida – pérdida de chance Me remito una vez más a lo que dije en el punto anterior del presente voto, en este caso en relación a este ítem.

Tal como lo puso de manifiesto la primera juzgadora, al momento del siniestro, M F tenía 81 años y no se acreditó que aquélla brindara alguna prestación asistencial a los reclamantes, quienes al demandar manifestaron que «su actividad productiva había desparecido» (cfr. fs. 22, último párrafo).

Desde hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. «No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de la vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue» (CSJN, «F, A O c/ B, J A y Buenos Aires, Provincia de s/ sumario -daños y perjuicios-«, pronunciamiento del 11 de mayo de 1993).

En doctrina, se ha expresado que los ancianos, por su edad avanzada frecuentemente ya no trabajan, y evidentemente -a diferencia de los niños y adolescentes- no hay una expectativa futura de que lo hagan y puedan colaborar al sostén de sus familiares; suelen ser, en términos netamente patrimoniales, improductivos. Y la muerte de una persona improductiva no genera daño patrimonial alguno por «valor vida», sin perjuicio del profundo daño extrapatrimonial que su fallecimiento pueda ocasionar, y que es plenamente indemnizable, como se verá en el punto siguiente (conf. Brodsky, Jonathan M., «El daño patrimonial», en Wierzba, Sandra M., Meza, Jorge A. y Boragina, Juan C. (dirs.), Derecho de Daños. Análisis bajo el Código Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Hammurabi, 2017).

Por todo lo expuesto, considero que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el reclamo por este concepto, lo que así propongo decidir a mis colegas.

2. Daño moral

Me remito una vez más a lo expresado anteriormente en relación a esta partida, y a fin de cuantificar la indemnización, tengo en cuenta el profundo dolor que significa para toda persona perder repentinamente a su madre en un hecho ilícito como el que aquí se debate, con la intensa afección emocional, espiritual y en el modo de transcurrir la vida cotidiana.Ello, sin ignorar que el monto que se fije en este caso debe ser inferior al establecido en el apartado precedente de este mismo considerando, puesto que la pérdida de un padre o una madre, aunque sumamente dolorosa, forma parte del orden natural de la vida, a diferencia de lo que ocurre con la pérdida de un hijo o una hija.

Por ello, y dado el criterio seguido por esta Sala en casos análogo, estimo que el monto de $ 23.333 resulta exiguo para reparar el daño moral sufrido por cada uno de los actores, y por ello dejo sentado mi voto en el sentido de rechazar la queja del consorcio demandado y admitir la de los accionantes, elevando la indemnización del rubro a $ 200.000 a favor de cada uno de ellos (art. 165 del Código Procesal).

C. Expediente n° 28.339/2005 i. Daños reclamados por M C M, madre de quien en vida fuera J M D 1. Valor vida – pérdida de chance Una vez más, coincido con la señora jueza a quo en que a los efectos de establecer el monto indemnizatorio que corresponde otorgar a la madre de un joven que perdió la vida en un accidente de tránsito, corresponde ponderar las consecuencias patrimoniales que el deceso le ha ocasionado y dentro de ello procede indemnizar sólo una chance u oportunidad de apoyo o ayuda económica y no solventar todos los gastos de manutención de los padres, ya que, de formar su propia familia, con alto grado certeza el mayor porcentaje de los ingresos sería destinado a su propia economía doméstica (conf. CNCiv., Sala H, 02/07/2015, «D. N., H. V. c. A., P. J. s/ daños y perjuicios», Publicado en: DJ27/01/2016, 53, Cita Online:AR/JUR/25683/2015).

En este caso concreto, J M D tenía 27 años de edad al momento de su fallecimiento, era el hijo mayor de M C M, de 55 años y de estado civil viuda, y al no hallarse acreditado que al momento del hecho ilícito la víctima efectuara aportes económicos a su madre, el resarcimiento debe comprender el aporte económico que presumiblemente la víctima habría podido brindar a su madre de no haberse producido el ilícito. Por ello, y habida cuenta de que el Sr. D era de profesión arquitecto, mientras que la actora trabajaba como docente y tiene otros tres hijos, dejo sentado mi voto en el sentido de rechazar la queja vertida por el consorcio y admitir la de la accionante, elevando la indemnización por la presente partida a la suma de $ 300.000 (art. 165 del Código Procesal).

2. Daño psicológico La Lic. L, desinsaculada de oficio en este expediente, concluyó en que la Sra. M presenta daño psíquico como secuela del hecho de autos que puede ser calificado como una reacción o desorden por estrés post traumático, que ha producido la incapacidad sobreviniente a un diagnóstico de duelo patológico por el que le atribuye un porcentaje de 40%, del que asigna un 10% por la muerte de su esposo y el 30% restante por la muerte de su hijo.La experta aclaró que dados los años transcurridos el daño psíquico está consolidado y las secuelas por la muerte de su hijo se han enquistado traumáticamente, y recomendó la realización de tratamiento psicológico para evitar un agravamiento general del cuadro, sugiriendo una duración de tres años, a razón de dos veces por semana.

En consecuencia, por las razones ya examinadas en los anteriores puntos de mi voto y en función de las características personales de la demandante, las que también han sido analizadas, propondré al Acuerdo de Sala admitir el agravio de la demandante y rechazar el del consorcio accionado, elevando el resarcimiento del presente ítem a la suma de $ 200.000 (art. 165 del Código Procesal).

3. Daño moral Por las consideraciones expresadas en el punto B, i, 2 del presente considerando, a las que me remito por razones de brevedad, y las condiciones de la damnificada indirecta que ya han sido examinadas, propondré a mis colegas rechazar la crítica vertida por el consorcio de copropietarios y admitir la de la actora, elevando la reparación del ítem al monto de $ 500.000 (art. 1078 del Código Civil y art. 165 del Código Procesal). ii. Daños reclamados por H M D, M P D y F C D, hermanos de quien en vida fuera J M D 1. Daño psicológico La Lic. Larralde, detectó en M P D un cuadro de Desarrollo Reactivo por el que le atribuyó un porcentaje de 25%, del que corresponde el 14% al hecho de esta litis y el 11% restante por la muerte de su padre. Aconsejó la realización de tratamiento psicológico durante dos años a razón de dos veces por semana. A su vez, en el caso de H M D, le diagnosticó una reacción o desorden por estrés post traumático, por el que le asignó una incapacidad del 30%, atribuible por mitades a la muerte de su padre y de su hermano.Sugirió la realización de un tratamiento psicológico durante el plazo de un año a razón de dos veces por semana.

Finalmente, indicó la especialista que F C D presenta un desarrollo reactivo a partir de un estrés post traumático, por el que le otorga un 25% de incapacidad, asignando la mitad a la muerte del padre y la mitad restante a la del hermano. Sugirió la realización de tratamiento por el plazo de dos años a razón de dos sesiones semanales.

Por ello, dados los motivos ya señalados precedentemente en mi voto, teniendo en cuenta que los demandantes tenían 24, 15 y 20 años de edad al momento del hecho ilícito, respectivamente, en función de sus condiciones socioeconómicas y el criterio seguido por el Tribunal en supuestos análogos, dejo sentado mi voto en el sentido de rechazar el agravio del consorcio accionado y admitir el de los actores, elevando el resarcimiento del presente ítem a la suma de $ 150.000 para cada uno de ellos (art. 165 del Código Procesal).

2. Daño moral Como punto de partida, la pretendida indemnización del daño moral a favor de H Ma D, M P D y F C D en la presente controversia debe juzgarse a la luz del art. 1078 del Código Civil y no de acuerdo con el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en lo relativo a la legitimación activa para reclamar el rubro. Ello es así, porque el derecho subjetivo que nace en cabeza de la víctima (acreedora de la obligación cuyo objeto es la reparación del daño) no constituye una consecuencia no agotada del hecho ilícito, sino que, por el contrario, su existencia se generó y se consolidó en el momento mismo de producción del perjuicio.

En consecuencia, el análisis de esta cuestión debe comenzar por la redacción del mencionado art.1078 del Código Civil, el cual dispone en su segundo párrafo que «la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos».

El precepto es claro, y su lectura literal no deja lugar, en principio, a la duda en cuanto a cuál ha sido la solución prevista por el legislador. Como regla general, en caso de fallecimiento del damnificado directo como consecuencia del hecho ilícito, los únicos legitimados activos para reclamar el daño moral indirecto son los herederos forzosos, es decir, en el sistema del Código Civil, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Por el contrario, cuando el hecho no hubiera provocado el deceso del damnificado directo, la legitimación activa para reclamar el daño moral recaía únicamente en aquél.

En el presente litigio, el punto a dilucidar consiste en la legitimación activa de M E D (y de N G D, a quien me referiré en el siguiente acápite de mi voto), hermanas de quien ha sido la víctima directa del ilícito.

Tal como lo expresé al votar en primer término en la causa «V, D H y otros c/ Sanatorio de la Trinidad Quilmes y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux.», fallado por esta Sala con fecha 30/5/2018, corresponde poner de resalto que un autorizado sector de la doctrina iusprivatista se ha pronunciado por la inconstitucionalidad que podría acarrear la aplicación a un gran número de supuestos del art. 1078 del Código Civil. En palabras de Pizarro: «Nuestra Constitución Nacional consagra en forma clara el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido. Y lo hace con un criterio amplio, generoso y humanista, que se ha potenciado sustancialmente después de la reforma del año 1994 y de la incorporación como normas con jerarquía constitucional de numerosos tratados sobre derechos humanos (art. 75 inc.22). Sea con sustent o en el art. 19 de la Constitución, como lo ha sostenido la Corte (o bien en la garantía de propiedad, con basamento en el art. 14 de la Const. Nacional) o como Derecho constitucional implícito (arg. art. 33); o como manifestación específica del derecho a la protección de la persona que consagran los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22) su dimensión constitucional parece innegable» (Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, op. cit., p. 360).

Comparto plenamente estas ideas. El respeto pleno del principio non alterum laedere no puede razonablemente cercenar la legitimación para reclamar un perjuicio injustamente padecido, cualquiera sea su índole, en la medida en que lo hace el art. 1078 del Código Civil. Reitero una vez más que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relevantes precedentes, ha reconocido la raíz constitucional de la máxima por la cual «no se debe dañar a otros», cuya conculcación ofende el sentido de justicia de la sociedad que deben afianzar los tribunales (CSJN, «Santa Coloma», Fallos 308:1160; «Gunther», Fallos 308:1118; «Luján», Fallos 308:1109; «Gorosito», JA 2002-III-1325).

A su vez, resulta también irrazonable y contrario al principio de igualdad que emana del art. 16 de la Norma Fundamental, la dispar legitimación activa que reconoce con amplitud el art. 1079 del Código Civil en cuanto al reclamo de daños y perjuicios patrimoniales (sin limitaciones hacia cualquier damnificado indirecto) y el muy restrictivo criterio adoptado por el art.1078 del mismo cuerpo legal.

No ignoro que la cuestión ha provocado opiniones dispares en esta Cámara, y si bien esta diversidad de criterios aún existe, en los últimos años, especialmente luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015 (el cual amplía la nómina de legitimados activos para reclamar por este concepto en su artículo 1741), la postura mayoritaria se inclina por admitir la inconstitucionalidad en estos casos, solución que comparto (CNCiv. Sala A, Dr. Picasso en minoría, «I, M y otros c/ F D, E y otros s/ daños y perjuicios», del 11/11/2019; Sala B, «R, F M y Otros c/ Z, V A y Otros s/ daños y perjuicios», del 03/09/2020; Sala C, «L J y otros c/ F R y otro s/ daños y perjuicios», del 25/11/2019; Sala E (por mayoría) «M. C. M. y otros c/ Galeno Argentina S.A s/ daños y perjuicios», del 27/05/2020; Sala F, fallo citado; Sala G, «C., E. A. y otro c/ V., H. H.y otro s/ daños y perjuicios» y su acumulado, del 28/05/2020; Sala I, «C, C del C y otro c/ M, F A P y otros s/ daños y perjuicios», del 05/11/2018; Sala J (por mayoría), «M A y otros c/ C J y otros s/ daños y perjuicios», del 20/09/2019; Sala K «B, M F c/ G C M y otros s/ daños y perjuicios» y sus acumulados, del 28/11/2018; Sala L, «L H M c/ L C y otros s/ daños y perjuicios», del 06/04/2016; Sala M, «V, D R y otros c/ R, J D y otro s/daños y perjuicios», del 07/10/2016). Ello, claro está, a pesar de algunas consideraciones particulares que puedan tener mis distinguidos colegas para cada caso en concreto, principalmente en lo que se refiere a la necesidad de demostrar la existencia del daño (Dr. Tripoli, Sala C, fallo citado).

Por otra parte, los instrumentos internacionales incorporados a nuestra Ley Fundamental, al contener esta garantía, no hacen más que reafirmar las conclusiones precedentes. El art. 21 pto. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) postula que «Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa.», y el art. 5 expresa que «Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral». También el art. 63 establece que «Cuando decida que hubo violación en un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello, fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada».

Una última consideración habré de efectuar en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art.1078 del Código Civil para este caso concreto que propicio en mi voto. Al respecto, es de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad, sin que ello atente contra el principio de división de poderes; pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay (CSJN, «Mill de Pereyra, Rita A. c/ Provincia de Corrientes», LL 2001-F-891).

Esta doctrina ha sido confirmada y ampliada, a su vez, en el ámbito específico del derecho a obtener una reparación, en el precedente «R P, J L y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios», fallo de indudable trascendencia debido a que implica la ratificación definitiva de la habilitación del control de oficio de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces. No sólo ha reafirmado la doctrina de los fallos señeros en la materia, como «Mill de Pereyra», sino que ha ampliado sus fundamentos al vincularlo con el «control de convencionalidad» que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos ha dicho que debe hacerse aún «ex officio» por los tribunales (Ibarlucía, Emilio, «Reafirmación del control de oficio de constitucionalidad en una cuestión trascendente:el derecho a la reparación», LL 2013-B-424).

En muy relevantes considerandos de dicho fallo, el Máximo Tribunal ha reafirmado que «es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos» (consid. 9°) y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22) , incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango» (consid. 12°).

A la luz de todos estos principios, no tengo dudas de que resulta justo y equitativo declarar de oficio la inconstitucionalidad del art.1078 en este caso concreto, y confirmar la procedencia de la indemnización por el daño moral que reclamaron los actores, en virtud del profundo menoscabo, angustia y frustración que indudablemente debieron sufrir en su espíritu por la pérdida repentina de su hermano (a punto tal que le produjo un daño psicológico permanente, al que ya me he referido), máxime si se repara en que según suele suceder por el curso normal y ordinario de las cosas, los hermanos tienen entre sí una relación afectiva y familiar muy estrecha, y que no surgen de ninguna de las constancias aportadas a la causa razones que conduzcan a presumir lo contrario.

Voto, en definitiva, por rechazar la queja vertida por el consorcio accionado y admitir la de los demandantes, elevando la reparación del daño moral a la suma de $ 200.000 a favor de cada uno de ellos (art. 1078 del Código Civil y art. 165 del Código Procesal).

IX. Intereses

Como reiteradamente lo he sostenido en numerosos pronunciamientos, el punto de partida de los intereses respecto de todos los perjuicios que padeció el damnificado por un hecho ilícito debe comenzar cuando se produjo la mora, tal como disponía la doctrina plenaria de esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.» , del 20 de abril de 2009. Ello es así, pues en mi opinión el deber de indemnizar nace con el daño ocasionado a la víctima el día del hecho, produciéndose en ese momento la mora del deudor, con el consiguiente inicio del curso de los intereses (art. 1748 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Es cierto que, en caso de haberse fijado las indemnizaciones a valores actuales, la aplicación de la tasa activa desde el día del acto ilícito procuraría por dos vías diferentes la actualización del valor real de las sumas adeudadas, lo que a su vez supondría la doble reparación de un mismo perjuicio.No obstante, del fallo apelado no surge en modo alguno que los montos de condena se hubieran fijado a valores actuales, sino que, por el contrario, numerosas partidas indemnizatorias han sido determinadas de acuerdo a las sumas reclamadas en los escritos iniciales.

En consecuencia, votaré por rechazar la queja vertida por la demandada y confirmar el cómputo de intereses para la totalidad de las partidas resarcitorias, desde el día del accidente y hasta el efectivo pago, según la tasa activa cartera gener al (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, temperamento que no supone, en la presente controversia, una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido de la víctima.

Finalmente, dado que coincido con el criterio sustentado por mi estimado colega Dr. Liberman en los autos «C, F A c/ V, G s/ daños y perjuicios» del 28 de mayo de 2014, propondré que para el caso de demora en el pago de la condena en el plazo de diez días, deban abonarse a partir de entonces intereses moratorios equivalentes a otro tanto de la tasa activa del plenario «Samudio», en virtud de lo previsto por los art. 768 y 1747 del Código Civil y Comercial de la Nación.

X. Actualización monetaria

A mi juicio no resulta procedente el pedido de actualización monetaria formulado en los memoriales de agravios, pues he propuesto confirmar el cálculo de los intereses sobre el capital de condena a la tasa activa, la cual contiene una previsión de la inflación, desde la fecha de acaecimiento del accidente y hasta el efectivo pago para la totalidad de los rubros indemnizatorios.En esa inteligencia, comparto la jurisprudencia de esta Cámara que ha establecido que «Si al capital de condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de interés «puro» que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda «indexación» por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4, vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica (.) De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta Cámara (in re «La Amistad S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.» del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés «puro», que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual» (C. N. Civ., sala K, voto del Dr.Ameal en los autos «C, L F y otro c/ T, I y otros s/ daños y perjuicios» del 25 de febrero de 2015).

XI. Actualización del límite de cobertura

Desde mi punto de vista, resulta prematuro pronunciarme en este voto acerca de la actualización del límite de cobertura pretendida por los demandantes en sus memoriales. Ello, por un lado, porque se trata de un aspecto cuya determinación corresponde a la etapa de ejecución de la condena, y por otra parte, porque la cuestión debe eventualmente dirimirse, en primer término, en la instancia de origen, a fin de preservar el principio de la doble instancia, tal como lo ha decidido esta Sala en reiteradas oportunidades (cfr. esta Sala, «Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ Transrebeca Transportes Internacionais Limitada y otros s/ cobro de sumas de dinero», expte. n° 1856/2008; «H, D c/ N, M A y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)», expte. n° 4.163/2017; «»G, A J c/ A, J F y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)», expte. n° 78.048/2010; «S R, J F y otro c/ D, J D s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les o muerte)», expte. n° 89.366/2012; «Z, A M c/ Clínica Adventista Belgrano de la Asoc. Arg. de los Adven. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux.», expte. n° 29.593/2012; entre otros).

XII. Costas

Como punto de partida, el artículo 68 del Código Procesal consagra en su primer párrafo la regla general en materia de costas: «la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado». Como lo explica mi estimada colega de la Sala «D» de esta Cámara, la Dra.Patricia Barbieri, esta norma consagra el criterio objetivo de la derrota, es decir, que las costas se imponen al vencido sin que se efectúe valoración alguna respecto de su conducta, lo que sí ocurre tratándose de sanciones procesales (arts. 34, inc. 6° y 45 del Código Procesal) (Barbieri, Patricia, comentario al art. 68 en Highton, Elena y Areán, Beatriz (dirs.), Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, t. 2, p. 54).

En igual sentido, el artículo 69 del CPCCN establece que «en los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior».

Resulta cierto que el mencionado principio no es absoluto, pues el referido artículo 68 expresa en su segundo párrafo que «sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad». Existen, entonces, excepciones a la regla general, las que si bien son de interpretación restrictiva y deben fundamentarse suficientemente, atenúan el principio objetivo de la derrota cuando la conducta subjetiva del demandado así lo justifica.

No obstante, en este caso concreto, no comparto el planteo del consorcio de copropietarios y propondré confirmar la imposición de las costas procesales a los vencidos, al no advertir razones de peso que conduzcan a apartarse del principio general de la derrota precedentemente referido. La misma solución se impone, por idénticos fundamentos, en relación a las costas de Alzada.

XIII. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo: A) En el Expte. n° 68.485/2004: 1) Elevar a la suma de $ 600.000 la indemnización de la incapacidad sobreviniente a favor de la Sra. V, monto que resulta comprensivo del daño estético que fuera expresado como un porcentaje de incapacidad física y del costo del tratamiento psicológico. 2) Elevar a $ 300.000 la reparación del daño moral.3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX de mi voto. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN). B) En el Expte. n° 49.875/2005: 1) Elevar el resarcimiento acordado a D R. C y M M. B F, padres de L M B, en concepto de «valor vida – pérdida de chance» a la suma de $ 300.000 para cada uno de ellos, el del daño moral a $ 500.000 a favor de cada uno de ellos y el del costo del tratamiento de psicoterapia a $ 10.000 a favor de la coactora C. 2) Elevar la reparación acordada a R P B, J I B y M M. B F, hijos de quien en vida fuera M F de B, en concepto de daño moral, a la suma de $ 200.000 a favor de cada uno de ellos. 3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX de mi voto. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN). C) Expte. n° 28.339/2005: 1) Elevar a $ 300.000 la indemnización a favor de M C M en concepto de «valor vida – pérdida de chance», a $ 200.000 la correspondiente al daño psicológico y a $ 500.000 la del daño moral.2) Elevar el resarcimiento acordado a H M D, M P D y F C D, en concepto de daño psicológico, a la suma de $ 150.000 a favor de cada uno de ellos, y a $ 200.000 el correspondiente al daño moral para cada uno de ellos.

3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX de mi voto. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN). ASÍ VOTO.

Por razones análogas a las expuestas por la Dra. Iturbide, el Dr. Liberman vota en el mismo sentido.

Disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo:

Coincido con la solución dada al caso por mi distinguida colega preopinante, a excepción de lo vinculado a la conceptualización y estimación del llamado «valor vida» que resultaría aplicable según el código de fondo vigente al tiempo en que sucedieron los hechos, y que afectan al planteo de los herederos de la Sra. M F , que perdiera la vida en el hecho, a la edad de 81 años.

I. Considerar que la vida humana no tiene un valor económico per se sino en función a lo que produce o puede producir constituye un enfoque estrictamente económico y axiológicamente disvalioso, que no se condice con el respeto de la vida y la dignidad como derechos fundamentales del hombre, tutelado por declaraciones internacionales, tratados, sentencias de tribunales transnacionales y receptados entre otros por el art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, arts. I, IV y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2, 3, 6, 16 y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos humanos, todos ellos de raigambre constitucional en nuestro país (ver también Morello, Augusto M.en «La Vida Humana y los valores» en JA 2005-III-256). La vida humana tiene un valor constitucional a pesar de la ausencia de toda regla constitucional concerniente a la protección de la vida humana (conf. Tribunal Constitucional de Polonia del 28/5/97 de «Investigaciones», Secretaría de la Corte Suprema, Dir. Dr. Rolando E. Gialdino, 1998-1- 93).

El valor de la vida humana no es apreciable con criterios exclusivamente económicos. El daño por la muerte de la víctima no puede atenerse a criterios o concepciones materialistas que deben necesariamente ceder frente a una comprensión general de valores – materiales y espirituales – unidas inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia (conf C.S.J.N. del 26/8/75 in re «N, A y otro c/ Prov. de Bs. As., punto 16).

Participo, por cierto, de la teoría que sostiene que aún después de la sanción de la Ley 17.711, que redimensionó la resarcibilidad de daños morales modificando el entonces vigente art. 1078 del C.C., la vida humana posee un valor intrínseco, desde el punto de vista material; la privación de cualquier existencia humana importa siempre un perjuicio como mera contrapartida del valor de esa vida, y la valuación económica mínima en todo supuesto de homicidio lo es sin perjuicio de que puedan considerarse otras circunstancias para aumentar la indemnización, como ser la pérdida patrimonial que puedan experimentar los sobrevivientes a raíz de ese fallecimiento. Y ello debe ser así, aún cuando pueda tratarse de personas insanas, ancianas y/o menores, que no tengan capacidad de generar ingresos propios y/o que tengan económicamente herederos mayores de edad que no dependan directamente del fallecido en lo económico.Desde mi particular visión, el mayor daño que puede ocasionarse a una persona es precisamente quitarle la vida; de allí que no pueda ser admisible dentro del régimen de daños, que mediando homicidio pueda concluirse en el rechazo total de indemnización por valor vida.

Podrá ser mayor o menor en función de los criterios tradicionales (edad, estado civil, ubicación en el mercado laboral, actividades, etc.), pero nunca podría ser rechazado totalmente porque se trata de la máxima afrenta o daño a considerar dentro del sistema jurídico.

Así, quien arbitrariamente priva de vida a otra persona debe estar obligado a indemnizar ese daño en algún valor económico, aun cuando el fallecido no tenga capacidad para generar ingresos, o éstos sean precarios, o no tengan herederos forzosos, o sus causahabientes no dependan económicamente de él (art. 1083 Cód. Civil) El respeto a la vida de una persona hace al reconocimiento de su dignidad, y el derecho a la vida -así como el derecho a la saludson derechos inherentes a las personas, que se alcanzan como fundamentales y no pueden ser renunciados (conf. art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 5 pto. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Tratados Internacionales de rango constitucional a partir de la reforma constitucional de 1.994). Tal criterio debe coordinarse con el principio de reparación integral previsto por el art. 1079 del Cód. Civil aunque sólo sea simbólico para la víctima – ya que ello no le devolverá la vida -, y ello debe tener entidad y reconocerse siempre más allá de la condición de trabajador y/o de las condiciones de trabajo que desarrolle la víctima al momento del hecho dañoso. La necesidad de humanizar el Derecho, colocando como centro a la persona, impone aquella solución.Así el reconocimiento del valor vida no puede depender de las vicisitudes coyunturales de política económica de un país de modo que sólo quepa indemnizar por la desaparición física de alguien cuando está insertado en el mercado laboral y no corresponda cuando la víctima, por alguna otra razón, no ha tenido la posibilidad de tener tal actividad.

Desde que la vida es el bien más preciado de todo ser humano y la pérdida arbitraria de la misma es la máxima afrenta que se puede ocasionar a una persona, resulta altamente discriminatoria que la pérdida del ser querido, en ciertos casos, no tenga valor o tenga un valor mínimo sólo en función de su inserción en la actividad económica al tiempo del hecho dañoso.

El reclamo debe ser planteado sin más remedio por los herederos con motivo del daño que sufrió el causante y que le ocasionaron la muerte, y nace en el derecho de la propia víctima a que se respete su integridad psicofísica, como titular originario (citada en Bueres – Highton en «Derecho Civil.»Tº 3, «A», pág. 253, primer párrafo y jurisprudencia allí mencionada – nº 11- ). De otro modo, el daño más grave que pueda producirse a una persona queda sin reparación integral en el ámbito jurídico, y especialmente si se trata de personas de edad, desocupadas, y/o que realizan changas, y/o que por integrar una familia de bajos recursos económicos y/o con menores a su cargo, su muerte impacta más crudamente en la familia.

Iguales consideraciones merece el supuesto de jóvenes que se desempeñan en el mercado informal de trabajo o en actividades mal rentadas.

En el caso, la Sra.M F d B compartía junto a su nieta, un momento social y familiar , de colaboración, asistencia y participación solidaria , como el que prestan muchos adultos mayores ya retirados de su actividad económica formal . Allí se encontraba , junto a su nieta también fallecida, cuando sucedió el hecho que le quitó la vida. Ello , en mi visión, autoriza la indemnización del valor vida solicitado en autos por los actores B F, aún cuando éstos no dependieran formalmente del aporte económico – aunque sí implícito – de la fallecida. Entiendo así que corresponde reconocer a aquellos la indemnización por valor vida, que propongo fijar equitativamente en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000).

Dejo así planteado mi particular visión sobre el tema, adhiriendo en lo demás, al voto de mi distinguida colega preopinante.- Con lo que terminó el acto. Firmado: Gabriela Alejandra Iturbide, Víctor Fernando Liberman y Marcela Pérez Pardo (en disidencia parcial).

Por ante mí:

Manuel J. Pereira

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2021

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: A) En el Expte. n° 68.485/2004: 1) Elevar a la suma de $ 600.000 la indemnización de la incapacidad sobreviniente a favor de la Sra. V, monto que resulta comprensivo del daño estético que fuera expresado como un porcentaje de incapacidad física y del costo del tratamiento psicológico. 2) Elevar a $ 300.000 la reparación del daño moral. 3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX del voto de la Dra. Iturbide. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN). B) En el Expte. n° 49.875/2005: 1) Elevar el resarcimiento acordado a D R. C y M M.B F padres de L M B, en concepto de «valor vida – pérdida de chance» a la suma de $ 300.000 para cada uno de ellos, el del daño moral a $ 500.000 a favor de cada uno de ellos y el del costo del tratamiento de psicoterapia a $ 10.000 a favor de la coactora C. 2) Elevar la reparación acordada a R P , J I B y M M. B F, hijos de quien en vida fuera M F de B, en concepto de daño moral, a la suma de $ 200.000 a favor de cada uno de ellos. 3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX del voto de la Dra. Iturbide. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN). C) Expte. n° 28.339/2005: 1) Elevar a $ 300.000 la indemnización a favor de M C M en concepto de «valor vida – pérdida de chance», a $ 200.000 la correspondiente al daño psicológico y a $ 500.000 la del daño moral.

2) Elevar el resarcimiento acordado a H M D, M P D y F C D, en concepto de daño psicológico, a la suma de $ 150.000 a favor de cada uno de ellos, y a $ 200.000 el correspondiente al daño moral para cada uno de ellos. 3) Liquidar los intereses sobre el capital de condena de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX del voto de la Dra. Iturbide. 4) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada a los demandados y a la citada en garantía vencidos (art. 68, primera parte y art. 69 del CPCCN).

Difiérase la regulación de los honorarios de Alzada hasta tanto sean fijados los de la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Hácese saber que la eventual difusión de la presente sentencia está sometida a lo dispuesto por el art. 164. 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Gabriela Alejandra Iturbide

Víctor Fernando Liberman

Marcela Pérez Pardo (en disidencia parcial)

A %d blogueros les gusta esto: