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#Fallos Derecho a la identidad: Se autoriza el cambio del prenombre de la peticionante en los términos del art. 69 del Código Civil y Comercial de la Nación

Partes: S. A. L. F. s/ cambio de nombre

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Fecha: 26-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-134891-AR | MJJ134891 | MJJ134891

Debido a la afectación de la peticionante, se autoriza el cambio de su prenombre en los términos del art. 69 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sumario:

1.-Corresponde autorizar el cambio de nombre, ya que se encuentra probado en los términos del art. 69 del CCivCom. que el uso del prenombre afecta la personalidad de la peticionante debido a un grave conflicto que mantuvo con una mujer llamada igual; si bien existe un conflicto profundo en la psiquis de la peticionante, que no va a ser solucionado por el cambio de prenombre, éste ha de contribuir a que ella sienta que se ha despojado de una carga que le pesa bastante, y que puede ayudarla a encontrar una salida a su problema.

2.-No encontrándose comprometidos intereses de terceros, estando acreditada la afectación de la personalidad y de la identidad de la peticionante por el uso del prenombre, corresponde respetar la autonomía de la voluntad y la libertad de la persona comprometida y proceder al cambio.

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3.-El art. 69 del CCivCom. autoriza el cambio de prenombre o de apellido, siempre que existan justos motivos, cuya valoración queda a criterio del juez, aunque introduce tres situaciones que deben ser consideradas como justo motivo y, en su parte final, enumera supuestos en los cuales el cambio de nombre no requiere de orden judicial.

4.-Si bien el art. 69 del CCivCom. mantiene la regla de la inmutabilidad del nombre, introduce modificaciones que otorgan importancia a la identidad en su faz dinámica; es así que los supuestos específicos de ‘justos motivos’ que contempla la norma habilitan el juego de la autonomía de la voluntad.

Fallo:

NEUQUEN,

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: «S. A. L. F. S/ CAMBIO DE NOMBRE», (JNQFA2 EXP Nº 89515/2018), venidos a esta Sala II integrada por los vocales Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la secretaria actuante, Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado Patricia CLERICI dijo:

I.- La peticionante interpuso recurso de apelación contra la resolución de fs. 90/91 vta., dictada el día 11 de marzo de 2021, que rechaza la solicitud de cambio de nombre. a) En su memorial de fs. 97/98 vta. -presentación web de fecha 7/4/2021- la recurrente critica la decisión de la jueza a quo, entendiendo que ella yerra al cerrarle a la peticionante toda posibilidad de reconocimiento a través de cambio de nombre solicitado.

Dice que el nombre L. no la identifica en absoluto, sino todo lo contrario, la sume en cuadros de angustia y desolación.

Sigue diciendo que el Código Civil y Comercial establece, en su art. 69, que el cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos, los cuáles no quedarán librados al arbitrio judicial, sino que se vinculan con la afectación de la persona en la identificación y, con ello, su estabilidad emocional.

Insiste en que el cambio de nombre implicaría un alivio, brindándole la posibilidad de dejar de lado vivencias negativas, que no le permiten identificarse con el nombre que pretende eliminar de la faz de su personalidad.

Cita doctrina. b) A fs. 103 obra dictamen del Ministerio Público Fiscal, el que indica que de la aclaratoria de la pericia psicológica, realizada con posterioridad al dictamen de primera instancia, no ha podido comprobarse una relación causa-efecto entre la portación de su nombre y el alegado agravio.

Consecuentemente reitera su oposición al cambio de nombre solicitado. c) Corrida vista al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, conforme lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, dicho organismo la contesta a fs. 108, ratificando lo expresado a fs.74, 82 y 86, en orden a que no se encuentran acreditados los extremos necesarios para proceder al cambio de nombre.

II.- La peticionante de autos requiere que se cambie su primer prenombre (L.) por el de M.; petición que le ha sido denegada por la jueza de primera instancia.

El nombre de una persona es un atributo inherente a la personalidad, y se encuentra indisolublemente unido a su identidad. Siguiendo los antecedentes históricos que llegan desde el Derecho Romano, el nombre se encuentra compuesto por dos elementos, con distinta significancia; por un lado, el nombre de pila, o prenombre, o nombre familiar; y por el otro el apellido, o nombre social.

El prenombre comenzó siendo elemento de identificación del individuo dentro de la familia, en tanto que el apellido lo fue para distinguir a la persona dentro de la sociedad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la evolución de la humanidad, prenombre y apellido conformaron un ente complejo que, además de permitir la identificación de la persona familiar y socialmente, aparece ligado al ejercicio del poder de policía estatal, en tanto resulta necesario individualizar a todas las personas que habitan el territorio de un determinado Estado.

Es por ello que doctrina y jurisprudencia otorgaron al nombre (prenombre y apellido) el carácter de inmutable, sosteniendo que, en principio, aquél es inmodificable.

Este principio o regla de inmutabilidad estaba consagrada en la ley 18.248 (hoy derogada), en su art. 15. Tal como lo señala Carlos Muñiz, con fundamento en el principio de inmutabilidad se ha sostenido que al ser el nombre un derecho deber de identidad, necesariamente debe impedirse su libre modificación, en tanto ello permitiría introducir equívocos que afecten su función identificadora. El autor citado sigue diciendo:»La multiplicación de registros, bancos y organismos en los que la persona aparece identificada por su nombre permite inferir los trastornos y eventuales comportamientos oportunistas que podrían generarse a partir de la libertad en el cambio de nombre.

«De todas formas, este principio de inmutabilidad es de carácter relativo, y desde su dictado la ley ha admitido la posibilidad de su modificación si mediara la existencia de justos motivos, la intervención de la autoridad jurisdiccional y se asegurara la publicidad del cambio. En este sentido, el principio de inmutabilidad del nombre no tiene un carácter absoluto y encuentra su fundamento en la medida en que permite proteger determinados intereses sociales. Cuando estos intereses no se hallaren comprometidos, este principio debe ceder con el fin de proteger la libertad y la integridad psíquica, moral y espiritual de la persona. Lo que se procura es simplemente que no se afecten derechos de terceros alterando un determinado orden que facilita la identificación del ente personal a partir de actos arbitrarios, injustificados y autónomos del individuo».

«En este sentido se ha sostenido jurisprudencialmente que {uno de los principales caracteres del nombre de las personas es su inmutabilidad que tiende a resguardarlo de los cambios injustificados. Empero, dicho carácter no es absoluto, pues se admiten casos en los cuales puede ser soslayado, en especial cuando en manera alguna resultan afectados los principios de orden y seguridad que tienden a afirmar o existen razones que inciden en menoscabo de quién lo lleva}. Asimismo, {el principio de la estabilidad en materia de nombre da la idea de conservación sólo en virtud o con la finalidad de proteger a ciertos intereses sociales, de manera que, si el interés social no se haya comprometido, deberá primar el principio de libertad; esta idea de estabilidad habilita el ingreso del cambio del nombre cuando existen razones suficientes – principio de razonabilidad y de proporcionalidad- que justifiquen tal modificación}» (cfr. aut.cit., «El nombre como proyección jurídica de la identidad y los justos motivos para su cambio», LL AR/DOC/2628/2015).

El nuevo Código Civil y Comercial, en su art. 62 determina que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.

Eduardo Ignacio Saux explica que la nueva codificación incorpora dentro de su estructura la regulación del nombre de las personas, derogando la normativa que antes lo hacía, pero manteniendo, en líneas generales, el diseño de la materia, con algunas adecuaciones acordes a los fundamentos del nuevo sistema, que aluden a los principios constitucionales que priorizan el derecho a la identidad, la autonomía de la voluntad y la igualdad (cfr. aut. cit., «Código Civil y Comercial de la Nación comentado», Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, pág. 320).

El art. 69 de la nueva codificación autoriza el cambio de prenombre o de apellido, siempre que existan justos motivos, cuya valoración queda a criterio del juez, aunque introduce tres situaciones que deben ser consideradas como justo motivo y, en su parte final, enumera supuestos en los cuales el cambio de nombre no requiere de orden judicial.

Y es aquí donde se advierte, más allá de que la anterior legislación también habilitaba el cambio de nombre, la influencia de la constitucionalización de la materia civil y comercial, objetivo principal perseguido por el legislador.

Si bien el art. 69 citado mantiene la regla de la inmutabilidad del nombre, introduce modificaciones que otorgan importancia a la identidad en su faz dinámica. Es así que los supuestos específicos de «justos motivos» que contempla la norma habilitan el juego de la autonomía de la voluntad.

Vuelvo a Eduardo Ignacio Saux:».el inciso a, pareciera admitir que el seudónimo.pueda sustituir al prenombre o al apellido, criterio que puede resultar opinable.El inciso b, alude a pautas de raigambre cultural, étnica o religiosa, lo cual también deja en manos de la propia persona, a partir de esos parámetros, el requerir el cambio de nombre (debiera entenderse, por lógica, más bien el prenombre) cuando éste no se adecue a ellas.El inciso c, es más bien genérico, y deja librado al criterio judicial cuando el nombre produce una afectación a la personalidad, o a algunos de los derechos subjetivos personalísimos» (cfr. aut. cit., op. cit., pág. 340).

En autos, el planteo de la parte peticionante ha sido subsumido en la situación prevista en el art. 69 inc. c) del Código Civil y Comercial: «la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada».

Y a contrario de lo sustentado en la primera instancia, entiendo que se encuentra probado que el uso del prenombre L. afecta la personalidad de la peticionante.

Además, los tres incisos del art. 69 del Código Civil y Comercial no son los únicos justos motivos a los que alude la norma, por lo que, desde este ángulo de análisis, lo solicitado por la señora S. A. y lo probado en autos configuran una razón que justifica el cambio de prenombre, más aún cuando no existe intereses de terceros que pudieran verse afectados por el cambio, por lo que en respeto a la autonomía de la voluntad de la solicitante corresponde acceder a su pretensión (arts. 51 y 52, CCyC).

Los testigos que han declarado en autos son contestes en la carga emocional que conlleva el uso del prenombre L. para la peticionante. La testigo M. L. A. señala que a la actora nunca le gustó su primer nombre y, además tuvo un problema con una persona con ese mismo nombre, que fue complicado en su momento.Agrega que se hace nombrar por su segundo prenombre (F.) o por M. F., y que la mamá es la que la llama como L., respondiendo la peticionante que no la llame así (acta de fs. 67).

La testigo M. E. M. explica que el principal motivo por el cual la peticionante quiere cambiar su primer prenombre es haber tenido un ataque por parte de una cuñada de nombre L., pero de todos modos renegó de este nombre desde chica.

También señala que no responde por el nombre L., sino por el de M. o F. (acta de fs. 68).

El testigo H. A. A. declara: «desde chica nunca lo aceptó, porque le habían puesto el nombre de un vecino, o vecina creo que era, y después tiene ese nombre muy rechazado, porque una ex, o muy amiga del ex de ella con el mismo nombre, primero que le hizo daño a ella y le quiso matar a la hija, tiene una cicatriz de esa secuencia.ella se hace nombrar F. porque es el segundo nombre que tiene hoy, pero se quiere llamar M., quiere ese nombre porque es el nombre que le gustaba a su abuela.» (acta de fs. 69).

Estas razones que quizás pueden ser consideradas como inválidas para habilitar el cambio de prenombre, adquieren otra dimensión de acuerdo con el informe psicológico elaborado por una perito integrante del Gabinete Interdisciplinario.

Explica dicho informe -obrante a fs. 79/vta.- que la solicitud de cambio de nombre está enlazada en aspectos de orden vincular, por un lado aspectos de la relación con su padre, y por otro la escena de la adultez con otra mujer llamada L. Agrega la perito que esta última experiencia ha reactivado aquella resistencia de los primeros momentos de su historia y lo que representa el significante L. como nombre propio en su constitución subjetiva.

La experta concluye en que la eliminación del prenombre puede resultar satisfactoria para la peticionante como vivencia de alivio, aunque no impacte de manera resolutiva en los conflictos concretos que sostiene con la mujer llamada L.ni en la ambivalencia paterna.

Si bien existe un conflicto profundo en la psiquis de la peticionante, que no va a ser solucionado por el cambio de prenombre, éste ha de contribuir a que ella sienta que se ha despojado de una carga que le pesa bastante, y que puede ayudarla a encontrar una salida a su problema.

No se trata de una cuestión de gustos, como aparenta a primera vista, sino de algo más complejo (y no del todo revelado en la entrevista psicológica), que se vincula con la personalidad y la identidad de la peticionante y que, en tanto no afecta intereses de terceros, el cambio de prenombre no le puede ser negado.

Ello así, porque la clave de análisis de la normativa del Código Civil y Comercial es la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 1, CCyC), y estos últimos cuerpos normativos indican que debe respetarse en todo momento la dignidad de la persona humana, la que comprende indudablemente sus derechos personalísimos, entre los que se encuentra el nombre.

Insisto, no encontrándose comprometidos intereses de terceros, estando acreditada la afectación de la personalidad y de la identidad de la peticionante por el uso del prenombre L., corresponde respetar la autonomía de la voluntad y la libertad de la persona comprometida y proceder al cambio de su primer prenombre por el de M.

III.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de autos y revocar la sentencia recurrida.

Recomponiendo el litigio, se hace lugar lo peticionado y se otorga autorización para el cambio del primer prenombre de la peticionante «L.» por el de «M.», por lo que el nombre de la requirente, nacida el día 15 de enero de 1987, en la ciudad de Neuquén, titular de D.N.I. n° ., debe ser inscripto como M. F. S.A.; oficiándose, en la instancia de origen, al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de que proceda a la inscripción del cambio de nombre autorizado, con la correspondiente rectificación del acta de nacimiento y del documento nacional de identidad.

Costas de ambas instancias a cargo de la peticionante.

Regulo los honorarios profesionales para las funcionarias de la Defensoría Oficial que actuaran como patrocinantes de la requirente en las sumas de $ 14.759,00 por la labor en la primera instancia, y $ 5.166,00 por la actuación ante la Alzada, todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 9 y 15 de la ley 1.594.

José I. NOACCO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Revocar la resolución dictada el día 11 de marzo del año 2021 (fs. 90/91 vta.), haciendo lugar a la autorización para el cambio del primer prenombre de la peticionante «L.» por el de «M.». Por lo que el nombre de la requirente, nacida el día 15 de enero de 1987, en la ciudad de Neuquén, titular de D.N.I n° ., debe ser inscripto como M. F. S. A.; oficiándose, en la instancia de origen, al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de que proceda a la inscripción del cambio de nombre autorizado, con la correspondiente rectificación del acta de nacimiento y del documento nacional de identidad.

II.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la peticionante (art. 68, del CPCyC).

III.- Regular los honorarios de las funcionarias de la Defensoría Oficial que actuaran como patrocinantes de la requirente en las sumas de $ 14.759,00 por la labor en la primera instancia, y $ 5.166,00 por la actuación ante la Alzada (arts. 9 y 15 de la ley 1.594).

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dra. PATRICIA CLERICI – Dr. JOSÉ I. NOACCO

Dra. MICAELA ROSALES – Secretaria

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