fbpx

#Fallos Resguardo de la identidad: Aun cuando las niñas adoptadas hayan nacido en Colombia, se hace lugar al pedido de inscribir la sentencia de adopción de modo supletorio en el Registro correspondiente

Partes: C. E. s/ adopción – acciones vinculadas

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-sep-2021

Cita: MJ-JU-M-134539-AR | MJJ134539 | MJJ134539

Aun cuando las niñas adoptadas hayan nacido en la república de Colombia, a efectos de resguardar su derecho a la identidad, se hace lugar al pedido de inscribir la sentencia de adopción de modo supletorio en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sumario:

1.-La ejecución de la adopción, en la parte atinente a su exteriorización en los registros respectivos, llegaría para las niñas pasados 5 años desde su dictado; durante todo ese lapso, la carencia de los documentos acreditantes impedirá a las niñas ejercer su derecho a la identidad, de modo concreto y frente a terceros y esta dilación adquiere un matiz diferencial en la especie, a poco se considere la condición de personas vulnerables y sujetas a preferente tutela que ostentan las niñas cuyo interés superior debe atenderse.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Podría argumentarse que el derecho a la identidad de las niñas ha sido garantizado a partir de la sentencia definitiva de adopción; aunque, de otro, también podría decirse que en la medida que tales decisiones permanezcan sin inscribir en los respectivos registros, el derecho en cuestión presenta un carácter meramente declamatorio.

3.-Corresponde descartar que la exigencia contenida en el art. 49 de la Ley 26.413 – que exige la previa anotación de la sentencia de adopción en el registro donde se encuentra asentada la partida original de nacimiento-, resulte por sí misma inconvencional, en tanto que las razones de seguridad y orden que probablemente inspiren la norma serán fundamento, en muchos casos, de una reglamentación razonable del derecho a la identidad de niños o niñas.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Tercera, Dres. Alejandro Luis Maggi y Juan Manuel Hitters, para dictar sentencia en la causa caratulada: «C., E. S/ ADOPCIÓN» y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el que arrojó el siguiente orden de votación: Dres. HITTERS – MAGGI, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:

CUESTIONES:

PRIMERA: ¿Corresponde modificar la resolución del 10-II-2021?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez, Doctor Juan Manuel Hitters dijo:

I. 1. En lo que interesa destacar de esta causa, el Sr. Juez a quo decidió otorgar a G. E. Z. la adopción de integración con el carácter de plena de las niñas R. y E., ordenando que pasarían a llamarse E. C. Z. y R. C. Z. (v. sent. def. del 28-V-2020 y aclaratoria del 2-VII-2020).

Una vez cumplidos los requisitos que señaló, el Magistrado de grado dispuso la expedición de la documentación «de práctica» al Registro Nacional de las Personas (v. auto del 19-VIII-2020).

A su turno, el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refirió que «las inscripciones de las sentencias de adopción deben efectuarse en el registro en que se encuentra la inscripción original del nacimiento, conforme resulta del art. 49 [de la ley 26413]. De modo que el decisorio de autos debería inscribirse ante el Registro Civil de Bogotá D.C. Cundinamarca, República de Colombia ya que allí se encuentra el asiento matriz de nacimiento de E. C., vía exhorto diplomático. Una vez cumplido tal recaudo podrá inscribirse el nuevo asiento en el lugar de domicilio de los adoptantes (…)» (v. oficio del 11-XII-2020).

Frente a tal respuesta, la Dra. Fabiana Marcela Quaini -letrada apoderada de H. T. C. y G. E. Z.- solicitó la inscripción de la sentencia de modo supletorio, comprometiéndose a realizar el exequatur en Colombia (v. escrito del 1-II-2021).

El Sr. Juez a quo desestimó el pedido atento considerar que «toda modificación en la inscripción de nacimiento deberá encontrarse contemplada en el acta original y que, por lo tanto, una segunda inscripción será pasible del vicio de nulidad (…) debiendo recurrir los peticionarios por la vía diplomática pertinente» (v. auto del 10-II- 2021).

I. 2. Contra este pronunciamiento se alza la Dra. Quaini -en el carácter ya invocado-, a través del recurso de apelación subsidiariamente deducido en la presentación del 19-II-2021, con dictamen favorable de la Sra. Asesora del 30-III-2021 y de la Sra. Agente Fiscal del 23-VIII-2021.

II. El recurso prospera.

En la especie se plantea el conflicto, por un lado, entre la norma contenida en el artículo 49 de la ley 26.413 que exige la previa anotación de la sentencia de adopción en el registro donde se encuentra asentada la partida original de nacimiento, para luego proceder a su anotación en el registro correspondiente al domicilio de los adoptantes y, por otro, las normas contenidas, inter alia, en la Convención sobre los Derechos del Niño que imponen a los Estados el respeto y la adopción de todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos que allí se enumeran (art.

2.1 y 4), entre los que se encuentra, para lo que ahora importa resulta de interés destacar, el derecho de las niñas E. y R. a preservar su identidad, «incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas» (art. 8.1).

Si bien estimo innecesario ahondar en la jerarquía constitucional que la referida Convención ostenta en el ordenamiento jurídico argentino (art. 75 inc. 22 Const.

Nac.), si me interesa subrayar el deber de efectuar el control de convencionalidad que pesa sobre los jueces locales, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de los instrumentos internacionales no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin (voto de García Ramirez en el caso «Myrna Mack Chang»; Corte IDH «Almonacid Arellano», «Trabajadores Cesados del Congreso», «Cabrera García y Montiel Flores», «Gelman», entre otros).

En el caso, de un lado, podría argumentarse que el derecho a la identidad de E. y R. reconocido en la Convención ha sido garantizado a partir de la sentencia definitiva del 28-V-2020 y su aclaratoria del 2-VII-2020; aunque, de otro, también podría decirse que en la medida que tales decisiones permanezcan sin inscribir en los respectivos registros, el derecho en cuestión presenta un carácter meramente declamatorio.

En la especie, las posturas asumidas por la parte apelante y la Sra. Asesora instalaron el debate en el marco de la segunda de las tesis esbozadas.

En lo que a mi respecta, descarto que la exigencia contenida en el artículo 49 de la ley 26.413 resulte por sí misma inconvencional. Las razones de seguridad y orden que probablemente inspiren la norma serán fundamento, en muchos casos, de una reglamentación razonable (arts. 28 Const. Nac.; 2 Cód. Civ. y Com.) del derecho a la identidad de niños o niñas.

Ahora bien, en otros supuestos -como el presente, adelanto-, aquellas terminarán por conspirar contra la efectividad del derecho. La Dra. Quaini ha expresado, y opto por presumir la sinceridad y veracidad de sus afirmaciones (art. 9 Cód. Civ. y Com.), que consultó con un profesional en Colombia, quien le informó que el trámite para inscribir la sentencia definitiva del 28-V-2020 y su aclaratoria del 2-VII-2020 en el registro correspondiente de aquel país demoraría alrededor de 4 años (v. escrito del 1-II-2021), a lo que luego habría que sumarle el tiempo que insume la anotación aquí.

Vale decir, en la mejor de las hipótesis, la ejecución del pronunciamiento recaído, en la parte atinente a su exteriorización en los registros respectivos, llegaría para E. y R. pasados 5 años desde su dictado en el año 2020. Durante todo ese lapso, a un lado la sentencia dictado, es lo cierto que la carencia de los documentos acreditantes impedirá a las niñas ejercer su derecho a la identidad, de modo concreto y frente a terceros.

Esta dilación en el cumplimiento de una sentencia, de la que lamentablemente no son ajenos otros tantos supuestos, adquiere sin embargo un matiz diferencial en la especie, a poco se considere la condición de personas vulnerables y sujetas a preferente tutela que ostentan E. y R. , en tanto niñas cuyo interés superior debe atenderse (arts. 3.1 CDN; 706 inc. c Cód. Civ. y Com.), y la índole del derecho comprometido.

En otros términos, de seguirse el trámite previsto por la ley local, no sólo se vería comprometido el derecho a la identidad de E. y R., sino también su derecho a obtener decisión judicial efectiva dentro de un plazo razonable (arts. 75 inc. 22 Const. Nac. y 8.1 y 25.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 Cons. Pcial.; 706 Cód. Civ y Com.).

Por ello, dentro de la amplia fórmula que faculta a adoptar medidas de otro carácter o índole (arts. 4 CDN; 2 CADH) para dar efectividad a los derechos contenidos en los instrumentos internacionales, considero que una adecuada a las particularidades del caso viene dada por la posibilidad de inscribir la sentencia definitiva del 28-V-2020 y su aclaratoria del 2-VII-2020 de modo supletorio en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sorteando la previa inscripción en el registro de Colombia exigida por el artículo 49 de la ley 26.413.

Y hago hincapié en que propongo sortear la previa anotación en Colombia, mas no soslayarla. Es que, del mismo modo que valoré las palabras empleadas por la Dra. Quaini, también tomo nota de su compromiso de desplegar tal trámite (v. pág. 6 del memorial), a cuyo efecto habrá de informar periódicamente tanto el antes nombrado o bien la parte que representa, dentro del plazo que fije el «a quo» , pudiéndose adoptar las medidas procesales necesarias para su efectivo cumplimiento (art. 34 inc. 5 CPCC).

En consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El Señor Juez Doctor Alejandro Luis Maggi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez, Doctor Juan Manuel Hitters, dijo:

En atención a los fundamentos brindados corresponde hacer lugar parcialmente la apelación interpuesta por la Dra. Fabiana Marcela Quaini -letrada apoderada de H. T. C. y G. E. Z.- y, en consecuencia, revocar la resolución del 10-II-2021, haciéndose lugar a su pedido de inscribir la sentencia definitiva del 28-V-2020 y su aclaratoria del 2-VII-2020 de modo supletorio en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sorteando la previa inscripción en el registro de Colombia exigida por el artículo 49 de la ley 26.413. Asimismo, la Dra. Quaini o bien la parte que representa, deberá informar periódicamente al órgano a quo acerca de la marcha de este último trámite, dentro del plazo que fije el «a quo» , pudiéndose adoptar las medidas procesales necesarias para su efectivo cumplimiento (art. 34 inc. 5 CPCC; arts. 28 y 75 inc. 22 Const. Nac.; 2.1, 3.1, 4, 8.1 y cctes. Convención sobre los Derechos del Niño; 2, 8.1, 25.1 y cctes. Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 Cons. Pcial.; 2, 9, 706 Cód. Civ y Com.; 49 ley 26.413; 34 inc. 5 CPCC).

ASI LO VOTO.

El Señor Juez Doctor Alejandro Luis Maggi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:

SENTENCIA

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que corresponde modificar la resolución del 10-II-2021 (arts. 28 y 75 inc. 22 Const. Nac.; 2.1, 3.1, 4, 8.1 y cctes. Convención sobre los Derechos del Niño; 2, 8.1, 25.1 y cctes. Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 Cons. Pcial.; 2, 9, 706 Cód. Civ y Com.; 49 ley 26.413; 34 inc. 5 CPCC).

POR ELLO: se hace lugar parcialmente la apelación interpuesta por la Dra. Fabiana Marcela Quaini -letrada apoderada de H. T. C. y G. E. Z.- y, en consecuencia, se revoca la resolución del 10-II-2021, haciéndose lugar a su pedido de inscribir la sentencia definitiva del 28-V-2020 y su aclaratoria del 2-VII-2020 de modo supletorio en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sorteando la previa inscripción en el registro de Colombia exigida por el artículo 49 de la ley 26.413. Asimismo, la Dra. Quaini o bien la parte que representa, deberá informar periódicamente al órgano a quo acerca de la marcha de este último trámite, dentro del plazo que fije el «a quo» , pudiéndose adoptar las medidas procesales necesarias para su efectivo cumplimiento (arts. cit.).

Regístrese, notifíquese electrónicamente (cf. consid. 22 y art. 3 de la Resolución 480/20 de la SCBA) y devuélvase a la instancia de origen.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/09/2021 10:35:16 – HITTERS Juan Manuel

Funcionario Firmante: 09/09/2021 10:37:34 – MAGGI Alejandro Luis – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/09/2021 11:00:28 – MARTINEZ José Ignacio – SECRETARIO DE CÁMARA

A %d blogueros les gusta esto: