fbpx

#Fallos Resocialización del condenado: Vivió en un contexto de violencia y consumo de estupefacientes, por lo que se lo condena a prisión en suspenso por el homicidio cometido a los 17 años, y a realizar un tratamiento bajo internación

Partes: S. G. Á. G. s/ integración de sentencia – capital

Tribunal: Tribunal Oral Penal de Corrientes

Sala/Juzgado: I

Fecha: 6-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-134375-AR | MJJ134375 | MJJ134375

A fin de reinsertar en la sociedad a quien atravesó toda su vida en un contexto de violencia familiar y consumo de estupefacientes, se le impone por el homicidio cometido cuando tenía 17 años, la pena de prisión en suspenso y como regla de conducta la realización de un tratamiento bajo la modalidad de internación.

Sumario:

1.-En el entendimiento de que el hecho que lo involucra -homicidio- al imputado se encuentra directamente relacionado con la problemática de consumo de estupefacientes que padece, como así también con los graves antecedentes de violencia intrafamiliar que padeció en mano de su progenitor, resulta imperioso que el joven inicie un abordaje psicoterapéutico específico y adecuado para combatir su adicción a las sustancias psicoactivas como así también abordar las posibles secuelas emocionales que le ha dejado su historia vital y familiar, siendo necesario que el mismo sea efectivizado en forma sistemática y continuada en una Institución especializada en dicha problemática, no siendo posible que ello pueda ser debidamente cumplimentado en un contexto de encierro habida cuenta que pese a encontrarse casi dos años privado de su libertad, no existen constancias de que el joven haya podido instrumentar el tratamiento de deshabituación tal como le fuere oportunamente aconsejado.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-No corresponde merituar la naturaleza y gravedad del delito cometido -homicidio- por el imputado durante su minoría de edad, ni tampoco su participación ni el grado de culpabilidad del nombrado en el hecho por el cual fuera declarado penalmente responsable, en razón de que ello no resulta determinante para valorar la aplicación o no de una pena por un delito que fue cometido cuando éste aún era menor de dieciocho años de edad, atento a que el Régimen Penal de Adolescentes no persigue como finalidad retribuir el daño a los bienes jurídicos lesionados al cometer el delito, sino por el contrario tiene una finalidad reeducativa, es decir un espacio para que el adolescente que ha delinquido pueda comprender acabadamente las consecuencias que han acarreado su conducta antijurídica, fomentando a través de medidas tuitivas, proteccionales y pedagógicas la responsabilidad del adolescente sobre la conducta disvaliosa para lograr su reinserción social.

3.-Resulta importante merituar a los fines de determinar la necesidad de imponer o no de una pena al imputado sus antecedentes personales y familiares, mediante la confrontación de todos los informes -socio ambientales, sondeos vecinales, conductuales, psicológicos y psiquiátricos- practicados al nombrado desde que cometió el delito cuando aún era un menor de edad, ello a fin de evaluar en forma progresiva cual ha sido su evolución y consecuente acatamiento o no a las medidas de índole proteccional impartidas por la judicatura interviniente.

4.-El inicio de la problemática de consumo que reflejó el imputado tuvo una vinculación directa con la grave problemática intrafamiliar que éste último padecía dentro de su hogar, siendo que su progenitor expresaba conductas muy violentas hacia todos los miembros de la familia, en especial hacia la progenitora del joven, lo que inexorablemente motivaba a que éste último buscara algún tipo de ‘refugio’ o ‘contención’ afuera de su casa, viéndose expuesto permanentemente a todo tipo de riesgos, como ser la sustancias psicoactivas.

5.-Toda vez que al momento del hecho -homicidio- el acusado tenía 17 años, la respuesta punitivo-estatal debe ser diferenciada, partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante de que los niños, frente a la infracción de la ley penal, cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos y deben ser tratados exactamente igual; pero además tienen derechos especiales derivados de su condición de persona en desarrollo, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado.

6.-Es necesaria la aplicación de pena para el imputado -menor de edad al momento del hecho-, a fin de que pueda instrumentar un abordaje terapéutico que le permita su deshabituación al consumo de sustancias, en miras a una reintegración en la sociedad asumiendo una función constructiva y alejado de nuevos hechos ilícitos.

7.-Considerando que la conducta asumida por el imputado con posterioridad al gravísimo hecho que se enrostra -homicidio-, aún no lo ha implicado subjetivamente, ya que pese a que desde que se encuentra privado de su libertad ha protagonizado varias inconductas dentro de su contexto de encierro sin haber demostrado su voluntad para iniciar un tratamiento dentro de la Unidad Penitenciaria donde se encuentra alojado, y si bien en la actualidad su situación judicial lo interpela y que en rigor de verdad no ha tenido un soporte afectivo durante su adolescencia, ello no permite eximirlo de sanción penal en éste caso en concreto, resultando por el contrario necesario que el ahora adulto encauce un abordaje psicoterapéutico especializado y adecuado a su situación particular, a los fines de rehabilitarse de su gravísima problemática de consumo y de lograr su concientización en el acatamiento de las normas sociales, entendiendo que ello no sólo lo podrá posicionar positivamente en la sociedad y sino especialmente en el ámbito intrafamiliar, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia padecidos durante su infancia y adolescencia.

8.-No procedería para el caso concreto del imputado prescindirle de aplicar pena o aplicarle una pena de cumplimiento efectivo, a efectos de que pueda iniciar inmediatamente un abordaje psicoterapéutico, considerando que ésta sanción educativa es la que más se ajusta no sólo por la condición de adolescente del mismo a la fecha del grave hecho que se le enrostra sino que en ese momento no recibía la contención de ningún adulto que pudieran dirigirlo y orientarlo hacia la observancia de las normas sociales y la deshabituación al consumo de sustancias toxicas.

9.-Una sanción en contexto de encierro no sólo no cumplirá con la función de reinserción social, sino que además con la misma no se podría cumplir con el fin pedagógico y reeducativo que se persigue.

10.-La reducción punitiva es la regla en el juzgamiento de menores, por su menor culpabilidad comparada con la de los adultos en situaciones idénticas debido a su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintiuno, hallándose presente la Sra. Juez de Menores N° 3, Dra. Pierina Itatí de los Á.es Ramírez (desde su público despacho), asistida por la Secretaria Autorizante Dra. M. Fernanda Bay, para integrar la sentencia N° 113, del 06 de julio de 2021, emitida por el Excmo. Tribunal Oral Penal N° 1, en el Expte. N°207039/19 CARATULADO: «S. G. A. P/ SUP. HOMICIDIO SIMPLE -CAPITAL», a través del cual se declaró la responsabilidad penal de G. A. G. S., en carácter de autor material (artículo 45 del Código Penal) por el delito de HOMICIDIO SIMPLE (Artículo 79 del Código Penal), en el que intervienen la Sra. Fiscal DRA. MARIA ANDREA GONZALEZ (desde su público despacho), el Sr. Defensor del Tribunal Dr. NICOLÁS BÁEZ (desde su público despacho), y el imputado (desde la sala del Tribunal Oral Penal Nº1) G. A. G. S., D.N.I. N° Nºxx.xxx.xxx, de nacionalidad argentina, estado civil soltero, nacido el 24 de julio de 2001 en la ciudad de Corrientes, estudiante, hijo de C. G. S. y de L. C. L. Actualmente detenido en la Unidad Penal N° 6 «San Cayetano» de la Provincia de Corrientes, habiéndose celebrado la audiencia de conocimiento personal y directo con el joven imputado a través del sistema telemático CISCO WEBEX MEETING, en virtud de salvaguardar la salud de los intervinientes y evitar la propagación del virus COVID-19, conforme a lo dispuesto por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en sus acuerdos extraordinarios N° 5, 6, 7, 8, y 9/20, tomándose en consideración los siguientes interrogantes:

De conformidad a lo dispuesto por el Memorándum N° 5 – Anexo II del Acdo. N° 27/16, punto N° 15 dispuesto por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia y habiéndose dado intervención a la suscripta por el Excmo.Tribunal Oral Penal N° 1 y a fin de evaluar la necesidad de imponer o no una pena al joven G. A. G. S. de conformidad al artículo 4° de la Ley N° 22.278/22803, luego de haberse mantenido audiencia de conocimiento personal y directo con el nombrado, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

I.- ¿Se encuentran reunidos los extremos de la Ley 22.278/22803 para el dictado de una sentencia definitiva?-

II.- ¿Es necesaria la imposición de pena para G. A. G. S.?

En caso afirmativo ¿Qué quantum de pena corresponde imponer? ¿Bajo qué modalidad?-

A efectos de realizar una correcta merituación de los cuestionamientos aquí expuestos, he de puntualizar que la legislación aplicable al «Régimen Penal de la Minoridad», cual es la Ley 22.278/22803 en su artículo 4°, sujeta la aplicación de una pena a una persona por el delito cometido entre sus dieciséis y sus diecisiete años a una serie de requisitos: 1.- Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal, conforme a las normas procesales; 2.- Que haya cumplido 18 años de edad.; 3.- Que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. De no cumplirse el inc. 3° antes mencionado se podrá suplir por un amplio informe sobre su conducta así lo invoca el art. 8° de dicha ley. A la vez dicha normativa, faculta a la Suscripta a la imposición de una pena cuando una vez cumplidos esos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida, hiciere necesario aplicarle una sanción al joven G. A. G.S., pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa; o bien prescindir de aplicarle una sanción penal al nombrado.-

Que en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes, ha sostenido que resulta necesario compatibilizar el dispositivo legal anteriormente enunciado (Ley 22.278/22.803) con principios constitucionales y el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Las Directrices del Riad), Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), Las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (Las Directrices de Viena), los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de los Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, Las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño (OG N°10/07 y 14/13), La Observación General N°10 y Nº24, Fallos y Opiniones Consultivas de las Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC 17/02) y demás jurisprudencia internacional aplicable al caso.-

En la misma línea argumental el máximo tribunal del país sostuvo:»Un sistema de justicia de menores, además de reconocer iguales garantías y derechos que a un adulto deben contemplar otros derechos que hacen a su condición de individuo en desarrollo, lo que establece una situación de igualdad entre las personas, ya que se violaría el principio de equidad, si se colocara en igualdad de condiciones a un adulto cuya personalidad ya se encuentra madura y asentada, con la que un joven, cuya personalidad no se encuentra aun definitivamente consolidada» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 330:5294, del considerando 7° del voto de los Jueces Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni).-

En este sentido el Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°10 (2007) «Los derechos del niño en la justicia de menores», párrafo 10 determina que cuando se trata de menores delincuentes, el objetivo de la justicia penal deben ser de rehabilitación y de justicia restaurativa.-

Por su parte, la Corte IDH, en la Opinión Consultiva N°17 «Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño», ha sostenido que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en las que lo hace un adulto por lo que «. es indispensable reconocer y respetar las diferencias en el trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento», en razón de lo cual, el Tribunal ha insistido en la necesidad de contar con órganos especializados y normas diferenciadas.-

EN RELACION AL PRIMER INTERROGANTE: Circunscribiéndome al caso en concreto, se advierte que se han cumplimentado respecto de G. A. G.S., los recaudos establecidos por el artículo 4° de la Ley 22.278/22803, es decir confrontando las constancias de autos se infiere que el nombrado ya ha cumplido los dieciocho (18) años de edad, contando a la actualidad con 19 años de edad cumplidos, no ha sido sometido a un tratamiento tutelar por un lapso mayor a un año por haber cumplido la mayoría de edad en el transcurso del tratamiento, siendo suplido ello por sendos informes de su conducta mediante la aplicación del artículo 8° de la mencionada normativa y ha sido declarada su responsabilidad penal por el Excmo. Tribunal Oral Penal N°1 en la causa cometida siendo menor de edad, N°207039/19 CARATULADA: «S. G. A. P/ SUP. HOMICIDIO SIMPLE -CAPITAL» como autor penalmente responsable (art. 45 del C.P) por el delito de HOMICIDIO SIMPLE descripto y penado por el artículo 79 del Código Penal.-

A ello se debe agregar que, habiéndose confrontado las actuaciones tutelares rendidas con relación al joven S. por el Juzgado de Menores N°2 (Expte N° 210528 caratuladas: «S. G. A. S/ SEGUIMIENTO MEDIDAS TERAPEUTICAS EDUCATIVAS -CAPITAL», tramitadas ambas por ante el Juzgado de Menores N°2) se infiere que se ha cumplimentado con la exigencia del art. 8° de la Ley 22.278/22803 (cuando el tratamiento tutelar no supera a 1 año, por haber cumplido la mayoría de edad el Joven G. Á. G. S.) y además se han actualizado y practicado nuevas medidas con posterioridad en los términos del artículo antes mencionado; de todo lo cual me expediré más adelante en el presente memorial.-

Encontrándose entonces cumplimentados los requisitos de forma, corresponde a la Suscripta arribar a un decisorio fundado sobre la conveniencia o no de imponer una sanción de conformidad al artículo 4° de la Ley 22.278/22.803.- En tal sentido, se iniciará el análisis argumental del presente sobre el mérito de las pautas de valoración que están explicitas en el art.4° de la ley 22.278, las cuales se circunscriben en: «las modalidades del hecho, los antecedentes personales del menor, el resultado del tratamiento tutelar, y la impresión directa recogida por el Juez». Estos parámetros proyectados al caso en concreto deberán ser analizados en torno a las disposiciones constitucionales como las previstas en los art. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Nino y 14.4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que gozan de tal rango según el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, enriquecidas con las reglas 5.1 y 17 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Beijing 1985) que integran el corpus iuris minoritatis, sumada a la Opinión Consultiva N°17, de fecha 22/08/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

MODALIDAD DEL HECHO:

En cuanto a las características del hecho rendido y probado en Juicio consistente en el delito de HOMICIDIO SIMPLE (Art. 79 del C.P), por el cual fuera declarado responsable G. A. G. S., entiendo que corresponde remitirme al análisis argumentativo efectuado por ese tribunal de juicio en atención a que a mi criterio no corresponde merituar la naturaleza y gravedad del delito cometido por G. A. G. S.durante su minoría de edad, ni tampoco su participación ni el grado de culpabilidad del nombrado en el hecho por el cual fuera declara do penalmente responsable, en razón de que ello no resulta determinante para valorar la aplicación o no de una pena por un delito que fue cometido cuando éste aún era menor de dieciocho años de edad, atento a que el Régimen Penal de Adolescentes no persigue como finalidad retribuir el daño a los bienes jurídicos lesionados al cometer el delito sino por el contrario tiene una finalidad reeducativa, es decir un espacio para que el adolescente que ha delinquido pueda comprender acabadamente las consecuencias que han acarreado su conducta antijurídica, fomentando a través de medidas tuitivas, proteccionales y pedagógicas la responsabilidad del adolescente sobre la conducta disvaliosa para lograr su reinserción social.-

En este sentido tiene dicho y sustentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo «Maldonado» (Fallos 328:4353) que el Niño en conflicto con la Ley Penal debe ser dotado de una autonomía jurídica y social en permanente evolución, por lo que al valorar sobre la necesidad de la imposición de una pena en los términos del artículo 4° de la Ley 22.278/22803 no se debe enfatizar sin más en la gravedad del hecho cometido por el mismo y menos aún en la peligrosidad del autor, sino que por el contrario el fundamento de la imposición de una pena a una persona que ha cometido el delito cuando aún era menor de edad se debe basar especialmente en las circunstancias personales, su contexto social y consideraciones pedagógicas y en la impresión directa de la Suscripta con relación al mismo. En el mencionado Fallo se enuncia en el Considerando 22:»necesidad de pena a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparada a «gravedad del hecho» o a «peligrosidad».-

Desde ésta óptica se debe observar lo previsto por las «Reglas de Beijing- de utilidad para la comprensión del sentido y alcance de las normas de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 17.1 donde señala: «La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad.».-

El Comité sobre los Derechos del Niño, en la Observación General N°10, del 25 de abril de 2007, ha señalado sobre el concepto del interés superior de niño, reconocido en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño enunciando: «10. . La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia retributiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad publica.».- Sobre estas premisas, entiendo resulta importante merituar a los fines de determinar la necesidad de imponer o no de una pena a G. A. G. S.sus antecedentes personales y familiares, mediante la confrontación de todos los informes (socio ambientales, sondeos vecinales, conductuales, psicológicos y psiquiátricos) practicados al nombrado desde la primera intervención jurisdiccional, es decir desde que cometió el delito cuando aún era un menor de edad en fecha 20 de julio de 2019, ello a fin de evaluar en forma progresiva cual ha sido su evolución y consecuente acatamiento o no a las medidas de índole proteccional impartidas por la judicatura interviniente.

Esta valoración obedece a que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha diseñado el standard de reconocimiento de derechos para los niños y adolescentes como un sujetos dotados de una autonomía jurídica y social en permanente evolución, lo cual pretende que al ser juzgado y al valorar la necesidad de la imposición de una pena en los términos del artículo 4° del Régimen Penal de la Minoridad, no se desatienda de los posibles efectos que podría acarrear la aplicación de una condena, debiendo tenerse en cuenta entonces la prevención especial adaptado al modelo de justicia penal juvenil que propugna nuestro sistema de derecho.

Así las cosas, y habiendo dado intervención a la suscripta el Excmo. Tribunal Oral Penal N°1, a fin de proceder al acto integrativo de sentencia, se procedió a indagar al joven G. A. G. S. a fin de que, conforme la manda del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño hiciera uso de su derecho a ser oído, y en tal sentido, explicite respecto de su historia personal y familiar durante su minoría de edad, explicándole además con palabras sencillas, que en virtud de la impresión directa que la Suscripta pudiera recoger en ese momento y los antecedentes que han sido aportados en el expediente tramitado de conformidad al artículo 442 del C.P.P.y el artículo 4° de la Ley 22.278 del acto de cesura, luego de declarada su responsabilidad estarían dadas las condiciones para mesurar la pena que correspondiere por el delito por el cual ha sido declarado penalmente responsable.-

En este contexto, y al ser preguntado el joven G. A. G. S. respecto de su nombre y cuántos años tiene y lo relativo a su actual situación personal, respondió: «yo me llamo G. S., tengo 19 años pienso salir a trabajar, a salir y a empezar a trabajar con mi papá, ayudar a mi mamá, no ser más como era antes, ya soy otra persona, creo que me están culpando de algo que yo no he cometido, si he cometido bueno esta todo en manos de Dios».-

Posteriormente, luego de dársele lectura y explicársele con palabras sencillas los informes obrantes, se solicitó al joven que relate su historia de vida, manifestando el joven S. en relación al consumo de sustancias: «Empecé a consumir a los 14 años porque tenía problemas con mi padre hasta los 17 años, hasta que caí preso, ahí deje de consumir, desde que estoy preso no consumo más cocaína, no me llama más la atención la droga no quiero saber nada .Nadie me ayudaba, yo me sentía muy solo».

Seguidamente se indagó a S. respecto a si comprendía la gravedad del hecho por el cual se lo ha declarado penalmente responsable, resaltando que el delito por el cual ha sido declarado penalmente responsable es el delito más grave dentro del catálogo penal pues atenta contra el bien más preciado como lo es la vida de una persona, contestando: «Me di cuenta siendo adulto muchas cosas.Si entiendo la gravedad, si fue así me arrepiento de eso si fue así. Si Dios quiere salgo y mi papá ya me mete en la empresa con él, en la mecánica y hacer tratamiento ir a lo que me dan si me hacen ir hacer tratamiento, hasta en el penal hago tratamiento y voy a la escuela, lo que mande la justicia hacer, voy a hacer voluntariamente tratamiento y no voy a fallar tampoco porque es el bien para mí y para mi familia, nada más Dra.».-

Finalizada la audiencia, ésta Magistratura procedió a otorgar la palabra primeramente a la Sra. Fiscal, Dra. M. Andrea G., quien inició un interrogatorio al joven G. A. G. S., en relación a como había vivenciado su retorno escolar dentro del contexto de encierro y si le había servido de algo, contestando el joven: «Hago la Escuela y el Psicólogo. Como le explique a la señora quiero salir y cambiar mi vida.Me sirvió aprender muchas cosas como buenas y malas, pero buenas también que tengo que salir buscar hacer la escuela y terminar, embarcarme que es lo que quiero».- En el mismo marco la Sra. Fiscal le hizo saber a G. A. G. S. respecto a la importancia de la escolaridad para su futuro teniendo en cuenta el gravísimo hecho por el que se vio involucrado, que lo llevó a encontrarse privado de su libertad, y por ende encontrarse privado de muchas cosas, ante lo cual el joven contestó: » No quiero estar arruinándome la vida, soy muy joven . Eso me hizo pensar también, quien faltaba en la mesa con mi familia, no me sirve de nada quiero salir y demostrar que yo si pude cambiar, tapar muchas bocas que dicen lo contrario».-

Por su parte, y al otorgársele la palabra al Sr Defensor Oficial del Tribunal Dr.Nicolás Báez, el mismo procedió a explicar a las partes el dialogo enriquecedor, a su entender, que había mantenido con su defendido y su progenitora, donde se acordó que en rigor de verdad el joven necesita adquirir herramientas para manejarse en un futuro respecto de la problemática de consumo que lo afecta desde su adolescencia, las que sólo las podrá conseguir mediante un correcto abordaje con profesionales especializados, agregando en ese sentido que su defendido había aceptado realizar un tratamiento bajo la modalidad de internación en el espacio CUIDARTE, institución que además acepta la cobertura de la Obra Social de la cual es titular su progenitora, ante lo cual y finalizando el Sr. Defensor le indagó a S., respecto de ello, contestando este último: «Estoy de acuerdo en hacer ese tratamiento».

Luego de ser entrevistado e interrogado el joven G. A. G. S., ésta Magistrada le otorgó la palabra a la Sra. FISCAL DRA. MARIA ANDREA GONZALEZ, quien al efectuar sus alegatos, resaltó: «Teniendo en cuenta la declaración de responsabilidad y todo lo incorporado en esta audiencia informativa y la expresión de compromiso y no de deseo, coincido con las palabras del Sr. Defensor Oficial, estimo S.SA que sin perjuicio del consumo problemático como principal factor perjudicial para G. para llevar adelante una vida sana, y teniendo en cuenta que es el único hecho que cometió, no tiene antecedentes anteriores solo el prevencional, y teniendo en cuenta que los informes que se agregaron al principal dio cuenta que hizo la escuela para adultos en la Unidad y se inscribió pero no pudo continuar por la Pandemia, y valorando su compromiso, S.SA de conformidad a la ley 22.278 respecto a la imposición de la pena, éste Ministerio Publico Fiscal solicita la pena de 5 años de prisión en suspenso, eso es todo».-

Por su parte, el Sr. DEFENSOR OFICIAL DEL TRIBUNAL ORAL, DR. NICOLÁS BAEZ, expresó «S. S.esta defensa entiend e que en este caso especialmente por las circunstancias que lo rodean se podría dar lo que en el régimen penal de menores se conoce como «perforar el mínimo de la reducción para la tentativa». Esta defensa entiende que para introducir la aplicación de una condena en suspenso corresponde la pena de tres años de prisión en suspenso con el compromiso de S. de someterse e un tratamiento bajo la modalidad de internación, mientras dure el tratamiento. Él puede llegar a salir antes pero también debe saber que si llega a incumplir la pena, por más que pueda tener salidas y de gozar de una libertad ambulatoria, si incumple puede cumplir la totalidad de la pena en una institución carcelaria, por ello solicito que imponga a G. S. la pena de tres años de prisión en suspenso con la regla de conducta de someterse a un tratamiento de deshabituación por el tiempo que sea necesario en la institución que se mencionara».-

Posteriormente, ésta Magistrada se dirigió nuevamente al joven G. A. G. S. a efectos de explicarle en palabras sencillas lo solicitado por las partes, y específicamente en torno a la necesidad del abordaje psicoterapéutico ofrecido, y en ese sentido al preguntar al nombrado si estaba comprometido a seguir el tratamiento bajo la modalidad de internación el mismo respondió: «Si, si me comprometo».

SEGUIMIENTO PROTECCIONAL: HISTORIA VITAL:

Sin perjuicio de las medidas proteccionales adoptadas en relación al joven S. en el marco de los autos N° 210528 caratulados: «S. G. A. S/ SEGUIMIENTO MEDIDAS TERAPEUTICAS EDUCATIVAS -CAPITAL» vinculadas al expediente principal N° 207039/19 «S. G. A. G. P/ SUP. HOMICIDIO SIMPLE CAPITAL» tramitados ambos por ante el Juzgado de Menores N°2 de ésta ciudad, resulta menester a los fines de evaluar a la posibilidad de aplicación o no de una pena para G. A. G.S., analizar además las constancias del Expediente Civil 9902/17 que tramitó por ante el Juzgado de Menores N°3 a mi cargo, en miras a obtener una visión global y evolutiva de la conducta de G. A. G. S. sometido a debate.-

Así las cosas, es dable poner de relieve que de las Actuaciones civiles 9902/17 que tramitaron por ante el Juzgado de Menores N°3 a mi cargo ya surgía evidente la grave problemática de consumo de sustancias que reflejaba G. A. G. S. desde sus 14 años de edad. Tal es así que en oportunidad de una audiencia informativa recepcionada a la progenitora del enrostrado, Sra. L. L., en fecha 06/09/2017 la misma ya había puesto en conocimiento la gravedad de la problemática de consumo en la que se encontraba inmerso su hijo y además los conflictos intrafamiliares existentes en torno a la violencia que ejercía el progenitor del adolescente, Sr. Claudio S., no sólo contra su pareja la Sra. L. sino también contra sus hijos, siendo que también el adulto era consumidor de sustancias psicoactivas.-

Que, esta problemática de consumo que padecía en su adolescencia el joven G. A. G. S. le significó su internación en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», fugándose a los pocos días del establecimiento.-

Posteriormente, y al habérsele practicado una evaluación interdisciplinaria por parte de los profesionales del Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» en fecha 27/09/2017 los galenos arribaron a las siguientes conclusiones: «. se indaga el motivo de su fuga y manifiesta que el mismo no quería continuar internado, que continuara con un tratamiento ambulatorio.Comenta que luego de su fuga fue a su casa .Se realiza test de quick el cual es negativo para cocaína y marihuana y positivo para benzodiacepinas fármaco que ha recibido durante su internación .».-

Luego de egresar de su internación en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», se practicó un informe socio ambiental en el domicilio del joven G. A. G. S. en fecha 12/10/2017, oportunidad en que su progenitora manifestó que su hijo ya no se involucraba con malas compañías, que había iniciado una relación con una chica, sin perjuicio de lo cual había abandonado la escuela. En forma congruente a ello los vecinos afirmaron: «. mire ahora anda más tranquilo, pero la mala junta por ahí lo busca y casi no sale porque esta con la novia que vive alado.»; «ahora el chico este mejor, pero él y su hermano son un desastre y el padre también, ese hombre le pegaba a la mujer delante de ellos y ella le denuncio.».-

Por otra parte, cabe poner de relieve las palabras de G. A. G. S. en oportunidad de recepcionarsele audiencia informativa en la Secretaria Civil del Juzgado de Menores N°3, en fecha 18/10/2017 ocasión en la que dijo: «. yo vivo con mi novia antes vivía con mi mamá, y mi papá me pegaba mucho, yo me drogaba, consumía cocaína todos los días. Hace dos semanas aproximadamente no me drogo, desde que vivo con mi novia, porque en la casa de ella encuentro tranquilidad. Mi papá sigue siendo violento con mi mamá y mis hermanos, por eso yo me fui a la casa de mi novia. El sale a tomar y desde la casa de mi novia yo escucho como anda malo por ahí. Yo estoy dispuesto a hacer tratamiento psicológico y reanudar mis estudios para poder embarcarme porque eso es lo que quiero ser.».-

Que del informe de intervención del Órgano Administrativo de Protección de Derechos – COPNAF- de fecha 23/11/2017 se colige que la progenitora de G. A. G.S., refirió que este último mantenía buenas relaciones intrafamiliares, denotando cambios de conducta favorables, permaneciendo más tiempo en el hogar y colaborando en los quehaceres, informando además que su hijo continuaba realizando tratamiento en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» siendo atendido por la Dra. Dora Fernández. En la misma oportunidad la profesional interviniente concluyó que se evidenciaba en la progenitora una buena predisposición y actitud de compromiso para brindar atención, contención y acompañamiento a su hijo.-

No obstante ello, y a la leve mejoría que se empezaba a evidenciar en G. A. G. S., posteriormente, en fecha 06/02/2018 su progenitora se hizo presente nuevamente ante los estrados judiciales a efectos de solicitar que una nueva internación para su hijo, aduciendo que se drogaba mucho y que se ponía muy agresivo.-

Posteriormente, ya en fecha 03/04/2018 el Juzgado de Menores N°3 tomó conocimiento que el entonces adolescente G. A. G. S., se encontraba residiendo con su padre Claudio S., aduciendo ambos en el marco de una audiencia informativa recepcionada en la fecha mencionada que el joven se encontraba bien y asistiendo al Centro de Día en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», comprometiéndose el adulto a acompañar las correspondientes constancias de asistencia al tratamiento.-

No obstante a lo informado por el propio adolescente G. A. G. S.y su progenitor no se puede perder de vista que en el dosaje de droga en orina practicado a este último por ante el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» en fecha 08/03/2018, oportunidad en la que concurrió acompañado de su progenitor, arrojó resultados positivos para marihuana y cocaína, y asimismo en el informe socio ambiental practicado en fecha 28/03/2018 el progenitor reconoció que su hijo consume desde los 14 años y que se encontraba concurriendo a tratamiento de deshabituación al Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», desconociendo la profesional que lo atendía y sin poder exhibir las constancias de asistencia a la Institución.-

Así es que, con posterioridad a los informes antes esbozados como así también a la audiencia informativa recepcionada a G. A. G. S. junto a su progenitor; el Cuerpo de Trabajadores Sociales efectuó una nueva visita al domicilio en fecha 08/08/2018, en cuya oportunidad el Sr. Claudio S. adujo que su hijo continuaba consumiendo marihuana pero muy poco, reconociendo el adulto que el también consumía e informando además que su hijo había interrumpido el tratamiento de deshabituación en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», agregando en ese sentido: «.la última vez que nos llamaron del juzgado para avisarnos del turno del psicólogo no pudimos ir . no recuerdo la fecha desde ese entonces no nos vamos.».-

Ante ese panorama desalentador en fecha 15/08/2018 se le practicó un nuevo examen psiquiátrico a G. A. G. S., en cuya oportunidad la profesional interviniente concluyó: «. Reconoce antecedentes de consumo habitual en cantidades variables de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas (marihuana, cocaína, psicofármacos) minimizando las consecuencias derivadas del consumo. Refiere que protagonizo una pelea callejera con un compañero de escuela con quien ya tenía diferencias de larga data. se evidencian indicadores de consumo cotidiano (inyección conjuntival síndrome amotivacional .APRECIACIONES TECNICAS: . Trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Antecedes de conductas desadaptadas y disociales derivadas del consumo.Abandono escolar con escasa implicancia en el aprendizaje y bajo rendimiento académico.». En esa oportunidad y ante la grave situación del entonces adolescente, la profesional interviniente solicito que el joven sea nuevamente evaluado por el equipo interdisciplinario del Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» para considerar una nueva internación.-

Así las cosas, en el Informe Interdisciplinario efectuado por los Profesionales del Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», los mismos concluyeron lo siguiente: «. Se indaga respecto al consumo y el mismo refiere que hace 4 días habría consumido cocaína, marihuana y pastillas . El joven manifiesta su deseo de abandonar el consumo que le estaría ocasionando problemas con su familia . Se realiza test de quick el cual arroja como resultado positivo para cocaína y negativo para marihuana -benzodiacepinas-morfina -babioturicos.».-

Luego de ese último informe incorporado el Juzgado de Menores N°3 en fecha 26/08/2019 dispuso el archivo de las actuaciones civiles 9902/17 por haber alcanzado G. A. G. S. su mayoría de ed ad.-

Vale destacar, que sin perjuicio de los incansables intentos por parte de la Judicatura en el marco de las actuaciones civiles N°9902 a que el joven G. A. G. S. lograra instrumentar un tratamiento de deshabituación para el consumo de sustancias en forma constante, sistemática y continuada, tal abordaje no pudo concretarse, lográndose solamente que el nombrado concurriera en forma aislada al tratamiento, sin que pueda instrumentarse un abordaje propicio a su situación particular.-

No obstante ello, no se puede soslayar que el contexto familiar conflictivo y abandónico ha sido un factor constante en la falta de mejoría de G. A. G. S., y considero que indudablemente el hecho de haberse mudado a vivir junto a su progenitor CLAUDIO S.no contribuyó en lo más mínimo a mejorar su situación particular y específicamente su problemática de consumo, coligiéndose que pese al compromiso que manifestó el adulto en el marco de la audiencia informativa, ello no se efectivizó en los hechos, redundando todo ello en detrimento de su hijo, habida cuenta que éste adulto, su padre, no sólo no ha sabido contener, acompañar y asistir a su hijo en su problemática de consumo, sino que además resulta altamente probable que haya reintroducido a su hijo en el consumo de sustancias, habida cuenta que el adulto también reconoció ser consumidor de sustancias (marihuana), minimizando las consecuencias nocivas que el consumo de sustancias acarrea en la vida y en la salud.-

MEDIDAS TUTELARES INSTRUMENTADAS EN RELACIÓN A G. A. G. S.:

Ahora bien, en el marco de las actuaciones tutelares N°210528 caratuladas: «S. G. A. G. S/ SEGUIMIENTO MEDIDAS TERAPUETICAS SOCIO EDUCATIVAS -.CAPITAL» que fueron tramitadas por ante el Juzgado de Menores N°2, se incorporaron las siguientes constancias:

En la Junta Interdisciplinaria practicada por los profesionales del Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» en fecha 21/07/2019, los mismos concluyeron: «. Se realiza test de quick el cual arroja como resultado positivo para cocaína y negativo para marihuana -benzodiacepinas-morfina barbitúricos . al momento de la evolución no se registra demanda de tratamiento psicoterapéutico .».-

En el informe psiquiátrico practicado a G. A. G. S. en fecha 07/08/2019, la profesional interviniente concluyó: «. Se evidencian indicadores de posible sindroma de abstinencia a sustancias o alcohol, significativas al momento de la entrevista (inquietud motora, ansiedad tensión emocional, dificultades para conciliar el sueño .Es importante considerar que el joven evaluado presenta antecedentes de múltiples intentos de autoeliminación, los que fueron frustrados por la presencia de familiares. APRECIACIONES TECNICAS: . Trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas . Antecedes de conductas desadaptadas y disociales derivadas del consumo. Abandono escolar con escasa implicancia en el aprendizaje y bajo rendimiento académico.Posible síndrome de abstinencia actual.» En la misma oportunidad la profesional de la salud, entendió que ante los fracasos en los tratamientos instrumentados y la poca adherencia del joven G. A. G. S. en el mismo, que volviera a ser evaluado para una internación provisoria, ello para favorecer la adherencia posterior al tratamiento ambulatorio sistemático y continuado.-

En el informe psicológico practicado a G. A. G. S. en fecha 08/08/2019, la profesional interviniente concluyó: «. Su rendimiento cognitivo -intelectual se encuentra muy por debajo a lo esperado para su edad cronológica y desarrollo psicoevolutivo. Ello podría deberse a una escolaridad de baja intensidad con inconstancias y abandonos . Su estructura psíquica se presenta francamente endeble e inestable, con precarias defensas intrapsiquicas. Labilidad yoica y emocional, con indicadores de altos montos de impulsividad e irritabilidad, baja tolerancia a la frustración generando como consecuencia altos probabilidades de derrumbe yoico. Esto se vería potenciado por el consumo de sustancias psicoactivas .se evidencian signos compatibles con síndrome de abstinencia (temblores, inquietud psicomotora, alteraciones del sueño e irritabilidad). En la misma oportunidad, la profesional de la salud sugirió una evaluación con otras especialidades (psiquiátrica, neurología y clínica médica) para la realización de estudios pertinentes y para establecer un diagnóstico preciso.-

En forma consonante con los informes antes esbozados, en el informe socioambiental practicado en el domicilio de G. A. G. S. en fecha 09/08/2019, la profesional interviniente informó conforme la entrevista que mantuviera con la progenitora del nombrado: «.El joven G. Á. recibe visitas en el lugar de detención, por parte de la madre, atento a que el padre e encuentra enojado por lo ocurrido . En cuanto a la situación de G. Á. antes de la detención, menciona la adulta que había abonado la escolaridad por falta de interés del mismo. No realizaba tratamiento para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas. No realizaba actividad deportiva ni de esparcimiento. «.-

Por otra parte, resulta importante ponderar que el marco del expediente principal N°207039/19: caratulado: «S. G. A. G.P/ SUP HOMICIDIO SIMPLE -CAPITAL», la Unidad Penal N°6 donde permanece alojado G. A. G. S. desde el 18/12/2019, remitió sendos informes que dan cuenta de su conducta negativa y conflictiva dentro del Establecimiento Penitenciario:

Así es que el informe remitido en fecha 01/10/2020, el Servicio Penitenciario Informó que G. A. G. S. junto con otro interno se encontraban en un estado de alteración faltando el respeto al personal penitenciario y que finalmente tras efectuarle una requisa, se encontró entre las pertenencias del nombrado un elemento punzo cortante de metal de fabricación casera (FACA) de aproximadamente 10 cm.-

Asimismo, en el informe integral remitido en fecha 04/11/2020, el Servicio Penitenciario informó: «.el interno mantuvo una postura superficial, advirtiendo que hasta la fecha no se ha logrado trabajar en profundidad aspectos disvaliosos de su personalidad. En lo relacionado a psicoterapia de su historia criminológica se desprende poca predisposición en concurrir a tratamiento psicológico. No se advierte un discurso favorable en relación a realizar una autocrítica de sus conductas trasgresoras y reflexión de todo lo acontecido. No se observa una verdadera demanda subjetiva. Nula empatía, no logrando dimensionar la valoración del daño causado con su accionar. No ha demostrado en el tiempo lleva alojado predisposición e continuar con su capacitación académica como así también incorporar nuevos conocimientos, registra antecedentes de correctivo disciplinario bajo Disposición N°383/20 de fecha 12/06/20 rubricada por el señor Director de la Unidad Penal N°6, la cual incidió directamente en su guarismo calificatorio de su conducta registrando CONDUCTA MALA DOS (2) . Referente al traslado al hospital de Salud Mental del día 13-10-20 se informa que en esta área no se cuenta con ningún turno programado para esa fecha.».-

Asimismo, en fecha 05/03/2021 el Servicio Penitenciario volvió a informar respecto a inconvenientes en relación a G. A. G.S., enunciando en esa oportunidad que el nombrado se autolesionó en su pierna derecha con un afeite, por estar disconforme con la restricción del recreo que se le impuso por estar comercializando sustancias prohibidas dentro del Establecimiento Penitenciario.-

Por otra parte, de los NUEVOS INFORMES ORDENADOS por parte de ésta Judicatura se infiere los siguientes resultados:

En el nuevo informe remitido por parte de la Unidad Penal N°6 en fecha 27/04/2021: se colige que G. A. G. S. se encontraba inscripto en el Plan Fines y que no obstante se habían suspendido las clases presenciales, el nombrado había cumplido de manera favorable con la realización de las actividades propuestas, lo cual le permitió avanzar de modulo y asimismo tuvo un ascenso en su conducta por no registrar nuevos correctivos disciplinarios, no obstante lo cual no se encuentra adherido al Régimen de Ejecución Anticipada y voluntaria de pena.-.

En el Informe socio ambiental practicado en el domicilio de G. A. G. S. en fecha 05/05/2021 y al ser entrevistada su progenitora, la profesional interviniente concluyó: «. El joven G. Á. G. se encuentra privado de libertad desde hace 1 año y 7 meses, resultando involucrado por «Supuesto «Homicidio» manifestando que el problema principal radica en la adicción a sustancias toxicas que el mismo presenta desde la adolescencia y que ocasionaba comportamiento agresivo en el mismo. La Sra. L. expuso intenciones de admitir a su hijo en el seno familiar, pero evaluó prioritario que el mismo continúe recibiendo asistencia especializada para la adicción, reconociendo limitaciones por desconocimiento acerca de la forma de proceder para afrontar la problemática. Aseguro que las vinculaciones intrafamiliares se deterioraron cuando G. compartía convivencia, debido al comportamiento hostil que le mismo desarrollaba cuando se encontraba bajo los efectos de diversas sustancias toxicas.».-

En el informe psicológico practicado a G. A. G. S. en fecha 17/05/2021, la profesional de la salud interviniente arribo a los siguientes resultados:».se puede inferir la presencia de un nivel y capacidad intelectual disminuidos en relación a los parámetros esperables para su edad cronológica y desarrollo psicoevolutivo (escolaridad de baja intensidad con inconstancias, abandonos curriculares y limitado estimulo familiar). Dicha deficiente formación educativa estaría asociada también a una carencia en la escala de valores socialmente aceptados (antecedentes penales y el consumo problemático de sustancias psicoactivas de uno de los hermanos, y antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas de su padre) . reconoce antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o psicotrópicos (marihuana , psicofármacos y cocaína) de i nicio precoz, negando el consumo actual . se infiere que el joven de autos habría estado inmerso en un contexto carente (en sentido de la palabra) de una estructura apropiada de contención, sumado a la vulnerabilidad psicológica y emocional del mismo. Ello se advierte en las consecuencias devenidas de dicho contexto familiar e historia vital, a saber: antecedentes de conflicto con la ley penal (individual y familiar), consumo problemático de sustancias (individual y familiar), conductas riesgosas, entre otras cuestiones.». Ante esos extremos, la profesional evaluadora considero altamente conveniente la realización de un tratamiento psicoterapéutico INTEGRAL (psiquiátrico, psicológico, psicoeducativo etc), sugiriendo el Hospital de Salud Mental para tales fines.-

En otro punto y al ser dispuesto como punto de pericia si G. A. G. S.se encontraría apto psicológicamente para acatar normas de conducta en el caso de que le sean impuestas fuera de su actual lugar de detención, la profesional evaluadora concluyó: el joven presenta capacidad para conocer y entender . es decir, el conocimiento y entendimiento que el joven posee sobre las normas y las conductas a seguir, podrían funcionar como una inhibición efectiva que le posibilite dimensionar la consecuencia de sus actos.De igual manera el atravesamiento de la instancia judicial funcionaria a modo de interpelación en su operatoria subjetiva, instalando cuestionamientos y autocriticas en relación a los hechos que dieran origen a las presentes actuaciones . resulta necesario aclarar que se trata de una condición dinámica y posible de sufrir modificaciones por influencias externas (toxicas, por consumo problemático de sustancias psicoactivas, familiares, grupo de pares, etc) o internas (estados emocionales, etc).»

En el informe psiquiátrico practicado a G. A. G. S. en fecha 14/06/2021, la profesional de la salud interviniente concluyó: «. se infieren antecedentes compatibles con: consumo problemático de alcohol y de sustancias psicoactivas, comportamientos desadaptativos y disociales asociados al consumo, inestabilidad emocional con despliegue de conductas impulsivas. Inmadurez e inestabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, con antecedentes de intentos de autoeliminación. Asimismo, se infiere abandono escolar con escasa implicancia en el aprendizaje y bajo rendimiento académico. Refiere que en la actualidad se encuentra cursando la escolaridad en forma virtual en el Penal. . es capaz de ser consciente de sus actos y dirigir sus acciones de acuerdo a dicha comprensión.No obstante se debe considerar las posibles modificaciones ejercidas por factores internos o externos debido a la inestabilidad emocional y psicopatológica (estados emocionales especiales, intoxicación por alcohol y/o sustancias psicoactivas). no se detectan indicadores de riesgo cierto e inminente para si o terceros . se sugiere que el joven continúe tratamiento psicoterapéutico y de deshabituación, en principio en forma ambulatoria sistemática y continuada ya iniciado en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» y/o en el DIAT de SEDRONAR (según funcionamiento actual de dichas instituciones debido al protocolo sanitario por COVID-19 vigente) a fin de prevenir futuros comportamientos desadaptativos y optimizar las relaciones sociales.».-

Cabe poner de relieve que en la misma evaluación la profesional de la salud remarcó que: «.el joven examinado habría presentado ideas e intentos de autoeliminación entre sus antecedentes psicopatológicos, lo cual implica considerar que es posible la presentación de pensamientos autoliticos en el futuro, en particular ante la falta de adherencia al tratamiento señalado».-

CONCLUSIONES DEL ABORDAJE PROTECCIONAL IMPLEMENTADO:

Habiendo efectuado una merituación de la evolución conductual del joven G. A. G. S. desde su primera intervención jurisdiccional hasta la actualidad, considerando que se encuentra privado de su libertad hace más de dos años, resulta evidente que la absoluta carencia familiar y afectiva que ha padecido éste adolescente a lo largo de su vida ha coadyuvado a que se vea expuesto no sólo al consumo de sustancias, sino a comportamientos desadaptativos, que incluso eran posiblemente incentivados por su progenitor.-

Lo entiendo así, puesto que de las constancias jurisdiccionales antes mencionadas, se colige claramente que el inicio de la problemática de consumo que reflejó G. A. G. S.tuvo una vinculación directa con la grave problemática intrafamiliar que éste último padecía dentro de su hogar, siendo que su progenitor expresaba conductas muy violentas hacia todos los miembros de la familia, en especial hacia la progenitora del joven, lo que inexorablemente motivaba a que éste último buscara algún tipo de «refugio» o «contención» afuera de su casa, viéndose expuesto permanentemente a todo tipo de riesgos, como ser la sustancias psicoactivas.-

En éste sentido, considero importante dar plena entidad y verosimilitud a las propias palabras de G. A. G. S., cuando en fecha 18/10/2017 al recepcionarsele audiencia informativa ante el Juzgado a mi cargo en los términos del artículo 12 de la C.D.N. el adolescente expresó que en ese momento se encontraba viviendo en la casa de su novia, que quedaba enfrente a su domicilio, donde era el único lugar donde tenía tranquilidad, pero que de todos modos podía escuchar desde ese lugar toda la violencia que ejercía su padre hacia el resto de su grupo familiar, constatándose en esa oportunidad en el joven que esa problemática intrafamiliar, sin dudas lo movilizaba psíquica y emocionalmente.-

Por cuanto, si bien en la misma audiencia enunciada en el párrafo anterior G. A. G. S. expresó sus deseos que realizar un tratamiento de deshabituación y a reanudar sus estudios, en rigor de verdad éstos deseos debían ir acompañados de una red de contención familiar o del apoyo de algún referente afectivo, lo que en ese momento no existían, resultando por ende casi imposible o muy difícil que el adolescente haya podido valerse por sus propios recursos para salir de la problemática de consumo de sustancias tóxicas.-

En la misma línea de pensamiento, vale destacar que se logró constatar que el joven G. A. G. S.efectivizó un tratamiento en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» desde el mes de noviembre de 2017, aproximadamente hasta el mes de febrero de 2018; y si bien ese período había logrado cierta adherencia al tratamiento, posteriormente los inconvenientes volvieron a reanudarse en torno a su problemática de consumo.-

Así es que, indudablemente ésta conflictiva familiar y de consumo que padecía el joven G. A. G. S. se ha visto incrementada al iniciar el joven la convivencia con su progenitor -quien por un periodo de tiempo se retiró del hogar-, habida cuenta que éste adulto también era consumidor de sustancias tóxicas y por ende no dimensionaba las gravísimas consecuencias que las mismas estaban ocasionando en la salud de su hijo entonces menor de edad, viéndose ello evidenciado no sólo en la audiencia informativa recepcionada a ambos de fecha 03/04/2018, sino además en los consecuentes informes socio ambientales practicados en el domicilio del adulto, donde las profesionales intervinientes dieron cuenta que éste último no acompañó, ni sirvió de contención a su hijo para que pudiera abordar la problemática de consumo que padecía, desconociendo los turnos a los que debía asistir su hijo en el Hospital de salud Mental «San Francisco de Asís», ni la profesional que lo atendía e incluso reconociendo el consumo de sustancias propio y de su hijo.-

Es por ello, que ante ese panorama desalentador que vivenciaba G. A. G. S., no resulta casual que éste último en fecha 20/06/2019 se vea involucrado en el hecho por el cual ha sido declarado penalmente responsable, encontrándose desde ese día hasta la fecha privado de su libertad.- Lo antes expuesto, encuentra sustento a que los primeros informes practicados por la Judicatura Instructora, se desprende que G. A. G. S.continuó hasta el momento de su detención consumiendo sustancias tóxicas, específicamente cocaína, y que en los siguientes informes psicológicos y psiquiátricos practicados al nombrado, las profesionales de la salud destacaron que presentaba síntomas de abstinencia y antecedentes múltiples de intentos de autoeliminación.-

Es así que, en los primeros meses en su contexto de encierro G. A. G. S. no presentó una buena conducta conforme lo informara oportunamente las autoridades del Servicio Penitenciario, encontrándosele en su poder una faca en una oportunidad y además un intento de autolesión, motivando ello a ostentar una mala calificación conductual dentro del Establecimiento Penitenciario en el periodo 2019-2020.-

No obstante ello, en el presente año en curso vale destacar que la situación judicial que atraviesa lo ha interpelado positivamente, conforme los nuevos informes de la Unidad Penal N°6, como así también de las profesionales de la salud intervinientes, habida cuenta que si bien G. A. G. S. nunca retomó tratamiento de deshabituación dentro de la Unidad, comenzó a asistir a clases y no protagonizó nuevos episodios de inconductas, lo que motivaron que lograra avanzar de módulo.-

Por otra parte, corresponde dar entidad a lo dictaminado por la Sra. Psicóloga Forense, Lic. Josefa Galvaliz, en relación a que G. A. G. S. en el caso de que se le impusieran normas de conducta sería capaz de conocer y entender, considerando que las mismas «.podrían funcionar como una inhibición efectiva que le posibilite dimensionar las consecuencias de sus actos.», agregando además que «.el atravesamiento de la instancia judicial funcionaria a modo de interpelación en su operatoria subjetiva, instalando cuestionamientos y autocriticas en relación a los hechos que dieran origen a las presentes actuaciones.», ante lo cual considero que éstos extremos deben ser valorados a favor del joven S. quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de dos años.-

Así es que en el entendimiento de que el hecho que lo involucra al joven G. A. G. S.se encuentra directamente relacionado con la problemática de consumo que padece, como así también con los graves antecedentes de violencia intrafamiliar que padeció en mano de su progenitor, resulta imperioso que el joven S. inicie un abordaje psicoterapéutico específico y adecuado para combatir su adicción a las sustancias psicoactivas como así también abordar las posibles secuelas emocionales que le ha dejado su historia vital y familiar, siendo necesario que el mismo sea efectivizado en forma sistemática y continuada en una Institución especializada en dicha problemática, considerando en ese sentido que no resulta posible que ello pueda ser debidamente cumplimentado en un contexto de encierro habida cuenta que pese a encontrarse casi dos años privado de su libertad, no existen constancias de que S. haya podido instrumentar el tratamiento de deshabituación tal como le fuere oportunamente aconsejado.-

Es así que, en consonancia con lo antes concluido de la historia vital de S. y de la impresión directa que el mismo me ha generado, el SR. DEFENSOR DEL TRIBUNAL, DR. NICOLAS BAEZ con la anuencia de la SRA. FISCAL, DRA MARIA ANDREA GONZALEZ han solicitado que G. A. G. S. iniciara un abordaje psicoterapéutico en el Instituto «CUIDARTE» y bajo la modalidad de internación, poniendo en conocimiento el Defensor técnico que ello ya había sido previamente acordado con su tutelado, considerando que ese tratamiento correctamente abordado y con profesionales especializados en la materia constituyen una posibilidad «de oro» en éste momento, ya que ello sólo se podría conseguir en éste tipo de Procesos, permitiendo que el joven S. pueda reencauzar su vida fuera de la órbita del servicio penitenciario y eventualmente en libertad si ello se cumple.-

Por otra parte, si bien la Sra. Representante de la Vindicta Pública ha manifestado su anuencia a lo solicitado por el Sr.Defensor Oficial del Tribunal, estimo importante ponderar que ambas partes han mantenido una entrevista personal dentro del marco de la audiencia de conocimiento personal y directo reglada por el artículo 4º de la Ley 22.278/22.803, en donde ha quedado evidenciado que lo peticionado resulta ser hoy la vía más apropiada y ajustada para lograr una eventual resocialización de G. A. G. S., enfatizando ambas partes al dirigirse a éste último que el abordaje al que G. ha consentido será efectivizado bajo la modalidad de internación, lo que requiere inexorablemente de una voluntad infranqueable para que tenga garantías de éxito, coincidiendo la Sra. Fiscal y el Sr. Defensor que sólo con el tratamiento aconsejado y con el cual S. se ha comprometido, éste último podrá adquirir las herramientas necesarias para lograr desenvolverse en un futuro y no recaer en el flagelo de la droga, ya que al regresar sin más a su antiguo contexto familiar y social, resultaría muy difícil encaminar su vida alejado de una problemática que lo ha acompañado por un largo periodo en su adolescencia.-

En la misma línea, cabe destacar que el Sr. DEFENSOR DEL TRIBUNAL, DR. NICOLAS BAEZ, enfatizó que si bien existen constancias de que el joven G. A. G. S. realizó anteriormente un tratamiento psicoterapéutico en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» no se puede perder de vista que ese abordaje no sólo fue realizado en forma esporádica sin la frecuencia requerida para su situación particular, sino que además remarcó que no se puede perder de vista que dicho nosocomio no resulta ser un contexto agradable para generar la suficiente adherencia en su tutelado, tal cual como sucedió según constancias del expediente tutelar.-

Así es que, ante lo manifestando por el SR. DEFENSOR DEL TRIBUNAL DR. NICOLAS BAEZ con la anuencia de la SRA. FISCAL, DRA. MARIA ANDREA GONZALEZ, es que ésta Magistrada en el marco de la Audiencia de Conocimiento Personal y Directo celebrada procedió a indagar al joven G. A. G. S.en torno a lo peticionado, contestando éste último en todas las oportunidades al ser consultado que estaba plenamente dispuesto a realizar un tratamiento de deshabituación incluso bajo la modalidad de internación en Centro de Rehabilitación Terapéutica «CUIDARTE» y durante el tiempo que resulte necesario hasta lograr su alta médica

Por lo que, analizando puntualmente lo requerido por el SR. DEFENSOR DEL TRIBUNAL DR. NICOLAS BAEZ, en torno al joven G. A. G. S., con el acompañamiento de la Sra. Fiscal, entiendo que lo requerido, esto es un tratamiento de deshabituación al consumo de sustancias bajo la modalidad de internación en una institución específicamente preparada para ello, es la sanción que mejor se ajusta a las necesidades del joven S.

Ello es así por cuanto, si bien el joven S. ha manifestado con anterioridad, en el marco de la Observación Jurisdiccional oportunamente instrumentada, su deseo de deshabituarse en el consumo de sustancias, en rigor de verdad, ello no ha sido posible en razón a que en su adolescencia carecía a las herramientas necesarias para hacerlo por sí mismo, viéndose prácticamente huérfano ante la falta de contención, de sostén y acompañamiento de su grupo priM., sumado a la naturalización del consumo de sustancias.

AL SEGUNDO INTERROGANTE concluyo:

NECESIDAD DE PENA:

Que, iniciando el análisis en torno a la aplicación o no de una sanción penal para G. A. G. S.en consonancia con las normativas precitadas, he de tener en cuenta que el nombrado tenía 17 años de edad a la fecha del hecho ilícito por el cual se ha declarado su responsabilidad penal, por lo que tal como lo requiere la normativa supranacional y la CSJN, la respuesta punitivo-estatal en éstos casos debe ser diferenciada, partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante de que los niños, frente a la infracción de la ley penal, cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos y deben ser tratados exactamente igual; pero además tienen derechos especiales derivados de su condición de persona en desarrollo, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos humanos). Esta especialidad no constituye sólo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado del corpus iuris que integra esta materia (confr. CSJN, Fallos 328:4343 Considerandos 32 y 33 del voto de los jueces Petracci, Maqueda, ZaffaroniHighton de Nolasco y Lorenzetti).-

Esta postura resulta compatible con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de la infancia, habiendo sido reconocido ello por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tuvo dicho que: «Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia.Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niño», y además precisó: «La respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y a la gravedad del delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en particular a largo plazo».- (CSJN, Fallos 331:2047, considerando 4 del voto de los Jueces Lorenzetti, Higton de Nolasco, Fayt, Petracci, Maqueda y Zaffaroni).-

En este sentido, debo adelantar que entiendo necesaria la aplicación de pena para G. A. G. S., a fin de que el nombrado pueda instrumentar un abordaje terapéutico que le permita su deshabituación al consumo de sustancias, en miras a una reintegración en la sociedad asumiendo una función constructiva y alejado de nuevos hechos ilícitos.-

En ese sentido, un dato relevante a tener en cuenta en relación al joven G. A. G. S., son los dictámenes emanados por las profesionales de la salud, cuando el mismo recientemente había ingresado a la Unidad Penal N°6, dejando en evidencia sus síntomas de abstinencia, lo que deja claro la entidad y gravedad de la adicción que aún padece, y siendo además que el joven ha protagonizado durante su adolescencia algunos episodios autolíticos, habiéndose incluso autolesionado encontrándose en contexto de encierro, es que todo ello conduce a la Suscripta a concluir que resulta inminente y urgente que S.pueda realizar un tratamiento acorde a su situación particular, considerando en ese sentido que el mismo no podrá efectivizarse correctamente en contexto de encierro, teniendo en cuenta que hoy en día su problemática ha ido en aumento al punto tal de encontrarse el joven en una situación de vulnerabilidad emocional y psicofísica.-

Por otra parte, considero importante poner de relieve que ésta Magistrada no toma en consideración como stardand de valoración las características del ilícito que cometió S. siendo adolescente, ya que lo que a mi criterio resulta trascedente a efectos de valorar la necesidad o no de la aplicación de una pena, debe centralizarse en los fines resocializadores y pedagógicos característicos de éste Fuero Penal de Adolescentes.-

Por cuanto, en esa línea de pensamiento y teniendo a la vista no sólo los resultados que emergen de la observación jurisdiccional instrumentada por ante el Juzgado de Menores N°2, sino además los nuevos informes practicados desde ésta Judicatura Especializada, los cuales conducen a la Suscripta al entendimiento de que la solución aquí adoptada debe verse encaminada no sólo a reforzar en concreto el sentido de responsabilidad del ahora adulto G. A. G. S. por el gravísimo hecho cometido siendo aún adolescente, como así también su respeto por los demás y su inserción en la comunidad signada por una convivencia armónica, sino además lograr encauzar la génesis del conflicto aquí suscitado, cual fue la ingesta excesiva de sustancias por parte del adolescente, habida cuenta de que si esa problemática hoy no logra ser encausada correctamente, dejará expuesto a que el ahora adulto pueda verse involucrado ulteriormente en hecho similares, aun encontrándose en un contexto de encierro.-

Por lo que teniendo en cuenta lo extremos antes expuestos, y considerando especialmente el interés superior de G. A. G.S., quien al momento del hecho era un adolescente de 17 años de edad, de conformidad a lo expuesto por los artículos 75 inc 22 de la C.N, 3, 37 y 40 de la CDN y 4 de la Ley 22.278/22803, considero entonces que S. resulta ser merecedor de un reproche penal por el hecho por el cual se ha declarado su responsabilidad penal.-

Ello es así, considerando que la conducta asumida por S. con posterioridad al gravísimo hecho que se enrostra, aún no lo ha implicado subjetivamente, ya que pese a que desde que se encuentra privado de su libertad ha protagonizado varias inconductas dentro de su contexto de encierro sin haber demostrado su voluntad para iniciar un tratamiento dentro de la Unidad Penitenciaria donde se encuentra alojado, y si bien en la actualidad su situación judicial lo interpela y que en rigor de verdad no ha tenido un soporte afectivo durante su adolescencia, ello no permite eximirlo de sanción penal en éste caso en concreto, resultando por el contrario necesario que el ahora adulto encauce un abordaje psicoterapéutico especializado y adecuado a su situación particular, a los fines de rehabilitarse de su gravísima problemática de consumo y de lograr su concientización en el acatamiento de las normas sociales, entendiendo que ello no sólo lo podrá posicionar positivamente en la sociedad y sino especialmente en el ámbito intrafamiliar, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia padecidos durante su infancia y adolescencia.-

Ahora bien, teniendo en cuenta las argumentaciones expuestas y si bien entiendo que no procedería para el caso concreto de S. prescindirle de aplicar pena o aplicarle una pena de cumplimiento efectivo, considerando la necesidad que el mismo efectivice un tratamiento especializado y adecuado a su situación particular, considero atinado aplicar a S.una PENA DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL CON ESTRICTAS REGLAS DE CONDUCTA, ORDENANDOSE SU INMEDIATA LIBERTAD a efectos de que el nombrado pueda iniciar INMEDIATAMENTE un abordaje psicoterapéutico en el CENTRO UNICO DE REHABILITACION TERAPEUTICA (CUIDARTE), considerando que ésta sanción educativa es la que más se ajusta no sólo por la condición de adolescente del mismo a la fecha del grave hecho que se le enrostra sino que -tal como lo tengo dicho- en ese momento no recibía la contención de ningún adulto (progenitores o referentes afectivos) que pudieran dirigirlo y orientarlo hacia la observancia de las normas sociales y la deshabituación al consumo de sustancias toxicas.-

Esta posición adoptada por ésta Magistrada, -de abogar por el efectivo cumplimiento del tratamiento resocializador-, resulta ser la más ajustada a los términos de la Convención de los Derechos del niño, desde que se coloca al problema del delito cometido por los jóvenes en el ámbito del compromiso frente a los derechos de terceros, desterrando al efecto la visión positivista que pretende mitigar la peligrosidad de los jóvenes a través del cumplimiento de reglas.-

Es así que, con la sanción aquí dispuesta se busca en definitiva consolidar la idea de responsabilidad del joven G. A. G. S. y colocarlo en una perspectiva responsable frente al hecho cometido, que ha constituido una franca vulneración de uno de los derechos más sagrados para cualquier sociedad como es la vida de los semejantes, siendo por ende necesario que éste cumpla con normas de conducta que coadyuven a su rehabilitación y resocialización, considerando que a través de las mismas el joven podrá de alguna forma reparar en gravísimo daño causado para eventualmente reintegrarse en sociedad habiendo internalizado las consecuencias de su accionar delictivo.-

En consonancia con lo expuesto en el párrafo precedente tiene dicho la doctrina: «. la restauración de las condiciones que permiten construir responsabilidad en el seno de la cultura de derechos, y no como hace el positivismo, en la readaptación del infractor.» (G.Placencia, Luis, «Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Programa de Cooperación sobre DDHH Mixico-Comisión Europea, Pag 407)

Al respecto señala Mary Beloff: «. la idea de responsabilidad en los adolescentes es central desde la perspectiva de su integración social, porque difícilmente alguien puede constituirse como ciudadano pleno si no logra vincularse de alguna manera con sus actos y comprender el significado disvalioso que los delitos que comete tienen para la comunidad en la que vive.» (Mary Beloff, «Los jóvenes y el delito: la responsabilidad es la clave» en Bien Común, año XI, núm. 124, Abril de 2005, pp 35-37).-

La decisión adoptada encuentra fundamento, en que resulta notorio que en el caso en particular del joven G. A. G. S. una sanción en contexto de encierro no sólo no cumplirá con la función de reinserción social, sino que además con la misma no se podría cumplir con el fin pedagógico y reeducativo que se persigue, considerando que no obstante a encontrarse varios meses privado de su libertad en la Unidad Penal N°6, a la fecha no ha logrado instrumentar un abordaje psicoterapéutico y de deshabituación a sustancias psicoactivas, adecuado a su situación particular y a su especial problemática, entiendo entonces que la imposición de una pena de ejecución condicional a la que se le adicione el cumplimiento del tratamiento especializado sugerido por los profesionales de la salud, como regla de conducta, no sólo constituye una respuesta que permite «conciliar» el sistema punitivo con el interés superior de G. A. G. S.en miras a lograr el fortalecimiento de la responsabilidad penal del nombrado, sino que además encontrándose éste último en libertad, es decir afuera de la órbita del Servicio Penitenciario, ello le permitirá cumplimentar acabadamente el tratamiento aconsejado por el tiempo, la frecuencia y bajo la modalidad que disponga el Equipo Interdisciplinario de profesionales quienes lo evalúen.-

En consonancia con lo aquí concluido estimo importante poner de relieve las recomendaciones efectuadas por el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño, quien tuvo dicho: «. c) Considerando especiales necesidades de ciertos adolescentes Por último, la determinación de la severidad de la sanción también debe considerar, en casos especiales, la presencia de circunstancias objetivas que hacen más severa una determinada sanción para ciertos adolescentes que para el común de ellos, por afectar sus derechos o iintereses de forma más intensa. En tal caso, la cuantía, duración o intensidad de la afectación de derechos impuesta por la sanción deben atenuarse .».-

Al efecto la Convención Internacional en su artículo 40 inc 4° propone «La Teoría de La Protección Integral» la cual enarbola la responsabilidad de los jóvenes por sus actos, obligándolos frente a otros, en el entendimiento de esa es la forma más apropiada de integración social. A saber el mentado artículo establece: «.se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las ordenes de orientación y suspensión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de una manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.».-

Asimismo, éste entendimiento ostenta una correcta adecuación supranacional y armonización con las normas que integran el «Corpus Iuris Minoritatis»; ya que éstas ostentan mayor jerarquía constitucional (art. 75 inc 22 de la Carta Magna).-

A saber: El Pacto de Derechos Civiles y Políticos:Estatuye que el proceso seguido por delito en la niñez se dirija a estimular la readaptación social (art. 14.4); La Convención de los Derechos del Niño: Expresa que la prisión debe ser una medida adoptada como de «última ratio» y que debe durar el periodo más breve que proceda (art. 37.b); como además tiene que fortalecer el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros y la importancia de promover la reintegración del joven para que el mismo pueda asumir una función constructiva en la sociedad; Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores: establece que cualquier respuesta que se dé al delincuente debe ser siempre proporcionada a sus circunstancias y a las del delito (Regla 5.1) y que las restricciones a la libertad personal deben reducirse al mínimo posible (Regla 17.1.b);

En el mismo sentido, considero que la solución aquí adoptada se traduce un acto pedagógico que permitirá satisfacer plenamente los fines perseguidos por la Convención de los Derechos del Niño, habida cuenta que a través del abordaje psicoterapéutico impuesto permitirá por un lado colocar al joven G. A. G. S.en una perspectiva responsable frente el hecho cometido, teniendo en cuenta que el mismo ha vulnerado el bien jurídico más importante del ordenamiento jurídico, cual es, la vida, permitiéndose con ello que el joven logre eventualmente una integración en la sociedad, obligándose frente a terceros a mantener un buen comportamiento; y a su vez por otra parte con esa medida socio-educativa se podrá trabajar desde su protección integral a efectos de que logre reconstruir su vida individual en el aspecto psicofísico considerando las graves secuelas que el consumo ha dejado en su vida, lo cual le permitirá trascender desde allí a la esfera de lo «social» en miras a que eventualmente logre cumplir un rol constructivo en la sociedad.-

En otro orden de ideas y alejándo me de la construcción paternalista antes abordada, por el contrario al entender que resulta necesaria la aplicación de una pena/sanción para G. A. G. S. ello no constituye una política asistencial, sino que ésta postura está plagada de tecnicismo jurídico, sustentada en recomendaciones de profesionales de la salud, y aún solicitada por las partes del proceso, pero sin perder de vista en ningún momento las garantías procesales del joven y sobre todo el principio de especialidad y su interés superior.-

En consonancia con la decisión adoptada en relación a G. A. G. S. tuvo dicho la Observación General Nº24 del Comité de los Derechos del Niño: «.Disposiciones del tribunal de justicia juvenil 73. Las leyes deben contener una amplia variedad de medidas no privativas de la libertad y deben dar prioridad expresa a la aplicación de esas medidas para garantizar que la privación de libertad se utilice únicamente como último recurso y durante el período más breve que proceda. 76.El Comité pone de relieve que la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada no solo a las circunstancias y la gravedad de este, sino también a las circunstancias personales (la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y necesidades del niño, incluidas, si procede, las necesidades relativas a su salud mental), así como a las diversas necesidades de la sociedad, especialmente a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención. Cuando un niño cometa un delito grave, se podrá considerar la aplicación de medidas proporcionales a las circunstancias del infractor y a la gravedad del hecho, y se tomará en consideración la necesidad de seguridad pública y de sanciones. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad.».-

AL TERCER INTERROGANTE concluyo:

MESURACION DE PENA:

Sobre el punto, considero necesario poner de relieve que el margen punitivo que debe aplicarse para el encartado G. A. G. S. debe ser ajustado especialmente su situación particular y al abordaje que deberá instrumentar a los fines de su eventual resocialización.-

En ese sentido y siendo que la Magistratura Especializada debe efectuar un constante contralor de convencionalidad, por mandato constitucional, y en el entendimiento de que el quantum punitivo dispuesto debe constituir una sanción equitativa y conciliada con los fines específicos del Proceso Penal de Adolescentes, y especialmente con el principio de flexibilidad en la determinación de las penas, considero atinado IMPONER al joven G. A. G. S.LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO.-

Ello es así, en el entendimiento de que en virtud de lo normado en el artículo 4° de la Ley N°22.278 el quantum punitivo aplicable efectuando una reducción al grado de conato, por aplicación de la tesis abordada en el FALLO VILLARINO arroja en abstracto una escala penal de cuatro (04) años de mínima y de 16 (dieciséis) años y 9 (nueve) meses de máxima, estimo absolutamente razonable en éste caso en concreto aplicarle la mínima de la escala penal antes estipulada al joven G. A. G. S., considerando que éste constituye un tiempo prudencial y suficiente para que pueda abordar de manera concreta, constructiva y eficiente el tratamiento de deshabituación de consumo de estupefacientes, en la inteligencia de que dicho abordaje lo conducirá eventualmente hacia su total reinserción social.-

Es así que el quantum punitivo aquí arribado fue construido teniendo en cuenta las causas agravantes y atenuantes que se coligen, y en ese sentido considerando expresamente lo contemplado en los artículos 40 y 41 del Código Penal, estimo que la única circunstancia que amerita sea tenida como agravante resulta ser la gravedad del hecho por el cual fue juzgado y declarado penalmente responsable G. A. G. S. sin perderse de vista que dicho suceso delictivo constituye la vulneración del bien jurídico más relevante, cual es la vida de un semejante. Por otra parte, considero como atenuante no solamente la carencia de antecedentes penales, siendo que ésta causa resulta ser la única por la cual S. fuera imputado, sino además su particular historia de vida signada por la orfandad familiar y la falta de contención a la que el joven se ha visto expuesto siendo que el consumo problemático de sustancias lo ha acompañado durante toda su adolescencia, yendo in crescendo hasta llegar a constituir una verdadera problemática, la que hoy afecta su salud psicofísica.-

Lo entiendo así, no sólo en razón a la respuesta diferenciada a que resulta merecedor G. A. G.S. por haber cometido el delito enrostrado siendo un adolescente, sino a que en virtud de los lineamientos dados en las normas contenidas del «Corpus Iuris Minoritatis» y especialmente las contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, la sanción impuesta no sólo debe guardar proporción con la infracción sino con las circunstancias personales del nombrado.-

AL CUARTO INTERROGANTE concluyo:

Asimismo, corresponde expedirme concretamente respecto a la modalidad de cumplimiento de la sanción que corresponde aplicar G. A. G. S., entendiendo que en éste caso en concreto EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA QUE SE LE IMPONE DEBE SER EN SUSPENSO o DE EJECUCION CONDICIONAL y no de cumplimiento efectivo.-

Lo antes concluido obedece a que en el caso concreto del joven G. A. G. S. ha quedado plenamente constatado que una sanción en contexto de encierro jamás podrá coadyuvar a su rehabilitación de su problemática de consumo y por ende a su resocialización, habida cuenta que en todo éste tiempo -casi dos años- en que el nombrado ha permanecido en la Unidad Penal Nº6, si bien se ha inscripto en el Plan Fines concurriendo a la escolaridad, no ha logrado efectivizar el tratamiento de deshabituación a su problemática de consumo, que le generado intensos y numerosos altibajos y recaídas durante su adolescencia.-

Es así que en el caso de imponerle una condena con la modalidad de encierro, como en rigor de verdad la viene cumpliendo, S. no podrá adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse en el medio libre absolutamente alejado del consumo de sustancias, para afrontar situaciones conflictivas con terceros y especialmente con su familia, habida cuenta las numerosas situaciones violentas que ha vivenciado en ese ámbito durante su adolescencia.-

En el mismo sentido, no se puede perder de vista que la infructuosidad del abordaje oportunamente iniciado por el joven G. A. G. S.en el Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís», se debió a la escasa adherencia por parte de éste último a ese abordaje, precisamente por la falta de acompañamiento familiar, la cual era vital en esa etapa de su proceso terapéutico y evolutivo, deviniendo como consecuencia de ello que el ahora adulto nunca lograra internalizar la importancia que revestía cumplir con dicho tratamiento, encontrándose incluso hoy como adulto carente de las herramientas necesarias para desplegar un comportamiento socio adaptativo que le permita incluirse, asumiendo roles constructivos para sí mismo y para con la sociedad en la que vive.-

Con relación a la prisionización de jóvenes infractores la CIDN asume como principio el de excepcionalidad y, supletoriamente el de encierro por el menor tiempo que proceda (art. 37 inc. B), al tiempo que se enrola en la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 37 inc. A), adoptando siempre que se debe primar la utilización de otras alternativas sancionatorias (art. 40).

Así las cosas, y quedando comprobado que el contexto de encierro resulta incompatible con el abordaje psicoterapéutico que necesita instrumentar en la actualidad G. A. G. S. para lograr rehabilitarse de su grave problemática de consumo de sustancias, siendo que ésta estuvo totalmente vinculada con el hecho por el cual ha sido juzgado, y valorando la especial situación en el que se encuentra y que se encontraba el mismo al momento del hecho siendo un adolescente, sin perderse de vista incluso los intereses de la sociedad por el gravísimo hecho por el cual ha sido declarada su responsabilidad penal, es que considero apropiada UNA CONDENA EN SUSPENSO imponiéndose como REGLA DE CONDUCTA la instrumentación INMEDIATA DE UN ABORDAJE PSICOTERAPUETICO EN EL CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICA «CUIDARTE» bajo la modalidad de internación, en miras a que el joven S.adquiera progresivamente una adherencia subjetiva al abordaje que necesita instrumentar, para que luego y obtenidas las herramientas necesarias logre continuar el mismo bajo la modalidad ambulatoria, hasta conseguir finalmente su alta médica.-

No quedan dudas, que la modalidad de cumplimiento aquí adoptada ameritan un compromiso y voluntad incólume por parte de G. A. G. S., y que además la misma representa una posibilidad única y eficaz para que el mismo llegue eventualmente a una resocialización, lográndose en el camino verse cumplido el fin reeducativo y pedagógico de éste tipo de proceso, por cuanto y en el caso de que el nombrado vea desaprovechada ésta oportunidad, no cabrá otra alternativa que la revocación del beneficio concedido, en el entendimiento de que si bien la medida socio educativa aquí implementada resulta ser la forma más apropiada para la integración social, el compromiso de G. A. G. S. resulta insoslayable para el cumplimiento de ese fin.-

En ese sentido tuvo dicho la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 40 inciso 4°:» .se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y suspensión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de una manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción».

Por ello considero, que la imposición de una pena de ejecución condicional para el joven G. A. G. S., a la que se le adicione el cumplimiento como regla de conducta del tratamiento oportunamente sugerido y bajo la modalidad de internación, satisface plenamente los fines perseguidos por la Convención Internacional, permitiéndole con ello asumir gradualmente un rol responsable en la sociedad, siendo compatible además a su interés superior (art.3, y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17/02, punto 53), desde que entre el abanico de soluciones que ofrece el artículo 4° de la Ley N°22.278/22803, ésta es la que más favorece el disfrute de todos los derechos considerados en la normativa internacional, permitiendo que S. pueda iniciar el tratamiento fuera de la órbita del Servicio Penitenciario, a efectos de que eventualmente y al concluir el tratamiento sugerido, pueda en libertad asumir frente a todo el conjunto social una respuesta valiosa por el hecho cometido.

Entiendo que la solución que aquí se arriba en relación a G. A. G. S. resulta absolutamente ajustada a su realidad y a los fines que persigue éste Proceso de Adolescentes, considerando además que si los Magistrados Especializados pueden sancionar enteramente, reducir esa sanción y, aún, eximir de pena al joven infractor, conforme lo establecido en el art.4º de la Ley 22278, tales facultades podían expresarse, también, en la imposición de una sanción con claros objetivos socio-educativos, considerando en ese sentido que: «quien puede lo más, puede lo menos».-

Al respecto no se debe perder de vista El principio educativo que debe pregonar en el Fuero Penal de Adolescentes, teniendo dicho UNICEF al respecto y forma consonante con lo antes expuesto: «las consecuencias jurídicas que devienen de la responsabilidad de sus actos siempre deberán tener un fin socioeducativo.Esto significa que su objetivo será promover la capacidad de responsabilización del adolescente, incorporando mecanismos que le permitan el manejo cognitivo y emocional de los factores que inciden en su conducta y la previsión de las consecuencias de la misma», agregando que «debe ser una reacción punitiva de la sociedad al delito cometido por el adolescente y, al mismo tiempo, debe contribuir a su desarrollo como persona y como ciudadano» (Derechos de niños, niñas y adolescentes, seguimiento de la aplicación sobre los derechos del niño, publicado por la Dirección Nacional de Asistencia directa a Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia -UNICEF-, noviembre 2007).-

Asimismo, y tal como lo tiene dicho la Doctrina Nacional, es menester recordar que en el ámbito de la intervención judicial respecto del accionar juvenil existe el modelo reeducativo, que «se caracteriza por un acercamiento de los aspectos clínicos y psicosociales, cuyo objeto es el menor, considera al hecho como una expresión patológica, su propósito es la recuperación , la clave se encuentra en lo psicosocial y su contexto es paternalista» (D’Antonio, El menor ante el delito, 3ª. Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, 2009, pág. 36).-

En esa línea de pensamiento, siendo relevante tener en cuenta las especiales necesidades que ostenta G. A. G.S., considerando que pese a su gravísima problemática con los estupefacientes, no tiene otros antecedentes más que la presente y que durante toda su vida ha sufrido un constante abandono afectivo por parte de sus progenitores y de su grupo priM., y conciliándose todo ello con los principios de in dubio pro reo, favor minoris y «Pro homine» regulado éste último en el Art.29, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que deben orientar en todo momento al juzgador al momento de resolver la situación procesal de cualquier adolescente o quien lo fuera al momento de la comisión de delito que se le enrostra; y más aún cuando esa decisión -como en el caso en concreto- definirá la vida y la libertad de ese entonces adolescente por un largo periodo de tiempo, es que considero absolutamente adecuado LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO PARA G. A. G. S., de conformidad al principio de flexibilidad en la determinación de las penas, criterio orientativo en todos los casos para los Magistrados Especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal.-

Vale destacar en relación al quantum punitivo aquí dispuesto que el mismo fue arribado teniendo siempre presente la realidad del ahora adulto S. amén del sentido reeducativo que la sanción debe significar para el mismo, y es por ello que se intentó adaptar la sanción de modo tal que la misma no se transforme en una medida retributiva y por ende excesiva, sino que resulte acorde con el fomento de su dignidad, el respeto del joven por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de éste asuma una función constructiva en la sociedad» (art.40.1 de la CIDN).-

Este, y no otro, es el camino que nos signa la CDN y que ha llevado al Centro Iberoamericano de Los Derechos del Niño a delinear «Los Estándares Comunes para Iberoamérica sobre determinación y Revisión Judicial de Sanciones Penales de Adolescentes» concluyendo en relación a los Fines de la sanción: «.a) Prioridad de la dimensión expresivo-educativa de la sanción. La sanción impuesta a un adolescente en respuesta a su delito lo reconoce como un sujeto responsable y le expresa -en su caso, ante la comunidad- una reprobación de su acto y una expectativa de que reconozca el valor de los derechos de terceros y de que no vuelva a perpetrar delitos. Sin embargo, dado que el adolescente es un sujeto que aún está en fase de desarrollo, la intensidad de la respuesta debe ser moderada, dando prioridad a la expectativa de aprendizaje y de no reiteración, por sobre la dimensión punitiva de reprobación del acto, en un ejercicio de especial comprensión frente a personas que se encuentran en esa fase de aprendizaje y experimentación.Este énfasis de la sanción de adolescentes, con su efecto moderador sobre la intensidad de la respuesta, constituye el aspecto central de su dimensión educativa.».-

Finalmente, considero importante poner de relieve en el presente decisorio que si bien la norma contenida en el artículo 4° de la Ley N°22278/22803 establece de forma facultativa la reducción al grado de tentativa, ésta Magistratura Especializada considera que esa reducción debe resultar obligatoria, habida cuenta que de lo contrario los adolescentes o quienes lo fueran al momento del hecho se verán expuestos a recibir la misma sanción o aún más severa de la que pudiera corresponderle a un adulto por el mismo hecho, perdiéndose de vista de ésta forma el principio de especialidad y el consecuencia el trato diferenciado, conforme el entendimiento que ha tenido en sendos Fallos nuestro Máximo Tribunal del País, para quienes cometieran hechos delictivos siendo menores de edad.-

En este contexto, considero importante remarcar que incluso no debería limitarse la escala penal especializada solamente a la aplicación de las reglas de la tentativa al momento de determinar la sanción penal juvenil, toda vez que si realizamos un análisis sistemático de todo el corpus iuris internacional, incluso se podría mensurar la pena por debajo del mínimo previsto o incluso eximir de pena, como también lo prevé el instituto de la tentativa, siendo ello acorde con las mandas de la Convención.

En consonancia con lo resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: «. pues la reducción punitiva es la regla en el juzgamiento de menores, por su menor culpabilidad comparada con la de los adultos en situaciones idénticas debido a su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva». (confr. Considerando 40 del voto mayoritario del Fallo de la C.S.J.N «M D.E y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado, del 7 de diciembre de 2005).-

En el mismo sentido se expidió el Sr.Fiscal de Casación Dr. Armando Roldan, en Causa N° 82.715 caratulada: «I., G. S. y otro s/ Recurso de Casación», que tramita por ante la Sala I del Excmo. Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, refirió: «.si bien la interpretación literal del art. 4° de la ley 22278 nos llevaría a considerar la reducción a la escala de la tentativa, como una potestad jurisdiccional, la interpretación de la misma en el marco de las normativas de rango superior y de los criterios jurisprudenciales del Máximo Tribunal Nacional, me llevan a opinar lo contrario. El niño es titular de los derechos que les corresponden a todas las personas y también de derechos especiales, por tratarse de personas en pleno proceso evolutivo y de desarrollo. La reacción punitiva estatal frente a un niño debe ser inferior a la que correspondería, en igualdad de circunstancias, de tratarse de un adulto. La culpabilidad disminuida impone que la pena aplicada a un niño sea menor a la prevista para un adulto en las mismas condiciones. Dejar librado al criterio de cada juez en qué medida debe reducirse la mima atentaría contra la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley abriendo paso a supuestos de arbitrariedad. Es por ello, que entiendo que el mejor criterio para determinar la escala penal en el caso de los menores de edad, resulta ser la reducción de dicha escala según las normas de la tentativa, razón por la cual estimo corresponder hacer lugar a los recursos interpuestos en lo que este tópico se refiere .» (4 de abril de 2019).

Ahora bien, en pos de perseguir concretamente los fines reeducativos y pedagógicos de éste Fuero Penal de Adolescentes, teniendo especialmente en c uenta lo solicitado por el Sr. Defensor del Tribunal Oral Penal Dr. Nicolás Báez, quien alegó la importancia de que el joven G. A. G. S. efectivice un tratamiento resociabilizador en el CENTRO UNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACION TERAPEUTICA» (CUIDARTE) bajo la modalidad de internación, prestando el joven G.A. G. S. su pleno consentimiento para dicho abordaje en esa modalidad, es que considero atendible y atinada tal solicitud en el entendimiento de que esa medida terapéutica al encontrarse enmarcada en reglas estrictas de conducta se traducirán en una verdadera sanción educativa, que sostenida en el tiempo podrá avizorar el cumplimiento de los fines específicos y especiales que se persiguen en el Fuero Penal de Adolescentes.-

En esa línea de pensamiento, y habiendo merituado en el presente memorial en forma gradual la gravedad de la problemática de consumo de estupefacientes que ostenta el ahora adulto G. A. G. S. la cual nunca ha logrado ser correctamente abordada siendo un adolescente, ni aún durante la Observación Jurisdiccional instrumentada por ante el Juzgado de Menores N°2, ni tampoco en la actualidad en su contexto de encierro, es que resulta evidente que el joven requiere un encuadre interdisciplinario menos permeable y más sostenido en el tiempo a los efectos de obtener una adherencia efectiva al tratamiento psicoterapéutico interdisciplinario que debe realizar, entiendo que el Centro de rehabilitación «CUIDARTE» resulta una Institución apropiada para que el mismo pueda efectivizar un abordaje personalizado, intensivo, continuado y adecuado para tratar su problema de adicción, garantizándole así el Derecho a la Salud, conforme surge del art 24 de la Convención de los Derechos del Niño, la Observación General N° 15 y el Artículo 14 de la Ley 26.061.-

Así es que teniendo en cuenta la problemática de consumo de sustancias que concierne al ahora adulto G. A. G.S., considero que el mismo ostenta del derecho especial por parte del el Estado quien debe garantizar el acceso a su salud frente a esa problemática, debiendo el sistema de salud facilitar y allanar las condiciones de acceso al tratamiento bajo la modalidad de internación y/o ambulatoria.-

En esa línea considero que, debe asegurarse la efectividad de la aplicación de políticas públicas, siendo que la Ley Nacional N° 26.934 incluye a los tratamientos por adicción dentro del Programa Médico Obligatorio, comprometiendo así a las obras sociales, y empresas de medicina prepaga, a brindar a sus afiliados en forma gratuita las prestaciones correspondientes.

Debe garantizársele a G. A. G. S. el derecho fundamental y humano a la salud de raigambre convencional-constitucional consagrado en el plexo normativo de los arts. 24. 25 y 33 de la Convención sobre los Derechos del Niños, art. 14 ley 26.061 y su dec-reg. N° 415/06, art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 42 de la Constitución Nacional y art. 41 de la Constitución Provincial; dado lo cual destaco la responsabilidad inherente del Estado a responder por los derechos fundamentales del entonces menor de edad.-

Considero importante remarcar específicamente los artículos 24, 25 y 33 esbozados por la Convención de los Derechos del Niño, quien tuvo dicho:

El artículo 24 establece «1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna , la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo».

Por su parte, el art. 25 señala que «Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación».

Y el art.33 establece que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias».

Vale destacar que el joven G. A. G. S. posee una cobertura médica asistencial de la obra social (OSECAC) siendo la titular de la misma su progenitora SRA. L. C. L., por cuanto teniendo en cuenta que el joven S. requiere un abordaje interdisciplinario especifico y especial tendiente a la promoción de la salud mental y considerando el escenario de orfandad familiar en el continua inmerso, deviene insoslayable ordenar a la Obra Social la cobertura total de todas las prestaciones que resulten necesarias para que el joven S. pueda efectivizar un tratamiento acorde a su problemática de adicción a los estupefacientes.-

Por otra parte, considero importante destacar de que la AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO PERSONAL Y DIRECTO, se pudo percibir en el joven G. A. G. S.una voluntad sincera y un compromiso para iniciar el abordaje psicoterapéutico hartamente aconsejado por los profesionales de la salud, comprometiéndose incluso a realizarlo bajo la modalidad de internación, siendo éste un extremo sumamente importante a considerar, ya que se ha vislumbrado en ese marco que el propio joven ha tomado conciencia que resulta incapaz por sí mismo de abordar su problemática de consumo a través de un tratamiento bajo otra modalidad, y es por ello que teniendo en cuenta éste extremo como así también la falta de acompañamiento familiar durante su adolescencia y especialmente al momento del hecho, más allá que el nombrado adujo que hoy en día mantiene buenas relaciones intrafamiliares y que éstos lo estarían aguardando a su salida de prisión, a la luz de gravísima problemática de consumo que hoy ostenta el joven S., considero que atendible y ajustado a su particular situación una condena en suspenso a la que se adicione como regla de conducta la realización de un tratamiento bajo la modalidad de internación, habida cuenta que ello podrá ser canalizado a través de la Obra Social que tiene su progenitora, la cual el joven también resulta ser beneficiario.-

En esa línea de pensamiento, es que arribo al quantum punitivo de CUATRO AÑOS en razón a que, sin perjuicio de haberse aplicado la mínima de la escala punitiva conforme la tesis VILLARINO, estimo que en ese lapso temporal el joven S.podrá realmente abordar un tratamiento que sea efectivo y suficiente para su especial problemática, entiendo en ese sentido que en el caso de aplicar una pena menor la misma resultaría insuficiente para que el joven pueda lograr instrumentar ese abordaje completamente, y por el contrario si se aplicaría una pena mayor estimo que la misma resultaría excesiva, habida cuenta que la causa troncal que engloba ésta problemática resultó ser el consumo excesivo de sustancias del joven S., y si éste puede ser canalizado correctamente, resulta posible vislumbrar en un futuro su total reinserción en la sociedad.-

En el mismo sentido, y considerando que la voluntariedad del paciente es un elemento imprescindible para la recuperación del mismo, estimo que la valoración de esa voluntad y compromiso de G. A. G. S. podrá plantear un abordaje a la adicción a las drogas que no resulte violatorio de sus derechos humanos, considerando su especial condición de adolescente al momento del hecho encartado.-

En esa línea estimo razonable IMPONER a G. A. G. S., alias «CUCHU», D.N.I Nºxx.xxx.xxx las siguientes reglas de conducta conforme a lo establecido por el artículo 27 BIS del C.P POR EL TERMINO DE LA CONDENA: a) INICIAR DE MANERA URGENTE UN TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO, en forma sostenida, sistemática y continuada en el «CENTRO ÚNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA» (CUIDARTE) sito en Ruta 12, km 1021 de esta ciudad, por el tiempo, la frecuencia y bajo la modalidad que el equipo interdisciplinario de esa In stitución lo aconseje a los fines de su deshabituación al consumo de sustancias hasta su efectiva alta. b) FIJAR DOMICILIO, el que no podrá modificar bajo ninguna circunstancia, DEBIENDO informar inmediatamente por intermedio de su Defensa Técnica, por teléfono o por interpósita persona, cualquier modificación en el mismo.c) NO COMETER NUEVOS DELITOS.

En éste sentido, y considerando que ésta Magistratura Especializada ostenta la obligación de revisión periódica de las decisiones que se adopte, máxime en este supuesto donde el joven fue inmediatamente trasladado hasta el CENTRO DE REHABILITACION TERAPUETICA CUIDARTE bajo la modalidad de internación, pudiendo las mismas ser incluso modificadas en el transcurso de la ejecución penal de la condena que aquí se dispone en relación al joven G. A. G. S., es que estimo atendible DISPONER AUDIENCIAS BIMESTRALES de control con el nombrado.-

En consonancia con lo dispuesto tuvo dicho La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en la causa N°743/21014 (50-A) «a, c.j s/ homicidio en ocasión de robo, portación ilegal de arman de fuego de uso civil s/ juicio de casación: «. el Tribunal advierte que el agravio del recurrente relacionado al principio según el cual la pena privativa de la libertad debe utilizarse durante el período más breve que proceda, contenido en el artículo 37, inc. b, de la Convención sobre los Derechos del Niño, está íntimamente vinculado con el deber de revisar periódicamente las medidas de privación de libertad de los menores infractores, que surge del artículo 25 de la misma Convención. Esto por cuanto el segundo precepto constituye el mecanismo para asegurar efectivamente, ya durante la ejecución de esta pena, el principio rector que emana del primero por el que las restricciones a la libertad personal del menor se reducirán a lo estrictamente necesario para promover su reintegración social y que este asuma una función constructiva en la sociedad. 6°) Que, a este respecto, resulta ineludible ponderar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el caso «Mendoza vs.Argentina» (sentencia del 14 de mayo de 2013) remarcó que en lo que hace a las medidas o penas privativas de la libertad de los jóvenes infractores de la ley penal, además de los principios de ultima ratio, de máxima brevedad y de delimitación temporal, rige el de revisión periódica de las medidas de privación de libertad de los niños. En esta línea, precisó el alcance de este último principio estableciendo que «.s.i las circunstancias han cambiado y ya no es necesaria su reclusión, es deber de los Estados poner a los niños en libertad, aun cuando no hayan cumplido la pena establecida en cada caso concreto. A estos efectos, los Estados deben establecer en su legislación programas de libertad anticipada. Sobre este punto, el Comité de los Derechos del Niño, con base en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevé la revisión periódica de las medidas que implican la privación de libertad, ha establecido que ‘la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico (cf. apartado 162). Cabe destacar que, en 10 que aquí interesa, en dicha sentencia el tribunal interamericano concluyó que la legislación penal juvenil vigente en nuestro país no se ajusta a los estándares internacionales. Asimismo, y sin perjuicio de tener en cuenta respecto de esta cuestión «que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley, mantuvo que el Estado Argentino está obligado a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para garantiza~ la protección del niño, por lo que le ordenó ajustar su marco legal de conformidad a los mencionados estándares . resulta evidente que.las cuestiones que encierra la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, son de una delicadeza, gravedad y complejidad extremas, tanto en sus causas, como en sus consecuencias personales y con relación a la comunidad toda . que ameritan un debate profundo y juicios de conveniencia, que exceden la competencia de esta Corte» (considerando 6°) 90) Que, en consonancia con lo afirmando en dicho precedente, en cuanto a que «de todos modos, el tribunal no puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y la demora en proceder a una adecuación de la legislación vigente a la letra del texto constitucional y, en especial, a la de la Convención sobre los Derechos del Niño» (considerando 7°), cabe requerir al Poder Legislativo que en un plazo razonable adecue, en lo pertinente, la legislación penal juvenil a los estándares mínimos que surgen de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional (artículo75, inc. 22, segundo párrafo) y a los términos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el caso «Mendoza».»

En virtud de todo ello, es que juzgo que resulta ajustado a derecho y en especial a la realidad personal del joven S. la aplicación de una condena en suspenso o de orden condicional que le permita continuar gozando de su libertad fuera de la órbita del Servicio Penitenciario, pero al mismo tiempo imponer medidas socio educativas y terapéuticas que fomentarán a su total recuperación en el futuro, en el entendimiento de que ello satisface plenamente los fines perseguidos por la Convención de los Derechos del Niño y su interés superior (art. 3 y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17/02, punto 53).-

Por ello, en virtud de todas las consideraciones expuestas y toda la normativa legal aplicable;;;;;

FALLO:

1°) INTEGRAR la SENTENCIA N° 113 de fecha 06/07/2021 emitida por el Excmo. Tribunal Oral Penal N°1, por la que fuera declarado penalmente responsable G. A. G.S., alias «CUCHU», D.N.I Nºxx.xxx.xxx por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, descripto y penado en el artículo 79 del Código Penal.

2°) CONDENAR a G. A. G. S., alias «CUCHU», D.N.I Nºxx.xxx.xxx A LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISION EN SUSPENSO (Art. 26 del C.P), por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, descripto y penado en el artículo 79 del Código Penal,ORDENANDOSE SU INMEDIATA LIBERTAD DE LA UNIDAD PENAL Nº6 «SAN CAYETANO» E INMEDIATO TRASLADO HASTA EL «CENTRO UNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACION TERAPEUTICA» (CUIDARTE) a fin de que inicie un tratamiento de deshabituación a las sustancias psicoactivas durante el tiempo y bajo la modalidad que la Institución designe hasta ser dado de alta y/o el tiempo que dure su condena.-

3°) HACER SABER al Servicio Penitenciario dependiente de la Unidad Penal N°6 de Procesados «San Cayetano», que luego de hacer efectiva la libertad de G. A. G. S., alias «CUCHU», D.N.I Nºxx.xxx.xxx, el mismo deberá ser inmediatamente trasladado hasta el «CENTRO UNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACION TERAPEUTICA» (CUIDARTE), ubicado en Ruta 12 Km 1021, donde dará inicio a un tratamiento para la deshabituación del consumo problemático de sustancias toxicas durante el tiempo y bajo la modalidad que designe el Equipo Interdisciplinario de la Institución. A tal fin, LIBRESE OFICIO A LA UNIDAD PENAL Nº6 DE PROCESADOS SAN CAYETANO.

4°) ORDENAR a la OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) la cobertura integral y la prestación de todos los servicios terapéuticos, tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos y las que el Equipo Interdisciplinario considere pertinentes a favor G. A. G. S., D.N.I Nºxx.xxx.xxx, CUIL TITULAR: 23282019744, TITULAR: L. C. L. (fecha de alta:15/07/2014 – fecha de vencimiento:24/07/2022) en el «CENTRO ÚNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA» (CUIDARTE) sito en Calle La Rioja N° 1328 de esta ciudad, para la deshabituación del consumo problemático de sustancias tóxicas, hasta su efectivo alta de tratamiento asignado. A tal efecto, LIBRESE OFICIO CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES A LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC).

5°) IMPONER al condenado G. A. G. S., alias «CUCHU», D.N.I Nºxx.xxx.xxx las siguientes reglas de conducta conforme a lo establecido por el artículo 27 BIS del C.P POR EL TERMINO DE LA CONDENA: a) INICIAR DE MANERA URGENTE UN TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO, en forma sostenida, sistemática y continuada en el «CENTRO ÚNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA» (CUIDARTE) sito en Ruta 12, km 1021 de esta ciudad, y/o en la Institución Pública o Privada que eventualmente pudiere corresponder, por el tiempo, la frecuencia y bajo la modalidad que los Profesionales de la Salud lo aconsejen, a los fines de su deshabituación al consumo de sustancias hasta su efectiva alta. b) FIJAR DOMICILIO, el que no podrá modificar bajo ninguna circunstancia, DEBIENDO informar inmediatamente por intermedio de su Defensa Técnica, por teléfono o por interpósita persona, cualquier modificación en el mismo. c) NO COMETER NUEVOS DELITOS.

6º) PONER EN CONOCIMIENTO al condenado G. A. G.S., que tal como lo prescribe el artículo 26 y 27 BIS del Código Penal en el caso de que no cumpliera alguna de las reglas de conducta impuestas en la presente SE REVOCARÁ LA SUSPENSIÓN DE LA CONDENA IMPUESTA, debiéndose cumplir la misma íntegramente EN PRISIÓN Y EN FORMA EFECTIVA.

7°) LIBRESE OFICIO CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES A CENTRO ÚNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA» (CUIDARTE) a fin de poner en su conocimiento lo aquí dispuesto y asimismo solicitarle remita a éste Juzgado de Menores N°3 UN INFORME MENSUAL vía correo institucional (jmen3penal-capital@juscorrientes.gov.ar) respecto de la evolución y/o involución del tratamiento psicoterapéutico para la deshabituación de sustancias psicoactivas que G. A. G. S., D.N.I Nºxx.xxx.xxx debe realizar en esa institución hasta su efectiva alta, debiendo informar además cualquier modificación en la modalidad de tratamiento (internación o ambulatoria) como así también cualquier situación anómala que pudiera surgir en relación al nombrado.

8°) DISPONER AUDIENCIAS BIMESTRALES de control de la condena impuesta con G. A. G. S., D.N.I Nºxx.xxx.xxx, debiendo instrumentarse las mismas por medio de videollamada, mientras dure la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, al número telefónico del CENTRO ÚNICO INTEGRAL DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA» (CUIDARTE) o bien el número que corresponda o se destine a tal fìn; debiendo el condenado poner en conocimiento a la Judicatura el o los números telefónicos donde se podrán en adelante efectuar las comunicaciones con él mismo.

9°) REGISTRESE, insértese copia en autos, ofíciese, notifíquese.

A %d blogueros les gusta esto: